Si hay una certeza pospandémica que está en la mente de todos los candidatos a la presidencia es la crisis económica que se viene. De cómo se plantee cada cual “lo más grave de la crisis”, se verá el perfil de las políticas económicas que asegure llevará adelante. Si el impulso de la gran empresa, si el énfasis en el inversión pública, si la generación de más bonos, si se puede ampliar la reducción de impuestos, si se presta mayor atención a los más pobres o golpeados por la crisis, entre otros innumerables aspectos. Hace un par de semanas, en el marco del ciclo #DiálogosONUBolivia, una experiencia de reflexión e intercambio de estudios sobre el impacto social y económicos de la crisis COVID-19 promovida por el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, se presentó el estudio ¿Quién paga la cuenta? Pensar la protección social más a allá de la emergencia para un futuro sin pobreza y desigualdad en Bolivia. El problema, dice en lo central este informe, no solo es la pobreza que se va a incrementar, sino y especialmente las desigualdades sociales que se van a profundizar y extender: “La caída en los ingresos laborales, como consecuencia de la crisis sanitaria, amenaza con profundizar la pobreza y la desigualdad en Bolivia” plantea.
En una primera síntesis, revela que se estima que el ingreso laboral promedio de los trabajadores ocupados en el país sufrió una caída de entre 32% y 78% para los escenarios más optimista y más pesimista, respectivamente, esto observando mayo, el mes de mayor rigidez de la cuarentena.
Según organismos internacionales, resume el Informe, la pobreza to- tal en el país para este 2020 podría incrementarse en 3,8 puntos porcentuales, “lo que significaría un crecimiento de 495 mil nuevos pobres”.
Y, solo como ejemplo, asegura, uno de los problemas nuevos que aunque sin crearlo ahondó la pandemia han sido las nuevas desigualdades, entre las que sobresale lo que un autor califica de “desigualdad brutal”: “entre quienes pueden y quienes no pueden trabajar desde casa”.
Como varias veces y desde distintas perspectivas se anunciara en este medio, otro de los grandes parámetros para medir el impacto de la crisis sanitaria en la economía y que será central en la discusión electoral es la contracción económica, aseguran los investigadores. “Las últimas predicciones de crecimiento económico estimadas por el Banco Mundial para la región calculan una contracción de -7,2%, y de -5,9% para Bolivia”.
El problema aquí, apunta el Informe, es el tiempo en que la economía del país tardará en retornar a la senda del crecimiento previo a la crisis sanitaria. En cualquier caso, predicen, ese retorno al crecimiento en positivo será lento.
Ahora, al margen de estas estimaciones “macro”, lo que interesa saber, insiste el estudio, es el impacto en el ingreso de las personas, “el impacto negativo en el mundo del trabajo” que ocasionará la crisis pandémica. Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma el texto, dicha crisis sanitaria de plano ocasionará “destrucción de empleo, precarización de condiciones laborales, y aumento de la desocupación”.
Y es que si hay algo que no se debe perder de vista, señala la Fundación Aru (una de las autoras del Informe) es que si esta crisis tiene algo de nuevo es que afectará tanto a la oferta como a la demada de bienes y servicios, tanto al productor como al consumidor.
“La oferta se verá afectada debido a las características de la crisis sanitaria y a la necesidad de evitar la propagación del contagio, a las medidas de restricción de la movilidad, al cierre de negocios, a la ruptura de cadenas de suministro y a los problemas de flujo financiero de corto plazo.
Por otro lado, la demanda también se verá afectada a causa de la creciente incertidumbre, del consecuente comportamiento precautorio de las decisiones de consumo en los hogares, y de la contracción de ingresos laborales que limitará el gasto ocasionando, a la vez, una reducción de la demanda”.
Sobre la nueva desigualdad entre quienes, una vez aplicadas las medidas de cuarentena, pudieron conservar su trabajo y quienes no, “una de las nuevas manifestaciones y fuentes de desigualdad”, señala el Informe, es “la brecha entre quienes pueden y quienes no pueden trabajar desde casa”. Una estimación reciente para países de América Latina concluye, asegura, que solo 1 de cada 5 trabajadores en la región puede trabajar desde casa.
La Fundación ARU estimó que el 89% de los ocupados y ocupadas en Bolivia enfrentan serias dificultades para trabajar desde casa. “De una muestra de 4,4 millones de ocupados(as), se estima que 3,9 millones tienen una baja probabilidad de trabajar desde casa”. Donde hay menos opción de trabajar desde la casa, en comparación con los demás departamentos, son Potosí y Chuquisaca.
Por otro lado, enfatiza el Informe, el trabajo desde casa es más difícil aún en las “categorías ocupacionales, sectores económicos y mercado laboral” donde hay más mujeres. Se refiere especialmente a las no asalaria- das, ocupadas en el llamado sector informal. “Según el INE, existen 1 millón de mujeres ocupadas en el sector informal (familiar y semiempresarial) y en el sector doméstico en las áreas urbanas, cuyas condiciones laborales precarias se han visto agravadas por las dificultades emergentes de la crisis sanitaria y la respuesta a la emergencia”.
Para las próximas políticas económicas del futuro gobierno, será clave identificar estos trabajos que pueden y no pueden realizarse desde casa para ver qué protección se le da, concluyen los investigadores.
En cuanto a los bonos o transferencias directas a la gente para que haga frente a la crisis por la pandemia, el estudio destaca que todos los países han adoptado este tipo de medidas, “así como paquetes fiscales y medidas monetarias dirigidos a evitar el colapso de las economías”.
En Bolivia, como se sabe, el gobierno transitorio otorgó tres bonos: el Bono Familia, la Canasta Familiar, y el Bono Universal, “además de aplicar rebajas y desarrollar otras acciones para proteger y garantizar el acceso de los hogares a servicios básicos, como agua, gas domiciliario y electricidad. También se llevó a cabo el diferimiento de pagos de créditos e impuestos”.
La observación central que se hace estas medidas no fueron “suficientes para revertir las pérdidas acumuladas tras varios meses de confinamiento y restricción de las actividades económicas”. Su efecto compensatorio, el alivio a que estaban destinados, se diluye, señala, porque “los bonos sólo fueron otorgados una vez mientras el impacto y las pérdidas seguirán acumulándose en los próximos meses”.
“De acuerdo a la ejecución reportada por entidades nacionales, el presupuesto total destinado a las tres transferencias monetarias (Bono Familia, Canasta Familiar y Bono Universal) asciende, aproximadamente, a 1,2% del PIB”, informa el estudio; esto cuando “la CEPAL ha sugerido que estas medidas adoptadas en varios países de la región sean aplicadas, al menos, por tres meses”.
“Una conclusión que se desprende este análisis —remarca la investigación— es que las transferencias compensan de manera limitada la pérdida de ingresos ocasionada por la cuarentena durante el periodo de análisis, por lo que sería recomendable, en el corto plazo, revisar la posibilidad de ampliar estas medidas para lograr una mayor compensación considerando que, en el corto plazo, la crisis y la pérdida en los ingresos serán recurrentes”.
Y ya en el mediano plazo, concluye el informe, “será importante atender aspectos estructurales del sistema de protección social y de las políticas sociales, a fin de garantizar un sistema de protección social integral con beneficios para quienes más lo necesitan. Según organismos internacionales, las medidas de confinamiento y el freno de la economía también están incidiendo en los resultados negativos de la recaudación tributaria, afectada ya antes de la crisis”.
Con todo, señala la investigación, la próxima crisis será una oportunidad para pensar otras formas más integrales, “sistémicas”, de recuperación económica, aquellas que vayan a reducir el fallo estructural en la región: las desigualdades.