sábado 31 oct 2020 | Actualizado a 08:40

Lo de ENDE puede usarse contra el país en varios juicios

El exprocurador general del Estado, José María Cabrera

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:05

El Procurador ahora destituido se fue por un claro enfrentamiento con el ministro Arturo Murillo

Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.

Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones. 

—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?

—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos  y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.

—Un tema de procedimiento.

—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal. 

—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?

—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.

—Murillo se le puso al frente.

—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.

Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.

—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.

—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.

—¿Hay alguna forma de obligarle?

—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.

—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?

—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.

—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?

—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.

—¿Otros casos que esté investigando?

—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones. 

—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?

—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.

—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?

—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.

José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.

Datos

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.

Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado

Perfil

Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

El inesperado repunte del MAS

Los 26 puntos que separan a Arce de Mesa son una suerte de ‘resurrección’ con respecto a octubre de 2019

Por Iván Bustillos

/ 28 de octubre de 2020 / 06:40

¿Qué pasó? Finalmente, el viernes por la mañana, a las 08.50, el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo reportó el escrutinio del 100% de las actas de la elección del domingo 18. El resultado “mundial” (Bolivia más el voto en el exterior) dio 55,11% de la votación para el Movimiento Al Socialismo (MAS); 28,85% para Comunidad Ciudadana (CC); y, 13,97% para Creemos.

En varios sentidos, esta elección es peculiar. Hasta hace dos semanas, las dos encuestas más difundidas, de Ciesmori y del consorcio Tu Voto Cuenta, daban una diferencia entre los candidatos del MAS, Luis Arce, y de CC, Carlos Mesa, de 7,9 puntos porcentuales en el caso de Ciesmori, y de 6,8 para Tu Voto Cuenta. La idea era que, mal que bien, con la salida de la carrera de Juntos (Jeanine Áñez) y Libre21 (Jorge Quiroga) el voto anti-MAS se acercaba al MAS, y se daba por descontado que se iría a segunda vuelta, y ahí, estaba meridianamente claro, que al fin el MAS sería derrotado. Era tal el ambiente —el deseo, acaso— de la segunda vuelta que un medio colega, el domingo anterior a la elección, presentó la encuesta en que Mesa y Arce (ya) estaban empatados, que incluso CC ganaba al MAS por una décima, 27,2 a 27,1. En el resultado oficial, Arce se distanció de Mesa 26,26 puntos porcentuales, casi doblándole el porcentaje de votación. Con todo, no es la mayor distancia del MAS respecto de su segundo; si bien es más en relación a la elección de 2005 (25,15 puntos de distancia), es menos en vista a los comicios de 2009 (37,76 puntos) y de 2014 (37,13 puntos); pero por supuesto que es significativa, sorprendente y hasta desconcertantemente mayor que la estrecha victoria que el MAS obtuvo sobre CC en la elección fallida de 2019: apenas 10,57 puntos porcentuales, rayando en lo mínimo para evitar la segunda vuelta.

Ésta, también, es la primera elección en la historia del MAS que el candidato no es Evo Morales; y si bien el exmandatario fue el “jefe de la campaña” y Arce y Choquehuanca fueron sus ministros que mayor tiempo le acompañaron en sus tres gobiernos, desde antes de la elección ambos establecieron una nítida distancia con el exmandatario; el más claro fue Arce, que en una entrevista dijo que él no era Evo, y que si éste quiere ayudar en el gobierno, será bienvenido, pero que eso no significará que sea parte de la gestión.

Y he aquí uno de los primeros problemas del futuro gobierno del MAS, adelantan los analistas: ¿cómo gestionar la presencia e incidencia del líder del partido, Evo Morales, en la próxima administración gubernamental?

La elección del 18, además del repunte del MAS, ha significado un peculiar retorno a la Asamblea Legislativa Plurinacional de 2005, cuando el MAS tenía lo que se puede llamar una “mayoría compleja”: tiene la mayoría absoluta en las tres instancias legislativas: el Senado, Diputados y en el plenario de la Asamblea, pero no ha alcanzado los anhelados dos tercios.  Uno de los análisis más completos que se hizo de los resultados de la elección del domingo fue el del miércoles 21 en el programa de televisión para internet Piedra, papel y tintade La Razón. Allí, el sociólogo político cochabambino Fernando Mayorga, destaca tres hechos para la sorpresiva vitoria del MAS en primera vuelta.

Primero, que a la idea que los opositores al MAS insistían en que el 18 se jugaba la contradicción “dictadura-democracia”, el MAS frente al resto, respectivamente, se impuso el dilema “crisis económica-estabilidad”, pues bien, muchos indecisos se ubicaron en este plano y votaron por Arce, por la confianza en su gestión económica. En segundo lugar, y no menos relevante, dice Mayorga, es que el MAS en 2020 “recuperó una votación perdida en la elección de 2019”; específicamente alude a la gente que votó por Chi Hyun Chung, que el año pasado obtuvo el 8% nacional, que en La Paz y Oruro pasó del 14-15%, y que el domingo 18 apenas pasó el 1% a nivel país. Y, tercero, que esta vez con más fuerza volvió a expresarse el “peso de lo identitario, que explica el voto cohesionado, sobre todo en el mundo aymara”. Esto se puede ver en el caso de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, donde pese a ganar por décimas o hasta perder en la ciudades capitales, es el “voto rural” el que inclina la balanza hacia el MAS. Voto no capitalino, habría que decir, pues buena parte de la “victoria rural” de Arce se debe a las grandes ciudades intermedias más menos cercanas al municipio-capital; siendo el caso más nítido la pareja contrapuesta La Paz-El Alto.

La crisis económica, sí hoy día es el factor que hizo decidir a mucha gente por el MAS, destaca la analista Lourdes Montero, pero además, esa crisis, hará retroceder, dice, los actuales aprestos negacionistas de la elección, de rechazo al proceso en bloque porque no puede ser que el MAS haya logrado una victoria de tal contundencia. Hay un enorme enojo por parte de los sectores derrotados en la elección del domingo, pero “yo creo que no va a haber mucho más allá; lo que puede contener esto es una amenaza mayor que es la crisis económica; el instrumento del paro cívico, que ya lo han anunciado, podría ser detenido frente al riesgo que implica hundirnos más en la crisis económica”, y Santa Cruz en sus distintos estratos productivos es lo que menos quiere, destaca Montero.

La cineasta Verónica Córdova, por su lado propuso que el inesperado repunte del MAS el 18 proviene de la adscripción democrática del votante boliviano. “Yo creo que la señal que ha dado el pueblo boliviano con su votación el domingo, más allá que apoyar a un candidato, ha rechazado una visión de país que se estaba tratando de imponer por la fuerza, una visión de país neoliberal, con un fundamentalismo religioso, con una mirada discriminadora hacia las mayorías; el secuestro de la palabra democracia, que decía ‘nosotros somos los democráticos y todos los demás son antidemocráticos, ha sido claramente rechazada en esta elección”. 

Para el economista, especializado en temas electorales, Armando Ortuño, este “apego de la gente a las instituciones democráticas y al voto como elemento de resolución de sus conflictos” precisamente se expresó en aquello que dejó muy sorprendidos a los observadores internacionales: el alto porcentaje de participación de la ciudadanía en la votación. Alrededor del 88 por ciento, éste todavía en medio de la pandemia y tras un año de conflictos políticos y sociales bajo el gobierno transitorio de Áñez. “Creo que la gente en Bolivia ha apostado finalmente a la democracia y la cultura democrática está mucho más extendida de lo que pensamos, gracias a Dios”. 

La sopresa del triunfo del MAS en primera vuelta también está, destaca a su vez el politólogo Jorge Richter, en  lo que se puede llamar “la subalternización del proceso sociopolítico del país a las encuestas”, una sustitución o suplantación de la realidad por las encuestas cometida por los políticos, analistas, medios de comunicación.

“Las encuestas no mencionaban las identidades, lo que significó la ruptura del 2019, la racialización despectiva en agosto; un conjunto de elementos que forma parte fundamental del análisis, pero que no está en el porcentaje de una encuesta”, apunta Richter. En esta ceguera de lo que pasaba, añade, no se vio que buena parte de las clases medias también veía cómo el país bajo el gobierno transitorio se precipitaba en la desinstitucionalización; clases medias que en 2019 marchaban contra el supuesto “fraude” electoral ahora le dieron su voto de confianza al MAS. Clases medias que “entendían que había un sobrerrelato de lo que significaba fraude y una ruptura institucional que se había producido en el país, y esto te lleva a que había que reconducir Bolivia hacia la vía institucional”.

En lo que se daba como análisis de la realidad política y social, reclama Richter, también se dejaba de lado los problemas de identidad, del odio, de la intolerancia, de la racialidad; “la palabra inclusión estaba absolutamente desechada de los discursos”, cuando el país estaba viviendo precisamente estos males. “Y las encuestas solo reflejando las tendencias de opinión”. Para la decisión de mucha gente de volver al MAS, acaso de manera sustancial, destaca Richter, haya estado  el miedo que el gobierno interino sembró para reprimir la disidencia que la gente pudiera tener frente a este régimen.

En el voto masivo por el MAS, advierte el politólogo, también se tendría que ver la “superación del caudillismo” en el partido-instrumento; que el MAS acaso se encuentre en la fase post Evo, que lo hace más abierto.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Politizar la pandemia

Contra lo que se cree, la pandemia es un problema cuyas soluciones son, en rigor, políticas

/ 28 de octubre de 2020 / 06:35

El hecho de politizar alguna actividad se suele entender habitualmente como algo negativo. Es lógico, si ese término se utiliza en el sentido estricto que le proporciona la Real Academia Española: dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen. En este sentido implica, efectivamente, desnaturalizar aquello que se politiza. Ocurre, sin embargo, que ese mismo término se utiliza a menudo y también con sentido negativo cuando se da orientación política a acciones o pensamientos que sí que tienen contenido político.

Con los economistas ocurre casi por sistema. A pesar de que nuestra disciplina comenzó denominándose Economía Política ya en 1615 y que la política económica, la política fiscal, la política monetaria, la política laboral, la política agraria, la política de vivienda, etc. etc. son realidades indiscutibles, hay muchos economistas que cuando escriben o hablan sobre cualquiera de los temas que todas ellas abarcan siguen diciendo que no hablan de política o de cuestiones que tienen que ver de un modo u otro con ella , lo mismo que el burgués gentilhombre de Molière hablaba en prosa sin saberlo.

Algunos economistas afirman, por ejemplo, que la política monetaria no es una cuestión política sino técnica y que, por tanto, debe despolitizarse convirtiendo a los bancos centrales en órganos independientes del poder político. Es evidente que lo que así se consigue es evitar que sus decisiones sean sometidas al escrutinio, la aprobación o la censura social, cuando la realidad es que cualquiera de ellas afecta de un modo muy desigual a los diferentes grupos sociales, de modo que su debate y cuestionamiento deberían ser obligados en una democracia. Y exactamente lo mismo pasa con cualquier otro aspecto de la vida o las decisiones económicas. No ser consciente de que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas sino políticas es una forma más de ceguera.

Politizar —es decir, llevar a la decisión o al debate políticos— cualquier acción o pensamiento que no tiene connotación política es indeseable, algo que lógicamente puede llevar a errores de decisión u opinión más o menos graves. Pero esta es exactamente la misma consecuencia que tiene no darnos cuenta de que hay acciones o pensamientos que sí son políticos y que, sin embargo, los mantenemos fuera de la política.

Es político todo aquello que afecta a los intereses colectivos y merece o demanda, por tanto, una decisión de esa naturaleza. En consecuencia, sustraer del debate colectivo (de la política) lo que es de interés colectivo (político) equivale a evitar que la sociedad en su conjunto (la polis) pueda decidir (hacer política) sobre lo que le interesa, dejando así la decisión en manos de sólo unos pocos.

Un ejemplo típico de esto último se está dando en relación con la pandemia que vivimos y con los problemas de todo tipo que trae consigo. Se critica o lamenta a veces que se politice el debate sobre las medidas a tomar, es decir, que las discutan los partidos políticos, llegando o no a acuerdos sobre lo que cada uno cree que es mejor hacer. O también que algunos científicos, sanitarios o epidemiólogos… hagan pronunciamientos mostrando su opinión sobre las medidas que toman o deberían tomar los gobernantes porque se considera que solo deben pronunciarse como técnicos y no “meterse” en política. Y, más concretamente, se lamenta que se haya politizado la pandemia a la vista del clima de juego sucio, de las mentiras, de los golpes bajos y de la violencia que predomina en el debate político de nuestro tiempo.

A mi juicio, se trata de un grave error de perspectiva.

La pandemia es un problema cuyas soluciones son políticas, en cualesquiera que sean sus dimensiones y en el sentido estricto que, como he dicho, tiene la palabra política, es decir, como la actividad que tiene que ver con la solución de los problemas que afectan a toda la ciudadanía y, además, de modo muy diferente a cada grupo social.

Dos estudios recientes han puesto de relieve la extraordinaria relevancia que tiene la desigualdad con las pandemias y, por supuesto, con la de la COVID-19 que estamos viviendo.

Uno de ellos, elaborado por Oxfam (Combatir la desigualdad en tiempos de coronavirus), comienza diciendo que “la pandemia de COVID-19 ha sacudido un mundo que no estaba preparado para hacerle frente, debido principalmente a la falta de políticas nacionales para combatir la desigualdad” y demuestra que, para combatirla y evitar que traiga consigo males mayores, es preciso reducir la brecha entre ricos y pobres en todo el mundo mediante políticas que fomenten la igualdad en todas sus dimensiones y, sobre todo, reforzando los servicios públicos, la fiscalidad y los derechos laborales. Otro estudio de historia económica (Pandemics and inequality: A historical overview) muestra que prácticamente todas las pandemias que ha sufrido la humanidad han ido seguidas de un incremento de la pobreza y la desigualdad, salvo cuando produjeron el exterminio de los pobres. Otros estudios (Pandemics and inequality) han demostrado que la que estamos viviendo vuelve a distribuir sus costes y efectos negativos de modo muy desigual entre la población.

Cualquiera de las medidas sobre la pandemia que se están tomando día a día en todos los países del mundo, desde la asignación de recursos al sector sanitario público o al privado, hasta la forma de financiar todo el gasto que se precisa para hacerle frente, pasando por los modos de aprovisionamiento o el balance entre seguridad sanitaria y beneficio económico, por ejemplo, implica tomar decisiones que no son neutras desde el punto de vista de los intereses sociales sino que afectan de un modo muy desigual a la salud, los ingresos, el bienestar y la vida en general de las diferentes personas y grupos sociales. Es por ello que una pandemia es también un problema político, o que obliga a hacer política para tomar decisiones políticas, y eso es lo que obliga a politizar todo lo que tiene que ver con su origen, su tratamiento y sus consecuencias.

(*) Juan Torres López es economista (**)

(**) Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica, uno de sus últimos libros es Economía para no dejarse engañar por los economistas. Artículo publicado originalmente en Público.es.

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¿Sorpresa por cómo votamos?

¿Por qué los bolivianos votamos como votamos? Según el autor, hay muy poco análisis, y pobre, sobre esto

/ 28 de octubre de 2020 / 06:31

Desde aquel 10 de octubre de 1982, fecha en la cual el país retomó formalmente la senda democrática, se han celebrado cerca de 40 actos eleccionarios, entre comicios presidenciales, elecciones municipales y subnacionales, elecciones judiciales, referéndums nacionales y regionales, e incluso una primaria; un hecho sin duda excepcional para la consolidación del mecanismo procedimental que es el factor esencial para la institucionalización democrática. No en vano, las elecciones han servido como válvula de escape en situaciones de crisis y se han convertido en un revulsivo para la propia continuidad del sistema, y esto no solo porque a partir del dato mencionado se puede estimar, en promedio, la celebración de una elección por cada año sino también porque esa continuidad estuvo caracterizada por la ampliación de los mecanismos de democracia representativa a los mecanismos de democracia directa, que supuso la ampliación de la propia capacidad de decisión del ciudadano, que de emisor de una preferencia electoral pasó a ser partícipe de la toma de decisiones políticas.

Todo ese desarrollo político no se corresponde, sin embargo, con el desarrollo de la ciencia, siendo tal condición ideal para esta última posibilidad; es el caso de la disciplina encargada del análisis del comportamiento electoral, que no solamente puede aportar a la comprensión de las motivaciones del voto, o brindar evidencias de por qué la gente vota como vota, sino también, parafraseando a Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet —clásicos del comportamiento electoral—: descubrir las bases del comportamiento del elector y (re)conocer cómo el pueblo elige, lo cual sienta las bases para el debate científico y académico.

En nuestro caso, al análisis del comportamiento electoral se sobrepone la episódica apertura del campo del análisis electoral, lo que a diferencia de otros países podría resultar, en apariencia, positivo, pues esa apertura permite el debate multidisciplinar, la amplia discusión en un horizonte más diverso, los argumentos creativos, la suspensión del juicio. Sin embargo, ello que aparenta ser positivo, puede resultar también en una entelequia, si aquel debate carece de conocimiento especializado, si la amplia discusión parte de simples prejuicios, si los argumentos creativos se esgrimen desde posiciones ideológicas, y si la suspensión del juicio ocurre a partir del sentido común y no de criterios científicos. Pues bien, eso es lo que ocurre recurrentemente en el país, evidencia de lo cual son los debates protagonizados por políticos, figuras de televisión, opinólogos que ocupan los espacios abiertos por los medios de comunicación para incurrir en aquella práctica común de adjetivar el voto, y redundar en las famosas “falacias ecológicas” y los “reduccionismos probabilísticos”, que en el lenguaje del comportamiento electoral consisten en inferir comportamientos del votante con base en las experiencias personales. El campo del análisis electoral es así extremadamente potente, pero el análisis del comportamiento electoral convoca a un diálogo de legos.

Suponer que ese sea un rasgo común en la región no es acertado, pues en otros países —póngase por caso México, Brasil o Colombia—, el análisis del comportamiento electoral constituye una disciplina forjada sobre la base de influencias teóricas pioneras en el tema, y que a pesar de su origen occidental han venido abonando a la solidez científica de los estudios, aportando incluso a la constitución de un núcleo epistémico en torno al cual se desarrolla e incluso se consolida esa disciplina. En nuestro país, sin embargo, tal disciplina no ha podido conformarse aún, debido a una disputa no declarada entre los estudios periodísticos y los estudios de geografía electoral, sin mencionar que estos últimos dependen de la mano de un solo estudioso (Salvador Romero Ballivián), cuyo ángulo epistemológico fue muy influyente, sobre todo en la década de los años 90, a través de la Revista Opiniones y Análisis, que solía publicar la Fundación Boliviana para la Capacitación Democrática y la Investigación (Fundemos), de la Fundación Hanns Seidel, pero que a pesar de su esfuerzo no pudo consolidar una disciplina de análisis, excepto por el propio enfoque de Romero.

Además, debido a su carácter descriptivo, la geografía electoral no aportó lo suficiente a esa posibilidad, pues sus aportes no encontraron ni encuentran réplica, ya que lastimosamente los estudios de corte más explicativo, como el de Renata Hoffman (A propósito de las elecciones municipales, de 1988), e incluso el trabajo de Javier Hurtado (Comportamiento políticos del campesinado 1878-1995), que parecían asentarse más en los postulados de las teorías sociológica y racional del voto —en su muy particular forma—, no lograron sentar un precedente importante, a pesar de ser los primeros estudios en la disciplina. Los trabajos más recientes, como los de Óscar Vargas y Joaquín Saravia (Percepciones políticas y comportamiento electoral, de 2010; Voto, ocupación y clase media: el apoyo a Evo Morales, de 2011), o el primer número de la Revista Willka (Evo Morales, entre entornos blancoides, rearticulación de las oligarquías y movimientos indígenas, de 2007), editado por el Centro Andino de Estudios Estratégicos, dan cuenta de la vigencia de un enfoque a-teórico pero que al estar basados en evidencias, especialmente en caso de los primeros, podrían ser catalogados como simplemente empiristas o enmarcados en el viejo conductismo. Y aun así, dichos estudios no logran explicar por qué votamos como votamos.

Si bien en la actualidad se discute con insistencia acerca de falta de alcance de la teoría occidental para comprender nuestras realidades — llámese pensamiento crítico, poscolonial, decolonial o de las epistemologías del sur—, a partir de lo cual se reivindica la necesidad de crear un conocimiento propio, recuperando saberes desde una posición epistémica que permita el diálogo con el otro, también se plantea que ese conocer debería consistir en un diálogo con otros saberes que implica no desestimar el conocimiento proveniente de otras latitudes; la contradicción a ese requerimiento aplica precisamente al caso del análisis del comportamiento electoral que no constituye un ámbito insondable pues sus antecedentes se remontan a finales del siglo XIX, y su sofisticación teórica comienza a mediados de la primera mitad del siglo XX, con la invención de la técnica de la encuesta y el desarrollo de las teorías estadísticas y de las muestras representativas.

No obstante, la falta de constitución de un campo de análisis supone un terreno fértil para la generación de conocimiento situado y teóricamente fundamentado, lo cual equivaldría a oponer episteme contra doxa, para desplazar aquellas visiones carentes de base científica que sorprenden y se sorprenden por cómo votamos. El conocimiento científico sería pues un buen antídoto para la sorpresa, la escatología y las especulaciones que abundan por estos días.

(*) Carlos Ichuta Nina es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales

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La ciudad inclusiva y los indígenas

Los indígenas en las ciudades deben tener dos derechos adicionales: a la semejanza y a la diferencia

/ 28 de octubre de 2020 / 06:30

Santa Cruz de la Sierra es un monstruo que se come a sus habitantes. Cada día se violan los derechos de las personas y el respeto a la vida. Con esta frase la investigadora y presidenta del Colegio Departamental de Sociólogos, Norma Casanova, describió la situación de los pueblos indígenas y afrobolivianos en la capital cruceña.  En su investigación sobre la gestión de las ciudades inclusivas y el derecho a la ciudad apuntó que también esta población sufre por la especulación de la tierra, el comercio informal, la criminalidad y la discriminación.

Derechos a la semejanza y diferencia. La mayoría de los indígenas se encuentran  en las ciudades del eje troncal del país. Santa Cruz de la Sierra es una de ellas. Para Casanova, esta situación  necesita de políticas con un enfoque de derechos, no solo fundamentales, civiles y políticos, sino los de semejanza y diferencia.  Ello significa equidad, atender a las personas de acuerdo a su necesidad.  “Cuando se habla de las ciudadanías indígenas necesariamente se tiene que hablar del derecho a la diferencia, con obligaciones y derechos como los de todos”, expresó la socióloga.

Demanda. La analista exhorta a las autoridades entrantes un requerimiento normativo especial por parte del Estado. Para ello, se remite a la Carta mundial por el derecho a la ciudad, un documento internacional elaborado por la sociedad civil favorable a la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas. El texto demanda crear ciudades que respondan a las necesidades humanas. Se dice que se debe transformar la ciudad para que favorezca a las necesidades humanas pero que también prevalezca el respeto al derecho. Sin embargo, Casanova enfatiza que el escenario en el país es muy distinto, de ahí que diga que “Santa Cruz de la Sierra es un monstruo que se come a sus habitantes”. 

La socióloga resumió las demandas de los pueblos indígenas y afroboliviano en tierra, territorio y dignidad. “Los indígenas que viven en el centro urbano nunca se desvincularon de su comunidad de origen”, resaltó. También está el tema de la autonomía indígena y las leyes de participación por minoría poblacional. Además de la necesidad de tener una secretaría de desarrollo de pueblos indígenas, puntualizó.

Propuestas. Según la investigadora, el derecho a la ciudad debe ser el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, que comprende espacios comunes para expresiones culturales, la esfera pública y el aparato estatal. Lamentó que actualmente los indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. “Las propuestas (de las candidaturas) no contemplan  este aspecto”, expresó la experta.

Interrogantes de los pueblos. Dentro del espacio de diálogo, se abordó el derecho a la ciudad de las poblaciones indígenas y afrobolivianos. Asimismo, se enfatizó en la  garantía y vigencia de sus derechos y su relación con las propuestas políticas de cara a una nueva gestión de gobierno. Tabita Méndez, del pueblo Guaraní, y Florinda Urañavi, representante del pueblo Guarayo, lamentaron la poca atención que les dan las organizaciones políticas.  “Pareciera que nos quieren eliminar a los pueblos indígenas y que no les importamos para nada. Es muy frustrante y estoy dolida”, manifestó Urañavi. “? Nosotros no somos pueblos varios, somos también afrobolivianos y así queremos que nos llamen”, señaló Adriana Peralta, que se encontraba en la sala de la plataforma.

 (*) Hikari Miki y Javier Mendez son periodistas

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Carta al Congreso

Misiva que 100 intelectuales enviaron a congresistas de Estados Unidos

/ 28 de octubre de 2020 / 06:02

8 de octubre de 2020. A los miembros del Congreso de Estados Unidos: Nosotros, los aquí firmantes, académicos estadounidenses de centros superiores y universidades de Estados Unidos y otras partes del mundo, deseamos expresar nuestra profunda preocupación por las alarmantes posturas que el Gobierno de Trump ha tomado acerca de Bolivia durante los últimos once meses, en particular su apoyo a la transición política inconstitucional del país en noviembre del año pasado, así como su silencio con respecto a numerosos y flagrantes abusos a los derechos humanos perpetrados por el Gobierno “interino” de Bolivia. Sin embargo, nos alienta ver las cartas y declaraciones de miembros del Congreso, incluidos Bernie Sanders, Jan Schakowsky, Henry Johnson, Deb Haaland, Barbara Lee, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Chuy García, Rashida Tlaib, Ayanna Pressely y otros, que llamaron la atención sobre los abusos del Gobierno de Jeanine Áñez y que criticaron el silencio del Gobierno de Trump ante estos abusos, los cuales amenazan la integridad de las próximas elecciones del país.

El 10 de noviembre de 2019, el presidente boliviano elegido democráticamente, Evo Morales Ayma, fue obligado a renunciar y huir del país bajo una fuerte presión de las fuerzas militares y policías amotinados. Las casas de miembros de su partido, el MAS (Movimiento Al Socialismo) y su familia, fueron incendiadas, y familiares de políticos del MAS fueron agredidos físicamente para obligar a los funcionarios a renunciar. Casi tres semanas antes, el 20 de octubre, el presidente Morales había ganado un cuarto mandato en el cargo recibiendo un apoyo del 47% de votos con una ventaja de más de 10 puntos frente al competidor más cercano, una cantidad suficiente para evitar una segunda vuelta. Aunque la oposición y una misión electoral de la OEA cuestionaron estos resultados y alegaron que se había producido una manipulación intencional del voto, sus afirmaciones estadísticas fueron desmentidas por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) y por investigadores independientes del MIT, la Universidad de Michigan, la Universidad de Tulane y la Universidad de Pensilvania.

Siguiendo el mandato de los movimientos sociales, desde que asumió el cargo en 2006, Morales —el primer presidente indígena del país con mayor porcentaje de población indígena en América del Sur— se había embarcado en un proyecto generalizado de reforma social. Al principio de su Gobierno, los derechos de las comunidades indígenas —que habían sido marginadas durante siglos a pesar de representar entre el 41% y el 62% de la población—  fueron reconocidos bajo una nueva Constitución aprobada en 2009 por más del 60% de los votantes. Bajo la presidencia de Morales, los programas gubernamentales redujeron la pobreza en un 40% y la pobreza extrema en un 60%. Se lograron avances importantes a través de iniciativas de base sobre los desafíos perennes que supone el cultivo ilícito de coca: se estableció el control comunitario y la negociación de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas para crear un sistema que redujera la coca destinada a la producción de cocaína. Tal logro es aún más notable si se tiene en cuenta que en Colombia, donde desde 2000 se ha gastado más de $10.5 mil millones del dinero de los contribuyentes estadounidenses en equipo militar y fumigación aérea tóxica, la tierra utilizada para el cultivo de coca ha aumentado aproximadamente en un 45% al año desde 2013.

Si bien el proyecto del MAS mejoró el bienestar de las mayorías pobres de Bolivia, la oligarquía del país y la minoría blanca que han gobernado desde el siglo XVI se opusieron enérgicamente a él y vieron con resentimiento el empoderamiento indígena. Incapaz de derrotar a Morales en las urnas, una parte de la derecha de la élite empresarial ha buscado su derrocamiento a través de otros medios, incluyendo el fomento de una secesión de los departamentos orientales del país (el bastión regional de la derecha); la formación de los llamados comités cívicos, que incluyen bandas juveniles violentas que llevan a cabo ataques racistas, además de un aluvión de falsedades en los medios.

El Gobierno de Áñez, que ha gobernado Bolivia desde el golpe de noviembre de 2019, ha hecho graves cambios en la política nacional y exterior que tenía el anterior Gobierno elegido de Bolivia. Con el Gobierno interino se han visto masacres a manifestantes, amenazas contra periodistas, el encarcelamiento de presos políticos —incluida la destacada líder sindical afroboliviana Elena Flores—, la destrucción de programas sociales, y escándalos de corrupción. Bajo Áñez, los funcionarios del Gobierno tildan continuamente a los manifestantes indígenas como terroristas y narcotraficantes, y ella misma ha calificado la cultura indígena como satánica. De igual manera, otros precursores del golpe como Luis Fernando Camacho, un fundamentalista católico multimillonario con tendencias fascistas, celebraron el derrocamiento del MAS como un hito “del regreso de Dios” al palacio presidencial.

Después de aplazar las elecciones en tres ocasiones, los comicios de Bolivia están programados para el 18 de octubre. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por el entorno político amenazador impulsado por el Gobierno interino y por otros partidarios del golpe. El Gobierno de Áñez continúa en su intento de criminalizar y destituir a los líderes del partido más grande del país, el MAS, con cuestionables cargos de corrupción y terrorismo. Además, más de 50.000 bolivianos que viven en el exterior han visto suprimido su derecho al voto. Aún más alarmantes son los informes recientes de “operaciones de bandera falsa” (operaciones encubiertas para culpabilizar a grupos inocentes), que serían actos de violencia planificados para ser falsamente atribuidos al MAS. Tal sabotaje crearía un clima de miedo con el fin de justificar posponer aún más las elecciones y prohibir la participación del MAS.

Es fundamental que los miembros del Congreso sigan monitoreando de cerca la situación y se pronuncien en contra de la persecución de opositores políticos por parte del Gobierno de Áñez y en contra de cualquier otra acción que ataque la democracia. Los miembros del Congreso a quienes les importa la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en la región también deben permanecer atentos a las palabras y acciones de los funcionarios del Gobierno estadounidense y los altos funcionarios de la Organización de los Estados Americanos, dado su apoyo tácito y, a veces, abierto a la destitución forzada del presidente democráticamente electo de Bolivia y a favor del Gobierno no electo de Áñez, a pesar de su lamentable historial de violaciones a los derechos humanos. Con encuestas recientes mostrando que el MAS lograría el 40% de los votos con una ventaja de casi 10 puntos en comparación con el segundo partido más votado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ya está poniendo en duda su potencial victoria, indicando que tal victoria sería fraudulenta.

Instamos a los miembros del Congreso a que apoyen las elecciones libres y justas en Bolivia y estén preparados para exigir responsabilidades a los funcionarios de Estados Unidos y de la OEA si contribuyen a un mayor deterioro de la democracia y de los derechos humanos en Bolivia.

(*) Versión en español de la carta que académicas y académicos remitieron a 64 legisladores del Congreso de Estados Unidos sobre las elecciones en Bolivia. Este texto fue remitido a La Razón por dos de las firmantes: Tanalís Padilla (historiadora del MIT, Massachussetts Institute of Technology) y Cindy Forster (historiadora de Scripps College).

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