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Jubileo y el MAS

/ 7 de octubre de 2020 / 09:30

Recuento crítico de la relación que tuvo la Fundación Jubileo con el gobierno de Evo Morales

Según su página institucional, la “Fundación Jubileo es una institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos. Desarrolla procesos de investigación, información y formación sociopolítica, que buscan construir capacidades para la incidencia política, abierta a la sociedad civil, a las estructuras del Estado y al relacionamiento de carácter internacional”. Entonces, los rasgos de institución confesional son dedicadas a incidir en el ámbito de la política. Ciertamente, su papel en el tiempo precedente de la renuncia de Evo Morales es protagónico.

La Fundación Jubileo se caracterizó por ser una entidad dedicada a la investigación académica sobre temas particularmente asociados a la economía y al aparato productivo. Desde allí se planteó constantemente sus críticas al gobierno de Evo Morales en temas relacionados a la transparencia, al gasto público, al crecimiento económico; según sus análisis, era una bonanza ilusoria. Entonces, este rasgo académico más propenso al análisis económico buscaba una “incidencia política”, sobre todo en el ámbito de la opinión pública.

En la tensión entre el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y determinadas ONG, como sucedió con Caritas-Bolivia, la Fundación Jubileo no fue exenta. Ciertamente, para ilustrar esta tensión el 2 de agosto del 2017 se produjo un incidente con el Viceministerio de Autonomía, a propósito de un Taller del Pacto Fiscal organizado por la Fundación Jubileo en la ciudad de Cochabamba. El entonces viceministro de Autonomía, Hugo Siles, tildaba de “ilegal” este Taller porque la jurisdicción de su personería jurídica solo era para el departamento de Cochabamba. Desde la Fundación Jubileo, su director ejecutivo, Juan Carlos Núñez aclaró: “La fundación tenía jurisdicción nacional”. La propia autoridad reconoció que con Jubileo “hubo desencuentros” debido a algunas publicaciones que divulgó sobre el Pacto Fiscal; en su criterio, son “tendenciosas y no utilizan información oficial”. En todo caso, este incidente reveló las fricciones que había entre esta Fundación y el gobierno de Evo Morales. Estas friegas, en la mayoría de los casos, estaban sustentadas en estudios realizados por esta fundación confesional.

A finales de 2018, la Fundación Jubileo se articuló al Consejo Nacional de la Democracia (Conade). En esta condición participó en una conferencia de prensa, el 6 de diciembre, que llamó a “la desobediencia civil de manera pacífica, como una manera de expresar la indignación frente a lo que denominó una ‘arremetida antidemocrática y dictatorial’ de parte del Gobierno”. En esa ocasión, el director de Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó: “Una dictadura no se trata solo de sacar tanques y soldados, sino la destrucción de las instituciones del Estado”; añadió que, “con la habilitación de Evo Morales como candidato, el último bastión de la institucionalidad, el TSE, fue destruido”.

Ahora bien, la Fundación Jubileo se desplazó al cuestionamiento político al entonces partido gobernante en el momento del acercamiento de las elecciones, donde uno de los temas de la agenda política estaba centrado en la nueva postulación de Evo Morales a la presidencia. En diciembre del 2018, la Fundación Jubileo advirtió una estructura hegemónica política absoluta implantada desde el gobierno de Evo Morales.

Entre las primeras acciones llevadas a cabo por esta Fundación, conjuntamente con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fue la elaboración, ejecución y difusión de dos encuestas antes de las elecciones, en el marco del programa “Tu voto también cuenta”, pero no fueron validadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no cumplía con los requisitos que la normativa electoral exige para el caso de encuestas preelectorales. Asimismo, el TSE exigió la fuente de financiamiento de la encuesta. Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó “que el financiamiento de la encuesta que realizó la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue obtenido por países de la comunidad internacional” (Página Siete 27.09.2019). Al final, los datos de la primera encuesta no se difundieron y de la segunda, antes que el TSE diera el visto bueno, los resultados aparecieron en las redes sociales.

Esos datos difundidos mostraban a Evo Morales con 31% y Carlos Mesa con 25%. Esos resultados no coincidían con otras encuestadoras que le otorgaban, por ejemplo, sobre 38% de preferencia electoral al MASIPSP. Una empresa dedicada a verificar la autenticidad de las noticias en las redes sociales detectó manipulación de los datos de esta encuesta. Esta situación evidenció las intenciones políticas de ambas instituciones que soslayaban detrás de estos sondeos de percepción electoral avaladas por la credibilidad de ambas instituciones. Asimismo, voceros de Conade, a fines de septiembre, anunciaron que junto con la Fundación Jubileo y las universidades estatales “se intentará sentar presencia en todas las mesas de votación del país” (Agencia ANF 27.09.2019).

Después de las elecciones tildadas de “fraudulentas”, la Fundación Jubileo se articuló al Conade con el propósito de sumarse a las protestas de las movilizaciones de los sectores urbanos que buscaban la renuncia presidencial de Evo Morales. El 10 de noviembre del 2019, Morales renunció a la presidencia. Luego, Jeanine Áñez se proclamó gobernante de Bolivia y, por efecto adyacente, a los tres días de su posesión, con el propósito de apaciguar las protestas sociales se perpetró una masacre en Sacaba y días después en El Alto. No obstante, la Fundación Jubileo no se manifestó sobre estas masacres. A pesar de haber sido parte del encuentro para lograr la pacificación del país después de los hechos de sangre en Sacaba y El Alto.

Un mes después de la renuncia presidencial de Morales, en diciembre de 2019, la Fundación Jubileo difundió un estudio económico donde su principal conclusión fue que el gobierno del MAS-IPSP “dejó una economía deteriorada”. Tres meses después, Jubileo, en el contexto de la crisis sanitaria a raíz de la presencia del COVID-19, se manifestó elogiando las medidas sociales y económicas adoptadas por el gobierno de Jeanine Áñez para encarar los efectos negativos producidos por la pandemia.

Para terminar, el despliegue institucional de la Fundación Jubileo con relación al gobierno de Evo Morales fue marcado por un enfrentamiento sistemático, a diferencia de otras agrupaciones sociales opositoras del MAS-IPSP, se caracterizó por su rasgo académico. Es decir, sus diferentes estudios, sobre todo, económicos, sirvieron como la punta de iceberg para su enfrentamiento contra el gobierno de Evo Morales. No es casual, en las elecciones presidenciales de 2020, una encuesta difundida por esta Fundación le otorgaba una expectativa nada optimista a la candidatura de la presidenta Áñez, casualmente al día siguiente de esta encuesta Jeanine Áñez declinaba su candidatura para evitar que el MAS retorne al poder.

(*) Yuri F. Tórrez es sociólogo

En pos de una investigación sin exclusiones

El grupo de expertos de la CIDH indagará tanto los actos de violencia como las violaciones de los derechos humanos

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de izquierda a derecha: Magdalena Correa, Patricia Tappatá, Juan Méndez, Julián Burguer y Marlon Weichert

Por Iván Bustillos

/ 2 de diciembre de 2020 / 15:01

El lunes 23 de noviembre finalmente se instaló en el país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz del acuerdo firmado entre este organismo y el gobierno transitorio de la presidenta  Jeanine Áñez el 12 de diciembre de 2019. Como ya se dijo, su trabajo en el país está previsto para seis meses, plazo que podrá ser extendido “por acuerdo de las partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, según detalla el Acuerdo.  

En el Acuerdo del 12 de diciembre, en su primer párrafo, hay una definición de su ámbito de trabajo; dice que se investigará y esclarecerá “los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos”. Pues bien, sin el menor asomo de prejuicio, el gobierno del presidente Luis Arce retoma esta idea y la reivindica en el sentido de que ello es lo completo: no solo se investiga los excesos del Estado (la violación de los derechos humanos), sino también la violencia entre sectores de las sociedad (los actos de violencia).

El Acuerdo de diciembre de 2019, que fue suscrito entre la canciller de entonces, Karen Longaric, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, era una salida a la tensión que había surgido entre el gobierno transitorio y la CIDH a causa del informe preliminar de este organismo hecho público apenas dos días antes, el 10 de diciembre. Es en este informe que la CIDH define a lo ocurrido en Sacaba y Senkata como dos “masacres”. Hay que recordar que el gobierno transitorio lo rechazó de plano, calificándolo de “vergonzoso”, “totalmente sesgado”. El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo incluso acusaba a la CIDH: “¿Dónde estaba la CIDH en la matanza de Porvenir, La Calancha? ¿Dónde estaba la CIDH cuando pateaban y masacraban a los indígenas de Chaparina? ¿Dónde estaba la CIDH en estos últimos 14 años donde ha habido más de cien muertos en nuestro país por el gobierno de Evo Morales? Esa es una pregunta que debe responder la CIDH”.

COMISIÓN

Al margen de la reacción poco cordial del gobierno interino, lo primero que dice el informe preliminar de la CIDH del 10 de diciembre es que “urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019” y, es justo reconocerlo, como apunta el propio informe, el gobierno de Áñez en una “nota diplomática” fechada ese mismo 10 de diciembre ya expresa su voluntad de que haya dicha investigación internacional independiente. “Será esa investigación internacional la que investigue los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019”, y que “[e]stamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”, cita la CIDH la nota diplomática enviada por el Gobierno boliviano.

Acordada la creación del grupo de expertos en diciembre, éste fue anunciado por la CIDH el 23 de enero, en un acto público en Washington. El grupo estaba conformado por cuatro integrantes: Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Un mes después, el 21 de febrero, como relata Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre estos mismos hechos, “el Ministerio de Justicia boliviano solicitó a la CIDH, dándole un plazo específico, un cambio de integrantes del GIEI, concretamente de Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez ‘por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia’”. Dicho cuestionamiento y la sugerencia de cambiar de expertos, protestó AI, “constituye una afectación a la autonomía de la CIDH y a la independencia del GIEI para llevar adelante su labor”. La CIDH no aceptó el pedido del gobierno interino, aunque, a fines de abril (28), anunció que se añadía una quinta experta, la colombiana Magdalena Correa. En marzo de 2020 el grupo ya estaba listo para venir a Bolivia, pero fue en una reunión efectuada entre autoridades bolivianas y la CIDH en Haití, en el marco del 175 Periodo de Sesiones de la CIDH (2 al 8 de marzo), que se acordó que el GIEI vendría recién luego de las elecciones nacionales, fijándose como fecha tentativa el 2 de octubre.

Fue en la reunión en Haití que se tomó un acuerdo ciertamente insólito: “que el informe preliminar de la CIDH, de diciembre de 2019, sobre los sucesos de violencia en Bolivia, no será la base del trabajo de investigación de GIEI”.

Si bien ya se señaló bastante lo que el GIEI hará en Bolivia, vale la pena precisar algunos detalles no muy difundidos del Acuerdo del 12 de diciembre; un texto de cuatro páginas, que se lo puede consultar en: http://www.oas.org/es/cidh/giei/Bolivia/acuerdo/default.html.

En el primer párrafo, se establece que el plazo que se investigará, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, es una “decisión del Gobierno de la República de Bolivia”, del gobierno transitorio de Áñez.

ATRIBUCIONES

El GIEI se crea, dispone el punto 1, “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Bolivia”. Se le otorga tres grandes atribuciones: “A. Elaboración de Planes de Investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades  en Bolivia; B. Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y C. Análisis técnico de un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos a partir del 1 de septiembre de 2019”.

En el punto D, se detalla lo que el Estado boliviano debe garantizar al grupo de expertos: a) el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas; b) el “acceso a la información pública gubernamental relacionada con los hechos, incluso cuando no se encuentre agregada a las actuaciones de las indagatorias o causas penales iniciadas”; c) se garantizará “las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para realizar su trabajo”; d) “la seguridad para el desarrollo de su trabajo”; y e) “la formalización de la asistencia técnica mediante el instrumento normativo que corresponda”.

Luego, en el punto 3, se establece que “la Secretaría Ejecutiva de la CIDH cubrirá, por medio de fondos específicos y propios, todos los gastos en que incurra el grupo”. En el punto 5 se determina que el “GIEI dará a conocer al Estado boliviano los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que se estimen convenientes y elaborará un informe público final de su trabajo”. Y, en el punto 9, se anota que sobre la base del Acuerdo, luego “se suscribirá un Protocolo de Actuación” para operativizar la labor del grupo de expertos.

Fue este Protocolo de Actuación que precisamente firmaron los representantes de la CIDH y el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, el lunes 23. No es una formalidad, pues en éste se precisan algunos aspectos omitidos en el Acuerdo, que de todos modos sigue siendo el documento base. En este sentido, hay cierta continuidad entre lo iniciado por el gobierno interino de Áñez y lo que ahora promueve el gobierno del presidente Luis Arce. Hasta la fecha, no se ha publicado el texto íntegro del Protocolo, pero para conocer sus más importantes rasgos acudimos al ministro de Justicia, Iván Lima Magne.

Lo primero que el ministro destaca de la labor del grupo es que su trabajo “va a privilegiar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, y el tema de la reparación de los daños que han sufrido”; esto es lo que diferencia la acción de los expertos de lo que harán la Fiscalía o el Órgano Judicial, remarca Lima.

El periodo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, fue una decisión del gobierno transitorio, como dando a entender que durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), los meses previos a la crisis de octubre, también se dieron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el ministro de Justicia señala que en el actual gobierno se decidió mantener dichos plazos para favorecer la investigación, que se conozca el contexto de la crisis que se desencadenó desde el 21 de octubre. “Los contextos de estas investigaciones son muy importantes; la violencia en los países no se desencadena de un momento a otro, son procesos de acumulación de causas; el objetivo de una investigación seria es ver con la mayor objetividad cómo hemos llegado al contexto que hemos sufrido los bolivianos en noviembre”; pero acaso más importante es la razón que luego el ministro Lima señala: la inclusión que debe tener la investigación de los hechos: “Al fijar la fecha de septiembre, lo que hacemos es permitir que ningún boliviano sienta que está excluida su participación; ese es un elemento importante por el que el actual gobierno no ha cuestionado la fecha de trabajo del grupo de expertos”, destacó el ministro.

COMPLETO

En lo relativo al cuestionamiento que vino de la oposición de que el trabajo del grupo de expertos tenderá a enfocarse solo a los hechos que le interesa al gobierno del MAS, el ministro Lima es enfático en señalar que el “carácter completo” de la labor del GIEI (además de haber mantenido las fechas) está garantizado porque se manejarán con dos grandes premisas: se investigará los “hechos de violencia” y las “violaciones de los derechos humanos”.

“La investigación va ser completa, porque el marco del Protocolo señala que se va a investigar los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en ese periodo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Voy a pedir que se publique el Protocolo para que todo el país esté tranquilo de que se está dando una participación amplia a todos los sectores sociales y a todos los hechos investigados”, destacó.

El ministro confirmó que se acordó que el grupo de expertos presente informes mensuales, periódicos y el informe final, “que tiene que ser del conocimiento del Gobierno de Bolivia 10 días antes de su publicación”.

En cuanto al acuerdo que hubo entre la CIDH y el gobierno transitorio de Áñez, de que el grupo de expertos no tome en cuenta el informe preliminar de la propia CIDH de diciembre de 2019, Lima directamente señala que eso va contra la naturaleza de esta investigación. Siendo un grupo de expertos independientes, “ellos no excluirían de su proceso de análisis y de decisión ningún elemento de prueba; pretender que algunos de los elementos sea excluido (en este caso, el informe preliminar de la CIDH), es no entender la naturaleza jurídica de estas instituciones”. Otra cosa es no estar de acuerdo con ese informe, para lo cual lo único que resta es que se lo trate de rebatir, se argumente contra el mismo, puntualiza el ministro.

“Decir que ese informe está equivocado es admisible, ojalá que lo hagan, que hagan llegar escritos, documentos, al Grupo de Expertos, en los cuales refuten los hechos que se recogen en ese informe, pero pretender suprimirlo es un acto de arbitrariedad; todos los informes que se han hecho hasta ahora deben ser objeto de evaluación del grupo de expertos”.

A la fecha, hay cuatro informes internacionales y tres nacionales sobre la violencia ocurrida entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Esto, al margen de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

Con respecto al efecto que tendrá la investigación del grupo de expertos, Lima remarcó la importancia aquí del Minsterio Público, de la Fiscalía, pues la investigación que lleve adelante esta instancia en últimas es la única válida jurídicamente, por eso se insiste en que el trabajo del GIEI sobre todo es para coadyuvar el trabajo de la Fiscalía.

“Es lo que siempre he manifestado. La soberanía de Bolivia no se puede vulnerar y quien es titular de la acción penal es la Fiscalía General del Estado a través de su Fiscal General, él es el que debe llevar el caso a juicios, a sostener la acusación”, afirmó el ministro abogado.

Ahora, esto tampoco significa que todo el país, peor la Fiscalía, deba esperar el informe final del grupo de expertos para saber lo que pasó en la crisis del año pasado. Claro que tiene su valor, el trabajo del GIEI es “para restaurar la paz entre los bolivianos”, señala Lima, pero es la Fiscalía la que debe llevar a cabo la investigación según los plazos que la da la ley: “respetamos el trabajo del Fiscal (Juan) Lanchipa y su objetividad, pero le exhortamos a que cumpla los plazos que señala nuestra ley para darle justicia a las víctimas; no podemos estar esperando el informe final de la CIDH; somos soberanos, y esperamos que el trabajo del Fiscal se desarrolle en apego a la ley pero siempre cumpliendo los plazos procesales”.

Con todo, el ministro informó que ya está acordada toda una relación entre el grupo de expertos y la Fiscalía General del Estado y las fiscalías departamentales que corresponda.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Persecución política y acoso callejero

Testimonio de lo que pasaron la exdiputada del MAS Susana Rivero y su familia tras la caída de Evo Morales

/ 2 de diciembre de 2020 / 14:58

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, tuvo la insolencia de no contestar a una pregunta del operador mediático de CNN en español, Fernando del Rincón, entrevistador más cercano a la disciplina de cuadrilátero de boxeo que a la del buen hacer periodístico. “¡Conteste a la pregunta!” insistía una y otra vez, mientras Rivero le mostraba un mapa boliviano pintado de azul para exhibir cómo había ganado el Movimiento Al Socialismo (MAS) la elección presidencial del 20 de octubre de 2019.

Tamaña irreverencia le costó a Rivero que aproximadamente cincuenta personas, que se autonombraban militantes de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, se dirigieran hacia la puerta de su casa para averiarle la barda, la acera, lanzar pintura a las paredes y repetir como robótica consigna “¡Conteste a la pregunta!”, sumadas a ello temerarias calumnias y frases discriminatorias. Aquel día, en su casa se encontraban solamente Susana y nuestros hijos, mientras a la misma hora y el mismo 30 de octubre, le sucedía prácticamente lo mismo a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que tuvo que soportar idéntico amedrentamiento en las puertas de su casa, a la cabeza de un exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos, de apellido materno Sánchez Bustamante, sobrino de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Rivero y Montaño daban la cara en defensa de la victoria de Evo Morales en las urnas, como no lo hacían otros masistas, como por ejemplo el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quien en alguna oportunidad afirmara que “Carlos Mesa era como su segundo padre”. Confusos y atemorizantes fueron esos días, en los que sobre todo las representantes masistas de clase media defendieron con todas sus fuerzas algo que ellas consideraban legal y legítimo: la obtención de un triunfo indiscutible; eso sí, absolutamente convencidas a esas alturas de que esa victoria había sido perfectamente perforada por la narrativa del “fraude monumental” y que de ahí en más, la crisis de los veintiún días terminaría con el gobierno al que apenas le faltaban sesenta días para fenecer constitucionalmente.

Razones de seguridad obligaron a Rivero y a sus hijos a refugiarse en casa de una compañera y amiga por temor a que las amenazas pudieran traducirse en acciones de hecho emparentadas con el linchamiento. Llegó el 10 de noviembre, y mientras policías y militares ya habían consumado el festejo de quienes querían a Evo renunciado, desembarcamos en la residencia de la Embajada de México cuando ya se sabía que Adriana Salvatierra y Víctor Borda, presidentes del Senado y de Diputados, habían renunciado, y la instrucción cupular decía que la decisión pasaba por dejar sin posibilidades de sucesión constitucional a los golpistas. Ese mal cálculo del retorno de Evo a la silla presidencial más pronto que tarde, dejó a miles de masistas, hombres y mujeres de las ciudades y las zonas rurales, en estado de indefensión, lo que dio lugar a las muertes producidas en Sacaba, Senkata y El Pedregal con el Decreto Supremo 4078 que otorgaba licencia para matar a las Fuerzas Armadas: que el juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez se sujete con rigor a un debido proceso.

Quedarse en la embajada mexicana hubiera sido autocondenarse a permanecer atrapada durante casi un año, por lo que decidimos trasladarnos a casa de una amiga, luego retornar a la casa propia para emprender viaje fuera del país la madrugada del 19 de noviembre, evitando en lo posible las miradas asesinas y las agresiones de quienes disfrutaban con morbo la caída de Evo y la llegada al poder de una senadora gracias a la derecha civil-policial-militar que ya nombramos en distintos artículos y que se irán de este mundo con el estigma que la historia ya les ha reservado hacia la eternidad: golpistas; y para siempre.

Indefenso e indignado, subrayando que en lo personal a este periodista el gobierno autoritario de Jeanine Áñez no le dijo ni hizo nada, con Susana e hijos tuvimos que abandonar Bolivia, asediada por militantes del acoso y la agresión callejera, con fotografías en el aeropuerto de El Alto, en el de Bogotá y hasta en calles de Buenos Aires que se encargó de publicar gentilmente Raúl Peñaranda en Brújula Digitalcon rebote en Página Siete, medios de los que dispuso durante este último año para ejercitar persecución mediática en sintonía con las emprendidas a nivel político por el ministro de gobierno, Arturo Murillo.

Amenazas de muerte, y hasta un espía que se instaló en una casa de a lado para instar al vecindario a “impedir que Rivero vuelva a habitar su casa” (¿?), más la aparición de un grupo llamado “Tigres fuertes”, conformado por jailones de la zona Sur de La Paz que me fotografiaban donde podían para luego generar debate sobre cuál sería la forma de “sentarme la mano”, son el tipo de acciones que llevaron adelante estos que fueron configurándose en algo así como grupos irregulares, sin el grado de organización de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Supongo que el pitita Brockman no se refiere a todos éstos en su fallido proyecto editorial desmentido por el triunfo, otra vez, del MAS, sin Evo en la papeleta.

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 salí e ingresé a Bolivia en tres oportunidades para compartir con mi familia en el autoexilio al que nos obligó la furia revanchista y bestial del murillismo. Rivero no volvió a contactar durante su permanencia fuera del país a sus compañeros de partido. Sí estuvo en comunicación con dos exparlamentarias y una exministra a título exclusivamente personal; y luego de este año azotado por el golpe, el autoritarismo persecutorio del gobierno transitorio, la corrupción desvergonzada, desde el robo de gallinas hasta un sobreprecio de respiradores que nunca llegaron a funcionar, todavía no cesan los insultos, las calumnias y las amenazas callejeras: una “pedagoga” que dirige una “Casa del adolescente” financiada por Samuel Doria Medina me encaró en la puerta de una sucursal bancaria gritándome “¡masista delincuente!” en el mismo tono en el que Del Rincón le profería a Rivero el “¡conteste la pregunta!”. Es obvio que no voy a pasarme los días contestando que no soy ninguna de las dos cosas, que mi militancia política tiene exclusiva relación con el Partido Socialista 1 de otro asesinado por la derecha civil-militar (1980), el extraordinario Marcelo Quiroga Santa Cruz.

No eran milicianos revolucionarios. Se trataba de pititas conservadores que en su legítimo derecho de reclamar por el no respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 ejercen persecución política desde las redes sociales, en lugares públicos de manera insistente y cotidiana hasta la llegada del coronavirus, y que ahora, shockeadospor el enmudecedor triunfo del MAS del 18 de octubre, persisten en su idea de querer imponer una Bolivia que ya no existe más, la de los privilegios excluyentes de una decadente e insensible mirada sobre este territorio de diversos nacido antes de 1492.

(*) Julio Peñaloza Bretel es periodista

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El sentido del impuesto a la riqueza

El perfil solidario del impuesto puede ser un quiebre en el carácter regresivo de nuestro sistema tributario

/ 2 de diciembre de 2020 / 14:56

El anuncio de la creación de un impuesto a la riqueza desde los días de campaña del MAS, ha generado un interés inusitado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las voces detractoras de esta propuesta han procurado opacarla bajo la retórica del riesgo de que introduciría desincentivos en un momento de crisis económica. Las olas de desinformación y noticias falsas no tardaron en expandir rumores sobre la posible afectación de una gran mayoría de la población, sin ahondar en las razones de redistribución y eficiencia fiscal en la lucha contra el fraude y la evasión tributaria en las que se basa este tipo de reforma.

Frente a la desinformación y la resistencia, las nuevas autoridades del área económica no tardaron en aclarar las principales características del impuesto: será aplicable a las “grandes fortunas”, es decir, a un patrimonio superior a determinado umbral (aún no definido) no menor a 30 millones de bolivianos (más de 4 millones de dólares), estableciendo así un mínimo lo suficientemente elevado para dejar afuera a la mayoría de los ciudadanos, pues alcanzaría, según afirmaron las autoridades, a un universo de algo más de un centenar de personas especialmente privilegiadas. Sobre el diseño, se ha anunciado una alícuota progresiva, es decir, también igualadora entre los ricos, porque sería creciente según el tramo de patrimonio. Se estima de manera preliminar una recaudación de 100 millones de dólares anuales, recursos que representan una mínima fracción de la recaudación tributaria en el país, pero suficiente para duplicar, por ejemplo, la inversión pública municipal destinada a programas y proyectos que promueven la equidad de género en el país.

¿Por qué una propuesta de recaudación que solo alcanzaría a un grupo reducido de la población genera tanta resistencia y preocupación de la opinión pública? Me atrevo a enumerar al menos tres razones.

Primero, la economía política de las reformas tributarias siempre ha sido compleja y, por eso, no llama la atención que este anuncio suscite revuelo, pues cae en un campo minado de las políticas públicas debido a los intereses que están en juego cuando se habla de impuestos, más aún en el caso de un impuesto a la riqueza de las personas, medida nunca antes discutida en el país. Segundo, en un ambiente polarizado, la resistencia a esta medida, que no afectará a las clases medias, se ha convertido en una trinchera más de confrontación entre las voces ubicadas en las coordenadas progresistas o conservadoras del tablero. Tercero, las élites económicas en el mundo se han acostumbrado a políticas fiscales que las benefician a través de subsidios, exenciones, exoneraciones, e incluso vacíos legales que han facilitado la fuga de capitales hacia los denominados paraísos fiscales. El caso de Bolivia no escapa a esta situación.

En 2019, la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa encargada de investigar el caso de los Papeles de Panamá para Bolivia concluyó que existía una fuga aproximada de 1.000 millones de dólares anuales, escondidos en paraísos fiscales alrededor del mundo. El posible traslado de activos a jurisdicciones poco transparentes podría ser uno de los mayores desafíos de la administración tributaria para cumplir con el objetivo redistribuidor de este impuesto, pero a la vez su creación puede generar las condiciones para facilitar el intercambio de información necesario entre administraciones tributarias a fin de combatir la opacidad.

En un momento de crisis económica hablar de esta reforma adquiere un sentido ético adicional, la recuperación solidaria. La crisis económica, agudizada por la pandemia y las medidas de cuarentena, anticipa una contracción económica severa en el país, poniendo en riesgo la trayectoria de crecimiento pro pobre que había caracterizado el cambio económico y social en los años previos al quiebre político institucional de octubre de 2019.  Para este año, se proyecta una caída del PIB en torno a 6%. La pérdida de ingresos laborales y el deterioro de las condiciones de empleo han significado caídas sustanciales en los ingresos de los hogares bolivianos, en especial de los hogares más pobres, y de aquellos trabajadores insertos en los sectores de la economía más golpeados por la crisis.

Algunos análisis estiman pérdidas de más de 70% de los ingresos en los hogares más pobres, frente a 2% en los ingresos laborales más altos.  El impacto negativo de la crisis no se ha logrado mitigar de manera significativa con la respuesta de protección social asumida durante el gobierno transitorio (transferencias monetarias distribuidas a distintos grupos de la población) y requieren una reformulación en el diseño para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. De no asumirse medidas urgentes para frenar esta tendencia, la contracción económica esperada para 2020 podría traducirse en medio millón de personas pobres más este año.

En el mediano plazo, y tomando conciencia de los desafíos de la transición hacia un nuevo ciclo económico con igualdad, parte de las alternativas incluye una discusión urgente que el país ha postergado: la necesidad de transformar el carácter regresivo de nuestro sistema tributario, y de identificar nuevas fuentes de movilización de recursos que superen las limitaciones de sostenibilidad de las recaudaciones dependientes de hidrocarburos en momento de recesión, procurando reducir la concentración de las recaudaciones en impuestos al consumo, como el IVA, que por sus características recae en mayor medida en las poblaciones más pobres.

La propuesta de un impuesto a las grandes fortunas manda una señal esperanzadora sobre las posibilidades de una nueva normalidad centrada en la premisa de que no habrá recuperación posible sin reformas fiscales progresivas en el corto plazo. Si bien esta innovadora propuesta no resolverá el problema crítico del reducido espacio fiscal que enfrentará el sector público en el mediano plazo para financiar el desarrollo, su sentido solidario puede marcar un punto de quiebre en el carácter regresivo de nuestro sistema tributario y promover una asignación del gasto público capaz de revertir la trayectoria “desigualadora” y “empobrecedora” que esta pandemia ha profundizado.

(*) Verónica Paz Arauco es economista

(**) La autora es Coordinadora de Campañas e Incidencia de Oxfam en Bolivia.

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Secuestro de la gestión

La burocracia, ‘la más miserable encarnación del barroco andino’, aprisiona la gestión, dice el autor

/ 2 de diciembre de 2020 / 13:25

En estos días, recién estrenadas autoridades en los más diversos ministerios, viceministerios y direcciones están a punto de encontrarse —algunos nuevamente— con la más miserable encarnación del barroco andino: la burocracia estatal. No es casual que en su más reciente novela, Juan Pablo Piñeiro escriba sobre la burocracia que “[e]ngendrada en el vacío, ha echado a perder este país desde el día de su fundación. Oscuro refugio de la mediocridad, cuna del prebendarismo y escuela del ejercicio del poder minúsculo en contra del prójimo. Todo está infectado por su horrorosa presencia que, como un parásito insaciable, se alimenta de tiempo y por lo mismo de vida.”

En este caso, las hipérboles literarias no se encuentran demasiado lejos de las experiencias de los usuarios de casi cualquier servicio estatal. Algún tuit sabio recientemente mencionaba que este es el país de las filas y de las fotocopias de carnet. Cabría agregarse a ello que este es el país de las listas incompletas de requisitos. En una oficina pueden pedir 7 cosas, los usuarios trabajosamente van a buscar papeles aquí y allá, haciendo colas para pedir legalizaciones, para hacer depósitos bancarios y hacerse firmar memoriales. Al cabo de la engorrosa odisea regresa a la ventanilla para ser informado que además necesita un octavo requisito que no se encuentra en la lista, pero se supone debe ser cargado por el usuario porque es “obvio”. Es dudoso que algún ciudadano no haya padecido el embotamiento negligente de la burocracia.

Por dentro, la máquina funciona con la misma lamentable indolencia. Las autoridades designadas, sea en temas de ingeniería, hidrocarburos, culturas o telecomunicaciones, procurarán idealmente rodearse de especialistas en esas áreas para hacer una buena gestión. Pero en la administración pública no solo hay que saber del tema de especialidad sino además conocer el rosario de normativa, desde la ley 1178, la 2027, la 004 , el reglamento de responsabilidad por la función pública, los reglamentos internos de personal, los manuales de operación y funciones, decretos supremos varios, modificatorios, etcétera, etcétera.

Frente a ese escenario, las autoridades designadas se ven en una disyuntiva con dos opciones: la primera es apoyarse en las partes administrativas de la institución, confiando en su criterio; pero eso ha llevado a que la administración se convierta en comisario matón de los profesionales que no son del área o de plano convertirse en candado de las posibilidades de ejecución o contratación. “La norma no lo permite” es el lema de las Direcciones Generales de Asuntos Administrativos, mismas que rematan “el no cumplimiento conllevará responsabilidad administrativa”.

La otra opción para una autoridad es empeñarse en aprender la norma con todo el detalle que pueda. Por ese camino se llega a una constante puja y pelea con la parte administrativa en la que la discusión se asemeja a un juego de cartas, a ver quién tiene la más alta. Muchas autoridades eligen no hacer eso porque supone dejar de hacer aquello en lo que son especialistas, y solo para tratar de batirse a duelo con quienes pretenden manejar —aunque manipular sería más preciso— una y otra ley que regula la administración pública.

El riesgo de perder frente a la burocracia no está exento de peligros, especialmente uno que agitan como bandera los administrativos: proceso administrativo y sus posibles implicaciones civiles y penales.

La jaula de hierro

Fue Max Weber quien reflexionó tempranamente sobre la burocracia. Sugirió, hace ya 100 años, que la burocracia suponía la racionalización de los procesos del poder institucional y, en cuanto los funcionarios están obligados a seguir procedimientos preestablecidos, se disolvía la impronta personal que podía tener un funcionario en particular. Se suponía entonces, y se supone ahora, que al deberse a la ley, un funcionario debe seguir un camino preestablecido para ejecutar ciertas tareas y no se depende en absoluto de su capricho. No obstante, en Bolivia actualmente es notorio que un cambio en las direcciones administrativas significa una reorganización de cómo se trabaja y cómo se coordina. Es decir, la persona a cargo de la parte administrativa hace mucho.

Aquello da pie a un sobredimensionamiento de la tuición de la parte administrativa sobre las partes sustantivas en cualquier institución. En el sector cultural, por ejemplo, la parte administrativa fuerza a que los resultados y objetivos de cualquier gestión estén planteados no en términos que puedan evaluar los especialistas del área, sino que sean comprensibles en términos de la gente de contabilidad. Si los Términos de Referencia de un video promocional indica que la duración debe ser de un minuto, se exige que dure exactamente un minuto, sin atención a si el video de 58 segundos cumple exactamente con el cometido para el que se hizo la contratación.

Alguien del lado de la ingeniería podría alegar que una diferencia de un centímetro puede significar una obra concluida o el colapso de una estructura. Pero el punto es justamente ese: quienes pueden valorar la relevancia de ese segundo o centímetro son áreas sustantivas, no las administrativas, las cuales, sin embargo, exigen que los resultados sean planteados en sus términos. No se trata de abogar porque la administración pública sea jauja, sino porque sean los criterios sustantivos los que primen en la actividad.

Una reforma de la burocracia debe ser parte de una agenda para vivir bien. Como se comentó, el problema no es solo la mala actitud de las personas que atienden ventanilla, sino una lógica de acción viciada del miedo a la ley y de sus manipulaciones por parte de quienes deberían apoyar a lograr objetivos.

Francisco Gil Villegas, traductor de Weber en la actualidad, ha comentado que stahlhartes Gehäuse fue mal traducido al español y al inglés como jaula de hierro (iron cage). Weber habría querido decir que la burocracia es un caparazón duro como acero, es decir, algo que si bien restringe movilidad, protege. Para nuestra latitud y tiempo, sin embargo, la jaula de hierro de la burocracia sigue siendo un concepto más preciso.

(*) Eduardo Paz Gonzales es sociólogo

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Persecución política y acoso callejero (2019-2020)

Amenazas de muerte, y hasta un espía que se instaló en una casa de a lado para instar al vecindario a “impedir que Rivero vuelva a habitar su casa” .

La entrevista de Fernando del Rincón con Susana Rivero: Captura: CNN

/ 28 de noviembre de 2020 / 23:17

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, tuvo la insolencia de no contestar a una pregunta del operador mediático de CNN en español, Fernando del Rincón, entrevistador más cercano a la disciplina de cuadrilátero de boxeo que a la del buen hacer periodístico. “¡Conteste a la pregunta!”, insistía una y otra vez, mientras Rivero le mostraba un mapa boliviano pintado de azul para exhibir cómo había ganado el Movimiento Al Socialismo (MAS) la elección presidencial del 20 de octubre de 2019.

Tamaña irreverencia le costó a Rivero que aproximadamente cincuenta personas que se autonombraban militantes de Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, se dirigieran hacia la puerta de su casa para averiarle la barda, la acera, lanzar pintura a las paredes y repetir como robótica consigna “¡conteste a la pregunta!”, sumadas a ello temerarias calumnias y frases discriminatorias. Aquél día, en su casa se encontraban solamente Susana y nuestros hijos, mientras que a la misma hora y el mismo 30 de octubre le sucedía prácticamente lo mismo a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que tuvo que soportar idéntico amedrentamiento en las puertas de su casa, liderado por un exfuncionario de la embajada de Estados Unidos, de apellido materno Sánchez Bustamente, sobrino de Gonzalo Sanchez de Lozada.

Rivero y Montaño daban la cara en defensa de la victoria de Evo Morales en las urnas, como no lo hacían otros masistas como, por ejemplo, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quien en alguna oportunidad afirmara que “Carlos Mesa era como su segundo padre”. Confusos y atemorizantes fueron esos días, en los que, sobre todo las representantes masistas de clase media, defendieran con todas sus fuerzas algo que ellas consideraban legal y legítimo: la obtención de un triunfo indiscutible, eso sí, absolutamente convencidas a esas alturas que esa victoria había sido perfectamente perforada por la narrativa del “fraude monumental” y que de ahí en más, la crisis de los veintiún días terminaría con el gobierno al que apenas le faltaban sesenta días para fenecer constitucionalmente.

Razones de seguridad obligaron a Rivero y a sus hijos a refugiarse en casa de una compañera y amiga por temor a que las amenazas pudieran traducirse en acciones de hecho, emparentadas con el linchamiento. Llegó el 10 de noviembre, y mientras policías y militares ya habían consumado el festejo de quienes querían a Evo renunciado, desembarcamos en la residencia de la embajada de México cuando ya se sabía que Adriana Salvatierra y Victor Borda, presidentes del Senado y Diputados, habían renunciado, y la instrucción cupular decía que la decisión pasaba por dejar sin posibilidades de sucesión constitucional a los golpistas. Ese mal cálculo del retorno de Evo a la silla presidencial más pronto que tarde dejó a miles de masistas, hombres y mujeres de las ciudades y las zonas rurales, en estado de indefensión, lo que dio lugar a las muertes producidas en Sacaba, Senkata y El Pedregal, con el Decreto Supremo 4078 que otorgaba licencia para matar a las Fuerzas Armadas: que el juicio de Responsabilidades a Jeanine Añez se sujete con rigor a un debido proceso.

Quedarse en la embajada mexicana hubiera sido autocondenarse a permanecer atrapada durante casi un año, por lo que decidimos trasladarnos a casa de una amiga, luego retornar a la casa propia para emprender viaje fuera del país la madrugada del 19 de noviembre, evitando en lo posible las miradas asesinas y las agresiones de quienes disfrutaban con morbo de la caída de Evo y la llegada al poder de una senadora gracias a la derecha civil-policial-militar que ya nombramos en distintos artículos y que se irán de este mundo con el estigma que la historia ya les ha reservado hacia la eternidad: golpistas. Y para siempre.

Indefenso e indignado, subrayando que en lo personal, a este periodista el gobierno autoritario de Jeanine Añez no le dijo ni hizo nada, con Susana e hijos tuvimos que abandonar Bolivia, asediados por militantes del acoso y la agresión callejera, con fotografías en el aeropuerto de El Alto, el de Bogotá y hasta en calles de Buenos Aires que se encargó de publicar gentilmente Raúl Peñaranda en Brújula Digital con rebote en Página Siete, medios de los que dispuso, durante este último año, para ejercitar persecución mediática en sintonía con las emprendidas a nivel político por el ministro de gobierno, Arturo Murillo.

Amenazas de muerte, y hasta un espía que se instaló en una casa de a lado para instar al vecindario a “impedir que Rivero vuelva a habitar su casa” (¿?), más la aparición de un grupo llamado “Tigres fuertes” conformado por ‘jailones’ de la zona Sur de La Paz que me fotografiaba donde podía para luego generar debate sobre cuál sería la forma de “sentarme la mano”, son el tipo de acciones que llevaron adelante estos que fueron configurándose en algo así como grupos irregulares sin el grado de organización de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Supongo que el pitita Brockman no se refiere a todos estos en su fallido proyecto editorial desmentido por el triunfo, otra vez del MAS, sin Evo en la papeleta.

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 salí e ingresé a Bolivia en tres oportunidades para compartir con mi familia en el autoexilio al que nos obligó la furia revanchista y bestial del murillismo. Rivero no volvió a contactar durante su permanencia fuera del país a sus compañeros de partido. Sí estuvo en comunicación con dos ex arlamentarias y una exministra a título exclusivamente personal, y luego de este año azotado por el golpe, el autoritarismo persecutorio del gobierno transitorio, la corrupción desvergonzada, desde el robo de gallinas hasta un sobreprecio de respiradores que nunca llegaron a funcionar, todavía no cesan los insultos, las calumnias y las amenazas callejeras: una “pedagoga” que dirige una “Casa del Adolescente”, financiada por Samuel Doria Medina, me encaró en la puerta de una sucursal bancaria gritándome “¡masista delincuente!” en el mismo tono en el que Del Rincón le profería a Rivero el ¡conteste la pregunta!”. Es obvio que no voy a pasarme los días contestando que no soy ninguna de las dos cosas, que mi militancia política tiene exclusiva relación con el Partido Socialista 1 de otro asesinado por la derecha civil- militar (1980), el extraordinario Marcelo Quiroga Santa Cruz.

No eran milicianos revolucionarios. Se trataba de pititas conservadores que, en su legítimo derecho de reclamar por el no respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, ejercen persecución política desde las redes sociales, en lugares públicos de manera insistente y cotidiana, hasta la llegada del coronavirus, y que ahora, shockeados por el enmudecedor triunfo del MAS del 18 de octubre, persisten en su idea de querer imponer una Bolivia que ya no existe más, la de los privilegios excluyentes de una decadente e insensible mirada sobre este territorio de diversos nacidos antes de 1492.

*Julio Peñaloza Brete es periodista

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