miércoles 12 may 2021 | Actualizado a 10:57

Se erosiona la credibilidad de la OEA

Bernard Sanders, senador de EEUU, y otros 27 legisladores demandan revisar el análisis y conclusiones de la OEA de las elecciones del 20 de octubre de 2019

/ 30 de septiembre de 2020 / 10:16

Congresistas solo le piden revisar lo que hizo en octubre de 2019 en Bolivia, una tarea regular a que el organismo se niega

El “caso boliviano” vuelve a poner en cuestión la legitimidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la secretaría general del excanciller uruguayo Luis Almagro. Esta vez a través de la protesta que congresistas demócratas estadounidenses hicieron en estos días sobre el asunto.

Pero el reclamo demócrata tiene su antecedente inmediato. El miércoles 16 de septiembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que “por invitación del Gobierno de Bolivia” desplegará su Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones del 18 de octubre. Esto es de rutina. Lo llamativo vino luego: “La misión será encabezada por el excanciller de Costa Rica Manuel González”. (Comunicado de prensa del organismo regional). El mismo jefe de misión que tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 instalara la noción del “cambio inexplicable” de la tendencia del cómputo de votos preliminar, lo que luego dio pie a alimentar la idea del fraude electoral.

Apenas seis días después del anuncio de la OEA, 28 congresistas estadounidenses, encabezados por el senador Bernard Sanders, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instándole a que utilice “los recursos diplomáticos del Departamento de Estado para buscar de inmediato una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia”.

Sin duda se trata de una reacción de los legisladores demócratas al anuncio de la OEA del 16: “A la luz del hecho de que la OEA ha sido invitada a monitorear las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, es particularmente preocupante que el secretario (Luis) Almagro y sus colegas continúen evitando respuestas por las declaraciones y acciones que puedan haber contribuido a la erosión de la democracia y los derechos humanos en Bolivia”.

ACUSACIÓN

Aún más: de la duda y pedido de explicación, a punto seguido los legisladores pasan a la directa acusación: “El Congreso de los Estados Unidos aporta con la mayor parte del presupuesto de la OEA. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilicen para respaldar organizaciones que funcionan de manera transparente y que defienden las normas democráticas en lugar de socavarlas”.

Para rematar en una propuesta de inmediata reforma de las misiones electorales del organismo continental: “Nuestro gobierno debe trabajar con otros miembros de la OEA para asegurar que se tomen medidas correctivas para asegurar que las futuras misiones de observación electoral de la OEA desempeñen sus funciones de manera independiente, imparcial y profesional”.

Ahora, el reclamo de los congresistas demócratas del martes 22, con todo, no es nuevo. El lunes 25 de noviembre, según registró la agencia de noticias EFE, también en una carta, pero esta vez dirigida a la Misión de Observación Electoral misma dirigida por González, los congresistas demócratas Jan Schakowsky, Jared Huffman, Bobby L. Rush y Jesús García cuestionaron los pronunciamientos que éste hizo a propósito de la elección del 20 de octubre de 2019.

La MOE de la OEA, critican los congresistas, se pronunció en sentido del “cambio drástico y difícil de explicar” antes de que los votos hubieran terminado de ser contados; lo hizo sobre resultados preliminares: “después de una interrupción en el informe de los resultados preliminares”, destacaron en esa oportunidad los congresistas estadounidenses.

Pero incluso en vista del “cambio drástico” de marras, los legisladores en ese tiempo ya descreían de la tesis estadística de la OEA: El cambio drástico e inexplicable “fue repetido por la OEA y en cientos de importantes informes de los medios y se convirtió en la base para las acusaciones de fraude. Sin embargo, los datos muestran que este cambio no fue drástico ni difícil de explicar. Esperamos que la OEA ayudará a aclarar estos asuntos respondiendo a algunas preguntas básicas presentadas por los miembros del Congreso de EE.UU”, destaca la agencia EFE de la carta enviada al jefe de la MOE, el excanciller Manuel González.

Ahora, ¿qué demandaron en noviembre y qué demandan ahora los congresistas demócratas? Simplemente la auditoría de la auditoría. Toda vez que organismos académicos de seguimiento electoral, como el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), “contratistas” del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), las universidades de Pennsylvania y de Tulane, e importantes medios de comunicación estadounidenses, como The Washington Post o The New York Times, desde distintas perspectivas pusieron en duda la tesis del “cambio inexplicable”, por basarse en “un análisis estadístico aparentemente defectuoso”, los congresistas deploran que la OEA por única respuesta hasta ahora haya tenido la descalificación y la negación: “El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha involucrado en ataques ad hominemcontra sus autores [que los argumentos de estos autores son falsos solo porque provienen de ellos], así como en un ataque a los informes del New York Times, sugiriendo que es un proveedor de noticias falsas. La OEA también se ha negado a responder preguntas básicas de investigadores, medios de comunicación o miembros del Congreso sobre sus comunicados de prensa, los datos que utilizó o cómo llegó a sus conclusiones”, señala la carta, poniendo en cuestión la transparencia del organismo regional.

RECUENTO

He aquí un breve recuento de “las claves sobre las fallas del informe de la OEA sobre Bolivia” elaborado por la cadena Telesur en junio.

– La OEA, en lo fundamental concluyó que en la elección de octubre de 2019 hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

– El primer organismo que dio la alerta sobre los procedimientos de la OEA fue el el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) el 10 de noviembre de 2019, justo el día de la renuncia de Evo Morales. La Misión electoral de la OEA, dice, no proporcionó evidencia sustentando las declaraciones realizadas el 21 de octubre de 2019, cuando habló del inesperado y drástico cambio difícil de explicar. Aquí ya se señalaba que la evolución del conteo rápido era “consistente con una proyección del resultado final” que daba a Morales como ganador con el 10% de distancia con respecto al segundo, Carlos Mesa.

– Luego, el 27 de febrero el Washington Post publicó el artículo ¿Did Evo Morales win? [¿Ganó Evo Morales?] escrito por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams, investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Contratados por el CEPR para estudiar el caso, publicaron sus conclusiones en este periódico. Allí afirman que “Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre”.

– El 12 de junio, el CEPR vuelve a la carga, esta vez con la publicación en español de su informe sobre el informe final de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia. Allí señala: “Encontramos que la OEA cometió graves faltas metodológicas, ocultó información y tergiversó irregularidades inocuas para sustentar declaraciones anteriores”. El CEPR señaló además, apunta Telesur, que la OEA omitió mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente al de las actas contiguas sin irregularidades, y que enterró u ocultó por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo.  Existe una carta firmada por más de 100 economistas y estadísticos que sostienen la misma conclusión: La OEA no demostró que hubo fraude en el conteo de los últimos votos de la elección presidencial del 20 de octubre.

– El artículo que coronó la serie de observaciones a la auditoría de la OEA fue el publicado el 25 de agosto por el CEPR, cuando dijo que “un gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas en 2019”. “El error fue revelado la semana pasada después de que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, DC a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones, publicara sus datos por primera vez. El economista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), David Rosnick, identificó que en los datos de Nooruddin las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Éste fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos. En su informe final de auditoría sobre las elecciones, la OEA indicó que las tendencias observadas en el conteo rápido inicial también podían apreciarse en el conteo oficial; cuando esta conclusión está basada en marcas de tiempo ordenadas incorrectamente”. “La OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”, dijo Rosnick entonces.

En reacción a la última carta de los congresistas estadounidenses, el secretario general Luis Almagro, el 24 de septiembre, solo prefirió responder mediante un tuit de contraataque: “Esparcir la ignorancia sobre temas de Latinoamérica no ayuda a la región”. También hizo referencia al comunicado de junio en el que la Secretaría General denuncia “una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos”.

RENDICIÓN

Pero es el senador demócrata Sanders quien lo dice más claro. Tras el rol de la OEA en las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, y la serie de cuestionamientos que se le hizo luego, lo que se exige es una rendición de cuentas. Según registra la agencia AFP, tras la publicación de la carta demócrata, Sanders escribió en Twitter que la OEA —financiada por Estados Unidos— afirmó “falsamente que las elecciones del año pasado en Bolivia habían sido ‘fraudulentas’”. “Después vino un golpe militar y represión. Necesitamos una rendición de cuentas AHORA para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia el próximo mes”, dijo Sanders en relación a la elección del 18 de octubre.

El secretario Almagro respondió en inglés: “La próxima vez mencione la falsificación de firmas de funcionarios electorales, la falsificación de actas, los votos emitidos por personas muertas”.

Ya en el país, quienes más pronto reaccionaron fueron personeros del Gobierno transitorio.

En su peculiar estilo, el viceministro de de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, se apenó de que los congresistas de Estados Unidos anden perdidos sobre lo que ocurre en el país: “Lamentamos mucho que el senador Bernie Sanders y los congresistas estén extraviados respecto a la realidad boliviana y que no conozcan lo que ocurrió en el país, y de que no se hayan interiorizado de que hubo gente que murió defendiendo la democracia boliviana”, dijo enfático.

Se trata de un problema de pura desinformación, según el viceministro; por eso adelantó que si es necesario, a través de la Cancillería, se enviará la información correspondiente sobre este tema. “Hay una intención de promover una campaña de desinformación desde Argentina”, aseguró luego la autoridad. Una campaña que está apoyada por la alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y dirigentes de izquierda que buscan distorsionar la realidad, en favor del expresidente Evo Morales, según registró la agencia estatal ABI.

Otra llamativa respuesta es la dada por el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, que afirmó que “la prueba más clara” de que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 2019 ya no es el dato estadístico, sino la reacción política de la mayoría masista en la Asamblea.

“El informe de la OEA es contundente y está respaldado con pruebas fehacientes, y la prueba más clara de que sí hubo fraude es que la Asamblea, compuesta por dos tercios del MAS, anuló las elecciones mediante una ley y convocó a nuevos comicios”, afirmó el viceministro.

Lo cierto es que “el caso boliviano” al parecer está terminando de socavar el prestigio de la OEA. Y lo recuerdan los propios congresistas estadounidenses.

En febrero de este año, el Gobierno de México, apoyado por otros gobiernos de la región, hizo un llamado al Secretario General de la OEA a que autorice una revisión independiente del análisis electoral efectuado por el organismo de las elecciones en Bolivia en 2019, así como hacer una evaluación de la violación de derechos humanos que habría sido causada por afirmaciones erróneas que hubiera emitido la OEA sobre dichas elecciones. Este pedido todavía no habría tenido respuesta por parte del secretario general Almagro. Aún es, como se dice, una cuestión pendiente.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA URGENCIA DE VER AL TSE COMO UN CUERPO COLEGIADO

/ 9 de mayo de 2021 / 22:03

El punto sobre la I

Cuando el viernes 30 de abril se anunció que era la nueva vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la vocal Nancy Gutiérrez indicó un hecho clave para entender al actual TSE, tanto bajo la presidencia de Salvador Romero como en lo que vendrá, con el vocal Óscar Hassenteufel como el nuevo presidente de este cuarto órgano del Estado. “Vamos a mantener lo que hemos tenido hasta el momento, un portavoz, que es el presidente; como en la anterior gestión (de Romero), (ahora) será nuestro portavoz el doctor Hassenteufel”, señaló la nueva vicepresidenta Gutiérrez. Es un estilo de funcionamiento y relación con los otros órganos y con los medios de comunicación, que el presidente del TSE también sea su portavoz. Entre las atribuciones de la presidencia del TSE dispuestas por la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (artículo 19), no está dicha vocería. Es la forma en que eligió proceder el actual TSE, diferente, sin duda, con respecto a los TSE del pasado: distinta manera, por ejemplo, del TSE presidido por María Eugenia Choque que (como bien lo sabíamos los periodistas) casi nunca declaraba a los medios de prensa, siendo el “portavoz” de hecho el vicepresidente del Tribunal, Antonio Costas. Como tampoco tenía una vocería única, y menos radicada en su presidencia, el TSE presidido por Wilfredo Ovando, primero, y por Wilma Velasco, después.

Con el presidente del TSE como el portavoz del cuerpo colegiado que es el TSE, se entiende el protagonismo mediático e institucional que tuvo Salvador Romero Ballivián, aun cuando no se lo hubiera propuesto.

Por este hecho, llama la atención el politólogo Marcelo Silva sobre el carácter colegiado del TSE, sobre la necesidad de no personalizarlo en la sola figura de su presidente, como a su turno hicieron tres dirigentes políticos.

“Lamento mucho la renuncia de Salvador Romero al TSE. Pese a la presión y a las dificultades, condujo con idoneidad las elecciones nacionales y subnacionales. Nuevamente se cierne el riesgo de que el MAS controle el OEP y la democracia se siga debilitando”, había tuiteado el presidente de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa tras enterarse de la referida renuncia, el 28 de abril.

Más fatalista aún fue el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que publicó en su cuenta de Twitter: “Romero renuncia. Deja el poder electoral en manos del MAS. Es una mala noticia para la democracia. Debemos trabajar unidos para que el MAS respete la democracia y no acapare todo el poder”.

Desde la vereda del frente, el expresidente Evo Morales a su modo también personaliza en Romero buena parte del proceso electoral: “La renuncia de Salvador Romero es la prueba inobjetable de que nunca hubo fraude. Al comprobar que la verdad y la búsqueda de justicia se acercan a autores y cómplices del golpe, deja el cargo para deslindar cualquier responsabilidad. Se va el vocal del gobierno de facto de Áñez”.

De una vez hay que “romper el mito” de que su presidente es sinónimo del TSE, caer en cuenta de la naturaleza colegiada del organismo, insiste el politólogo Silva.

“El Órgano Electoral tiene una cabeza, que es el Tribunal Supremo Electoral, y las decisiones de esta cabeza, que es su Sala Plena, enmarcan una instancia colegiada; son siete vocales y las determinaciones que toman, según manda la Ley del Órgano Electoral, son por mayoría. Incluso si el presidente no está de acuerdo con alguna determinación, tiene la obligación de hacerla cumplir”.

El presidente del TSE lo es sobre todo por la representación que asume hacia el exterior de la institución y la coordinación de la marcha del Órgano Electoral, destaca: “El papel del presidente es simplemente establecer ciertos criterios de representación y firma, como MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva); no es que tiene un súper poder o que está sobrepuesto al resto de los vocales, es más bien un primus inter pares (latín, literalmente ‘el primero entre iguales’)”.

Así, se concluye, asevera Silva, que es responsabilidad de “todo el Órgano Electoral”, que no solo de su presidente, cualquier imagen que se vaya a formar del TSE en el “imaginario colectivo” nacional, por ahora no muy favorable a la entidad.

Un hecho que también hace a la fortaleza institucional del TSE es su formación, la llamada “legitimidad de origen”. La nueva cabeza del Órgano Electoral tuvo que constituirse luego de la anulación de las elecciones del 20 de octubre de 2019 y el práctico desmantelamiento del anterior TSE. Así, como parte del desarrollo del nuevo proceso electoral, la primera peculiaridad de su formación fue el procedimiento relámpago, de 20 días, que se tuvo que asumir. En 20 días, decía entonces, el presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea destinada para el efecto, el senador Óscar Ortiz (Unidad Demócrata), “se presentó la convocatoria, recibió a los postulantes, evaluó los requisitos, realizó la fase de impugnaciones, evaluó los méritos y cumplió con las entrevistas”.

Pese a que hubo solo ocho días para la presentación de aspirantes, al final se recibieron 502 postulaciones. Tras la revisión del cumplimiento de requisitos, quedaron 366 habilitados y habilitadas. Producto del periodo de impugnaciones y de la evaluación a través de entrevistas, al final quedaron 155 postulantes, 53 mujeres y 102 varones; los aspirantes iban acumulando un determinado puntaje, cuyo máximo era la nota de 10. De los 155 aspirantes, debía elegirse 12 futuros tribunos electorales, seis titulares y seis suplentes.

Una vez que el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformado por 166 legisladores (130 diputados y 36 senadores), la sesión en que se eligió a los miembros del TSE (que duró hasta la madrugada del jueves 19 de diciembre de 2019) tuvo el quórum de 154 asambleístas, cuyos dos tercios equivalía a 103 parlamentarios.

La siguiente es la lista de los elegidos, el número de votos y el puntaje que alcanzaron, según el resumen efectuado por la unidad de prensa de la Asamblea Legislativa.

Titulares:

1. Daniel Atahuachi Quispe (135 votos); puntaje: 9.

2. María Angélica Ruiz Vaca Diez (121 votos); puntaje: 10.

3. Óscar Abel Hassenteuffel Salazar (111 votos); puntaje: 8.

4. Francisco Vargas Camacho (106 votos); puntaje: 9.

5. Rosario Baptista Canedo (105 votos); puntaje: 8 6. Nancy Gutiérrez Salas (103 votos); puntaje: 8 Suplentes: 1. Nelly Arista Quispe (123 votos); puntaje: 7.

2. Noemi Uriarte Sánchez (119 votos); puntaje: 9.

3. Yajaira San Martín Crespo (115 votos); puntaje: 7 4. Edwin Lino Armata Balcázar (114 votos); puntaje: 9.

5. Carlos Eduardo Gómez Rojas (114 votos); puntaje: 9.

6. Pablo Christian Zuleta Sánchez (108 votos); puntaje: 9.

En un reciente artículo de opinión, del 30 de abril en un medio colega, el analista político Carlos Böhrt apunta que los seis vocales titulares en la Asamblea fueron elegidos “en el marco de una sugerente concertación: el MAS sugirió los nombres de tres vocales y los grupos de la minoría los otros tres”; de modo que en los hechos resultó en un empate entre ambas tendencias, un “equilibrio precario” que precisamente administró el expresidente Salvador Romero; con su salida, y la posterior designación de Dina Chuquimia (por parte del presidente Luis Arce) como la nueva vocal, para el analista se “anulará” el referido empate, “imponiéndose una mayoría de vocales susceptibles de alinearse con el partido de gobierno”.

Al respecto, la exdiputada del MAS Sonia Brito, que participó en la elección de los vocales del TSE, niega que haya habido “candidatos” de tendencia política: “Hubo un concurso de méritos y se votó por las personas que tenían más puntaje; que recuerde, no vi personas de izquierda, radicales, en absoluto; más bien se podría decir que prácticamente todos eran gente o independiente o incluso conservadora; eran personas más técnicas, se pensó mucho en el conocimiento técnico del Tribunal, y no recuerdo que haya sido más político; de ahí además que la oposición no observó a los candidatos”.

Un criterio contrario tiene la exdiputada por Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares, quien afirma que en la designación de los vocales hubo un “cuoteo”, merced a un acuerdo político que hubo, dice, “entre el MAS y la bancada de UD”, en ese momento, continúa, “algunas parlamentarias denunciamos públicamente ese hecho”; un dato que añade Millares es que el acuerdo entre el MAS y UD alcanzaba a los vocales de los tribunales electorales departamentales.

Además del “cuoteo”, explica Millares, se cuestionaba que “la designación, en la mayoría de los casos,” no recayó en las personas que tenían las mejores calificaciones”.

En relación al ingreso de la ahora vocal Chuquimia (que fue parte del TSE entre 2011 y 2015), Brito cuestiona el doble rasero que la oposición tendría al insinuar que con la nueva vocal la balanza se inclinará hacia el lado del MAS; la vocal Chuquimia, afirma, es tan designada por el Ejecutivo, como el exvocal Romero, pero, protesta: “No sé cuál es el temor, cuando es elegido por Áñez, no hay cuestionamiento, pero cuando es elegida por el Presidente (Arce), que es del MAS, entonces sí hay cuestionamiento. Tiene que haber una actitud más madura de la derecha, de la oposición; el elegido es uno designado, pero es uno más dentro de un grupo colegiado”.

Para la exdiputada Millares, con la presencia de Chuquimia, en cambio, el TSE está irremediablemente “tomado” por el MAS.

La naturaleza colegiada del TSE es determinante, insiste Brito. Y es que la conducción de la máxima autoridad electoral del país debe ocurrir o por consenso o por mayoría: por la experiencia de la gestión electoral, “los vocales tienen que ponerse de acuerdo para todas las acciones; tener una línea casi conjunta en todo lo que se hace; porque cuando se le cuestiona, no se lo hace a uno o dos vocales, se cuestiona al Órgano Electoral; por eso, por lo general sus decisiones son más colectivas y, por lo general, técnicas, más que políticas”.

En cuanto a las tareas que vienen para el Órgano Electoral, los entrevistados coinciden en que, aparte de referendos por cartas orgánicas municipales, a la vista se tendrá un buen tiempo de “paz electoral”; tiempo suficiente y propicio, aseguran, para que se revisen las grandes falencias que se vieron en las recientes elecciones. Pese a que el expresidente Romero y, por tanto, el TSE en su conjunto siempre defendieron la alta confianza que da el padrón electoral, los consultados coinciden en que este registro sigue siendo una de las grandes debilidades; no tanto por voluntad de los diferentes TSE, remarca Brito, sino por las limitaciones materiales y de tecnología que aún arrastra el país en materia electoral.

Al respecto, el politólogo Silva llama la atención sobre el hecho de que cualquier avance en la reforma del sistema electoral (que las últimas elecciones, asegura, mostraron como una necesidad imperiosa) no es responsabilidad solo del TSE, sino del sistema político mismo: “que el Órgano Electoral inicie reformas siempre es mejor que sean acompañadas, sean consensuadas, por las fuerzas políticas del país; y eso no debe dejar de tomarse en cuenta”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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REINAGA Y ‘LA REVOLUCIÓN INDIA’ HOY

Reinaga aún tiene mucho que ofrecer, si nos atrevemos a ver más allá de los prejuicios o los fanatismos.

/ 9 de mayo de 2021 / 21:30

DIBUJO LIBRE

En los primeros años en los que empecé a trabajar como profesor, en la década de los 90, había oído hablar del escritor potosino Fausto Reinaga y de su obra La revolución india. Los comentarios que se hacían entonces me despertaron la curiosidad en gran medida y, casualmente, un colega me ofreció el citado libro, pero a un precio que casi abarcaba mi pequeño sueldo de maestro rural.

Pasaron las semanas y luego de pensarlo mucho me decidí, finalmente, a comprar el libro. Me lo entregaron casi a escondidas y de manera muy sigilosa, como si se tratara de algo muy peligroso o riesgoso; eso despertó más aún mi interés. Llegué a casa casi al anochecer y lo empecé leer; no me di cuenta cuánto me había absorbido el libro pues ya había amanecido y aun quería seguir leyéndolo.

Cuando se vive en carne propia, desde lo rural, las diferencias históricas que se han ido formando entre el campo y la ciudad, así como entre quienes tenemos un origen indígena y quienes tienen otro origen, la palabra de Fausto Reinaga es fuego intenso que enciende nuestro espíritu de lucha. Y en este contexto político, tras salir de un gobierno de facto que ejerció el racismo como política general, es pertinente volver a leer La revolución india, considerando nuestros desafíos contemporáneos.

Reinaga nos muestra de manera muy clara cómo el racismo se ejerce, desde grupos que tradicionalmente detentaron el poder, para preservar privilegios coloniales. Pasó cuando Reinaga vivía y pasó durante el golpe de Estado y el gobierno de facto. El racismo era evidente en las movilizaciones golpistas en su afán de desterrar la wiphala, un símbolo indígena, para luego pasar a quemarla. Estaban dando un mensaje claro: “los indígenas no deben estar en cargos de poder y para eso vamos a recuperar nuestros privilegios”.

Entonces, dejando de lado los aspectos de contexto específico en el que se escribió La revolución india, debemos ver el rasgo general que su autor nos plantea sobre los grupos de poder y el racismo en Bolivia. Este es un tema que va más allá del pasado porque es un problema vigente, como lo vimos en el golpe de Estado y en el gobierno de facto; y aún se podrían dar ejemplos más recientes.

Otro aspecto importante en las ideas de Reinaga, en relación a lo dicho, tiene que ver con la historia, con nuestra historia de luchas silenciadas por el poder, pero que pudieron salir de ese silencio. En esa situación en la que los grupos de poder ejercen el racismo para cuidar sus privilegios, quienes son víctimas luchan para formar una nueva sociedad sin racismo. Así luchamos contra el gobierno de facto para frenar a un régimen racista que buscaba reinstaurar los privilegios coloniales y desconocer al Estado Plurinacional.

Considerando las ideas de Reinaga y considerando lo que pasó hace algo más de un año podemos decir que la conciencia histórica de quienes sufren el racismo es algo que se va formando en la lucha y transforma a los sujetos al mismo tiempo que estos sujetos transforman la realidad. De soportar un gobierno de facto pasamos a la lucha por la recuperación democrática, asumiendo nuestra historia o buscándola, defendiendo nuestros símbolos y nuestros logros, para luego transformar la realidad: salimos de la dictadura y recuperamos la democracia.

Sería bueno recordar que Fausto Reinaga decía: “Para que el indio sea sujeto de la historia tiene que saber, por sobre todo, su historia”. Leyendo La revolución india uno queda con la idea clara de que se trata de conocer nuestro pasado, nuestro camino, para no perder el rumbo y ser actores políticos, no simples espectadores de cómo ciertos grupos viven sobre el lomo de la gran mayoría del país.

La revolución india es, primeramente, una revolución que despierta la conciencia histórica y que nos convoca a la lucha contra las injusticias que cometen quienes han vivido de los privilegios coloniales. Es un libro de lucha, donde el aprender es para transformar. Estos aspectos son algo que dan vigencia a lo más esencial de las ideas de Fausto Reinaga y por eso hoy podemos leer su libro más logrado sin perder de vista los desafíos que tenemos.

Aún es un desafío superar los lastres coloniales que arrastra nuestro país y que son obstáculos para consolidar nuestro Estado Plurinacional; y Fausto Reinaga aún tiene mucho que ofrecernos, si nos atrevemos a ver más allá de los prejuicios o los fanatismos. Su libro La revolución india puede darnos, si lo tomamos con seriedad, varias pistas para entender algunos aspectos de nuestra realidad.

Freddy Mamani l. es profesor, actual presidente de Diputados   

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BUSCH, DICTADOR ANTILIBERAL

Hace 82 años, en abril, Germán Busch declaraba al suyo como ‘un gobierno enérgico y de disciplina’.

/ 9 de mayo de 2021 / 21:26

DIBUJO LIBRE

Fue héroe del Chaco, presidente y dictador antiliberal. En pleno periodo de crisis global, el teniente-coronel Germán Busch Becerra, el 24 de abril de 1939 instauró un régimen “enérgico” y “de disciplina”. Con luces y sombras, ese proceso fue el principio del fin del poder de la rosca minero-feudal.

Antes de llegar a la primera magistratura, Busch fue brazo ejecutor de la caída de tres mandatarios: Daniel Salamanca (1934), José Luis Tejada Sorzano (1936) y David Toro (1937). El 13 julio de 1937 asumió la jefatura del Estado de forma provisional. Mediante ley dictada por la Asamblea Constituyente, el 27 de mayo de 1938, fue proclamado Presidente Constitucional hasta el 6 de agosto de 1942.

Progresista. En su primera etapa de gobierno (julio de 1937-abril de 1939) creó el Hogar de Huérfanos de Guerra, impuso el pago de indemnizaciones y desahucios regulando los derechos y deberes de los asalariados mediante reglamentos internos, estableció un censo minero, incrementó el presupuesto en educación, fundó la Caja Nacional de Jubilaciones para los periodistas, promulgó la primera Constitución Social, y creó el departamento de Pando.

Busch (1903-1939), pese a sus políticas progresistas, no logró frenar la crisis económica, política e institucional, azuzada por el poder liberal. Así, inauguró una segunda de etapa de mandato “enérgico” y “disciplinario”.

Al respecto, Augusto Céspedes, en El dictador suicida, recordó que el timón de los ministerios de Hacienda y de Minería e Industria era manejado por la Rosca. Dos ministros de confianza fueron alejados del país: el titular de Gobierno, Elías Belmonte, por “conspirar” fue enviado a la Legación de Berlín y su sucesor, Gabriel Gosálvez, al Vaticano.

Crisis. Herbert Klein, en Orígenes de la Revolución Nacional, precisó que esa nueva coyuntura fue marcada por la muerte del opositor Bautista Saavedra, la coalición de los partidos tradicionales en torno a “La Concordancia” y la galopante crisis económica que afectó a las clases medias y populares. Además, Marco Lora, en Germán Busch el centauro del Chaco, detalló que la Constituyente, que operaba como Congreso, empezó a chocar contra el régimen: su constante labor fiscalizadora incomodaba a varios funcionarios.

Frente a esa realidad, los militares plantearon al Ejecutivo “agarrar con mano dura a la sociedad civil y política del país”.

Manifiesto. En ese contexto, el joven mandatario, el 24 de abril de 1939, a mediodía, dirigió un fuerte Manifiesto a la Nación: “Concebí como un ideal la reorganización de los partidos (…). Reconocí la necesidad del libre juego democrático (…) Sostuve la conveniencia de una amplia libertad de prensa. Pero, he constatado que (en su lugar) se ha impuesto el libertinaje con un desborde violento de diatriba (…) a la acción que debiera ser patriótica y realmente cívica de los partidos de oposición ha sucedido una fermentación subversiva y demagógica que envenena el ambiente nacional”.

Ante este panorama y debido a la crisis económica —agregó— “se alza (…) una campaña orientada hacia la beligerancia de las clases civiles y militares (…) Todo hace presumir que este movimiento desencadenado con fines políticos, puede plantear una inminente guerra fratricida”.

Dictadura. “Ante ese cuadro, no puedo ni debo aceptar una actitud contemplativa (…) A partir de hoy inicio un gobierno enérgico y de disciplina, convencido de que este es el único camino que permitirá la vigorización de la República, en lo interno y lo internacional”.

“He medido la magnitud de la obra que realizo y asumo decididamente la responsabilidad de mis actos, con la profunda convicción de que sirvo honradamente y lealmente a Bolivia”, subrayó.

Al día siguiente, grandes titulares sobre el hecho coparon las tapas de los periódicos: El Diario informó “El presidente Busch asumió desde ayer la dictadura”; La Noche, “Enérgico decreto de disciplina y moral dictó el gobierno”; La Calle, “Defraudaciones, coimas, inmoralidad, ausencia de patriotismo y hasta de dignidad humana”, y La Razón destacó que “La noticia de la instauración del régimen totalitario fue recibida con tranquilidad”.

Respaldo. El matutino Crónica informó que, a raíz del Manifiesto, se canceló el mandato del Congreso, los ministros y prefectos presentaron su renuncia (que luego fueron ratificados) y la Universidad mantuvo su autonomía. Sectores como el Ejército, la Legión de Excombatientes, la Vanguardia de Células Legionarias y el Partido Socialista emitieron votos de apoyo hacia el primer mandatario.

En contraste, el parlamentario Augusto Céspedes, en La Calle del 26 de abril, ironizó con una frase de Adolfo Hitler: “‘Una comunidad de disciplina y de obediencia no se puede crear desde luego por la violencia, sino por la fuerza de la idea y por la continua educación’. Para liberar al Estado boliviano del superestado se necesita un aliento nacional y no solamente halagüeñas esperanzas”.

En esa línea, Víctor Paz, citado por Lora, afirmó que “Busch se proclamó dictador influido por sus colaboradores inmediatos que estaban descontentos con la acción revolucionaria de la Asamblea”.

Medidas. A tres días de dictar el Manifiesto, el gobierno aprobó el Decreto- ley de 27 de abril de 1939, donde se determinó los delitos contra la elevación en los costos de vida, la economía y la seguridad del Estado.

En ese sentido, todos los puestos públicos quedaron vacantes, destacó La Razón el 30 de abril.

Por su oposición al cambio de régimen, La Calle fue clausurada por 12 días. Ese medio, el 10 de mayo, a tiempo de reanudar sus ediciones, agradeció el apoyo de la gente que reclamó su reaparición.

Antiliberal. El gobierno “severo” y “moralizador“, sin embargo, cometió un error. El ministro ratificado en Hacienda redactó un decreto de impuestos sobre exportación de minerales y entrega de divisas que, en el fondo, favoreció a los intereses de la Rosca. Esto encolerizó al primer mandatario, quien radicalizó su posición y destituyó a esa autoridad.

Ante esa “traición”, Céspedes narró que —aconsejado por Carlos Montenegro, Víctor Paz, Fernando Pou-Mont y Miguel Ángel Céspedes— el dictador aprobó el decreto “antirrosquero” de entrega del cien por ciento de divisas al Estado, el 7 de junio de 1939.

Así, Busch se convirtió en una estrella antiliberal que aún sigue brillando en el firmamento.

 (*) Grecia Gonzales O. es comunicadora social

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La hora de proteger el empleo

En 2020 ocurrió una precarización de facto del empleo, una suerte de un silencioso ‘segundo 21060’.

En 2020 hubo una precarización de facto del empleo. El Día del Trabajador se festejó con mesura, con un leve aumento salarial Foto LaRazón

/ 2 de mayo de 2021 / 21:41

EL PUNTO SOBRE LA I

El jueves 29 de abril por la noche, finalmente el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial en 2021: cuando el Ejecutivo propuso 0,67% de aumento al salario mínimo nacional y la COB hizo la contrapropuesta de 5%, se terminó acordando 2% al mínimo nacional y 0% al haber básico. Es la expresión de la crisis: desde 1991 (como muestra la gráfica adjunta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE) ese 2% es el incremento más bajo en 30 años. Aunque, como también se ve en la ilustración, en al menos tres años (2004, 2005 y 2020) el incremento salarial fue equivalente a cero.

En dichos 30 años, los mayores picos del incremento salarial se los alcanzó en 1998 (25%) y en 2012 (22,64%). Fue desde este último año que el aumento del sueldo fue cada vez menor, llegando a 0% en 2020. En 2019, el último año del gobierno de Evo Morales, el incremento al mínimo nacional fue de 3,01%, aunque también es inocultable el hecho de que desde 2006 el salario nacional básico tuvo un constante ascenso, de Bs 440 en 2005 a Bs 2.122 en 2019, 382% de incremento, según el Ministerio de Economía.

Para 2019, el ente estatal también da cuenta de que en 2005 el país ocupaba el noveno lugar en Sudamérica (el último lugar, en realidad) en lo relativo al monto del salario mínimo nacional, 54 dólares, cuando en Chile, por ejemplo, esta remuneración alcanzaba a 222 dólares. Y, con el constante aumento, en 2019 el salario boliviano subió al quinto lugar, con 305 dólares, estando por encima del país, Chile (452 dólares), Uruguay (445), Ecuador (394) y Paraguay (341); y, por debajo, Argentina (285), Perú (282), Colombia (265) y Brasil (258 dólares). Todo esto cuando el salario mínimo nacional promedio de la región sudamericana se situaba en 336 dólares. (Revista Ecos, Incremento salarial dinamiza la economía del país, Nro. 56, 2019, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

INGRESOS. Precisamente, en la subida del salario mínimo de 54 dólares en 2005 a 305 dólares en 2019, es que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) reivindica su política de reducción de la pobreza y de la desigualdad: si en 2005, señala el Ministerio de Economía, las personas con ingresos bajos constituían 61% de la población (5,7 millones de bolivianos), en 2018 esta cifra bajó a 34% (3,9 millones); y si en 2005 la gente que tenía ingresos medios era 35% (3,3 millones), en 2018 este “estrato medio” (‘clases medias’, insistían desde el MAS) trepó a 62% (7 millones). Los bolivianos de ingresos altos en porcentaje se mantuvieron igual: 4% (391 mil en 2005, 443 mil en 2018).

Con todo, el 2% de incremento acordado por el Gobierno y la COB expresa la coyuntura económica. Y es que tal como apunta el investigador en temas laborales Rodolfo Eróstegui, si algo tiene de peculiar la actual crisis es la inédita confluencia de las crisis económica y sanitaria, un hecho que no se había dado antes: “Es la peor combinación que yo he visto en mi vida profesional; había una sincronización, por ejemplo, entre la crisis financiera y la de la construcción, y otras combinaciones; pero no una crisis de salud en la que los centros de trabajo se convirtieron en centros de contaminación”.

Para el abogado laboralista Gonzalo Trigoso, para las actuales condiciones del incremento salarial también tiene que ver la situación política. “Aparte de que este es un derecho irrenunciable de los trabajadores, y corresponde un incremento salarial, por lo menos al mínimo nacional, mucho depende también de la situación política, no solo la situación económica. Y en este momento, las fuerzas políticas neoliberales de derecha se están rearticulando regionalmente, para con la excusa del pacto fiscal iniciar una ofensiva política contra el Gobierno (del MAS)”.

Tanto por la razón económica como por el momento político, ambos entrevistados coinciden en que este es el momento de preservar el empleo y de no presionar al Ejecutivo a tal punto de desestabilizarlo.

“En estas condiciones delicadas, la COB también tiene que saber medir el momento en que estamos viviendo, y ver que se puede perder el enorme esfuerzo de haber recuperado la democracia”, destaca Trigoso. A propósito de esta especial coyuntura, recuerda lo que pasó en el ampliado de la COB del 20 de mayo de 1952: “Un mes y once días después de la Revolución del 9 de abril, cuando en el ampliado se discute el incremento salarial para ese año, y por votación de 24 a 12 sectores, se decidió que ese año no se iba a pedir incremento salarial al Gobierno, entendiendo que se salía del proceso revolucionario y podía darse una contrarrevolución; fue algo excepcional”.

CRISIS. La actual crisis laboral es de proporciones, insiste Trigoso, por la conjunción de la crisis económica, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la pandemia de COVID-19 acaso estemos ante un “segundo 21060”.

“En realidad se ha producido un segundo 21060 en el ámbito laboral. Los empleadores han cerrado empresas, han despedido en masa, han obligado a los trabajadores a recontratarse por el mínimo nacional, a contratos con plazo fijo, sin derechos; han destruido el derecho laboral, y reconstruir eso es bien difícil”.

Es obvio que hay que reivindicar el derecho de los trabajadores al incremento salarial (que desde el punto de vista sindical siempre fue “reposición” de su valor adquisitivo, dada la inflación), pero ahora la urgencia, remarca Trigoso, es “ponerle freno a este nuevo 21060 que aún se mantiene en fábricas, en la construcción, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los trabajadores”.

Con todo, Eróstegui asevera que la preservación del empleo, antes que un contenido ideológico, es una urgencia práctica, de respuesta al actual deterioro del mercado de trabajo; es tal la magnitud del desempleo que se impone la ley económica: a mayor oferta de fuerza de trabajo, el salario tiende a bajar.

“Para mí, la COB debería plantear más empleos y preservar los puestos de trabajo que ahora hay. La COB tiene que ponerse un cable a tierra, tiene que ser realista, distinguir las cosas que son posibles de las que no lo son; y una de las cosas que no es posible es aumentar salario; y sí es posible preservar el empleo; y una de las cosas que es necesaria y posible es la reforma de la legislación, pero no en los términos que están planteados hasta ahora, se precisa una nueva reforma de la legislación laboral completa”, destaca el investigador laboral Eróstegui.

Desde que empezó el gobierno de Evo Morales, en la COB se habla de la reforma de la Ley General del Trabajo; se avanzó en el consenso de algunos cambios, los cuales, sin embargo, se prevén serán mínimos. En este momento hasta esto pasa a segundo plano ante la emergencia de proteger el empleo, insiste el abogado laboralista.

Así, remarca Trigoso, si alguna legislación se debe hacer hoy día es todo aquello que proteja el empleo. “Es absolutamente necesario, imprescindible, que para este 1 de mayo y los días siguientes, se dicte una serie de decretos y proyectos de ley para proteger el empleo”; no es una alegoría sino un hecho real, insiste: “Todavía estamos viviendo un segundo 21060; se necesita una mayor legislación que impida que los empleadores continúen despidiendo y quitando derechos”.

CUENTAPROPIA. Con respecto a los trabajadores no asalariados, por cuenta propia, que de último, con la pandemia, han tenido un masivo incremento, Trigoso no deja de valorar algunos esfuerzos de la COB: demandar, por ejemplo, que se fije mejores precios para productos del campo, o mejorar el tema de salud para los trabajadores por cuenta propia, o, aunque es un tema sumamente complicado, plantear la cuestión de las pensiones para los sectores cuentapropistas.

Con motivo del 1 de mayo, los entrevistados no dejan de demandar de la COB mantener la mirada más allá del salario: Demandaría a “los trabajadores en pie de lucha defendiendo el proceso democrático que se ha recuperado, evitando por todos los medios posibles el retorno de un gobierno neoliberal; en pie de lucha en la defensa de los derechos del país y de sus derechos como trabajadores. La COB desde su fundación, antes incluso, cuando los primeros sindicatos del 1900, siempre ha sido movimiento sindical-político, eso es lo que le brinda su grandeza”, reclama el abogado Trigoso.

La crisis de la que es parte el bajo incremento salarial, complementa el exdirigente minero y exministro de Minería José Pimentel, también plantea el liderazgo de la COB en relación a los innumerables sectores laborales: La dirigencia de la COB muchas veces “se ha reducido a problemas de tipo estrictamente económico gremial para el sector asalariado, olvidando que la COB es un conglomerado mucho más amplio del pueblo boliviano, campesinos, universitarios, maestros, los pequeños productores, comerciantes, los gremiales, y esos sectores solo pueden tener una respuesta en una visión y una conducción de un país que vaya hacia su desarrollo y satisfaga a todos los sectores sociales”, remarca el exdirigente minero.

Pimentel no deja de reclamarle a la COB el papel político que tuvo en la historia del país. “Hoy la COB no tiene una propuesta programática para el país; la COB ha sido vanguardia en la medida en que ha encabezado luchas de significación nacional, como han sido la nacionalización de las minas, del petróleo, la lucha por las fundiciones, la lucha contra las dictaduras; son programas políticos en esencia que implicaban el construir una otra sociedad”. 

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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SILALA, EL MANANTIAL

El Silala no es un río o flujo de agua continuo, no es de escurrimiento natural ni permanente.

/ 2 de mayo de 2021 / 21:27

DIBUJO LIBRE

Estamos rodeados por países que no muestran respeto por el patrimonio boliviano. Como es natural, ellos primero velan por sus intereses. Por eso hay la necesidad de contar con una propuesta estratégica, con solvencia científica, técnica y jurídica, en la Corte Internacional de Justicia para defender nuestro derecho en los manantiales del Silala.

En noviembre de 1908, la Empresa Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Compani Limited obtuvo la concesión para el uso de las aguas del Silala de la Prefectura de Potosí. ¿Si estas aguas serían río, por qué la compañía solicitó su concesión?

Dicha concesión fue revocada en 1995, y en junio de 1999 se conformó comisiones para inspeccionar la zona del Silala. Sus conclusiones y recomendaciones fueron: las aguas del Silala son manantiales que nacen de dos vertientes principales, ubicados al norte y al sur; por medio de canales colectores artificiales que confluyen en un canal común, desembocan en un tanque colector desarenador, ubicado en territorio boliviano y, por medio de un cauce artificial, recorre el territorio nacional aproximadamente dos kilómetros, hasta el límite, y se interna a territorio chileno siguiendo una cañada orientada de este a oeste. Estas obras permiten conducir un volumen de agua de aproximadamente 280 litros/ segundo; en Chile las aguas son entubadas y llevadas al interior para su comercialización y distribución.

Se constató que se inutilizaron las obras del primer colector desarenador en territorio boliviano; asimismo, en territorio chileno se encuentra en funcionamiento un segundo tanque desarenador de aguas, junto al cual construyeron una caseta donde viven empleados chilenos que realizan mantenimiento y vigilancia.

Las recomendaciones de la comisión fueron: conformar dos equipos de trabajo altamente calificados, para analizar el problema; uno, desde el punto de vista jurídico legal, y otro, un equipo multidisciplinario para encarar científica y técnicamente el tema. Conscientes de la posible internacionalización (arbitraje) del tema, además se debería conformar un equipo con dedicación exclusiva para la búsqueda de los mecanismos que permitan lograr una compensación adecuada. La reunión de trabajo se llevó a cabo en la zona del Silala el 17 de junio de 1999.

Luego de que el Gobierno boliviano licitó y adjudicó el uso de las aguas del Silala a la empresa DUCTEC, la empresa Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway quedó prácticamente fuera del tema Silala. Se produjo un intercambio epistolar con las autoridades chilenas, quedando la República de Chile como interesada, defendiendo que los manantiales del Silala constituyen río, y proponen que no se trata de un asunto de privados entre la Empresa y la Prefectura, sino un asunto de Estados. Aceptar esta situación fue el gran error del Gobierno boliviano.

Por instrucciones del señor Canciller se realizó otro viaje a la zona del Silala, en 2000, y otros más, con el objeto de inspeccionar el límite internacional, realizar los estudios técnicos, principalmente de geología, hidrología, geohidrología, geodesia, topografía, y otras especialidades que corresponden al análisis químico- físico de las aguas. Estos viajes fueron frecuentes, incluso se conformó una Comisión Técnica Mixta con Chile, para trabajos conjuntos, in situ, en ambos territorios.

Por Bolivia acudió a la zona personal técnico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin), la Comisión de Límites de la Cancillería, la Superintendencia de Aguas, Hidrografía Naval y el Instituto Geográfico Militar.

Posición técnica boliviana de principio:

1. Curso del agua: no es una hoya o cuenca exorreica, es arreica; no es un río o flujo de agua continuo; no es de escurrimiento natural ni permanente. En la actualidad, escurre por medio de obras de ingeniería hechas por el hombre (canales colectores y de escurrimiento); no es un río binacional o de aguas compartidas.

2. Origen del valle: el valle o quebrada es de origen glacial y fluvio glacial aprovechando una falla; quebrada labrada en rocas volcánicas (ignimbritas) a lo largo de un fallamiento (Falla Silala); los depósitos en la quebrada son fluvio glaciales.

3. Origen del agua: de manantiales ( formando bofedales) de un acuífero fósil que recibe una recarga mínima de lluvia y deshielo.

Posición técnica chilena de principio:

1. Curso del agua: es una hoya hidrográfica exorreica; es un río o flujo de agua continuo; es de escurrimiento natural y permanente; es un río binacional de aguas compartidas.

2. Origen del valle: valle de origen fluvial; valle fluvial labrado en rocas volcánicas como en depósitos fluviales a fluvio aluviales; los depósitos en el valle son fluviales a fluvio aluviales.

3. Origen del agua: de afloramientos de agua (bofedales) formados de la infiltración de agua pluvial y deshielo.

La comisión boliviana trabajó con responsabilidad científico-técnica. En el estudio que se hizo para comprobar las posiciones de principio in situ, en la frontera, además, con la idea de que el resultado de dicho trabajo podía ir a un arbitraje internacional, se debía comprobar y demostrar técnica y científicamente lo que muestra el terreno y el comportamiento de esas aguas, tanto en el medio artificial como en el medio natural. La comisión chilena trabajó de igual manera, pero se nota el manejo técnico forzado a su favor; por ejemplo, la cuenca no puede ser exorreica y arreica al mismo tiempo. Entonces, se deben profundizar los estudios científico-técnicos para demostrar contundentemente lo que muestra la naturaleza en esa zona.

La comisión que realizó el estudio estuvo conformada por profesionales diplomáticos y técnicos especialistas, quienes en esa calidad elevaron a la Cancillería el informe correspondiente. La comisión técnica chilena continúa en funciones hasta la fecha.

El resultado de dicho trabajo-estudio ha permitido demostrar que: de acuerdo con el análisis físico-químicos, las aguas son de una sola fuente y excelente calidad (95% de pureza) apta para consumo humano.

Las obras hidráulicas permiten ver en forma objetiva que la captación, encauzamiento y transporte de agua es artificial tanto en el territorio boliviano como en el chileno.

El estudio técnico demuestra que las aguas del Silala son manantiales, y no constituyen curso natural de agua (río); de no haber sido canalizadas, formarían bofedales y el exceso de agua se evaporaría y se infiltraría por ser suelo permeable; por tanto, las aguas no llegarían a territorio chileno.

El tiempo es favorable para los intereses chilenos: las aguas del Silala no tienen recarga importante de lluvias y deshielos, constituyéndose en un recurso natural no renovable; las aguas se encuentran en acuíferos fósiles, se pueden terminar, las últimas mediciones del caudal de agua son menores a las obtenidas en 1999.

Cualquier arreglo a que llegue Bolivia con Chile sobre los manantiales del Silala será tan trascendental como el Tratado de 1904, sin lugar a reclamos posteriores.

 (*) Guimer Romero P. es ingeniero geodesta, coronel de Ejército

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