Para analizar este especial periodo de gobierno es oportuno dividirlo en dos etapas: una sin pandemia, que dura de noviembre de 2019 a febrero de 2020, caracterizada por la visible intención gubernamental de deconstruir la economía mixta heredada; y, la segunda, con pandemia, de marzo a octubre de 2020, que destaca por la creación de bonos sociales, el ajuste normativo en materia tributaria y la implementación de un direccionado plan nacional de reactivación.
En diciembre de 2019, cuando no se preveía la llegada de la pandemia al país, el Gobierno accionó la estrategia de desacreditar el desempeño de toda empresa pública, tratando de posicionar en la población la vieja idea de que “el Estado es un mal administrador”. Siguiendo esta línea discursiva, se menospreciaron proyectos nacionales de industrialización en minería, hidrocarburos y litio. El desprestigio mediático conduciría luego a un objetivo mayor: privatizar empresas públicas, reduciendo así la participación estatal en la economía nacional.
Se comenzó descalificando la gestión de empresas grandes y estratégicas como Entel y YPFB, por contribuir al pago de bonos estatales, como el Juancito Pinto. Se criticó el desempeño de las plantas separadoras de líquidos por operar por debajo de su capacidad productiva, tratándose de emprendimientos productivos en pleno desarrollo. Se arguyó bajas utilidades en empresas de mediana envergadura como Mi Teleférico, sin contemplar que, tratándose de proyectos de transporte masivo, el impacto en la calidad de vida de sus usuarios fue inmediato. Se denunció pérdidas en la empresa de trasporte aéreo BoA, que cumple una función económica y social al cubrir vuelos no necesariamente rentables. En minería, se cuestionaron bajas utilidades en la Empresa Minera Huanuni y la Metalúrgica de Vinto, siendo éstas claves para la exportación de estaño refinado. También, se argumentó insolvencia de empresas pequeñas como la ensambladora Quipus, emprendimiento destinado a generar empleo técnico.
Asimismo, se ordenó el cierre de operaciones de la Planta de Fertilizantes de Bulo Bulo, que contaba ya con producción comprometida para su exportación. Se desacreditó el desempeño de la Planta de Azúcar y Alcohol, emprendimiento agroindustrial en plena maduración. Sin muchos argumentos técnicos y legales, se disolvió la sociedad ya constituida entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para la explotación e industrialización del litio. Al mismo tiempo, se anunció que la Planta de Procesamiento del Litio trabajaba por debajo de su capacidad instalada, tratándose de un proyecto nacional en etapa experimental, clave para la explotación e industrialización mixta del mineral. Finalmente, se paralizó en su etapa final la construcción del tren eléctrico, cesando las actividades de la empresa Mi Tren; y, se congeló el proyecto del Centro de Medicina Nuclear, emprendimiento que brindaría servicios públicos en medicina nuclear contra el cáncer.
Con la llegada de la pandemia en marzo 2020, el Gobierno diseñó una serie de medidas económicas de contención: entrega de bonos sociales, habilitación de créditos rápidos para empresas paralizadas y varias concesiones que postergaron el pago de impuestos y condonaron deudas tributarias. Es evidente que ninguna de estas medidas fue hecha para auxiliar a empresas públicas.
En abril de 2020, se comienza el pago del Bono Familia de Bs 500 y en mayo del Universal, con similar monto, llegando a beneficiar alrededor de 4,2 millones de personas. El costo para pagar los bonos estaría en alrededor de $us 300 millones. Para erogar dicho monto y cubrir gasto corriente del Estado, el Gobierno recurrió a un crédito de $us 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB). A ello, se suma $us 1.400 millones, recibidos por concepto de donación internacional durante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia. Evidentemente, el pago de los bonos es una inyección rápida de dinero en la economía, estimulando el consumo familiar y contrarrestando en parte las fuerzas contractivas en la demanda agregada. Sin embrago, el diseño de los bonos no contiene filtros adecuados para llegar exclusivamente a la población más vulnerable del país, ratificando desigualdades sociales.
Se aplican medidas anti-contractivas consistentes en otorgar créditos rápidos a empresas privadas afectadas, para que puedan cubrir sueldos durante el paro. Naturalmente, el Banco Unión sería el único banco en otorgar este tipo de créditos, poniendo en riesgo de mora su cartera crediticia futura. También se aprueban normas tributarias que postergan el pago de impuestos, como el IUE (Impuesto a la Utilidad de las Empresas), y se flexibilizan tributos arancelarios a la importación de bienes de capital. Estos incentivos fiscales terminan favoreciendo solo a grandes empresas industriales del país.
La dinámica subyacente a la pandemia provocó paradójicamente que algunos sectores económicos se vean beneficiados: comunicaciones, internet, supermercados, farmacias, clínicas privadas, comercio especializado en salud, industria de alimentos (agroindustria), servicios de entrega a domicilio y la producción campesina de alimentos básicos. Los sectores medianamente afectados fueron los servicios financieros (bancos), la manufactura y la exportación de gas natural. Contrariamente, los sectores profundamente afectados resultaron ser la aviación, el turismo, la construcción, inmobiliarias, restaurantes y el transporte automotor.
Bajo este crítico escenario, el Gobierno aplicó un segundo grupo de medidas económicas contenidas en un plan nacional de reactivación del empleo de $us 2.671 millones. El plan contiene un fondo de reactivación pospandemia de $us 1.749 millones, destinado a otorgar créditos blandos a empresas de los sectores agropecuario, silvicultura, almacenamiento y transporte, industria manufacturera, construcción, actividades inmobiliarias y de alquiler; comunicaciones, turismo, hoteles y restaurantes. Los recursos del fondo provendrán de la emisión de títulos negociables de deuda del BDP y cuentan con la garantía del TGN. El BDP, por cierto, es una institución financiera mayoritariamente del Estado boliviano y minoritariamente de la CAF. Asimismo, el plan de reactivación solo contempla un pequeño fondo de $us 17 millones para el afianzamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.
Esto pone en evidencia que la política gubernamental está deliberadamente diseñada para favorecer a la gran empresa privada y no así a las micro, pequeñas y medianas empresas.
(*) Luis Paz Ybarnegaray es economista, master en Estudios Latinoamericanos