lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 19:35

Lula: la democracia, entre el pasado y el futuro

El expresidente Lula da Silva afirma que el futuro está plenamente abierto.

El expresidente Lula da Silva Foto: AFP

En los últimos años, la arrogancia de la ola conservadora y reaccionaria ha ido adquiriendo proporciones aterradoras. Hemos sido testigos de la consolidación de una alianza tóxica entre la voracidad de la concentración de riqueza promovida por el neoliberalismo (y el consiguiente empobrecimiento de las grandes mayorías), la creciente agresividad de los discursos y las prácticas neofascistas, racistas y misóginas, el conservadurismo fundamentalista religioso (cristiano, judío, islámico, hindú), la burda manipulación de las instituciones democráticas y los sistemas judiciales y el negacionismo de la inminente catástrofe ambiental.

Todo esto ha contribuido a una cierta parálisis de la imaginación política y de la potencia rebelde de los oprimidos. Como si nos dirigiéramos hacia un abismo llevados por un plan demasiado superior a nuestras fuerzas como para combatirlo. En los últimos tiempos, sin embargo, en diferentes partes del mundo han surgido señales de que no todo está perdido. Desde el Líbano hasta Irak, desde Chile hasta Argentina, las poblaciones golpeadas por un poder injusto y corrupto se han movilizado en las calles o las urnas para proclamar bien alto: ¡basta! El futuro de estas movilizaciones es incierto, pero gracias a ellas parece que al menos todavía tenemos derecho al futuro.

El pasado 7 de noviembre, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil contribuyó a fortalecer la idea de que, también en este país, no todo está perdido. Decidió, por escasa mayoría, restaurar una verdad constitucional que, como muchas otras, parecía haberse convertido en una reliquia del pasado democrático donde los fines no justificaban los medios: el acusado se presume inocente hasta agotarse todas las instancias de apelación. Como Lula da Silva, al igual que unos 5.000 presos en las cárceles brasileñas, había sido preso en violación de esta norma, su liberación se produjo en los días siguientes. Lamentablemente, no sucedió lo mismo con el resto de encarcelados ilegalmente, pero la figura de Lula da Silva era demasiado grande como para que la mayoría del pueblo brasileño y, al fin y al cabo, los demócratas de todo el mundo no celebrasen incondicionalmente la decisión del STF. En el mundo se respiró un soplo de alivio: la deriva autoritaria de Brasil tenía límites, la ilegalidad institucionalizada podía detenerse. Al igual que sucede con otros acontecimientos en el mundo animados por un impulso democrático, esta decisión judicial, a pesar de mostrar que no todo está perdido, nada nos dice acerca de lo que realmente se ha ganado o puede ganarse sobre esta base. Para evaluar su potencial y tratar de expandirlo y concretarlo, es necesario reflexionar tanto sobre las lecciones del proceso político-judicial que culmina con la decisión del STF como sobre los desafíos que la democracia brasileña afrontará en los próximos tiempos. Empiezo por las lecciones. 

1. La justicia y la democracia se defienden en las calles y en las instituciones. Una de las campañas más notables de los últimos años ha sido, sin duda, la campaña “¡Lula libre!”. Varios factores han contribuido a ello. La carismática figura de Lula da Silva y la tenacidad en la defensa de su inocencia conmovieron al mundo. La organización en red de miles de grupos de activistas, algunos movilizados inicialmente por brasileñas y brasileños dispersos por todo el mundo, reveló una enorme capacidad de movilización. En un momento en el que resulta tan difícil unir voluntades en torno a causas precisas y consensuadas, la campaña ¡Lula libre! ofreció la oportunidad de defender a una persona concreta, víctima de una maquinación político-judicial concreta, una persona que el mundo conoció como el más notable de los presidentes de Brasil, que sacó de la pobreza a unos cincuenta millones de brasileños y mostró que no es necesario ser doctor para ser sabio. 

2. El imperialismo no puede utilizar el sistema judicial de los países de su zona de influencia con la misma eficiencia y brutalidad con la que utilizó a los militares en el pasado. Los objetivos del imperialismo estadounidense fueron siendo cada vez más claros: detener la influencia de China, neutralizar a los BRICS (alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para crear una zona económica relativamente autónoma del dominio del dólar) como amenaza potencial a su hegemonía en la región y en el mundo. Desde el fin de la Guerra Fría había estado ensayando nuevas formas de intervención que sustituyesen la vieja guerra contra el comunismo. Fueron surgiendo así las nuevas guerras: la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y, finalmente, la guerra contra la corrupción. Todas ellas se diseñaron para, de una manera aparentemente no política, promover gobiernos leales a los proyectos imperiales de Estados Unidos: acceso a recursos naturales y trato favorable para las empresas multinacionales estadounidenses. Y, en consecuencia, neutralizar los gobiernos considerados hostiles a estos planes. Todas estas guerras, y en particular la última (contra la corrupción), implicaron una enorme inversión en la formación de magistrados y en la creación de instituciones locales que liderasen la “lucha contra la corrupción”. Una vez elegidos los socios locales, se les darían todas las condiciones, especialmente la más valiosa de todas: el acceso, a través de la CIA y del Departamento de Justicia, a datos que solo las empresas globales (estadounidenses) de big data poseen. Sérgio Moro y Deltan Dallagnol fueron seleccionados para ser los “campeones de la lucha contra la corrupción”. Hace varios años, el Departamento de Justicia había elegido a Petrobras, Embraer y Odebrecht como objetivos privilegiados de la lucha contra la corrupción. Léase, como empresas competidoras de empresas estadounidenses y, en cuanto tales, con el deber de destruirlas o absorberlas. Era importante no aplicar la regla del too big to fail (demasiado grande para quebrar) que permitía castigar a los dirigentes por corrupción sin destruir las empresas (como fue el caso de Goldman Sachs y Volkswagen). La República de Curitiba actuó en consecuencia, de acuerdo con el guion que se le dio y como agente de un gobierno extranjero. Fue demasiado obsceno como para resultar procesado por todo el sistema judicial sin contradicciones.

3. El papel de los medios de comunicación democráticos es hoy más crucial que nunca. Si no fuesen las revelaciones sobre la promiscuidad entre juez y procuradores, y de la lógica que animaba su conspiración, por parte de Intercept, dirigido por ese notable periodista que hace mucho debiera tener el Premio Nobel de la Paz, Glenn Greenwald, no sabríamos hoy cuán vulnerable es la democracia representativa y el sistema jurídico-judicial que la sustenta. Durante este proceso supimos también que los media hegemónicos, tal como los magistrados dirigentes de la operación Lava Jato, no reparan en medios para defender los intereses que sirven de manera fiel. La demonización de Lula da Silva y del PT es una de las páginas más vergonzosas del periodismo hegemónico brasilero.

Vayamos a los desafíos.

1. He defendido la urgencia de que el sistema judicial brasileño recupere su credibilidad. La decisión del STF fue un paso importante, pero no es suficiente. Sérgio Moro y Deltan Dallagnol cometieron irregularidades disciplinarias (y quizás hasta criminales) que deben ser castigadas. Todo el sistema de control disciplinario de los magistrados tiene que ser examinado, en especial la promiscuidad entre jueces y procuradores. Son necesarias reformas en el proceso penal, y debe eliminarse el modo arbitrario como es usada la delación premiada, ya que representa la emergencia del derecho penal del enemigo, propio de los regímenes totalitarios. Es urgente una reforma profunda de la formación de los magistrados en las facultades de derecho y en las escuelas de la magistratura.

2. El neoliberalismo y el autoritarismo están lejos de ser derrotados. Por el contrario, la entrega de los recursos estratégicos de Brasil (incluyendo la base aeroespacial de Alcántara) está todavía en curso y las medidas austeritarias aún no fueron aplicadas en toda su extensión. La liberación de Lula da Silva es también un proceso, toda vez que solo será definitiva cuando se declare la suspensión del juez Sérgio Moro (que hoy es obvia) y sean archivadas o procesadas otras acusaciones que integran el lawfare (el uso del derecho para liquidar adversarios políticos) contra Lula da Silva. El próximo periodo será de radicalización política, muy distante de la conciliación de clases con la que siempre soñó Lula.

3. Los movimientos sociales saben hoy que fueron desarmados durante algún tiempo por la propia gestión gubernamental del PT, en la medida en que juzgaron que tener un “amigo en el Palacio de Planalto” era suficiente para garantizar la realización de sus demandas. Obviamente que ayudaba, pero no era suficiente.

El movimiento indígena sabe eso mejor que ningún otro porque su experiencia de opresión y resistencia es mayor que la de cualquier otro movimiento social.

Lula da Silva en libertad es una ayuda muy valiosa, pero él no es, ni quiere ser ni podría serlo, el salvador de la patria, capaz de rescatarla por sí solo contra vientos y mares. Lula, por cierto, reconoce hoy que, cuando fue presidente, hizo demasiadas concesiones a los dueños del poder, las cuales al final ni siquiera le fueron reconocidas. Todo lo contrario. Los próximos tiempos mostrarán a los movimientos sociales que las luchas más duras están por venir.

4. Lula no es dueño de su futuro, pero ciertamente buscará administrarlo de la mejor manera para la democracia brasilera. Para un político que afirma con insistencia que “tiene la excitación de los veinte años, la energía de los treinta y la experiencia de los setenta”, el futuro está plenamente abierto. Obviamente no solo depende de él. Si el lawfare contra su persona fuese neutralizado, Lula da Silva podría ser candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2022. Dudo, sin embargo, que quiera serlo. La experiencia de grandes presidentes que, por diferentes vías, quisieron permanecer o regresar al poder no es brillante. Ténganse en mente a Hugo Chávez, Mário Soares, Daniel Ortega, Abdelaziz Bouteflika o, más recientemente, Evo Morales (que en el momento en que escribo ha sido víctima de un golpe de Estado debido a una combinación tóxica de errores propios y de la intervención norteamericana a través de la OEA).

Además, las condiciones en que Lula da Silva gobernó ya no existen ni volverán a existir en los tiempos más próximos. Lula continúa dirigiéndose a los brasileños, pero sabe hoy que muchos solo lo amaron en cuanto se beneficiaron de las ventajas de su gobierno.

Por otro lado, Lula da Silva ha afirmado que hoy es más de izquierda que en el pasado. Esto significa que sus inmensas cualidades de articulación y de conciliación deben ser canalizadas ahora no hacia la sociedad brasileña en su conjunto, como si fuese un pueblo homogéneo, sino principalmente hacia las clases populares pobres y clases medias empobrecidas, y hacia las izquierdas que pretenden defender los intereses de estas clases, tantas veces víctimas de mezclas tóxicas de capitalismo (desempleo de larga duración, trabajo sin derecho, uberización), colonialismo (racismo, usurpación y concentración neocoloniales de la tierra) y patriarcado (sexismo y homofobia). Lula da Silva será el articulador ideal en sentido de conferirles confianza y esperanza, de darles al mismo tiempo visión utópica y pragmática de un futuro mejor, de ayudarles a superar diferencias que, siendo en apariencia ideológicas y profundas, son muchas veces mezquinas y oportunistas. Y, sobre todo, de enseñarles a comunicarse con las clases populares, a entender sus angustias y expectativas que con tanto derroche fueron abandonadas al adoctrinamiento egoísta de predicadores reaccionarios y neofascistas de ocasión o de convicción.

(*) Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Académicos: La auditoría tiene fallos básicos

Mínimo, el Informe de la OEA tendría que retirarse de la web del organismo, reclaman.

Cómputo oficial en las elecciones de octubre de 2019; este acto ‘manual’ es el que vale para el resultado oficial

Por Iván Bustillos

/ 24 de octubre de 2021 / 18:11

El punto sobre la i

El viernes 22 por la mañana, en Washington D.C., en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo lugar el conversatorio presencial ¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos, organizado por la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, en colaboración con sus pares de Argentina y México. En la cita expusieron sus observaciones Jake Johnston, investigador del Centro de Investigaciones en Economía y Política (CEPR, Center for Economic and Policy Research); Francisco Rodríguez, economista, profesor de la universidad de Tulane; y Jack Williams, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Si hay una coincidencia entre los tres expertos en análisis estadístico electoral es que tanto el Informe Preliminar como el Final de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia tienen errores de análisis, un hecho que reiteradamente se le hizo notar a la Secretaría General, pero que nunca se obtuvo mayores explicaciones.

Fue la embajadora de México, Luz Elena Baños, que apuntó lo peculiar de la cita: éstos y otros estudiosos debían exponer directamente sus críticas, dentro de la OEA, hace casi dos años. “Recuerdo muy bien el rechazo del Consejo Permanente en 2019 ante la solicitud de México de escuchar a los expertos que hoy están aquí. Nos tardamos dos años en escucharlos, pero ha valido la pena”, destacó Baños.

EVASIÓN. Es una actitud evasiva recurrente de la OEA a debatir su Informe, protestó la embajadora mexicana, pues para la cita del viernes nuevamente dos altos funcionarios que tienen que ver con el tema negaron su participación. “Los serios y graves cuestionamientos que la Misión de Observación Electoral de la OEA ha tenido, no serán superados con prácticas antidemocráticas cerrándose al diálogo y defendiendo de manera absurda los argumentos de la Secretaría General de la Organización, que ante la posibilidad de debatir optó inexplicablemente por no participar en este conversatorio. Es preocupante, porque eso reitera que desean hacer prevalecer de manera unilateral su actuación que ha sido fuertemente cuestionada por científicos. Lo más alarmante es que esa negativa viene de los dos funcionarios de la organización que se encargan de fortalecer y de velar por la democracia en el hemisferio”.

La embajadora se refiere a Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), y Francisco Guerrero, responsable de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD).

Los tres expertos que expusieron el viernes, en realidad son viejos conocidos en el estudio de los procesos electorales en la región: Johnston, investigador del CEPR, publicó su primer trabajo (Análisis preliminar de los hallazgos del informe final de la auditoría de la OEA) el 12 de diciembre de 2019, a la semana de que se publicara el Informe final de la OEA, el 4 de diciembre. Rodríguez fue quien, junto con Dorothy Kronick, en un artículo en el The New York Times dijo que el análisis de la OEA era deficiente; y, Williams, que con John Curiel en febrero de 2020 publicó en el Washington Post que el análisis estadístico completo antes que ver un incremento drástico, más bien encontraba algo que se podía esperar.

El viernes, los tres estudiosos se refirieron al manejo estadístico por parte de la OEA en su análisis sobre todo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y su tesis del “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia”, que fue lanzada el 21 de octubre por la noche.

Al día siguiente, cuenta Johnston, él analizó los datos y encontró que “no había justificación para los reclamos de la OEA”; lo que ocurrió luego fue lo llamativo: “ese día le mandé un mensaje a un oficial de la OEA que estaba participando en la Misión de Observación, le expliqué esto; y la respuesta fue: ‘lo sabemos, pero Morales nunca debería de haber sido candidato’; en ese momento entendí que no era cuestión (si había o no) fraude sino del deseo político de la OEA”.

RESULTADO. Al revisar el Informe final de la OEA (4 de diciembre), Johnston remarcó el viernes que si bien el texto “menciona verdaderos problemas en la administración de la elección, contrariamente a lo que dijo la OEA, no muestra evidencia de que eso haya cambiado el resultado de la elección, o incluso que haya habido un esfuerzo parcial de cambiar ese resultado”.

Sobre el ‘súbito’ incremento de votación para el MAS en el último 5% del TREP, que “la interrupción real de la tendencia ocurrió en el último 5% de los votos procesados”, Johnston hace notar que en el propio informe se revela que “el desempeño de Morales en el 5% final de la votación disminuyó comparado con el 5% inmediatamente anterior, lo que desacredita el propio análisis de la OEA que alega demostrar un cambio de tendencia”.

Ahora, ese incremento en la tendencia en el último 5% de votos, dice, “es absolutamente predecible en vista de la tendencia ya evidenciada en las zonas geográficas de donde provienen estos votos finales” (de sectores donde era mayoritario el voto masista).

Otra observación que hace Johnston es que en su tiempo su equipo comparó las “actas irregulares” que seleccionó la OEA para mostrar el ‘fraude’, con actas “regulares” de los mismos recintos, y ambas tenían similares resultados, peor aún cuando en la elección de 2020, concluye, en esos recintos se volvió a repetir ese voto mayoritario por el MAS, por Luis Arce.

Por su parte, además de recordar que el origen de todas las sospechas fue la alarma de la OEA de que hubo un quiebre, un cambio drástico en la tendencia en el último 5%, Rodríguez señaló que en todas las elecciones existen estos quiebres y si se los ve sin considerar el contexto de la elección, pues fácilmente se los califica de una anomalía electoral.

Exhibiendo la gráfica de la elección de la segunda vuelta en Perú, por ejemplo, mostró lo mismo el incremento acelerado en el último tramo para uno de los dos candidatos, lo que no llevó a calificar el hecho como una anomalía, menos un ‘fraude’.

Sobre el drástico cambio de tendencia en el último 5%, Rodríguez cuestiona a la OEA que en estimación no haya incluido un 4,4% de las actas que llegaron al final y que incluyéndolas, el gráfico de la tendencia ya no se muestra ‘drástico’. El economista también hizo referencia al error que habría cometido el estadístico de la OEA que en el último tramo, en vez de usar el criterio de ordenamiento de las actas cronológico, usó el alfabético. “Cuando se publicaron estos datos, lo que pasó fue que los investigadores que hicieron esta sección del Informe de auditoría, ordenaron mal las mesas; las ordenaron por orden alfabético en vez de por orden cronológico. Eso quiere decir, por ejemplo, que después de la mesa 701 de la mañana tienes la mesa 701 de la tarde, luego la 702 de la mañana y después la 702 de la tarde. (Pero) cuando las ordenas correctamente, no te encuentras con este quiebre en la pendiente” (de la gráfica), ejemplifica Rodríguez.

CONSISTENCIA. En rigor, añadió el economista, el análisis estadístico no prueba si hubo o no fraude, lo que hace es ver la consistencia de los datos, de la data, en relación al proceso de votación. “Y esto es extremadamente relevante frente a lo que se alegó en el Informe de Auditoría de la OEA, que los datos eran inconsistentes con un proceso de escrutinio limpio; nosotros hallamos que éstos son exactamente los datos que uno esperaría ver si el proceso hubiese sido uno en el que no hubiese habido ningún proceso de interferencia”.

Rodríguez no dejó de quejarse de la persistente negativa de la OEA de publicar los datos y “el código” que había utilizado para llevar adelantes sus análisis, pese a los constantes pedidos de los investigadores. Reveló que pasados cinco meses de la elección, “un periodista de investigación del The New York Times consiguió la base de datos” y recién se pudo trabajar a fondo.

Finalmente, Williams, en una exposición más bien breve enfatizó en que para tener una idea completa u objetiva de la tendencia cómputo o del conteo rápido, lo principal es no quedarse en el análisis o estudio solo del último tramo donde se presentó la variación inesperada.

Lo que hay que hacer, remarcó Williams, es que el análisis de la tendencia debe ser detallado antes y después del corte del TREP. “Hicimos mil simulaciones, y aquí ven los resultados de las simulaciones; básicamente, lo que estamos tratando de demostrar es que al usar los datos disponibles antes del corte, se puede ver que Morales podía haber obtenido un margen de diez por ciento, fácilmente”, afirmó.

Fue Rodríguez el que dio la estocada final, cuando afirmó que a la pregunta de que si el caso está “cerrado”, pues por todo lo que se dijo es que técnicamente el tema no está cerrado. Y no lo está porque se evidenciaron errores de análisis y de aplicación.

“Es muy importante entender que investigadores que participaron en ese Informe han admitido públicamente que cometieron estos errores; los consultores que fueron contratados para hacer la parte estadística finalmente publicaron su código y los datos, y se identificaron esos errores, y ellos han reconocido que existen esos errores. ¿Por qué es que hay un informe en la página web de la OEA, que los mismos investigadores que participaron en ese informe reconocen que ahí hay gráficos y análisis que están basados en un error?”.

Todos están de acuerdo en que ahora tal vez corresponda una investigación independiente de lo hecho por la OEA, pero, demanda Rodríguez, en lo inmediato, “mínimo se debería pedir que se enmendase o corrigiese ese Informe o se lo retirase de la página web de la OEA. Esto no está en disputa. Lo que sí es un caso cerrado es que hay una parte muy importante del Informe que está basado sobre errores analíticos”.

Procurador: Apenas 15 actas con problemas

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, que estuvo presente en el conversatorio en Washington, compartió con los presentes el informe oficial de la revisión que junto a un equipo hizo de las 34.555 actas de cómputo de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

“Esta información va a ser objeto obviamente de una publicación oficial; hoy la estoy dando oficialmente a ustedes con datos completos de esta investigación”, aseveró.

El Procurador hizo un extenso listado: hay 10 actas poco legibles, con baja resolución o definición de imagen; 3 actas con ausencias de datos en las casillas de papeletas en ánfora y habilitadas que emitieron su voto; 1 acta con ausencia de huella dactilar de un jurado electoral al cierre de la mesa; 94 actas con error aritmético en la casilla de votos válidos, lo que fue subsanado luego por el Tribunal Supremo Electoral; 15 actas con error de datos en la casilla correspondiente a cada organización política, subsanado por el TSE; 1 acta con sobreescritura en la casilla de votos válidos; 1 acta donde falta la firma de jurados al cierre; 1 acta con error numérico en la casilla de papeletas en ánfora; 37 actas conteniendo un error en la sumatoria de votos válidos, también subsanados por los jurados electorales; 15 actas con error aritmético de votos válidos para una organización política.

El total del supuesto fraude verificado, analizado por nosotros, 15 actas en que algún momento se han equivocado en poner datos de un frente político por otro frente, pero que en su momento fueron subsanados por el Tribunal Electoral, es decir, nada, concluyó Chávez.

También se pudo constatar que ni una de las 34.555 fue impugnada en el momento en que debió de hacerse, cuando los delegados de partidos están en pleno control del escrutinio.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Analogía Constitucional

Reflexión jurídica de las sentencias del TCP y la ‘sucesión presidencial’ de Jeanine Áñez.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:57

DIBUJO LIBRE

Una nueva línea jurisprudencial que genera y generará debate de coyuntura política, a partir de la toma del poder en noviembre 2019, es la SCP 052/2021. Esta sentencia aclara las reglas interpretativas de la sucesión presidencial constitucional en Bolivia y afirma que es ipso facto (en el acto, inmediatamente) del Presidente al Vicepresidente, de éste hacia el o la presidente del Senado y ante la ausencia de éste hacia la o el presidente de Diputados, no así a sus sucesores en las directivas camarales; por tanto —habla el Tribunal Constitucional— que no es aplicable la sucesión presidencial cuando existe un reemplazo temporal de las presidencias camarales en el Legislativo; tal como ocurrió con la segunda vicepresidencia del Senado en el tiempo que (en su último libro) el politólogo y vocero presidencial Jorge Richter califica como el “noviembrismo”.

La jurisprudencia del TCP es fuente del derecho en general y sus fallos son vinculantes, inapelables y de aplicación según casos en particular que así requieran las comunidades litigantes, por ello esas líneas interpretativo-holísticas de la CPE (con la SCP 052) develan una modulación vía analogía constitucional de lo que ocurrió el 12 de noviembre de 2019 en el país.

La Analogía Constitucional es inferir la aplicación de los precedentes constitucionales (jurisprudencia en esta materia) que ya fueron desarrollados por el Tribunal Constitucional desde 2005 definiendo una línea sobre la analogía constitucional. Por ello nuestra Constitución establece en su artículo 203: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

En ese entendido, la Sentencia 0186/2005-R de 7 de marzo relaciona este mandato a la norma constitucional estableciendo que : ‘(….) corresponde aclarar que esa aplicación obligatoria de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio”.

Nos deja entrever el TCP, entonces, que toda renuncia al cargo de algún miembro de la ALP que ejerce la presidencia de alguna de las cámaras debe hacerse de manera escrita y formal, y no por redes sociales; renuncias que si son al cargo del ejercicio de la presidencia deben ser consideradas ante sus plenos camarales para la debida aceptación, y si es a la función legislativa como tal debe remitirse posteriormente ante el TSE, porque es este órgano de poder el que acreditó y legitimó sus atribuciones legislativo-constitucionales. La conclusión transversal entonces: no hubo vacío de poder que posibilite una segunda vicepresidencia senatorial en 2019 para que asuma la presidencia del Estado vía sucesión, cuando existían solo ausencias temporales (por renuncias informales) en ese momento. Si aplicaban de manera efectiva lo dispuesto en la DC 003/2001 (jurisprudencia de la Constitución de 1967) debieron considerar las Sentencias Constitucionales: 0748/2003-R de 4 de junio y 0715/2003-R de 28 de mayo; o la Sentencia indicativa: SCP 17/08/2013 de 10 de octubre, o las sentencias: 1034/2013 de 27 de junio y 478/2014 de 25 de febrero (con la Constitución vigente de 2009); donde se establecen las condiciones de validez formal y eficacia jurídica de las renuncias de autoridades electas.

Las segundas vicepresidencias representan a la minoría legislativa, por tanto era inviable que el mando presidencial recayera en esa fracción; contrariamente, debió caer en la representación de la mayoría democrática popular tras recomponer las directivas camarales, respetando así la voluntad del soberano.

Dos periodos de análisis, un hecho político y un acto constitucional.

El hecho político. El 12 de noviembre donde el país atestiguó las palabras de la exsenadora Áñez “(…) asumo de inmediato como presidenta del Estado (…)”, en fiel contradicción a esta línea jurisprudencial del TCP no fue más que una sucesión inconstitucional, si bien el TCP emitió (de oficio) un comunicado ambiguo éste no tenía valor jurídico alguno porque el supremo contralor solo se pronuncia mediante: autos, declaraciones y sentencias constitucionales.

Primer periodo. Donde la exsenadora- gobernante ya no goza de fuero de privilegio para ser juzgada en el periodo entre el 13/11/2019 y el 14/01/2020, sino solo por la vía ordinaria; porque detentó un “Régimen de Facto Político” que —y es una realidad jurídica— puso en vigencia las leyes: 1266 (de 24/11/2019 que convoca a elecciones generales), 1269 (de 23/12/2019 que convoca a elecciones subnacionales) y 1270 (de 20/01/2020 de prórroga excepcional de mandato), leyes que gozan del principio de presunción de constitucionalidad porque el TCP no las declaró inconstitucionales. No debe sorprender esta situación de la sobreexistencia de leyes de regímenes de facto. Actualmente en Bolivia aplicamos los códigos: Penal (1972), Civil (1975) y Comercial (1977) cuyas leyes se aplican plenamente, normativas que devienen y fueron puestas en vigencia en la dictadura militar de Hugo Banzer, entonces ¿por qué no podrían supervivir en el tiempo las leyes del régimen de la senadora Áñez?

El acto constitucional del 15/01/2020: la DCP 01/2020. Donde en su parte tercera resolutiva da por bien hecho los actuados legales (antes señalados) que conduzcan a la reconstrucción del poder político, por ello la exhortación inclusive a las ETA (Entidades Territoriales Autónomas) para garantizar procesos electorales posteriores y prorroga el mandato de quienes estaban detentando el poder en ese momento. No declara la constitucionalidad de la sucesión, solo del ejercicio de funciones de quienes detentaban el poder político para ese momento: Ejecutivo (senadora Áñez), Legislativo (senadora Copa), nueve gobernadores más sus asambleístas, y más de 330 alcaldes y sus concejales.

Segundo periodo, del 15/01/2020 al 8/11/2020: el “Régimen De Transición”. Donde todos sus actos gozan de legalidad (Juicio de Responsabilidades) a partir del reconocimiento del DCP 01/2021 que no aborda en el fondo la aplicación de la sucesión presidencial el año 2019, que no avaló la constitucionalidad de la toma del poder; por lo que el TCP solo extendió el ejercicio de funciones de quienes detentaban el poder político en ese momento extendiendo excepcionalmente el mandato (en control previo de constitucionalidad) porque ya finalizaba un periodo constitucional de cinco años y lo amplió más allá de lo dispuesto en la propia CPE.

Finalmente; con esta SCP se tiene un elemento de prueba de carácter documental y contundente al proceso ordinario que se le sigue a la exsenadora Áñez por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y la ley, por lo que es innecesario alargar más la etapa preparatoria; la Fiscalía debe, dentro la presunción de inocencia y el debido proceso, presentar la acusación formal e ir a juicio oral para buscar sentencia ya sea ésta absolutoria o condenatoria.

 (*)Israel Quino R. es abogado y periodista

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La wiphala y la generación de riqueza

Crítica a la reivindicación de la pobreza; elogio a la cultura de la competitividad productiva.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:51

DIBUJO LIBRE

El “wiphalazo” realizado el pasado 12 de octubre reivindicó la wiphala y encendidos discursos políticos aseveraron que representa a los pueblos pobres, discriminados y oprimidos, por lo que, siguiendo el razonamiento lógico, permanentemente se reivindica ser pobre, discriminado y oprimido, como cualidades del “pueblo” boliviano. Corresponderá realizar un análisis discursivo, objetivo, de las autoridades del Estado Plurinacional, gobiernos subnacionales, dirigentes de las organizaciones sociales y cívicas.

El 18 de octubre, el Gobierno, las organizaciones sociales y el Pacto de Unidad se reunieron en la Cumbre por la Reactivación Económica y Productiva, en medio de discursos contradictorios.

Para formalizar el planteamiento, recurriré a la noción filosófica que traduce uno de los aspectos del desarrollo dialéctico, la doble negación, principio que es considerado como ley del pensamiento en la lógica clásica.

La reactivación económica o generación de riqueza debiera superar la pobreza, es la negación de la pobreza, pero la fórmula no funciona porque en lugar de negar la pobreza, se la reivindica discursivamente.

En palabras del Pocholo, por hacer una analogía y salvando el tema de género, el discurso actual sería algo como decir “porque ser pobrecito es bien”; y no es así, porque si eres pobre no puedes acceder a alimentación, vivienda y servicios básicos.

Requerimos cambiar de discurso y actuar en consecuencia a todo nivel, una verdadera y honesta revolución cultural.

Es tiempo de recuperar nuestra fuerza, de reivindicar nuestras culturas ancestrales como grandes civilizaciones, en lugar de alimentar sentimientos de victimización de pueblos oprimidos por más de 500 años.

C.V. Schmidt Colque en su libro SUYUNPACHA, Epigenética de la sabiduría del Tawantinsuyu, auge y ocaso devela que somos herederos de una de las más genuinas y maravillosas civilizaciones del planeta y que la introducción de dogmas ajenos a nuestra civilización, incubaron el virus del odio a los orígenes (misogenia) y enarbola un nuevo proyecto político biocivilizatorio impulsado por el servicio honorable, la integración holística, la valoración de la consciencia y el autogobierno sabio, para superar los viejos proyectos políticos economicistas de izquierda y de derecha.

Tradicionalmente, la academia en el país se ha concentrado en el estudio de la pobreza, muy tímidamente en la generación de riqueza o los factores que la promueven; la competitividad es casi una mala palabra. Sin embargo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) está evaluando el monitoreo de la competitividad departamental a través de un índice de competitividad departamental, a partir de un conjunto multidimensional de indicadores, que puedan orientar la asignación de recursos en los gobiernos subnacionales y la generación de riqueza.

El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, que a su vez establece el nivel de prosperidad que esa economía puede lograr”, en esa línea, el Nobel de Economía Douglas North entiende el desarrollo económico como un proceso de superación de la acción colectiva, en el que la creación de normas y patrones de comportamiento, de marcos legales y regulatorios, y de organizaciones, permiten reducir los “costos de transacción” (información y negociación, vigilancia y control de los contratos), gracias a lo cual es posible crear y desarrollar (completar) mercados.

El desarrollo económico es, entonces, consecuencia de la acción colectiva, de las normas y patrones de comportamiento de su población, que también se va construyendo a partir del discurso y la ética de sus líderes.

El clásico del management, Stephen Covey, sostiene que “todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física”, como una vivienda que empieza con los planos.

 (*)Janneth Arreaño F. es economista

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Actuar contra la violencia hacia mujeres y niños

Es imprescindible abordar la violencia contra las mujeres y los niños desde una perspectiva integral.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:44

DIBUJO LIBRE

En septiembre de este año el municipio de Cotoca se tiñó de fatalidad. Dos mujeres, madre e hija, perdieron la vida en manos de quien fue su esposo y padrastro, días después el agresor se quitó la vida. Como consecuencia de este hecho, cuatro niños quedaron en la orfandad y terriblemente afectados ya que presenciaron el asesinato de su madre y hermana. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó que hace 10 años el autor del doble feminicidio intentó matar a su anterior pareja y procuró quitarse la vida.

Este no es un caso aislado. Hechos similares de violencia hacia las mujeres y la niñez en el país se repiten con una regularidad aterradora. Bolivia tiene una de las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres en América Latina, solo superada por Honduras, El Salvador y República Dominicana, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. En lo que va de este año, son 90 los feminicidios y 31 los infanticidios suscitados en el país. Con estas cifras, la violencia que diariamente viven mujeres, niñas, niños y adolescentes adquiere carácter de emergencia nacional.

La Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, que entró en vigencia en marzo de 2013, marca el inicio de un cambio de modelo en la concepción y el abordaje de la violencia de género en Bolivia. Esto tiene que ver, por un lado, con la tendencia internacional de adecuarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y por otra, con una consecuencia histórica de la lucha de las mujeres que demandan al Estado una norma, de características integrales, que supere la “violencia intrafamiliar” y que dé respuestas estructurales a un delito público que se repite impunemente todos los días.

Ocho años después, a pesar de varios esfuerzos institucionales derivados de esta ley, la situación de violencia contra las mujeres en el país no se ve impactada de manera considerable. La brecha entre la norma y la realidad obedecen a varios factores: culturales, sociales, institucionales, de coordinación y económicos, entre otros.

La encuesta de prevalencia de violencia de 2016 refleja que 74% de las mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida; muestra también que el fenómeno de la violencia no solamente es multicausal, sino también está influido por factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales, que acompañan el comportamiento violento, traspasando ámbitos entre las personas, la familia, la comunidad y la sociedad.

Es imprescindible abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral, que ofrezca posibilidades de cambios institucionales, culturales, sociales y normativos. Cambios que implican poner el respeto a los derechos de las mujeres en el centro de las transformaciones tendientes a una distribución más igualitaria de poder y recursos entre los géneros.

La violencia de género, además de los daños físicos y psicológicos que generan en las víctimas directas, tiene repercusiones particularmente graves para las niñas y niños que viven en hogares donde ésta es un fenómeno habitual. En la actualidad se considera que las niñas y niños que son testigos de violencia, a la larga también pasan a ser niñas y niños golpeados, debido a que presentan la misma sintomatología psicológica que los que sufren maltrato directo. Los niños y niñas dependen emocional y afectivamente de sus padres, y tienden a imitar los roles y las conductas que observan, debido a lo cual en el futuro pueden tener dificultades para establecer relaciones afectivas diferentes a las conocidas en su infancia.

Uno de los principales factores que impide al Estado boliviano dar una respuesta efectiva a la violencia contra la niñez, adolescentes y mujeres es la falta de presupuestos públicos adecuados. Con presupuestos suficientes se podría avanzar en la prevención, atención y restitución de derechos. Se podría contar con medidas focalizadas, recursos humanos especializados y suficientes, infraestructura, tecnología, calidad en los programas y servicios en función de las necesidades de las mujeres y la niñez.

Es evidente que en el nivel local, entidades como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) atraviesan serias limitaciones para poder dar respuesta a la demanda de la población. De manera similar, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tiene una cobertura de acción limitada por falta de recursos presupuestarios; por otra parte, las Fiscalías Especializadas solo funcionan en las capitales de las ciudades y en algunos municipios intermedios, así como el Instituto de Investigación Forense se encuentra solo en algunas ciudades capitales. Estos hechos configuran la radiografía de un Sistema de Protección Contra la Violencia que requiere una mejor asignación presupuestaria y de gestión para poder brindar servicios eficientes y de calidad.

Según información extraída del presupuesto institucional de gasto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los municipios capitales de departamento y El Alto, la asignación presupuestaria de 2021 para las DNA, los SLIM y el fortalecimiento de la FELCV asciende a Bs 98,9 millones, monto que equivale en promedio a 1% del presupuesto institucional. Esta proporción resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, que requiere acciones en materia de atención integral a las víctimas, pero fundamentalmente de programas de prevención de violencia en la sociedad.

A pesar de los importantes avances normativos e institucionales en Bolivia para priorizar las políticas de prevención y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el país sigue inmerso en una problemática compleja que debe ser tratada con prioridad; se hace urgente dar solución a este problema, que se ha cobrado tantas vidas.

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas, junto a socios institucionales y de la sociedad civil, viene desarrollando una estrategia dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención, atención y restitución de los derechos de las víctimas de violencia en el país. Son numerosos los esfuerzos para avanzar en este gigantesco desafío; sin embargo, es imprescindible lograr una articulación más eficiente y coordinada de los mismos, para amplificar resultados y cubrir vacíos de información, de gestión y de presupuesto. Sin olvidar la responsabilidad ciudadana de denunciar y condenar cualquier forma de violencia contra mujeres y niños, en sus hogares y en los ámbitos públicos. La gravedad de la situación requiere una acción colectiva de emergencia.

(*) En celebración del 76 aniversario de Naciones Unidas, ONU Bolivia en octubre publica una serie de artículos para reflexionar temáticas importantes para el país en el camino de la recuperación pospandémica.

 (*)Equipo país de ONU Bolivia (*)

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En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

En 2003, la clase media apoyaba a las víctimas; hoy es diferente, la sociedad está muy polarizada.

Thomas Becker, abogado estadounidense de las víctimas de octubre de 2003, testigo directo de las masacres de noviembre de 2019

Por Iván Bustillos

/ 17 de octubre de 2021 / 18:56

El punto sobre la i

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

Thomas Becker, estadounidense, abogado de las víctimas de octubre de 2003; también colabora con los familiares de las víctimas de las masacres de 2019. Becker estuvo en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre, el 15 de noviembre de 2019; por su trabajo, también conoció de cerca lo ocurrido en Senkata el 19. Pocos como este activista en derechos humanos para sopesar las similitudes y diferencias de lo ocurrido en Senkata en octubre de 2003 y noviembre de 2019.

—De primera, ¿qué similitudes hay entre 2003 y 2019 en relación a las muertes en Senkata?

—Voy a comenzar por los decretos, porque éstos abrieron la puerta para la violencia más extrema. En 2003, el Decreto 27209, que movilizó a las fuerzas estatales para transportar el gas, fue llamado el ‘Decreto de la muerte’; Goni mandó a los soldados y mucha gente murió el 12 de octubre. En 2019, Áñez dictó el Decreto 4078, que también movilizó las fuerzas estatales, pero esto fue más extremo que en 2003, porque ofreció inmunidad a los soldados que maten a personas; es un decreto totalmente ilegal; muchos especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación.

—¿Un mismo discurso también?

—Hemos visto pretextos y excusas muy similares. Los dos gobiernos dijeron que los responsables son terroristas, comunistas, narcotraficantes; el discurso era casi igual. Es importante recordar que hay miembros de los dos gobiernos. Jaime Aparicio fue embajador de Goni y de Áñez. Él fue testigo de Sánchez Berzaín y de Goni en nuestro caso, y su discurso era casi igual en 2003 y 2019; ha dicho que en los dos casos los manifestantes estaban allá para explotar la planta. Y en la Clínica de Harvard hemos analizado si hubo el intento de explotar la planta, y en los dos casos no había ninguna prueba. El Grupo (Interdisciplinario) de Expertos (Independientes) GIEI analizó esto y tampoco encontró prueba. Yo hablé con los fiscales durante el gobierno de Áñez, y ellos me dijeron que no podían encontrar ningún cartucho de dinamita. Pero la narrativa sigue, en 2003 y en 2019: hay todavía mucha gente que piensa que iban a explotar la planta.

—¿Muertos en ambos lados?

—En 2019 es más en blanco y negro; en 2003, del lado de las fuerzas estatales hubo dos muertos y dos heridos. En 2019, en Sacaba y en Senkata, cero policías, cero militares recibieron bala, ni un policía ni militar murió, ni fue herido.

—Lo de 2019 parece más urbano; en 2003 había gente del campo.

—En 2003 había más apoyo de la clase media, y ahora (2019) hay una división más fuerte, y la clase media no está apoyando a las víctimas tanto como en 2003; la diferencia es que en 2003 no había muchas investigaciones; ahora tenemos investigaciones de la CIDH, del Grupo de Expertos, de la ONU, de la Red Universitaria de Derechos Humanos, de la Clínica de Harvard, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo; muchas instituciones han investigado lo que pasó y han dicho que son masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales; hay mucha prueba imparcial, internacional, que ojalá pueda impulsar los casos un poco más rápido que en 2003, porque entonces no existió como ahora.

—El GIEI destaca la violencia racista en 2019.

—En 2003 y 2019 los que murieron fueron indígenas, los que mataron, aunque eran una mezcla, pero generalmente no eran indígenas. Es casi igual, las víctimas en 2003 son aymaras y quechuas, lo mismo que en 2019. Nosotros hemos investigado muchísimo los dos casos; las palabras son casi exactas; yo he recibido muchos testimonios de personas que han dicho que los soldados dijeron cosas muy racistas, cuando disparaban a la gente, como: ‘indios de mierda’, ‘animales’, ‘perros de mierda’, ‘maricones’, etc., muchas palabras antiindígenas, muy machistas, en los dos casos. Pasó también que mientras había personas que trataban de ayudar a otras, soldados les disparaban; esto pasó en 2003 y en 2019.

—La teoría de Murillo de que se han matado entre ellos. ¿Se llegó a decir lo mismo en 2003?

—Sí, han culpado a las víctimas; han dicho que las víctimas han disparado, en los dos casos. La tecnología ha complicado y ha ayudado. Por un lado, cuando el ministro de Defensa López dijo ¡ningún soldado disparó una bala!, hay pruebas, hay videos, mostrando a soldados disparando; pero hay personas que todavía creen esta narrativa, pero es absolutamente claro que es una mentira. Por un lado, hay más evidencia, videos, pero también la tecnología está complicando las cosas, porque muchas personas, especialmente en esta situación tan polarizada, buscan información en las redes sociales; miran memes, y deciden qué es verdad o no basados en información de redes sociales, pero no en información concreta, académica, clínica, como las investigaciones del GIEI, de la Clínica de Harvard o de la ONU.

—En 2019, dicen los informes, se obstaculizó las investigaciones, las autopsias. ¿Pasó lo mismo en 2003 o esto fue exclusivo de 2019?

—No, no. También había bloqueos de investigación. En 2003 fue un mes de violencia, y las familias, como en 2019, temían que iban a desaparecer cuerpos, han dicho que no recibieron información concreta. Para el juicio de responsabilidades de 2003, con Rogelio Mayta, teníamos que conseguir necropsias, porque las autopsias no eran suficientes, y en 2019 han bloqueado personas y han destruido pruebas. En 2019, en Sacaba, por ejemplo, varios testigos me dijeron que los militares, después de matar personas, usaron mangueras de agua para limpiar la sangre y recogieron las balas, para que la gente no pudiera tener pruebas.

—En todos los informes sobre 2019 se destaca la existencia de grupos civiles que se daban la autoridad para detener. ¿Pasó lo mismo en 2003?

—Ha pasado un poquito, pero no como en 2019. En parte porque, por ejemplo, el grupo de los motoqueros estaban trabajando como policías; había policías vestidos de civil, trabajando juntos. En El Alto, en 2003 fue casi El Alto contra el gobierno; pero en 2019, en general El Alto se manifestaba, pero en algunos barrios, en Ciudad Satélite, por ejemplo, he hablado con varias víctimas de abusos, cuando los soldados o los policías han trabajado con los vecinos para detener a una persona, para atacarla, para torturarla. En 2019, grupos como los motoqueros son muy organizados, han recibido apoyo directo del gobierno de Áñez y han cometido abusos, y son abusos documentados. Todo lo que digo está basado en investigación, en documentación, no es una simple opinión. Son grupos paraestatales que recibieron plata, armas, apoyo y han trabajado junto con los policías; y eso no había tanto en 2003.

—¿Qué posibilidades de justicia hubo y hay en 2003 y en 2019?

—Complicado decirlo. Inmediatamente después de 2003 había mucha población que quería un juicio, pero las víctimas tenían que pelear y pelear, no había dos tercios (en el Congreso de entonces); todos en esta época dicen que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, pero al principio no querían apoyar un juicio. Lo bueno es que el juicio de responsabilidades que manejó Rogelio Mayta y el juicio contra Goni (en Estados Unidos) sirven como precedentes, que pueden presionar muchísimo más. La comunidad internacional, en general, sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; y yo creo que será una vergüenza si los políticos no apoyan un juicio de responsabilidades; pueden complicar la situación política internacional, porque la comunidad internacional sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; el informe del Grupo de Expertos es muy claro sobre lo que pasó, el informe de Harvard es muy claro, la ONU, etc.; esto no pasó en 2003. Que haya estos informes puede abrir el camino a una justicia más rápida, pero hay una polarización ahora, que es fuerte, y la clase media no apoya como apoyaba en 2003. En 2019 hay prueba más fuerte y más directa, lo que no existía en 2003.

—¿Alguna diferencia?

—Lo que le pasó a Patricia Arce (exalcaldesa de Vinto), por ejemplo; fue secuestrada y torturada; esto se hizo viral; en todos los países del mundo se ha visto lo que pasó con Patricia Arce. Yo creo que internacionalmente la gente sabe qué gobierno fue Áñez, Murillo está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero; hay muchas señales de que este gobierno fue violento y que ha cometido varios delitos. Entonces, la sociedad internacional puede ayudar a presionar más que en 2003, cuando no había mucha información.

—Ud. estuvo en Sacaba el día de la masacre; nadie se lo contó.

—La verdad, lo que vi nunca voy a olvidar; tengo pesadillas. Yo recuerdo los momentos, por ejemplo, cuando tenía que entrar al hospital, tenía que hacerlo en forma secreta, porque me bloqueaban. Hablé con una víctima, él perdió su ojo; al ayudar a una persona, un soldado le disparó en el ojo. Yo fui la primera persona con quien habló. Y lloraba con el ojo que todavía tenía. Y me decía: ‘tú vas a ver, mañana van a decir que es nuestra culpa, que somos comunistas, narcotraficantes, somos indios’. Y, la verdad, fue muy difícil creer esto porque fue tan extremo; lo que vi fue que todos los huecos de las balas mostraban que las balas llegaban desde donde estaban los soldados; la evidencia fue muy clara. Varios medios de comunicación han dicho exactamente lo que dijo el gobierno, que se dispararon entre ellos, que fue un conflicto. No fue un conflicto, fue una masacre. Y lo que fue muy triste para mí era la falta de esperanza; en 2003 había más esperanza, pero en 2019, la gente tenía miedo; ellos decían: ‘la sociedad boliviana no va a creernos’, y eso pasó. En 2003 Goni se fue y la sociedad sabía lo que pasó, pero en 2019, después de las masacres, ha habido una persecución extrema. Había un ambiente muy difícil para organizar, movilizar, buscar justicia; fue más complicado en 2019-2020 que en 2003.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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