jueves 16 jul 2020 | Actualizado a 13:00

La desigualdad es explosiva, en el norte y el sur

Reuter coordina una de las mayores redes de partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas del globo.

/ 22 de marzo de 2020 / 12:27

Foto: Luis Gandarillas

La Alianza Progresista (AP) es una agrupación política internacional, una “red global” (según su sitio web oficial) que reúne al menos a 140 partidos “progresistas, socialdemócratas y socialistas” del mundo creada en 2013; es una escisión de la Internacional Socialista (IS), la agrupación de la izquierda global más antigua, que nació en 1951, y que a la fecha cuenta con 135 partidos miembros.

Es peculiar el nexo entre ambas organizaciones, pues algunos partidos están en las dos; pero también hay diferencias notables, para el caso de Sudamérica, por ejemplo: de Bolivia, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) es parte de la AP (y no de la IS) el partido boliviano en las listas de la IS es Unidad Nacional (UN); por Brasil, mientras en la lista de la AP está el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula Da Silva, en la de la IS está el Partido Democrático Laboralista; o si en la IS está el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la AP figura el más reciente Partido de la Revolución Democrática (PRD). Conny Reuter, nuestro entrevistado, es el coordinador global de la Alianza; de visita al país la semana pasada, compartió la visión de los partidos progresistas.

—La Alianza es heredera de algún modo de la Internacional Socialista. ¿Cómo es esa historia?

—La historia es que durante un tiempo varios partidos querían una reforma de la Internacional Socialista, porque allí había problemas con la presencia de sistemas (gobiernos) dictatoriales, que antes de acceder al poder eran progresistas, pero en el momento del ejercicio y mantenimiento del poder se han convertido en regímenes autoritarios y dictatoriales. Siempre hubo la oposición de algunos partidos, que vieron que no era fácil o posible cambiar la Internacional, por eso han tomado la iniciativa de crear esta Alianza Progresista.

—En lo básico, ¿qué separa a los partidos socialistas y progresistas de los autoritarios?

—El autoritarismo es antidemocrático, es una violación de los valores fundamentales de la socialdemocracia; puede que el desarrollo no sea como lo queremos, pero cuando es autoritario, la socialdemocracia no puede aceptarlo. Es una cuestión de credibilidad. Yo personalmente estoy convencido de que una de las grandes dificultades, hoy, en la socialdemocracia y en los socialistas es la falta de credibilidad; por eso los partidos que fueron muy críticos dentro la Internacional Socialista lo eran porque han visto que no era posible desa-rrollar globalmente una alternativa, porque había la violación de esos derechos fundamentales, cuando algunos habían abandonado la idea de la democracia.

—¿Cuántos partidos de la Alianza están en el poder y cómo les está yendo? Ese suele ser el problema de los partidos progresistas: en la oposición son muy cuestionadores, pero cuando están en el poder, cambian.

—En Europa hay mínimo 12 países; empezó con Portugal y España, continuamos con Suecia, Finlandia y otros países; estamos en los gobiernos de Italia, Alemania, Luxemburgo; en África, en la República Democrática del Congo, y ahora también en Túnez, con el nuevo gobierno.

—De aquí el Movimiento Al Socialismo está asociado.

—Sí está.

—Tienen experiencia estatal.

—Sí, claro, por eso es importante que nosotros coordinemos con los gobiernos progresistas.

—¿Cuál es el ideario básico de la Alianza, cómo se ubica en relación con otros grupos?

—El único interés de la Alianza es el desarrollo de nuestra plataforma, que es abierta, de 140 partidos socialistas, socialdemócratas y progresistas, que trabaja sobre cuestiones de fondo, como el futuro del trabajo en nuestras sociedades, la inmigración, la sostenibilidad democrática, la sostenibilidad económica; además, nosotros hemos desarrollado diferentes visiones de solidaridad; y en nuestro funcionamiento, y esto es un mensaje político, tenemos solamente una coordinación, yo soy el coordinador; no tenemos presidencia ni secretario general, sino el coordinador global, y hay coordinadores regionales en Asia, África, América Latina.

—Uno de sus fuertes es Europa, pero allí tienen el problema del avance de la extrema derecha.

—El fondo de estos partidos siempre ha sido la exclusión. Han empezado con la cuestión de la inmigración masiva. Hoy son una realidad, tienen una plaza muy fuerte; han logrado introducirse en parlamentos de casi de todos los países, no solo en el europeo. Últimamente lo han hecho en España, algo impensable hace cinco años. Ahora, algunos se convierten en partido negando el cambio climático, no les interesa el fondo de la cuestión; no buscan soluciones, lo único que buscan es la división de las sociedades, y de montar grupos, unos contra otros, y en esto tienen mucho éxito porque en casi todos los países, incluso en Europa, hay una fuerte desigualdad. Dicen: el Estado no hace nada por vosotros, los migrantes les toman vuestro trabajo, y lo peor, en el fondo, es que tienen proyectos económicos neoliberales, y se reivindican socialistas, nacional socialistas, y tienen éxito porque el desarrollo económico no ha servido para reducir las desigualdades. Y esto de las desigualdades es muy explosivo, en el norte y en el sur; lo vemos en Chile, que siempre fue considerado un país rico de la región, pero la desigualdad ha continuado hasta agravarse, y después vino la explosión social.

—Hay un hecho central para la socialdemocracia europea, el Estado de Bienestar. Parece que se lo está socavando.

—El Estado de Bienestar existe en los países europeos, pero en diferentes expresiones, diferentes formas de organización; la presión en contra vino con el famoso Pacto de estabilidad y de crecimiento, que ha puesto límites en los gastos públicos y en la deuda pública.

—La política de austeridad.

—Sí, la política pública de austeridad, que era el cuadro ideológico para reducir esos gastos; aunque al final hubo un crecimiento de las desigualdades; pero de todos modos, los estados de bienestar, comparados con otros modelos, existen, pero tenemos que reinventarlos; tenemos que resolver la cuestión del financiamiento de las pensiones en el futuro, la calidad del empleo, cómo organizar los servicios sociales, la educación como un bien público y no algo privatizado, hecho solamente para los ricos.

—Desde Latinoamérica, ¿qué cuestiones plantean los partidos progresistas?

— Aquí, cuando se discute el Estado de Bienestar, estamos muy lejos de ese modelo; pero sí se puede empezar asegurando una protección social, sería un gran logro; la reducción de la pobreza también es central. Otra cosa que no se discute mucho aquí pero está muy presente en África, en América Latina son las consecuencias del cambio climático. Pero la política de aquí no me da la impresión de que esté buscando respuestas, porque la explotación de las industrias extractivas no es muy sostenible; pero, claro, cuando necesitas ingresos no vas a discutir mucho el medioambiente, pero esto es la mirada a corto plazo, necesitamos la mirada a largo plazo; es algo que tenemos que poner en la mesa como Alianza Progresista, desarrollar una posición, que llamamos la dimensión social del cambio climático.

—Hay algo que trabajó mucho usted, esta idea de que la protección social, la seguridad social, antes que una antítesis o traba del desarrollo económico, empresarial, es una forma de mejorar la producción, el desarrollo empresarial.

—Esta es una tontería de la derecha y de empresarios idiotas. Concretamente, lo que sabemos, lo que hemos probado a través de estadísticas es muy claro: un trabajador con protección social, que tiene seguridad social, basado sobre esta seguridad social en su trabajo es normalmente mucho más productivo que alguien que vive en la inseguridad; por eso, en el fondo la cuestión es económica, la protección social no es un gasto, es una inversión. Si habría más empresarios inteligentes, verían que la protección social es una ventaja competitiva. Se ha olvidado que el progreso societal que hemos conocido los últimos cien años tiene que ver con la introducción del sistema de protección social, y los progresistas tenemos que arrancar de la derecha el argumento de que la seguridad no es más policía, más armas, la seguridad es más seguridad social, y que cuando hay seguridad social, hay menos criminalidad, menos problemas de este tipo.

—Bolivia. Acabamos de salir de una crisis y estamos en pleno proceso electoral.

—El problema con la democracia es que no siempre produce el resultado que nos gusta, pero tenemos que aceptarlo; es algo fundamental. Y las protestas, todos han entendido lo que había detrás de estas protestas; era una derrota, obviamente; y ahora la cuestión está clara; si antes de las elecciones hay una parte que dice que si no ganamos no vamos a reconocer las elecciones, no es posible. Por eso me parece muy importante crear en la opinión la pacificación en el sentido de que si hay un resultado que no nos gusta, tenemos que aceptarlo. Y espero que vayan bien las elecciones aquí, en República Dominicana y en Chile, el referendo, para volver a la solución política de la crisis, y no al enfrentamiento.

Conny Reuter. El Modelo Social Europeo: “Europa hablamos de la inversión social. No es cuestión de abandonar el Estado de Bienestar, es una referencia. En muchos países está reducido, no visible como debería, pero en el fondo continúa existiendo, por eso hablamos de un Modelo Social Europeo”.

Datos

Nombre: Conny Reuter

Ocupación: Es especialista en políticas sociales, educación y asuntos de justicia social global. Su trabajo se desarrolló entre las ONG europeas.

Perfil

Fue Secretario General de SOLIDAR, organización no gubernamental europea fundada en 1936 por la Unión Sindical Suiza y el Partido Socialista suizo.

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Elecciones y COVID-19, las otras experiencias

80 países tienen comicios en 2020, 22 ya lo hicieron en cuarentena, 22 ya tienen fecha, y 36 están por definirla

/ 13 de julio de 2020 / 23:17

El domingo 5 de julio, en República Dominicana tuvieron lugar sus elecciones presidenciales y de congresistas; esto, cuando la pandemia por el COVID-19 en ese país aún está en ascenso y todavía no alcanzó el llamado ‘pico’ de los contagios, relató a Animal Político el director de Participación Ciudadana (institución de observación electoral de ese país), Carlos Pimentel Florenzán. Allí estaban habilitados para votar 7,5 millones de personas (muy similar a Bolivia, 7,3 millones); durante la jornada electoral, considerando a los jurados electorales, delegados de partidos y las fuerzas del orden que deben cuidar el proceso, solo como administradores del acto hubo al menos 100 mil personas. Por cada mesa electoral, que allí llaman Colegio Electoral, el experto dominicano informa que hay entre 200 y 400 electores(cuando en Bolivia el promedio es 200). Por el riesgo de contagio, se pensó en ampliar el número de recintos electorales para de este modo bajarlos votantes por mesa, pero se vio que no era práctico, que complicaba mucho la administración del proceso, “eso es muy riesgoso, puede generar dislocamiento de electores”; la jornada electoral fue de 10 horas, de siete de la mañana a cinco de la tarde.

Con la pandemia aún en ascenso, al punto que, según Pimentel Florenzán, incluso tras la jornada electoral “en el país se van a tener que tomar nuevas medidas de confinamiento”, las elecciones debían efectuarse sí o sí el domingo pasado, cuenta el experto, porque “las actuales autoridades (electas) terminan su periodo (de mandato) el 16 de agosto,sí o sí, con elecciones o sin elecciones”. Según su Constitución, señala, no está prevista ninguna forma de prórroga de mandato; además, enfatiza, estaba en juego la salida democrática a la tensión política del momento: “Tuvimos que involucrarnos en las elecciones con todas las medidas, porque si no, los riesgos de la democracia y los niveles de gobernabilidad aceptable en el país se pudieran descontrolar de una forma muy preocupante”.

Las elecciones dominicanas de este domingo también tienen una urgencia institucional, relata Pimentel Florenzán: deben efectuarse luego de que en febrero de este año estas mismas elecciones tuvieron que ser suspendidas a las dos horas de comenzadas porque fracasó el “voto automatizado” que la Junta Central Electoral (su Tribunal Electoral) quiso implementar entonces.“Tenemos un árbitro electoral ahí en el medio, que no está rodeado de confianza, pero los actores políticos han entendido que es con ese árbitro electoral que tenemos que ir, porque plantearse otro árbitro electoral sería agravarla crisis”.

El lunes 29 de junio, Pimentel Florenzán participó del conversatorio “Experiencias electorales comparadas durante el COVID-19: Desafíos para la elección en Bolivia”, organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el español Rafael López Pintor, doctor en Ciencia Política y Derecho; el uruguayo Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay; y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero Ballivián.

Global

En la introducción del encuentro, la representante del PNUD, Luciana Mermet, apuntó que de casi 80 elecciones de diverso tipo que deben haber este año en el mundo, 22 ya se realizaron en medio de la crisis sanitaria, 22 ya tienen fecha de realización y 36 aún están por definirse. Solo el día anterior, el domingo 28, hubo dos elecciones, la segunda ronda de las municipales francesas y la primera vuelta de las presidenciales polacas. El domingo 21 de junio, además,tuvieron lugarlos comicios generales en Serbia, añadió el politólogo López Pintor.

Los tres expositores internacionales coincidieron en señalarla viabilidad de las elecciones aun en medio de la actual crisis pandémica por el coronavirus; insisten no solo en las debidas medidas de bioseguridad que se deben tomar, sino en la responsabilidad compartida de autoridades y ciudadanía para el éxito del proceso electoral.

El conversatorio vía internet estuvo moderado por el periodista Raúl Peñaranda. Para plantear sus dudas acerca de elecciones en medio de la pandemia, también fueron partícipes del encuentro delegados de los partidos habilitados para pugnar en las elecciones del 6 de septiembre; con mayor o menor desacuerdo en la fecha, entre otras cosas, a los partidos les preocupa la aglomeración que vaya a haber, cómo harán campaña política, si la elección podría ser en dos días, que la abstención se dispare por miedo al contagio, si días antes de la elección habría que suspenderla prohibición del transporte.

Incidencia

López Pintor, que estuvo representando al PNUDy hace el seguimiento de todos los procesos electorales, destacó que en general se aplican las mismas medidas de bioseguridad, solo que con distinto énfasis, según el “grado de desarrollo, de disciplina social, de cultura política” de cada país.Ahora, hasta donde se pudo evaluar, el estudioso remarca que no hay evidencia de que el acto electoral haya tenido una incidencia directa en el incremento de la pandemia.“Hasta ahora no ha habido ningún caso donde la elección haya sido motor de una situación en que se pueda demostrar, en términos muy específicos y concretos, un efecto de la elección sobre la evolución de la curva de la pandemia; no hay conclusiones, y las que hay no son concluyentes”.

Asimismo, el doctor en Ciencia Política remarcó que el tema de las elecciones hay que ubicarlo además en la “necesidad democrática de las elecciones”, y señaló que el valor de la elección es más alto en la medida en que resuelve una situación especial de salida política a determinada crisis anterior. “¿Es democrático hacer elecciones? Es democrático cuando se dan condiciones en que la elección es definitiva en el arreglo del conflicto político que tiene el país y si la voluntad de los líderes políticos y de las instituciones afectadas es clara”.De aquí que se deba hablar, insiste, en la “responsabilidad compartida” que hay para que la elección sea exitosa, compartida no ya no solo por las autoridades electorales y los partidos, sino también por la ciudadanía, con su participación respetuosa de lo que dispone la autoridad electoral para evitar el incremento de contagios.

De las “veintitantas” elecciones realizadas en medio de la pandemia afirma López Pintor, sí hay un rasgo en común, previene: el aumento, más o menos significativo de la abstención, de la “baja de participación” ciudadana; aunque ello es relativo, discurre:“¿Cuánto baja? En Alemania no bajó nada, en Corea incluso subió dos puntos, en Mali bajó enormemente, en Francia bajó 14 puntos en la primera vuelta, dos puntos más en la segunda; en Polonia, parece que fue más alta que nunca después de 1995, pasando el 65% de participación”.

Al respecto, aludió a un hecho que es significativo para Bolivia: dijo que mientras en muchos país es la media de votantes por mesa está entre 400 y 600 personas, en el país es de 200, y eso es una relativa ventaja en la actual pandemia; añadió que incluso el hecho de que el día de la elección se interrumpe el transporte público y la gente acude a pie a votar es algo que se puede aprovechar para aminorar el riesgo de contagio.

Proceso

En el caso uruguayo, que renueva sus autoridades cada cinco años, el vicepresidente de su organismo electoral, Wilfredo Penco, no dudó en resaltarlo prolongado que es su proceso electoral: empezó con las primarias en junio de 2019, la elección presidencial y congresal en octubre, la segunda vuelta, 30 días después, y para mayo de 2020 estaban programadas las elecciones departamentales y municipales. Como en Bolivia, también allí pospusieron los comicios para septiembre.

Al margen de que la elección uruguaya será subnacional, lo peculiar de ese proceso, da cuenta Penco, es la unanimidad a que llegaron los partidos para posponer el día de los comicios, del 10 de mayo al 27 de septiembre; este acuerdo fue alcanzado en marzo, cuando a mediados de ese mes se conocieron los primeros casos de coronavirus. Lo llamativo es el tenor de su acuerdo: “Las cuatro disposiciones básicas establecen: primero,
que el 10 de mayo no había condiciones ni garantías para un desarrollo normal de la jornada electoral, en la medida en que la situación imperante afectaba derechos fundamentales, como el de la salud. Segundo,se facultaba a la Corte Electoral a prorrogar la fecha de las elecciones, en el marco de sus propias competencias constitucionales; en tercer lugar,se prorrogaba el mandato de las autoridades actuales; y —he aquí lo novedoso— en cuarto lugar,se acortaba el mandato de las [futuras] autoridades electas en la nueva fecha de la elección”.

Para el dominicano Pimentel Florenzán, en la elección del domingo 5 de julio se tuvo la consigna: “Tenemos que garantizarla salud de todas las personas, pero también tenemos que velar por la salud de la democracia”. Un hecho peculiar de la elección dominicana (al que Bolivia deberá prestar especial atención en las próximas semanas) es la magnitud de su voto en el exterior, nada menos que el 8% de su padrón electoral(595 mil electores), una votación que eventualmente puede decidir un gobierno, que se gane en primera vuelta o se vaya a una segunda. Con ese importante caudal de votos y con la pandemia en medio, insistió que allí se parte del principio de que el organismo electoral sí o sí debe garantizar el voto de sus compatriotas fuera del país, hacer todo lo que deba para lograrlo.“La opción que los nacionales no voten en el exterior no se debe considerar nunca; el Órgano Electoral debe dar todos los pasos para organizarlas elecciones en el exterior. El único argumento válido para que las elecciones en el exterior no se realicen debe ser porque el otro Estado así lo ha decidido”.

Electrónico

Sobre el voto electrónico o voto vía internet, que se ve como la solución ideal en tiempo de coronavirus, el abogado dominicano advierte: con eso no hay que jugar: “eso es muy riesgoso, no se implementa de un día a otro, con eso no se improvisa, con eso no se juega; nosotros, que empezamos a implementarlo hace un año, fracasamos en febrero de este año, porque no se tomaron las previsiones; la experiencia de la tecnología en procesos electorales no es la mejor”.

En cuanto a la experiencia boliviana, el vocal Salvador Romero insistió en la complejidad política del actual proceso por sí mismo,sin la pandemia. Tras la crisis del octubre-noviembre, se cambió a todo el Órgano Electoral, desde el Tribunal nacional hasta los departamentales, y se dio “un tiempo extremadamente breve” para realizar la elección,“solamente 120 días desde el momento de la convocatoria hasta la fecha de la celebración de la elección”. Pero, faltando 45 días para llegar al 3 de mayo, día de la elección, sobrevino la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Bolivia

Lo distintivo del proceso boliviano, dio a entender Romero Ballivián, fue que con la crisis pandémica en curso, tuvo que ser el Órgano Electoral el que debió tomar la iniciativa de concertar la nueva fecha de la elección. Fruto de esto se llegó a las dos postergaciones de dicho día: la que determinó el 2 de agosto (90 días después del 3 de mayo), y, la segunda, el 6 de septiembre, que aún está vigente.

En la prevención de que el proceso electoral no sea un factor de incremento de los contagios, Romero Ballivián adelantó dos grande ejes de trabajo: primero, tomar “todas las medidas destinadas a generar distanciamiento social, por ejemplo, incrementar el número de recintos electorales, que permite disminuirlas aglomeraciones; pero también,segundo,todo un conjunto de medidas específicas de protección de todos los actores que participan en el proceso electoral, no solo para la jornada electoral,sino también para todas las actividades previas”.

Como una síntesis del encuentro internacional, la vicepresidenta del TSE, María Angélica Ruiz, concluyó en que los expositores enfatizaron en que el desafío de todos en las elecciones es ejercer el derecho al voto de manea segura; y que no es adecuado contraponer el derecho a la salud ante el derecho político, cuando de lo que se trata es de complementarlos: “No se trata de confrontar los derechos políticos con el derecho a la salud,sino que se trata de armonizarlos; ese gran desafío se puede resumir en precautelar la democracia precautelando la salud. Estamos en una situación que requiere que nos reinventemos, que seamos creativos, pero sin improvisaciones”, cerró la cita internacional.

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Cochabamba, perenne Stalingrado

La Llajta, sobre todo desde principios de siglo, fue un campo de batalla política decisivo

/ 13 de julio de 2020 / 18:18

La batalla de Stalingrado entre soviéticos y nazis definió hace 77 años a vencedores y vencidos de la Segunda Guerra Mundial. Salvando las distancias, Cochabamba, sobre todo desde inicios de siglo, es ese mismo “campo de batalla” política decisivo para Bolivia, que sin embargo no suele merecer la debida atención de los adversarios. En este valle tuvieron lugar algunas de las fundamentales gestas independentistas, nacieron 18 de los 74 presidentes del país (estamos solo detrás de La Paz, con 27), varios de sus hijos fueron los que forjaron la Revolución del 52 y enfrentaron con valor a los regímenes de facto.

Iniciado en 2000, fue acá donde comenzó a morir el Estado neoliberal que, entonces bajo el mando del ex dictador Hugo Banzer, quería privatizar el agua potable, aun la de la lluvia. La urbe entera se sublevó contra el abuso, y en la victoria popular, con un activo concurso de la clase media, fue vital la participación del campesinado cocalero, pese a que a éste no le afectaba la medida: ni siquiera tenía red de ese servicio básico. Por cierto, con notoria influencia del sindicalismo minero, fue desde los 80 el Trópico una de las vanguardias del movimiento nacional-popular. Éste levantó banderas de reivindicación colectiva y llegó al poder democráticamente en 2005, al frente de un líder que, si bien vino al mundo en Oruro, nació políticamente en esta región.

Su gobierno fue desafiado por sectores retrógrados y conservadores desde un inicio, temerosos de perder antiguos privilegios, sin que se termine de inclinar la balanza hasta dos años después. El luctuoso 11 de enero de 2007, Cochabamba literalmente fue un campo de batalla entre agricultores que para las élites“invadían” una ciudad de su exclusiva pertenencia, y a los que por la fuerza se desalojó con muertos de ambos bandos y la intervención de los llamados “Jóvenes por la Democracia”, precursores del grupo paramilitar y neofascista que hoy opera con el alias de “Resistencia Juvenil Cochala”. El contexto provisional de la pugna fue el deseo del prefecto Manfred Reyes Villa (ahora de vuelta tras su larga residencia en EEUU) de sumarse a un ilegal “referendo autonómico”, a tono con afanes separatistas en el oriente del país.

En un reportaje de ese año, el periodista Santiago Espinoza profetizaba: “A tres meses del 11 de enero, la parafernalia mediática local ha reducido aquella que estuvo a punto de ser ‘una guerra civil’, en un obituario. Ha convertido una de las mayores tragedias de la era democrática boliviana en una noticia pasada (…). Y lo peor es que los cochabambinos parecen haberlo asumido así.Nadie parece reparar que, en enero, esa ‘guerra de baja intensidad’ entre los movimientos sociales afines al MAS y el prefecto Reyes Villa tomó súbitamente ribetes violentos, involucrando a sectores que poco o nada tenían que ver con la pugna política, los cuales protagonizaron algo muy cercano a una conflagración civil. Nadie parece haber tomado conciencia de que Juan Ticacolque, Cristhian Urresti y Luciano Colque fueron las primeras víctimas de la lucha por ‘desempatar’ el escenario político. Nadie parece tener en cuenta que la autonomía se ha convertido en el factor al que la clase política y dirigencial apuesta para decantarla balanza política. Y nadie parece haber percatado que los bandos en pugna no han dado la lucha por terminada ni mucho menos”.

Y, tras el“desempate” pasajero de 2008, en lo que fue una acción y respuesta militar (el llamado caso Terrorismo que Jeanine Áñez pidió anular), las facciones se relajaron por más de una década. El lado señorial, en apariencia derrotado,se enfocó en sus negocios, aprovechando oportunidades incluso con un Estado que había combatido, pero del que se dejaba absorber, aunque solo en lo material, nunca en lo simbólico. No construyó liderazgos mayores que asambleístas estridentes sin perspectiva (pienso en Norma Piérola o el mismo Arturo Murillo). En el MAS, las cosas no fueron mejor. Con excepciones, descuidó afianzar su triunfo principalmente en la ciudad capital,respaldando en alguna medida a una alcaldía tan nefasta como la de Gonzalo Terceros, a un edil propio como Edwin Castellanos(¡!) o a candidatos anodinos o igualmente pésimos en otras funciones. Fruto de ello, la báscula, en lo municipal y llegando a una población tan importante como Quillacollo, se volvió a desequilibrar con la impensada elección de un personaje como José María Leyes.

Así llegamos a las elecciones de 2019, con una sociedad fascistizada de manera especial en su clase media, vaya ironía, buena parte de ella en ascenso gracias a los logros económicos del Gobierno. Estos sectores, ofendidos por otro lado por el desconocimiento de su voto en el referendo del 21F (aunque en Cochabamba ganó el Sí), no dudaron en plegarse con militancia al golpe de Estado perpetrado por la reacción, comiéndose entera la narrativa de un supuesto y “monumental fraude”, que de monumental y real solo tiene los esfuerzos propagandísticos y financieros de las élites que operaron dentro y fuera del país para el derrocamiento. Derrocamiento del que brotaron “figuras” como Murillo (cochabambino, al igual que Carlos Sánchez Berzaín y hasta diría que Luis Arce Gómez, de no ser porque este último era chuquisaqueño).

Y, aunque el coronavirus vino para modificar de modo abrupto el panorama, la contienda no ha cesado, incluso con el grave drama que involucra la enfermedad y con los roles de 2005 intercambiados. Precisamente el Ministro de Gobierno, ícono de una administración lamentable que no tomó otro recaudo ante la pandemia que fortalecer el aparato represivo, sostiene una arremetida contra campesinos, obreros y trabajadores informales. Tras la impune masacre de Huayllani cuando asesinaron a 36 compatriotas, los escenarios son, cómo no, el Trópico nuevamente, al que, pese aun a sus acciones solidarias de distribución de alimentos,se ha criminalizado y estigmatizado, como se lo ha hecho con la zona Sur, donde a estas alturas siguen irresueltos los problemas de la basura y el agua potable. De ese modo y con el virus circulando, el Estado policial, víctima de su propia incapacidad y corrupción, no sabe hacer otra cosa que buscar chivos expiatorios de los que viola todos sus derechos. Y la clase popular, replegada en sí misma tras la violencia que sufre desde octubre, protesta con justicia por la persecución, pero adiciona demandas nacionales que no terminan de cuajar en el conjunto.

La salida no debe ser otra que la democrática, pero ésta se halla lejos en tanto el régimen de facto no viabilice el voto y siga empeñado en negar a las mayorías y ofrecer solo garrote, bala o naves de guerra como las que sobrevolaron el sur hace unos días. Enfrente, los movilizados deben dejar de lado su ensimismamiento y profundizar su agenda colectiva con la inclusión de todos los sectores y renovando liderazgos que potencien su aún tímido acercamiento a la clase media, más cuando todo apunta a que el colaboracionista Carlos Mesa se las jugará por el golpismo que él mismo engendró. Solo si los verdugos apuestan a la vía pacífica y si el movimiento nacional popular, como lo ha hecho siempre, enfatiza su generosidad y afina su estrategia, Cochabamba dejará de ser Stalingrado. Hasta nuevo aviso.

Sergio de la Zerda es periodista, excandidato a diputado por el MAS

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El ‘primer sóviet’ y la prensa

La Asamblea Popular de 1971 contó con el apoyo de buena parte de los periodistas

/ 1 de julio de 2020 / 09:45

Las sesiones de la Asamblea Popular (AP), del 22 de junio al 2 de julio de 1971, generaron una inusual polémica mediática. La agencia noticiosa Reuters tocó el trompetazo de alerta. El 19 de junio, citando al diplomático brasilero Hugo Bethlem, informó que en el país “se instaló el primer sóviet del continente, orientado por Rusia”. El cable difundido a escala global generó rechazo en la prensa nacional.

Todo ese conflicto comenzó con la marcha del 1 de mayo de 1971, que mostró gran radicalidad. A la cabeza de la manifestación, además de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), figuraron el presidente Juan José Torres y sus ministros. Las consignas “¡Torres con la revolución, gorilas al paredón!” y “¡Armas para el pueblo!” fueron las más vitoreadas por los cerca de 50 mil trabajadores que desfilaron en las calles por más de seis horas.

En ese escenario, el “Parlamento obrero”, un “órgano de poder” que buscó transformar el “viejo Estado”, se fundó e instaló en el emblemático Palacio Legislativo. Las radiodifusoras, en “cadena sindical”, transmitieron el evento. Luego de la inauguración, sus 221 delegados postergaron sus deliberaciones hasta el 22 de junio.

PODER El sociólogo boliviano René Zavaleta, en su libro El poder dual, sostuvo que, en ese momento, se gestaron tres concepciones encontradas sobre la Asamblea Popular.

El Partido Obrero Revolucionario (POR) la consideró como el “brazo proletario del poder dual”, una creación extraordinaria de las masas en ascenso, que debía ejercer la dirección mediante la acción directa.

En su línea “gradualista” de la revolución, el Partido Comunista de Bolivia (PCB) vio a la Asamblea como un “escuela” de formación, contraria a la “posición inmediatista” de los trotskistas.

El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) la definió como un “embrión del Estado obrero” que no podía existir a plenitud si no creaba su propio “aparato armado”, independiente de Torres y el Ejército.

MILICIAS Desde otra óptica, Fernando Kieffer, panegirista del golpe de Estado de Hugo Banzer, hizo otro relato documentado del desarrollo del Parlamento obrero.

En su texto De cara a la revolución del 21 de agosto de 1971 concluyó que el “soviet boliviano” fue un “instrumento” de la “izquierda infantil” que buscaba imponer en el país, mediante la violencia, un “Estado obrero”, distinto al “Estado denominado burgués”.

Kieffer aclaró que una resolución aprobada por la COB, dos días antes que empezaran las sesiones de la Asamblea, era clave para entender su naturaleza. En su parte resolutiva, ese documento dispuso “reorganizar las milicias armadas de la clase trabajadora”, dependiente de un “Comando Militar” compuesto por un “Comandante General”, un “Jefe de Estado Mayor”, un “Jefe de Logística” y un “Coordinador Político”. Ese Comando debía estar “subordinado” a la Asamblea Popular. El 20 de junio, Presencia publicó dicha resolución.

CONFLICTO La inauguración y las primeras sesiones de la Asamblea se realizaron en una coyuntura de polarización global. La Guerra Fría estaba en su máximo nivel (1945-1991). Las guerrillas izquierdistas operaban en casi todos los países de América Latina. Cuba había consolidado su revolución socialista (1959). En Perú, el general Juan Velasco Alvarado le había declarado la guerra al imperialismo (1968-1975). Salvador Allende encaminaba a Chile al socialismo (1970-1973).

Así, en el contexto de la denuncia de la Agencia Reuter, en sentido de que en Bolivia se había instalado un “soviet”, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, el 19 de junio, se declaró en “estado de emergencia”.

Al día siguiente, esa posición fue fundamentada en una “Declaración” que se publicó en todos los periódicos. “La FTPB sostiene que la Asamblea Popular es el verdadero órgano de poder de las masas que sostendrá las medidas revolucionarias y actuará contra el fascismo y el imperialismo”, sostuvo el documento firmado por José Luis Alcázar, secretario ejecutivo; Humberto Vacaflor, secretario general; Juan Carlos Salazar, secretario de Libertad de Expresión; Eduardo Ascarrunz, representante a la Central Obrera; y los representantes departamentales y regional: Miguel Velarde, de La Paz; René Bilbao, de Cochabamba; Adolfo Ugarte, de Santa Cruz; Luis La Fuente, de Oruro; Eliodoro Ayllón, de Beni; Horacio Alcázar, de Potosí; y, Federico Calderón, de Siglo XX (Potosí).

CADENA Luego, en las columnas sindicales, varios periodistas —como Arturo Gandarillas, Víctor Toro, Luis Peñaranda, Ernesto Clavijo, Daniel Rodríguez, Teddy Molina y otros—, sintetizaron, a su modo, la simpatía que los trabajadores de la prensa sentían por la Asamblea.

Por su parte, la Federación Sindical de Trabajadores en Radio y Televisión de Bolivia, el 21 de junio, instruyó a sus afiliados a realizar la “Segunda Cadena Sindical de emisoras bolivianas” para transmitir la Asamblea. Anunció que radio Altiplano fue designada “emisora Piloto” para tomar la señal.

La reunión proletaria tuvo gran repercusión mediática. Y la prensa internacional no escapó a esa tendencia.

INTERNACIONAL Según el editorial de El Comercio de Perú del 26 de junio, Bolivia había entrado en “una etapa crítica” y su gobierno no supo ponerse a salvo a tiempo: “está, para decirlo sin eufemismo, en la ruta al comunismo”.

El editorial de Excélsior de México, el 28 de junio, destacó que la “Asamblea Popular no es producto improvisado”, sino que “refleja una honda y vieja preparación política que se forja en la clandestinidad y en el enfrentamiento” de muchos años (…)”.

Ese mismo día, la influyente Associated Press informó que la coalición izquierdista del gobierno chileno inició una “embestida política” para reemplazar el Congreso bicameral por una “Asamblea Popular única”.

Tras titular su artículo “Bolivia: El sóviet está en la punta del fusil”, el semanario francés L’ Express, el 8 de julio, relató que la Asamblea había “tomado cuerpo espontáneamente”, mientras “las universidades hierven y campesinos y obreros ocupan granjas y fábricas”.

Miguel Pinto P. es periodista

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Tiempo turbulento

Iremos a las elecciones en tiempos de pandemia, inevitablemente

/ 1 de julio de 2020 / 09:30

Tiempos aciagos tocan vivir; realidades en constante mutación, desconcierto y temor convergen; definitivamente, el mundo ya no será el mismo. La humanidad ha experimentado muchos sucesos dramáticos en diferentes periodos de la historia: guerras, catástrofes naturales y pandemias. Desde la peste negra (1347-1351) que se llevó 200 millones de habitantes (30% población europea), hasta el coronavirus, que registra cerca de 9 millones de contagios confirmados y más de 465 mil fallecidos, hemos sobrevivido a 20 pandemias. Está claro que no es la primera vez que sucede un hecho letal con devastadoras consecuencias, y no será el último.

El COVID-19 se propagó aceleradamente por casi todos los rincones del mundo, propio de la dinámica de la modernidad y la movilización constante de las personas, vector principal para su propagación. A veces, vemos lejana la posibilidad de que nos afecte, nos desentendemos deliberadamente o la dimensión del peligro no cala en nuestra mente. Y sí, llegó, y se quedará mucho tiempo; estamos rodeados de un peligro invisible y desconocido, nos encontró en un mal momento. En medio de una severa crisis política, social y económica, de “yapa” nos cayó el invisible coronavirus, modificando drásticamente nuestra cotidianidad.

El fenómeno sanitario desnudó las distintas realidades que, en comparación, revelan las asimetrías de los sistemas de salud, capacidades de gestión, liderazgo en la toma de decisiones, credibilidad de las autoridades y sobre todo capacidades de reacción. Como era de esperar, son aspectos estructurales que no se pueden ocultar. Las diversas experiencias y lecciones aprendidas deberían permitirnos emular los casos exitosos en materia de salud y, por lo pronto, también en asuntos políticos: elecciones.

En nuestro país, la determinación de entrar en cuarentena total (21 de marzo), con relativo sentido de oportunidad, quizás haya evitado que la situación se torne catastrófica, pero ¿cuánto tiempo podremos resistir? Las dudas rondan, el escepticismo y cansancio están al límite. En un contexto de elevada pobreza, precario sistema de salud, déficit de institucionalidad, economía recesiva y tensión política latente, las medidas restrictivas suelen ser lacerantes e insostenibles. Quédate en casa, ha sido la recomendación; y claro, quedarnos en casa indefinidamente, cuando no se cuentan con ingresos y tampoco ahorros, es materialmente imposible.

Llegó la hora de salir, para bien o para mal, ahora dependemos de nosotros mismos. La asistencia social vía bonos es limitada, de hecho, nos estamos comiendo nuestros ahorros (reservas), los hospitales están a punto de colapsar, las fuerzas del orden casi rebasadas, no conocemos el universo real de contagiados por la ínfima cantidad de testeos que se realizan; en definitiva, el panorama es preocupante, pero el encierro peor. Destrucción de empleo, quiebre de empresas, reducción de los ingresos y escasas perspectivas de recuperación en el corto y mediano plazo, avivan las tensiones de un momento que podría denominarse “crisis de crisis”.

Este complejo escenario multifactorial, indudablemente requiere certidumbre; no obstante, al encontrarnos en una lucha colectiva ante un enemigo común, los tiempos políticos, relegados de las prioridades y preocupaciones ciudadanas, nuevamente se colocan en el foco de atención. De aquí en adelante, de forma paralela, las agendas política y sanitaria irán de la mano. Estamos en elecciones, la pausa de los tiempos políticos terminó, al margen de los deseos e intereses corporativos, regionales y personales, no podremos evitar sumirnos en la dinámica propia de la lucha por el poder.

Antes de la era del COVID-19, atravesamos por un tórrido proceso electoral, que terminó con la anulación de las elecciones, y la posterior renuncia, después de cerca de 14 años, del expresidente Evo Morales. La polémica está servida, las interpretaciones del episodio del 20 de octubre de 2019 son antagónicas, la controversia de si hubo fraude, golpe de Estado o quiebre del sistema democrático, no estarán exentas de la tensión dinámica que viviremos.

Iremos a las elecciones en tiempos de pandemia inevitablemente. En el mundo se han postergado más de 60 comicios, pero se han realizado más de 30 (IDEA Internacional). Las maquinarias electorales están en apronte, la polarización política “in crescendo”, el TSE bajo fuego cruzado, y el Gobierno nacional, que decidió entrar a competir, está secuestrado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así está la lucha, polarizada entre los que pretenden restaurar su proyecto político (MAS), y los que anhelan arrebatarlo.

Hacia adelante, la ciudadanía vivirá tiempos de campaña inéditos, los convencionales ritos de proselitismo (marchas, concentraciones, mítines, etc.) están prohibidos, el campo de batalla al margen de los medios de comunicación ya se trasladó al espacio virtual, donde la creatividad y confrontación dialéctica será un reto imprescindible para los estrategas políticos.

En definitiva, la crisis política estuvo subyacente todo este tiempo, pero no ausente, y el supuesto punto de inflexión, a la deriva. En consecuencia, es necesario reflexionar en el desarrollo del proceso, porque las elecciones, gusten o no, son un imperativo. Idealmente, se debería contemplar algunos puntos de convergencia para llegar al día “D”: 1) un acuerdo político de acatamiento a los resultados, 2) tregua de los órganos del Estado en disputa, 3) regulación para la campaña electoral en medios, en base a criterio técnicos de equidad en la competencia, para evitar principalmente que el Gobierno produzca un desbalance en la exposición e información a la población, haciendo uso de los recursos estatales a título de gestión, 4) compromiso de los partidos políticos de jugar limpio, 5) debate obligatorio y 6) distribución equitativa de recursos económicos para las fuerzas políticas en competencia.

Más allá del bien y del mal, está la realidad. Ahora toca vivirla en tiempos pandémicos turbulentos.

Franklin Pareja es politólogo

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Elecciones en disputa

La vía democrática e institucional está en electoralizar la coyuntura

/ 1 de julio de 2020 / 09:15

En enero de 2006 se produce en Bolivia un cambio en las élites gobernantes. Los sectores sociales tradicionales detentadores del manejo y administración del Estado, ingresan, ya en el final de su ciclo político, en una profunda crisis que los conduce a un tiempo de retirada. Los grupos sociales periféricos e invisibles para la acción política, después de un lento proceso de acumulación histórica, con demandas insatisfechas y no atendidas por los gobiernos del momento liberal, las conectan para formar cadenas equivalenciales frente a la intención de la partidocracia dominante por constreñirlas. Así, las organizaciones demandantes se organizan en “pueblo” —en el decir de Laclau y Mouffe—, hasta acoplarse políticamente con un liderazgo visible e instrumento político que pergeñe sus primeras aspiraciones de toma del poder político.

Los sucesos comprendidos entre 2000 y 2003, que condujeron al cierre del ciclo neoliberal, fueron la manifestación viva del Estado político boliviano que produjo una nueva fragmentación étnica, social y política. El proceso circular de sustitución de elites gobernantes y sus correlatos sociales se instaló en 2006 e inició un nuevo estado de tensiones y polaridad social.

El 10 de noviembre de 2019 señala la instalación de otro momento de hostilidad de los factores históricamente opuestos. La lógica circular volvió a chocar como placas tectónicas provocando estadios de conflicto cada vez más altos. Ante ello, la pandemia y la crisis política, y la pregunta: ¿cómo avanzar?

En un momento de calamidad humanitaria, de catástrofe devastadora, ¿quién salva?, ¿el Estado o el mercado con su lógica estadística? Atendiendo a Émile de Girardin que decía “gobernar es prever”, la sensación de responsabilidad primera se dirige sobre el Estado. La información sobre el paso de la pandemia muestra a sociedades, instituciones, organizaciones y agentes económicos que van convenciéndose de que es el ente estatal quien, ante una amenaza descontrolada, puede salvarlos. El Estado inexcusablemente ha asumido gastos e inversiones urgentes, salvatajes, asistencias y preocupación por sus ciudadanos de forma directa. Esto ha visto el mundo, sin detenerse en el modelo, el sistema y la forma de gobierno. Por tanto, congregando todas las responsabilidades y ansiedades sociales, su capacidad y fortaleza debe ser absoluta, genérica y sin fisuras. Ello implica un nuevo pensar de la dimensión que debe alcanzar y su vínculo directo con la democracia.

Un Estado fortalecido no es necesariamente un Estado más grande y un Estado noventista tampoco es uno más reducido. Para no dar lugar a un Estado fallido (que no respeta las libertades, impone una democracia restrictiva, acentúa y patrocina las desigualdades), su remodelación debe atender factores mínimos de urgencia impostergable: la conformación de su gobierno y la institucionalidad, el sentido de legitimidad y legalidad y el deber de estar bien constituido. Con ello habrá mejores posibilidades ante la crisis multisectorial y la opción de construir y establecer una agenda de consensos para las reformas sustanciales que Bolivia ya solicita. Países que han logrado controlar la pandemia muestran gobiernos que, aunque varios estaban señalados por su actuar en la política cotidiana, tenían solidez de legalidad y legitimidad.

Cabe reflexionar entonces en esta coyuntura de remodelación fáctica del Estado: ¿cuánta valía se otorga a su institucionalidad? ¿Nos preocupa el debido orden institucional, como forma de reaseguro ante intenciones que busquen interrumpirlo, reducirlo, desequilibrarlo y, en consecuencia, reconfigurar una relación de poderes que finalmente deje mediatizados los derechos progresivos, la igualdad y las libertades individuales y colectivas? todo esto frente a lo sensible de una crisis sanitaria. En definitiva, signados por el mal trance, la cuestión es: ¿salud ciudadana o salud institucional? ¿O ambas?

Las crisis no son estacionarias y tampoco inmóviles, sino que expresan dinámicas en movimiento que refieren a fases de descomposición del estado de situación de intervalos coyunturales específicos. La presencia del COVID-19 en Bolivia no impacta de forma lineal y única; adquiere resoluciones, ritmos y profundidades distintas. Su incidencia en los ámbitos poblacionales, territoriales y estatales logra niveles de intensidad desiguales que rápidamente alcanzan dimensión política por continuidad de los hechos de noviembre. Esto implica mayor tirantez y polaridad social. Significa que el estado de crisis multisectorial, irresuelto e incontrolado, no interrumpe su devenir, sino que prosigue su expansión hasta franquear a la siguiente etapa. Después de la crisis y el hecho político absoluto, la fase siguiente es el colapso, un momento de desorden y desgobierno pleno.

A consecuencia de la pandemia, la humanidad y los países avanzan hacia sistemas democráticos reconvertidos, donde el primer poder del Estado, expresado en la representación de la Asamblea/Parlamento, por los cursos de emergencias continuas que se avizoran, decrece en manos de tendencias que buscan exagerar el personalismo del Poder Ejecutivo. Esto representa una resignificación también de la confección de las normas: más decretos que regulen actividades específicas y una baja producción de leyes. Todo ello, por los estados de excepción y seguridad, que en una psicosis generalizada intentan, subjetiva y continuamente, esta redefinición de roles y jurisdicciones políticas.

En este escenario también impuesto en Bolivia y con una pandemia instalada por tiempo indeterminado, la vía democrática e institucional que facilite preocuparse por la crisis multisectorial está en electoralizar la coyuntura en la fecha señalada, hecho necesario para obtener una perspectiva de solución, reducir ansiedades políticas causadas por el enfrentamiento y descontento de la crisis política irresuelta y enfocarse, desde el Gobierno, en una estrategia posible sobre los efectos devastadores de la enfermedad. Esto es, remodelar hoy e imperiosamente el Estado en la línea institucional y constitucional.

Jorge Richter es politólogo

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