No cabe duda de que para el mundo entero hay un antes y un después de la crisis sanitaria que vivimos con la llegada del COVID-19. Es verdad que la pandemia ha desnudado en toda su crudeza las vulnerabilidades de cada sistema, pero también es cierto que con su presencia se han hecho más grandes las brechas económicas y sociales. Y cuando hablamos de temas sociales siempre es un factor intrínseco la subjetividad, subjetividad que puede llevar a algunos a pensar en la línea darwinista de que el éxito de la sobrevivencia se lo llevará el más fuerte. Este pensamiento, sin embargo, puede ser peligroso porque limita de toda responsabilidad a la comunidad y al Estado, pues enfocados únicamente en la supervivencia del yo (y mi círculo más cercano) en la continuidad de la selección natural, se llega a ignorar que la sobrevivencia del otro es también necesaria para la sobrevivencia propia.
No es de extrañar que el ingreso del virus en las cárceles hoy no sea tema de relevancia ni para el Estado ni para la sociedad; sin embargo, emergen situaciones que como mucho son antecedentes de que si el problema no se trata con la debida seriedad en los recintos penitenciarios, mañana podrían ser grandes focos de infección de áreas tanto urbanas como rurales. Se hace referencia a lo citado tomando como ejemplo el caso de la cárcel de Villavicencio en Colombia, lugar que hoy se presenta como uno de los focos más grandes de COVID-19 de la zona andina. Según el periódico El País esta prisión concentra 706 contagios en un área que tiene un 97% de población hacinada, bomba de tiempo que estalló hasta extenderse a un barrio entero.
Una serie de errores, como mal diagnóstico, demora en la detección, carencia de medidas de seguridad tanto para internos como para policías, sumados a traslados de reclusos de una cárcel a otra, fueron detonantes para la que se denomina como la mayor crisis carcelaria en ese país, con un contagio que ha trascendido a otras cinco cárceles más y, como consecuencia, no solo la ola de enfermos dentro y fuera de las prisiones, sino también de discriminación hacia policías y excarcelados.
¿Qué nos dice este suceso?
Bolivia presenta un cuadro preocupante, dada la falta de insumos de bioseguridad (tanto para médicos como para policías), de centros de atención accesibles y especializados y, sobre todo, la poca capacidad de detecciones del virus, dado el colapso en los centros que procesan las pruebas en el eje troncal, colapso que el Gobierno ha admitido tras varias denuncias de casos en los que la espera por el resultado demora hasta ocho días, tiempo suficiente para que una persona altamente vulnerable pierda la vida.
No olvidemos que casi 70% de la población carcelaria no tiene sentencia, lo que significa que víctimas de la retardación de justicia están a la espera del virus antes de que se pueda demostrar su culpabilidad. En ese sentido, son muchas las organizaciones de la sociedad civil como los organismos que se han manifestado sobre la situación del COVID-19 en las cárceles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación a fines de marzo sobre la poca salubridad y el hacinamiento extremo, y recomendó, entre otras medidas, la reevaluación de los casos de prisión preventiva para aplicar medidas alternativas, prioritariamente en población de adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o con niños a su cargo.
Sin ir lejos, ANF informó este lunes que en Trinidad el penal de Mocovi contiene a más de 100 casos de personas con problemas respiratorios que aún no han sido atendidas por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni, situación que ha generado miedo, pues no se quiere repetir la experiencia de Palmasola en Santa Cruz que expone el fallecimiento de al menos un adulto mayor por coronavirus.
A pesar del indulto y las audiencias virtuales que está llevando a cabo el Órgano Judicial, la cantidad de personas sin sentencia habrá de rebasar el sistema en cualquier momento, es por eso que instituciones y activistas por los derechos humanos piden que se limite el ingreso de nuevas personas a los recintos, especialmente por casos de delitos menores no violentos; así como la aplicación de las medidas alternativas recomendadas por la CIDH y otros organismos internacionales.
En esa línea, la fundación Acción Semilla y el colectivo Por Mi Vida, en coordinación con el Centro de Orientación Femenina de Obrajes están llevando a cabo el proyecto “Fortalecimiento de las medidas de prevención y contención en grupos vulnerables de la población privada de libertad, del Centro de Orientación Femenina de Obrajes”, para mitigar las consecuencias sociales y sanitarias en poblaciones de riesgo de ese sector, brindar apoyo médico e insumos sanitarios, asistir educativamente a los niños que se quedaron sin posibilidad de continuar su programa de estudios, y brindar materiales para la elaboración de material biomédico para la subsistencia de las internas.
Mucho dependerá para el éxito de estos objetivos que la sociedad sea parte activa de esta campaña.
Es entendible que la población esté sumida en un contexto de incertidumbre y desconcierto; sin embargo, llegar a comprender que el bienestar del otro es el bienestar individual y el de la comunidad, hará de los bolivianos personas libres y más humanas. Por una Bolivia unida (que tanta falta nos hace) es hora de mirar más allá. Antes de juzgar a una persona tras las rejas es bueno preguntarse si ese rostro tiene una historia, si habrá tenido un juicio justo o un debido proceso, si acaso tendrá familia o dependientes a su cargo. El tiempo nos está diciendo claramente que un pensamiento egoísta eventualmente destruye, hagamos el ejercicio individual de entender esta crisis como una oportunidad para sanarnos a nosotros mismos desde la sanación del otro.
Patricia Chulver es comunicadora social, preside Fundación Semilla