Las Fuerzas Armadas y la Policía solicitaron la renuncia del presidente Evo Morales, lo que es un golpe de Estado. Con el fin “de no generar más muertes y enfrentamientos entre hermanos, para no permitir más derramamiento de sangre y que no haya más humillaciones, violencia y racismo contra indígenas, campesinos y mujeres”, Evo dimitió.
El nuevo gobierno, a la cabeza de Jeanine Áñez, asumió bajo una interpretación de la sucesión constitucional, cuestionada por el MAS y por las fuerzas populares. El Artículo 169 de la Constitución habla de que en caso de impedimento definitivo del Presidente asume el Vicepresidente y a falta de este el Presidente de Senadores y a falta de este, el Presidente de Diputados, debiendo convocar a elecciones en un plazo de 90 días. La línea correcta era que, ante la renuncia de los presidentes de ambas cámaras, debía haberse reconformado las directivas y la presidenta electa de senadores debería ser la presidenta del gobierno transitorio, lo que no ocurrió, porque no se eligió al presidente del senado, sino a la segunda vicepresidencia del senado, que es la tercera en sucesión y que corresponde a la fuerza parlamentaria minoritaria de oposición.
Este nombramiento radicalizó a sectores populares y campesinos continuando la ola de protestas, movilizaciones y bloqueos de caminos, lo cual en la CPE y la doctrina de los derechos humanos es permitido y lícito, pero con el nuevo gobierno la protesta social se criminaliza y reprime violentamente.
La crisis se agudizó a partir de la emisión del decreto 4078, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas durante las acciones de “restablecimiento del orden interno”, dándoles licencia para matar, decisión que fue observada por los organismos internacionales de derechos humanos, que afirman que por eso serán pasibles a procesos penales nacionales e internacionales.
Los organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por la inconstitucionalidad de dicha norma y su desconocimiento de tratados y convenios internacionales de derechos humanos; Amnistía Internacional expresó su preocupación porque el decreto “permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad”. Naciones Unidas llamó a las autoridades bolivianas a garantizar la seguridad de los ciudadanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció la muerte de personas, y la existencia de un numero masivo de heridos, llamó a las autoridades a investigar “de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos por fuerzas de seguridad y actos de violencia por particulares”.
Entre las vulneraciones más flagrantes a los derechos humanos está el asesinato de 34 personas (la mayoría por armas de fuego), detenciones arbitrarias masivas, restricciones a la libertad de reunión, persecuciones judiciales, ataques a viviendas privadas, amenazas a diputados y senadores que defienden su líneas política, presiones violentas para la renuncia de autoridades del MAS.
Por su parte, las Fuerzas Armadas y policiales olvidando los nefastos precedentes históricos en la región de las dictaduras militares que ocasionaron la condena internacional, implementan hoy un uso excesivo de la fuerza militar y policial desproporcional a los grupos movilizados, el uso indebido de helicópteros, tanquetas, aviones de caza y arsenal contra la población movilizada indefensa. Como expresa Amnistía Internacional “La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días.
En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, la Constitución garantiza a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Sin embargo, se ha producido el cierre violento del Canal 7 y de radios comunitarias, amenazas e intimidaciones a periodistas y su personal; amenazas de quema de edificaciones de medios que difunden información imparcial, lo que generó un silenciamiento de esos medios por contravenir la línea comunicacional del gobierno, la censura a noticias de periodistas internacionales, amenaza de detención por relacionarlos con grupos subversivos, expulsión de periodistas extranjeros.
Bolivia quiere paz y es necesario poner fin a todas las violaciones a los derechos humanos, el respeto y garantía de estos derechos y libertades fundamentales, se restaure la democracia y retorne al Estado de derecho, pero esto no será posible si no se toma en cuenta la demanda de la otra mitad de Bolivia que hoy esta movilizada. Un camino es continuar con los asesinatos y la violación de los derechos humanos, el otro es el retorno al respeto de la CPE.