La polémica generada en la opinión pública tras la compra de gases antidisturbios ha denotado la dura realidad de las dinámicas en la política boliviana. Dinámicas que son determinadas por los espacios de poder y operadores políticos que deciden (directa o indirectamente) sobre el derecho de la acción y de la opinión política de la sociedad civil o de los periodistas. Como individuos y más aún como comunicadores, nos vemos conminados a tomar una elección partidaria y silenciar nuestro pensar muy a menudo y sí, hoy el mundo habla sobre Bolivia y la censura.
Quizás se pone de moda porque en este gobierno de transición el derecho a la libertad de expresión se ha hecho mucho más difícil; sin embargo, la censura tampoco es única de esta administración, bien recuerdo haberla experimentado por algún sector en 2019 tras escribir un artículo de opinión sobre drogas en el debate electoral y a pesar de que tuvo su costo, nunca he sufrido persecución. Hoy la censura toma otros matices; como activista, entiendo y estoy consciente de que para incidir en cambios sociales y/o políticas públicas, es fundamental trabajar con el Estado sin que sea una limitante para el cumplimiento del objetivo ulterior de incidencia. Como comunicadora, entiendo también que es primordial mantener un pensamiento crítico en coyunturas urgentes. Como persona, mujer y sobre todo como boliviana creo firmemente que es vital hacer prevalecer nuestro derecho a decir o que se tenga que decir cuando la coyuntura así lo exija y esto es parte fundamental del ejercicio político con el que nacimos a la vida en democracia, pues de otro modo no sería democracia.
Leer el pronunciamiento del Relator Especial para La Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), quien manifestó su “grave preocupación” por la estigmatización con la que procede el Ministerio de Gobierno a un medio boliviano por la investigación sobre la compra de los gases, me llena tanto de esperanza como de indignación. Me llena de esperanza porque me recuerda que no vivimos en una isla pero también de indignación porque el estigma pervive.
Bolivia ha pasado por mucho en poco tiempo; nos estamos desangrando por el odio, la represalia, el partidismo y la corrupción. La sensación de la pérdida de poder genera en los actores gubernamentales un clima de desesperación en el que su actuar se torna incoherente con sus funciones dentro del servicio público; es preciso no olvidar que los señores padres de la patria ocupan los cargos que ocupan para la sociedad y en servicio de su país, y en mérito a ese servicio permitir la libertad de expresión de la sociedad civil, sin que esto tenga una consecuencia política en las personas o en las instituciones, es respetar la democracia en la que nos amparamos como sistema.
Cuando la familia de Gigavisión le pide una “licencia temporal” al periodista Junior Arias para “verificar si existen las condiciones para realizar el debido trabajo periodístico”; cuando este medio dice que “quiere saber si el Estado puede o no brindar las garantías para el ejercicio, libre, independiente y soberano”, y cuando se pregunta “si la Constitución se empieza a convertir en una amenaza”; creo que este medio periodístico habla por la gran mayoría de los bolivianos.
Necesitamos elecciones pero elecciones inclusivas, transparentes, universales y, sobre todo, elecciones inteligentes. Bolivia ha tenido demasiado con que nos apuntemos con el dedo los unos a los otros por colores o partidos. Bolivia necesita ahora más que nunca que cada individuo analice 10 veces antes de entrar a la urna y prolongar su propia autocensura.
Como ciudadana común y corriente pienso que cada boliviano tiene el derecho de acceder a información fidedigna, votar, opinar y trabajar con el Estado sin vender su alma a un partido; eso, queridos connacionales, eso es simplemente llevar a cabo una práctica sana de nuestros derechos humanos, en toda su expresión.
Patricia Chulver es comunicadora, activista y artista