martes 2 jun 2020 | Actualizado a 04:03

La reelección de Almagro ahonda la división de la OEA

Todos los secretarios generales de la OEA tuvieron un segundo mandato, para el cual eran ratificados por unanimidad; con Luis Almagro se rompió esta tendencia.

/ 3 de abril de 2020 / 16:20

Luis Almagro dirigirá la OEA hasta 2025

Por Iván Bustillos, es periodista

Como no sucedía antes, la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo como principal característica la votación dividida de los países miembros: de 33 asistentes, 23 lo hicieron a su favor y 10 por su contrincante, la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa.

La votación, que es secreta, se realizó pese al pedido de postergación planteado por México y la Comunidad del Caribe (Caricom) dada la emergencia sanitaria por el coronavirus. Mientras que la candidatura de Espinosa había sido respaldada por Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas —naciones caribeñas cercanas al venezolano Nicolás Maduro—, además de México y Argentina, la de Almagro contó con el respaldo de Estados Unidos. El propio secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, discursó en la OEA, en enero de este año, apoyando su reelección.

Reelección, pero no unánime

Si bien se trata de un triunfo por una mayoría que supera incluso los dos tercios de los países electores, la nueva elección de Almagro rompe con la tradición de las anteriores reelecciones, cuando el Secretario que asumía por segunda vez el cargo era reelegido con el apoyo unánime o casi unánime de los países miembros. Recordando que el chileno José Miguel Insulza (secretario general entre 2005 y 2015) tuvo muchos problemas para ser elegido la primera vez (en 2005), el excanciller boliviano Javier Murillo ratifica este hecho: “Fue difícil su elección (de Insulza), y claro, en el segundo mandato, sí ya, casi por rutina, vamos a llamar, fue elegido nuevamente; aparte de ese caso, sí, todos los demás secretarios generales recibieron un voto unánime”.

Desde 1947, cuando empezó la gestión del primer secretario general del organismo —el colombiano Alberto Lleras Camargo—, la OEA tuvo un total de 11 secretarios (Almagro incluido), de los cuales todos fueron reelectos. Después de Lleras, que estuvo en el cargo 7 años, entre 1947 y 1954, se sucedieron: Carlos Dávila Espinoza (Chile), un año, entre 1954 y 1955; José Antonio Mora (Uruguay), 12 años, de 1956 a 1968; Galo Plaza Lasso (Ecuador), 7 años (1968-1975); Alejandro Orfila (Argentina), 9 años (1975-1984); Joao Clemente Baena (Brasil), 10 años (1984-1994); César Gaviria Trujillo (Colombia), 10 años (1994-2004); Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), un mes, renunció para defenderse de un proceso legal en su contra en su país (2004); Luis Einaudi (Estados Unidos), siete meses, interino (2004-2005); José Miguel Insulza (Chile), 10 años (2005-2015); y Luis Almagro (Uruguay), 5 años (2015-2020), reelecto hasta 2025.

Pese a que Almagro alcanzó a ser elegido secretario general de la OEA con 33 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el 18 de marzo de 2015, en su reelección (ocurrida el 20 de marzo reciente) no logró repetir el respaldo de hace cinco años. Tal el contexto de su victoria, lo que deja entrever la división persistente en la OEA.

Difícil nueva gestión

La votación dividida, destaca Murillo, “está demostrando que (Almagro) entra con un cierto respaldo debilitado, lo que quiere decir que tampoco existe consenso sobre la eficacia de su mandato. No es bueno ingresar con esta falta de unanimidad, porque eso resta eficacia a su gestión”.

Los organismos internacionales, recuerda el excanciller Murillo, “son lo que los países (miembros) quieren que sean”, ganan en eficacia cuando dichos países le apoyan, y la pierde si los gobiernos están enfrentados; definitivamente, esta es la “desventaja con la que entra el Secretario General”.

Claro, en la votación dividida para el segundo mandato de Almagro, pesó su primera gestión: “No creo que haya sido particularmente brillante su conducción del organismo regional. A esa percepción que tiene la gente de que (la OEA) es un organismo casi inoperante, se suma el hecho de que Almagro no ha mostrado un verdadero liderazgo que contribuya a fortalecer las relaciones de los países miembros del sistema interamericano. En esta segunda gestión tiene que mostrar una absoluta coherencia, cosa que no ocurrió en su primer mandato, y eficacia para acometer los desafíos del sistema interamericano”, concluye Murillo.

Lo que pasa con Almagro, destaca a su vez el politólogo Franklin Pareja, es que le tocó vivir el viraje ideológico que dio la región de gobiernos progresistas o de izquierda hacia los regímenes de corte liberal. Y su pecado fue tomar partido por una de las partes.

El contexto actual es completamente diferente de cuando fue electo por primera vez (2015), “porque en este momento hay una polarización extrema en la región, donde uno de los óbices para que exista una visión compartida sigue siendo Venezuela, de manera que cuando se forma el Grupo de Lima, con una política para restituir el estado de derecho y la democracia en Venezuela, Almagro secunda esto de forma explícita; entonces, se generó una especie de quiebre en la región”; cuando Almagro tomó posición en la cuestión venezolana, “polarizó y dejó de ser un representante con adhesión”, apunta Pareja.

Con el problema de Venezuela irresuelto, y aún más, con un nuevo viraje hacia la izquierda en varios gobiernos de la región y el debilitamiento de los regímenes de “corte liberal”, destaca Pareja, claro que “se preveía que la nueva elección de Almagro iba a ser complicada y con toda seguridad no va a ser estable, va a generar turbulencia, y con los problemas que estamos viviendo, lo más probable es que muchos países entren en una profunda recesión económica, lo que puede reavivar posiciones ideológicas de izquierda. Hay un desgaste natural de Almagro, una polarización, una confrontación ideológica en que Almagro ha tomado partido por ubicarse más con las corrientes liberales”.

Ahora, la personalidad de “el Oso”, como le llamaban en su partido en Uruguay, contribuyó enormemente en su actual situación; tenía acciones contradictorias, dice Pareja: “fustigó duramente la repostulación de Evo Morales, él fue quien impulsó el informe de la Comisión de Venecia, que decía que la repostulación indefinida no era un derecho humano, pero vino a Bolivia y dijo que no podía oponerse a dicha repostulación. Este tipo de situaciones han generado un descrédito también con los gobiernos de corte liberal”.

“El hecho de que Almagro haya logrado ser nuevamente secretario general de la OEA demuestra que es un hombre camaleónico, hábil, negociador, astuto y que no siempre demuestra consecuencia con sus actos”, remarca Pareja.

“Hoy todos debemos trabajar juntos. Debemos transformar nuestras prioridades, la OEA no puede ser la misma en estos tiempos, debemos modernizar nuestros procedimientos para seguir adoptando decisiones colectivas. Asumo este nuevo periodo al frente de la OEA en tiempos complejos de pandemia, renovando mi compromiso con ustedes, cada una de las personas que trabaja para esta organización. Hoy más que nunca, la región requiere de una OEA presente, con claridad y capacidad para liderar procesos y sobre todo que sea capaz de entender los derechos de las personas en los nuevos contextos y apoyar a los Estados, para su garantía y respeto. Es fundamental seguir funcionando. Nuestros sistemas políticos van a sufrir y nuestros tejidos sociales van a sufrir, pero no podemos emerger de esta situación ni menos democráticos ni nuestros pueblos con menos derechos”, señaló Almagro en un reciente mensaje a través de las redes sociales.

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Inconstitucionalidad de la Ley que posterga las elecciones, una reflexión

La pregunta central para dilucidar si hay o no contradicción entre el artículo 2 de la Ley 1297 y la CPE es la siguiente: ¿es atribución de la asamblea legislativa definir los plazos para la realización de las elecciones generales? Fíjese que decimos ‘plazos’ y no ‘fecha’.

/ 1 de junio de 2020 / 20:24

Es de conocimiento público que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional ha admitido la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentada por los senadores Oscar Miguel Ortiz Antelo, Silvia Carmen Rosa Guzmán y Rose Marie Sandoval Farfán.

El pedido principal es la «acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto en contra de una parte del Articulo 2 de la ‘Ley N° 1297 de 30 de abril de 2020 de postergación de las Elecciones Generales 2020′ por vulnerar el principio constitucional de independencia, y separación de órganos de Estado, el derecho fundamental a la vida y a la salud consagrados en los Artículos 12 Parágrafos I y III; 15 Parágrafo I; 18 Parágrafo I; 35 Parágrafo I; 206 y 208 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado, solicitando que mediante Sentencia Constitucional se declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal impugnada con efecto derogatorio de una parte del artículo referido».

En un otrosí (término que en lenguaje jurídico se refiere a una solicitud que acompaña al pedido principal) solicitan como medida cautelar la inaplicabilidad de parte del Articulo 2 de la Ley N° 1297 de 30 de abril de 2020 hasta la emisión de la Sentencia Constitucional. Esta medida cautelar, según lo señala el Código procesal constitucional, en su artículo 9, debía ser atendida por la Comisión de admisión, sin embargo, se sabe que la referida comisión rechazó esta solicitud.

ABSTRACTA

El objetivo de toda acción de inconstitucionalidad abstracta es la de verificar la compatibilidad de la disposición impugnada con lo previsto en la Constitución Política del Estado, de manera que pueda desaparecer cualquier duda sobre la constitucionalidad de la disposición motivo de la acción. Se trata de un control de constitucionalidad no vinculado a un caso concreto sino respecto de una discrepancia abstracta (de coherencia y compatibilidad) entre el texto constitucional y una norma infraconstitucional (que puede ser una ley, un estatuto autonómico, una carta orgánica, un decreto, una ordenanza o cualquier género de resolución no judicial).

El argumento central de la acción presentada se encuentra en que el artículo 2 de la Ley 1297 sería contrario a la separación de poderes (Art. 12 de la CPE) en particular la separación e independencia que debe existir entre el Legislativo y el Electoral, además de que con dicha disposición se pondría en riesgo el derecho a la vida y a la salud. Imaginamos que por ese riesgo es que habrían solicitado la medida cautelar.

PREGUNTA

La pregunta central para dilucidar si hay o no contradicción entre el artículo 2 de la Ley 1297 y la CPE es la siguiente ¿es atribución de la asamblea legislativa definir los plazos para la realización de las elecciones generales? Fíjese que en nuestra pregunta no estamos refiriendo a si es atribución de la Asamblea legislativa fijar la fecha de elecciones, sino la de fijar plazos para la realización de las elecciones generales, las cuáles obviamente se celebran cada cinco años, como lo ordena la CPE, pero nos referimos a los plazos para cumplir lo que la norma fundamental establece.

Veamos, la Asamblea tiene como atribución dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, según lo establece la atribución señalada en el numeral 3 del Artículo 158 de la CPE.

Entonces, podríamos preguntarnos, ¿La Asamblea ha dictado alguna otra ley en la que fijó el plazo para la realización de elecciones?

La respuesta inmediata es sí. Lo hizo con la Ley 1266 de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales de fecha 24 de noviembre de 2019, la cual en su artículo 2 señala que «se dispone la realización de nuevas Elecciones Generales para elegir Presidenta o Presidente del Estado, Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, Senadoras o Senadores, Diputadas o Diputados y Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, para el periodo de mandato constitucional 2020-2025»; asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 del 15 de enero de 2020 declara la constitucionalidad de la prórroga del mandato constitucional de autoridades electas del poder público del nivel central (Ejecutivo y Legislativo) y de las autoridades electas de los Órganos Ejecutivo y Legislativo de los Gobiernos Autónomos del nivel subnacional; conforme a los fundamentos, razonamientos y argumentos jurídico constitucionales contenidos en dicha Declaración Constitucional Plurinacional; y, esto es fundamental, «exhorta a todos los Órganos del Poder Público del nivel central y subnacional, a cumplir con las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas, así como contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de los procesos electorales, tanto del nivel central como subnacional, que permitan contar con autoridades electas y posesionadas en los tiempos determinados por Ley, las convocatorias y los Calendarios Electorales respectivos».

PLAZOS

Entonces, queda claro que los tiempos, los plazos para la realización de elecciones pueden ser fijados por ley y el Tribunal Constitucional Plurinacional lo ratificó en su Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 del 15 de enero de 2020. Entendemos que así también lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia, que antes de la aprobación de la ley 1297 remitió un proyecto de ley. No se pidió que fije el día de las elecciones, que es competencia del Tribunal Supremo Electoral, sino el plazo de realización.

Queda entonces claro que la ley puede fijar los plazos, y la misma acción presentada por los senadores Ortiz, Guzmán y Sandoval así lo corroboran, cuando en una parte de su argumento señalan y enfatizan que ya lo hizo la Ley de Régimen Electoral de 30 de junio de 2010, en su artículo 94. Lo que señala la Ley del Régimen Electoral fue definido por la Asamblea legislativa plurinacional cuando elaboraba esa ley, en virtud de la atribución expresa que le otorgó la CPE en la disposición transitoria segunda y en las atribuciones que le otorga en el artículo 158.

VIDA Y SALUD

Entonces, respecto a ese tema no hay contradicción entre la CPE y la norma en cuestión. Queda esperar lo que señalará el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto del derecho a la vida y el derecho a la salud, mucho más cuando ha rechazado la medida cautelar y, además, el hecho de poner en riesgo estos derechos supone y precisa una explicitación en grado de tentativa, el cual incluye necesariamente dolo, elementos que no se precisan ni mencionan en la acción de inconstitucionalidad abstracta, presentada por lo senadores, esto debido a la misma condición y naturaleza de la acción que, como decíamos, es un control de constitucionalidad abstracto y no de caso concreto.

Lo que podría señalar el Tribunal Constitucional Plurinacional —pero es una especulación— es una exhortación a que el desarrollo de las elecciones generales a ser fijadas por el Tribunal Supremo Electoral en el margen de los plazos establecidos por la Ley 1297 se realicen en observancia y cuidado de las medidas de bioseguridad más adecuadas para este tipo de eventos, en similares condiciones a las recomendaciones que se encuentran en el Decreto Supremo 4245 de 28 de mayo, que flexibiliza la cuarentena, establece medidas de bioseguridad, y permite, por ejemplo, actos y ceremonias religiosas con algunas condiciones.

Pues bien, sólo queda esperar a que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la sentencia respectiva.

Farit L. Rojas Tudela
Abogado constitucionalista, profesor de Teoría del Derecho y Pluralismo Jurídico en la UMSA

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La arquitectura de la desigualdad

El #QuédateEnCasa también puede ser sinónimo de desigualdad y de privilegio

/ 27 de mayo de 2020 / 08:35

La pandemia que por estos días golpea al mundo no solo ha dejado al descubierto la fragilidad de las economías sudamericanas, sino que ha develado la debilidad de la seguridad social de los trabajadores, la precariedad sanitaria de los sectores populares y la total irresponsabilidad de los grupos acomodados del país frente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para contener el contagio por coronavirus. Lejos de respetar la cuarentena o de tomar resguardos sobre el autocuidado y la distancia social, los sectores de ingresos altos de Santiago viven en una realidad paralela.

Traslados en helicópteros a segundas viviendas, fiestas en medio de la restricción de reunión y hasta comulgación en plena vía pública. Probablemente hay una seguridad mayor frente a la amenaza que representa el COVID-19, quizás motivada por contar con un mayor acceso económico a implementos de salubridad que reduce (en parte) el contagio. Sin embargo, lo que expone este comportamiento social son dos cuestiones centrales que han marcado el devenir histórico de Chile en los últimos 45 años: individualismo y desigualdad.

Tras el golpe cívico militar (1973), la sociedad chilena se transformó en un centro de experimentación social para la incubación de un mal llamado modelo económico, el cual se sustentó en la individualización, en la competencia y en la indiferencia social. El formato de interacción cambió y lo importante era fortalecer el animal económico interno y arrinconar al sujeto colectivo, para que el nuevo proyecto económico lograra éxito y expandiera la autorrealización de los individuos. Por tanto, el leitmotiv de esta nueva forma de expresión económica no fue fomentar el trabajo colectivo, sino más bien se preocupó de estimular el aislamiento personal y esterilizar todo rasgo de sensibilidad social y pensamiento crítico. Los vasos comunicantes se debilitaron, el tejido social se destruyó y la sociedad transitó hacia el supuesto paraíso del consumo y la adulación desenfrenada. Ese país sumido en la desesperanza y en la desorientación, dio paso (en apariencia) a un oasis en medio del caos y una supuesta paz social, que más bien fue un espejismo del cual se despertó un 18 de octubre de 2019.

Tras la revuelta popular que ha marcado a Chile desde ese momento, la arquitectura de la desigualdad nuevamente fue motivo de crítica y de revelación, advirtiendo los movimientos sociales que era una costra en estado gelatinoso necesaria de remover. Si ya la sociedad movilizada intentó por distintos medios alterar el mal sentido de las cosas, motivada en muchos casos por sus propias experiencias de vida, el coronavirus visibilizó aún más que ese individualismo y esa desigualdad eran el verdadero enemigo poderoso. Un enemigo acostumbrado a ramificarse por cada rincón, bajo total impunidad y protección burguesa.

Lo que hace el COVID-19 es hacernos cuestionar ambos comportamientos sociales, insistiendo una y otra vez que para poder derrotarlo hay que cumplir el distanciamiento social, atender el llamado de #QuédateEnCasa y siempre lavándose las manos. Bueno, resulta claro el mensaje, pero para lograrlo hay que tener una casa con ciertas condiciones de espacio, además de contar con acceso total al agua. Es decir, es fácil decir #QuédateEnCasa cuando se cuenta con varios metros cuadrados a nuestra disposición y el agua es un recurso ilimitado para una cuenta corriente abultada. Con esas condiciones resulta sencillo seguir las recomendaciones de la autoridad, parar las labores diarias y asumir el encierro de forma lúdica. Pero lamentablemente eso también es sinónimo de desigualdad y de privilegio, pues solo unos pocos y pocas pueden hacerlo.

Los medios de comunicación han invadido sus noticiarios con notas diarias de cómo ciertas familias viven la cuarentena. Algunas practican fútbol, otras arman pistas de bicicross, otras improvisan canchas de tenis y otras se ejercitan en sus gimnasios privados. Pero si hasta esa realidad personal e íntima es una manera de profundizar la desigualdad.

Mientras algunos o algunas pueden paralizar sus actividades sin ver disminuidos sus ingresos, otros en cambio no pueden darse esos lujos. El acto de la desaceleración también es desigual y revela las graves diferencias sociales presentes en Chile y en la región. Lo que ha hecho el COVID-19 es visibilizar esa desigualdad oculta y romantizada por los grupos de poder, interesados siempre en conseguir la negación de ella, más que la alteración de fondo. Por ende, ese slogan #QuédateEnCasa también es desigual, pues mientras unos pocos pueden frenar sus actividades, el grueso de la población, golpeada sistemáticamente por el sistema, debe seguir adelante para dar una imagen de falsa normalidad.

Tal como lo dije en mi columna titulada ¿Podrá el coronavirus acabar con la tiranía del mercado?, este virus revela que no es posible mantener el actual estado de las cosas sin transformaciones de fondo del sistema económico. La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. La política debe cambiar, pues hoy es una forma más de dominación que de movilidad social. Un instrumento para la mejora de la vida de las personas y no como una estrategia de control social, pues de seguir así, los estallidos sociales no serán solo locales, sino también globales.

Máximo Quitral es historiador y politólogo, UTEM de Chile

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Mapa electoral plurinacional

La representación plurinacional combina criterios de población y de equidad

/ 27 de mayo de 2020 / 08:30

Las luchas por la representación en el Órgano Legislativo han sido históricas, asumiendo que es precisamente esta representación la considerada el primer Órgano del Estado Plurinacional, porque en ella está todo el pueblo que participa en los procesos electorales, mecanismo fundamental de la democracia representativa.

La nueva Constitución, con relación a la representación, en el artículo 146, numerales 5 y 6, nos dice que el total de escaños departamentales estará establecido por el número de habitantes de acuerdo al último censo nacional y que se dará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor desa-rrollo económico, también que las circunscripciones uninominales deben guardar relación de continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial, y basarse en criterios de población y extensión territorial. Establece que será el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) quien delimitará las circunscripciones uninominales en base a dichos criterios.

Entonces, tras el Censo de 2012, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2014 asume su responsabilidad de reorganizar las circunscripciones.

Por una parte, como país unitario y plurinacional y respetando la organización territorial departamental, donde se deben dividir las circunscripciones respetando los principios de población y territorio, se consensuó con los demandantes regionales; bajo el principio de unidad y de respeto igualitario a los nueve departamentos. De esta manera, no tomar en cuenta solo el criterio poblacional, pues los departamentos del eje, y particularmente Santa Cruz, podrían absorber gran parte de la representación; así como departamentos como Potosí, que ha perdido gran parte de su población producto de la migración, o Pando, que tiene una escasa población, ya prácticamente no tendrían representación.

Entonces, el criterio territorial se convierte en una variable de equidad, cuando los porcentajes por departamento no son iguales en número de ciudadanos votantes, pero son equitativos en el respeto a la territorialidad. Así, las demandas poblacionales del eje son asumidas con este criterio, para dejar de lado los números que aparentemente solo dan representación a los más grandes. Por eso, si nos quedamos solo con la cantidad de habitantes, parece injusto que para elegir a un diputado uninominal en La Paz se necesiten 50.000 votos, mientras que en Pando el número de votos necesario para ello solo sea de 5.000.

Otro criterio de mirada plurinacional es el de las circunscripciones especiales indígenas. Siendo que inicialmente el debate constituyente de la mayoría apuntaba a 36 representaciones existentes, producto del debate con las representaciones departamentales y partidarias, se fueron reduciendo para finalmente quedar y aprobarse en siete representantes. Es la representación de la plurinacionalidad, e independientemente del número de indígenas que representan, los elegidos son representantes de los pueblos indígenas en los departamentos donde son minorías, y donde los asientos y recintos electorales no necesariamente cuentan con continuidad territorial. Una vez más tenemos que ver más allá de los números: lo que representan en un país que históricamente ha sometido colonialmente a los pueblos indígenas y que hoy los reivindica en una representación directa, que no es proporcional al número de pueblos y naciones que son, pero sí de lo que históricamente son y seguirán siendo en nuestra identidad plurinacional.

Esta demás decir que el actual cuestionamiento a las circunscripciones uninominales vigentes tienen no solo un fin electoral, que busca posponer el proceso eleccionario, sino que también se pretende, una vez más, reivindicar la prevalencia urbana sobre lo rural como ocurrió en el pasado inmediato producto del racismo y la discriminación de las oligarquías que manejaban el país. Hoy creen que es el momento de volver al pasado, reivindicando la prevalencia urbana. No nos dicen que precisamente el proceso de cambio detonó el valor del voto para el nivel rural, para el sujeto indígena originario campesino, que acudió masivamente a votar para cambiar el país.

Hoy, en medio del golpismo vigente, se creen con el derecho de volver atrás; todavía más: inventan que “un voto campesino equivalen a tres urbanos”, o que “el MAS ha manipulado las circunscripciones para favorecerse electoralmente”. Lo que no podrán explicar, más allá de la distorsión que realizan producto del monopolio en las vocerías oficialistas en los medios de comunicación, es que fue el voto rural IOC que masivamente acudió a sufragar el que completó la victoria del MAS, llegando la votación a cifras nunca soñadas en los procesos neoliberales, hablamos de porcentajes que bordean el 85 y 90% frente a cifras en épocas neoliberales que no pasaban del 40%, llegando a tener presidentes hasta con el 18%.

Entonces, no es que se inventó o “fraguó” votos, sino que Bolivia cambió porque las mayorías optaron por participar electoralmente y, más allá de eso, ser protagonistas de la política oficial del proceso de cambio. Otro criterio a compartir es que en el actual mapa electoral de las circunscripciones uninominales, unas son fundamentalmente urbanas por el grado de concentración poblacional, pero hay muchas otras que son urbano-rurales, manteniendo no solo el porcentaje poblacional, sino también la continuidad territorial que hace a una circunscripción, de esta forma se rompió la dicotomía neoliberal y republicana de lo rural a costa de lo urbano.

Finalmente, debemos abogar una vez más porque el número igual no representa necesariamente equidad, como pretende argumentar las interpelaciones opositoras para cambiar el mapa de las circunscripciones, ya que el resultado en un país plurinacional como el nuestro sería el retorno a la inequidad, que fue la norma republicana del voto censitario, y que al parecer hoy es la plataforma política de los actuales gobernantes. Defender la constitucionalidad del Estado Plurinacional, como ocurre con la equidad entre los departamentos pero también con las circunscripciones especiales indígenas, es un tema de principio: en democracia, la mayoría debe estar representada no solo por el número sino también por la representación de quienes nunca tuvieron históricamente posibilidad de participar y decidir, por eso nuestro sistema electoral es mixto, proporcional y de mayoría, y busca combinar lo territorial, poblacional, buscando la inclusión de minorías y de género, invisibilizadas por toda la historia anterior a la actual Constitución.

Tenemos un nuevo país que aún no terminamos de construir, pero que las oligarquías están desesperadas por volcarlo hacia atrás, no solo con toda la política económica desplegada, sino también buscando atropellar la Constitución y transformar la representación plurinacional para volver al pasado.

Juan Carlos Pinto es sociólogo

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El Gobierno no tiene capacidad para cumplir sus retos

El candidado critica el accionar de Áñez, tanto en el mandato de las elecciones como en la gestión de la crisis sanitaria

/ 27 de mayo de 2020 / 08:15

Remarca el carácter transitorio del gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. Si bien reconoce las acciones positivas o aciertos que tuvo en la gestión de la emergencia por el coronavirus, deja en claro que en muchos aspectos la situación está rebasando al Ejecutivo. Reclama que a las cartas que envió desde principios de mayo a la Mandataria, proponiendo un diálogo nacional por la crisis sanitaria y política, ella no haya tenido “la gentileza de dar ni siquiera acuse de recibo”.

—En el debate sobre los transgénicos, usted dijo que el Gobierno transitorio está tomando decisiones que no le competen.

—Estamos hablando de un gobierno que tiene un solo mandato, y lo estamos viendo ahora, estamos viendo que el Gobierno apenas puede con el mandato de la elección, está siendo desbordado completamente por el tema de la pandemia del coronavirus. El Gobierno tiene el mandato, y no ha sido elegido para tomar decisiones de mediano y largo plazo, decisiones que son de efectos importantes desde el punto de vista económico y del agroambiental. Y, por si fuera poco, el Gobierno ha aprobado un decreto supremo cuando la Constitución tiene dos artículos, el 255 y el 409, referidos a los transgénicos; el primero, que no se puede aprobar nada que sea dañino para la salud humana, y el segundo, que cualquier aprobación que se haga tiene que hacerse a través de ley, no a través de un decreto; y el tercer elemento es un tema muy polémico: estamos entrando en terrenos como el del trigo, que no tiene muchos elementos comparativos en el mundo, y el del maíz, en el que Bolivia es un país originario en su producción, lo cual es tener una gran riqueza genética, en particular el caso del maíz. Por donde se mire, es una decisión equivocada.

—En definitiva, tiene que revertirse la disposición.

—En definitiva, el Gobierno no puede seguir tomando decisiones en los transgénicos, en lo de YPFB, en el tema tierras, en el minero, como si fuera un gobierno elegido en las urnas; este es un gobierno transitorio, un gobierno que además está enfrentando gravísimos problemas de irregularidades, de falta de transparencia, de acusaciones de corrupción. Es increíble que en seis meses estemos viendo a un gobierno vinculado a tantos temas de irregularidades y falta de transparencia.

—Las medidas económicas, de auxilio a las empresas, señaló que son inaplicables.

—Sí, de lo que se trata en el caso de las medidas estructurales, no los bonos, que están bien y que hay que llevarlos adelante, tienen que ser medidas que sean realmente eficientes y rápidas, el desembolso rápido, que no planteen cosas imposibles, hay casos en que te piden papeles o documentos de oficinas que están cerradas y que no te atienden y por lo tanto no puedes conseguir la información o los documentos que te piden para poder llevar adelante el trámite. Pero bien, estas son medidas que se han tomado para préstamos, para pagar salarios y para respaldo económico a pequeñas y medianas empresas, no se habla en absoluto de las grandes empresas, que también están enfrentando problemas, y eso nos lleva a la conclusión obvia: un gobierno de transición puede tomar algunas medidas parciales pero no puede comprometer bienes del Estado ni comprometer recursos del Estado en el mediano y largo plazo. Lo que necesitamos al más breve plazo es un proceso electoral que resuelva estructuralmente también el tema político.

—La cuarentena hace aguas, dice usted. Ya varios sectores están presionando por volver al trabajo, incluso en esta lógica están quienes protestan.

—La protesta es un derecho que no se detiene en ningún momento, el derecho a la protesta es un derecho que tiene cualquier comunidad y sociedad que no puede ser restringido en términos de que ‘estamos en emergencia’, pero de ahí a que la protesta se convierta en violencia, en bloqueo, en restricción de derechos, se convierta en atacar la salud, como en el caso de Cochabamba impidiendo el paso de carros basureros, o en el caso de Yapacaní generando una gravísima dificultad de distribución de recursos para el país en términos alimentarios, eso es lindante en lo criminal. Hay que hacer un distingo entre el derecho a la protesta y las acciones violentas que vulneran la ley de una manera descarada, propiciadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese es un tema distinto del que puede tener el ciudadano común, de la dificultad de la necesidad de salir a la calle para el día a día, para conseguir el ingreso, para poder comer mañana; hay que distinguir una cosa de la otra. Con ese criterio estamos en una dificultad seria, el incremento de los casos es muy significativo: si ves, los últimos 10 días estamos prácticamente duplicando el número de contagios y de fallecimientos y eso nos indica que estamos entrando en la curva más crítica de contagios de la enfermedad. En consecuencia, la línea te diría que hay que mantener la cuarentena, pero por otra parte la cuarentena está perforada por muchos puntos, es decir, hay muchos sectores desesperados económicamente, no solamente el pequeño productor o el cuentapropista, sino el transportista, los sectores productivos, etcétera, que ya no resisten más. En consecuencia, tenemos que empezar a pensar en una salida ordenada de la cuarentena. Lo que estamos encontrando es que el Gobierno está siendo desbordado por la situación, y cada vez está con menos condiciones de control y además su credibilidad se está desmoronando terriblemente por los ejemplos de irregularidades y de acusaciones de corrupción que tiene en contra.

—En lo de las protestas, ¿todo se reduce a una supuesta acción conspirativa del MAS?, ¿no hay un descontento en lo cotidiano?

—Vuelvo sobre el punto. Cuando tú haces una protesta expresándote libremente y diciendo que estás en contra, y eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo en algunas ciudades del país, es un derecho que nadie puede discutir, y no tengo dudas de que hay un malestar en la sociedad; pero por favor, no hay que confundir una cosa con la otra, una cosa es una protesta legítima, no estoy negando, y otra cosa es el activismo masista que está llevando las cosas a la violencia.

—Libertad de expresión, está bien que hayan suprimido ciertos artículos que atentaban, pero desde antes ya se penalizó la desinformación y el “generar incertidumbre”.

—Por supuesto no estoy de acuerdo, lo he dicho públicamente una, dos, tres, 10 veces. Y me ha alegrado el saber que el Gobierno haya echado pie atrás por la presión de la ciudadanía y por la presión internacional; es obvio que el derecho a la información, tanto a ser informado como el de informar no se puede cortar nunca, ni en el peor estado de excepción que podamos vivir; en consecuencia, no se puede aceptar ningún tipo de restricción, sobre todo habiendo heredado a un gobierno como el de Evo Morales, que ha sido un gobierno que sistemáticamente ha atacado a los medios de comunicación a partir de mecanismos muy evidentes, como acusaciones contra periodistas, forzar a la autocensura, quitar publicidad, atacar con impuestos; tenemos una tradición de 14 años de confrontación y de vulneración de los derechos de la libre expresión como para que este gobierno los repita.

—En cuanto a las elecciones, ¿qué opina de la lógica del Gobierno: la vida o las elecciones?

—Nadie puede estar en desacuerdo con la defensa de la vida y con la prioridad de la salud por encima de cualquier otra consideración en un momento de crisis, de una pandemia como el coronavirus, eso está claro. Ahora, la teoría de que eso va a durar seis, siete, ocho meses me parece inaceptable; el conjunto de los países del mundo que han enfrentado antes que nosotros la pandemia la han sufrido, en el peor de los casos, cuatro meses; si tú le das seis, estamos hablando de marzo hasta septiembre; en septiembre tendríamos resuelto el tema crítico; el virus se quedará, es un enfermedad que va a ser permanente en la vida humana; por lo tanto, suponer que la existencia del virus impide la elección, no tiene sentido. Una vez que se supere el tema más crítico, que todavía estamos atravesando, tiene que definirse una fecha que, como había establecido el Tribunal Constitucional, cuando le prolongó el mandato a la Presidenta y a la Asamblea Legislativa el 22 de enero, debe llevarse a cabo en 2020; y no por un capricho, no porque uno diga que tiene que ser en 2020 per se, sino porque estamos hablando de las graves dificultades y cada vez mayores problemas del Gobierno para llevar adelante su tarea, porque es un gobierno transitorio; tiene que resolverse el tema electoral y la transmisión del mando en 2020 para tener un gobierno electo que sea capaz de enfrentar con responsabilidad de largo aliento y, con el respaldo del voto popular, las consecuencias dramáticas que nos va a dejar, en lo económico y en lo social, la crisis del coronavirus.

—El tema da para largo y se necesita un gobierno nacido de las urnas.

—Así es. Por cierto, aquí hay algo muy importante que decir. Como tú sabes, tenemos una ley, la del MAS, que equivocadamente ha colocado el 2 de agosto para la elección, pero no es una ley definitiva porque hay una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Yo le quisiera pedir a través de este medio al TCP que su fallo, aceptando la constitucionalidad o diciendo que es inconstitucional la ley de la Asamblea Legislativa, salga lo más rápido posible. Lo peor que nos podría pasar es que ese fallo salga una semana antes del 2 de agosto, porque eso nos genera una gran incertidumbre; no se puede tomar una decisión política ni de carácter administrativo; el propio Tribunal Supremo Electoral está en problemas si el TCP tarda en dar respuesta. Yo creo que la crisis obliga al TCP a un fallo lo más rápido posible para que sepamos los bolivianos a qué atenernos.

—Claro, acomodarse al momento crítico en que estamos.

—Que nos diga lo que sea, pero que nos diga rápidamente. Tiene que ser ya, porque en función de eso es que el país entero va a adecuarse a las circunstancias en términos electorales.

—Usted planteó un acuerdo nacional. ¿Persiste en eso, qué viabilidad cree que tenga?

—Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer; le hemos mandado una carta a la Presidenta que no ha tenido la gentileza de dar ni siquiera acuse de recibo; asumimos que no considera ni siquiera el respeto de mandar una carta a quien se la envía, no por lo personal, no es un tema personal el tema que tiene que ver con la propuesta. Nosotros hemos creído y creemos que en un momento tan duro como el que vive el país, la unidad es crucial, el acuerdo nacional es crucial, y el aceptar políticas de Estado de todas las partes es crucial. La evidencia de que teníamos razón es que se ha producido ya una acción política muy clara del Movimiento Al Socialismo, tanto en la Asamblea Legislativa como en la calle, que muestra que cuando no buscas un acuerdo, (encuentras) lo que encuentras. Esto lo hicimos el 4 de mayo. Nosotros hemos hecho la propuesta para que sea la Presidenta la que haga una convocatoria al diálogo nacional. El Gobierno está enfrentando dificultades que lo están superando claramente, y estamos viendo que no tiene la capacidad de llevar adelante sus retos, ni el electoral ni el de la lucha contra el coronavirus, pero ya hemos hecho lo que teníamos que hacer; la Presidenta y el Gobierno sabrán lo que tienen que hacer y veremos cómo reaccionan.

—¿No insistirá?

—Mira, hemos insistido el 4, el 5, el 8, el 10, el 15, hace pocos días, pero ya la Presidenta conoce nuestra propuesta y ella sabrá a qué atenerse.

Carlos Mesa Gisbert. Recuerda que desde antes propuso un tratamiento especial a los departamentos de Santa Cruz y Beni en lo relativo a la pandemia; la idea es, dice, evitar las dos cabezas, nacional y subnacional, ocupándose del tema; demanda mayor coordinación por la crisis sanitaria.

Datos

Nombre: Carlos Diego Mesa Gisbert

Ocupación: Escritor y periodista, a la fecha es el candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana.

Perfil

Fue el 63 presidente de Bolivia, desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005. En las elecciones generales anuladas de 2019 fue candidato a la presidencia.

Iván Bustillos, es periodista de La Razón

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El descenso vertiginoso

El mantra de Áñez, ‘mi única tarea es llamar a elecciones, yo no voy a ser candidata’, le está pasando factura.

/ 27 de mayo de 2020 / 08:15

Hace casi siete meses asumió la dirección del Estado el gobierno liderizado por Jeanine Áñez, nominado por ella misma y sus acólitos como “de transición”. Al inicio y con gran consenso en el conjunto de los opositores a Evo Morales como principal antagonista político-ideológico, actuó con desmedida fuerza en el uso del poder coercitivo y la persecución política para con sus detractores.

Lo que pudimos evidenciar, como muestra de este consenso alrededor del “Gobierno de transición” fue el cerco mediático casi unísono y total durante el golpe de Estado y en los primeros meses de gobierno. Toda la derecha boliviana coincidía en el papel político que debía jugar el Gobierno durante la transición y ese era el de llamar a elecciones, pero implícita y principalmente el de sentar las bases materiales para que en las futuras elecciones ni Evo Morales ni el MAS-IPSP puedan retornar al poder. Para esto se barajaban diversas opciones, la más radical, anular la personería jurídica del MAS-IPSP acusándolo de fraude electoral; otra, inhabilitar a sus futuros candidatos; incluso, la opción más intrépida, crear fracturas y divisiones dentro del MAS (ala radical versus ala concertadora) para lograr influir en la designación del candidato masista y poner uno funcional a sus intereses, llegando incluso Óscar Ortiz a recomendar explícitamente a una senadora para candidata a presidenta del MAS-IPSP.

Mientras el uso de la fuerza coercitiva para tratar de acallar las protestas se traducía en decenas de muertos y dos masacres, las de Sacaba y Senkata, casi el total de los medios bolivianos callaba y solo reproducía las versiones oficiales del Gobierno, la más célebre de Arturo Murillo: “¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca? O sea, el compañero de atrás es el que está disparando…”. Incluso, durante las protestas, al ser rebasada la Policía, el periodista John Arandia pidió en un tweet que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir; cito: Gral. Kaliman saque a los militares, no necesita disparar, el pueblo garantiza “no tendrá represalias ni juzgamiento”.

Gramsci define a la hegemonía como la capacidad de dirección, de conquistar alianzas, de proporcionar una base social al Estado; en Lenin, la hegemonía es concebida no solamente como dirección política, sino también como dirección moral, cultural e ideológica. La base social (actores políticos contrarios a Evo Morales, “pititas”, medios de comunicación), era la que proporcionaba al Gobierno, la legitimidad como dirección hegemónica del Estado y la capacidad de actuar, sobre todo coercitivamente (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) en contra de sus detractores políticos, persecución generalizada contra el que se atreviera a contrariar o cuestionar el accionar del Gobierno de transición, legitimidad que desde el inicio fue insuficiente porque no había la más importante que es la lograda en las urnas, pero que fue solventada por la coerción de la fuerza y la instrumentalización política de la justicia.

Esta base social se empezó a deteriorar en el momento en que Jeanine Áñez ya no solo es presidenta del Gobierno transitorio, sino que decide oficializar su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, causando una gran molestia entre los otros frentes políticos con candidaturas ya definidas, que veían en ella solo el papel de garantía de las condiciones materiales para su futuro triunfo; consecuentemente, los ataques empiezan a suscitarse y cada vez más el Gobierno transitorio comienza a hacer aguas, el equilibrio entre consenso y coerción nunca fue una prioridad para el Gobierno de facto, ningún gobierno se puede sostener indefinidamente solo con el uso de la fuerza, si no existe cierto consenso entre los gobernados, una suerte de acumulación de fuerza contrahegemónica evidenciada en la pérdida del miedo entre los detractores; la disminución de alianzas entre el Gobierno y la sociedad civil ha ido en ascenso, el incremento de voces críticas, el gran aumento de los casos de corrupción, todo esto está provocando una caída vertiginosa en los niveles de popularidad y aceptación del gobierno de Áñez; incluso hemos sido testigos de cómo el fiscal general, Juan Lanchipa, que en un inicio fue de los primeros en ponerse a las órdenes del Gobierno de transición ahora, claramente en un sitial imparcial, anuncia investigaciones por corrupción en YPFB, Entel y uso indebido de bienes del Estado que vinculan a la propia hija de la presidenta, Carolina Ribera.

El mantra repetido hasta el cansancio en el inicio por Jeanine Áñez, “mi única tarea es llamar a elecciones, yo no voy a ser candidata…” le está pasando factura, los escándalos y cambio de ministros y autoridades son el pan de cada día; ahora mismo están en una carrera contra el tiempo, tratando de recuperar alianzas o de sostener las que todavía le quedan. Aprobaron 500 millones de dólares para el sector financiero a través del BCB, tratan de acelerar el uso de transgénicos en la agricultura para favorecer a los exportadores, y ahora van por el litio. Pese a todos los esfuerzos por retrasar las elecciones hasta 2021 y el favor casi providencial de la pandemia mundial por el COVID-19, se encontraron con una bancada del MAS-IPSP en la Asamblea Legislativa Plurinacional que asestó un golpe certero, aprobando la realización de las elecciones en no más de 90 días, o sea hasta inicios de agosto.

Así que, según el desarrollo de los hechos, lo más probable es que muy pronto tengamos elecciones en Bolivia; lo que los hechos no están dejando claro, por el momento, es que si Jeanine Áñez llegará a éstas como candidata o como presidenta o como ninguna de las dos.

Mauricio R. Leigue es politólogo

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