Desde el 30 de octubre (diez días después de las elecciones generales del 20) hasta la fecha, en el país hubo 32 muertes, al menos lo que se conoce, producto directo de los conflictos: dos policías y 30 civiles, según el seguimiento que hizo el Defensor del Pueblo, el Centro de Documentación en Información Bolivia (Cedib), las asambleas de Derechos Humanos, Nacional y departamentales y algunos medios de comunicación social (incluido La Razón).
32 muertos en 24 días lo que significa un promedio de más de uno cada día; un historial de muertes que, como se ve en el registro adjunto, tiene un notable rasgo: más de la mitad, 17, ocurrieron después de que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez dictara el Decreto 4078, donde se exime a las Fuerzas Armadas de toda “responsabilidad penal” por alguna acción que llevare en “legítima defensa o estado de necesidad”.
En la parte respectiva, el Decreto 4078, promulgado el 14 de noviembre, señala: “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal, Ley 1760 y Código de Procedimiento Penal” (Artículo 3 del Decreto Supremo 4078).
De los 32 fallecidos, al menos 26 fueron a causa del disparo de un arma de fuego, tres por traumas ocasionados o por accidente o golpizas, uno por asfixia, uno por paro cardiaco y uno no se pudo determinar claramente la causa.
Como se ve en la serie cronológica adjunta, las muertes sobrevinieron continuas después de la renuncia del ahora expresidente Evo Morales, el domingo 10 de noviembre. Antes de este hecho, se habían contado tres muertos, dos en Santa Cruz (en Montero), y uno en Cochabamba, sobre todo por el enfrentamiento entre civiles, partidarios de Morales y quienes rechazaban su reelección.
Tras la partida de Morales y García, a las contiendas entre organizaciones sociales y ciudadanas afines y contrarias al MAS, se sumó la intervención policial y militar conjunta. Hay que recordar que el auxilio de las Fuerzas Armadas a la Policía vino después de que ésta, el lunes 11 de noviembre expresamente se declarara “rebasada” por las movilizaciones, especialmente de las organizaciones del municipio de El Alto y de las provincias que rodean a La Paz.
Como consta en el registro, las más ostensibles muertes son las masivas, en un solo día: el viernes 15 de noviembre, cerca de la comunidad de Huayllani en Sacaba, Cochabamba, con 9 fallecidos; y el martes 19, en la zona de Senkata, en El Alto, con ocho muertes; todos los casos producto de un proyectil de arma de fuego.
El fatídico viernes 15, los movilizados eran cocaleros del Trópico de Cochabamba, que ese día, en masiva marcha intentaron ingresar a la ciudad de Cochabamba, siendo frenados en Sacaba. Hubo al menos 93 heridos, de distinta gravedad. La marcha, dijeron los dirigentes, tenía la finalidad de ingresar a la plaza principal de Cochabamba y de ahí partir rumbo a la ciudad de La Paz. Fue en esta ocasión en que el Gobierno y las Fuerzas Armadas comenzaron a insistir en que de su lado no se había hecho uso de “arma letal, solo gases” (general Alfredo Cuéllar, comandante de la Fuerza Aérea).
Luego están los ocho alteños muertos en la zona de Senkata, el martes 19, después de que el Gobierno lograra sacar de la planta de Senkata al menos 50 cisternas de gasolina y diésel para abastecer a ciudad de La Paz. El enfrentamiento se produjo luego de que las cisternas abandonaran el lugar; según el periodista de La Razón asignado al lugar, la refriega de disparos ocurrió después de que enfurecidos vecinos derribaran dos muros perimetrales de la planta. Nuevamente el Gobierno salió al paso con la afirmación de que las muertes ocurrieron por disparos efectuados por los propios manifestantes. El ministro de Defensa, Fernando López, llegó a decir que de las FFAA no salió ni un solo disparo. Además de los ocho muertos (primero habían sido confirmados seis), hubo al menos 30 heridos.
En lo relativo al uso del Decreto 4078, el Defensor del Pueblo, presidido por la abogada Nadia Cruz, ya presentó una “acción de inconstitucionalidad” contra dicha norma, en pleno proceso a la fecha. Al respecto, la defensora, precisa sus razones: “consideramos que de alguna forma el decreto establece una limitación o anulación de algunos derechos y garantías reconocidos en la Constitución, como es el acceso a la justicia; el referido decreto está limitando el derecho del ciudadano de cuando ocurra un hecho delictivo (un asesinato o un homicidio, lo que genera es que la parte (afectada) no pueda acudir ante el sistema de justicia”.
Otro aspecto que se plantea con el decreto es el uso de la fuerza en un estado de necesidad, de emergencia. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, enfatizó que el referido decreto de ninguna manera representa una “licencia para matar”, como lo habían calificado los adversarios del actual gobierno; lo que se pretendió de ello, dijo, es constituirse en un elemento disuasivo con miras a la pacificación del país.
“Esto significa que, de ninguna manera, se transforma en una licencia para matar, es un elemento disuasivo porque lo que pretende el Gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, que la paz social se restablezca en nuestro país”, afirmó en conferencia de prensa.
Al respecto, la Defensora del Pueblo señala que lo del estado de emergencia o de necesidad para actuar ya está normado en el Código Penal: “la disminución de la responsabilidad penal, la graduación de la pena, incluso, dentro de un tipo penal ya está en la legítima defensa o estado de necesidad, y eso es para cualquier ciudadano o ciudadana”.
En lo relativo a la versión del Gobierno de que “ni una sola bala” salió de las fuerzas represivas estatales, el viernes 22 la Fiscalía de Cochabamba presentó el informe pericial de balística en el caso de los nueve cocaleros muertos en Sacaba el viernes 15.
Entre sus más importantes conclusiones están: se cuenta con dos proyectiles para el análisis de balística, uno rescatado del cuerpo de uno de los fallecidos, y otro obtenido del cuerpo de uno de los heridos; en el caso del proyectil de los fallecidos, se vio que se trata de un proyectil “calibre 5.56, que corresponde a un arma de fuego largo, en el curso de las investigaciones se establecerá a qué tipo de armamento corresponde este tipo de proyectil”; en el caso de la bala encontrada en el herido “se ha podido establecer que es de calibre 38, seguramente en el curso de las investigaciones vamos a establecer si este tipo de armamento es el usado por los funcionarios policiales o por los miembros de las Fuerzas Armadas”.
Complementariamente, la Fiscalía cochabambina informa que “ya se han remitido los requerimientos correspondientes, tanto al Comando Policial como al de las Fuerzas Armadas, para que nos informen qué tipo de armamento es el utilizado reglamentariamente tanto por los funcionarios policiales como por los miembros de las Fuerzas Armadas”.
Aparte de las 32 muertes, el Defensor del Pueblo en este periodo de conflicto pudo identificar 24 casos de discriminación y racismo a nivel nacional, 26 sobre libertad de expresión y pensamiento; 804 casos de agresiones físicas o vulneración a la integridad, 20 de esos casos relacionados a la niñez y adolescencia; y 1.449 arrestos, durante todo el conflicto.