martes 20 oct 2020 | Actualizado a 21:57

La reelección de Almagro ahonda la división de la OEA

Todos los secretarios generales de la OEA tuvieron un segundo mandato, para el cual eran ratificados por unanimidad; con Luis Almagro se rompió esta tendencia.

Luis Almagro dirigirá la OEA hasta 2025

Por Iván Bustillos, es periodista

/ 3 de abril de 2020 / 16:20

Como no sucedía antes, la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo como principal característica la votación dividida de los países miembros: de 33 asistentes, 23 lo hicieron a su favor y 10 por su contrincante, la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa.

La votación, que es secreta, se realizó pese al pedido de postergación planteado por México y la Comunidad del Caribe (Caricom) dada la emergencia sanitaria por el coronavirus. Mientras que la candidatura de Espinosa había sido respaldada por Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas —naciones caribeñas cercanas al venezolano Nicolás Maduro—, además de México y Argentina, la de Almagro contó con el respaldo de Estados Unidos. El propio secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, discursó en la OEA, en enero de este año, apoyando su reelección.

Reelección, pero no unánime

Si bien se trata de un triunfo por una mayoría que supera incluso los dos tercios de los países electores, la nueva elección de Almagro rompe con la tradición de las anteriores reelecciones, cuando el Secretario que asumía por segunda vez el cargo era reelegido con el apoyo unánime o casi unánime de los países miembros. Recordando que el chileno José Miguel Insulza (secretario general entre 2005 y 2015) tuvo muchos problemas para ser elegido la primera vez (en 2005), el excanciller boliviano Javier Murillo ratifica este hecho: “Fue difícil su elección (de Insulza), y claro, en el segundo mandato, sí ya, casi por rutina, vamos a llamar, fue elegido nuevamente; aparte de ese caso, sí, todos los demás secretarios generales recibieron un voto unánime”.

Desde 1947, cuando empezó la gestión del primer secretario general del organismo —el colombiano Alberto Lleras Camargo—, la OEA tuvo un total de 11 secretarios (Almagro incluido), de los cuales todos fueron reelectos. Después de Lleras, que estuvo en el cargo 7 años, entre 1947 y 1954, se sucedieron: Carlos Dávila Espinoza (Chile), un año, entre 1954 y 1955; José Antonio Mora (Uruguay), 12 años, de 1956 a 1968; Galo Plaza Lasso (Ecuador), 7 años (1968-1975); Alejandro Orfila (Argentina), 9 años (1975-1984); Joao Clemente Baena (Brasil), 10 años (1984-1994); César Gaviria Trujillo (Colombia), 10 años (1994-2004); Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), un mes, renunció para defenderse de un proceso legal en su contra en su país (2004); Luis Einaudi (Estados Unidos), siete meses, interino (2004-2005); José Miguel Insulza (Chile), 10 años (2005-2015); y Luis Almagro (Uruguay), 5 años (2015-2020), reelecto hasta 2025.

Pese a que Almagro alcanzó a ser elegido secretario general de la OEA con 33 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el 18 de marzo de 2015, en su reelección (ocurrida el 20 de marzo reciente) no logró repetir el respaldo de hace cinco años. Tal el contexto de su victoria, lo que deja entrever la división persistente en la OEA.

Difícil nueva gestión

La votación dividida, destaca Murillo, “está demostrando que (Almagro) entra con un cierto respaldo debilitado, lo que quiere decir que tampoco existe consenso sobre la eficacia de su mandato. No es bueno ingresar con esta falta de unanimidad, porque eso resta eficacia a su gestión”.

Los organismos internacionales, recuerda el excanciller Murillo, “son lo que los países (miembros) quieren que sean”, ganan en eficacia cuando dichos países le apoyan, y la pierde si los gobiernos están enfrentados; definitivamente, esta es la “desventaja con la que entra el Secretario General”.

Claro, en la votación dividida para el segundo mandato de Almagro, pesó su primera gestión: “No creo que haya sido particularmente brillante su conducción del organismo regional. A esa percepción que tiene la gente de que (la OEA) es un organismo casi inoperante, se suma el hecho de que Almagro no ha mostrado un verdadero liderazgo que contribuya a fortalecer las relaciones de los países miembros del sistema interamericano. En esta segunda gestión tiene que mostrar una absoluta coherencia, cosa que no ocurrió en su primer mandato, y eficacia para acometer los desafíos del sistema interamericano”, concluye Murillo.

Lo que pasa con Almagro, destaca a su vez el politólogo Franklin Pareja, es que le tocó vivir el viraje ideológico que dio la región de gobiernos progresistas o de izquierda hacia los regímenes de corte liberal. Y su pecado fue tomar partido por una de las partes.

El contexto actual es completamente diferente de cuando fue electo por primera vez (2015), “porque en este momento hay una polarización extrema en la región, donde uno de los óbices para que exista una visión compartida sigue siendo Venezuela, de manera que cuando se forma el Grupo de Lima, con una política para restituir el estado de derecho y la democracia en Venezuela, Almagro secunda esto de forma explícita; entonces, se generó una especie de quiebre en la región”; cuando Almagro tomó posición en la cuestión venezolana, “polarizó y dejó de ser un representante con adhesión”, apunta Pareja.

Con el problema de Venezuela irresuelto, y aún más, con un nuevo viraje hacia la izquierda en varios gobiernos de la región y el debilitamiento de los regímenes de “corte liberal”, destaca Pareja, claro que “se preveía que la nueva elección de Almagro iba a ser complicada y con toda seguridad no va a ser estable, va a generar turbulencia, y con los problemas que estamos viviendo, lo más probable es que muchos países entren en una profunda recesión económica, lo que puede reavivar posiciones ideológicas de izquierda. Hay un desgaste natural de Almagro, una polarización, una confrontación ideológica en que Almagro ha tomado partido por ubicarse más con las corrientes liberales”.

Ahora, la personalidad de “el Oso”, como le llamaban en su partido en Uruguay, contribuyó enormemente en su actual situación; tenía acciones contradictorias, dice Pareja: “fustigó duramente la repostulación de Evo Morales, él fue quien impulsó el informe de la Comisión de Venecia, que decía que la repostulación indefinida no era un derecho humano, pero vino a Bolivia y dijo que no podía oponerse a dicha repostulación. Este tipo de situaciones han generado un descrédito también con los gobiernos de corte liberal”.

“El hecho de que Almagro haya logrado ser nuevamente secretario general de la OEA demuestra que es un hombre camaleónico, hábil, negociador, astuto y que no siempre demuestra consecuencia con sus actos”, remarca Pareja.

“Hoy todos debemos trabajar juntos. Debemos transformar nuestras prioridades, la OEA no puede ser la misma en estos tiempos, debemos modernizar nuestros procedimientos para seguir adoptando decisiones colectivas. Asumo este nuevo periodo al frente de la OEA en tiempos complejos de pandemia, renovando mi compromiso con ustedes, cada una de las personas que trabaja para esta organización. Hoy más que nunca, la región requiere de una OEA presente, con claridad y capacidad para liderar procesos y sobre todo que sea capaz de entender los derechos de las personas en los nuevos contextos y apoyar a los Estados, para su garantía y respeto. Es fundamental seguir funcionando. Nuestros sistemas políticos van a sufrir y nuestros tejidos sociales van a sufrir, pero no podemos emerger de esta situación ni menos democráticos ni nuestros pueblos con menos derechos”, señaló Almagro en un reciente mensaje a través de las redes sociales.

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Persecución política y anticomunismo en los gobiernos del MNR (1952-1964)

Quinta entrega de esta serie en la que se abordan momentos significativos de nuestra historia vinculada a la persecución política. El sometimiento de Paz Estenssoro a las directrices de los gobiernos de Kennedy y Johnson, en los años 60, explica las razones estratégicas que condujeron a imponer políticas represivas de neutralización a la clase trabajadora boliviana, entonces ideológicamente influida por el comunismo que caracterizó la Guerra Fría de la época.

Víctor Paz Estenssoro, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

/ 18 de octubre de 2020 / 09:58

Ya dijimos que Bolivia cuenta con un archivo “oral” y documentación dispersa y desordenada acerca del autoritarismo y la represión política practicados por el MNR en sus 12 años de gobierno en la década del 50 y la primera mitad del 60. Es por ello que hasta aquí he privilegiado los ejemplos concretos vinculados al Control Político al mando de Claudio San Román, los campos de concentración y a las prácticas represivas que incluían métodos de tortura, especialmente practicados contra militantes del conservador partido Falange Socialista Boliviana (FSB), pero las razones de fondo estructurales para que especialmente Víctor Paz Estenssoro terminara prácticamente fagocitado por el gobierno y las políticas estadounidenses encabezadas por los presidentes John Fitzgerald Kennedy y Lyndon Johnson están relacionadas con la conversión del proceso revolucionario iniciado en 1952 hacia lo que se consolidó como un laboratorio en que combinarían esfuerzos “liberales desarrollistas norteamericanos” y “modernizadores autoritarios de América Latina”, como bien lo define el investigador Thomas C.Field Jr., quien afirma de manera rotunda, —producto de una exhaustiva investigación contenida en 16 archivos y 50 entrevistas personales que le permitieron construir una narrativa de historias orales y documentos personales — que “las ideologías tecnocráticas de desarrollo funcionaron como prismas a través de los cuales ambas administraciones libraron una guerra en contra el movimiento obrero boliviano”.

El intervencionismo, la injerencia, el control y la participación activa en aspectos tácticos en la “guerra contra el comunismo en Bolivia” tiene nombres y apellidos: “El embajador Douglas Henderson, el jefe local de la CIA, Larry Sternfield y un agregado aéreo de la embajada, Edward Fox,  dedicaron mucho tiempo a discutir los detalles de la política estadounidense con respecto a Bolivia durante esos tensos años. Sus historias se basaban en lo que el registro documental sugiere: que las administraciones Kennedy y Johnson estaban convencidas de que Paz Estenssoro era la única figura que podía guiar a Bolivia por el camino de la modernización anticomunista y que los funcionarios estadounidenses —a regañadientes en los casos de Sternfield y Fox— fueron forzados a mantenerse al margen, mientras el General Barrientos llevaba adelante la sublevación (noviembre, 1964), afirmación que queda corroborada por ex funcionarios de gobierno y familiares del mismísimo Paz Estenssoro que le achacan toda la responsabilidad para la caída del MNR al citado Cnl. Fox y a la CIA.

Quienes son afectos a la mitificación de personajes públicos en la vida de una sociedad, han omitido con premeditación o por ignorancia que el calificado por la historia oficial “personaje del siglo XX en Bolivia”, Víctor Paz Estenssoro, hipotecó la Revolución de 1952 a la estrategia planetaria estadounidense, enfrascada entonces en la confrontación que caracterizó la guerra fría y la lucha bipolar por el dominio del planeta frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). De esta manera, a título de “cooperación para el desarrollo” encomendada a la llamada Alianza para el Progreso y sus Cuerpos de Paz, y a sus distintas agencias de “cooperación”, vigilancia e inteligencia,  el líder movimientista terminó cediendo ante la presión y condicionamientos norteamericanos, dejando de lado una inicial postura de “tercera vía” entre capitalismo y socialismo que hacía a nuestro país un potencial reproductor del proceso revolucionario cubano triunfante en 1959.

En ese contexto, las historias de falangistas perseguidos, encarcelados, torturados o eliminados físicamente, terminan convirtiéndose en telón de fondo de una conflictividad que fundamentalmente estaba centrada en la resistencia popular al gobierno pazestenssorista con fuerte acento ideológico comunista, expresada a través de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) –Siglo XX, Irupata, Catavi, Llallagua, Uncía, Huanuni, Machacamarca, San José— liderada por Federico Escóbar e Irineo Pimentel, “obstáculos para la modernización de Bolivia” que fueron en su momento arrestados y como represalia grupos de mineros retuvieron a cuatro funcionarios de la “cooperación” estadounidense en una sede sindical en la que se encontraba almacenada una gran cantidad de dinamita.

He aquí el meollo de los móviles para la instauración de infraestructura, métodos y operadores paramilitares que hicieron del obsesionado desarrollista Paz Estenssoro, un obediente ejecutor de las directrices estadounidenses en las que el fin justificaba los medios violatorios de los derechos humanos, la pluralidad política, la autodeterminación y la soberanía nacionales. Los norteamericanos querían “una modernidad de clases medias, a fin de prevenir que la región adopte un socialismo obrero campesino”, y es en ese marco que puede comprenderse el postulado de la Alianza de Clases, política e ideológicamente distante de la visión marxista de la Lucha de Clases.

Convertido Bolivia en el segundo país receptor per cápita de ayuda estadounidense en el mundo con un 20% de su PIB, ese pragmatismo intervencionista, una vez que el crecimiento de la incidencia militar en la vida política se haría manifiesto, el gobierno norteamericano no dubitó en otorgarle solución de continuidad al golpismo militar inaugurado en noviembre de 1964, que se extendería hasta principios de la década de los 80 sustentado en las mismas bases de modernización desarrollista y lucha contra el comunismo esbozadas y puestas en práctica a partir de 1960, que hicieron de la República de Bolivia un país sometido a la dependencia y a las decisiones que se tomaban desde afuera sobre su destino con un fuerte costo político-social en  materia de libertades ciudadanas y derechos humanos.

Esta es la lógica de comprensión que debe ayudarnos a entender el porqué profundo y estructural del autoritarismo,  la represión y la violencia política practicadas por los gobiernos del MNR y que tuvo su cúspide en la puesta en vigencia del Plan Triangular con la participación de EEUU, Alemania Occidental y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), signatarios que compartían la visión de que “los sindicatos eran los inequívocos responsables de los problemas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), cuyo presidente, Guillermo Bedregal Gutiérrez, recibió presiones para una “considerable reducción en el número de trabajadores”, medida que —quienes creen en la mirada cíclica de la historia— se repetiría en 1985, dos décadas y media después, con la dictación del decreto 21060 y el despido masivo de trabajadores mineros eufemísticamente llamado “relocalización” a cargo del mismísimo Paz Estenssoro al inicio de su cuarta gestión presidencial.

El Plan Triangular arrancó con $us 13,5 millones en “asistencia técnica como el primero de tres pagos”. La FSTMB se opuso tenazmente a través del control obrero a este “programa de cooperación”, asunto que se tradujo en severas medidas represivas: El 6 de junio se llevaron a cabo 50 arrestos sin muertos; Bedregal llamó a reunión a su oficina de La Paz, a líderes sindicales y en lugar de recibirlos él, fueron agentes del Control Político que dejaron libres a los dirigentes movimientistas y apresaron a los comunistas y trotskistas, luego enviados a la localidad amazónica de Puerto Villarroel. El líder sindical comunista Simón Reyes no pudo llegar a la reunión, pero con otra emboscada, Bedregal, preocupado por la “terrible reacción en las minas”, aparentó simpatía con Reyes para invitarlo al Palacio de Gobierno, lo que significó que el dirigente minero fuera también arrestado y embarcado en un avión junto a estudiantes universitarios y profesores.     

“Complot comunista”, dijo Paz Estenssoro para justificar la puesta en vigencia de un Estado de Sitio que facilitó el aislamiento e incomunicación de “cincuenta comunistas bolivianos” con las milicias campesinas movimientistas que coreaban en las calles “abajo el comunismo”:  Ejemplos como estos campean en los casi cuatro años del tercer gobierno pazestenssorista finalmente derrocado por su vicepresidente, el Gral. Barrientos  y solamente la palabra de un economista de USAID, Melvin Burke, que trabajaba en el Plan Triangular, comparte el criterio de los mineros, afirmando en carta de renuncia elevada a sus superiores que “USAID no tiene nada que ver ni con la economía, ni con el desarrollo de Bolivia”, que según el funcionario “el Plan (Triangular) era un Caballo de Troya que no tenía ninguna base económica excepto destrozar al sindicato comunista”, reivindicando la validez de lo planteado por los mineros “por haber luchado contra la supuesta eliminación de los mineros superfluos”. El mismo Burke, en un estudio realizado en años posteriores, escribió que la COMIBOL usaba una contabilidad “creativa” que alteraba datos de ganancias y pérdidas reales a su antojo, pretexto para racionalizar o dicho de manera más cruda, despedir trabajadores de la empresa. Y aquí va la clave de todo el análisis que hace Burke: “El Plan Triangular era una fachada que escondía un encubierto objetivo político, consistente en destruir el sindicato de trabajadores y revertir la nacionalización de la industria minera boliviana”.

Una conquista revolucionaria era así perforada por uno de los autores principales que la había gestado, con el gravísimo añadido de una campante corrupción: “El gobierno corrompió a los líderes afiliados al MNR de San José, en las afueras de Oruro con 400 chamarras americanas y 500 mil pesos”, que había ofrecido la liberación de los comunistas detenidos con excepción de Federico Escóbar e Irineo Pimentel.

Hasta la orden religiosa católica de los Oblatos se convirtió en instrumento de persecución de mineros con filiación comunista y el Comité de Amas de Casa, alineado con el Partido Comunista de Bolivia (PCB), pidió a Paz Estenssoro la liberación de sus esposos, movilización en que perdió la vida la huelguista Manuela de Sejas, fallecida poco antes de que finalmente Paz Estenssoro aceptara liberar a los prisioneros. Un poema escrito en homenaje a esta luchadora resume la ira que provocó el Plan Triangular, especialmente en los mineros de Siglo XX: “Fuiste a las huelgas de hambre rumbo a La Paz/llegaste a las puertas de COMIBOL/ gases lacrimógenos llegaron a tus hijos de los agentes pagados con el dólar de los yanquis Manuela de Sejas/ mujer valiente sin igual/ ofrendaste tu vida por la clase trabajadora/ luchaste junto a tu marido contra el Plan Triangular, oponiéndote contra la masacre blanca…/ Adelante compañeras!/ hasta la liberación de un pueblo oprimido por los capitalistas norteamericanos/tiranos, masacradores, perros asesinos./Algún día caerán en el fango de un precipicio sin final.”

En el tensionante marco de la Guerra Fría, los funcionarios estadounidenses comparaban a nuestro país “con alguien desnutrido, mal vestido, sin vivienda apropiada y expuesto a la tuberculosis”  y creían que la única forma de inmunizar al paciente de la enfermedad (el comunismo) era hacer cuanto fuera posible para evitar la intervención soviética en los asuntos internos de Bolivia.”

“Parece que cuanto más de cerca estudian los historiadores la política exterior del presidente Kennedy en distintos países, más se revela su autoritarismo. Los objetivos políticos impulsaron a la Alianza para el Progreso desde sus inicios y el fuerte sesgo ideológico de la administración simplemente exageró y radicalizó el nivel de intervención de Washington. En Bolivia, el tan anunciado programa de Kennedy trajo consigo una profunda implicación de EE.UU. en casi todos los aspectos de la vida social, política y económica. Basándose en el viejo paradigma del desarrollo autoritario del Presidente Paz Estenssoro, los desarrollistas estadounidenses tomaron las minas nacionalizadas como lógico punto de partida y adoptaron un autoritario plan de rehabilitación de la minería, redactado en gran parte por los propios bolivianos. Sin embargo, la resistencia de los mineros que no comulgaban con el MNR fue firme e inmediata, lo que obligó a la Alianza para el Progreso a apoyarse directamente en la represión política. Alentados por la aparente determinación de Paz Estenssoro, los desarrollistas estadounidenses colmaron al gobierno boliviano de asistencia policial, militar y económica, secundando de buena gana la batalla estratégica de Washington contra el comunismo en el corazón de América del Sur.”: La cita precedente registra una perfecta síntesis de la relación causal entre injerencia y las violaciones a los derechos humanos a cargo de los Estados Unidos de América en Bolivia.

(Datos de investigación de archivo personal y en ‘Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy’, de Thomas C. Field Jr.)

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Lo esencial en la elección es el cómputo, no el conteo rápido

Ahora se tiene un concepto (y una habilidad) más integral de la cadena de custodia, destaca el experto

Luis Martínez Betanzos

Por Iván Bustillos

/ 14 de octubre de 2020 / 08:57

Como se sabe, las elecciones del 20 de octubre de 2019 fueron anuladas principalmente a raíz de que la Misión de Observación Electoral de la OEA detectó un “inexplicable cambio de tendencia” en el TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares); para los comicios del 18, el Órgano Electoral en lugar del TREP creó el Direpre (sistema de Difusión de Resultados Preliminares), con el mismo fin: en el día de la elección poder contar con un conteo rápido que dé cuenta de la tendencia preliminar de la votación. Está bien, dicho conteo rápido ayuda a dar certidumbre al país lo más pronto posible sobre el resultado de la votación, pero nunca hay que perder de vista, apunta nuestro entrevistado, el asesor electoral principal del PNUD, Luis Martínez Betanzos, que lo verdaderamente importante de cuidar, mejorar y transparentar es el cómputo electoral, el procesamiento del resultado oficial con base en las actas electorales físicas, que se revisan una a una. Por eso, dice, Naciones Unidas en Bolivia cooperó al país principalmente para fortalecer el sistema de cómputo; se está instalando nada menos que 1.500 ordenadores en todo el país, buena parte para las salas y trabajo de cómputo. También colabora el PNUD en fortalecer una de las mayores falencias en la elección del año pasado: la cadena de custodia del material electoral.

—¿Qué acompañamiento específico, técnico y político hizo Naciones Unidas al proceso electoral?

—Nuestra misión de asistencia técnica está desde enero, pues surgió de los acuerdos de octubrenoviembre (2019). Fracasaron aquellas elecciones, se decidió que Naciones Unidas acompañaría el nuevo proceso electoral en el ámbito político y técnico. Somos 31 y estamos desplegados por todos los departamentos, y los trabajos que hemos realizado hasta el día de hoy han sido muchos; uno de ellos es ayudar al Tribunal a cambiar algunos procedimientos, hacerlos más seguros; uno de éstos es la cadena de custodia, que es garantizar que todas las maletas electorales, con todo su material, luego de salir hacia el recinto (electoral) y cumplir su función, después vuelva de forma íntegra; eso es impotante para dar credibilidad y transparencia al proceso.

—¿Hubo mucho que reparar de lo hecho en 2019, tras la elección?

—Hemos trabajado en la restitución de todo el material tecnológico destruido en los acontecimientos de octubre, en algunos departamentos destruidos hasta los cimientos en sus oficinas; hemos comprado el material para restituir, el material que es necesario para el cómputo. Hemos comprado 1.500 ordenadores, servidores, cámaras, escaners.

—En esta reposición, ¿qué importancia tiene lo de la transmisión rápida de datos? En 2019 aquí estuvo el origen de todo el posterior descalabro. ¿Es una práctica usual en otros países?

—Lo importante de las elecciones, en programas, es el cómputo; eso es lo importante. Y el (sistema de) cómputo ha sido totalmente renovado. El Tribunal Supremo (Electoral) ha diseñado un programa nuevo para el cómputo, que cumple todos los estándares internacionales. El TREP a que se refiere usted, que ahora se llama Direpre, también ha sido desarrollado; no todos los países lo usan; de hecho, el TREP o Direpre no es parte del procedimiento electoral; no está en ninguna ley o normativa boliviana. Este es un añadido que se hizo para dar resultados a la población; el Direpre es un sistema interesante para que la población sepa, antes de irse a la cama, el día 18, qué es lo que ha pasado, más o menos; pero el Direpre no es el resultado oficial, y esto tiene que tenerlo claro la población, y hay que repetirlo constantemente: aquí lo importante es el cómputo. El Direpre es parcial y preliminar, por lo cual, mucho cuidado con ver el Direpre como el resultado final, porque no lo es; no es ningún resultado oficial de las elecciones.

—Eso no hay que dejar de aclararlo…

—Totalmente, cien por cien. La gente tiene que esperar al cómputo; y ahí es donde uno cuenta las actas una a una.

—¿Cómo ven el ambiente político? Es sintomático el comunicado que emitieron la ONU, la Unión Europea y la Iglesia, llamando a pacificar la campaña.

 —Las elecciones siempre son tensas, es la pelea por el poder. Casi todos pierden y ganan muy poquitos. Nuestra declaración, la línea argumental es: nosotros vemos un proceso electoral técnicamente bien preparado, con un organismo electoral sólido; sin embargo, las organizaciones políticas no están acompañando ese proceso de forma tranquila, y vemos actos de campaña con violencia. Lo que nosotros decimos es que para que este proceso funcione bien, todos los actores tienen que jugar su papel, y el de las organizaciones políticas es dar a conocer sus proyectos, sus ideas, convencer al ciudadano de forma legítima, y que no se use la violencia como arma de intimidación.

—¿Cómo está el padrón electoral boliviano? Hay gente que piensa que la elección será fraudulenta por el padrón mal hecho.

—Hay dos principios básicos en cualquier padrón del mundo. Uno es que sea inclusivo, obviamente que esté registrado todo quien deba estarlo; y el otro es la transparencia, porque esto nos lleva a la credibilidad. El problema en Bolvia no es técnico, este es un padrón moderno, biométrico permanente, uno muy sólido, que ya ha sido auditado; pero tiene un problema, que es el de la credibilidad. Credibilidad porque líderes de opinión, y ahí los medios tienen una responsabilidad, hablan sin conocimientos técnicos del padrón; es lo que nosotros estamos viendo. Aunque creo que esto se ha moderado por los grandes esfuerzos de TSE. En Bolivia existe un buen padrón desde hace muchísimos años, pero ese segundo pilar, que es la transparencia, no existía, con lo cual se dañó su credibilidad, y empezaron los rumores fantásticos. Nosotros no tenemos ninguna duda de que es un padrón  muy moderno, totalmente limpio, depurado, como le dicen aquí, y muy ordenado.

—Los partidos han tenido acceso, lo probaron, esos son los “laboratorios” que anunció el Tribunal…

—Sí, correcto. Todos los partidos han tenido acceso, y se les dijo que fueran con técnicos informáticos; es un padrón de muy fácil uso con muchísima información, y un técnico, sabiendo lo que tiene que buscar, puede hacer las comprobaciones de rigor; y algunos partidos aprovecharon esa oportunidad, y al día de hoy, ninguno, absolutamente ninguno, ha presentado ninguna queja o duda sobre la inclusividad e integridad del padrón.

—Una de las mayores fallas en la elección de 2019 ha sido la cadena de custodia. El Gobierno, por ejemplo, entiende que para cuidarla casi una patrulla debe llevar al notario y las actas. ¿Pero técnicamente, qué han podido hacer sobre cuidar esta cadena?

—Básicamente es el control de todo el material. Esto pasa en muchos países, pero curiosamente en Bolivia no existía el control del voto, de la papeleta una vez contada. Aquí existía este principio, me decían, que cuando la papeleta es contada, esa papeleta muere, no tiene ninguna relevancia, lo que es verdad, pero siempre es bueno custodiar. Nosotros hemos discutido con ellos y ha sido aceptado por el Tribunal, hay que custodiar todo el material y la papeleta es un material sensible incluso después de estar contada. Cuando se vieron imágenes aquí de papeletas tiradas en lugares donde no correspondía, no necesariamente quiere decir que aquellas papeletas hubieran sido usadas de manera fraudulenta, pero la imagen de falta de custodia, de falta de control (terminó por generar desconfianza). Las elección tiene que estar bien organizada, pero también tienen que parecerlo. Entonces, ese control absoluto del material es el gran cambio. Otro gran cambio es el tema de la custodia por la fuerza del orden público. Hay convenios donde esta vez la Policía va a hacer un despliegue muy superior al de las elecciones anteriores. Hay el acuerdo de que exista una presencia (policial) en todos los recintos y en las mesas; cada maleta se custodiará de forma individualizada por los jurados, por los notarios, por la Policía.

—¿Qué resta ahora?

—En este momento hay 250 mil personas, bolivianos, trabajando para el proceso electoral; luego, hay un montón de consultores, los siete mil notarios; montón de juventud; hay miles de facilitadores; todos los procedimientos han sido revisados y cambiados, no se puede vivir de la herencia pasada; además que hay elementos de bioseguridad introducidos en todos los aspectos, incluida la cadena de custodia. Las elecciones son la operación más compleja en la que un país se pueda meter; Bolivia está muy entrenada, pero la pandemia obligó a muchos cambios; el fracaso (de la anterior elección) ha obligado a la revisión sustantiva en algunos aspectos.

Luis Martínez-Betanzos: Novedad del actual proceso electoral son las mesas multipartidarias, señala el entrevistado. Espacios técnico-políticos en que los partidos además de conocer mejor la técnica electoral, discuten sus propuestas. Ya hay corresponsabilidad partidos-TSE. 

Datos

Nombre: Luis Martínez-Betanzos Nació: España. 

Profesión: Abogado

Ocupación: Asesor Electoral Principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia

Perfil

Experto electoral con más de 20 años de experiencia en democratización, desarrollo institucional y reforma electoral. Trabajó en más de 20 países de Asia, África, Europa.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Bolsonaro hunde el acuerdo UE-Mercosur

El Europarlamento rechazó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. ¿La causa? Bolsonaro

/ 14 de octubre de 2020 / 08:54

Por 345 votos contra 295 (hubo 56 abstenciones) el Parlamento Europeo rechazó los términos del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyas negociaciones empezaron a ser tejidas en 1999. Eso no significa, sin embargo, que el tratado haya sido suspendido, pero sí que se exige una serie de alteraciones en el texto original, en especial relacionadas al tema del medio ambiente.

Analistas señalan que en términos concretos el acuerdo no será enviado tan pronto al pleno de la Comisión Europea, que funciona como el poder ejecutivo de la UE. No hay perspectiva de que el acuerdo sea llevado a votación antes del final de 2022, cuando termina el mandato presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro. Semejante retraso significará un fuerte peso en las expectativas de los países del Mercosur.

No hay duda que el gran causante de todo ha sido precisamente Bolsonaro y su política ambiental, que omite o incentiva la devastación.

Inicialmente, el texto enviado a votación del Parlamento Europeo decía con todas las letras que sus integrantes estaban “extremamente preocupados con la política ambiental de Jair Bolsonaro, que va contra los compromisos del Acuerdo de París, en particular en el combate al calentamiento global y a la protección de la biodiversidad”.

La eurodiputada francesa Marie Pierre Vedrenne, centrista, propuso una alteración que eliminaba la mención directa al mandatario brasileño. Con respaldo de grupos de centro, centro-derecha y extrema-derecha, logró la modificación. El texto aprobado dice apenas que “En estas circunstancias, el acuerdo UE-Mercosur no puede ser ratificado tal como está”.

Efectivamente, y gracias a la política ambiental de su gobierno —sin precedentes siquiera en la dictadura militar (1964-1985)— Bolsonaro desarticuló un acuerdo que exigió pleno empeño de todos sus antecesores, además de los de sus vecinos. Logró zafar de ser explícitamente mencionado en el texto, pero no logrará escapar de un profundo malestar tanto interno como externo. Con lo ocurrido el miércoles, Argentina, Paraguay y Uruguay también fueron seriamente alcanzados en sus expectativas relacionadas al acuerdo.

A propósito, la reacción internacional negativa a la política ambiental devastadora del gobierno de Bolsonaro no hace más que fortalecerse. Ya hay reflejos significativos en las exportaciones del sector agrícola, que encuentran reacciones cada vez más duras en Europa.

Holanda y Francia, por ejemplo, insisten, con relación al tratado que todavía no fue firmado, que además de exigir que se respete el Acuerdo de París deberían ser incluidas cláusulas punitivas relacionadas al no cumplimiento de las determinaciones ambientales.

Pese a todos los esfuerzos del ministerio brasileño de Agricultura, en las últimas semanas esas críticas y denuncias se hicieron más visibles, a raíz de las imágenes de los incendios en la Amazonía, que el gobierno del ultraderechista insiste en decir o que no existen, o que no son de su responsabilidad, culpando a indígenas y habitantes de la floresta.

Entre septiembre de 2019 y de 2020, en la región conocida como Pantanal, de inmensa biodiversidad, los incendios crecieron 180%. Casi un 15% de su área desapareció.

Bolsonaro reitera que se trata de un fenómeno “natural”, pero la Policía Federal ya adelantó que al menos 90% de las quemadas fueron intencionales, y que investiga tratando de identificar a los criminales.

Es casi inevitable que, de mantenerse el actual ritmo de destrucción ambiental en Brasil frente a la inercia del gobierno, la presión de líderes europeos sobre el presidente ultraderechista no hará más que crecer.

La única voz que se oyó de parte del gobierno brasileño ha sido la del vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, conocido por sus posiciones ultraconservadoras.

Dijo él que “hay mucho ruido sobre ese tema” y que todo podrá ser resuelto “por la diplomacia”, olvidándose que la conducta desastrosa del actual ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, no hizo más que aislar a Brasil en la comunidad internacional.

“Hay que tener calma, existen muchos intereses”, dijo Mourão, mencionando explícitamente los grandes lobbies agrícolas europeos y los países en que el Partido Verde es fuerte.

(*) Milton Nepomuceno es periodista. Página 12, Argentina

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Octubre

Octubre es emblemático. En este mes, en 1952 se nacionaliza las minas; en 1969, la Gulf Oil; en 2003...

/ 14 de octubre de 2020 / 08:51

Después del largo proceso de quiebre del modelo neoliberal y la democracia pactada (2000, Guerra del Agua hasta 2003, caída de Gonzalo Sánchez de Lozada: Octubre Negro) recién en 2005, por primera vez, se instaura un proceso nacional popular por vía eleccionaria y democrática. A partir del primero de mayo de 2006, cuando el presidente Evo Morales promulga el decreto de nacionalización del gas y petróleo, comienza el Proceso de Cambio, que con aciertos y errores se prolonga, también por primera vez, por 13 años (2006-2019).

Lo sorprendente para propios y extraños es que el 20 de octubre del 2019, en las elecciones generales vuelve a ganar el Movimiento Al Socialismo (MAS). La sistemática crítica de la clase media profesional oenegista, tecnocrática, académica y mediática ejercitada por más de una década y la de las plataformas del 21F, organizadas a partir del errado referéndum de 2016, no sirvieron para ganar a Evo Morales y Álvaro García en las urnas.

Conocido el MAS como vencedor, a las plataformas 21F se suma un movimiento civil conservador constituido por representantes de los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, el Colegio de Médico de La Paz y grupos, también de clase media, que bloquean calles de zonas “residenciales” con cintas, alambres, trastes y pitas, secundados por grupos de motociclistas pertrechados de bates, palos, escudos y bazucas caseras, particularmente en las ciudades del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.

Esta movilización, denominada de “las pititas” y de la “resistencia juvenil”, halla su realización en el motín policial de la ciudad de Cochabamba. Los anuncios de fraude anteriores a la elección, el informe preliminar de la OEA de oficio, que habla de irregularidades (expuestas por Almagro como fraude) y los acuerdos de Fernando Camacho con la Policía de Cochabamba, muestra que se trataba de acciones deliberadas que rematan en la renuncia forzada del presidente Morales, solicitada por el comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), precedida, claro está, por 30 bajas en lo que va del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2019.

Aquí, es necesario hacer un paréntesis: ni analistas, ni dirigentes de partidos políticos, ni representantes corporativos, explican el accionar de las FFAA, desde la solicitud de renuncia a Evo Morales hasta la actualidad.

Inicialmente, Camacho, Pumari, las plataformas 21F, las “pititas” y la “resistencia juvenil”, siguiendo un patrón histórico en Bolivia, querían un gobierno civil militar, que cierre el parlamento, dicte un estado de sitio y restaure un Estado Republicano. Sin embargo, las FFAA no están interesadas en arriesgar su situación privilegiada de jubilación con el 100% de sus haberes, seguro de salud propio y pulpería, y sobre todo estar estigmatizados por décadas por una intervención directa, esto internamente, y externamente, la estrategia imperial es ahora la de liquidar los procesos nacional populares, manteniendo un aparente estado de derecho como en el caso de Argentina primero, y Ecuador y Brasil después. Un nuevo intento de involucrar institucionalmente a las FFAA fue la del Convoy de Oxígeno, lanzado en pleno bloqueo de caminos que exigía una fecha definitiva de elecciones generales tres veces postergadas. En este sentido, es oportuno señalar que el proceso eleccionario del 18 de octubre del 2020, está garantizado en última instancia por las FFAA, ya que la Policía ya no es una garantía desde el golpe de Estado de noviembre de 2019.

El gobierno de Janine Añez, en su primer periodo, anterior a la pandemia (12 de noviembre de 2019 al 10 de marzo de 2020), así como el segundo de pandemia (mediados de marzo de 2020 a la actualidad), se ocupó de intervenir  las principales empresas y proyectos del Estado, para preparar las condiciones de su privatización e inversión extranjera: llevó a BOA al borde de la quiebra, literalmente al saqueo Entel; en su acuerdo con Petrobras disminuye volúmenes de exportación y la libera de su obligación de construir el gasoducto al Mutún; como si esto fuera poco, posterga también la separación de líquidos para la exportación del gas. Paraliza  los programas de fabricación de urea en Bulo Bulo y de explotación e industrialización del litio en Uyuni.

El tema del manejo de la pandemia no es motivo de estas notas, sin embargo, cabe señalar que es uno de los problemas fundamentales del Gobierno, ya que más temprano que tarde tendrá que rendir cuentas de más de 1.500 millones de dólares provenientes de las reservas del Banco Central, créditos de organismos internaciones y donaciones.

Ahora bien, ¿por qué el título de Octubre en este artículo? Primero, por la victoria anunciada del MAS en las elecciones generales del 18 de octubre del 2020. Y segundo, porque este mes trae a la memoria hechos patrióticos, nacional-populares y revolucionarios de nuestra historia contemporánea, en efecto: el 31 de octubre de 1952 se nacionalizaron las minas, el 17 de octubre de 1969 se nacionaliza la Gulf Oil Company, el 6 de octubre de 1970 fracasa el golpe de estado a Alfredo Ovando y jura como presidente Juan José Torres, el 17 de octubre de 2003 huye Gonzalo Sánchez de Lozada y se establece la Agenda de Octubre y, el 20 de octubre de 2019, el MAS gana las elecciones generales una vez más.

(*) Danilo Paz Ballivián es sociólogo, investigador del CESU-UMSS

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Indígenas y programas de gobierno

Los pueblos indígenas dejaron de ser un actor importante en la democracia representativa

/ 14 de octubre de 2020 / 08:49

Entendiendo los programas de gobierno como el punto de partida para el ejercicio del control político, social y el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía; como un contrato colectivo suscrito por los ciudadanos sobre los asuntos de interés público, conviene la necesidad de un análisis crítico a sus contenidos. Recientemente el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) publicó el último número de la separata Artículo Primero: Elecciones Generales 2020, participación política de los pueblos indígenas en las tierras bajas de Bolivia, donde, en el artículo: “Análisis de los programas de gobierno: ¿son los pueblos indígenas una prioridad?” se aborda cómo los programas de gobierno consideran las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas originario campesinos, así como sus demandas en temas relativos al territorio y los bienes naturales comunes que están en constante amenaza, la autonomía indígena y la libre determinación, la consulta previa, libre e informada, gestión territorial, justicia indígena, participación política, salud, educación y medio ambiente.

Algunos de los hallazgos producto de esta revisión son: de los ocho programas de gobierno, solo seis mencionan de forma superficial temas vinculados a la agenda de las organizaciones indígenas.  Asimismo, no se profundizan las problemáticas que atraviesan las mujeres y hombres indígenas en el ámbito rural y urbano, lo cual refleja el desconocimiento de estas realidades, de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y la normativa internacional vigente.

De la misma forma, entre las propuestas, se observa que el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) mantiene la vigencia del Estado Plurinacional y plantea profundizar las autonomías indígenas, el manejo integral de la biodiversidad y bosques, además de la promoción internacional y la aplicación mundial de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; empero, no hace referencia a los mecanismos técnicos y normativos que harán posible su materialización. Con relación a la consulta previa, libre e informada, la propuesta resulta contradictoria, porque durante su gestión no respetó este derecho y priorizó el modelo de desarrollo extractivista por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Con relación a la salud, se menciona la recuperación de la medicina tradicional ancestral. Finalmente, sobre la educación se limita a su reconocimiento como un derecho.

Por su parte, Comunidad Ciudadana (CC) hace referencia a temas de prioridad para los pueblos indígenas como la autonomía indígena, la consulta previa, el manejo de gestión territorial y la justicia indígena, pero todo desde una perspectiva general.

Se compromete a respetar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el de la no intromisión; no obstante, no logra profundizar su propuesta en aspectos concretos. En materia de salud plantea la promoción de la medicina tradicional de forma complementaria con la medicina convencional. En cuanto a la educación, sin mayores elementos, apuesta de manera enunciativa por la calidad en la formación.

Creemos aborda la problemática indígena en un solo punto de su programa de gobierno, al referirse a la conversión de los territorios indígena originario campesinos en centros productivos y aprovechamiento racional y sostenible de recursos naturales. En el tema salud y educación la propuesta no desarrolla específicamente una alternativa de política pública para los pueblos indígenas.

El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) menciona la libre determinación de los pueblos sobre los recursos naturales; sin embargo, la propuesta cae en contradicción cuando plantea la eliminación del concepto de Estado Plurinacional. En lo social plantea el acceso a la salud para todos, y en educación determina que en áreas donde predomine lo originario “nativo” la enseñanza se impartirá en tres idiomas: local, español e inglés.

El Frente Para la Victoria (FPV) solo plantea el tema de salud como el derecho que tienen todas y todos los bolivianos; en relación a la educación bilingüe intercultural hace mención a su valor de enriquecimiento de la propia cultura y el respeto a la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas de manera general.

Las organizaciones políticas Libre 21 y Acción Democrática Nacionalista (ADN) no consideran a los pueblos indígenas en sus programas y solo hacen referencia de forma general el tema de salud y educación.

En conclusión, los temas que hacen a la agenda indígena no son prioridad en los programas de gobierno y solo se mantienen en el ámbito de la retórica electoral. En líneas generales, los planes de gobierno muestran que los pueblos indígenas y su agenda, después de más de 30 años de acumulación política y social, dejaron de ser un actor importante en el ámbito de la democracia representativa.

(*) Juan Pablo Marca es politólogo, investigador del CEJIS

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