Estas elecciones son probablemente las más controvertidas de la última década, debido a que, a diferencia de anteriores comicios generales, se ha instalado la percepción generalizada de “incertidumbre en los resultados”, esta frase fue construida por Norberto Bobbio hace varias décadas y estaba precedida por otra que aludía a la “certeza en las reglas”. Con estas dos condiciones él se refería a un escenario óptimo para el funcionamiento de la democracia. La certeza en las reglas está hoy en controversia debido al papel que ha jugado el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y particularmente a la percepción en la sociedad de su parcialización en favor del oficialismo, como se ha revelado en diversas encuestas de opinión, en las redes sociales, en la opinión pública de los medios masivos, y en denuncias concretas realizadas por partidos de oposición.
Más allá de esta desconfianza ciudadana, los bolivianos hemos apostado por la necesidad de que esta elección sea transparente, pues se trata de un momento crítico para dirimir el poder y preservar la institucionalidad. Esta preocupación se percibe tanto en el OEP como en las diversas formas de auto-organización ciudadana, mediante plataformas o Apps para vigilar el conteo de votos y las actas que serán transmitidas a los centros de acopio de información, en un momento de gran incertidumbre agravada por los conflictos sociales, cabildos y los efectos de los incendios.
El debate político se ha centrado en temas políticos coyunturales más que en programas de gobierno, donde se han discutido problemáticas relacionadas con la permanencia de Morales en el poder o su renovación.
Ahora bien, más allá de quien ocupe la silla presidencial, existen grandes desafíos que tendrán que ser asumidos por el futuro gobierno. Y para ello es preciso que nos remontemos a la crisis de inicios de siglo que marcó un punto de inflexión en el decurso social y político el país. Los temas que se instalaron en la agenda a inicios de siglo, por presión de la sociedad y mediante movilizaciones sociales, combinaron elementos de la memoria larga como de mediano y corto plazo. Nos referimos por una parte, a la historia de exclusión de los pueblos indígenas del Estado boliviano, lo que no fue resuelto ni con la fundación de la república, ni mediante los ciclos rebeldes de indígenas y campesinos, ni tampoco con la revolución del 52. Estos factores eclosionaron una vez más a fines de siglo y, esta vez, además de marchas y protestas, asumieron forma de propuestas políticas en el seno de la Asamblea Constituyente. La respuesta fue un nuevo Estado plurinacional que reflejaba de manera más fiel las características sociológicas del país. Este tema, denominado de manera genérica como “inclusión social” ha llegado para quedarse, y quien tome el mando del país, no podrá prescindir de la presencia de indígenas y campesinos en el Estado, habrá que administrar maneras más equitativas y eficientes de producción y de acceso a la educación y salud.
Otro factor central de la crisis fue el cuestionamiento al tipo de Estado. Bolivia nació como Estado centralista y altamente concentrador del poder alrededor de los núcleos oligárquicos (por ejemplo, minería, hidrocarburos). Este modelo fue varias veces cuestionado, en particular desde las regiones Santa Cruz y de la media luna. Si bien la nueva CPE también atendió este llamado a través de la incorporación de las autonomías, que pasaron bastante deslucidas esta última década; el tema se ha reavivado con los recientes incendios de la Chiquitanía y el paro cívico de Potosí, donde se ha reasumido la bandera del federalismo. Los otros temas que la sociedad instaló en la agenda política fueron el rechazo al neoliberalismo, lo que resultó ser retórico pues el modelo se mantiene intacto, salvo su ampliación a nuevos sujetos y sectores sociales; y, por último y no menos relevante, es la crisis del sistema de representación política, con una expulsión de los partidos de fines de siglo y el giro hacia propuestas políticas novedosas, como en su momento fue el propio MAS; no obstante, este tema puso en debate a la propia democracia y no solo a sus actores, de ahí que se asumió la demodiversidad en el marco constitucional.
Hay otro conjunto de temas que son parte de la agenda y que tendrán que encontrar una respuesta en el nuevo gobierno, pues provienen de sentida demanda social con signos de gravedad, como la crisis de la justicia, la Policía, la corrupción, la inseguridad ciudadana, y en otro orden de cosas, remontar la salud y la educación como prioridades.
Finalmente, las condiciones para quien ocupe el poder serán distintas a las que han existido hasta este momento, pues el próximo gobierno tendrá que enfrentar la ya anunciada crisis económica que se avecina y la gobernabilidad como consecuencia de la previsible recomposición de fuerzas parlamentarias.