El norteamericano John Boswell, catedrático de historia en la prestigiosa universidad de Yale, hizo un descubrimiento desconcertante. Buscando y rebuscando en bibliotecas de monasterios medievales, incluidos los archivos vaticanos, el historiador Boswell encontró unos 80 manuscritos originales que demuestran que la Iglesia Católica bendijo durante siglos a las parejas homosexuales. Estas antiguas ceremonias se conocían como “ritos de hermanamiento”. Eran, claramente, bodas de homosexuales. Matrimonios igualitarios, como diríamos hoy, que se celebraron entre los siglos 3 y 13.

Las iglesias cristianas, ahora tan intolerantes con los homosexuales, tan homofóbicas, antes aceptaban esas relaciones con naturalidad, incluso las bendecían invocando a San Sergio y San Baco, dos militares romanos que se convirtieron a la fe cristiana y la iglesia los recibió con el rito del hermanamiento. El emperador romano los mandó a matar y la Iglesia los declaró mártires, santos. Santos gays.

Boswell incluso encontró la oración matrimonial que se rezaba en las ceremonias de unión de parejas del mismo sexo en la Europa cristiana hasta bien entrado el siglo 14:

Oh Dios que hiciste a la Humanidad a tu imagen y semejanza y que aprobaste la unión de tus Santos Mártires Sergio y Baco, bendice a estos servidores (aquí se decían los nombres de los dos varones que se casaban), unidos no por la naturaleza, sino por la fidelidad. Permíteles, Señor, amarse el uno al otro y poder continuar juntos todos los días de sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Así que, tomando en cuenta la cantidad de siglos (hasta el 13), podemos afirmar que en la mayor parte de su historia la Iglesia Católica aprobó y realizó matrimonios igualitarios. (Por eso, el título sensacionalista de este artículo).

Recientemente, del Vaticano sacó un documento titulado “Varón y mujer los creó”, haciendo referencia al capítulo 1 del Génesis. Los fabricó varón y mujer, pero no nos dejó manual de instrucciones. Debido a este olvido divino, los primeros varones y las primeras mujeres comenzaron a experimentar diferentes tipos de relaciones y a constituir diferentes tipos de familias. Por ejemplo, estos:

Ya estoy escuchando el rasgar de las vestiduras. ¡Están ensuciando el sagrado valor de la familia! ¡La familia, la institución fundamental de la sociedad, su núcleo básico!

A estos defensores de la “familia” les vendría bien conocer la etimología de esta palabra.

“Familia” viene del latín famulus. Y famulus significa sirviente, esclavo. La familia, en la vieja Roma, era el conjunto de parientes, criados, esclavos, esposa, hijos e hijas, que “pertenecían” al padre, al patriarca. La familia era el patrimonio, la propiedad, del padre.

Padre y patrón era lo mismo.

El padre-patrón tenía derecho a todo. Podía comprar y vender esclavos. Podía abusar de

las sirvientas, de las hijas, de cualquier mujer. O de cualquier varón. Disponía del dinero y no daba cuenta de gastos e ingresos a nadie, menos a su esposa.

¿Disponía o dispone? ¿Ese modelo de familia es cosa del pasado? ¿O sigue existiendo

hoy, en América Latina y en otros continentes?

Los antiderechos también se sorprenderían al saber que para Jesús de Nazaret la familia tenía un valor muy relativo. Una vez, hablando en Cafaranaúm, vinieron a buscarle su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Estaban molestos con las cosas que decía el profeta galileo. Alguien le avisó:

―Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo.

―¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ―Jesús extendió su mano

hacia la multitud que le escuchaba―. ¡Ustedes son mi madre y mis hermanos! Porque

quien trabaja por el Reino de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre.

Jesús no creía en la familia, sino en la comunidad. Y la comunidad se construye con lazos

de amor, no de sangre.

Esa fue la axiología de Jesús, los valores en los que siempre creyó. Y son también los

valores fundamentales de un Estado laico y de una persona con mente laica.

Estamos muy felices con la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador. Sergio y Baco también lo estarían. Y Jesús de Nazaret, el profeta de la no discriminación.

Es inentendible el concepto del poder del pueblo que tienen los actores políticos hoy, en funciones de coyuntura. Desde los detentadores en las esferas del poder hasta los sujetos «defensores» de la democracia, todo emerge en un escenario de ejercicio legítimo del derecho a la protesta social.

Quienes un día cuestionan duramente el derecho a la protesta llegan inclusive a criminalizarla, instruir investigaciones de persecución penal selectiva o denunciar internacionalmente «golpes de Estado» inexistentes. Ante ello, en su nivel de ejecución, hay algunos jueces «inconstitucionales» que se prestan a la funcionalidad de los intereses del poder, emitiendo fallos «a la carta». El Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, no de restringirlos.

Por otro lado, es impensable que el ejercicio constitucional de un derecho a la protesta, mediante una marcha, pueda derivar en la interrupción democrática de un período presidencial constitucional ni subvertir el orden democrático-estatal en el país.

Estado

Tenemos una democracia muy joven, pero cada vez más vilipendiada por los azotes de una sociedad abigarrada que no define su horizonte social de organicidad respecto a su relación con el Estado, cuando los detentadores eventuales del poder impiden avizorar una cultura de paz y de restitución del Estado social, constitucional y democrático de derecho.

Sin embargo, haber encarcelado a cuatro ciudadanos que ejercieron su derecho constitucional a la protesta es un despropósito, una incongruencia de un sistema judicial indolente, que en vez de proteger, en nombre del Estado, los derechos, los menoscaba, restringe y atenta contra los derechos humanos. Ese lamentable episodio de criminalización y judicialización de la protesta social es otra prueba fidedigna del Estado inconstitucional de derecho en el que, a pesar de las reticencias y negaciones, nos encontramos. Por ello, hoy el desafío es restituir ese Estado constitucional de derecho, necesario para garantizar la democracia plena en nuestro país.

Ante las debilidades estructurales del propio Estado y gran parte de sus actores, hoy se debe dimensionar plenamente el entendimiento de la legitimidad del derecho a la protesta social. Para ello, no deja de ser altamente importante la doctrina del profesor Roberto Gargarella en su obra El Derecho a la Protesta, el Primer Derecho.

Garantías

Frente a la protección normativa nacional e internacional, es jurídicamente inviable que el propio Estado persiga penalmente o intervenga coercitivamente en una protesta social pacífica, cuando debería ser el principal garante del ejercicio legítimo del derecho a la protesta en una sociedad democrática.

A propósito de un cierre dogmático desde el derecho constitucional, el profesor argentino plantea una discusión jurídica en situaciones socialmente delicadas, que deben considerar variables de análisis de transversalidad desde el Estado y sus actores sociales sobre el derecho a la protesta. Así tenemos: el cuidado extremo en desplazar derechos para proteger otros, adecuando debidamente en su momento y lugar los argumentos sobre los efectos de crecimiento económico; meditar los razonamientos para remover un derecho cercano al nervio democrático frente a otro, advirtiendo preeminencias; reconocer la primacía de la Constitución sobre las normas civiles y penales vigentes; evaluar el rol del Estado en la construcción de situaciones de marginación social; ponderar las dificultades que enfrentan algunos grupos para expresar sus válidas quejas en público, y atenderlas; y advertir la importancia democrática de preservar la expresión de crítica social.

Protesta

Una forma legítima de ejercer el derecho a la protesta social es, desde luego, el derecho de reunión, donde se ejerce de forma innata la libertad de expresión del ser humano, siempre que se realice de forma pacífica, sin armas y sin afectar desproporcionadamente otros derechos fundamentales. El derecho a la protesta es entonces el ejercicio conjunto de los derechos de reunión y libertad de expresión; todos ellos, parte constituyente del sistema democrático de la región. Por ello, su protección normativa tanto nacional como internacionalmente está por encima de toda interpretación judicial departamental de jueces (in)constitucionales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones. Asimismo, el Artículo 20 dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Estas son otras normas de protección internacional del ejercicio del derecho a la protesta.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas dispositivas de este instrumento internacional se encuentran en los Artículos 13, sobre la libertad de pensamiento y expresión; 15, sobre el derecho de reunión pacífica y sin armas; y 16, sobre el derecho de todas las personas a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Estos artículos regulan el derecho a la protesta.

Libertades

En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Artículos 19, que establece el derecho a la libertad de expresión, y 21, que reconoce el derecho de reunión pacífica, garantizan la protesta social en los Estados como ejercicio de sus ciudadanos.

De igual modo, nuestra Constitución resguarda en su Artículo 21, sobre Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública o privada, con fines lícitos (numeral 4), y a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva (numeral 5). Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 106 dispone una garantía estatal por la cual las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a ejercer su libertad de expresión.

Por ello, el Estado se constituye en el principal garante del ejercicio del derecho legítimo a la protesta, como parte de las libertades fundamentales democráticas, en tanto y en cuanto ésta sea pacífica, sin armas y sin afectaciones desproporcionadamente restrictivas a los derechos de otras personas.

El ciudadano Raúl Peñaranda Undurraga (RaPU) se mandó un artículo infamatorio “en respuesta” –dice– a mi columna crítica sobre la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP). No le gustan los desafíos institucionales que planteo. Y tampoco el debate. Por ello, en lugar de ocuparse del mensaje, pretende descalificar al mensajero. Típico.

Ante las mentiras y silencios del señor PU, diré algunas cosas sobre las primarias partidarias para luego retomar la urgente convocatoria a regenerar la APLP. Empecemos con la vileza, que tiene algunos repetidores.

Como vicepresidente del TSE impulsé con plena convicción la construcción participativa del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Luego de amplia deliberación y el diseño técnico de una propuesta, la enviamos en junio de 2018 a la Asamblea Legislativa. Fue un gran avance en comparación con la Ley de Partidos Políticos de Banzer.

Como parte de los mecanismos de democracia interna, se incluyeron primarias para binomios presidenciales. Para evitar su uso instrumental en los comicios de 2019 –como finalmente ocurrió– se puso una salvaguarda: las primarias debían implementarse “de manera progresiva, como máximo antes de las elecciones 2024”.

Hasta ahí todo bien. O más o menos: una gran omisión fue no haber definido de manera explícita en el proyecto que las primarias debían ser competitivas (parecía obvio) y con binomios paritarios. Como sea, la bancada mayoritaria del oficialismo aprobó la LOP modificando la disposición transitoria para que las primarias se estrenen en 2019. Era la forma de anticipar y legitimar el binomio Evo-Álvaro, en medio de la disputa sobre la reelección tras el desconocimiento del referendo vinculante de 2016.

RaPU insinúa que yo coordiné esos cambios con la bancada masista. Nada menos. ¿Cuáles son sus fuentes? “Hay quienes señalan” y “es muy probable” (ufa). Algo así solo puede ser obra de un principiante de periodismo o, está visto, de un veterano manipulador. Así tejió este señor su librito de intervención política (Control remoto) que critiqué hace unos años por su evidencia remota. Recordemos algunas de sus “fuentes” consultadas: “parece evidente, se supone, conocen del caso, estuvieron presentes, se supo después, una fuente contó, según dijo, los allegados, se cree, no se puede saber, alguien que conoce, esos rumores, es posible…” ¡Qué tal! Es su modus operandi para deslizar falsedades (la posverdad/mentira y la poscensura como vocación).

Vayamos al “tema crucial”. El señor PU afirma con mendacidad que yo promoví “que el reglamento de la ley permitiera la presentación de una sola candidatura por partido o frente” (sic). Para empezar, no existe reglamento de la ley. Debe estar refiriéndose al “Reglamento específico de las primarias para las elecciones 2019”. En su confusión, ni siquiera se tomó la molestia de leerlo. En las sucesivas versiones del Reglamento, elaborado por el equipo técnico y avalado por un informe jurídico, no hay nada parecido a que “debían presentarse por lo menos dos candidaturas para habilitarse una primaria partidaria”. No pues, eso lo definió la Ley.

Más todavía. Como consta en el Acta 058/2018 de la sesión de Sala Plena (26 de septiembre, cuando se aprobó el Reglamento), la disidencia de tres vocales no tiene nada que ver con el número de binomios, sino con otros dos artículos: el 19-II, que establece que un candidato solo puede registrarse en un binomio y en un partido (no parece razonable que un mismo candidato compita en más de un binomio y en más de un partido); y, en especial, el 40-I, que establece que la legitimidad para plantear demandas de inhabilitación corresponde a los militantes (no parece razonable que un actor externo intervenga en una primaria cerrada). Documentos matan infundios.

Por si fuera poco, Peñaranda sostiene que “para allanar todavía más las cosas al MAS” (sic), yo alenté otro reglamento a fin de permitir que se bajara el porcentaje de firmas de los libros que debían ser verificados. ¿De qué reglamento habla? Solo existe una Resolución (0516/2018) que deja sin efecto un Reglamento transitorio para la actualización de registros de militantes. Y se aprobó en una Sala Plena en la que yo estuve ausente.

Así que las “maniobras” y “logros” (las comillas son suyas) que me atribuye RaPU se desmoronan en medio de falsedades (los cadáveres en el armario solo habitan en sus obsesiones/pesadillas). En el colmo del delirio, llega a endosarme el costo de unas primarias realizadas… ¡cuatro meses después de mi renuncia al TSE! (ni siquiera estuve cuando se emitió la convocatoria).

¿Por qué PU saliva tanta patraña en mi contra? Pretende fallidamente restarme legitimidad para “criticar a una digna entidad como la APLP” (suspiros). Autoritario, no tolera que me atreva a plantear algunos mínimos de regeneración en una entidad venida a menos. Y hace berrinche cuando se lo exhibe como “infalible” operador mediático de la oposición.

Al censor le fue mal. Vuelvo a la Asociación. En mi columna no me referí a la gestión de Peñaranda como presidente del directorio primero porque no me importa y, en particular, porque se trata de instituciones, no de personas. Sintetizo pues el diagnóstico para retomar los cuatro desafíos.

Primero, es una Asociación con déficit de democracia interna. Las “elecciones” internas son más parecidas a un pasanaku que a un proceso democrático. Con una sola fórmula no existe competencia. ¿En serio el justificativo de PU es que “no hay muchos candidatos para la presidencia, demanda arduo trabajo y es ad honorem”? Qué flojera. Es un problema estructural que he cuestionado desde hace más de una década. Desafío uno: democratizar la APLP.

Segundo, es una Asociación esmirriada. ¿Se habrá preguntado RaPU por qué menos de una centena de “afiliados activos” votan? ¿Por qué la Asociación sigue tan encogida pese a los 106 juntes de su gestión? Soy parte del 80 por ciento de miembros que, por diferentes motivos, se alejaron de la APLP. Por algo será. En mi caso, no quiero estar en una entidad que NO me representa, ni pagaría 50 centavos de cuota para volver a una institución desacreditada (y no de ahora). No es pasividad, sino repulsión. Desafío dos: repoblar la APLP con participación.

Tercero, es una Asociación excluyente y dividida. La APLP está lejos de ser la casa común de las y los periodistas. Se asemeja más a una trinchera de unos cuantos, con arreglo a su agenda e intereses. No hablo de diferencias políticas e ideológicas, normales y saludables en democracia, sino de una fractura polarizada entre parcelas. Peñaranda es activo impulsor de esa lógica amigo/enemigo en el campo mediático. Y la usa para sus vendettas. Desafío tres: unificar la APLP con diversidad y pluralismo.

Cuarto, es una Asociación ensimismada. Hubo un tiempo en que la APLP gozaba de gran prestigio y su palabra y eventos plurales eran relevantes en la conversación pública. Ahora tenemos una entidad más bien opaca, con camiseta raída, complaciente. Menos mal que hay una generosa historia institucional, que enorgullece. Y sobran colegas decentes, valiosos y bien intencionados. Desafío cuatro: reponer la cualidad deliberativa.

En un reciente “Piedra, papel y tinta” de La Razón, tuvimos una cordial y honesta conversación con Raúl Novillo, flamante presidente de la Asociación. Reconoció con altura el diagnóstico crítico y asumió los desafíos. Comprobamos así que la regeneración es no solo necesaria, sino también posible. Me anoto con gusto. La premisa es que la APLP se mire al espejo y, en lugar de espuma y murallas, aliente el debate interno sin cobardías, silencios ni exclusiones.

Aquí cierro mi intervención sobre el tema, que firmo exclusivamente como miembro distanciado de la Asociación. No haré por supuesto ninguna referencia al prontuario político de Peñaranda. Ni menos a su situación laboral (no es mi culpa). Es miserable llevar al plano personal una disputa de ideas. Más bien ya no estamos en la universidad. No será necesario que el hoy señor PU salga huyendo.

El ciudadano Raúl Peñaranda Undurraga (RaPU) se mandó un artículo infamatorio “en respuesta” –dice– a mi columna crítica sobre la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP). No le gustan los desafíos institucionales (nada personal) que planteo. Y tampoco el debate. Por ello, en lugar de ocuparse del mensaje, pretende descalificar al mensajero. Típico.

Ante las mentiras y silencios del señor PU, diré algunas cosas sobre las primarias partidarias para luego retomar la urgente convocatoria a regenerar la APLP, hoy tan venida a menos. Empecemos con la vileza, que tiene algunos repetidores.

Como vicepresidente del TSE impulsé con plena convicción el proceso de construcción participativa del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Luego de un amplio recorrido deliberativo y el diseño técnico de la propuesta, en junio de 2018 la enviamos formalmente a la Asamblea Legislativa. Fue un gran avance normativo en comparación con la Ley de Partidos Políticos de Banzer (1999).

Como parte de los mecanismos de democracia interna, el proyecto incluyó las primarias para la elección de binomios presidenciales. Para evitar su uso instrumental en los comicios de 2019 –como finalmente ocurrió– se puso una salvaguarda: las primarias debían implementarse “de manera progresiva, como máximo antes de las elecciones 2024”.

Hasta ahí todo bien. O más o menos: una gran omisión fue no haber definido de manera explícita en el proyecto que las primarias debían ser competitivas (parecía obvio) y con binomios paritarios. Como sea, la bancada mayoritaria del oficialismo aprobó la LOP modificando la disposición transitoria a fin de que las primarias se estrenen en 2019. Era la forma de anticipar y legitimar el binomio Evo-Álvaro, en medio de la disputa sobre la reelección tras el desconocimiento del resultado vinculante del referendo de 2016.

RaPU insinúa que yo coordiné esos cambios con la bancada masista. Nada menos. ¿Cuáles son sus fuentes? “Hay quienes señalan” y “es muy probable” (ufa). Algo así solo puede ser obra de un principiante de periodismo o, está visto, de un veterano manipulador. Así tejió este señor su librito de intervención política (Control remoto) que hace unos años critiqué por su evidencia remota. Recordemos algunas de sus “fuentes” consultadas: “los periodistas, distintos entrevistados, parece evidente, se supone, se estima, conocen del caso, estuvieron presentes, se supo después, una fuente contó, según dijo, los allegados, se cree, no se puede saber, alguien que conoce, esos rumores, deben tener documentos, es posible…” ¡Qué tal! Es un modus operandi para deslizar falsedades (la posverdad/mentira y la poscensura como vocación).

Vayamos al “tema crucial”. El señor PU afirma con mendacidad que yo promoví “que el reglamento de la ley permitiera la presentación de una sola candidatura por partido o frente” (sic). Para empezar, no existe reglamento de la ley (de Organizaciones Políticas). Debe estar refiriéndose al “Reglamento específico de las primarias para las elecciones 2019”. En su confusión, ni siquiera se tomó la molestia de leerlo. En las sucesivas versiones del reglamento, elaborado por el equipo técnico y avalado por un informe jurídico, no hay nada parecido a que “debían presentarse por lo menos dos candidaturas para habilitarse una primaria partidaria”. No pues, eso lo definió la ley.

Más todavía. Como consta en el acta de la sesión ordinaria de Sala Plena (058/2018, del 26 de septiembre, cuando se aprobó el reglamento), la disidencia de tres vocales no tiene nada que ver con el número de binomios, sino con otros dos artículos: el 19, II, que establece que un candidato solo puede registrarse en un binomio y en un partido (no parece razonable que un mismo candidato compita en más de un binomio y en más de un partido); y, en especial, el 40,I, que establece que la legitimidad para plantear demandas de inhabilitación corresponde a los militantes (no parece razonable que un actor externo intervenga en una primaria cerrada). Documentos matan infundios.

Por si fuera poco, Peñaranda sostiene que “para allanar todavía más las cosas al MAS” (sic), yo alenté otro reglamento a fin de permitir que se bajara el porcentaje de firmas de los libros que debían ser verificados. ¿De qué reglamento habla? Solo existe una Resolución de Sala Plena (0516/2018) que deja sin efecto un reglamento transitorio para la actualización de registros de militantes. Y se aprobó en una sesión de Sala Plena en la que yo estuve ausente.

Así que las “maniobras” y “logros” (las comillas son suyas) que me atribuye RaPU en su artículo se desmoronan en medio de falsedades (los cadáveres en el armario solo habitan en sus obsesiones/pesadillas). En el colmo del delirio, llega a endosarme el costo económico de unas primarias realizadas… ¡cuatro meses después de mi renuncia al TSE! (ni siquiera estuve cuando se emitió la convocatoria).

¿Por qué PU saliva tanta patraña en mi contra? Pretende fallidamente restarme legitimidad para “criticar a una digna entidad como la APLP” (suspiros). No tolera que me atreva a plantear algunos mínimos de regeneración en una entidad maltrecha. Y hace berrinche cuando se pone en evidencia su desempeño como “infalible” operador mediático de la oposición.

Puede leer: La APLP ante el espejo

Al censor le fue mal. Vuelvo a la Asociación. En mi columna no me referí a la gestión de Peñaranda como presidente del directorio primero porque no me importa y, en especial, porque se trata de instituciones, no de personas. Sintetizo pues el diagnóstico de la APLP para retomar los cuatro desafíos.

Primero, es una Asociación con déficit de democracia interna. Las “elecciones” de directorio son más parecidas a un pasanaku que a un proceso democrático. Cuando PU escribe sobre las primarias partidarias está retratando su “elección” como presidente de la APLP: “la votación no tuvo oficio ni beneficio. Con un solo candidato por partido no hubo competencia y antes siquiera de la votación ya se sabía quiénes se habilitarían como candidatos”. ¿En serio su justificativo es que en la Asociación “no hay muchos candidatos para la presidencia, demanda arduo trabajo y es ad honorem”? Qué flojera. No es algo pasajero, sino una cuestión estructural. He cuestionado los problemas de legitimidad en la APLP desde hace más de una década. Desafío uno: democratizar la APLP.

Segundo, es una Asociación esmirriada. ¿Se habrá preguntado RaPU por qué menos de una centena de “afiliados activos” votan? ¿Por qué la Asociación sigue tan encogida pese a los 106 juntes de su gestión? Soy parte del ochenta por ciento de miembros registrados que, por diferentes motivos, se alejaron de la APLP. Por algo será. En mi caso, no quiero estar en una entidad que NO me representa, ni pagaría 50 centavos de cuota para volver a una institución lamentablemente descalificada (y no de ahora). No es pasividad, sino repulsión. Desafío dos: repoblar la APLP con participación.

Tercero, es una Asociación excluyente y dividida. Reitero mi sentimiento: la APLP está lejos de ser la casa común de las y los periodistas. Se asemeja más a una trinchera de unos cuantos, con arreglo a su agenda e intereses. No hablo de diferencias políticas e ideológicas, que son normales y saludables en democracia, sino de una suerte de fractura polarizada entre parcelas. Peñaranda es activo impulsor de esa lógica divisoria amigo/enemigo en el campo mediático. Y la usa para sus vendettas. Desafío tres: unificar la APLP con diversidad y pluralismo.

Cuarto, es una Asociación ensimismada. Hubo un tiempo en que la APLP gozaba de gran prestigio y su palabra y eventos plurales eran relevantes en la conversación pública. Ahora tenemos una entidad más bien opaca, con camiseta raída, demasiado complaciente. Menos mal que hay una generosa historia institucional, que enorgullece. Y sobran colegas decentes, valiosos y bien intencionados (como varios integrantes de anteriores y del actual directorio). Desafío cuatro: reponer la cualidad deliberativa en el gremio.

En un reciente Piedra, Papel y Tinta” de La Razón, tuvimos una honesta y cordial conversación con Raúl Novillo, flamante presidente de la Asociación. Reconoció y asumió con altura el diagnóstico crítico y los desafíos que acabo de señalar. Comprobamos así que la regeneración es no solo necesaria, sino también posible. Me anoto con gusto. La premisa es que la APLP se mire al espejo y, en lugar de echar espuma y alzar murallas, aliente el debate interno sin cobardías, silencios ni exclusiones.

Aquí cierro mi intervención sobre el tema, que firmo exclusivamente como miembro distanciado de la APLP. No haré por supuesto ninguna referencia al prontuario político de Peñaranda. Ni menos a su situación laboral (no es mi culpa). Es miserable llevar al plano personal una disputa de ideas. Más bien ya no estamos en la universidad. No será necesario que el hoy señor PU salga huyendo, como siempre.

*José Luis Exeni es comunicador