Una vez más, fiel a su tradición, el gobierno central pretende cambiar la realidad con normas, aprobando la ley a favor de los enfermos con cáncer y reiterando el error de tratarlas con escasa discusión, tanto en el plano técnico como en el fiscal. Además, sin la participación de los actores relevantes para su implementación, como son los gobiernos autónomos municipales y departamentales. Desafortunadamente, la Ley de Lucha Contra el Cáncer es otro tema crítico que también se endosa a las precarias capacidades de operación y financiamiento de estos gobiernos, hoy superados en sus posibilidades de contención con la reciente Ley del Seguro Único de Salud (SUS), también traspasada de forma inconsulta a los gobiernos subnacionales en marzo de este año.
La salud en Bolivia está en serios problemas, y aun disponiendo de la mayor cantidad de recursos que se recuerde, el gobierno central no ha podido en más de una década mejorar los servicios. La salud está en crisis y el cáncer es un tema crítico y urgente. La salud nunca fue la prioridad del gobierno central, expresándose esto en el mínimo gasto presupuestario asignado, el más bajo de la región, que no supera el 8,9 % del PIB (Costa Rica destina el 26,1% de su PIB); además de las bajas coberturas, equipamiento obsoleto, infraestructura deteriorada y personal médico y paramédico escasamente calificado, mal pagado y, en muchos casos, no lo suficientemente especializado para mediar con los desafíos de la medicina hipertegnologizada.
El precario sistema de salud de los últimos años corre a su suerte, sin genuinas políticas públicas —solo leyes—, menos una articulación de sus distintos actores, librado a leyes nacionales que pretenden estribarse románticamente en un Estado raquítico (sin instituciones sólidas), sin capacidades (la reciente crisis del agua en La Paz y los incendios en la Chiquitanía lo demuestran), desfinanciado (8,1% de déficit fiscal) y seriamente golpeado por la irrupción de un SUS precipitado, que al calor de los tiempos electorales y carente de un verdadero diagnóstico, plan estratégico y financiamiento oportuno, no tiene coordinación con las municipalidades y gobernaciones para establecer prioridades, áreas de trabajo conjunto y cumplimiento de metas locales y nacionales.
Por ello, el hecho de continuar con la transferencia de mayores responsabilidades de gasto, ahora pagando y atendiendo a los enfermos de cáncer, resulta totalmente cuestionable, ya que el gobierno central, al disponer de la competencia privativa en la rectoría y política del sector, debería al menos asegurar su financiamiento con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud o asumiendo la responsabilidad de impulsar un nuevo tributo, siempre impopular sobre el alcohol y al tabaco, como inicialmente estaba previsto.
Por supuesto, es más fácil y cómodo redactar un artículo endilgando el financiamiento al SUS y a los gobiernos municipales y no asumir el costo político de imponer un nuevo tributo imprescindible para sostener semejante iniciativa. Máxime, cuando el gobierno central maneja 95% de los ingresos del Presupuesto General del Estado y 84% de los gastos, concentrando, tanto por el lado del ingreso como del gasto, el poder de decisión, sin ningún tipo de condicionamiento u obligación de coordinación alguna con otro gobierno; asumiendo así el control pleno y total de los recursos del Estado.
No es novedad que, a pesar de haber manejado el mayor presupuesto de toda la historia, se continúe trasladando más responsabilidades a quienes no disponen de las mejores capacidades. El listado de competencias adicionales transferidas a los gobiernos municipales que merman sus presupuestos es amplio, más de diez en los últimos años, lo que se expresa en el pago del bono a las personas con discapacidad, el SUS y sus prestaciones, seguridad ciudadana, violencia contra la mujer, entre otros, y ahora otra, todavía más delicada, como el tratamiento a los pacientes de cáncer; materia mucho más especializada, de mayor complejidad, de alto presupuesto, que podría resultar en un fracaso si no se trabaja de manera holística y coordinada, contemplando otros aspectos que la ley aprobada no incluye.
Se corre una vez más el riesgo de defraudar las expectativas de todos aquellos que sufren una de las enfermedades más dolorosas y caras, que no distingue condición o situación, que requiere de conocimiento, tecnología y financiamiento para su tratamiento. Hoy, ni las condiciones ni las capacidades están dadas en el ámbito municipal para combatir una enfermedad crítica. Los déficits arrastrados por años de contención y resolución se manifiestan con el SUS, implementado sin más y mejores médicos, mayor cantidad de medicamentos o equipamiento moderno y, tampoco, eliminando la colas y la postergación sistemática de los tratamientos.El peso financiero e institucional de la salud y del cáncer serán difíciles de sostener, pero lo serán aún más, por no contar con una ingeniería distinta, con transformaciones que rompan las estructuras obsoletas y frágiles del sector, con millonarias inversiones en formación, gerencia y dirección y todas aquellas habilidades blandas que el nuevo siglo demanda.