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Crisis social general

/ 21 de mayo de 2020 / 14:22

Como diría Sergio Almaráz: “Hay que nacionalizar el propio gobierno” y, por ahora, para hacerlo la única opción son las elecciones generales.

Según la ciencia y la política, los momentos de crisis general dan la oportunidad de conocer las deficiencias y contradicciones estructurales de la sociedad, para tratar de superarlas: “La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la iniciativa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado”, decía Albert Einstein. Y desde lo político local: “La crisis es la forma de la unidad patética de lo diverso. El único tiempo común a todas estas formas es la crisis general que las cubre o sea la política. La crisis, por tanto, no solo revela lo que hay de nacional en Bolivia, sino que es en sí misma un acontecimiento nacionalizador.”, señalaba René Zavaleta.

Sobre estos párrafos es posible desarrollar teorías y análisis profundos universales y específicos de cada sociedad en particular; aquí solamente destacaremos dos cuestiones: primero, ¿cuáles son los hechos económicos, sociales y políticos que se revelan de forma irrefutable por la crisis general? Y, segundo, en consecuencia, ¿cuáles serían los lineamientos de estrategias nacionales para superarlos?

MATERIAS PRIMAS

La crisis general lo primero que evidencia y deja fuera de discusión es que Bolivia no puede seguir dependiendo sólo de la exportación de materias primas sin valor agregado, esto vale para la explotación del gas, minerales y la propia producción de soya. Del mismo modo, el país no puede basar el empleo urbano, casi exclusivamente, en trabajadores por cuenta propia en los sectores terciarios del comercio y el transporte.

En lo social, la pandemia evidencia que la infraestructura física hospitalaria, sin el recurso humano especializado, sin equipamiento tecnológico y sin los insumos médicos de salud, es simplemente inútil, pero también esto demuestra que la salud es un asunto de Estado, y no de iniciativa privada. Qué decir de la educación:  se constata, por ejemplo, que la universidad no forma técnicos calificados en las áreas productivas (industria y agricultura), ni especialistas en planificación del desarrollo económico social, menos investigadores científicos, que son la base sobre la cual se levanta todo lo anterior.

LA POLÍTICA

Respecto a lo político, “que cubre todo como la crisis general”, el panorama hasta mediados de marzo de 2020, según las encuestas de opinión, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aventajaba con 15% a Comunidad Ciudadana, y con 18% a JUNTOS (Ciesmori: 38% para Arce, 23.3% para Mesa, y 19.9% para Añez), esto, 45 días antes de la elección general, que debía realizarse el 3 de mayo del 2020. En este contexto, se puede afirmar que la declaración de cuarentena postergó la derrota de la oposición al MAS, o si se quiere, “los salvo la campana”.

A partir de la cuarentena, tres veces ampliada, la asignatura pendiente de elecciones generales encuentra a las candidaturas en una situación distinta: JUNTOS resolvió su aparente contradicción con CREEMOS, y CC día que pasa pierde protagonismo, al aferrarse a la estrategia de una segunda vuelta. Las consignas de establecer un dialogo nacional o, en su extremo, un gobierno de salvación nacional, apuntan a presentar un solo candidato de oposición al MAS, por el lado de elecciones, y, por el otro lado, a la prosecución del golpe de estado, cerrar el parlamento y formar un gobierno de unidad contra el MAS; sin embargo, para esta solución por el desastre tendría que el Ejercito pasar de un apoyo a la dirección política.

COYUNTURA

Si la “crisis general revela lo que hay de nacional en Bolivia”, la coyuntura exige una respuesta política para la nación en su conjunto, se trata de establecer un programa nacional popular, a partir de lo que existe, atendiendo el momento con un horizonte de largo plazo.

Lo que exige el momento es una industrialización de nuestras materias primas de exportación (particularmente el litio y el zinc); el fortalecimiento de las empresas estratégicas; el destino del capital financiero de fomento a los sectores productivos y una política monetaria y fiscal de acuerdo a esos objetivos nacionales, es decir, establecer una política económica estatal nacional, ahora más que nunca bajo el principio de desarrollo sostenible.

DESARROLLO

Siempre en el plano económico, es momento de apostar al desarrollo de la pequeña y mediana industria y a la economía campesina, directamente ligadas al mercado interno y el empleo productivo. Es tiempo de respetar la economía plural, privilegiar la asistencia técnica y financiera a estos sectores; sustituir la importación de alimentos y manifacturas por la producción nacional, liberando impuestos, bajando las tasas de interés y garantizando las compras estatales del producto de los pequeños y medianos productores, es decir, cambiar la lógica de cubrir la demanda con importaciones y contrabando de alimentos y manufacturas baratas y apostar solo a la agricultura a gran escala para la exportación.

Ahora se entiende porqué el principal fin del Estado es: “garantizar el acceso de las personas a la educción, a la salud y el trabajo” (Artículo 9, inciso 5, CPE). Para el caso, la crisis muestra que la salud es un asunto de responsabilidad del Estado, es decir, el gobierno debe garantizar una salud universal. La salud privada debe existir, pero en arreglo a una política de salud pública nacional.

Lo propio sucede con la educación: el nivel de pregado, grado y posgrado deben tener el objetivo de formar prioritariamente científicos, académicos, especialistas, técnicos y mano de obra calificada para una sociedad sana, productiva, respetuosa del medio ambiente, soberana y de justica social. Otra vez, la educación privada debe existir, pero también supeditada a una política educativa fiscal nacional.

CRISIS

En su remate, la crisis general es siempre, una crisis política. Por la referencia que realizamos hasta el momento, se infiere que la coyuntura actual requiere de un gobierno nacional popular, capaz de convertir la crisis en una oportunidad de cambio. Es hora no solo de reactivar la economía, sino de cambiarla. Apostar a un desarrollo de la pequeña y mediana industria en las ciudades y a la economía campesina en el sector rural; desarrollar nuestro mercado interior; procurar empleo digno y permanente. Proteger estas economías dotándoles de infraestructura (maquinaria, insumos, riego), crédito de fomento, liberalización de impuestos, compra de su producción para desayuno escolar, dotación de alimentos, crear supermercados de producción nacional exclusiva, etc. Al mismo tiempo, liquidar el contrabando de alimentos, manufacturas, la ropa usada y subir impuestos a la importación de alimentos procesados.

Se destaca esta política microeconómica porque hasta ahora no se estableció plenamente y es totalmente compatible con la política macroeconómica de desarrollo de la industria de nuestras materias primas y la modernización eficiente de las empresas estatales de los sectores estratégicos de la nación.

SALUD Y EDUCACIÓN

En  salud y educación, que tratamos aquí a modo de ejemplo de los varios tópicos del fenómeno social, se impone también una política nacional. Primero, establecer el Seguro Universal de Salud, que comprenda a los existentes y se amplié a más del 50% de la población que ahora no lo tiene. Segundo, se debe emprender una verdadera revolución educativa, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que el pregrado cambie su currícula dirigida hacia el conocimiento de la realidad nacional y del contexto internacional, con los conocimientos básicos del desarrollo científico y el manejo tecnológico moderno, teniendo en cuenta que no se puede reformar la educación sin primero cambiar a los maestros, ya decía Franz Tamayo: “Lo peor que puede ocurrir es enseñar lo que uno no sabe”. Y desde arriba, retomar la esencia de la autonomía universitaria, de preservar la independencia del conocimiento, la libertad soberana de Bolivia, el desarrollo de la ciencia, tecnología nacional y la educación gratuita.

Al final, la solución siempre es la política, la crisis social general que vivimos exige una solución nacional popular, como diría Sergio Almaráz: “Hay que nacionalizar el propio gobierno”, y por ahora, la única opción son las elecciones generales.

(*) Danilo Paz Ballivián, es sociólogo, Investigador Asociado del CESU-UMSS

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La gripe española y el nazismo

Hay una alta correlación entre el deterioro de la vida económica y el ascenso de la extrema derecha

/ 3 de junio de 2020 / 13:51

Los estudios científicos que han demostrado la alta correlación existente entre el deterioro de la vida económica y el ascenso de la extrema derecha son muy abundantes. Más concretamente, se han podido demostrar algunos hechos que deberían ser tomados muy en cuenta por nuestros políticos y gobernantes.

En primer lugar, sabemos que el ascenso de la extrema derecha no se produce como consecuencia de cualquier tipo de crisis, sino de las financieras y cuando el periodo de recesión posterior a la crisis es duradero.

También sabemos que las políticas de austeridad, los recortes en el gasto público que llevan consigo disminución de las prestaciones sociales y deterioro de los servicios públicos, están altamente correlacionadas con el ascenso de la extrema derecha. Algo que se ha podido demostrar perfectamente en el caso alemán: tras las políticas de grandes recortes que se llevaron a cabo entre 1930 y 1932, el partido nazi multiplicó su voto, pasando de tener poco más del 2% en 1928 a casi el 45% en 1933.

Foto: SIN TINTA

Desde hace unos días sabemos un poco más sobre el ascenso del nazismo en Alemania pues un economista de la Reserva Federal de Nueva York, Kristian Blickle, ha publicado un estudio, todavía en versión preliminar, en el que se demuestra la gran influencia que la pandemia de gripe española tuvo en el éxito posterior de Adolf Hitler.

Blickle ha analizado las muertes producidas por aquella pandemia en las diferentes regiones y ciudades alemanas y ha podido comprobar que allí donde la mortalidad fue más alta se registró tiempo después un mayor apoyo electoral a los partidos de extrema derecha y particularmente al nazi.

Su análisis pone de manifiesto que las ciudades y regiones donde hubo más muertos a causa de la pandemia registraron luego más desempleo y recortes de gasto público. Estos dos factores están claramente relacionados con el ascenso de la extrema derecha, según el análisis de Blickle, aunque igualmente demuestra que ni el mayor nivel de paro ni las políticas de austeridad fueron las únicas vías por las que la pandemia terminó produciendo un aumento del voto al partido nazi. De hecho, señala que otras enfermedades, como la tuberculosis, que producían más o menos las mismas muertes que provocó la gripe española, no tuvieron el mismo efecto sobre electoral.

En su opinión, lo que ocurrió fue que aquella pandemia concentró principalmente sus efectos sobre la juventud, primero en cuanto a mortalidad se refiere y, más tarde y a consecuencia del recorte de gasto y del cambio demográfico, en la mentalidad y en las actitudes sociales. Blickle señala, por ejemplo, que los recortes afectaron a servicios disfrutados especialmente por la población más joven y que el origen foráneo del virus fomentó el resentimiento hacia los extranjeros que fueron vistos como responsables de la pandemia. De hecho, muestra que el porcentaje de votos para los extremistas de derecha aumentó particularmente en las regiones que históricamente habían culpado a las minorías de las plagas medievales.

Después de 2008 sufrimos una recesión larga y muy dura, durante unos años que han visto crecer la extrema derecha en casi todos los países del mundo, hasta el punto de que son bastantes los que están gobernados por líderes extremistas como Trump, Orban o Bolsonaro.

El COVID-19 no es una pandemia exactamente igual que la provocada por la gripe española, pero deberíamos tener cuidado pues sus antecedentes y la situación que se está generando tienen casi todos los ingredientes que facilitaron la llegada al poder de los nazis: el deterioro económico es evidente, los recortes ya los hemos sufrido y otros nuevos están a la vuelta de la esquina, el desprecio de la política democrática como instrumento de gestión de los asuntos públicos es extraordinario, la polarización agobiante y la xenofobia tremenda.

¿Qué se puede esperar cuando nada más y nada menos que el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la primera potencia mundial, Michael Caputo, dice que el COVID-19 se produce porque «millones de chinos chupan la sangre de los murciélagos rabiosos como aperitivo y se comen el culo de los osos hormigueros», o que «los demócratas están presionando para que el virus mate a mucha gente»?

Juan Torres López es economista, español. Público.es

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El protocolo conservador

Los conservadores buscan imponer lo ‘impolítico’, la paralización de la representatividad democrática

/ 3 de junio de 2020 / 06:40

Bolivia, hoy, vive algo que se define como un Hecho Político Absoluto, con características propias de Crisis Multisectorial, donde de forma negativa y entramada las tribulaciones sanitarias, políticas, económicas, sociales, institucionales y medioambientales convergen en un mismo escenario, tiempo y actores fundamentales. En el proceso recorrido hacia el Hecho Político Absoluto son tres los momentos que lo construyen progresivamente.

CRISIS POLÍTICA: 10 de noviembre de 2019 a 10 de marzo de 2020

Determinada por una sociedad polarizada que, como un golpe de placas tectónicas, chocan en el objetivo de sostener o buscar su hegemonía en la tutela y control del Estado: un grupo social de clase media/urbano y elitario que desplaza al grupo popular periurbano, corporativo e indígena, originario y campesino. Un hecho que culmina con la sustitución del grupo elitario en forma abrupta y por la fuerza, con la presencia indirecta “disuasiva” de las fuerzas militares que aseguran la ruptura de la institucionalidad democrática boliviana. Expresa también el tiempo de la ofensiva política, plena y decisiva, en lo material, lo físico y de pensamiento del republicanismo sobre su antítesis política: la democracia popular, radical y participativa.

Esta fractura institucional, con carácter regresivo y restaurador al modelo de Estado noventista, buscó implementar de forma resuelta un referente sustitutivo del denominado proceso de cambio, que categorialmente se estructura como “el noviembrismo”, identificado por un accionar notorio: la referencia constante a una retórica de “libertad”, “recuperación de la democracia”, “regreso de las creencias religiosas católicas”, y el proceso de “pacificación”. Se reconoce también por establecer, estratégicamente, una constante discursiva de asociaciones negativas con referencias a: narcotráfico, corrupción, apropiaciones indebidas, abusos en el uso de bienes públicos o negligencia en la administración del Estado. Todo un conjunto de narraciones e identificaciones que por la vía de la insistencia permanente buscan validar un hecho: la sucesión constitucional cuestionada que, en la perspectiva académica, de forma técnica, se conceptualiza en las categorías de la Ciencia Política como un golpe de Estado.

La crisis política de noviembre generó una agenda inmediata de tareas coyunturales a ser cumplidas por el nuevo equipo de gobierno: reestructuración plena y total del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Departamentales Electorales; convocatoria a nuevas elecciones; y, fundamentalmente, la pacificación del país. Se trabajó en lo primero; se convocó a elecciones; se dio inicio a la transición y se dejó —intencionalmente— sin atención el proceso de pacificación, buscando sustituirlo por una tenue tranquilidad social lograda sobre la acción e implementación de un Estado policial, que acciona persecuciones sobre dirigentes partidarios y sobrejudicializa de forma extrema a sus adversarios políticos.

CRISIS SANITARIA: 10 de marzo – 30 de abril

De forma impensada el 10 de marzo le llega al poder político la peste providencial. El COVID-19 da sus primeros positivos de contagio en el país y con ello se modifica la agenda de objetivos inmediatos del grupo de poder gubernamental, se busca la prórroga indefinida del mandato transitorio bajo el argumento de emergencia sanitaria; se intenta acreditar una reiterada eficiencia en la administración de la crisis del coronavirus (pocos contagios e índices bajos de letalidad) y se quiere encontrar en los procesos de aislamiento y cuarentena la oportunidad para aplicar el modelo de gobierno propio de la lógica de transición: restricción de los derechos ciudadanos interpelatorios y desmovilización social. Todo esto en la intención de retardar las elecciones, construir la venia de la sociedad a una lógica de imposiciones, que siendo eficiente en la contención de la pandemia termina con el miedo de una población desorientada ante el avance del enemigo invisible.

A este proyecto político se adiciona un elemento fundamental y aliado en la estrategia de resistencia al proceso electoral: el articular con los poderes subnacionales, esto es gobernaciones y municipios, una alianza que sistematice, desde la sociedad comunicacional y mediática, peticiones para posicionar la intención de diferir el tiempo electoral y prorrogar de hecho los mandatos de gobiernos municipales y departamentales vinculados al poder central.

CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD: 30 de abril a la fecha

La noche del 30 de abril se aprueba la Ley 1297 de “Postergación de Elecciones Generales”. En su disposición más polémica se fijan 90 días para la realización de las justas electorales. Ante este escenario generado por iniciativa de la Asamblea Legislativa, la acometida contra el proceso electoral muestra cuatro acciones de respuesta: 1. Interponer recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para invalidar la legalidad de la promulgación y buscar la inconstitucionalidad del rango de fechas señaladas. 2. Incorporar en el debate nacional y en el imaginario colectivo la idea fuerza de que la pandemia del COVID-19 y su presencia extendida por el territorio nacional imposibilita el proceso eleccionario inmediato, e instalar una manifiesta disconformidad con la actual distribución de diputados uninominales, especiales y mapa de circunscripciones. 3. Que la Asamblea Legislativa Nacional deba cerrarse y concluir funciones. Tenebrosa intención esta que mira con complicidad a una cúpula militar que se muestra desafiante contra el primer Poder del Estado y, 4.

Una clara y decidida ofensiva para abolir la CPE pidiendo retornar a la Constitución de 1994. Este es un hecho de apuesta mayor, pues busca por esta vía desmontar la arquitectura jurídica de derechos constitucionalizados que imposibilitan la aplicación libre de la vieja lógica neoliberal, representacional y gubernamental del Estado noventista.

Momento difícil y catastrófico, donde una constelación de corrientes conservadoras expresan la implantación de lo impolítico, que no es otra cosa que la paralización de la representatividad democrática en la posibilidad electoral subyugada por la “contrademocracia”, es decir, los diversos contrapoderes de control y juicios no constitucionales que suplantan la democracia con el riesgo de hacerla desaparecer. Lo impolítico es reducir la política exclusivamente a lo fáctico y lo material, es consignar lo pragmático por sobre la pluralidad de ideas, valores y compromisos intelectuales y de pensamiento. Es resistir a la urgente conciliación de la libertad, la justicia y la democracia inclusiva instaurando un oscuro camino de desigualdad.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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La orquesta del Titanic

El problema del Gobierno no es tanto las políticas que implementa, sino la baja calidad de las mismas

/ 3 de junio de 2020 / 06:39

Entre la noche y el amanecer del 14 y 15 de abril de 1912, durante el hundimiento del Titanic, los miembros de la banda de música deciden no dejar de tocar, a sabiendas del desastre, en un reflejo impotente de soslayar lo inevitable. Se hace esta referencia críptica a la banda del Titanic en alusión a la significancia de las acciones de gestión pública del Gobierno frente a la crisis del coronavirus que reporta ya casi 8.000 contagiados, y dos departamentos, Beni y Santa Cruz, al borde del colapso sanitario; con el añadido de zozobra gubernamental y debilitamiento institucional, producto de denuncias de abuso de poder, uso indebido de bienes, tráfico de influencias y actos de corrupción, especialmente en la compra de equipos esenciales para contener al COVID-19.

En este escenario sombrío, el Gobierno se debate entre resolver “sus errores de gestión” y la atención a la epidemia, cuando se avecina un momento crítico, inminente e inevitable: la crisis económica.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el efecto de la pandemia será una recesión tan grande, que afecta “al 80% de la fuerza de trabajo mundial, con cierres totales o parciales de los sitios de trabajo, configurando un escenario de catástrofe económica global”. En América Latina esta situación se exacerba por la caída de los precios de sus exportaciones y la reducción del comercio internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó que está en riesgo 43% de los puestos de trabajo de la región, y estima que en 2020 la pobreza y la pobreza extrema aumentarán hasta 34,7% y 13,5%, respectivamente.

Para enfrentar esta crisis los países vecinos han asumido acciones para preservar el ingreso familiar, los puestos de trabajo y a las empresas que los generan: con subsidios, creación de fondos de apoyo al sector productivo, suspensión temporal de pagos de créditos e impuestos, y otras medidas. Los presupuestos comprometidos son: Perú, $us 26.400 millones; Chile, $us 11.500 millones; y, Argentina, $us 7.000 millones. En el caso de Bolivia se prevé alrededor de $us 500 millones (Página Siete, 20/05/2020).

La medida más importante del Gobierno ha sido otorgar bonos para la población: el Bono Familia para hijos en edad escolar, el Canasta Familiar para las personas de la tercera edad, madres recientes y personas con discapacidad, y el Bono Universal, para las personas mayores de 18 años y menores de 60 que no tienen un empleo formal y no se benefician de otro bono estatal.

Implementar el cobro de los bonos fue un proceso tortuoso. Su aprobación se hizo mediante tres decretos supremos, y ameritó la emisión de tres decretos más para incorporar a grupos sociales que no estaban incluidos. El cobro de los bonos ha implicado un trato displicente a los ciudadanos, con largas colas en los bancos, exponiendo innecesariamente a la población vulnerable al contagio. De hecho, la aplicación de estas normas generó tal confusión que hasta la fecha la Presidenta explica en spots televisivos los alcances de estas medidas.

¿Cuál es el impacto de esta medida? De acuerdo con el Banco Mundial, si bien los bonos han llegado a gran parte de los hogares bolivianos, por la duración de la cuarentena, este apoyo se ha diluido. La pérdida de ingresos ha afectado con mayor intensidad a alrededor de 2,4 millones de personas en situación económica de vulnerabilidad y pobreza, que viven en áreas urbanas y donde el 96% de ellos se desempeña en el sector informal de la economía.

Por otra parte, las medidas de apoyo al sector productivo se realizan a través de dos iniciativas: el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas. De la primera iniciativa todavía no se conocen detalles ni resultados. El segundo programa ofrece créditos a las empresas para pagar planillas atrasadas por un monto de Bs 4.244 por trabajador al mes, y hasta el doble si se requiere pagar dos meses de planilla. El 15 de mayo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que ya se han colocado Bs 300 millones para este fin. Asumiendo que este monto se haya destinado al pago de un mes de salario, este apoyo alcanzaría a 70 mil empleados, que representan 4,6% del mercado formal de empleo del sector privado, constituido por 1,5 millones de personas (APS, 2017). Es decir, el impacto de esta disposición es casi nada, máxime si se considera la declaración de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que estima la pérdida de 200.000 empleos en 2020 si la cuarentena se prolonga (CNC 27/05/2020).

Finalmente, está la Ley 1294 de diferimiento de pago de créditos, promovida por la Asamblea Plurinacional, que establece la suspensión de pago de deudas bancarias y su diferimiento por seis meses posterior a la conclusión de la cuarentena. La Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI), a nombre del Gobierno, interpretó que esta suspensión concluía en mayo y, por tanto, desde junio los prestatarios debían honrar sus compromisos de pago, en abierta contradicción con la ley. El problema es que la cuarentena sigue y la ASFI no rectifica su posición, generando incertidumbre en los actores económicos.

En consecuencia, lo mínimo necesario será ajustar estas medidas y/o pensar otras, como: integrar los bonos en uno realmente universal, mejor concebido e implementado, flexibilizar las condiciones para el acceso a créditos para las empresas, y consensuar otros acuerdos y facilidades con el compromiso de preservar el empleo formal. En cuanto al sector informal del país (3,4 millones de personas), que incluye a las pequeñas empresas familiares, y que recibió los bonos como único apoyo, requiere de mayores medidas, empezando por hacer cumplir la Ley 1294 sobre la reprogramación de deudas y facilitando el acceso a créditos, con condiciones alcanzables para ellos.

Considerando los escasos recursos financieros comprometidos por el país para enfrentar esta crisis, los problemas del Gobierno no son tanto las políticas públicas que implementa, sino la baja calidad de las mismas, que trasuntan precipitación, improvisación y ausencia de coordinación. Ninguna responde a una visión más allá de la urgencia coyuntural ni propone seriamente las acciones pospandemia, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad de gestión y la consistencia de sus equipos, que al igual que la banda de música del Titanic, ejecutan su repertorio mientras la nave del Estado se dirige al desastre.

Superar una crisis exige a los gobiernos liderazgo, credibilidad y legitimidad, factores que el Gobierno transitorio ha dilapidado en su corta gestión. Intentar reconstruir estas condiciones implica necesariamente la redefinición de sus prioridades. Entretanto ello no ocurra, no queda sino esperar el naufragio anunciado, mientras oímos de fondo a la orquesta del Titanic.

Juan de Dios Fernández es investigador en gestión pública y desarrollo rural

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Tenemos una cancillería en absoluto descontrol

Para el exministro de Relaciones Exteriores, Bolivia hoy está ‘aislada de la dinámica internacional’

/ 3 de junio de 2020 / 06:20

Tras los violentos sucesos de noviembre pasado que buena parte del mundo coincide en llamar golpe de Estado, el entonces canciller Diego Pary Rodríguez (Potosí, 1978) fue una de las primeras autoridades que salió de Bolivia, donde, como en otros muchos casos, grupos irregulares incluso intentaron quemar su casa. El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales —aun tras la renuncia de éste— tenía claras misiones: denunciar el derrocamiento, gestionar asilo para sus colegas, así como la partida de la nave que México había ofrecido al depuesto mandatario.

Tareas que, gracias también a la solidaridad internacional, pudo cumplir a cabalidad, pese a la adversidad militar y política que empezaba a tomar cuerpo en lo que poco después se encauzó como la toma de poder de Jeanine Áñez. Ello y su firme labor como canciller a lo largo de poco más de un año le valieron reconocimiento en su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), al punto de ser considerado como precandidato presidencial para los comicios de este año. Luego fue postulado como primer senador por su departamento natal, aunque el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó arguyendo temas burocráticos.

El pedagogo quechua, con estudios de posgrado en España y Bolivia como experto universitario en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional, además de en Negociaciones Comerciales Internacionales, se aboca estos días a la vocería del MAS. Durante siete años, fue asimismo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, tiempo en el que impulsó la aprobación de la Carta Social de las Américas y de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Aprovechando tal formación y experiencia, en la presente entrevista animamos a Pary a evaluar diversos ángulos de la actual Cancillería encabezada por Karen Longaric, gestión a la que considera perjudicial o extraviada, como la del mismo Gobierno “transitorio” de Áñez.

—¿De qué modo ha afectado la Cancillería de Áñez las relaciones internacionales de Bolivia sin haber sido una gestión electa?

—Bolivia ha quedado aislada de la dinámica internacional. El retiro del país de varios organismos y foros multilaterales ha reducido al mínimo la capacidad propositiva y de incidencia, dejando a la deriva y sin liderazgo varios temas que nuestra diplomacia llevó al mundo, logrando su reconocimiento.

—¿Cuán sancionable será en el futuro que el Gobierno deje a miles de compatriotas varados en otros países, mientras actuó dando privilegios a otros que sí podían pagárselos?

—Es insólito lo sucedido en el país. Mientras los gobiernos de todo el mundo hacían grandes esfuerzos para repatriar a sus ciudadanos, el Gobierno interino de Bolivia dejó en abandono a las bolivianas y bolivianos a lo largo del planeta. Pero aún la situación es más grave, porque un grupo de privilegiados lograban ingresar en vuelos y sin ninguna dificultad, y los que menos recursos tenían se quedaron varados en las fronteras, una gran mayoría en la frontera con Chile. El gobierno de Áñez ha actuado al margen del derecho internacional, desconociendo la Constitución boliviana que, en concordancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derecho Civiles y Políticos, garantiza que toda ciudadana y ciudadano tiene el derecho de retornar a su patria.

—¿Qué podría revelar la investigación de la intervención de diplomáticos bolivianos en la reciente compra de respiradores españoles?

—Es evidente que tenemos una Cancillería y un Gobierno sin rumbo y en absoluto descontrol. De todo lo que hasta ahora se ha conocido, se puede evidenciar que hay descoordinación entre la Canciller, los viceministros y los funcionarios diplomáticos y consulares, al extremo de que la máxima autoridad no toma conocimiento de las comunicaciones que le remiten sus dependientes. El segundo aspecto que podemos observar es que se están utilizando las embajadas y consulados de Bolivia para realizar negocios privados, a costa de los recursos públicos.

—¿A qué esquema político corresponde el hecho de que Bolivia se haya apartado de la declaración del Movimiento de No Alineados sobre la Cuestión Palestina?

—Mientras la mayoría de los países del mundo, miembros de Naciones Unidas, acompañan con firmeza la reivindicación del pueblo palestino, nuestro país actúa en contrarruta, por el único hecho de compatibilizar su posición con los poderes hegemónicos e imperiales de Israel y sus aliados.

—¿Por qué en el exterior es tan extendida la idea de que en Bolivia vivimos en dictadura?

—En el contexto internacional están claramente definidos los estándares sobre la institucionalidad democrática que deben seguir los países. En el caso boliviano, la Presidenta interina tomó la silla presidencial de manera ilegal e ilegítima, acompañada de las fuerzas represivas del Estado, y no goza en absoluto de la legitimidad del voto del pueblo boliviano, que es una condición sine qua non para que un país sea plenamente democrático. Además, la comunidad internacional observa con preocupación el accionar del Gobierno, ya que cada día se restringen y vulneran los derechos humanos, se limita la libertad de expresión, se realizan detenciones indebidas, incluyendo a jueces que son parte de un órgano independiente del Estado.

—¿Cuáles son los hechos que percibió desde su Cancillería para sustentar la tesis de que el año pasado se produjo un golpe de Estado?

—Está claro que hubo un plan para derrocar a un presidente constitucional que fue elegido por el voto del pueblo hasta enero de 2020 y fue forzado a renunciar. Cuando las fuerzas represivas del Estado participan y presionan a un presidente para que dimita, es un golpe de Estado. La Presidenta interina se autoproclamó y no se cumplieron los procedimientos constitucionales para la sucesión. La imagen que resume el golpe es el colocado de la banda presidencial que está a cargo de un militar, cuando, según el protocolo, ante la ausencia de presidente de la Asamblea, debió actuar personal de Ceremonial del Estado.

—¿Qué acciones cumplió usted durante el derrocamiento y tras la renuncia del presidente Morales?

—Desde el primer momento en que inició el golpe de Estado denunciamos a los organismos internacionales y los países, es así que varios organismos, países y líderes internacionales se pronunciaron en defensa de la institucionalidad democrática. Una vez asumida la renuncia forzada por el presidente Evo Morales, fui el primero en salir del país, para desde el exterior coadyuvar en la salida del presidente y de los colegas ministros, así como gestionar los asilos en las diferentes embajadas.

—¿Cuál fue el pasaje más dramático en esas tareas que tuvo que afrontar?

—Podría identificar dos momentos, el primero cuando un grupo considerable de personas se dirigió a mi domicilio para intentar apedrear y quemar. El segundo, cuando el avión que venía de México para recoger al presidente Morales partió de Lima a Chimoré y, en pleno vuelo, en la frontera con Bolivia no lo dejaron sobrevolar territorio boliviano, a pesar de haber realizado todos los trámites y tener los permisos como corresponde. El avión tuvo que retornar a Lima.

—¿Insistirá en revertir la decisión sobre su candidatura? ¿Cree que el TSE realice elecciones pese a las presiones del Gobierno?

—Por ahora, estamos trabajando en apoyo al binomio Lucho (Arce)-David (Choquehuanca) como parte de la vocería, y estaremos en la tarea que se requiera para que nuevamente el movimiento campesino indígena popular asuma las riendas del Gobierno del Estado Plurinacional. El TSE tiene la obligación de dar cumplimiento a la ley, por ello es su tarea definir la fecha del día de la votación, de conformidad a lo determinado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Diego Pary Rodríguez. Para el exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales (04/09/2018 al 12/11/2019) las embajadas y consulados hoy día están siendo utilizadas “para realizar negocios privados, a costa de los recursos públicos”.

Datos

Nombre: Diego Pary Rodríguez

Nació: 31 de mayo de 1978, en Caiza D, Potosí.

Ocupación: Pedagogo de profesión, hoy es vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Perfil

Pary Rodríguez fue embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante siete años, del 9 de mayo de 2011 al 4 de septiembre de 2018.

Sergio de la Zerda es periodista

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La pandemia de la masculinidad confinada

Tras la cuarentena, no deberíamos volver a la ‘normalidad’ que reproduce la desigualdad de género

/ 3 de junio de 2020 / 06:16

Cual si fueran un complejo objeto de investigación para las Ciencias Sociales y Humanas, los hombres están ocupando un sitial interesante en el debate de la coyuntura sui géneris que vive Bolivia y gran parte del mundo: el confinamiento. Nos referimos al hecho de que los “dueños y patrones” del ámbito público se han visto obligados a ubicarse en un espacio ajeno en su cotidianidad, el privado-doméstico, del cual siempre se trataron de desligar, avalados por todo un aparataje patriarcal. Así, han surgido una serie de espacios de debate, reflexión, conversatorios y demás, teniendo como centro a los hombres en cuarentena.

El tiempo de confinamiento en el que estamos viviendo por más de sesenta días ha visibilizado una serie de aspectos que siempre estuvieron conviviendo socapados por la normalización de la vida y de las relaciones, desiguales, de género y que ahora se replantean sugerentemente. Así, retomamos categorías como los roles de género, que junto a los mandatos sociales han hecho que los hombres salgamos bien librados de las responsabilidades domésticas, de cuidado y reproducción de la vida.

No obstante, como una consecuencia de las construcciones tradicionales y hegemónicas de la masculinidad, nos vemos limitados de aspectos fundamentales de esta identidad, es decir del arquetipo de proveedor que se constituye en un profundo problema para entendernos como hombres en este contexto, lo cual posiblemente esté agudizando conflictos emocionales y de frustración al no poder responder según lo demanda la sociedad. A esta situación debemos incluir elementos de análisis de clase social y otros como la informalidad y el subempleo (que, entre otras cosas, afectan más a las mujeres que a los hombres, apelando a la frase de que “la pobreza tiene rostro de mujer”).

Sin embargo, no todo es una anécdota de los malos ratos que pasan los hombres perdidos en el espacio ajeno, y de paso sin poder regodearse en sus pasiones futboleras, sino que el confinamiento está siendo el tiempo y espacio para que suban los índices de violencia ejercida contra mujeres, niñas y niños principalmente, mostrando datos alarmantes. Desde el 17 de marzo, inicio de la cuarentena, fueron reportadas más de 1.300 denuncias por violencia y 44 feminicidios, sin contar los subregistros que no se conocen y que, seguramente, acrecentarían las alarmantes cifras. Esta situación contradice la afirmación de que el hogar es el espacio más seguro para las personas, lo que, con los datos, se demuestra que es totalmente falso. Asimismo, entra en cuestión la romantización del tan mentado “quédate en casa” ya que vemos que el quedarse en casa es sinónimo de aumentar los riesgos de sufrir violencia o de convivir con el agresor como una pesadilla permanente, sin considerar la necesidad de sobrevivir ante la falta de ingresos o alimentos.

De esta manera, nuestro país ha ingresado en una profunda crisis, sin siquiera haber superado la vivida a fines del pasado año. Se ha puesto en debate los roles que cumplimos los varones o el aporte real que hacemos dentro del trabajo doméstico y el cuidado, una vez arrebatado el pretexto machista del ser proveedor como sinónimo de hombre íntegro y responsable. Durante este tiempo, los hogares se han constituido en los espacios de renegociación de lo cotidiano para poder sobrellevar de mejor manera el confinamiento, replanteando, desde las casas, la división sexual del trabajo que parta de lo más simple como cocinar o lavar la ropa. También estamos ante un escenario que devela las debilidades de la masculinidad tradicional, como el autocuidado y la supervivencia, lo cual puesto en perspectiva desmonta al “sexo fuerte”, desnudando sus más profundos miedos, debilidades e incapacidades.

El confinamiento va pasando, casi obligado por el peso de la realidad y enmarcado en desigualdades. Quedarán los aprendizajes e interpelaciones que nos hicimos desde la masculinidad, principalmente la vinculada a los roles y mandatos que nos inventaron, cuando, según dicen, los hombres no se ocupan de las labores domésticas o del cuidado, manteniéndonos en nuestros rancios espacios de privilegio patronal. Sin embargo, luego de la cuarentena es prudente no volver a la “normalidad”, al menos no a esa normalidad como la habíamos conocido, porque no nos fue muy útil para deconstruir lo tradicional y, casi, arcaico de las relaciones desiguales de género, lo que, justamente, había sido el pretexto adecuado para seguir empantanados en esos privilegios falsamente adquiridos en detrimento de la mayoría poblacional a la que solemos afectar de diferentes maneras, manteniendo permanentemente la pandemia de la cuestionable masculinidad hegemónica, que por este tiempo estuvo confinada.

Augusto Yáñez V. es sociólogo, experto en masculinidades

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