Wednesday 28 Sep 2022 | Actualizado a 19:11 PM

Cuatro informes, pocas respuestas

Todos los informes sobre la crisis de noviembre piden investigación independiente

/ 31 de agosto de 2020 / 07:05

Si hay algo en común en los cuatro informes internacionales que hasta ahora se han hecho acerca de los sucesos de octubre y noviembre de 2019, especialmente de las muertes en Sacaba y Senkata, es la demanda de esclarecer esos hechos, la necesidad de una investigación independiente, y, claro está, la reparación a las víctimas y la sanción a los responsables. Al mismo tiempo, si hay algo más o menos homogéneo también es la respuesta elusiva por parte del Gobierno.

Los cuatro informes a que se hace referencia son: 1) el Informe Preliminarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue presentado el 11 de diciembre de 2019; 2) el reporte Nos dispararon como a animales. Noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia, elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (IHRC, por su sigla en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), y hecho público (aunque solo en inglés) el 27 de julio de 2020; 3) el informe Para sanar la pandemia de impunidad de Amnistía Internacional (AI), cuya publicación data del 21 de agosto de 2020; y, 4) La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, confeccionado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma nos (OACNUDH), que fue hecho público el 24 de agosto de 2020.

La CIDH fue la primera en demandar una investigación internacional sobre los hechos de octubrenoviembre del año pasado. Al final de su informe, su primera recomendación es “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019”.

Crar un Grupo Internacional de Expertos Independientes porque a la CIDH le preocupa que éste trabaje “con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

El informe de la Clínica de la Universidad de Harvard (que es uno de los reportes más extensos), por su lado, la primera recomendación que hace también es “investigar las violaciones de derechos humanos”, específicamente en matanzas, detenciones arbitrarias, siembra de evidencias, intimidación de testigos, agresiones a la libertad de expresión.

Un aspecto que también preocupa a la Clínica es la “imparcialidad de las investigaciones”, y el principal riesgo que ve es que haya intimidación a los testigos, el que sean objeto de represalias por lo que digan. Aquí, la Clínica ve clave el rol de los fiscales, del Ministerio Público, que tendrían que ser los llamados, dice, a “proteger a las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos bajo investigación”.

En ambos casos, el Gobierno descalificó los informes como “sesgados”, “tendenciosos”, “vergonzosos”.

“Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo ha hecho unilateralmente. Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad. Un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia”, destacó el mismo 11 de diciembre el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

En esa oportunidad, el Viceministro de Coordinación Gubernamental incluso adelantó la elaboración de un “contrainforme”, para “complementar” el referido texto de la CIDH.

Con respecto al informe de la Clínica de Harvard, la respuesta esa vez vino a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, que señaló que el informe es “tendencioso” sobre la represión en Sacaba y Senkata en 2019, y que contiene además “varios errores”. El carácter tendencioso del documento, señalaba Justicia, radica en que se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas y medios de comunicación por medio de una sistemática violación a los derechos humanos mediante la instauración de una compleja estructura estatal y paraestatal que pretendía perpetuarse en el poder”.

Entre los errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

Si bien la reacción gubernamental contra los dos anteriores informes fue de cuestionar su imparcialidad, no ocurrió lo mismo con el que hizo Amnistía Internacional.

“Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, remarcó entonces el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.

Y es que el texto de AI, en una parte, cuestiona la actuación del gobierno de Morales y de su entorno político, involucrados también en la crisis de octubre y noviembre del año pasado.

Pero eso es solo una parte. En las conclusiones y recomendaciones, AI vuelve a poner en tela de juicio la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos, especialmente las muertes en Sacaba y Senkata, y, por tanto, la persistencia de un estado de impunidad de los responsables.

“El informe incluye muchos interrogantes que todavía no han sido esclarecidos, especialmente las circunstancias en las cuales al menos 35 personas perdieron la vida y otras 833 resultaron heridas durante los sucesos de noviembre de 2019, entre otros, y en la represión de las protestas de Sacaba y Senkata. Asimismo, documenta ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y el hostigamiento a opositores políticos y personas percibidas como tales, incluidos jueces”.

Pero hay un hecho en que el organismo internacional es enfático: la necesidad, aún ahora, a nueve meses de los hechos, de la investigación internacional independiente.

“Bolivia requiere de un mecanismo independiente con personas expertas internacionales”, destaca Aministía Internacional.

Esto, dice, principalmente para “desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares. Un paso fundamental en esa dirección se ha dado con el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)”.

Este grupo, recuerda AI, fue aceptado por el Gobierno interino boliviano mediante un acuerdo con la CIDH el 12 de diciembre de 2019.

El 23 de enero de 2020 la CIDH anunció que el GIEI estaría integrado por Juan Méndez, Julian Burger, Marlon A. Weichert y Patricia Tappatá Valdez. Un mes después —recuerda el organismo internacional— el 21 de febrero, el Ministro de Justicia solicitó a la CIDH, dándole un plazo específico, un cambio de integrantes del GIEI, concretamente de Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez “por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia”.

Es aquí que AI protesta abiertamente contra el Gobierno transitorio: “Dicho cuestionamiento, al sugerir la remoción de dos integrantes estableciendo un plazo para hacerlo constituye una afectación a la autonomía de la CIDH y a la independencia del GIEI para llevar adelante su labor”.

AI, recuerda su informe, en esa oportunidad ya elevó su protesta sobre la licencia que se daba el gobierno interino de vetar a quienes iban a investigar los hechos luctuosos. Y en el informe de agosto, AI vuelve a la carga: “Amnistía Internacional hizo y reitera ahora su llamado a las autoridades bolivianas para que se abstengan de emitir pronunciamientos que afecten la independencia del GIEI, y para que cumplan con su compromiso, públicamente reiterado, de respeto de los derechos humanos para el esclarecimiento de los hechos”.

En lo relativo al informe de OACNUDH, lo mismo, el organismo internacional en la primera recomendación inscribe la necesidad de una pronta “rendición de cuentas” por parte del Estado boliviano sobre los hechos de octubre-noviembre de 2019, especialmente las muertes en Sacaba y Senkata.

“Garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares”, demanda en el punto uno de sus recomendaciones la OACNUDH.

Al igual que la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado llama a que la Fiscalía General del Estado “sea plenamente imparcial y que fortalezca sus capacidades para realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, lo que podría lograrse a través de la creación de una Fiscalía Especializada”.

Como se vio en esta semana, la reacción del Gobierno no pudo ser menos sorprendente: “Señora (Michelle) Bachelet (la Alta Comisionada), no se tape los ojos, mire con sus dos ojos. Bolivia necesita que haga todas las observaciones pero con total claridad, con transparencia y que no hagan campaña política”, habló el ministro Arturo Murillo a nombre del Gobierno interino.

La expresidenta chilena, al presentar su informe solo había dicho: “Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el periodo cubierto por nuestro informe”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Solo una fiscalía autónoma le hará bien a la democracia

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

Estuvo de visita en La Paz el máximo ejecutivo de la asociación que reúne a las fiscalías de 22 países de la comunidad iberoamericana

Por Iván Bustillos

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:38

El punto sobre la i

La semana pasada estuvo de visita en Bolivia el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, pero llegó al país sobre todo como el nuevo presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (fiscalías), AIAMP, una de las instituciones de justicia más antiguas de la región, que nació en 1954; que reúne a las fiscalías de 22 países, incluidos España y Portugal; que trabaja mediante siete “redes especializadas de fiscales”, a saber: contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; de ciberdelincuencia; de fiscales antidroga; contra la corrupción; de cooperación penal internacional; de protección ambiental; y, la especializada en temas de género. Lo que hace diferente a esta asociación, destaca su presidente (desde el 29 de julio), es que es operativa, ayuda a la colaboración práctica de las fiscalías, en los casos que se requiera.

—Uno de los fundamentos de la Asociación es trabajar por la autonomía y la independencia de los ministerios públicos. ¿Cómo están materializando esto?

—Hay un reto en la región para fortalecer los principios de autonomía e independencia de los ministerios públicos, cada país tiene sus propias dinámicas. Pero lo importante es que en la medida en que existan mejores y más autónomos ministerios públicos, vamos a tener una mejor justicia y una mejor salud de la democracia.

—¿Qué problemas comunes ven para la autonomía e independencia de las fiscalías?

—Uno de los primeros es, en algunos países, la injerencia o enfrentamiento que existen entre los Ejecutivos y los ministerios públicos. Lo hemos visto recientemente en el caso de Perú, donde hay una investigación de la Fiscalía General del Perú a un Presidente en ejercicio. Ese es uno de los temas gruesos que tenemos en el continente. Y, por supuesto, diferentes aspectos que tienen que ver con el procesamiento o investigación de personas que han ejercido cargos públicos, que utilizan todo tipo de mecanismos para oponerse y atacar a los ministerios públicos. Creo que lo importante de esta asociación es ponernos de acuerdo para no solamente defender esa autonomía del Ministerio Público, sino al mismo tiempo plantear la idea de que los ministerios públicos pueden también colaborar armónicamente con los diferentes órganos o poderes de los países. En la medida en que dialoguemos más, las condiciones de salud de las democracias serán mejores.

—¿Cuánto pueden colaborar entre fiscalías, dada la normativa que tiene cada Estado? ¿Es un problema esto?

—No. Nosotros tenemos en este momento el Convenio de Palermo, que permite la cooperación judicial, rápida y efectiva entre las diferentes fiscalías. Esta es una asociación que permite hacer cosas como las siguientes: tener redes de fiscales en diferentes temáticas; por ejemplo, una red sobre tráfico de migrantes; la lucha contra el narcotráfico; contra la minería ilegal, de protección al medioambiente. Lo que nos permite tener operaciones judiciales conjuntas contra la criminalidad; acciones conjuntas que han permitido la captura y el enjuiciamiento de personas en diferentes países. Mientras que normalmente los tratados internacionales de los (poderes) Ejecutivos se dan sobre una base de intenciones, nosotros vamos sobre una base de resultados. Hoy tenemos resultados concretos de interdicción de narcóticos, de trabajo contra el tráfico de migrantes, de lucha contra el contrabando, contra la minería ilegal, contra la corrupción.

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) Foto. Rodwy Cazón

—Es más operativa ¿no?

—Es más operativa.

—En narcotráfico, que es un tema que toca a todos, ¿cuánto han podido avanzar en cuanto a operaciones? Es intercambio de información, de operativos…

—De operaciones conjuntas. Por ejemplo, las redes de Centroamérica y el Caribe y toda la zona de los países andinos, hemos venido haciendo cooperación conjunta en diferentes tipos de acciones, más de 30 operaciones conjuntas entre diferentes fiscalías. Hay resultados concretos, como el compartir información de inteligencia judicial que surge en uno u otro país.

—Ya se hace eso.

—Ya se hace eso. Estamos compartiendo esa información, lo que nos permite operar dentro de nuestros estados; si hay una información que la Fiscalía de Bolivia considera relevante en un caso, se le entrega a la Fiscalía colombiana, y nosotros ya podemos operar con esa información en nuestro país. Eso es vital, nos ha permitido tener unos vínculos muy serios con las diferentes redes de lucha contra la criminalidad en nuestra región.

—¿Cuál ha sido el avance de la red contra la corrupción?

—Sobre la red de corrupción, estamos sobre la base de una serie de patrones comunes que se han venido consolidando a través de Andorra, que es el que encabeza ese grupo, y los resultados han sido concretos. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la extinción de dominio y lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que se establece es la persecución penal; pero hay que acompañarla con la búsqueda de los bienes que sustentan esas actividades criminales. En ese sentido ya hay mecanismos de cooperación que se han venido estableciendo, muchos bilaterales. Si existen bienes de personas que ejercen cargos públicos que están en otro país, es posible iniciar procesos conjuntos de extinción de dominio, para solicitar el origen de esos recursos y proceder a la extinción de los bienes. Los bienes tienen un componente: si los perseguimos, estamos rompiendo la base delictiva de las organizaciones criminales.

—La fuente.

—La fuente. En Colombia, en los últimos dos años y medio hemos extinguido bienes por más de 6.000 millones de dólares, y bienes que tienen diferentes orígenes, colombianos, pero también de otros países.

—¿Mismas cifras de la red…?

—No. Parte de lo que se pretende hacer es consolidar una secretaría técnica o unas unidades de trabajo técnico permanentes, para poder hacer monitoreo, y darle concreción a una asociación que nació en 1954; vamos a cumplir 68 años, es una asociación que tiene seis años menos que la misma Organización de Estados Americanos (OEA).

—¿Desafíos que tienen como asociación?

—Estamos con grandes desafíos. No solamente (ante) los Ejecutivos. En algunos países tenemos, por ejemplo, lo que se rechazó por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, la creación de comisiones internacionales para menoscabar la autonomía de las fiscalías; también enfrentamos ideas que han surgido en algunos países de querer mutilar las competencias de los ministerios públicos, para que éstas dependan de los Ejecutivos o de otros intereses. Tenemos un gran reto: que los ministerios públicos puedan contar con policía judicial propia y no una policía judicial que dependa de la Policía Nacional, que al mismo tiempo depende de los Ejecutivos.

—¿Corrupción entre los fiscales?

—Como en todas las organizaciones públicas (en la Fiscalía), también existe corrupción. Siempre hay riesgos, pero lo importante, más allá de pensar en el angelismo institucional, tenemos que pensar en el mejoramiento, crear mecanismos de control interno, tener mejores presupuestos, mejores remuneraciones; tener una mejor vinculación con la ciudadanía. Hay que contarle a la gente qué es lo que hacen los ministerios públicos; y al mismo tiempo hay que pensar en las nuevas ciudadanías, como, por ejemplo, pensar en la protección a la mujer, en las poblaciones históricamente discriminadas, como las poblaciones indígenas, afro, LGBTI, la protección a los animales. Las fiscalías también tienen que estar entendiendo los discursos ciudadanos.

—¿Cómo la Fiscalía puede ser parte de la reforma de la justicia?

—Cualquier reforma que exista en un país sobre la justicia tiene que ser siempre buscando que se sostenga la administración, que se fortalezca y que no se atente contra la autonomía y la independencia.

—En su visita conoció el sistema de gestión informática de la Fiscalía, en Colombia debe haber algo similar.

—Existe un trabajo similar, pero yo quiero resaltar el trabajo del fiscal general Juan Lanchipa; creo que es un funcionario excepcional, que ha venido innovando; creo que el proyecto Justicia Libre es un proyecto muy interesante, porque le da la posibilidad al Fiscal General de poder hacer una gerencia inteligente en la lucha contra la criminalidad, a partir de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la información y comunicación. Si el país hace un tránsito, como lo está haciendo, creo que Bolivia entrará en una dinámica de un país que puede compararse con cualquier otro en términos de justicia. Yo rescato y celebro el esfuerzo del Fiscal General para poner a Bolivia en sintonía mundial con el tema de estas tecnologías.

—Usted fue propuesto por el presidente Iván Duque; trabajó en su gobierno; tiene su propia opinión sobre el proceso de paz…

—Fui uno de los que construyó el proceso de paz.

—Ahora debe seguir en funciones bajo el gobierno de Gustavo Petro, opuesto al de Duque. Con todo esto, ¿cómo está el proceso de paz y al final qué perspectivas tiene?

—Mire, es un trabajo muy interesante, porque como Fiscal General de Colombia me tocó trabajar con un gobierno, y me toca trabajar con este gobierno. Para responder su primera pregunta, yo creo que el proceso de paz va hacia adelante; debe seguirse implementando. Yo creo que el proceso ha venido complementándose con la idea del presidente Gustavo Petro, de una paz total. Según lo que él ha señalado, es necesario involucrar ya un proceso que quiere iniciar con el ELN, y un proceso con las disidencias y con diversos grupos delictivos que hay en Colombia. Frente a lo primero, el ELN, la posición del Fiscal General fue simple y rápida: acompañamos el proceso que el Presidente de la República en virtud de sus facultades constitucionales tenga. Yo soy un colaborador en la política pública del presidente Petro. Hemos conversado largamente con él. Eso hace que el país haya tenido un buen ámbito y una buena temperatura, en la medida en que muchas personas creen que porque uno viene, que fue enternado (propuesto en una terna) por otro Presidente no va a tener una buena relación con el presidente Petro.

—Larga vida a la paz en Colombia, fiscal.

—Larga vida a la paz. Yo fui uno de los que ayudó a concebir la jurisdicción de paz en 2016-2017; luego fui consejero presidencial en Derechos Humanos; posteriormente, muy poco tiempo estuve durante el gobierno del presidente Duque; fui elegido unánimemente, por primera vez en la historia de Colombia, por la Corte Suprema de Justicia, como Fiscal General, y créalo que la Corte Suprema me eligió por ser un amigo de la paz, por ser un constructor de paz.

Francisco Barbosa Delgado Las materias de sus investigaciones han girado en torno al derecho penal internacional, la justicia transicional, la historia constitucional colombiana, el derecho constitucional, el derecho administrativo, la contratación pública y el derecho internacional de los derechos humanos.

DATOS

Nombre: Francisco Roberto Barbosa Delgado

Nació: en Bogotá, Colombia, el 11 de enero de 1974.

Profesión: Jurista e historiador. Ocupación: Fiscal General de Colombia; presidente de la AIAMP

PERFIL

Algunos de sus libros son: ¿Justicia Transicional o Impunidad? La encrucijada de la paz en Colombia (2017); Del derecho de gentes al derecho humanitario en Colombia, 1821-1995 (2013).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El papel del Estado en la economía

La experiencia boliviana es parte de la nueva visión de dar un rol estratégico al Estado en el desarrollo.

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:26

DIBUJO LIBRE

A lo largo de la historia del pensamiento económico, desde Adam Smith hasta los neoinstitucionalistas, pasando por keynesianos y monetaristas, el rol del Estado en la economía siempre estuvo limitado, de una u otra manera. El famoso Leviatán —un mostro bíblico que el filósofo inglés Tomas Hobbes idealizó hace más de 370 años— personificaba la imagen del Estado como un ser todopoderoso, cuya autoridad la ejercía a partir del monopolio de la violencia, con la cual defendía y sometía a sus propios súbditos.

El pensamiento liberal, tanto político como económico, sustentó su filosofía en esta percepción del Estado. Los individuos requerían ser libres para tomar sus propias decisiones, sin la intromisión de un ente superior que oprima sus libertades individuales. Así surgió el individualismo económico, justificado en la búsqueda del interés personal, el cual podría conducir al bienestar social como si una “mano invisible” actuara por detrás para conseguirlo.

En 1776, Adam Smith escribió el libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, el cual sentó las bases teóricas para justificar el funcionamiento de los mercados. Smith, por el contrario, fijó al Estado un rol segundario en la creación de riqueza, circunscrito a la defensa, la seguridad y la edificación de algunas infraestructuras públicas. Todo el pensamiento liberal y neoliberal posterior basó su filosofía en esta idea errónea del individualismo, porque reivindicaba las libertades humanas como opositoras al funcionamiento del Estado.

Este pensamiento sería dominante durante la Gran Depresión y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgiría una corriente que demandaría un rol más activo del sector público en la economía, que vendría de la mano de las ideas del economista inglés Jhon Maynard Keynes, que dominarían el ámbito académico por varias décadas. También influyó el nuevo orden mundial establecido a partir de los acuerdos globales de Bretton Woods. No obstante, el rol activo del Estado quedó reservado “únicamente” a situaciones de insuficiencia de la demanda agregada efectiva.

En paralelo, en los años 60 brotó en los países en desarrollo una corriente más entusiasta en cuanto a la importancia del Estado en lo económico, según la cual el sector público debía liderar el proceso de industrialización. La política estatal también asumió una postura más proteccionista. El pensamiento estructuralista de la CEPAL comenzó como políticas concretas y teorías parciales y con el tiempo se fueron consolidando hacia un único cuerpo teórico amplio y coherente. Desafortunadamente, la estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones fracasó, aunque no dejó de ser una respuesta valiosa, con visión propia que rompió con el discurso de desarrollo desde el norte.

Posteriormente, la macroeconomía keynesiana fue desafiada por la estanflación de los 70, la crisis de la deuda latinoamericana, el colapso del sistema de planificación socialista, el surgimiento del monetarismo y la revolución de las expectativas racionales que refutaron la fundamentación teórica de la intervención estatal. Durante los años 80 en adelante, el rol del Estado pasó a un plano secundario bajo el cual debía garantizarse el equilibrio fiscal para que no absorbiera los recursos del sector privado (crowding-out).

La alta influencia de las políticas del Consenso de Washington, que formaron parte de las reformas estructurales de los años 80 y 90, impulsaron ajustes fiscales que buscaban el equilibrio mediante privatizaciones y el desarrollo de instrumentos que tenían como fin limitar el gasto. El pensamiento neoclásico retomó la discusión del exceso de intervencionismo del Estado y justificó la intervención únicamente en aquellas situaciones en las que los mercados presentaran “fallas”. El Estado asumió un rol subsdiario al mercado. El pensamiento neoinstitucionalista procuró que el Estado interviniese solamente para la protección de los derechos de propiedad y contribuir a reducir los costos de transacción entre privados.

El Estado fue visto como incapaz de producir (porque se asumía que no podría ser nunca eficiente), incapaz de invertir (porque se partió del prejuicio que es siempre deficitario), incapaz de competir (porque se presuponía que no está sujeto a las mismas leyes que el mercado) e incapaz de innovar (porque esta era una tarea reservada exclusivamente al sector privado). En síntesis, se construyó toda una narrativa para la no intervención estatal, que fue concebida desde la visión de los países desarrollados y que terminó influyendo enormemente en los países en desarrollo.

Empero estos mitos sobre el Estado han comenzado a ser rebatidos en el mundo teórico y empírico en las últimas dos décadas. En años recientes investigaciones como las Joseph Stiglitz (2016) o Mariana Mazzucato (2015) demostraron el rol estratégico que cumple el Estado en la innovación tecnológica y que es esencial para el despegue económico. La crisis financiera internacional de 2008 ha confirmado los límites de la expansión del mercado financiero sin la intervención estatal. La emergencia sanitaria también ha hecho resurgir la necesidad de un Estado mucho más benefactor del que suponía la ortodoxia económica.

Todos estos hechos destacan una tendencia reciente a la revalorización del rol del Estado, aunque todavía requiere de un marco teórico unificador que los integre.

En Bolivia, con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el sector público asumió un rol más protagónico en la área económica y social, logrando importantes resultados en términos de crecimiento económico sostenido, reducción de la desigualdad del ingreso y eliminación de una fracción importante de personas en situación de pobreza. La experiencia boliviana forma parte de esta nueva visión de delegar un papel estratégico al Estado en el desarrollo económico.

Este breve resumen sobre la importancia del Estado en la economía forma parte de mi libro La política fiscal en Bolivia: lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, publicado en agosto, el cual invito a examinar.

 (*)Omar Velasco P. es economista

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Razones provisorias de la derrota

Una de las causas: el rechazo a la política de espectáculo en la Convención.

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:10

Por ahora, son tres las razones que parecen destacarse como explicaciones del resultado del 4 de septiembre: 1) el rechazo a la política de espectáculo en la Convención; 2) la homologación de la convención con la política tradicional; y, 3) la reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas en el proceso.

Respecto a la política del espectáculo en la Convención, esta fue una de las características que dominaron el debate. A poco andar, la Convención Constitucional comenzó a perder apoyo, sobre todo entre los votantes de derecha, que veían con recelo una suerte de cónclave de activistas de causas progresistas. En definitiva, si para los activistas dejar de movilizarse, incluso desde las esferas del poder, era una traición, para algunos electores, en particular para quienes valoraban el orden, una movilización sin fin era una pesadilla.

Varios de los convencionales habían alcanzado notoriedad y legitimidad social por sus performances callejeras, que incluían disfraces y declaraciones provocativas sobre aspectos identitarios tradicionales. Desde la protesta callejera habían sido frecuentes las denuncias a la autoridad entre gritos y cánticos. Sin embargo, las mismas actitudes que en la calle se percibían como una rebeldía ante el abuso, expuestas en la Convención, y desde el seno del poder, se veían con otra luz. Además, persistía un ethos de la movilización social que teñía de un sentido testimonial varias de las acciones que se veían en la Convención. Para algunos de estos referentes, era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos para ser aprobadas (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios amplificaron estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que fueron, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales. En coherencia con esto, videos de algunas de estas declaraciones aparecieron frecuentemente en la campaña y franja televisiva del Rechazo. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo terminó por generar desasosiego.

Respecto a la homologación de la política de la Convención con la política tradicional, esta se da en el contexto de una fuerte pulsión destituyente y antiestablishment político. Según el Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. Es más, algunos estudios han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos “tradicionales” su principal identidad. La fuerza de la Convención provenía en un primer momento de que se la viera como distinta a la política tradicional.

A su vez, en medio del proceso constituyente hubo una elección presidencial que significó un cambio de signo del gobierno. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Gabriel Boric en su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del Rechazo.

Respecto de la reacción de identidades tradicionales, el primer artículo del propuesto texto constitucional consagraba a Chile como un “Estado social y democrático de derecho” y se afirmaba que, además, este Estado sería “plurinacional, intercultural y ecológico”. Junto con la definición de Chile como un Estado Plurinacional, se les reconocía algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas y se instauraría un sistema de justicia indígena.

Después del juicio negativo sobre los constituyentes, la razón que más se repite entre los que apoyaron el Rechazo es la plurinacionalidad. En línea con esta visión, una vez entregado el texto constitucional, las dos propuestas peor evaluadas, según la encuesta Espacio Público-IPSOS, fueron el Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Así, el sector del Rechazo logró consolidar una base de apoyo en torno de identidades tradicionales de la chilenidad que se sentían amenazadas por la noción de plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por algunas acciones y performances de convencionales, incluidos comentarios o acciones despectivas relacionadas con el himno, la bandera y demás símbolos patrios. Si bien estas posiciones no se expresaron en el texto constitucional, sirvieron de municiones para la campaña del Rechazo.

De cara al plebiscito de salida, no hubo mayores sorpresas en el ordenamiento orgánico de las fuerzas políticas. Desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, todos los partidos se definieron por el Apruebo (aunque algunos liderazgos se rebelaron contra la posición oficial). Todos los partidos de la derecha se cuadraron con el Rechazo. Sin embargo, dentro de ambos campos había heterogeneidad.

Bastante temprano emergieron diferencias entre quienes defendían la idea de rechazar para mantener la Constitución actual con algunas reformas menores y aquellos que defendían la perspectiva de un nuevo proceso. A medida que la campaña fue avanzando, los segundos coparon todas las vocerías del Rechazo.

Por el lado del Apruebo, hubo más resistencia a discutir qué ocurriría después de la votación en caso de imponerse el nuevo texto. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña y el Apruebo seguía muy atrás del Rechazo en las encuestas, los partidos oficialistas, que apoyaban el Apruebo, se abrieron a la idea de que el nuevo texto requería de algunas reformas. Además se aceptó que era importante comprometerse a estos cambios para morigerar algunos resquemores de la población, por ejemplo, hacia la implementación de la plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por una serie de encuestas que mostraban que no solo el Apruebo no lograba remontar la distancia con el Rechazo, sino que la gran mayoría de quienes estaban dispuestos a votar por el Apruebo consideraba necesario hacerle modificaciones al texto una vez aprobado. Bastante avanzada la campaña y con diferentes niveles de entusiasmo, estos partidos firmaron un acuerdo para llevar adelante esos campos posplebiscito.

En definitiva, un plebiscito que tenía en la papeleta dos alternativas en realidad terminó teniendo cuatro opciones: aprobar, aprobar para reformar, rechazar y rechazar para renovar. Así, en una de las últimas encuestas públicas antes del plebiscito, realizada por Cadem, 17% de los encuestados se declaraba a favor de rechazar a secas, 35% de rechazar para renovar, 32% de aprobar para reformar y solo 12% de aprobar y aplicar el nuevo texto tal como salió de la Convención.

Según las encuestas, el Rechazo ganaba en todos los niveles socioeconómicos sin mayores diferencias y así se confirmó este 4 de septiembre. En comunas populares de la Región Metropolitana, donde el Apruebo debía arrasar, apenas logró victorias con pequeños márgenes.

Donde sí había diferencia era en el perfil ideológico de los votantes, con el Apruebo ganando holgadamente entre quienes se identificaban con la izquierda. El rechazo era mayoritario entre quienes se identificaban con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje izquierda- derecha. También había una importante diferencia en los perfiles etarios, con el Apruebo victorioso entre los jóvenes de entre 18 y 30 años. El Rechazo ganaba en todas las demás edades. Es decir, a diferencia del plebiscito de entrada, la campaña del Rechazo había logrado conformar una alianza social y política más diversa que el Apruebo.

(*) Fragmento del artículo ¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente chileno?, publicado en la Edición Digital de Nueva Sociedad, septiembre de 2022

(*)Noam Titelman es economista, investigador de la Universidad de Chile (*)

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Estado, salud y educación

Las pugnas políticas dentro del MAS solo reflejan su vitalidad y vigencia, a pesar de los años transcurridos.

/ 25 de septiembre de 2022 / 05:50

DIBUJO LIBRE

Alarma escuchar frases como que “existe la necesidad de un pacto nacional por la democracia y la libertad en Bolivia”, “una profunda crisis económica se avecina en el país”, o “el modelo económico del MAS ha cumplido un ciclo”, aludiendo a que hoy no existiría un Estado de derecho, que el modelo del gobierno es insostenible y que se estaría presenciando el fin de un periodo político hegemónico. Todo lo contrario a los hechos reales y visibles ya que en el país se vive en un escenario democrático, los indicadores económicos muestran una inminente reactivación de la economía pospandemia y las pugnas políticas particulares al interior del MAS reflejan su propia vitalidad y vigencia a pesar de los años transcurridos; fenómeno que no se visualiza en las fuerzas políticas opositoras al MAS.

Por cierto, aquellas afirmaciones responden teóricamente a una noción liberal de la política, que entienden democracia y libertad como derechos individuales; como reglas y procedimientos que garantizan per se la libertad de los ciudadanos, el Estado de derecho y el pluralismo democrático; por ello, solo podría darse democracia donde esté presente la defensa de los derechos individuales. Para un demócrata liberal, democracia y libertad son criterios absolutos y estáticos que aseguran por sí mismos la convivencia en un país.

Para dicha concepción, la “sociedad” se reduce a un conjunto de individuos regidos por relaciones de trabajo, intercambio y competencia; por ello, ven prioritario establecer garantías absolutas a la “propiedad privada”. Para esta noción de la política, el Estado es un mal administrador, por tanto, ven imprescindible eliminar su participación en la producción de bienes y servicios (inclusive en áreas estratégicas) y limitar su accionar al campo de la regulación.

La aplicación de políticas económicas se centra en el ajuste estructural de la economía, la reducción del Estado, la estabilidad macroeconómica y la apertura externa. En este caso, el crecimiento del PIB se apoya en la expansión de la oferta agregada, que está regida principalmente por la inversión privada.

Asimismo, bajo este enfoque de desarrollo, salud y educación son consideradas bienes de consumo, es decir, que no necesariamente tienen que estar financiados por el Estado. Instituciones privadas son las que deben ofrecer educación y salud a la población y éstos pueden adquirir libremente sus servicios de acuerdo a su nivel de ingreso. En este caso, el Estado solo contribuye con la oferta de educación y asistencia sanitaria gratuita a aquellos grupos desfavorecidos o vulnerables. Los defensores de este sistema sostienen que la competencia entre los proveedores privados de servicios de educación y de seguros de salud garantizan mayor calidad en educación y salud.

Por su parte, la noción progresista de la política entiende democracia y libertad como valores colectivos que solo cobran sentido cuando responden a reivindicaciones sociales o de clase; únicamente habría democracia y se alcanzaría libertad cuando los actores históricamente excluidos comenzaran a ser actores políticos reales, garantizando un auténtico pluralismo democrático. Para un demócrata progresista, democracia y libertad son construcciones permanentes que deben transformar la realidad social de un país.

Para esta concepción, la sociedad es un todo preexistente a los individuos, donde se manifiestan relaciones de cooperación entre sus miembros; en este sentido, ven prioritario establecer garantías a la “propiedad pública”. Para este enfoque, los mercados son imperfectos por naturaleza, por ello, se hace imprescindible la participación del Estado en el manejo y administración de los recursos estratégicos, ampliando su accionar al ámbito productivo y de servicios.

El diseño y aplicación de políticas públicas centra su accionar en el fortalecimiento del Estado, la estabilidad macroeconómica, la producción y productividad interna, la sustitución de importaciones y la paulatina apertura externa. En este caso, el crecimiento del PIB se apoya en la expansión de la demanda agregada, que está regida principalmente por la inversión estatal pública.

Bajo este enfoque de desarrollo, el Estado financia la educación y la asistencia sanitaria gratuita a gran parte de la población con recaudaciones de impuestos y otras fuentes de ingreso estatal, asegurando presupuestos anuales sostenibles. El Estado garantiza la educación pública y las prestaciones en salud de forma gratuita a la población que lo demande; para ello, debe invertir continuamente en infraestructura de educación y salud. Por su parte, la iniciativa privada ofrece estos mismos servicios de forma complementaria, incluyendo las cajas de salud que brindan protección a los trabajadores públicos y privados.

En este sentido, la normativa nacional reconoce plenamente la propiedad privada y pública; establece que el Estado debe administrar los recursos estratégicos y la iniciativa privada puede invertir en ellos o intervenir en cualquiera de las restantes actividades económicas. Asimismo, el Estado debe garantizar educación y salud pública gratuita y con carácter universal, reconociendo la actividad privada en la oferta de estos mismos servicios. Finalmente, establece que el Estado central está a cargo del diseño de las políticas de educación y salud y que éstas se viabilizan a través de las gobernaciones y municipios.

En síntesis, es importante señalar que el modelo de desarrollo aplicado en Bolivia desde 2006 ha conseguido la participación política real de representantes de sectores históricamente excluidos; asimismo, ha incrementado sustancialmente la producción interna nacional, reducido notoriamente los niveles de pobreza, ensanchado las clases medias y aminorado notoriamente las desigualdades en la sociedad boliviana.

Se ha superado la crisis sanitaria del COVID-19 y reactivado la economía reconduciendo su crecimiento; quedando como retos inmediatos el consolidar los resultados alcanzados, acompañar el desarrollo con cultura y reforzar seriamente los sistemas de educación y salud pública bajo criterios de calidad, gratuidad, accesibilidad y universalidad.

(*)Luis Paz Y. es economista, máster en Estudios Latinoamericanos.

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Bicentenario, urge ver su ‘agenda negativa’

La ‘agenda negativa’ del Bicentenario, los problemas que como país no logramos superar en 200 años...

Acto de lanzamiento (simultáneo en los nueve departamentos) del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, el 31 de agosto de 2022

/ 18 de septiembre de 2022 / 04:02

El punto sobre la i

El 31 de agosto, el presidente Luis Arce lanzó oficialmente el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario. “El Bicentenario de Bolivia es un acontecimiento extraordinariamente importante en nuestra historia; será una oportunidad única para consolidar nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y conmemorar unidos y unidas los 200 años de vida de nuestro país”, sostuvo. Hacia el Bicentenario, el país se plantea, dijo, “implementar obras de gran impacto socioeconómico, carreteras, plantas industrializadoras, siderurgias, establecimientos de salud, centros tecnológicos”, entre otros.

Al margen de dicha agenda oficial, Animal Político propone la reflexión de lo que se puede llamar una “agenda negativa” del Bicentenario; esto es, los más persistentes problemas que tiene el país, que previsiblemente llegarán y trascenderán al 6 de agosto de 2025.

Sin tratar de ser exhaustivos, la “agenda negativa” del Bicentenario desde la perspectiva económica, por ejemplo, el economista Horst Grebe llama a reflexionar la naturaleza de país que dio el haber nacido en medio de la tensión entre los virreinatos de Lima y de Buenos Aires; haber sido el primero en haberse rebelado contra el poder español y ser el último en alcanzar la independencia; el haber peleado la guerra de la independencia sobre todo a través de las “republiquetas”, y culminar el proceso independentista gracias a ejércitos “extranjeros”, como el de Bolívar y Sucre; “entonces, hay una serie muy grande de diferencias con respecto a otros países vecinos que han sido mucho más lineales en su evolución”. Añade: “Lo que le pasa al país, y esta es una tesis que sostengo desde hace tiempo, es que tiene muchas fuerzas centrífugas, no tiene un centro cohesionador”.

RECURSOS.

Otro gran rasgo que viene desde la Colonia y se prevé siga más allá del Bicentenario sin duda es la reproducción del país con base en la economía y cultura de la materia prima, una “matriz básica de inserción internacional desde la Colonia”, destaca Grebe: la plata, el estaño, el cinc, el gas, el litio… “siempre ha sido la minería, y eso ha estructurado toda una cultura, toda una visión, toda una manera de estar en el mundo”, apunta.

Si bien es cierto que desde la Revolución del 52 se ha incorporado a la economía nacional al oriente, con la agropecuaria y los hidrocarburos, persiste la matriz primario-exportadora. En Bolivia “nos ha faltado una industrialización en serio”, señala el economista; aunque los países vecinos tampoco hicieron algo muy diferente, unos más que otros desarrollaron procesos industrializadores, “pero en general, América del Sur todavía es altamente dependiente de los recursos naturales; entonces, la matriz primario- exportadora es una constante de nuestra historia hasta el día de hoy”.

Otro hecho que debiera preocupar cercanos al Bicentenario es la persistencia e incremento de la economía informal, “lo que quiere decir que no somos capaces de dar empleo decente a toda nuestra población en edad activa”. Aquí, un hecho que debiera preocupar al país, insiste Grebe, es la gran cantidad de bolivianos en el exterior, que el país es expulsor de población: “no se sabe cuántos son exactamente, pero deben ser muchos, porque la cantidad de remesas, que ahora está en 1.200 millones de dólares, es una cantidad muy grande, en comparación con el tamaño de la economía boliviana y de las exportaciones. Entonces, debe ser mucha gente que manda ese dinero, y eso quiere decir que tienen mejores condiciones afuera que adentro”.

Ahora, lo que siempre se ha visto como un potencial para el desarrollo nacional, la diversidad regional, también ha jugado en contra de esta aspiración nacional: “Tenemos una geografía que se presta para desarrollos (regionales) inconexos; eso es lo que yo señalo, que no existe un núcleo interno que junte todo eso. El proyecto nacional es algo pendiente”, asevera el economista Grebe.

Un proyecto nacional, apunta, ha sido el emergente de la Revolución del 52, que duró hasta 1985-86.

¿Y el Estado Plurinacional, no es ese proyecto nacional? El problema con el Estado Plurinacional, afirma Grebe, es que “no arrastra a todos”; por lo menos hoy, la discusión del Estado Plurinacional es, dice, “una discusión por la supremacía, hay una parte que quiere colocarse a la cabeza y dirigir los destinos sin hacer una propuesta para todos”.

INDÍGENA.

Desde el ámbito social, en referencia a la “otra agenda del Bicentenario”, el sociólogo y antropólogo Esteban Ticona en primer lugar llama la atención sobre la cuestión indígena-campesina del país. “Creo que ahí están pendientes varios aspectos, dependiendo de la región donde estemos”; solo considerando las 36 nacionalidades señaladas en la Constitución, “cada pueblo tiene sus diferentes problemas frente al Estado; una multiplicidad de asuntos que no se han resuelto del todo”; y esto, provoca Ticona, aún tomando en cuenta el “empoderamiento” indígena de los últimos 20 años, que “todavía es insuficiente para decir que ya está solucionado”.

Otro tema que al parecer seguirá irresuelto en el Bicentenario, destaca Ticona, es el “tema regional”, una herencia de las “republiquetas” independentistas con que nació el país. Hoy día mismo, afirma, “falta buscarle salida a estas formas regionales; estoy pensando en el reconocimiento de las regiones desde una perspectiva global”. Aquí, aunque parezca ajeno al problema, reclama el sociólogo, una tarea nacional debería ser recuperar el aporte a la unidad nacional de autores que escribieron desde las regiones; pone como ejemplo al tarijeño Federico Ávila.

Y, claro, el tercer gran tema negativo del Bicentenario que recuerda Ticona es el racismo, la discriminación. “Es un gran tema pendiente: las formas de racismo, racismos que se reciclan para cada época, entre otros”, apunta el sociólogo.

Otra vez, Ticona insiste en que de nuevo hay que recuperar las innumerables críticas y discusiones que se hicieron al racismo, pero no como un ejercicio académico, sino más bien pedagógico: “recuperar esas visiones críticas contra el racismo que hubo; es una tarea gigantesca que tiene que atravesar todos los quehaceres de la actividad societal del país”.

Y, como parte de la agenda del Bicentenario que preocupa, para Ticona es infaltable debatir de nuevo el Estado Plurinacional. Cuando hay miradas, más o menos radicales o fundamentalistas contra o al margen del Estado Plurinacional, “no está dando respuestas el Estado Plurinacional a esas miradas”.

Y no es que no haya servido, previene el sociólogo: “el Estado Plurinacional, en perspectiva, puede dar respuestas interesantes a temas como el racismo, lo indígena, el regional; sin embargo, hay que reencaminarlo; me parece que faltan políticas mucho más precisas para reencauzar el Estado Plurinacional”. Esto hay que hacerlo ya, reclama Ticona, “si no se lo hace, quedamos en el riesgo de quedar en el statu quo, y, en la práctica volver al viejo Estado-nación, unitario, etcétera”.

POLÍTICA.

Con 13 años de vigencia de la nueva Constitución (2009), la socióloga politóloga cochabambina María Teresa Zegada ve que hoy día en el país “recién se está atisbando la posibilidad de la inclusión indígena; está en la letra de la Constitución pero hay una distancia grande con su cumplimiento”. Otra vez el Estado Plurinacional acotado.

En el ámbito de la representación política, del rol, fortaleza y potencia de los partidos y organizaciones políticas, Zegada todavía ve la política como algo exclusivo de un grupo antes que un bien público: “No se ha podido romper esta barrera de la participación política de los distintos sectores del país. La política sigue siendo una actividad circunscrita a ciertos sectores de élite. Puede ser que el MAS, o el MNR en su momento, han roto un poco estas barreras, pero sigue siendo un asunto manejado por un grupo de poder; no se logra todavía democratizar realmente al país, como correspondería, dialogando con la diversidad que tenemos en el país”.

Los 200 años de Bolivia acaso también coincidan con la persistente crisis de los partidos políticos, de su falta de institucionalidad, acusa Zegada. “Los partidos no son entidades institucionalizadas”. El MAS, dice, sobre todo es un “conglomerado de organizaciones sociales”, que “funciona más como movimiento social que como un partido propiamente dicho”, además que está “fuertemente ensamblado por las relaciones prebendales que hay al interior de esta organización”. En cuanto a los partidos de oposición, se puede decir que éstos son “casi inexistentes; Comunidad Ciudadana está intentando construirse como una alternativa; Creemos no es realmente una opción política, ni siquiera nacional; y las otras organizaciones que parecían tener un potencial, como Unidad Nacional o Demócratas están casi desaparecidos del escenario político”.

Y, algo central en el quehacer político de izquierdas y derechas, añade la socióloga: el caudillismo. “Una cultura política profundamente caudillista”, prácticamente desde que nacimos como país; “todavía no hemos salido de este esquema en que la gente está más adherida a personajes que a propuestas políticas”. Ahora, siendo el MAS el partido en el poder que “recibirá” los 200 años, Zegada apunta un hecho clave: “el destino político inmediato del país está bastante sujeto a lo que vaya a pasar con el MAS”.

El boliviano promedio tiende a ser díscolo, explosivo, revoltoso

Amodo de provocación, para una “agenda negativa” del Bicentenario, nada más oportuno que el libro de Henry Oporto ¿Cómo somos? Ensayo sobre el carácter nacional de los bolivianos. (Plural, 2018). He aquí un fragmento del texto (páginas 66 a 68), de los males que según el autor aquejan a los bolivianos.

– El individualismo de la gente (que desmiente el mito del comunitarismo), reflejado en una marcada desconfianza, precaución y recelo, como actitudes contrarias a la socialización y la capacidad de cooperación y ayuda mutua. De ahí también la fragmentación e incluso la atomización en la economía, en la política, y en otras esferas de la vida social que, a no dudarlo, son un escollo enorme para construir instituciones.

– La aversión a la competencia, como un poderoso freno para la superación de las personas y el desarrollo de una sociedad meritocrática y, en contrapartida, la inclinación a buscar amparo, resguardo, ventajas y favoritismos desde posiciones de privilegio.

– De ahí la estadolatría, y la búsqueda de asistencia de un Estado paternal del que siempre se espera que dé y haga. La dependencia del Estado inhibe la expansión de una sociedad civil autónoma.

– La otra cara de la medalla es la obsesión por el pasado; un pasado marcado de opresión, sufrimiento, traiciones y rencores que quedan como heridas abiertas y que impiden mirar hacia adelante.

– Y esa obsesión por el pasado viene de la mano del victimismo; una manera de encubrir las propias culpas y responsabilidades, pero que muchas veces hace de bálsamo ante las adversidades y frustraciones nacionales.

– El victimismo es inseparable del temor a lo extranjero; la desconfianza profunda en el “otro” y en sus intenciones. Huelga decir que mientras este sentimiento negativo prevalezca muy difícilmente se puede atraer inversión extranjera o mantener una relación constructiva con el capital foráneo.

– El desprecio por la ley y el desapego al orden, probablemente la mayor barrera, junto con el individualismo disociado, para hacer instituciones. Y sin ellas no hay democracia, ni seguridad jurídica, ni incentivos económicos, ni acumulación de conocimiento y aprendizaje. La ausencia de cultura legal nutre el caudillismo y la personalización del poder.

– El comportamiento del boliviano promedio tiende a ser díscolo, explosivo, revoltoso. Un ser caótico que siempre está desordenando y poniendo patas arriba aquello que se organiza y estructura.

– El corporativismo, especialmente el corporativismo rentista, que es otro obstáculo para el desarrollo de un sentido de representación política.

– El mestizaje vergonzante. Los bolivianos, no obstante su condición cholo-mestiza, no superan una relación traumática con su hibridismo; con ello dificultan la cohesión social y la vitalización de la identidad nacional.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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