Susana Sottoli: ‘Electoralizar el país para su pacificación duradera’
La ONU apoyará al TSE en las medidas de bioseguridad para las elecciones del 6 de septiembre
El 22 de noviembre de 2019, el Gobierno de transición, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la Conferencia Episcopal de Bolivia y el enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, Jean Arnault, suscribieron un acuerdo de diálogo para “superar la crisis, proteger la vida, contener y prevenir la violencia, velar por el respeto a los derechos humanos, promover el diálogo y asegurar la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo al más breve plazo posible”.
La semana pasada, el 18 de junio, el Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas firmaron el proyecto “Apoyando el diálogo y los derechos humanos para la construcción de paz en Bolivia”. Con este último convenio, señala la nota de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se busca concretar el acuerdo de noviembre: implementar “la Iniciativa para la Consolidación de la Paz para Bolivia, diseñada por el Enviado Personal del Secretario General y el Sistema de las Naciones Unidas, con base en el gran consenso nacional forjado en noviembre de 2019 sobre la necesaria electoralización del país como eje principal de su pacificación duradera”. Este electoralizar para pacificar sigue siendo el eje del apoyo de Naciones Unidas, asevera la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (la máxima autoridad del organismo en el país), Susana Sottoli.
—¿En qué medida la reciente firma del proyecto completa la iniciativa de noviembre de 2019?
—El proyecto completa, implementa, operacionaliza la iniciativa de Naciones Unidas de noviembre de 2019. Refleja uno de los mandatos centrales de Naciones Unidas para promocionar un clima de paz, de un diálogo constructivo para la gobernabilidad y el apoyo decidido a la construcción de una agenda de desarrollo con inclusión. El proyecto viene de un momento especial e intenta responder a la consolidación del escenario de salida institucional de la crisis de noviembre del año pasado; por tanto, refleja el compromiso del Sistema (de Naciones Unidas) con la solución de la crisis del año pasado, cuya base fundamental es, creemos, la consolidación de la institución democrática en el país.
—¿Se mantiene aquello de electoralizar el país para pacificarlo?
—El proyecto parte de la base de que un proceso de reconciliación, de construcción de una visión compartida del futuro y atención al bien tan valioso como es la democracia, no puede entenderse sin abordar y apoyar el respeto de la decisión de los y las bolivianas en las urnas. La idea de electoralizar el país como eje de una pacificación duradera sigue siendo el eje de este proyecto. Sin embargo, quiero comentar también que el horizonte de actividades de apoyo del Sistema de Naciones Unidas al país va mucho más allá del hito electoral, pretende apoyar todo un proceso de transición de gobierno, que incluye apoyar la definición de espacios de diálogo y la asistencia técnica para una agenda de desarrollo de mediano plazo y recuperación pospandemia COVID-19.
—Un elemento central, está en ambos documentos, es promover el diálogo, con los sectores sociales, entre partidos.
—La mesa de noviembre de 2019 respondía a un momento sumamente crítico, en términos de riesgo de ruptura institucional, social, violencia, etcétera. Entonces, el diálogo que plantea el proyecto (2020) y que supone una continuidad con aquel momento, requiere de un esfuerzo de abrir espacios de acuerdos mínimos que reencaucen la vía institucional; y los acuerdos que en ese entonces ya se establecieron no tenían la ambición de ampliar la agenda; sin embargo, siete meses después, es claro que se vislumbra un espacio un poco mayor para afrontar temas que van más allá de las urgencias de fines de 2019.
—¿Temas más allá de lo electoral?
—Según sondeos que realizó Naciones Unidas, existe una percepción de la opinión pública que identifica una serie de asuntos de suma importancia para el futuro de Bolivia, el más allá de lo electoral: obviamente el fortalecimiento del sistema de salud, pero también la respuesta a la crisis económica, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, y, por supuesto, la generación de condiciones para elecciones transparentes.
—¿Cómo va a ser el diálogo con los partidos políticos?
—En el caso de los partidos, y particularmente para afianzar la confianza del proceso electoral y recuperar la legitimidad del Órgano Electoral, ya se viene ejecutando el programa Diálogos Electorales, que busca promover espacios de diálogo político multipartidario y de deliberación democrática con organizaciones también de la sociedad civil. Para este propósito, se constituyó una mesa de diálogo multipartidaria, como un espacio de coordinación, transparencia y cooperación entre el TSE (Tribunal Supremo Electoral) y las fuerzas políticas; esto se replica con los tribunales departamentales, y básicamente se trabaja en temáticas como promover cultura de paz, establecer un código de conducta para celebrar elecciones democráticas y pacíficas, cuidando la salud pública, en el contexto de COVID-19, y fomentar el compromiso de aceptar los resultados electorales. También tiene que ver con coordinar e informar sobre el calendario electoral, el padrón electoral, el sistema de la cadena de custodia, la jornada electoral, la seguridad sanitaria. También el análisis temático del proceso electoral, por ejemplo, compartir experiencias internacionales de elecciones en el contexto de COVID, derechos y participación política de mujeres, de pueblos indígenas; todo el tema de campaña y la capacitación de los partidos en control electoral.
—¿Todo esto ya está funcionando?
—Exacto. Nosotros ya habíamos empezado con esta iniciativa como un momento de continuidad de todos los trabajos de fines del año pasado y de principios de éste, antes de la crisis del COVID-19. Obviamente, eso ha supuesto seguir algunas acciones de manera virtual, pero también cuando se suspendió el calendario electoral hubo que hacer ajustes para acompañar esa decisión. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero tanto del Estado como del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, y el Fondo de la Consolidación de la Paz del Secretario General, además de socios bilaterales como la Embajada de Suecia, la Unión Europea, la embajada británica y la cooperación de Canadá. Refleja el compromiso de la cooperación internacional con el proceso electoral y democrático en el país.
—En noviembre de 2019, un tema central del acuerdo fue investigar los hechos posteriores al 20 de octubre, las muertes, que solo esclareciendo aquello y haciendo justicia, se puede hablar de sanar las heridas.
—Yo veo dos aspectos en esa pregunta. Uno, que corresponde a las instituciones del país que deben investigar los sucesos ocurridos en octubre y noviembre. Son éstas que tienen que avanzar en ese sentido, y hay algunos elementos que estamos viendo que han avanzado. El otro aspecto, de sanar las heridas, es muy complejo, porque supone un proceso de reconciliación social, político, más complejo, que puede o no ser paralelo al proceso de indagación y resolución del conflicto político. Ahí es donde este proyecto apuesta a seguir trabajando. Fortalecer a la autoridad electoral para generar mayor confianza en la ciudadanía, para establecer que es prioritario e imperativo que la ciudadanía tenga la certeza de que este Órgano Electoral va a organizar unas elecciones inclusivas, transparentes y con todas las garantías de bioseguridad. No se puede desconocer que éste es un contexto muy complejo para llevar adelante elecciones; Bolivia no es el único país que lo va a hacer, existen experiencias internacionales que pueden ayudarnos; y la otra vía es facilitar el diálogo, establecer puentes, acuerdos mínimos tanto a nivel multipartidario como a nivel ciudadano.
—Está instalado el temor de elecciones en plena pandemia, el riesgo de ausentismo.
—Nosotros vamos a apoyar al TSE en todo lo que signifique recomendaciones de medidas de bioseguridad, con el concurso de algún comité científico que el Tribunal va a constituir, según declaraciones de su presidente, Naciones Unidas va a apoyar en la constitución y funcionamiento de este comité; también teniendo la observación y asesoramiento puntual de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Estamos haciendo todo lo posible por poner al servicio del Tribunal y del país todo la expertice para tomar las mejores medidas biosanitarias y de bioseguridad para la población. Me gustaría aclarar que nosotros confiamos en la capacidad tanto de la autoridad electoral como de los otros poderes del Estado en tomar las decisiones más adecuadas para garantizar, por supuesto, la vida y la salud de la población, así como el derecho de la población a ejercer el voto para culminar el proceso de reinstitucionalización del país.
—¿El cronograma de todo esto?
—Se ha venido trabajando desde principios de este año, acompañando, al ritmo de lo que está aconteciendo en el país. Cuando se suspendió el calendario electoral, acompañamos esa pausa; nosotros nos vamos a ir aparejando, alineando, a las decisiones institucionales, sea del Tribunal, sea de la Asamblea Legislativa, sea del Poder Ejecutivo. Dependemos de ese calendario. El plazo formal de este proyecto es de 18 meses; estamos apoyando más allá de las elecciones nacionales; la idea es continuar en el ámbito postelectoral, porque para nosotros el marco más amplio de esta iniciativa tiene que ver con nuestro trabajo de apoyo al país para acelerar el avance hacia la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable que es una agenda importantísima para todos los países; queremos ligar los procesos electorales, políticos, con una agenda sustantiva que avance en los objetivos de salud, de empleo, de educación, de combate a la pobreza, que son todos los objetivos que forman parte de la Agenda 2030.
—Se ubica en ese marco mayor toda la cooperación de Naciones Unidas.
—Claro que sí. En toda nuestra colaboración, esa es la plataforma más amplia que subyace a nuestros esfuerzos que han estado presentes antes de las crisis del año pasado, durante y tendrán que seguir más adelante también.
Susana Sottoli. Como Coordinadora Residente, es la máxima autoridad de Naciones Unidas en Bolivia. Llegó al país en febrero; cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo de desarrollo, incluidos 18 años con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Datos
Nombre: Susana Sottoli
Profesión: Maestría en Sociología y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Perfil
Trabajó como investigadora y consultora en Estados Unidos, Europa y América Latina en temas como pobreza, igualdad de género y protección social, entre otros.
Iván Bustillos
es periodista de La Razón