domingo 25 oct 2020 | Actualizado a 15:03

El gobierno de la agonía

El Gobierno no contiene sus ansias de arrancar una segunda prórroga de mandato sin fecha definida

/ 6 de mayo de 2020 / 15:43

Agonía es un vocablo que se asocia al “sufrimiento extremo”, un estado que conduce inexorablemente a la muerte, que expresa el acabamiento de la otrora vitalidad. Algo como la primera fase del deceso inevitable. En la perspectiva religiosa de los cristianos, la agonía del sufrimiento está personificada en la pasión de Cristo, el flagelo al que se expuso para redimir los pecados de la humanidad.

La palabra griega agón, de donde proviene la expresión agonía, significa “lucha a muerte”. La lectura de la historia del pensamiento político nos lleva a conocer que la vida de los hombres en sociedad tiene y alcanza una faz agonal en la búsqueda, a instantes desesperada, del poder. El poder encierra en sí una “lucha a muerte”. El profesor Mario Justo López metódicamente expone: “Los sistemas políticos pueden contener las normas que regulan el acceso a los cargos o roles o, aunque es muy raro, carecer de ellas, o lo que es más corriente, puede suceder que el acceso a los cargos se produzca violando las normas al efecto establecidas. En todo caso, con o sin normas, suele haber competencia por el acceso a cargos o roles. Esa competencia por la conquista y también por la conservación de los cargos, forma parte de la faz agonal de la política”.

En una medianía que le impide construir, el Gobierno de hoy dilata a muerte o a vida su ciclo agónico sin poderse instalar en la conducción del Estado y su sociedad. Tres situaciones descompuestas revelan su momento de angustia:

Una inoperancia sanitaria determinada por la implantación de la retórica como factor único y suficiente de gestión en la contención de la pandemia. A su vez, una acción ausente determina el fracaso de lo actuado a hoy: la no disposición a la autocrítica como forma de reconocimiento de errores cometidos. No asumir, en primera persona o de forma plural, los desaciertos impide recoger, obstinadamente, acciones que son implementadas con éxito en países que acreditan una seriedad incuestionable: las pruebas masivas son el instrumento fundamental para conocer la circulación geográfica del virus, diagnosticar asintomáticos, aislarlos y rebajar las capacidades de transmisión que provoca el COVID-19.

El propósito de reservar o no rastrear a la población contagiada por medio de pruebas masivas, sentencia a la gestión de gobierno a una directa disminución de los niveles de confianza social en sus verdaderas capacidades y, colateralmente, en la aceptación de su modelo de aislamiento, restrictivo y policial.

El bajo desempeño en la contención de la pandemia alcanza hasta el hecho de haber instalado una línea de información en cuatro cabezas, todas ellas dispersas, contradictorias, temperamentalmente opuestas pero bajo una línea coincidente, presentar un lucimiento inexistente. Respiradores mecánicos, kits de medición de contagios, culminación de laboratorios de análisis en todos los departamentos son menciones semanales que no encuentran materialización.

Cálculo político. En medio de un desalentador contexto sanitario, con la atención distraída y atemorizados por el COVID-19, el Gobierno —que portaba las banderas de ese republicanismo que exige alternancia en el poder y democratización inmediata— no contiene sus ansias de arrancar una segunda prórroga de mandato sin fecha definida.

Vacíos de liderazgo y de legitimidad en apoyos sociales van arrastrando una legalidad cuestionada, se notan inmovilizados para modular un gobierno de unidad solidificado por consensos inclusivos y extendidos a los diversos actores sociales, políticos e institucionales. Acción inexcusable para contrarrestar las crisis y reparar la ausencia de la debida constitucionalidad del país.

El escaso compromiso ante el proceso electoral reinstala con fuerza creciente en diversos sectores de la sociedad la exigencia de formalizar un Poder Ejecutivo constitucional, derivado y a conformidad del votante y, especialmente, con capacidades tangibles de gestión gubernamental. La etapa transitoria y los talentos demostrados se han manifestado insuficientes para gobernar un país que expone desafíos inaplazables: pacificación inclusiva de los bolivianos, institucionalidad y elecciones, gestión eficiente y transparente de contención a la crisis sanitaria y atención al desorden económico.

El convencimiento de transformar la crisis sanitaria en la peste providencial con fines políticos ya conduce al Estado boliviano, a los distintos estamentos sociales y a los factores productivos del país, a una prolongada agonía, antesala inmediata hacia la fase de crisis sucesivas y múltiples.

Impericia económica. Obtener recursos para enfrentar la crisis sanitaria por la vía del restablecimiento de las relaciones financieras con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), desconociendo la historia traumática del país mismo a consecuencia de las imposiciones que esta entidad carga sobre las cuentas nacionales y sus asignaciones, despliega un futuro incierto para la estabilidad económica que se había preservado desde el año 85. Los movimientos económicos sobre las reservas internacionales del país, los nuevos créditos agenciados, la deuda interna descontrolada y no conocida, y la anunciada emisión monetaria convierten las finanzas del país en una sensible y corta bomba de tiempo.

Compras sin registros en los sistemas públicos del Estado, información esquiva sobre el empleo de los recursos destinados al COVID-19, cifras indocumentadas en la adquisición de test y pruebas de contagio, de equipos de respiración mecánica, de insumos de bioseguridad, y tantísimos otros ítems requeridos por el momento crítico de la sanidad en Bolivia, hacen presentir un desorden financiero que compromete las capacidades económicas del Estado.

Hace días concluyó la primera cuarentena. Ahora, la segunda etapa del extendido aislamiento transcurre con mayores contagios y cifras controladas. Política y economía se suman a la crisis sanitaria dando el rostro de una conmovedora realidad que testimonia con dolor y desamparo la prevalencia política por sobre el cuidado de la persona. Es el gobierno de la agonía.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Persecución política en dictaduras militares (1964-1982)

Sexta entrega de esta serie en la que se abordan momentos significativos de nuestra historia vinculada a la persecución política.

Mario Gutiérrez, Hugo Banzer, Víctor Paz Estenssoro, la alianza del golpe de 1971. Foto: Archivo La Razón

/ 25 de octubre de 2020 / 08:20

Con René Barrientos Ortuño se inicia la era de las dictaduras militares en la República de Bolivia en 1964. Militar reconocido por su liderazgo natural en el seno de las Fuerzas Armadas, perteneció al ala de oficiales que profesaban simpatía por el Movimiento Nacionalista Revolucionario  (MNR) y el  hecho de haber sido vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro marca con absoluta claridad la sociedad política civil-militar que habría de consolidar más tarde el líder emenerrista con quien fuera Ministro de Educación del gobierno de Barrientos, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez.

Las biografías resumidas con marca Wikipedia, dicen que Barrientos nació en Tarata, Cochabamba, el 30 de mayo de 1919. Hizo sus estudios primarios en su pueblo natal para luego ingresar al convento de su pueblo, pero dejaría muy pronto los hábitos ya que sus gustos personales no coincidían con los de monje.

En 1938, con 19 años de edad, después de una discusión con el sacerdote superior del convento, Barrientos decidió abandonarlo con la idea de dedicarse a la carrera militar, viajando para ello a la ciudad de La Paz para ingresar al Colegio Militar del Ejército, de donde egresó como subteniente en 1943. Después realizó también estudios en la Escuela Militar de Aviación Boquerón (actualmente denominada Colegio Militar de Aviación). En 1945 estudió como piloto en los Estados Unidos de América, hecho que ya vislumbraba con toda claridad su relación de afinidad con las administraciones gubernamentales y militares imperiales.

Durante el gobierno del presidente Mamerto Urriolagoitia Harriague, Barrientos participó en la guerra civil de 1949 a favor del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), motivo por el cual fue dado de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación. Tres años después, en 1952, fue reincorporado con el grado de capitán. Al crearse la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) como nueva rama del Ejército boliviano en 1957, siendo ya general, Barrientos fue nombrado comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Fue elegido vicepresidente de Bolivia acompañando al presidente Víctor Paz Estenssoro en su tercer gobierno, cargo del que se posesionó el 6 de agosto de 1964. En la huelga nacional del 29 al 31 de octubre, el vicepresidente Barrientos se encargó personalmente de reprimir a los obreros y mineros, y tres días después, el 4 de noviembre de 1964, perpetró el golpe de Estado que significaría traición a quien lo llevara del brazo a la candidatura vicepresidencial.

Barrientos se autonombró presidente de la Junta Militar (1964-1965), al año siguiente (1965) tuvo que aceptar un copresidente, el Gral. Alfredo Ovando Candía. En 1966, Barrientos fue elegido presidente constitucional, imprimiéndole a su gobierno un sello de desarrollismo económico. Favoreció a los campesinos y se enfrentó contra los obreros y mineros. En 1967 promulgó una nueva Constitución Política del Estado, que estuvo vigente durante 42 años, hasta 2009, cuando fue cambiada durante el primer gobierno del presidente Evo Morales Ayma a través de una Asamblea Constituyente.

El 7 de noviembre de 1966, se inició la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara. En marzo de 1967, casi medio año después de su llegada, el Che y su grupo tuvieron el primer choque con el Ejército boliviano en Ñancahuazú, en el departamento de Santa Cruz. René Barrientos y el jefe de Estado Mayor, Alfredo Ovando Candia, dedicaron todos sus recursos a aplastar al comandante Che Guevara. Contrariamente a lo que él esperaba, Guevara no recibió la ayuda del campesinado boliviano; por el contrario, estos daban un apoyo total a Barrientos.

En abril de 1967 fue capturado Regis Debray, intelectual francés socialista, amigo del Che; en octubre cayeron, fueron apresados o huyeron dispersos los últimos guerrilleros sobrevivientes; el Che, herido en combate, fue asesinado horas después en la escuelita de La Higuera, el 9 de octubre de 1967.

Durante su gobierno, Barrientos nombró al criminal de guerra nazi de la segunda guerra mundial Klaus Barbie —el Carnicero de Lyon— que se cambió el nombre en Bolivia a Klaus Altmann, presidente de la Sociedad Naviera del Estado (Transmarítima), que en la época contaba con un solo barco y que, según informaciones reservadas, se dedicaba al comercio internacional ilegal de armas. Barbie también fue nombrado por Barrientos asesor de los Servicios de Inteligencia de Bolivia. Particularmente elevado fue el número de víctimas durante su dictadura. Según Amnistía Internacional, solo entre 1966 y 1968 se ejecutaron varios asesinatos por parte de los escuadrones de la muerte. Incluida también la llamada Masacre de San Juan de 1967, en la que miembros del Ejército de Bolivia atacaron a la población de los centros mineros de Catavi y Siglo XX.

Cabe destacar que René Barrientos, llamado El General del Pueblo en un panegírico biográfico escrito por Fernando Diez de Medina, tuvo un amplio apoyo popular campesino; sin embargo, las distintas versiones biográficas de su trayectoria coinciden en afirmar que poco es lo que hizo durante su período, pues se dedicó más a la política y a trasladarse semanalmente a todos los distritos del país y especialmente en el departamento de Cochabamba, constituyéndose de esta manera en uno de los pocos presidentes que viajó a todos los departamentos del país.

Precisamente en uno de esos viajes, que le alejaba de la sede de gobierno, sufrió el accidente que habría de costarle la vida (según rumores nunca confirmados, un atentado). El 27 de abril de 1969, Barrientos había visitado el pueblo de Arque y cuando su helicóptero levantaba vuelo para retornar a la ciudad de Cochabamba, éste impactó con unos cables de postes de alta tensión, cayendo la nave a tierra e incendiándose inmediatamente. Barrientos llegó a fallecer en el accidente, así como su edecán de servicio y el piloto. Hasta la fecha no se ha despejado el rumor de que no se trató de un accidente, ya que otra versión afirmaba que la caída del helicóptero había sido provocada intencionadamente.

Inmediatamente después de la muerte de Barrientos, su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas se hizo cargo de la presidencia de Bolivia, meses más tarde derrocado por el Gral. Alfredo Ovando Candia. El entierro de René Barrientos fue apoteósico, quizá muy comparable y similar al entierro ocurrido 104 años antes con el expresidente Manuel Isidoro Belzu, en 1865.

Principalmente Barrientos, Banzer y García Meza establecieron una línea de continuidad gubernamental autoritaria, apegada a las directrices establecidas desde el Departamento de Estado y el Pentágono estadounidenses. Convendría establecer analíticamente las ligazones que estos militares establecieron con partidos políticos con los que cogobernaron, pero que fueron fieles a una visión de país excluyente con fuerte vocación represiva contra las expresiones políticas y sindicales progresistas de izquierda, principalmente en sociedad con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Falange Socialista Boliviana (FSB) y más adelante —con el Banzer democratizado— con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). “Los políticos bolivianos tocaban las puertas de los cuarteles” era una frase muy extendida para caracterizar la relación entre militares y partidos políticos, aspecto que fue nítidamente evidenciado con un desprendimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que coauspicio la Masacre de Todos Santos (1979), golpe de Estado asestado por el que fuera ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de la dictadura banzerista, Gral. Alberto Natusch Busch.

A estos que gobernaron Bolivia durante cuatro décadas, entre Revolución Nacional, dictaduras militares y períodos democráticos formales los cubrieron distintos mantos de impunidad procurados por actores políticos de la época. El único que se atrevió a intentar impugnar histórica y políticamente esa impunidad fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista – 1, con una proposición acusatoria de un juicio de responsabilidades contra la dictadura banzerista en el parlamento nacional en 1979, osadía que un año más tarde le costaría la vida en las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), cuando un grupúsculo de paramilitares lo abatió con metralletas en mano (17 de julio de 1980), en pleno golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, otro oficial de Ejército bendecido por Hugo Banzer Suárez.

La democracia autoritaria o la continuación de Banzer en la vida política de Bolivia (de 1971-1978 a 1997-2001)

Las peculiaridades de la democracia boliviana permitieron que el Gral. Hugo Banzer Suárez consiguiera ejecutar un tránsito de su septenio dictatorial hacia la renaciente democracia inaugurada el 10 de octubre de 1982. De esta manera, se convirtió en el único militar latinoamericano fuertemente ligado al imperio norteamericano, por formación profesional y afinidad ideológica anticomunista, capaz de infiltrarse en la cancha democrática gracias a la fundación de su partido político —Acción Democrática Nacionalista— en 1979, lo que le permitiría continuar en el protagonismo de la vida política del país, respaldando al último gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989), hacer sociedad política con quien fuera uno de sus perseguidos políticos en dictadura, Jaime Paz Zamora (1989-1993) y recibir la devolución de favores del propio Paz Zamora para finalmente convertirse en presidente democrático (1997-2001). En este contexto hay que leer a Banzer como al autócrata democratizado, que no pudo jamás sacarse el estigma de dictador con el que siempre se lo categorizará en términos históricos, fundamento que nos permite ensayar una mirada de su etapa como presidente electo, como extensión de sus prácticas autoritarias desarrolladas entre 1971 y 1978. Banzer dominó la escena política boliviana durante tres décadas consecutivas.

En ese marco de comprensión el gobierno democrático del Gral. Hugo Banzer Suárez (1997-2001) terminó confirmando que la genuina vocación democrática de Hernán Siles Zuazo y la UDP (1982-1985) permitiendo el desamarre absoluto de todas las fuerzas políticas progresistas y sindicales del país, encontraría en su sucesor, Víctor Paz Estenssoro, un muro de contención y el paradigma de la instalación de gobiernos sustentados en la gobernabilidad parlamentaria que su predecesor y excompañero revolucionario no había tenido, y en el uso monopólico de la violencia, respaldado en la legalidad del principio de autoridad, lo que hizo de los gobiernos de esta era democrática, indiscutiblemente legales, pero seriamente cuestionados desde la perspectiva de la legitimidad ciudadana.

Fue así que la democracia boliviana, entre 1985 y 2003, exhibió características de autoritarismo que encuentran sentido y explicación en la amistad política entablada desde 1971 entre Paz Estenssoro y Banzer, interrumpida momentáneamente por éste último en 1974, que se refrendó con el Pacto por la Democracia (1985-1989), primer gran acuerdo político de la derecha, todavía sin repartija del aparato administrativo estatal, que permitió la aplicación contundente del DS 21060 con el que se modificaban los tamaños y las correlaciones entre Mercado, Estado y Sociedad.

Si Paz Estenssoro fue el referente de los 50-60, con una reinserción electoral final en los 80, Banzer dominó el espectro del poder en una extensión de su gobierno dictatorial entre los 70 y el comienzo del siglo XXI. Bajo sus dos regímenes, de facto primero y democrático autoritario después, se consolidó la penetración del narcotráfico como variable de la economía boliviana y de la dependencia del poder imperial, formó parte de la galería de dictadores fascistoides de Sudamérica —en el marco estratégico militar de terrorismo de Estado denominado Plan Cóndor —, pudo sacarse de encima al líder del Partido Socialista – 1 (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz —que le iniciara un juicio de responsabilidades en 1979— con el asesinato que truncó su ascendente carrera, cometido por paramilitares que facilitaron el golpe de Luis García Meza, lo mismo que se deshizo de sus primeros socios políticos (MNR y FSB), suspendiendo de cuajo la actividad partidaria y sindical, quedando sacudido y liberado también de su camarada-rival, el Gral. Andrés Selich Chop, primer ministro del Interior de su régimen en 1971, torturado y asesinado en 1973 bajo la administración de su sucesor en las políticas de represión, Alfredo Arce Carpio, obsecuente y sombrío colaborador del entonces coronel.

Estricto con su línea de pensamiento, Banzer autorizó la eliminación de campesinos en las localidades cochabambinas de Tolata y Epizana (1974), sentenciados por comunistas, se abrazó en Charaña con Augusto Pinochet en el intento de un trueque territorial para una salida boliviana por puertos del océano Pacífico, que le permitiría recuperar su cualidad marítima, y encabezó la celebración del sesquicentenario de la fundación de la República (1975), tuvo como asesor al Carnicero de Lyon, el nazi Klaus Barbie (finalmente deportado, años después, en 1983), refugiado y protegido en nuestro país luego de la segunda guerra mundial, le tocó en suerte usufructuar del precio internacional del estaño que llegó a cotizar en $us 8 la libra fina, y otro de sus camaradas, el Gral. Joaquín Zenteno Anaya, fue asesinado en Paris —enviado a una especie de exilio dorado a la embajada boliviana en Francia luego de ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas—, por supuestos terroristas de izquierda en vendetta por el asesinato de Ernesto Che Guevara (1967), en el que habría participado en su calidad de oficial del Ejército.

También fue violentamente abatido el expresidente Gral. Juan José Torres Gonzáles, a quién defenestró, exiliado en Buenos Aires, con indicios de haber sido víctima del tenebroso Plan Cóndor, y para no extendernos más en el certificado de antecedentes, incrementó la deuda externa que en 1971 registraba $us 460 millones a $us 3.000 millones para 1978.

Represión política y dictaduras militares: El recuento de los daños

Una investigación de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estableció los nombres y apellidos de al menos 627 personas que murieron en 18 años de dictaduras militares.

Esta cifra está incluida en un trabajo académico aún no concluido, fue presentada cuando se recordaron 38 años del asesinato político del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. La iniciativa responde al  proyecto Paseo de la memoria viva, que impulsa el Gobierno Municipal de La Paz junto con la carrera de Historia de la UMSA.

La investigación se inicia con la dictadura de René Barrientos Ortuño, quien lideró el golpe militar del 4 de noviembre de 1964 perpetrado contra Víctor Paz Estenssoro, quien se había habilitado para ganar elecciones, con acusaciones de violación de la Constitución Política del Estado por afanes prorroguistas. Desde ese año se restringieron los derechos y las actividades políticas, se produjeron frecuentes arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos, como fue el caso del reconocido dirigente minero de Siglo XX (Potosí) César Lora.

“Fue una convocatoria entre investigación, interacción social y trabajo voluntario”, dice la docente y coordinadora del proyecto, María Luisa Soux, quien suscribe también que cuatro universitarios se sumaron a la idea: “Impacta volver a trabajar este tema, se dice que hubo muertos y desaparecidos, pero cuando les pones nombre y apellido, la situación es diferente”, dijo Soux a la periodista Ibeth Carvajal del diario La Razón.

Según el documento académico, el episodio de las dictaduras, dejó más de mil muertes, pero se identificó a 627 personas, como el caso de Santiago Anagua Mamani, un minero que fue masacrado por el Ejército en 1965, o Juan Bernardino Condori, niño de ocho años que murió en 1967 en la Masacre de San Juan.

***

A diferencia de lo acontecido con los muertos y perseguidos políticos, producto de los gobiernos correspondientes a la Revolución de 1952, investigaciones históricas de estas características permiten llegar al dato estadístico exacto y concreto, y en lo posible, a los nombres y apellidos de todos quienes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por defender y profesar ideas políticas “subversivas” de izquierda —socialistas, comunistas, con varios matices e intensidades — para el orden imperante inaugurado militar y dictatorialmente por el Gral. René Barrientos Ortuño en 1964, que tendría continuación ideológico-represiva con las dictaduras de Banzer (1971-1978) y García Meza (1980-1981):

Dictadura del Gral. René Barrientos Ortuño (1964-65; 1966-69): Cinco desaparecidos, dos muertos.  Masacre de San Juan (Mina Siglo XX, 24 de julio de 1967): 12 muertos. Asesinato de Ernesto Che Guevara (Ñancahuazú, Vallegrande, 8 de octubre de 1967) y otros 44 muertos (con asesoramiento y participación de la CIA, agencia central de inteligencia estadounidense).

Dictadura del Gral. Alfredo Ovando Candia (1966; 1969): Guerrilla de Teoponte, 18 desaparecidos, 49 muertos. 1970: Miembros de la guerrilla de Ñancahuazú, Teoponte y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 11 muertos, dos suicidios.

Dictadura del Gral. Hugo Banzer Suárez (1971-1978): 65 desaparecidos, 57 muertos.

Dictadura del Gral. Alberto Natusch Busch (noviembre, 1979): 145 desaparecidos, 77 muertos.

Dictadura del Gral. Luis García Meza (1980-1981): Asesinato y desaparición del cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz, jefe del Partido Socialista – 1 (PS-1). Ocho asesinatos a dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de la calle Harrington de la ciudad de La Paz. Veintiún desaparecidos, 118 muertos.

Los responsables del proyecto “Paseo por la memoria” advierten que estas cifras de muertos y desaparecidos son susceptibles de modificación con el avance de la investigación que abarca desde 1964 hasta 1982, año en el que —exactamente el 10 de octubre— se inicia un tiempo político democrático interrumpido el 10 de noviembre de 2019 con la llegada de la senadora Jeanine Áñez a la sucesión presidencial inconstitucional producto de un golpe de Estado perpetrado contra el gobierno saliente de Evo Morales Ayma.

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La elección debe dar certeza al país, no agravar la polarización

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Salvador Romero Ballivián, presidente del TSE

Por Iván Bustillos

/ 21 de octubre de 2020 / 07:37

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, tiene la “suerte” de haber protagonizado dos de las elecciones más conflictivas de la historia, la de 2005 y la de hoy; en ambos casos formando parte de la máxima instancia del Órgano Electoral. En su libro El tablero reordenado. Análisis de la elección presidencial 2005(Corte Nacional Electoral, 2006) destacaba que los comicios de 2005 eran unas elecciones adelantadas (debían ser en 2007), consecuencia de la crisis estatal de 2003, producto de dos gobiernos cortos y de transición (Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez), con el referendo sobre el gas de 2004 de por medio, y, para completar el cuadro, con un resultado impensado pocos años atrás: el triunfo de Evo Morales por mayoría absoluta. Hoy día le toca presidir la administración de una elección que sigue a un proceso anulado, en medio de una marcada polarización nacional que quién sabe si se resolverá con el voto. El Órgano Electoral, afirma, trabajó para que estas elecciones den certeza, certidumbre al país, no para que ahonden la polarización entre los bolivianos. Hoy, mañana, los próximos días se verá si los hechos cumplen sus expectativas.

—¿No hay un paralelo de la elección de hoy con la de 2005?

—Creo que la elección 2020 es la más compleja de la historia democrática del país. No es una exageración retórica, sino un análisis de las condiciones de este proceso. Ya lo era aún antes de la llegada de la pandemia. ¿Por qué? En primer lugar, por el punto de partida: esta elección nace luego de la anulación de la elección presidencial de 2019. La anulación de una elección es un hecho excepcional. En América Latina solo se han anulado dos elecciones presidenciales en el siglo XXI, la peruana de 2000 y la boliviana de 2019. Y esto, además, en un contexto de fuerte polarización política y social; esto generaba ya un punto de partida altamente complejo; se le añadió además la destrucción de un tercio de los tribunales departamentales, lo que implicaba partir en condiciones logísticas muy complejas. Se tuvo también un tiempo muy limitado, desde el momento en que se recompone la autoridad electoral nacional y departamental, con la designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales, se da un tiempo muy corto para organizar la elección, solamente 120 días. Esas condiciones ya determinaban que ésta iba a ser la elección más compleja de preparar; pero a ello se sumó la irrupción de la pandemia, que tuvo dos efectos importantes: por un lado, un largo y agrio debate nacional sobre la fecha, que dura de marzo a agosto, hasta que finalmente se logra consolidar el 18 de octubre como día de la elección. Y, adicionalmente, la necesaria adaptación de todas las etapas, y en particular de la jornada de votación, a los desafíos del coronavirus.

—¿Qué ha podido hacer el Tribunal frente a la polarización MAS-AntiMAS?

—La labor del Tribunal en este campo fue actuar con la máxima seriedad técnica, imparcialidad política y transparencia. Éstas nos parecieron que eran las líneas de comportamiento que se requería del Tribunal Supremo Electoral para que justamente la elección sea un elemento que le dé certeza al país, y que no se inscriba en una dinámica de agravamiento de la polarización política o social.

—Esta campaña también ha tenido una inusual violencia.

—El Tribunal Supremo Electoral hizo un permanente llamado a que los actores políticos, sociales, regionales, y también la ciudadanía actuaran en el marco del respeto mutuo, hizo llamados a la tranquilidad, a que la campaña se pueda desarrollar en ese ambiente. Y hoy, nuestro llamado es que podamos acudir a votar en este ambiente de tranquilidad, en un ambiente de serenidad, y a que también aguardemos la difusión y entrega de los resultados con esa misma tranquilidad. Se está actuando con transparencia, todos los datos van a ser públicos, conocidos; la ciudadanía va a poder ingresar para tener información sobre las actas, los resultados y, por tanto, están garantizadas las condiciones para que se pueda hacer un seguimiento minucioso del proceso electoral, lo que debiera generar tranquilidad.

—¿No tiene sustento entonces ese temor de que pase algo en la elección o después?

—Es importante que la ciudadanía, los actores políticos, sociales, regionales, entre todos conservemos la tranquilidad, la serenidad. El proceso electoral, pese a todas las dificultades logísticas, está llegando a buen puerto; por tanto, es importante que el conjunto de la ciudadanía asista a votar con tranquilidad, y aguarde con tranquilidad la difusión de los resultados.

—¿Cuál ha sido el rol de los partidos en el proceso? Pese al encono entre líderes, parece que participaron en lo técnico; casi se puede hablar de corresponsabilidad junto con el TSE.

—El Tribunal Supremo Electoral ha dado las máximas facilidades para que todas las organizaciones políticas puedan hacer un seguimiento de todas las tareas, de todas las actividades que ha llevado adelante el Tribunal Supremo Electoral. Señalo como ejemplos la apertura de los laboratorios de integridad electoral para que se verifique la consistencia del padrón electoral; no ha habido observaciones significativas a la solidez del padrón; se ha invitado a los partidos a numerosos espacios informativos sobre los distintos aspectos del proceso electoral; se les ha entregado cartillas de capacitación; han sido invitados a los simulacros del cómputo y del Direpre. Por lo tanto, hemos tenido la máxima apertura para que las organizaciones políticas puedan observar los elementos fundamentales del proceso electoral; y también se ha procurado responder en plazos muy breves a sus requerimientos.

—El voto en el exterior. Hubo mucha susceptibilidad de ambos lados de la polarización.

—La organización de la votación en el exterior ha sido ciertamente compleja, porque hemos tenido que conseguir autorizaciones en todos y cada uno de los países enfrentados a la pandemia y, por lo tanto, la situación ha sido de incertidumbre en muchos lugares, sobre si se podía o no se podía llevar adelante la elección. El TSE hizo los mayores esfuerzos para asegurar la votación en los 30 países donde está habilitada esta modalidad. En Argentina, aunque se consiguió las autorizaciones a nivel nacional, luego vino la necesidad de hacer un trabajo provincia por provincia. Al  mismo tiempo, hemos tenido que coordinar con las provincias o con las ciudades la definición de los recintos de votación; y en muchos casos se ha recibido muy cerca de esta jornada de votación las autorizaciones y las definiciones. Se ha trabajado en condiciones muy difíciles, pero lo importante es que se ha garantizado la posibilidad de que los bolivianos en el exterior también ejerzan su derecho al sufragio el domingo 18 de octubre.

—Parece que una de las diferencias de la elección será el sistema de cómputo, que ha mejorado.

—Así es. El Tribunal ha rediseñado el sistema de difusión de resultados preliminares y el sistema de cómputo. Tenemos nuevos sistemas tecnológicos, pero además tenemos un equipamiento tecnológico modernizado, renovado, en parte con recursos del TSE y fundamentalmente con el apoyo y la generosidad de los países amigos de Bolivia.

—El Direpre es similar al TREP. ¿Por qué no figura esta vez la foto del acta en este sistema, como sí estuvo antes?

—El Direpre tiene un objetivo fundamentalmente informativo, pero lo importante es que el ciudadano va a tener acceso a la fotografía del acta, la va a poder observar en el sistema de cómputo. El domingo va a funcionar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares y el sistema de cómputo; ambos son muy sencillos de ingreso para el ciudadano. El Direpre es informativo, para dar la mayor cantidad de información estadística en el tiempo más breve; en tanto que en el sistema de cómputo figurarán los resultados oficiales, definitivos, y en ellos se podrá encontrar la fotografía del acta de cada mesa y, por supuesto, su transcripción; pero ahí los resultados ya son oficiales y definitivos.

—Sobre la intervención de las FFAA y la Policía, esto ya está en la ley, y que es el Órgano Electoral que asume el mando de la fuerza pública. ¿Cómo calmar la inquietud de que FFAA y Policía van a controlar todo el proceso?

—No, el proceso electoral está al mando del Tribunal Supremo Electoral; la Policía, las Fuerzas Armadas apoyan dando seguridad en recintos de votación, acompañando el desplazamiento, el envío y recojo del material electoral. La responsabilidad es del TSE y la labor de la Policía y de las Fuerzas Armadas es de un acompañamiento en tareas de seguridad, pero sin intervención en el proceso electoral.

—Ese día asume el mando el poder electoral a nivel nacional.

—Así es. Pero independientemente de aquello, el proceso electoral en su conjunto es una responsabilidad del organismo electoral. La labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, es la de colaborar en las tareas de seguridad.

—¿Cómo evalúa el papel del TSE?

—Hay que recordar que en realidad el Tribunal Supremo Electoral es un cuerpo colegiado, y hemos trabajado de manera cohesionada para asegurar un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial y con transparencia, y este trabajo cohesionado de la Sala Plena creo que ha sido uno de los elementos de mayor fortaleza para el Órgano Electoral en 2020.

Salvador Romero Ballivián

Reivindica el empeño de asegurar el voto en el exterior. Se trabajó, asegura, bajo el principio de tener todo listo para el sufragio en los 30 países, inclusive cuando no se tenía todavía confirmado el aval de dichos países o de las ciudades.

Datos

Nombre: Salvador Romero Ballivián.

Nació: 29 de abril de 1971.

Profesión: Sociólogo político.

Ocupación: Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Perfil

Vocal de la Corte Departamental Electoral de La Paz, de 1995 a 1998; miembro de la Corte Nacional Electoral de 2004 a 2008. Designado vocal del TSE por Jeanine Añez.

(*) Iván Bustillos es periodista de  La Razón

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Europa, EEUU y China

Mientras China construye una gran clase media, Estados Unidos la destruye

/ 21 de octubre de 2020 / 07:35

Las declaraciones del embajador estadounidense en entrevista con el diario Expresso del 26 de septiembre ofenden a los portugueses y violan los códigos diplomáticos. Amenazó que Estados Unidos dejaría de considerar a Portugal como un aliado en cuestiones no solo económicas sino también de seguridad si Portugal adoptara (así sea parcialmente) la tecnología 5G de Huawei.

Como el objetivo geoestratégico de Estados Unidos es debilitar o desmantelar la Unión Europea (comenzó con el Brexit) para obligar más fácilmente a los países europeos a alinearse en la nueva guerra fría —la guerra contra China— Portugal es el objetivo exacto, no solo porque se considera uno de los eslabones débiles de la UE, sino también porque presidirá la UE en los próximos meses. Pero las grandes decisiones son de la UE. ¿Qué decisión tiene que tomar? Europa se enfrenta a una bifurcación decisiva: o se fragmenta o profundiza su integración. 

No viene al caso mirar aquí toda la larga tradición histórica que conecta Europa (especialmente el Mediterráneo) con China e India, miembros del mismo supercontinente, Eurasia, donde surgió la Edad de Bronce y dio lugar a la primera revolución urbana, unos tres mil años antes de nuestra era. Es suficiente recordar que durante muchos años ha habido comercio y tecnología en esta región y que, si en ciertos periodos prevaleció Occidente, en otros prevaleció Oriente. Esta alternancia pareció romperse a partir del siglo XV con el péndulo apuntando a la región europea. Con la expansión bloqueada por tierra por el Imperio Otomano, Europa se convirtió en el lugar de nacimiento de los imperios transatlánticos que tuvieron sucesivamente como protagonistas a Portugal, España, Holanda, Francia e Inglaterra. Un largo periodo que terminó en 1945 (en el caso de las colonias de Portugal, en 1975). Desde entonces, el único imperio digno del nombre ha sido el de EEUU. Hace unos años se ha hablado del declive de este imperio y del surgimiento del imperio chino, aunque sea discutible si China ya es (de nuevo) un imperio. Durante varios años, estudios de los servicios de inteligencia de EEUU (CIA) han previsto que China en 2030 será la primera economía del mundo. 

Todo nos lleva a creer que nos enfrentamos a un imperio descendente y a un imperio ascendente. La pandemia ha llegado a dar una nueva intensidad a los signos que apuntan a esto. Entre ellos señalo los siguientes. En primer lugar, China fue una de las principales economías del mundo durante varios siglos hasta el comienzo del siglo XIX. Representaba entonces del 20% al 30% de la economía mundial. Desde entonces, su declive comenzó y en 1960 China representó solo el 4% de la economía mundial. A partir de la década de 1970 China comenzó a resurgir, y hoy representa el 16%. La pandemia ha hecho aún más evidente que China es la fábrica del mundo. Mientras Donald Trump vocifera contra el “virus chino”, el personal médico y de enfermería está esperando ansiosamente la llegada del nuevo suministro de material de protección personal de China. Los estudios de dos grandes bancos alemanes, el Commerzbanky el Deutsche Bankmuestran que China recuperará las pérdidas del PIB causadas por la pandemia a finales de este año, mientras que Europa y Estados Unidos seguirán enfrentando una severa recesión. El peso del consumo interno de China en el PIB es ahora del 57,8 por ciento (en 2008 fue del 35,3 por ciento), es decir, un peso cercano al de los países más desarrollados. Ha escapado a los medios occidentales el que, ante la intensificación de la guerra fría por parte de Estados Unidos, China propone adoptar una política de mayor autosuficiencia o autonomía que le permita seguir exportando al mundo sin depender tanto de las importaciones de alta tecnología. Entre los países europeos, Alemania puede ser una de las más afectadas, junto con Japón y Corea del Sur.

La imagen que nos llega de Estados Unidos es casi lo contrario de todo esto. El extraordinario dinamismo de Estados Unidos a finales de la década de 1940 y en las dos décadas siguientes ha desaparecido hace mucho tiempo. Históricamente inclinado a considerar la guerra como un medio para resolver conflictos, Estados Unidos ha estado gastando en aventuras militares la riqueza que se podría invertir en el país. Desde 2001, el gasto militar ha ascendido a 6 trillones de dólares.  Recientemente, el expresidente Jimmy Carter lamentó que en 242 años de existencia Estados Unidos solo había estado en paz durante 16 años. Por el contrario, desde la década de 1970 China no ha estado en guerra con ningún país (aunque haya tensiones regionales), y se estima que hoy en día produce tanto cemento en tres años como Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Mientras China construye una gran clase media, Estados Unidos la destruye. Los tres estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como los 160 millones de estadounidenses más pobres. En el ranking de libertad de prensa del World Press Índex, Estados Unidos ha estado cayendo y ahora ocupa el puesto 45 (varios países europeos están en la cima de la tabla, Portugal ocupa el décimo lugar y China el puesto número 177). La conducta política de Donald Trump es lo opuesto a todo lo que hemos aprendido de positivo de Estados Unidos y ahora corre el riesgo de poner al país al borde de una guerra civil. Pero, por peligroso y caricaturado que sea, Trump no es la causa del declive de Estados Unidos, es más bien un producto de esto.

Europa (especialmente la que tiene la mejor tasa de desarrollo humano) se ha beneficiado de la apertura de China al comercio internacional y de las relaciones pacíficas que se han establecido desde entonces entre Estados Unidos y China. Estos hechos han eximido a la UE de tener una verdadera política exterior.  Todo indica que este periodo ha llegado a su fin y que Europa se verá obligada a elegir. Europa, históricamente muy violenta, tanto interna como mundialmente, no tiene velas imperiales hoy en día y parece querer preservar un patrimonio creíble de defensa de los valores democráticos, la convivencia pacífica y los derechos humanos. Los imperios siempre son malos para las regiones que están sujetas a ellos. Se puede decir que las regiones que no pueden disputar el poder imperial ganan más al aliarse a un imperio ascendente que a uno descendente. Pero, por otro lado, nada nos garantiza que el imperio chino sea mejor para los europeos que el imperio americano. La única manera de preservar los valores de la democracia, la convivencia pacífica y los derechos humanos parece ser mantener una autonomía relativa hacia ambos. Solo esta relativa autonomía permitirá a Europa profundizar su integración discutiendo los términos de su inserción en la nueva era, que parece ser menos una nueva era de globalización que una era de muros tecnológicos (y muchos otros muros no menos peligrosos). Esto significa que ningún país europeo debe ser chantajeado. La experiencia internacional de la última década nos dice que China acepta la idea de una autonomía relativa y que, cuando es necesario, sabe retirar sus ánimos expansivos. Por el contrario, las presiones muy poco diplomáticas en curso son una advertencia de que Estados Unidos no acepta la idea de autonomía relativa. Si Europa no sabe resistirse/resistir, estará iniciando un doloroso viaje hacia su fragmentación.

(*) Boaventura de Sousa Santos es sociólogo (**)

(**) Académico portugués, doctor en sociología. El artículo fue enviado por el autor a Other News. Traducción de Bryan Vargas Reyes.

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Democracia

Debate: el voto, las elecciones (lo que hoy pasa en Bolivia) no es la única forma de legitimidad del futuro gobierno

/ 21 de octubre de 2020 / 07:34

Momentos como el que hoy vivimos nos muestran la complejidad que se encuentra detrás de una palabra como democracia. El término proviene de la unión de dos palabras griegas: demos y kratos. La primera hace referencia al pueblo que participa en lo público, y la segunda hace mención al poder, no al poder como titularidad, sino al poder en tanto ejercicio y praxis. Literalmente podemos entender democracia como poder del pueblo, poder en el pueblo y poder sobre el pueblo.

En el primer caso (el poder del pueblo), nos referimos al poder como potencia que se produce por y en la cooperación de los seres humanos que de manera conjunta configuran al pueblo. En este caso, la individualidad se transforma por la presencia de la alteridad, es decir, por la presencia de los otros que transforma a los individuos en un “nos-otros”, pues el pueblo supone colectividad. Esto quiere decir que el sujeto pueblo se transforma constantemente por la interacción de los mismos seres humanos. El pueblo no es solo la suma de individualidades, sino es la transformación de esas individualidades por la presencia del otro. Como señalaba Spinoza, la potencia de un ser humano es solo potencia porque se multiplica por la potencia de otros seres humanos. Lo que diez personas pueden hacer por separado es mucho menos de lo que estas mismas diez personas puedan hacer juntas, cooperando. Y no solo el producto de su potencia es lo que se pone en juego, sino la misma subjetividad se transforma y potencia en la cooperación. Lo que Marx denominaba modo de producción no es otra cosa, desde una lectura spinoziana, que la potencia coordinada de los seres humanos. Potencia del pueblo o poder del pueblo es, entonces, lo que los seres humanos en conjunto y afectados por la presencia de la alteridad, hacen y construyen, no sin conflictos, porque esta cooperación está atravesada por relaciones económicas y de clase, relaciones de dominación coloniales y de género, entre otras. Es decir, esta unidad no supone una presencia pacífica, sino altamente conflictiva. ¿Qué es pueblo? Es una pregunta sin una respuesta final.

En el segundo caso (el poder en el pueblo) se tiene como condición al poder del pueblo. Es decir, la potencia de la cooperación se constituye en el dispositivo de constitución y transformación de todo tipo de gobierno. No es posible el gobierno como ejercicio de poder si la condición de éste se encuentra en el pueblo. Por ejemplo, el mismo pueblo que elige y legitima a sus gobernantes retiene también el poder de deslegitimarlos. El poder en el pueblo, entonces, es potencia de un gobierno futuro, pero el pueblo no es en sí mismo el gobierno, pues el pueblo, como lo decíamos antes, es el lugar del conflicto y el antagonismo, aunque también de la cooperación y la potencia, por ello el gobierno no podría perder su nexo y relación con el pueblo, pues es de éste que viene su condición de gobierno. Pero pensar el gobierno sobre el pueblo precisa reflexionar sobre el medio, el método de traducción y transformación del poder del pueblo, el poder en el pueblo, en el poder sobre el pueblo, que es el tercer caso de nuestra exposición. 

El tercer caso, el poder sobre el pueblo, solo es posible por medio de la democracia, a partir del gobierno que crea y elige el pueblo. El pueblo es el productor de la potencia, el sujeto de la potencia y la fuerza misma del gobierno que constituye. No es posible ningún tipo de gobierno sobre el pueblo sin que el mismo lo haya producido, consentido y a la vez limitado. La democracia es, en consecuencia, el medio que posibilita el gobierno sobre el pueblo, cuya fuente y naturaleza descansa en el mismo pueblo. La democracia no es la posibilidad de un gobierno absoluto, sino de un gobierno limitado y controlado por el pueblo, esto no quiere decir que la democracia sea el gobierno, sino que la democracia es el medio de constitución del gobierno.  

Por lo señalado, el término democracia no es un significante sencillo, el problema, como se ha podido ver, se encuentra en lo que entendemos por pueblo. El pueblo es en sí una pluralidad de sujetos antagónicos, depositarios del conflicto y de la política. Pueblo es el nombre de una querella discursiva que se realiza todo el tiempo sobre sí mismo, esta querella tiene momentos complejos en los cuales una parte puede pretender negar la existencia de esta diversidad que le es constitutiva. Y hoy lo podemos ver en expresiones de una parte de la población que quiere negar a otra parte la posibilidad de elegir a sus representantes, bajo la idea de que aquellos que sean elegidos no los representan, al punto de que quienes los elijan no sean tomados como parte del pueblo. Pero el gobierno precisa un pueblo y las elecciones son un dispositivo ficcional que pretende, en el acto de votación y representación, unificar una imagen de un pueblo, pero ni el gobierno elegido por una mayoría puede eliminar el antagonismo que se encuentra en idea misma de pueblo.   

El pueblo como depositario del poder, no puede resolver por sí mismo el ejercicio de este poder; dicho de otra manera, el pueblo, que es a la vez el origen del gobernante y el sujeto gobernado, precisa de mecanismos para resolver esta transmisión, traducción y transformación, de ser a la vez soberano y gobernado, y allí es donde se precisan otras formas de democracia para ir más allá del mecanismo ficcional de las elecciones. No hay una sola forma de resolver esta transmisión y transformación del sujeto de poder y el destinatario del mismo. Así como no hay una sola temporalidad de las relaciones que se ponen en juego en la democracia.

Las formas, los mecanismos y los niveles institucionales que permiten al pueblo el ejercicio de poder, precisan concebir en la democracia a otras democracias (en plural), pues la sola democracia representativa es insuficiente. Los gobernantes que crean que su legitimidad radicará en la imagen ficcional de un pueblo que los ha elegido, se engañarán a sí mismos, pues el pueblo no es una unidad y no aprender a gestionar la conflictividad que posee el pueblo en su seno (no a eliminarla pues no es posible, por ello me refiero a gestionarla) lo llevará de manera acelerada a una crisis. Si bien todo gobierno llegará a una crisis de poder y legitimidad, lo que está en juego cada vez que elegimos gobernantes son los tiempos de estabilidad que ficcionalmente se les ha otorgado.

(*) Farit Rojas Tudela es docente de Teoría del Derecho y Pluralismo Jurídico. UMSA

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El Gobierno transitorio

Claves de la política económica del Gobierno interino antes y durante la pandemia

/ 21 de octubre de 2020 / 07:31

Para analizar este especial periodo de gobierno es oportuno dividirlo en dos etapas: una sin pandemia, que dura de noviembre de 2019 a febrero de 2020, caracterizada por la visible intención gubernamental de deconstruir la economía mixta heredada; y, la segunda, con pandemia, de marzo a octubre de 2020, que destaca por la creación de bonos sociales, el ajuste normativo en materia tributaria y la implementación de un direccionado plan nacional de reactivación.

En diciembre de 2019, cuando no se preveía la llegada de la pandemia al país, el Gobierno accionó la estrategia de desacreditar el desempeño de toda empresa pública, tratando de posicionar en la población la vieja idea de que “el Estado es un mal administrador”. Siguiendo esta línea discursiva, se menospreciaron proyectos nacionales de industrialización en minería, hidrocarburos y litio. El desprestigio mediático conduciría luego a un objetivo mayor: privatizar empresas públicas, reduciendo así la participación estatal en la economía nacional.

Se comenzó descalificando la gestión de empresas grandes y estratégicas como Entel y YPFB, por contribuir al pago de bonos estatales, como el Juancito Pinto. Se criticó el desempeño de las plantas separadoras de líquidos por operar por debajo de su capacidad productiva, tratándose de emprendimientos productivos en pleno desarrollo. Se arguyó bajas utilidades en empresas de mediana envergadura como Mi Teleférico, sin contemplar que, tratándose de proyectos de transporte masivo, el impacto en la calidad de vida de sus usuarios fue inmediato. Se denunció pérdidas en la empresa de trasporte aéreo BoA, que cumple una función económica y social al cubrir vuelos no necesariamente rentables. En minería, se cuestionaron bajas utilidades en la Empresa Minera Huanuni y la Metalúrgica de Vinto, siendo éstas claves para la exportación de estaño refinado. También, se argumentó insolvencia de empresas pequeñas como la ensambladora Quipus, emprendimiento destinado a generar empleo técnico.

Asimismo, se ordenó el cierre de operaciones de la Planta de Fertilizantes de Bulo Bulo, que contaba ya con producción comprometida para su exportación. Se desacreditó el desempeño de la Planta de Azúcar y Alcohol, emprendimiento agroindustrial en plena maduración. Sin muchos argumentos técnicos y legales, se disolvió la sociedad ya constituida entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para la explotación e industrialización del litio. Al mismo tiempo, se anunció que la Planta de Procesamiento del Litio trabajaba por debajo de su capacidad instalada, tratándose de un proyecto nacional en etapa experimental, clave para la explotación e industrialización mixta del mineral. Finalmente, se paralizó en su etapa final la construcción del tren eléctrico, cesando las actividades de la empresa Mi Tren; y, se congeló el proyecto del Centro de Medicina Nuclear, emprendimiento que brindaría servicios públicos en medicina nuclear contra el cáncer. 

Con la llegada de la pandemia en marzo 2020, el Gobierno diseñó una serie de medidas económicas de contención: entrega de bonos sociales, habilitación de créditos rápidos para empresas paralizadas y varias concesiones que postergaron el pago de impuestos y condonaron deudas tributarias. Es evidente que ninguna de estas medidas fue hecha para auxiliar a empresas públicas.

En abril de 2020, se comienza el pago del Bono Familia de Bs 500 y en mayo del Universal, con similar monto, llegando a beneficiar alrededor de 4,2 millones de personas. El costo para pagar los bonos estaría en alrededor de $us 300 millones. Para erogar dicho monto y cubrir gasto corriente del Estado, el Gobierno recurrió a un crédito de $us 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB). A ello, se suma $us 1.400 millones, recibidos por concepto de donación internacional durante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia. Evidentemente, el pago de los bonos es una inyección rápida de dinero en la economía, estimulando el consumo familiar y contrarrestando en parte las fuerzas contractivas en la demanda agregada. Sin embrago, el diseño de los bonos no contiene filtros adecuados para llegar exclusivamente a la población más vulnerable del país, ratificando desigualdades sociales.

Se aplican medidas anti-contractivas consistentes en otorgar créditos rápidos a empresas privadas afectadas, para que puedan cubrir sueldos durante el paro. Naturalmente, el Banco Unión sería el único banco en otorgar este tipo de créditos, poniendo en riesgo de mora su cartera crediticia futura. También se aprueban normas tributarias que postergan el pago de impuestos, como el IUE (Impuesto a la Utilidad de las Empresas), y se flexibilizan tributos arancelarios a la importación de bienes de capital. Estos incentivos fiscales terminan favoreciendo solo a grandes empresas industriales del país.

La dinámica subyacente a la pandemia provocó paradójicamente que algunos sectores económicos se vean beneficiados: comunicaciones, internet, supermercados, farmacias, clínicas privadas, comercio especializado en salud, industria de alimentos (agroindustria), servicios de entrega a domicilio y la producción campesina de alimentos básicos. Los sectores medianamente afectados fueron los servicios financieros (bancos), la manufactura y la exportación de gas natural. Contrariamente, los sectores profundamente afectados resultaron ser la aviación, el turismo, la construcción, inmobiliarias, restaurantes y el transporte automotor.

Bajo este crítico escenario, el Gobierno aplicó un segundo grupo de medidas económicas contenidas en un plan nacional de reactivación del empleo de $us 2.671 millones. El plan contiene un fondo de reactivación pospandemia de $us 1.749 millones, destinado a otorgar créditos blandos a empresas de los sectores agropecuario, silvicultura, almacenamiento y transporte, industria manufacturera, construcción, actividades inmobiliarias y de alquiler; comunicaciones, turismo, hoteles y restaurantes. Los recursos del fondo provendrán de la emisión de títulos negociables de deuda del BDP y cuentan con la garantía del TGN. El BDP, por cierto, es una institución financiera mayoritariamente del Estado boliviano y minoritariamente de la CAF. Asimismo, el plan de reactivación solo contempla un pequeño fondo de $us 17 millones para el afianzamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

Esto pone en evidencia que la política gubernamental está deliberadamente diseñada para favorecer a la gran empresa privada y no así a las micro, pequeñas y medianas empresas.

(*) Luis Paz Ybarnegaray es economista, master en Estudios Latinoamericanos

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