En la víspera de Navidad, el martes 24, el ahora presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, señaló que dicha instancia analizará el pedido de cancelación de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS), a raíz del “fraude electoral” en que habría incurrido. “Existen requerimientos. El tema va a ser abordado en Sala Plena y va a ser resuelto en un plazo muy breve”, destacó el vocal. Habiendo sido tema permanente desde el día siguiente a la elección del 20 de octubre, el ‘fraude’ al parecer volverá a tomar vuelo, pero esta vez más concreto y de consecuencias ciertas, pues ahora será el juez electoral (que eso también es el TSE) que deberá decidir sobre el asunto. Así, pese a lo asentada socialmente que está la idea o noción de que el 20-O hubo ‘fraude’ con el MAS de beneficiario, no está demás un repaso del hecho.
Naturalmente, la mayor referencia para sostener la convicción de que hubo fraude es la auditoría (‘Análisis de Integridad Electoral’) que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo por encargo del propio gobierno del expresidente Evo Morales, más aún cuando uno de los acuerdos Gobierno-OEA era el carácter vinculante de su resultado.
OEA. De principio, hay que decir que en el informe final de la OEA (emitido el 4 de diciembre) en ningún momento se utiliza la palabra “fraude”; es el secretario general del organismo, Luis Almagro, quien difundió la idea al afirmar que “hubo fraude en todas las etapas del proceso” (sesión extraordinaria de la OEA del 12 de noviembre para ver el caso boliviano). Lo que el informe señala es que los auditores encontraron “manipulación dolosa” en los comicios en dos planos: uno, en lo relativo a las actas, su alteración y hasta “falsificación de las firmas de los jurados de mesa”, y, dos, la manipulación informática, que hubo un “redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”. La OEA también halló “parcialidad” en la autoridad electoral, que permitió el referido desvío del flujo de información. Ahora, a punto seguido, el informe reconoce que su trabajo de todos modos ha sido “un ejercicio de auditoría acotado”, limitado al poco tiempo que dispuso y, acaso lo principal, a que varias contrastaciones que pudo hacer no fueron posibles debido a la violencia desatada en esos días, especialmente a la quema del material y de los tribunales electorales.
El equipo auditor de la OEA llegó a cinco hallazgos, señala el informe: “1. Los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y de cómputo definitivo estuvieron viciados; 2. Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado. 4. Las actas del cómputo no son confiables. No obstante, del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. 5. La tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable”.
El informe expone un listado de 34 acciones y omisiones “que definitivamente impactaron en la certeza, la credibilidad y la integridad de los resultados” de la elección. Un listado que las clasifica, de lo más grave a lo más leve en: a) 12 acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección (actos dolosos de plena intención); b) 13 irregularidades graves (en que no está claro si hubo o no intención de manipular pero que incidieron en la integridad del proceso); c) 7 errores (equivocaciones o negligencias sin indicios de intención); y, d) 2 indicios (hechos que indicaban “comportamientos anormales”, a investigar luego).
Lo que para muchos está oleado y sacramentado (el “fraude en todo el proceso” como dice Almagro) fue objeto, sin embargo, de observaciones también técnicas y conceptuales; fueron dos los principales documentos críticos del informe de la OEA: el del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Buenos Aires, Argentina, hecho conocer el 6 de diciembre; y el del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), Washington, EEUU, 12 de diciembre de 2019.
CELAG. La primera observación que Celag hace es que la argumentación de la OEA se basa solo en dos hechos: el TREP y la falsificación de firmas. Sobre el TREP, resalta que 10 de 12 acciones deliberadas remiten al TREP; 10 de 13 irregularidades graves hacen lo mismo; y 4 de los 7 errores, también. Asimismo, Celag afirma que el grueso de los argumentos de la OEA hace referencia a lo acontecido después del final del TREP (83,7% de las actas)
La OEA omite el hecho, insiste Celag, de que el TREP no es el sistema de conteo oficial y que por ello no es vinculante. Omite información crucial sobre este sistema: por ejemplo, la declaración del exvocal Antonio Costas, en sentido de que el TREP iba a dar solo entre 80 y 90% del cómputo; o sea, se deja de decir que el TREP estaba diseñado solo para entregar datos entre el 80 y 90%, “no más”. La OEA promueve la conclusión errónea de que el TREP era el sistema que iba a dar el resultado definitivo y hasta el 100%.
El propio gerente de Neotec, Marcel Guzmán, ratifica esto: “Se verificarán 34.000 actas para obtener entre el 80 y 90% de los resultados”. (El 80 y 90% son alrededor de 30.000 mesas).
Según el TSE, recuerda Celag, la elección de octubre tenía un total de 34.558 mesas en el país y en el exterior, y el TREP estaba diseñado de tal modo que ‘nunca’ contaría 4.558 mesas. Y no se dice nada sobre si el TREP tenía algún criterio de cómo seleccionar las mesas que iba a contar, mucho menos su probable orientación política según esté en el área rural o urbana.
La OEA, continúa Celag, obvia el hecho de que el sistema se instaló por recomendación suya.
Sobre la empresa que llevó adelante el TREP, la OEA “oculta deliberadamente” al menos tres hechos: uno, como dijo Costas, era la primera vez que se utilizaba esta tecnología, y que, “por tanto, la impericia podría estar detrás de las imprudencias detectadas”; la OEA reconoce esto en la página 46 de su informe, pero lo omite en sus conclusiones y en su resumen ejecutivo. Dos, que Neotec era la principal responsable de la configuración informática que denuncia la OEA (por tanto, la real culpable). Y, tres, la OEA “obvia que el gerente de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, había manifestado su preferencia por Mesa, con el que es sabido que mantiene una relación próxima”.
Así, el Celag concluye: La OEA fundamenta sus conclusiones en 12 supuestas irregularidades, de las cuales 10 se refieren al TREP, “un sistema auxiliar, un sistema no vinculante y un sistema que, como la propia OEA y las partes participantes en el proceso electoral reconocen, no podía determinar el resultado electoral, puesto que no estaba diseñado para contar más de 34.000 actas”.
Sobre las irregularidades en el conteo oficial, Celag afirma que la OEA apunta hacia 34.718 votos de 47 municipios, en los cuales habría encontrado irregularidades. Omite que solo 4,6% (página 9 del informe) pudieran estar comprometidas; incluso si todas estas mesas fueran para Mesa, igual 85,4% (91 menos 4,6%) serían para Evo, una cifra que le habría dado la victoria en primera vuelta. Omisión 2: la OEA oculta que las 4.692 actas escrutadas por el organismo internacional son una muestra parcial de actas que no pasaron por el TREP (página 9); “son, por tanto, una muestra del 5% de votos escrutados en último lugar, es decir, los votos rurales de zonas más remotas y en las que los niveles de alfabetización son menores”.
Omisión 3, apuntada por Celag: Las actas identificadas como irregulares son 4,8% de las actas que la OEA vio (226 de 4.692), “lo que representa únicamente el 0,25% del universo completo. Es decir, que incluso en el caso de que se asignaran en un 100% a Mesa (cosa harto improbable), la distancia con respecto a Evo no bajaría de 10,41%”. Otra omisión de la OEA es que todas las actas objetadas por el organismo son de zonas donde no había presencia de jurados de mesa opositores, un indicio claro de su baja incidencia allí; la OEA reconoce que no pudo hacer cotejos adicionales por la quema de los votos, un hecho delictivo que llevaron adelante los opositores, lo que en ningún momento reconoce la OEA; por eso luego extrañamente imputa como prueba de fraude la quema de las actas.
El Celag apunta que cuando la OEA dice que el 5% final del conteo es el sospechoso de manipulación, no señala que estas actas vienen de lugares donde el MAS es mayoría abrumadora, zonas donde incluso se practica el voto por “prescripción comunitaria”, con lo que es posible una gran mayoría, el cien por ciento, inclusive. Por eso, Celag le critica a la OEA que la muestra que ésta dice tener para demostrar las irregularidades no es aleatoria (que represente al conjunto de la votación), sino selectiva, que se enfoca solo allí donde el MAS obtuvo votaciones sobre 70%.
La OEA dice que en 226 actas, más de dos fueron llenadas por una misma persona. En esas 226 actas ¿hay algo de raro, algún incremento exponencial? Celag las pone junto a actas no cuestionadas en los mismos recintos electorales y encuentra que la tendencia es similar. O, sea, actas cuestionadas y no cuestionadas por la OEA tienen la misma tendencia. Así, concluye, “es tendencioso el intento de impugnar los casi 35.000 votos en las 226 actas, toda vez que en su mayoría no reportan diferencias significativas respecto a sus medias municipales”.
“En definitiva, afirma Celag, el informe de la OEA, ya sea por incapacidad técnica o por dolo, incurre en debilidades manifiestas”.
CEPR. Aparte de lo apuntado por Celag, el análisis hecho por el CEPR apunta hacia el primer informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA, cuando el 21 de octubre, tras reanudarse el TREP, dijo que se produjo un cambio “drástico” en el cómputo e “inexplicable” en la tendencia de los resultados.
Aquí, el CEPR afirma que, por el contrario, “el cambio de tendencia era tanto explicable como predecible, basado en los primeros resultados del 84% de votos procesados antes de la interrupción del TREP. Era probable que actas contabilizadas posteriormente en el proceso del TREP provengan de zonas que ya habían expresado una clara tendencia a favor de Morales”. La OEA, dice el CEPR, se niega a reconocer esta diferencia geográfica de la votación.
Cuando la OEA afirma que el cambio sospechoso de dolo en la tendencia ocurrió en el último 5% de los votos procesados, omite el hecho de que en su informe, en las páginas 93 y 94, se ve que “el desempeño de Morales en el 5% final de la votación disminuyó comparado con el 5% inmediatamente anterior, lo que desa-credita el propio análisis de la OEA que alega demostrar un cambio de tendencia”.
Cuando la OEA afirma que es una plena irregularidad que un conjunto de actas haya sido llenada por una misma persona, esto, señala el CEPR, “lejos de ser una señal de fraude o de manipulación ‘deliberada’ de los resultados, como afirma la OEA, se trata de un fenómeno ampliamente conocido: en áreas rurales y recintos más pequeños no es inusual que una misma persona llene la información correspondiente y que posteriormente estas personas firmen el acta. Estos casos son especialmente comunes en zonas donde existen altos índices de analfabetismo funcional”.
La OEA parece especialmente preocupada por el “servidor oculto”, que apareció después de la interrupción del TREP, lo que sugiere habría posibilitado la manipulación directa del resultado electoral. Para el CEPR, para probar dicho fraude, la OEA “pudo haber llevado a cabo una serie de ejercicios de verificación para revisar la legitimidad del voto, por ejemplo, confirmar que el servidor ‘oculto’ u otras vulnerabilidades en la base de datos hayan realmente facilitado la manipulación de los resultados”; la OEA en últimas no da cuenta de esto en su informe.
“Lo que la auditoría de la OEA sí identifica son irregularidades electorales, las cuales generarían típicamente recomendaciones por parte de la organización y sus misiones de observación para procesos electorales futuros. Ciertamente hay aspectos del sistema electoral boliviano que deberían ser mejorados, pero existe una diferencia importante entre irregularidades y fraude”, concluye el informe del CEPR.
Iván Bustillos es periodista de La Razón