El Gobierno no tiene capacidad para cumplir sus retos
El candidado critica el accionar de Áñez, tanto en el mandato de las elecciones como en la gestión de la crisis sanitaria
Remarca el carácter transitorio del gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. Si bien reconoce las acciones positivas o aciertos que tuvo en la gestión de la emergencia por el coronavirus, deja en claro que en muchos aspectos la situación está rebasando al Ejecutivo. Reclama que a las cartas que envió desde principios de mayo a la Mandataria, proponiendo un diálogo nacional por la crisis sanitaria y política, ella no haya tenido “la gentileza de dar ni siquiera acuse de recibo”.
—En el debate sobre los transgénicos, usted dijo que el Gobierno transitorio está tomando decisiones que no le competen.
—Estamos hablando de un gobierno que tiene un solo mandato, y lo estamos viendo ahora, estamos viendo que el Gobierno apenas puede con el mandato de la elección, está siendo desbordado completamente por el tema de la pandemia del coronavirus. El Gobierno tiene el mandato, y no ha sido elegido para tomar decisiones de mediano y largo plazo, decisiones que son de efectos importantes desde el punto de vista económico y del agroambiental. Y, por si fuera poco, el Gobierno ha aprobado un decreto supremo cuando la Constitución tiene dos artículos, el 255 y el 409, referidos a los transgénicos; el primero, que no se puede aprobar nada que sea dañino para la salud humana, y el segundo, que cualquier aprobación que se haga tiene que hacerse a través de ley, no a través de un decreto; y el tercer elemento es un tema muy polémico: estamos entrando en terrenos como el del trigo, que no tiene muchos elementos comparativos en el mundo, y el del maíz, en el que Bolivia es un país originario en su producción, lo cual es tener una gran riqueza genética, en particular el caso del maíz. Por donde se mire, es una decisión equivocada.
—En definitiva, tiene que revertirse la disposición.
—En definitiva, el Gobierno no puede seguir tomando decisiones en los transgénicos, en lo de YPFB, en el tema tierras, en el minero, como si fuera un gobierno elegido en las urnas; este es un gobierno transitorio, un gobierno que además está enfrentando gravísimos problemas de irregularidades, de falta de transparencia, de acusaciones de corrupción. Es increíble que en seis meses estemos viendo a un gobierno vinculado a tantos temas de irregularidades y falta de transparencia.
—Las medidas económicas, de auxilio a las empresas, señaló que son inaplicables.
—Sí, de lo que se trata en el caso de las medidas estructurales, no los bonos, que están bien y que hay que llevarlos adelante, tienen que ser medidas que sean realmente eficientes y rápidas, el desembolso rápido, que no planteen cosas imposibles, hay casos en que te piden papeles o documentos de oficinas que están cerradas y que no te atienden y por lo tanto no puedes conseguir la información o los documentos que te piden para poder llevar adelante el trámite. Pero bien, estas son medidas que se han tomado para préstamos, para pagar salarios y para respaldo económico a pequeñas y medianas empresas, no se habla en absoluto de las grandes empresas, que también están enfrentando problemas, y eso nos lleva a la conclusión obvia: un gobierno de transición puede tomar algunas medidas parciales pero no puede comprometer bienes del Estado ni comprometer recursos del Estado en el mediano y largo plazo. Lo que necesitamos al más breve plazo es un proceso electoral que resuelva estructuralmente también el tema político.
—La cuarentena hace aguas, dice usted. Ya varios sectores están presionando por volver al trabajo, incluso en esta lógica están quienes protestan.
—La protesta es un derecho que no se detiene en ningún momento, el derecho a la protesta es un derecho que tiene cualquier comunidad y sociedad que no puede ser restringido en términos de que ‘estamos en emergencia’, pero de ahí a que la protesta se convierta en violencia, en bloqueo, en restricción de derechos, se convierta en atacar la salud, como en el caso de Cochabamba impidiendo el paso de carros basureros, o en el caso de Yapacaní generando una gravísima dificultad de distribución de recursos para el país en términos alimentarios, eso es lindante en lo criminal. Hay que hacer un distingo entre el derecho a la protesta y las acciones violentas que vulneran la ley de una manera descarada, propiciadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese es un tema distinto del que puede tener el ciudadano común, de la dificultad de la necesidad de salir a la calle para el día a día, para conseguir el ingreso, para poder comer mañana; hay que distinguir una cosa de la otra. Con ese criterio estamos en una dificultad seria, el incremento de los casos es muy significativo: si ves, los últimos 10 días estamos prácticamente duplicando el número de contagios y de fallecimientos y eso nos indica que estamos entrando en la curva más crítica de contagios de la enfermedad. En consecuencia, la línea te diría que hay que mantener la cuarentena, pero por otra parte la cuarentena está perforada por muchos puntos, es decir, hay muchos sectores desesperados económicamente, no solamente el pequeño productor o el cuentapropista, sino el transportista, los sectores productivos, etcétera, que ya no resisten más. En consecuencia, tenemos que empezar a pensar en una salida ordenada de la cuarentena. Lo que estamos encontrando es que el Gobierno está siendo desbordado por la situación, y cada vez está con menos condiciones de control y además su credibilidad se está desmoronando terriblemente por los ejemplos de irregularidades y de acusaciones de corrupción que tiene en contra.
—En lo de las protestas, ¿todo se reduce a una supuesta acción conspirativa del MAS?, ¿no hay un descontento en lo cotidiano?
—Vuelvo sobre el punto. Cuando tú haces una protesta expresándote libremente y diciendo que estás en contra, y eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo en algunas ciudades del país, es un derecho que nadie puede discutir, y no tengo dudas de que hay un malestar en la sociedad; pero por favor, no hay que confundir una cosa con la otra, una cosa es una protesta legítima, no estoy negando, y otra cosa es el activismo masista que está llevando las cosas a la violencia.
—Libertad de expresión, está bien que hayan suprimido ciertos artículos que atentaban, pero desde antes ya se penalizó la desinformación y el “generar incertidumbre”.
—Por supuesto no estoy de acuerdo, lo he dicho públicamente una, dos, tres, 10 veces. Y me ha alegrado el saber que el Gobierno haya echado pie atrás por la presión de la ciudadanía y por la presión internacional; es obvio que el derecho a la información, tanto a ser informado como el de informar no se puede cortar nunca, ni en el peor estado de excepción que podamos vivir; en consecuencia, no se puede aceptar ningún tipo de restricción, sobre todo habiendo heredado a un gobierno como el de Evo Morales, que ha sido un gobierno que sistemáticamente ha atacado a los medios de comunicación a partir de mecanismos muy evidentes, como acusaciones contra periodistas, forzar a la autocensura, quitar publicidad, atacar con impuestos; tenemos una tradición de 14 años de confrontación y de vulneración de los derechos de la libre expresión como para que este gobierno los repita.
—En cuanto a las elecciones, ¿qué opina de la lógica del Gobierno: la vida o las elecciones?
—Nadie puede estar en desacuerdo con la defensa de la vida y con la prioridad de la salud por encima de cualquier otra consideración en un momento de crisis, de una pandemia como el coronavirus, eso está claro. Ahora, la teoría de que eso va a durar seis, siete, ocho meses me parece inaceptable; el conjunto de los países del mundo que han enfrentado antes que nosotros la pandemia la han sufrido, en el peor de los casos, cuatro meses; si tú le das seis, estamos hablando de marzo hasta septiembre; en septiembre tendríamos resuelto el tema crítico; el virus se quedará, es un enfermedad que va a ser permanente en la vida humana; por lo tanto, suponer que la existencia del virus impide la elección, no tiene sentido. Una vez que se supere el tema más crítico, que todavía estamos atravesando, tiene que definirse una fecha que, como había establecido el Tribunal Constitucional, cuando le prolongó el mandato a la Presidenta y a la Asamblea Legislativa el 22 de enero, debe llevarse a cabo en 2020; y no por un capricho, no porque uno diga que tiene que ser en 2020 per se, sino porque estamos hablando de las graves dificultades y cada vez mayores problemas del Gobierno para llevar adelante su tarea, porque es un gobierno transitorio; tiene que resolverse el tema electoral y la transmisión del mando en 2020 para tener un gobierno electo que sea capaz de enfrentar con responsabilidad de largo aliento y, con el respaldo del voto popular, las consecuencias dramáticas que nos va a dejar, en lo económico y en lo social, la crisis del coronavirus.
—El tema da para largo y se necesita un gobierno nacido de las urnas.
—Así es. Por cierto, aquí hay algo muy importante que decir. Como tú sabes, tenemos una ley, la del MAS, que equivocadamente ha colocado el 2 de agosto para la elección, pero no es una ley definitiva porque hay una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Yo le quisiera pedir a través de este medio al TCP que su fallo, aceptando la constitucionalidad o diciendo que es inconstitucional la ley de la Asamblea Legislativa, salga lo más rápido posible. Lo peor que nos podría pasar es que ese fallo salga una semana antes del 2 de agosto, porque eso nos genera una gran incertidumbre; no se puede tomar una decisión política ni de carácter administrativo; el propio Tribunal Supremo Electoral está en problemas si el TCP tarda en dar respuesta. Yo creo que la crisis obliga al TCP a un fallo lo más rápido posible para que sepamos los bolivianos a qué atenernos.
—Claro, acomodarse al momento crítico en que estamos.
—Que nos diga lo que sea, pero que nos diga rápidamente. Tiene que ser ya, porque en función de eso es que el país entero va a adecuarse a las circunstancias en términos electorales.
—Usted planteó un acuerdo nacional. ¿Persiste en eso, qué viabilidad cree que tenga?
—Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer; le hemos mandado una carta a la Presidenta que no ha tenido la gentileza de dar ni siquiera acuse de recibo; asumimos que no considera ni siquiera el respeto de mandar una carta a quien se la envía, no por lo personal, no es un tema personal el tema que tiene que ver con la propuesta. Nosotros hemos creído y creemos que en un momento tan duro como el que vive el país, la unidad es crucial, el acuerdo nacional es crucial, y el aceptar políticas de Estado de todas las partes es crucial. La evidencia de que teníamos razón es que se ha producido ya una acción política muy clara del Movimiento Al Socialismo, tanto en la Asamblea Legislativa como en la calle, que muestra que cuando no buscas un acuerdo, (encuentras) lo que encuentras. Esto lo hicimos el 4 de mayo. Nosotros hemos hecho la propuesta para que sea la Presidenta la que haga una convocatoria al diálogo nacional. El Gobierno está enfrentando dificultades que lo están superando claramente, y estamos viendo que no tiene la capacidad de llevar adelante sus retos, ni el electoral ni el de la lucha contra el coronavirus, pero ya hemos hecho lo que teníamos que hacer; la Presidenta y el Gobierno sabrán lo que tienen que hacer y veremos cómo reaccionan.
—¿No insistirá?
—Mira, hemos insistido el 4, el 5, el 8, el 10, el 15, hace pocos días, pero ya la Presidenta conoce nuestra propuesta y ella sabrá a qué atenerse.
Carlos Mesa Gisbert. Recuerda que desde antes propuso un tratamiento especial a los departamentos de Santa Cruz y Beni en lo relativo a la pandemia; la idea es, dice, evitar las dos cabezas, nacional y subnacional, ocupándose del tema; demanda mayor coordinación por la crisis sanitaria.
Datos
Nombre: Carlos Diego Mesa Gisbert
Ocupación: Escritor y periodista, a la fecha es el candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana.
Perfil
Fue el 63 presidente de Bolivia, desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005. En las elecciones generales anuladas de 2019 fue candidato a la presidencia.
Iván Bustillos, es periodista de La Razón