miércoles 23 sep 2020 | Actualizado a 02:50

Cuatro informes, pocas respuestas

Imagen registrada en la población de Sacaba, el 19 de noviembre del pasado año

/ 31 de agosto de 2020 / 07:05

Todos los informes sobre la crisis de noviembre piden investigación independiente

Si hay algo en común en los cuatro informes internacionales que hasta ahora se han hecho acerca de los sucesos de octubre y noviembre de 2019, especialmente de las muertes en Sacaba y Senkata, es la demanda de esclarecer esos hechos, la necesidad de una investigación independiente, y, claro está, la reparación a las víctimas y la sanción a los responsables. Al mismo tiempo, si hay algo más o menos homogéneo también es la respuesta elusiva por parte del Gobierno.

Los cuatro informes a que se hace referencia son: 1) el Informe Preliminarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue presentado el 11 de diciembre de 2019; 2) el reporte Nos dispararon como a animales. Noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia, elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (IHRC, por su sigla en inglés) y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), y hecho público (aunque solo en inglés) el 27 de julio de 2020; 3) el informe Para sanar la pandemia de impunidad de Amnistía Internacional (AI), cuya publicación data del 21 de agosto de 2020; y, 4) La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, confeccionado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma nos (OACNUDH), que fue hecho público el 24 de agosto de 2020.

La CIDH fue la primera en demandar una investigación internacional sobre los hechos de octubrenoviembre del año pasado. Al final de su informe, su primera recomendación es “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019”.

Crar un Grupo Internacional de Expertos Independientes porque a la CIDH le preocupa que éste trabaje “con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

El informe de la Clínica de la Universidad de Harvard (que es uno de los reportes más extensos), por su lado, la primera recomendación que hace también es “investigar las violaciones de derechos humanos”, específicamente en matanzas, detenciones arbitrarias, siembra de evidencias, intimidación de testigos, agresiones a la libertad de expresión.

Un aspecto que también preocupa a la Clínica es la “imparcialidad de las investigaciones”, y el principal riesgo que ve es que haya intimidación a los testigos, el que sean objeto de represalias por lo que digan. Aquí, la Clínica ve clave el rol de los fiscales, del Ministerio Público, que tendrían que ser los llamados, dice, a “proteger a las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos bajo investigación”.

En ambos casos, el Gobierno descalificó los informes como “sesgados”, “tendenciosos”, “vergonzosos”.

“Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo ha hecho unilateralmente. Nos parece un informe totalmente sesgado, que no refleja la realidad. Un informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo; no está favoreciendo al pueblo de Bolivia”, destacó el mismo 11 de diciembre el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

En esa oportunidad, el Viceministro de Coordinación Gubernamental incluso adelantó la elaboración de un “contrainforme”, para “complementar” el referido texto de la CIDH.

Con respecto al informe de la Clínica de Harvard, la respuesta esa vez vino a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, que señaló que el informe es “tendencioso” sobre la represión en Sacaba y Senkata en 2019, y que contiene además “varios errores”. El carácter tendencioso del documento, señalaba Justicia, radica en que se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas y medios de comunicación por medio de una sistemática violación a los derechos humanos mediante la instauración de una compleja estructura estatal y paraestatal que pretendía perpetuarse en el poder”.

Entre los errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

Si bien la reacción gubernamental contra los dos anteriores informes fue de cuestionar su imparcialidad, no ocurrió lo mismo con el que hizo Amnistía Internacional.

“Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, remarcó entonces el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.

Y es que el texto de AI, en una parte, cuestiona la actuación del gobierno de Morales y de su entorno político, involucrados también en la crisis de octubre y noviembre del año pasado.

Pero eso es solo una parte. En las conclusiones y recomendaciones, AI vuelve a poner en tela de juicio la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos, especialmente las muertes en Sacaba y Senkata, y, por tanto, la persistencia de un estado de impunidad de los responsables.

“El informe incluye muchos interrogantes que todavía no han sido esclarecidos, especialmente las circunstancias en las cuales al menos 35 personas perdieron la vida y otras 833 resultaron heridas durante los sucesos de noviembre de 2019, entre otros, y en la represión de las protestas de Sacaba y Senkata. Asimismo, documenta ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y el hostigamiento a opositores políticos y personas percibidas como tales, incluidos jueces”.

Pero hay un hecho en que el organismo internacional es enfático: la necesidad, aún ahora, a nueve meses de los hechos, de la investigación internacional independiente.

“Bolivia requiere de un mecanismo independiente con personas expertas internacionales”, destaca Aministía Internacional.

Esto, dice, principalmente para “desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares. Un paso fundamental en esa dirección se ha dado con el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)”.

Este grupo, recuerda AI, fue aceptado por el Gobierno interino boliviano mediante un acuerdo con la CIDH el 12 de diciembre de 2019.

El 23 de enero de 2020 la CIDH anunció que el GIEI estaría integrado por Juan Méndez, Julian Burger, Marlon A. Weichert y Patricia Tappatá Valdez. Un mes después —recuerda el organismo internacional— el 21 de febrero, el Ministro de Justicia solicitó a la CIDH, dándole un plazo específico, un cambio de integrantes del GIEI, concretamente de Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez “por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia”.

Es aquí que AI protesta abiertamente contra el Gobierno transitorio: “Dicho cuestionamiento, al sugerir la remoción de dos integrantes estableciendo un plazo para hacerlo constituye una afectación a la autonomía de la CIDH y a la independencia del GIEI para llevar adelante su labor”.

AI, recuerda su informe, en esa oportunidad ya elevó su protesta sobre la licencia que se daba el gobierno interino de vetar a quienes iban a investigar los hechos luctuosos. Y en el informe de agosto, AI vuelve a la carga: “Amnistía Internacional hizo y reitera ahora su llamado a las autoridades bolivianas para que se abstengan de emitir pronunciamientos que afecten la independencia del GIEI, y para que cumplan con su compromiso, públicamente reiterado, de respeto de los derechos humanos para el esclarecimiento de los hechos”.

En lo relativo al informe de OACNUDH, lo mismo, el organismo internacional en la primera recomendación inscribe la necesidad de una pronta “rendición de cuentas” por parte del Estado boliviano sobre los hechos de octubre-noviembre de 2019, especialmente las muertes en Sacaba y Senkata.

“Garantizar la realización de investigaciones prontas, independientes, imparciales, exhaustivas, transparentes y efectivas de todas las alegadas violaciones a los derechos humanos y abusos que ocurrieron durante la crisis postelectoral, y proveer una reparación integral a todas las víctimas y sus familiares”, demanda en el punto uno de sus recomendaciones la OACNUDH.

Al igual que la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado llama a que la Fiscalía General del Estado “sea plenamente imparcial y que fortalezca sus capacidades para realizar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, lo que podría lograrse a través de la creación de una Fiscalía Especializada”.

Como se vio en esta semana, la reacción del Gobierno no pudo ser menos sorprendente: “Señora (Michelle) Bachelet (la Alta Comisionada), no se tape los ojos, mire con sus dos ojos. Bolivia necesita que haga todas las observaciones pero con total claridad, con transparencia y que no hagan campaña política”, habló el ministro Arturo Murillo a nombre del Gobierno interino.

La expresidenta chilena, al presentar su informe solo había dicho: “Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el periodo cubierto por nuestro informe”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Túpac Katari y Bartolina Sisa, primeros perseguidos políticos de nuestra historia

Ésta es la primera parte de una serie de textos dedicados a la revisión histórica de la persecución política en Bolivia. En las siguientes entregas figuran la Revolución del 52 con sus campos de concentración, las dictaduras militares, la puesta en vigencia del Estado Plurinacional y el actual gobierno de transición como momentos referenciales significativos acerca de esta controvertida temática referida a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

/ 19 de septiembre de 2020 / 23:37

La imagen de Tùpac Katari en el Palacio de Gobierno de La Paz. Foto: La Razón

Las dos primeras décadas del siglo XXI están marcadas por la rotunda imposición de las llamadas redes sociales y la posverdad que es en realidad la mentira reelaborada desde las sofisticadas técnicas de persuasión a través de la que se opera la introducción de contenidos a escenarios mediáticos con el propósito de malversar la realidad y la historia, y de configurar estructuras mentales congraciadas con un orden establecido gestado desde los centros de influencia cultural occidental hasta lo que se llaman periferias, allá donde los índices de pobreza e indicadores económicos negativos manifiestan las grandes desigualdades que caracterizan al mundo .

A las redes sociales se ha trasladado el debate ciudadano de la diversidad temática que caracteriza la condición y la actividad humana. La frontera entre la vida privada y la vida pública ha dejado de existir y el respeto por la dignidad como valor fundamental para la convivencia,  ha sido pulverizado por esa especie de judicialización ejercida en contenidos que abarcan desde el vestuario que se elige a diario hasta las decisiones políticas que cada ciudadano y ciudadana toman, sea en las urnas, en sus prácticas cotidianas, en su compromiso o indiferencia con el prójimo, en su adhesión o rechazo a ciertos preceptos y causas políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas.

Cuando se produjo el Cerco de La Paz en 1781, Facebook, Twitter, Instagram o Youtube estaban muy lejos de existir y a tres siglos de perpetrado el sanguinario descuartizamiento de Túpac Katari, el hecho está débilmente registrado en la actualidad a través de los portales de internet —lo mismo que sucediera cuando todavía el libro era la única fuente histórica formal—, como autoría de Francisco Tadeo Diez de Medina, auditor de guerra español, oidor y alcalde de la ciudad en dos oportunidades, que fuera dueño y señor de las dos casonas situadas, a media cuadra del Palacio Quemado, en la calle Comercio entre Socabaya y Yanacocha de la ciudad de La Paz, restauradas y acondicionadas para lo que hoy son el Museo Nacional de Arte y la Villa de París. Diez de Medina fue quién sentenció en una de sus grandes residencias, con la pena capital al líder indígena:

“Después de muerto, para público escarmiento, su cabeza fue enviada a la ciudad de La Paz. Allí estuvo colgada durante tres días en el Alto de K’illik’illi (hoy mirador de Villa Pabón). Y lo propio ocurrió con sus extremidades: su brazo derecho fue enviado al pueblo de Achacachi; el izquierdo, a Sicasica; la pierna derecha, a Caquiaviri; y la izquierda, a Chulumani. Además, se ordenó que el tronco del cuerpo se mantuviese en la horca y después fuese reducido a cenizas, las cuales fueron echadas al viento para que no quede ninguna huella física de Julián Apaza. Toda esta ordenanza fue cumplida a cabalidad.” (1)

Buena parte de la historia oficial —por supuesto que también insertada en internet y en las redes sociales— tampoco se encarga de reflejar lo siguiente:

“Se dice que la casona restaurada, ubicada en plena esquina de la plaza de Peñas, pertenecía a Joseph de Santa Cruz Villavicencio, padre de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, impulsor de la Confederación Perú-Boliviana. Sabemos que Julián Apaza y sus seguidores fueron traicionados por un antiguo aliado, Tomás Inga Lipe, en cercanías a Peñas. Fue Joseph de Santa Cruz quien trasladó a Túpac Katari y a sus compañeros a la ciudad de La Paz para que sean juzgados por su rebelión contra la corona española.” (2)

Túpac Katari o Julián Apaza fue el primer gran líder boliviano cuando Bolivia todavía se encontraba lejos de ser fundada como República, al que se le arrebató la vida por defender derechos humanos elementales como la libertad, la autodeterminación, la soberanía, o más simple que eso, el derecho a existir sin yugos, opresión, controles políticos, y esclavitud económica, con una extraordinaria conciencia sobre la persistente afirmación de la identidad de los habitantes originarios de estas  tierras brutalmente colonizadas con la cruz, la espada y la Biblia durante casi cuatro siglos. Su impronta, gracias a los enjuagues de historiadores conservadores, se exhibe en calidad de pieza valiente de hora cívica, pero sin itinerario vital estudiado a fondo: Era un indio al que mataron de la manera más brutal por los pecados de ser indio y rebelarse ante los españoles.

La cruel manera en que le fue quitada la vida a Katari es el primer antecedente fundamental que marcará, en el discurrir histórico de nuestro país, a quienes se persiguió, encarceló, torturó, desapareció y asesinó por razones de dominación política en Bolivia, lo mismo que a su compañera de vida,  Bartolina Sisa, quién también fue físicamente eliminada a través del ahorcamiento y sobre la que Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI) dice lo siguiente:

“Julián Apaza (Túpac Katari), que luego se convertiría en el esposo de Bartolina Sisa, también fue parte del comercio de la coca, luego de estar dos años en el trabajo forzado en la mita en las minas de Oruro. En uno de sus tantos viajes y frecuentando los mismos lugares, se conoce con Bartolina Sisa.

Bartolina fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el kurawa (onda) y el fusil. Sabía montar caballo, era joven y de piel morena, atractiva, esbelta y de ojos negros, y muy inteligente.

Mientras que Julián Apaza era un hombre de buenas condiciones físicas y una inteligencia notable.

En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro hijos (tres varones y una niña). Según el historiador Alipio Valencia Vega, el primer hijo fue capturado en Perú por el brigadier Sebastián Segurola, en 1783, y se cree que posteriormente fue asesinado. Los otros llegaron a sobrevivir y cambiaron de nombres y apellidos.” (3).

Esta es parte de la significativa historia invisibilizada por el conservadurismo aliado a intereses foráneos que pusieron los ojos, y muchas veces las balas, los cañones, los tanques y los aviones de guerra, para penetrar la economía nacional a través de controles al “pensamiento subversivo” de diversas características, que con el transcurrir de la primera mitad del siglo XX se fueron sofisticando en métodos expresados en el violentamiento de mentes y cuerpos de aquellos que siempre se situaron en la vereda de la resistencia popular, de la autodeterminación como imperativo moral y social, de la defensa de las riquezas del suelo propio como base material destinada a la subsistencia, en síntesis, en el escenario de la vida digna de quienes ya eran bolivianas y bolivianos, que ha trascendido de generación en generación y que combatieron con sus convicciones ofrendando tantas veces sus vidas, contra los aliados a intereses vinculados a los imperios mundiales y a las transnacionales que son las que en buenas cuentas gobiernan el mundo: El capital financiero, la industria armamentística, las industrias de los alimentos,  de los fármacos, de las sustancias controladas, de los combustibles, hasta la industria del espectáculo en sus variadísimas y numerosas expresiones. Vaciados de nuestros contenidos históricos, reducidos a fugaces homenajes de plazuela, registrados en páginas de textos escolares superficiales y esquemáticos, los que debieran ser héroes o referentes de vida son simple y llanamente indios revoltosos que se resistían a vivir sometidos a la Mita (4) en el occidente minero de la plata y el estaño del país, y al Habilito (5) en el oriente, en la zona Amazónica rica en goma y castaña.

En consecuencia, la primera gran violación, sostenida por décadas, a los derechos humanos en Bolivia, cuando el concepto institucionalizado de  esos derechos era inexistente,  está relacionada con la conculcación al derecho que tienen los ciudadanos a estar debidamente informados, en el amplio espectro que va desde las noticias vehiculadas por los medios de comunicación hasta los contenidos escolares y universitarios con los que las nuevas generaciones van construyendo su imaginario social, en el que no caben las que podríamos llamar versiones alternativas de los distintos hitos coloniales y republicanos que han desembocado en el último tiempo en la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia que arrastra la herencia de la memoria a través del falseamiento de la historia popular, del desdibujamiento de la importancia de los desmembramientos de nuestra original extensión territorial, de las luchas, levantamientos, e insurrecciones de “los de abajo”, de la culpabilización y criminalización de las movilizaciones masivas en calles y carreteras,  a los designios de “oscuras fuerzas” (léase, campesinos, obreros, comunismo y socialismo) destinadas a intentar acabar con la libertad y la democracia cuando el mundo, a mediados del siglo XX,  arribaba a tiempos de la Guerra Fría y la bipolaridad por el control del planeta tuvo enfrentados a los Estados Unidos de América y a la Unión de la Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) librando batallas por la penetración ideológica y territorial de tierras y territorios en la periferia del cosmos, según lo señala la geopolítica: Asia, África y América Latina.

 Invasiones e imposiciones ideológicas, la instalación de la Cortina de Hierro en el este europeo, la guerra en Vietnam, las dictaduras militares controladas directamente por el poder político imperial estadounidense, forman parte de esta historia en la que los contenidos de una pretendida democracia única y perfecta se transmitieron a través de todos los grandes dispositivos tecnológico- culturales de masaje cerebral en niños y jóvenes  de todas las latitudes, a través del cine, la televisión, el deporte y todo cuanto pudiera ser utilizado para ocupar el tiempo libre y recreativo de la “gente común” de las ciudades, desinteresada por los asuntos nacionales de la política, y por supuesto que ahora, desde hace aproximadamente una década con gran fuerza, a través de las redes sociales que han empoderado la cotidianidad de las llamadas clases medias que se expresan diariamente a partir de sus estructuras mentales neocolonizadas.

No considerar el Sistema-Mundo (6) para encarar las razones primigenias que en 1948 dieron lugar a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humamos es no asumir que, como dijera Hobbes en su Leviatan (7) “el hombre es el lobo para el hombre”, que la humanidad ha caracterizado su existencia en la lucha por dominadores y dominados, explotadores y oprimidos, burgueses y proletarios, terratenientes y campesinos. La necesidad de la existencia de unos preceptos relacionados con el respeto a la vida y a la dignidad, que se traducen en derechos en distintos órdenes que la actividad humana ha confirmado, conforme la ciencia, la tecnología y en general el progreso tal como lo conocemos en este siglo XXI, se manifiestan en saltos cualitativos sorprendentes que han complejizado el funcionamiento de un planeta al que además, en el último tiempo, la devastación de la naturaleza, la depredación de la llamada Madre Tierra en lo que deberíamos denominar agresión Norte-Sur, se añade como problemática mundial, vinculada a los derechos que los hombres y las mujeres  tienen sobre las bondades que la naturaleza les provee.  Es en esta amplia lógica de sistema que utilizo los ejemplos de Túpac Katari y Bartolina Sisa como hito significativo de persecución-represión y violencia política en esta parte del mundo, entonces organizada en el Alto y el Bajo Perú.

Hay aproximadamente entre doscientos ochenta y trescientos términos y conceptos que conforman el universo conceptual de los derechos humanos en el mundo. De todos ellos, una gran mayoría son permanentemente violados en todos los contextos socioculturales de naciones y continentes. Se trata de la paradójica contradicción de un mundo con una inagotable capacidad para simplificar tiempos y espacios a través de la electrónica y la transfronterización de datos, para hacernos la vida cotidiana más sencilla y funcional,  y al mismo tiempo, con una misión articulada por los poderes económico-financieros, políticos y religiosos para que nada cambie en términos de correlación de fuerzas, esto es, que los ricos concentren cada vez más en esas pocas manos lo que van produciendo a costa de los pobres condenados por los siglos de los siglos a repartirse las migajas. Se trata del capitalismo transnacional regido por un puñado de potencias que no llegan a la decena y han hecho del monetarismo, el mecanismo que rige el sistema sobre el cual hemos sido obligados a someternos a la acumulación desenfrenada de la riqueza material que nos informa que el Dios planetario por antonomasia en tiempos de internet y satélites que todo lo almacenan y vigilan, se llama Dinero y que la búsqueda de amasar y amasar más de él, es la adicción más nociva y devastadora con los valores humanos con los que nacieron hombre-mujer.

Es en este marco de comprensión que debemos abordar los trayectos históricos de la Persecución y Represión Política en Bolivia, asumiendo a nuestro país como una más de las naciones dependientes y subdesarrolladas a lo largo y ancho de casi toda su existencia, que sometieron su identidad y destino con la facilitación de sus agentes locales de turno gobernantes, empresarios, banqueros– a las imposiciones del capitalismo que ha sabido introducir los tentáculos de la injerencia política, condicionando todo lo que supuestamente pudiera beneficiarnos desde los centros económicos poderosos, al sometimiento de la República a la voracidad por la apropiación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables que significaron despojo y saqueo durante la segunda mitad del siglo XIX con la presencia política de los conservadores en el  gobierno  —Narciso Campero Leyes, Gregorio Pacheco Leyes, Aniceto Arce Ruiz, Mariano Baptista Caserta, y Severo Fernández Alonso— ; y todo el siglo XX, a partir de la llegada de los liberales a las esferas del poder presidencial —José Manuel Pando, Ismael Montes Gamboa, Eliodoro Villazón Montaño y José Gutiérrez Guerra—,  con intereses económicos concretos que los mantuvieron con los cordones umbilicales invariablemente conectados a Londres y Washington.

Citas

(1) y (2) ”La casa donde se sentenció a Túpac Katari”. Esteban Ticona Alejo. Diaro La Razón de La Paz, Bolivia, 16 de junio de 2018

(3) Servicios de Intercomunicación Intercultural (SERVINDI). www.servindi.org. Lima, Perú, 2016

(4)y(5) La Mita en el occidente y el Habilito en el oriente de Bolivia, fueron los sistemas prevalecientes servidumbrales con los cuales los indígenas en tiempos de la Colonia y las primeras décadas de la República fueron sometidos a la explotación económica que se traducía en pagos miserables y en especies por los  trabajos desempeñados.

(6 )La perspectiva del sistema-mundo, también conocida como economía-mundo, o teoría,   enfoque o acercamiento analítico de los sistemas-mundo (expresión original en inglés World-systems approach) es un desarrollo de la crítica postmarxista que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Es una teoría historiográfica, geopolítica y geoeconómica con gran vigencia y aplicación en las relaciones internacionales

(7) l Leviathan, en inglés, o Leviatán, como se conoce popularmente, es seguramente la obra más importante y trascendental del filósofo, político y pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes. Haciendo referencia y escribiendo con espléndida maestría, el autor hace referencia al monstruo bíblico más temido para explicar y justificar la existencia de un Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos. Escrito en el año 1651, su obra ha sido de gran inspiración en las ciencias políticas y, paradójicamente, en la evolución del derecho social.

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Polémica cesión de Justicia

El debate está en que si la denuncia ante la CPI corresponde a una actuación en derecho

/ 16 de septiembre de 2020 / 06:33

El procurador general del Estado, José María Cabrera, en La Haya, tras la presentación de la denuncia contra Evo Morales y otros, por delitos de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI)

Por Iván Bustillos

El 14 de septiembre puede pasar a la historia de la Justicia en el país como emblemático, tanto en el sentido de ser una iniciativa en pos de justicia que no se puede encontrar en el país (como afirma el Gobierno), como en la dirección de que se trata de un hecho desproporcionado, forzado, de enjuiciamiento desde fuera del país, menospreciando la Justicia boliviana (según sus críticos).

Ese día, el procurador general del Estado, José María Cabrera, interpuso la primera demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en la historia del país. Una denuncia, como señaló el Procurador, “contra el expresidente prófugo en la Argentina y sus colaboradores, por la comisión de delitos de lesa humanidad, por actos inhumanos realizados con el cerco a las ciudades de toda Bolivia y el bloqueo de todos los puntos carreteros, lo que ocasionó grandes sufrimientos a la población y provocó el fallecimiento de al menos 40 víctimas por privación de oxígeno”.

Los términos de la tipificación de los delitos en la demanda boliviana en realidad están extractados del artículo 7 del Estatuto de Roma (documento de constitución de la CPI, aprobado el 17 de julio de 1998, y vigente desde julio de 2002; Bolivia lo ratificó en mayo de 2002), donde precisamente se detalla los “crímenes de lesa humanidad”.

Hay que recordar que la CPI juzga tres grandes delitos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

El crimen de lesa humanidad, señala el artículo 7, es “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. De las once formas de este crimen que señala el Estatuto de Roma (entre las que están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, la tortura, entre otros), la demanda boliviana recoge la undécima: “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Razones

La Procuraduría, como en reiteradas ocasiones señalaron el Procurador y algunos ministros y viceministros, esgrime dos razones para que el Gobierno boliviano haya acudido a la CPI: uno, que los delitos que en su opinión se han cometido durante los bloqueos (a saber, los crímenes de lesa humanidad) no están tipificados en el Código Penal boliviano; y, dos, que en el país no es posible alcanzar justicia porque todo el sistema judicial está “cooptado” o bajo “control” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Algunos se han preguntado ¿por qué la Procuraduría acudió a instancias internacionales y no se agotaron procesos internos? Son dos razones que llevaron a esta decisión: en primer lugar, porque dentro de la normativa boliviana al derecho penal no existe la figura jurídica de delito de lesa humanidad, y es eso lo que ha ocurrido en Bolivia, un crimen de lesa humanidad; en segundo lugar, porque lamentablemente estamos ante un sistema judicial cooptado por el MAS y que ha puesto en evidencia su falta de imparcialidad en diferentes casos planteados por este gobierno”, destacó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el lunes 7.

El procurador Cabrera afirmó desde La Haya que siendo signatario el país del Estatuto de Roma, “nunca se introdujo en el Código Penal el listado de delitos de lesa humanidad; por tanto, jurídicamente es imposible en Bolivia llevar a cabo un juzgamiento interno”, por eso, dice, se habilita “la vía internacional” (la CPI). 

Que nunca se introdujeron los delitos de lesa humanidad en el Código Penal no es cierto, reclama el abogado constitucionalista Iván Lima Magne. Si bien los delitos graves de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra hoy no están en el Código Penal (por cierto, vigente desde 1972), los tres ya fueron incorporados en el nuevo Código del Sistema Penal, promulgado el 15 de diciembre de 2017 y que estuvo vigente hasta el 25 de enero de 2018, cuando debido a la presión de algunos sectores tuvo que ser derogado.

En efecto, los tres delitos eran parte del “Libro Segundo: Infracción Penal Específica; Título I: Crímenes; Capítulo I: Crímenes contra la humanidad”. El artículo 80 desarrollaba el Genocidio, para el cual establecía “prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto y reparación económica”; el artículo “81. Crímenes de lesa humanidad”, disponía de 14 a 30 años de cárcel; y, el artículo “82. Crímenes de guerra” señalaba 23 formas de este delito, por los cuales, según su gravedad, lo mismo sancionaba al culpable con prisión de 14 a 30 años.

Ahora, una cosa es hablar en general de “justicia corrupta”, de “jueces vendidos”, o “jueces cooptados o al servicio” de algún partido, y otra esgrimir esto en un documento oficial, como una causal para un procedimiento jurídico. El procurador Cabrera afirmó que “El Estatuto de Roma establece que cuando un país no tenga la posibilidad de juzgar actos de lesa humanidad, la denuncia va a la Corte Internacional”.

Control

Y una de las causales para que en Bolivia no sea posible dicho juzgamiento es la “cooptación” de la Justicia, el “control” de los jueces por parte de un partido político.

Esto, destaca Lima Magne, es una pura acusación, que en regla tendría que probarse y buscar la sanción de los implicados, pues va contra el principio constitucional de independencia e imparcialidad del juzgador (artículo 178 de la Constitución). Y no se olvide que cuando se dice “la Justicia” cooptada, se está hablando del último al primer juez del país.

“El hecho que señala de que la Justicia está en manos del MAS si bien puede ser una afirmación es una afirmación difamatoria, porque un juez por naturaleza debe ser imparcial e independiente; si es que depende de una persona, así sea un líder político, estaríamos hablando de la comisión permanente de un delito. Es una afirmación que van a tener que probar, demostrar con pruebas, no solamente con apreciaciones subjetivas ante la Corte Penal Internacional; yo creo que eso es imposible de probar”, señala el constitucionalista.

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, por su parte, registra el periódico Cambio, incluso habla de que si el Gobierno no es capaz de probrar sus acusaciones se expone a un proceso esta vez por parte de los acusados: “El Gobierno, mediante la Procuraduría, ha tenido que reunir suficientes evidencias, no recortes de periódicos, no panfletos; sino evidencias claras y objetivas que vayan a presumir que ellos tienen la facultad y la suficiente prueba para poder acudir al Tribunal de La Haya; caso contrario, podría darse la vuelta la situación y el Estado va a tener que pagar daños y perjuicios a las personas denunciadas”, dijo.

La Procuraduría presentó la denuncia en la CPI, respaldándose, señaló el procurador Cabrera, en el artículo 14 del Estatuto de Roma, que describe la “remisión de una situación por un Estado Parte”. Dice el primer punto de dicho artículo: “Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”.

Con relación a esto, Lima contrapone el artículo 17 del mismo Estatuto de Roma, cuando en su inciso a) dice que un asunto no será admitido por la Corte cuando “sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”; y esta no voluntad o incapacidad de llevar a cabo dicho enjuiciamiento, hasta ahora no se ha podido verificar por parte del Gobierno; de ahí que se puede hablar, señala Lima, de una práctica cesión de la sobernía de la Justicia boliviana.

La incapacidad de administrar justicia no es poca cosa, pues se trata de un hecho propio de “estados fallidos”, insiste el constitucionalista: “en las cinco sentencias de la Corte y los 27 casos que están en juicio actualmente son estados fallidos, estados donde no existe justicia; por eso reclamo que el Procurador nos ha puesto al nivel de estados fallidos, que no tienen en abosluto posibilidad de hacer justicia; (cuando) en Bolivia tenemos capacidad de hacer justicia y para darles una respuesta a las víctimas o a las que se consideran víctimas de los hechos que han ocurrido” (los bloqueos de caminos en 12 días de agosto).

En cuanto a la tipificación de los hechos de agosto como delitos de lesa humanidad, como hace el Gobierno, que por eso intenta llevar el caso a la CPI, Lima reclama que pese a que dicha calificación delictiva no está en las leyes bolivianas, sí existen las figuras legales con que se puede encausar suficientemente a los posibles culpables: “los hechos que se están investigando (el bloqueo y sus consecuencias), por los que se está buscando justicia, son hechos que ya en Bolivia están tipificados, bajo formas de homicidio culposo, destrucción de la propiedad ajena, los daños, o la propias muertes de las personas, como asesinato, están tipificados, tenemos tipos penales específicos”.

Jurisdicción

Ahora, tampoco deja de ser polémica la lógica de la denuncia que señala que no habiendo el delito de lesa humanidad en el país, si la CPI encuentra culpables a los acusados (Evo Morales, Juan Carlos Guarachi y Leonardo Loza), directamente podrá perseguirlos; aplicar la jurisdicción internacional a la local sin más.

Una de las exigencias de la CPI es que todos los países incorporen los tres delitos (genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra) a la legislación nacional; solo de este modo, se podrá aplicar en pleno el fallo de la CPI en el país.

“Para que una conducta sea delito debe estar tipificada en el país donde se la piensa aplicar, bajo el principio de legalidad. Por eso el Estatuto de Roma reclama y exige a los países que tipifiquen estas conductas; al contrario, decir ‘como no está en nuestra legislación, vamos a aplicar directamente el Estatuto de Roma’ no es una interpretación conforme al Estatuto ni conforme a los principios constitucionales de legalidad, de conocimiento que tiene que tener el ciudadano de qué conducta es delito y qué conducta no lo es; lo que está diciendo el Procurador es que la cesión de soberanía no solamente es de los jueces, también está cediendo soberanía en legislar, en crear delitos y reconocérselo al Estatuto de Roma”, concluye el abogado Lima.

En lo relativo al procesamiento del “caso boliviano” en la CPI, si bien la Fiscalía de la Corte confirmó que el viernes 4 recibió la denuncia que interpusiera el Gobierno interino de Bolivia, esta recepción se enmarca en la figura de “remisión”.

“El 4 de septiembre de 2020, recibí una remisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la situación con la situación en su propio territorio”, señaló mediante un comunicado la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.

Según recogió Europa Press, la fiscal Bensouda reveló que el Gobierno boliviano indica que los bloqueos fueron cometidos “de manera deliberada” para causar “sufrimientos graves en la integridad física y la salud mental de la población”.

El Gobierno de Bolivia sostiene que en agosto de 2020 miembros del partido político Movimiento Al Socialismo y organizaciones afines llevaron a cabo una línea de conducta (…) consistente en atacar a la población boliviana, a través de la coordinación de bloqueos en distintos puntos de todo el país”, explicó la Fiscal General de la CPI, según recoge la agencia EFE.

La Fiscal jefe de la CPI aclaró, sin embargo, que la petición del Gobierno boliviano “no conlleva automáticamente la apertura de una investigación”.

Para que se active una investigación, destaca la Fiscal, su oficina debe analizar primero si el caso amerita “la competencia, la admisibilidad y el interés de la Justicia”.

En general, el procedimiento de la CPI consiste en: I) el examen preliminar del caso, II) la fase de investigación y enjuiciamiento, y, III) el juicio oral y la posterior sentencia.

La denuncia del Gobierno se encuentra en el examen preliminar; por esto, informó la fiscal Bensouda, se la remitió a una sala para este nivel de consideración: “La Fiscal General ha informado de la situación al presidente de la CPI, que asignará la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares formada por tres magistrados, trámite habitual en el caso de las remisiones”, señala el reporte de EFE.

No obstante, aclara la Fiscal jefe de la CPI, destaca Europa Press, “si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación”, lo que implicaría un trámite más acelerado del caso

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Tendencias Globales

Una mirada a las tendencias económicas mundiales tras la pandemia

/ 16 de septiembre de 2020 / 06:32

La crisis pandémica del COVID-19 caló hondo en la génesis del sistema capitalista moderno. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos trajo consecuencias globales. Este país había asumido por décadas el protagonismo de la globalización, pero la administración Trump dio un giro inesperado a la política exterior: dejó de interesarle el liderazgo mundial y pasó a velar por los intereses internos, fiel al famoso eslogan “American First”.

Así, la política exterior norteamericana se enfocó en quebrantar convenios internacionales como el acuerdo de París de cambio climático, el pacto de no proliferación de armas nucleares con Irán y Rusia, su más reciente salida de la OMS.

La retirada de Estados Unidos como actor central de la globalización dejó un vacío de poder que la tímida incursión china no logró suplir, porque los intereses chinos se centran en lo económico a nivel mundial y geopolítico solo a escala regional.

El proceso de des-globalización también se ha reforzado en Europa con el brexit. La incapacidad de encontrar una salida constitucional para que el Reino Unido deje los compromisos económicos vinculantes que le atan a la Unión Europea, provocó la dimisión de la primera ministra Theresa May, para ser reemplazada por Boris Johnson, uno de principales críticos a la política excesivamente gradualista de May.

Otra cuestión que sacó a relucir la pandemia fue las desigualdades en el mundo entre países, regiones, grupos etarios, razas, género, etc. La crisis sanitaria desnudó que el mundo es más desigual de lo que realmente pensábamos. La pandemia golpea más a los pobres, no solo porque son los más propensos a contraer el virus sino porque son los más vulnerables a sus consecuencias económicas y sociales. La CEPAL advirtió que la crisis sanitaria podría convertirse en crisis alimentaria. En el mundo desarrollado la desigualdad se hace cada vez más flagrante y denunciada por economistas de renombre como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

La pandemia ha exteriorizado nuevas formas de desigualdad global como las brechas tecnológicas, las digitales, las de acceso a servicios de salud, de infraestructura sanitaria, de capital humano y de participación social. La crisis de la pandemia bien podría derivar en una verdadera crisis de la desigualdad.

La agenda de la pospandemia con seguridad también demandará mayor conciencia social en el tipo de modelo de desarrollo y su impacto ambiental. El shock petrolero de abril de 2020 dejó como lección que el mercado puede llevar a equilibrios irracionales por efectos de la sobreproducción de energía no renovable. Los primeros esfuerzos para enfrentar el cambio climático se han anunciado desde Europa con la reducción gradual de la producción de autos de combustión interna y la masificación de autos eléctricos. En Francia se formó una comisión con la tarea de replantear el patrón de producción y el diseño de impuestos a la contaminación del medio ambiente.

La política macroeconómica a escala mundial también ha estado puesta a prueba tras la crisis financiera mundial y la reciente crisis sanitaria. A diferencia con la primera que tuvo un origen financiero y un epicentro más acotado en los países avanzados, la crisis actual tiene un carácter multisectorial y cuya intensidad se hace sentir con mayor crudeza en las economías en desarrollo.

Se debe matizar que el espacio de la política entre países y regiones es diametralmente asimétrico. Mientras los desarrollados gozan de una capacidad financiera descomunal para implementar programas ambiciosos de reactivación económica porque gozan del monopolio de la divisa internacional, en el mundo en desarrollo se vive una suerte de iliquidez financiera ante la caída de los ingresos de exportación y el endurecimiento de las condiciones financieras de los mercados para acceder a mayor financiamiento externo.

Un último cambio fundamental a considerar tiene que ver con el rol del Estado. Las crecientes demandas de mayor intervención estatal para proveer más bienes públicos en salud y contrastar los efectos negativos que dejará la crisis sanitaria han sido un común denominador por todos los economistas incluidos los detractores del intervencionismo estatal. Pero, detrás de esta aparente reivindicación de la importancia del Estado se ocultan objetivos y aspiraciones contradictorios; la intervención estatal, por ejemplo, se fundamenta en la necesidad de rescatar al sector privado. La crisis financiera global fue un claro ejemplo de esta mentalidad. Los gobiernos salieron al socorro de los grandes conglomerados financieros para evitar una crisis de mayores proporciones, la misma que terminó siendo pagada por las familias y los contribuyentes, para quienes no hubo rescate de sus deudas y obligaciones.

La crisis sanitaria igual está demandando mayores ayudas estatales para los principales negocios afectados por el confinamiento, con una lógica bastante parecida. El rol del Estado parecería estar subordinado a la total socialización de las pérdidas privadas. Esta reaparición del Estado es totalmente engañosa y transfigurada de la verdadera esencia de la función del Estado.

La humanidad se encuentra frente a un cambio de era, en el cual los desafíos que imponen la nueva agenda pospandémica son más exigentes y donde las necesidades sociales son cada vez más complejas y globales y reclaman con urgencia la necesidad de reinventar al Estado en cuanto a su alcance, capacidad de acción y protección a la sociedad.

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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Lo vernáculo y lo utópico

Reflexión acerca de la convergencia entre lo tradicional y lo moderno en el desarrollo de los pueblos

/ 16 de septiembre de 2020 / 06:31

Consultar cualquier diccionario moderno nos lleva a concluir que lo vernáculo y lo utópico son conceptos opuestos. Mientras que lo vernáculo (del latín vernaculus) significa que es propio de un lugar o una región, lo utópico (de Utopía, título del famoso libro de Thomas More [1516]) significa lo que caracterizaría a un gobierno imaginario en ningún lugar específico.

En sentido figurado, mientras que lo vernáculo es lo correcto, puro, de la tierra, lo utópico es lo fantasioso, imaginario, quimérico. En este texto, trato de demostrar que, contrariamente a esta aparente contradicción y al consenso de los diccionarios al respecto, hay más complicidad entre los dos términos de lo que se puede imaginar, y que estas complicidades se han hecho más visibles en los últimos tiempos.

El título de este texto se inspiró en la obra de uno de los teóricos marxistas más notables y olvidados del siglo pasado, Teodor Shanin, quien llevó a cabo trabajos pioneros para rescatar la riqueza, diversidad y carácter dinámico del pensamiento de Karl Marx (contra todas las ortodoxias, marxistas y no marxistas). Shanin se dedicó, en particular, a mostrar la importancia de la obra inédita de Marx después de la publicación del primer volumen de Das Kapitalen 1867 (la última obra importante que publicó en vida) hasta su muerte en 1883, titulando su trabajo “El Marx tardío”, nada más y nada menos que 30.000 páginas de notas. Hasta la publicación de El Capital, y a pesar de haber leído más que ningún otro teórico europeo contemporáneo sobre la historia de las sociedades no europeas, es decir, las asiáticas, Marx las analizó desde una perspectiva eurocéntrica, evolutiva, centrada en la idea de que tales sociedades representaban etapas anteriores y desesperadamente anticuadas de las sociedades capitalistas desarrolladas de Europa. Incluso en el caso de éstas, la única que analizó con impresionante detalle y lucidez fue Inglaterra, la economía capitalista más desarrollada de su tiempo.

Atento a los movimientos revolucionarios que surgían en el centro de Europa y que no eran compatibles con el modelo de revolución proletaria que había teorizado, Marx comenzó a darles una atención privilegiada en lugar de ignorarlos o encuadrarlos por la fuerza en su teoría. Si esto es cierto en el caso de la Comuna de París de 1871, lo es aún más en el caso del movimiento populista revolucionario ruso de base campesina, muy fuerte en las décadas de 1870 y 1880. Para comprender lo que estaba sucediendo en Rusia, Marx comenzó a estudiar ruso de forma obsesiva (como si se tratara de “una cuestión de vida o muerte”, como se quejaba su mujer en una carta a Engels, fiel compañero y colaborador de Marx). Desde entonces hasta su muerte, la heterogeneidad de las historias y transformaciones sociales se convirtieron en un hecho central en las reflexiones de Marx.

Las consecuencias teóricas fueron inmediatas: no existen leyes monolíticas de desarrollo social; no hay una, pero sí varias vías para llegar al socialismo, y los análisis de El Capital solo son totalmente válidos para el caso de Inglaterra; el campesino, lejos de ser un obstáculo o un residuo histórico, puede, en determinadas circunstancias, ser un sujeto revolucionario. Todo esto sonaba extraño, teóricamente impuro y “poco marxista” a los ojos de la mayoría de los marxistas de finales del siglo XIX.

Esta evolución del pensamiento de Marx llegó a ser considerada un signo de debilidad mental asociada con la vejez, y una de las cuatro versiones de la carta de Marx a una populista rusa, Vera Zazulich, fue censurada por marxistas rusos y solo fue publicada en… 1924.

Curiosamente, las mismas críticas de impureza teórica fueron dirigidas a Lenin por sus camaradas después de 1905-1907.

¿Cuáles eran después de todo los pecados de Marx? Eran dos.

Por un lado, haber valorado contextos y experiencias locales, vernáculas, a pesar de que se desviaban de estándares supuestamente universales. Por otro lado, atribuir valor positivo e incluso utópico a lo antiguo, aparentemente residual (la comuna campesina rusa basada en la propiedad comunitaria y la democracia de base, aunque siempre bajo la vigilancia del Estado despótico zarista) y desafiaba, con su voluntarismo y moralismo, las leyes objetivas (y no morales) de la evolución social que él mismo había descubierto.

Todo esto parece historia de un pasado lejano y sin relevancia para nuestro presente y futuro, pero de hecho no lo es. Este tipo de debate, sobre la necesidad de buscar en las tradiciones las energías y pistas para mejorar el futuro y, en general, sobre las dificultades de la teoría pura, sea la que sea, para dar cuenta de la realidad siempre rebelde y siempre en movimiento, ha acompañado todo el siglo pasado, y creo que nos acompañará en el siglo actual. Por ejemplo, mencionaría dos contextos muy diferentes en los que el debate estuvo presente (si es que no lo sigue estando). Dejo de lado el hecho de que ninguno de los procesos revolucionarios que se estabilizaron en el siglo pasado fueron dirigidos por la clase obrera en los términos precisos previstos por la teoría marxista, desde las revoluciones rusas de 1905 y 1917 hasta la revolución mexicana de 1910, desde las revoluciones chinas de 1910, 1927-37 y 1949 hasta la revolución vietnamita de 1945 y la revolución cubana de 1959. En todos ellos, el protagonista era el pueblo trabajador oprimido en el campo y en la ciudad, y en algunos de ellos los campesinos jugaron un papel decisivo.

El primer contexto fue la descolonización en el subcontinente asiático (especialmente en la India) y en África. En todos los procesos de independencia, el dilema entre dificultades u oportunidades estaba presente, el hecho de que las realidades locales estaban tan alejadas de las realidades europeas estudiadas por Marx que solo con muchas adaptaciones podrían imaginarse revoluciones nacionalistas de vocación socialista en versión marxista. En el caso de India, el debate se calentó dentro de las fuerzas nacionalistas: por un lado, la posición de Nehru, que asociaba el socialismo con la modernización en India, en términos cercanos a los de la modernización europea; por el otro, Gandhi, para quien la riqueza de la cultura india y las experiencias comunitarias ofrecían la mejor garantía de una liberación real. En 1947 prevaleció la posición de Nehru, pero la tradición gandhiana se ha mantenido viva y activa hasta el día de hoy.

En África, el lapso va desde 1957 (la independencia de Ghana) hasta 1975 (la independencia de las colonias portuguesas). Bajo pena de cometer alguna omisión, creo que los cuatro líderes más notables en la lucha de liberación anticolonial fueron Kwame Nkrumah (Ghana), Julius Nyerere (Tanzania), Leopold Senghor (Senegal) y Amílcar Cabral (GuineaBissau). Todos ellos vivieron intensamente en el debate sobre el valor del vernáculo africano y todos ellos buscaron, incluso de manera diferente, neutralizar el eurocentrismo de Marx e imaginar futuros para sus países que valorizasen la cultura, las tradiciones y las formas de vida africanas. Cada uno a su manera contribuyó a la idea del socialismo africano que reclamaba la diversidad de los caminos hacia el desarrollo en los que el humanismo africano tomaba el lugar del progreso unilineal y a toda costa, y en el que las experiencias ancestrales de la vida comunitaria tenían más prioridad que la lucha de clases. En todos ellos estaba presente la posibilidad de que lo vernáculo local y ancestral se convirtiera en la idea movilizadora de una utopía de liberación. Obviamente, como en el difunto Marx, que ninguno de ellos conocía, lo vernáculo tendría que ser adaptado para dar rienda suelta a su potencial utópico.

Cuando en 1975 las entonces colonias portuguesas ascendieron a la independencia, las condiciones del debate habían cambiado profundamente debido al contexto externo y también al conocimiento de la evolución de las experiencias anteriores de independencia en el continente. Aun así, la tensión entre lo vernáculo y lo utópico se manifestó de múltiples maneras. Por poner solo un ejemplo, en Mozambique, el partido Frelimo (1) comenzó adoptando una posición hostil hacia todo lo que era tradicional porque veía en él un pasado irreparablemente adulterado por la violencia colonial. Por lo tanto, fue hostil a la continuidad de las autoridades tradicionales que administraban justicia informalmente, por parte de miembros de la comunidad y utilizando los sistemas de justicias africanos. Sin embargo, el desmantelamiento de este sistema de autoridades comunitarias provocó tal perturbación en las formas de convivencia pacífica en las comunidades, donde la justicia oficial no llegó para nada, que el gobierno revirtió y legitimó, ya en 2000, a estas autoridades, que hoy operan en paralelo a los juzgados comunitarios. De manera similar, en Guinea-Bissau y Cabo Verde, los tribunales persistieron con el nombre de tribunales de zona.

El segundo contexto, muy diferente y mucho más reciente, tuvo lugar en México con el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, y en Bolivia y Ecuador, con los procesos constituyentes que siguieron a las victorias en las elecciones presidenciales de Evo Morales (2006) y Rafael Correa (2007). La experiencia zapatista representa una de las combinaciones más complejas entre lo vernáculo y lo utópico, combinando al día de hoy los ideales de liberación social y política con la valorización de la cultura y las experiencias comunitarias de los pueblos indígenas del sur de México. Una comprensión contrahegemónica de los ideales de derechos humanos se articula con una afirmación radical de autogobierno e innovación constante de lo propio y lo ancestral. A su vez, las dos experiencias democráticas en Bolivia y Ecuador ocurrieron después de décadas de movilización de los pueblos indígenas, de modo que las cosmovisiones ancestrales indígenas imprimieron de forma decisiva su marca en las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). La idea del desarrollo fue sustituida por la idea del Buen vivir, la concepción de la naturaleza como recurso natural fue sustituida por la concepción de la naturaleza como Pachamama, la madre-tierra que debe ser cuidada y cuyos derechos están específicamente consagrados en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana.

La articulación entre lo vernáculo y utópico, entre el pasado y el futuro, reunió el entusiasmo de los movimientos ecologistas urbanos de muchos países que, sin conocer la filosofía indígena, se sintieron atraídos por el respeto que surgió de ella y por los valores del cuidado de la naturaleza y la conciencia ecológica que los movilizó. Como había sucedido antes con los zapatistas, el nuevo e innovador énfasis en lo vernáculo y lo local, creó lenguajes que trascendieron el lugar y se integraron en narrativas emancipadoras cosmopolitas con un registro anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Esta tensión creativa entre lo vernáculo y lo utópico no terminó con las experiencias históricas que acabo de mencionar. Me atrevo a pensar que nos acompañará en este siglo, ciertamente fortalecido por las alternativas que se abren en el periodo pospandemia. Cada vez es más evidente que si las sociedades y las economías no adoptan formas de vida distintas de las basadas en la explotación injusta e ilimitada de los recursos naturales y los recursos humanos, la vida humana en el planeta estará en riesgo de extinción.

(*) Artículo extractado de Other News en Español. Traducción de Bryan Vargas Reyes.

(**) Boaventura De Sousa Santos es sociólogo, portugués*

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50 años del triunfo de Salvador Allende

Chile 1970, ‘la revolución con empanadas y vino tinto’

/ 16 de septiembre de 2020 / 06:30

Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente/ será el pueblo quien construya, un Chile bien diferente/ Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la Unidad Popular, es para todo el que quiera”. Esta estrofa de la Canción del Poder Popular, compuesta por el grupo musical Inti Illimani, resume bastante bien el sueño revolucionario de Salvador Allende, quien llegó después de tres intentos anteriores al Palacio de la Moneda, un 4 de septiembre de 1970, hace 50 años.

El gobierno de la Unidad Popular chilena, una coalición política que consiguió la imposible misión de aunar bajo un mismo paraguas a partidos de izquierda, quería terminar con las desigualdades históricas que había sufrido el pueblo de Chile y hacer partícipes a sus ciudadanos del proceso de transformación social por la vía pacífica. De esta manera, las capas sociales más discriminadas aportarían por igual a la construcción del Hombre Nuevo, del que había hablado Marx, luego Gramsci, y posteriormente Ernesto Guevara.

La vía chilena al socialismo o como se le conocía coloquialmente “la revolución con empanadas y vino tinto”, contemplaba la ejecución del Programa de la Unidad Popular que se resumía en 40 puntos.

Desde medidas tan revolucionarias como la nacionalización de las principales empresas del país (entre ellas, el cobre), hasta disposiciones adelantadas a la época, como asegurar a cada niño y niña el consumo de medio litro de leche diaria, o la descentralización del acceso al arte a través de la creación de los Institutos Provinciales de Cultura.

Se trataba de un proyecto transformador e integral que no dejaba al descuido ningún aspecto del desarrollo social, económico y humano, que terminó violentamente tras mil días con el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

Quienes participaron en el programa de gobierno o compartieron los ideales de la Unidad Popular vivieron un cambio en sus vidas que los marcó para siempre. Medio siglo después, actores desde diferentes disciplinas y áreas del saber relatan cómo recuerdan aquellos días y las transformaciones que ha sufrido el país, desde ese entonces.

Un Chile bien diferente

El poeta y ensayista Sergio Macías confiesa que el triunfo de Salvador Allende fue una de las ilusiones políticas más grandes que ha tenido “vimos un nuevo camino de libertad y de justicia social. A los pobres se les marginaba, menospreciaba y, a veces, cristianamente se les trataba de pobrecitos ayudándolos con algo de ropa y comida, que algunas señoras de la clase alta después del técanasta iban a dejar a las poblaciones, haciendo luego publicidad de la caridad que realizaban. Con la Unidad Popular surgía una nueva etapa donde el ser humano era lo más importante”.

El rescate de esa humanización del desarrollo, incluido en el programa de la Unidad Popular que gobernó con Allende, queda también de manifiesto en el relato de Laura González, doctora que trabajaba en el sistema público de sanidad en Chile en ese momento.

“Era tanta la ilusión que yo participé ese día como vocal en una mesa electoral en Las Condes (Santiago). Recuerdo que por la tarde se acercó a esa mesa Eric Schnake, diputado socialista y me dijo muy bajito, ‘vamos ganando’. Me fui caminando a la casa y recuerdo que había un gran silencio en el barrio, pero ya se podía saborear la victoria, en la que tuvieron un papel fundamental las mujeres menores de 30 años, que le dieron el triunfo a Allende. Como médica, destaco del gobierno de la Unidad Popular su profunda preocupación porque el sistema sanitario beneficiara a todos los chilenos. El mundo rural en ese entonces, prácticamente no tenía acceso a la salud y en los niños había desnutrición”, explica desde Chile, la viuda del funcionario español de Naciones Unidas, Carmelo Soria, asesinado por la dictadura de Pinochet.

El futbolista Carlos Caszely, seleccionado nacional en 1971, también recuerda los primeros días de la Unidad Popular: “Tenía como dieciocho años, estaba en la Universidad cuando se empieza a dilucidar quién podría ser el Presidente de Chile y recuerdo que decían: cuando seamos dueños del cobre, no los americanos, ¡Chile va a tirar para arriba! Nunca me voy a olvidar lo que me dijo una vez mi madre para explicarme los planes de nacionalización del cobre: ‘Tú eres dueño de la casa, la arriendas y esa gente le pone los muebles y después te la quieren vender. Lo mismo que el cobre. El cobre es nuestro, ellos ponen las máquinas y te lo venden más caro. Cuando el cobre sea nuestro vamos a tener más plata para la educación, ¡más plata para todos y vamos a ser un país mas grande! Estuve con Allende varias veces y comprobé que tenía bastantes coincidencias con su planteamiento», recuerda Caszely, que posteriormente jugó en los clubes Levante y Espanyol.

“El sueño de Allende lo revivo todos los días, y lo reviví hace poco, cuando volví a votar después de la última vez que lo hice en Chile el 4 de septiembre de 1970”, sostiene el guitarrista Eulogio Dávalos, quien trabajó en la política cultural de la UP. “Participé en la Discoteca de la Canción La Discoteca del Cantar Popular (DICAP), un sello discográfico chileno destinado a publicar a los artistas que no tenían espacio en los sellos multinacionales por sus temáticas contestatarias y anticapitalistas. Se convirtió en el soporte discográfico de la Nueva Canción Chilena, con figuras como Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Ángel Parra o Inti Illimani”, relata Dávalos desde Barcelona, lugar donde se exilió en 1975.

La revolución de 2019

El aniversario cincuenta de la Unidad Popular llega en un Chile muy diferente al del año pasado. Desde el 18 de octubre el descontento de muchos chilenos indignados por las inequidades del modelo neoliberal impuesto por la dictadura y por la pasividad de los gobiernos democráticos, quedó reflejado en las calles a través del estallido social que tiene como objetivo inicial cambiar la Constitución de Pinochet.

Para Laura González, este movimiento difiere de la Unidad Popular al no tener dirección política ni un líder. Sin embargo, ve una similitud al atravesar dice, todas las capas sociales.

“Otro símil con la UP, podría decirse que es la presencia de la mujer y sus reivindicaciones actuales reflejadas por ejemplo con el grupo Las tesisy su performance El violador eres tú, que ha dado la vuelta al mundo, haciendo universal la causa feminista”.

Para el ingeniero agrónomo valenciano Vicent Garcés, la revuelta ciudadana de 2019 “es un gran indicador de que los sueños no han muerto. Los golpistas abortaron el proceso político, democrático, que visualizaba Allende para superar la crisis de aquellos momentos. Esperemos que, en esta ocasión, el pueblo de Chile encuentre los caminos para seguir avanzando y superar las trampas de todo tipo que se le van a tender. Esos caminos tienen mucho que ver con las ilusiones, las esperanzas y las propuestas del Programa de la Unidad Popular, que el presidente Allende encarnó y defendió hasta su muerte. Lo que nunca entendieron los golpistas, y nunca entenderán sus sucesores es que en la memoria y en las esperanzas del pueblo de Chile y de los pueblos del mundo Allende y su pensamiento siguen vivos”, señala Garcés, asesor junto a su hermano Joan, del presidente Allende.

(*) Carolina Espinoza Cartes es periodista, chilena. Público.es

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