Este lunes 27 de julio, en Cambridge, Massachusetts, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) hicieron público el informe “Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia, sobre los “abusos y violación de derechos humanos” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Un estudio donde se identificó “patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos”, según sintetizó el trabajo el abogado internacional en derechos humanos, Thomas Becker, uno de los profesores de la denominada Clinica de Derechos Humanos.
Difundida la presentación del Informe de Harvard, el miércoles 29, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado replicó al referido reporte, calificándolo de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.
En la semana, en castellano, se conoció solo el Resumen Ejecutivo del Informe; hasta donde se conoce, el documento completo (92 páginas) solo está en inglés, en el sitio http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/ uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf .
Claro que cabe no estar de acuerdo con el Informe y sus conclusiones, con su metodología, pero si hay algo que no se puede dejar pasar es que acaso su mayor riqueza sean los testimonios que recoge, los cuales —señala en su parte metodológica— fueron obtenidos en entrevistas con al menos 220 personas, entre víctimas, familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Un estudio que fue fruto del trabajo de campo en Bolivia, señala el texto, de un equipo y estudiantes del IHRC durante octubre y noviembre de 2019, y, luego, casi dos meses entre diciembre de 2019 y enero de 2020.
TESTIMONIAL. Cierto, también cabe que, por ser testimonial, de entrevistas al calor de los hechos, algo de lo que se dice haya cambiado días o semanas después. Si buena parte de los declarantes son las víctimas y los afectados por la represión, donde vieron necesario los investigadores, está el punto de vista de las autoridades de gobierno. Aunque no dejan de señalar que “el equipo también envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando información sobre los asesinatos de Sacaba y Senkata” pero aseguran que “no recibieron respuesta”.
La información que levantaron en el país, en el informe está vertida en cuatro grandes secciones: los hechos de Sacaba y Senkata; los obstáculos para una investigación imparcial y justa; la persecución de la disidencia; y, la actuación represiva de grupos civiles paraestatales.
Cuando hay cierta variación en cuanto al número de muertos y heridos, el Informe de la Clínica de Harvard resume: En Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre murieron 11 personas y hubo 120 heridos; en Senkata (El Alto), el 19, hubo 11 victimados y al menos 50 heridos; en ambos casos, enfatizan, todos los fallecidos y heridos eran civiles.
Tanto en Sacaba como en Senkata, la Clínica dice que encontró “evidencia creíble” de al menos tres cosas: 1) que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados; 2) que policías y militares tuvieron una actitud racista y un lenguaje anti-indígena durante la refriega; y, 3) que las autoridades crearon una atmósfera de miedo en los hospitales, “lo que lleva a las víctimas a evitar buscar atención médica debido a su legítima preocupación por represalias del Gobierno”.
Por las entrevistas que hicieron, en Sacaba, el informe apunta que los disparos duraron dos horas: “El primer herido de bala recibió el impacto alrededor de las 16.30, y el último a las 18.30”.
El informe también registra la respuesta del Gobierno. Alude a que el 14 de noviembre la presidenta Áñez firmó el Decreto 4078, que liberaba de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en las acciones de represión; y la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo (que luego generalizaron las demás autoridades): “La mayoría está muerta por una bala calibre 22 en la parte
posterior de la cabeza, o bien en la parte posterior (del cuerpo), o debajo del brazo ¿Qué significa esto? Que la gente del MAS, los que despertaron disturbios, mataron a estas personas para que las cosas marchen”.
Entre los obstáculos para una investigación imparcial, “el equipo del IHRC —asegura— ha documentado diversas formas de manipulación de evidencia que pueden socavar severamente la capacidad del Gobierno para realizar investigaciones precisas en Sacaba y Senkata”.
“Oficiales de Estado limpiaron sistemáticamente el área inmediatamente después de los asesinatos, destruyendo evidencia pertinente. Un testigo vio tanques con un cañón de agua enjuagar la sangre de las calles. Según otros testigos, las fuerzas de seguridad también plantaron armas entre los manifestantes para afirmar que estaban armados”. “También vi soldados buscando balas en el suelo y recogiéndolas. Los militares recogieron cosas como balas y limpiaron el área… La Policía trató de limpiar la evidencia”, detallan algunos testimonios.
“Otro manifestante declaró que vio a las fuerzas estatales destruir fotografías, evidencia de abusos estatales; incluso que un oficial hizo que un periodista borrara fotos que había tomado de fuerzas estatales golpeando a un detenido”.
IRREGULARIDADES. La investigación también encuentra “significativas irregularidades” en las autopsias de los muertos en Sacaba y Senkata. Aparte de que en algunas ocasiones se impedía la presencia de los familiares, el hecho más frecuente eran dificultados y tensión a la hora de la extracción de los proyectiles de los cadáveres. “El miembro de la familia que finalmente pudo observar la autopsia declaró que la bala tomada del difunto fue cambiada por una bala más pequeña”. Según él, el fallecido fue “asesinado con una bala más grande, pero intentaban decirle que era más pequeña… (Su) cabeza parecía una flor abierta; fue una gran bala pero la autopsia no dijo nada al respecto”.
En lo relativo al trabajo de los fiscales, el informe apunta que tuvieron al menos dos “barreras significativas”: 1) la falta de recursos; y 2) la negativa de las fuerzas de seguridad del Estado de cumplir con las solicitudes de información del fiscal.
“No tenemos asistentes, y no contamos con el apoyo de la Policía… [Los fiscales] incluso tuvieron que poner algunos de [sus] recursos propios para hacer el trabajo, como pagar el autobús y el taxi (en viajes de trabajo)”, recoge el testimonio de uno de ellos. Otro elemento que señala el informe es que las unidades policiales y militares no dieron o se resistieron a dar información, que no respondieron a requerimientos escritos, tanto de los fiscales como del Defensor del Pueblo (en Cochabamba).
“Cuando les solicitamos información, los militares básicamente dijeron: ¿quién es usted para pedirnos cosas? Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue [el único] quien respondió a nuestra solicitud”.
DEFENSORÍA. “Al igual que los fiscales, el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, envió una solicitud formal a la Policía y militares para obtener información sobre la operación de las fuerzas de seguridad en Sacaba, buscando identificar a los oficiales al mando, en particular las unidades desplegadas y las armas específicas llevadas por esas unidades. Sin embargo, ni la Policía ni los militares proporcionaron cualquier información al Defensor del Pueblo”, detalla el documento.
En cuanto a los testigos, un hecho significativo que relatan los investigadores (algunos de ellos estuvieron en medio de las movilizaciones) es que “muchas de las entrevistas realizado por el IHRC se llevaron a cabo en ubicaciones secretas, y con garantías de confidencialidad, porque los testigos y las víctimas temían represalias por parte del Gobierno”.
“Todos tenemos miedo de hablar contra el Gobierno o hablar sobre lo que pasó en Sacaba. Si lo hacemos, los militares o la Policía vendrá a por nosotros. El Gobierno está procesando a cualquiera que hable de lo que está sucediendo”, se detalla en una entrevista.
Luego, el informe anota que “las fuerzas de seguridad parecen haber adoptado una práctica regular de mirar a través de los teléfonos de los residentes locales para identificar testigos, o para alterar o destruir la foto o evidencia en video”.
“Pasamos por todo en nuestros teléfonos. Me pidieron mi contraseña. Ellos miraron mis fotos, WhatsApp, Facebook”. Los miembros del equipo de IHRC, cuenta el documento, sufrieron ellos mismos este tipo de acoso.
“Cuando el equipo estaba observando la reconstrucción de la escena del crimen en Sacaba en enero de 2020, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba acusó a un miembro del equipo de IHRC de tomar imágenes ilícitas”.
DISIDENCIA. En cuanto a la persecución de la disidencia, el informe de la Clínica de Harvard clasifica en tres los grupos que habrían sido objeto de este acoso: periodistas, defensores y activistas en derechos humanos, y militantes y simpatizantes políticos, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En cuanto a los informadores, recoge el testimonio el Reporte, su “mayor preocupación” era que se “utilizaban clasificaciones como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ como pretextos para perseguir a aquellos que criticaban al Gobierno interino”.
Cita el caso de Humberto Pacosillo, uno de los varios reporteros supuestamente en la lista de ‘sediciosos’ del Gobierno, que habría sido perseguido por ser crítico con el Gobierno. «Nuestro crimen ha sido informar sobre las cosas como son y para contrastar la versión de que el Gobierno actual usa”, testimonió a los investigadores.
Pero un sector especial de comunicadores afectado, apunta el informe, fueron los periodistas extranjeros. Primero, el Gobierno interino ha cesado —detalla— la transmisión internacional de canales de noticias como RT Spanish y TeleSUR. En segundo lugar, la Policía ha atacado a periodistas extranjeros, como la reportera de Al Jazeera, Teresa Bo, a quien la Policía gasificó directamente en la cara mientras reportaba en vivo. Otro periodista extranjero que ha cubierto en Bolivia durante décadas para medios como The Guardian y Al Jazeera dijo al IHRC: “Los periodistas tienen miedo por sus vidas… Esto es la peor violencia y represión que he visto a lo largo de mi carrera en Bolivia. Esto no es Bolivia”.
En cuanto al acoso a activistas de derechos humanos, entre los varios casos que cita, se puede mencionar el ejemplo del representante en Cochabamba del Defensor del Pueblo, Nelson Cox. “Asociados con el Gobierno
interino (grupos de personas) amenazaron con cometer actos de violencia contra miembros de la oficina del Defensor del Pueblo; los grupos civiles rodearon las oficinas y hogares del defensor Nelson Cox, amenazándolos”.
Sobre la represión a los militantes del MAS, el reporte describe varios casos de exautoridades que afirma que fueron acosadas (Carlos Romero, Gustavo Torrico, César Dockweiller, entre otros”; grafica la situación señalando que “a principios de 2020, más más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o enfrentaban cargos y casi 600 exfuncionarios y sus familias estaban bajo investigación. En marzo, The New Yorker informó que las Naciones Unidas encontró que al menos 160 funcionarios habían sido procesados o detenidos en el periodo postelectoral”.
Si hay algo que destaca el informe como una particularidad del conflicto en noviembre de 2019, es la presencia y actuación de lo que llama “grupos paraestatales”. “Las autoridades estatales no actúan solas como fuerza de represión en Bolivia. Los actores no estatales juegan un papel importante en hacer cumplir y mantener el ambiente de persecución que se ha producido desde las elecciones (20 de octubre de 2019). Actores estatales que se presentan como civiles y civiles que realizan funciones policiales bajo sanción estatal. Grupos paraestatales violentos políticamente alineados con el Gobierno interino, según los entrevistados, han creado un ambiente de vigilancia omnipresente y desenfrenada violencia”.
En este orden, especial atención cobró el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Al respecto, el Informe de Harvard afirma que “los miembros de RJC a menudo se movilizan en motocicletas y han llegado a ser conocidos como “motoqueros”. Un entrevistado que vio a los miembros del grupo RJC en Sacaba dijo ‘parecían personas ricas, tenían ojos verde y motocicletas caras’. Durante los enfrentamientos, los miembros usan pasamontañas y chalecos antibalas como uniformes de combate improvisados. Supuestamente se armaron con palos, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un ‘vínculo y coordinación muy claros’ entre los motoqueros y la Policía”.
El Ministerio de Justicia, en su comunicado, señala que el Informe de Harvard tiene un “carácter tendencioso porque se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas”.
Entre sus errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que estudió su maestría en la universidad de Harvard afirmó a radio Éxito tras conocer el informe: “Yo conozco la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones amicus curiae (de terceros ajenos a un litigio) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos. De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”.