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Persecución política en democracia (1982-2003)

Gonzalo Sánchez de Lozada en abril de 2018 junto a su hijas; más atrás, su esposa. Foto: APG

/ 1 de noviembre de 2020 / 02:09

Quedaron atrás el Control Político y los campos de concentración de los 50-60, lugares como la Isla de Coati (lago Titicaca), cárcel política instalada durante la dictadura banzerista.

La nueva era democrática boliviana inaugurada el 10 de octubre de 1982 nos dice que Hernán Siles Zuazo, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé no dejaron, tras su paso por la presidencia, antecedente alguno relacionado con la persecución y la represión política, que sí estuvo a cargo, hasta 2003, de Víctor Paz Estenssoro, Gonzalo Sánchez de Lozada (Guerra del Gas, Octubre negro), Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez (Guerra del Agua).

Quedaron atrás el Control Político y los campos de concentración de los 50-60, lugares como la Isla de Coati (lago Titicaca), cárcel política instalada durante la dictadura banzerista, y empezaron a ocupar los escenarios del asedio y la persecución, jueces y fiscales cooptados por el poder de turno para anular adversarios, “subversivos”, “terroristas”, “sediciosos” y hasta “narcotraficantes”, dicho así, entre comillas, considerando los argumentos jurídicos y de seguridad del Estado asentados en dichas tipificaciones, con el propósito de sofocar conflictos sociales a cargo del mundo popular contestatario boliviano.

La última gran puesta en escena político-social-sindical fue la Marcha por la Vida, como respuesta al despido masivo de 23.000 trabajadores de las minas de propiedad estatal (“relocalización”), producto del ajuste estructural que aplicó el gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989) que la periodista Mabel Azcui, entonces corresponsal del diario El País de España, reflejó sus consecuencias de la siguiente manera:

Confinados en el norte de Bolivia los principales dirigentes sindicales

Juan Lechín y los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) han sido confinados en pequeños poblados del norte boliviano. A pesar del rigor del estado de sitio, el Gobierno no ha podido controlar totalmente el movimiento huelguístico contra su política económica, iniciado hace tres semanas.

El Gobierno informó que un total de 143 dirigentes sindícales fueron confinados a Puerto Rico y Ramón Darío, en el norte de Bolivia, mientras que 13 continúan detenidos en La Paz. En la madrugada del jueves, alrededor de 1.500 dirigentes sindicales que se encontraban en huelga de hambre fueron detenidos durante una operación policial.

La mayor parte de los huelguistas que no tenían responsabilidad en el movimiento fueron puestos en libertad ayer por la tarde. El máximo dirigente de la COB, el viejo líder Juan Lechín, fue confinado a «la ubérrima región de Puerto Rico, en el departamento (provincia) de Pando», dijo el ministro del Interior, Fernando Barthelemy. Puerto Rico es un pequeño poblado a 600 kilómetros al norte de La Paz y a unos 60 de la frontera con Brasil, situado en la confluencia de los ríos Tahuamanu y Maruripi, subafluentes del Amazonas.

Pese a que la Central Obrera quedó prácticamente descabezada, algunos miembros del comité de huelga y del comité ejecutivo que no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad y, desde allí, ordenaron que se mantenga la huelga general con bloqueo de caminos.

Grupos de obreros, de personal de la industria del petróleo, de maestros y de mujeres mineras continuaban ayer en huelga de hambre, y se anunció la posibilidad de que nuevos piquetes podrían sumarse al ayuno voluntario en La Paz.

En los distritos mineros, la huelga, ahora indefinida, se mantiene con decisión. En la víspera, piquetes de huelguistas de hambre en el distrito de San José entraron en las galerías para iniciar su paro después de haber instado a universitarios y amas de casa a sumarse a la medida.

«Queremos denunciar ante la conciencia latinoamericana la acción brutal del Gobierno de Paz Estenssoro, para imponernos un modelo contrarrevolucionario», dijo el dirigente minero Filemón Escobar, en una alocución difundida por Radio Pío XII, de Siglo XX, captada en La Paz.

El Gobierno de Paz Estenssoro difícilmente podrá reactivar la producción en el estratégico sector minero, a menos que utilice la fuerza. La historia de los últimos 30 años refleja la alta combatividad de los trabajadores mineros bolivianos.

El estado de sitio decretado por el Gobierno fue impugnado por varios partidos de izquierda, que exigen una reunión del Congreso para derogar esa extrema medida adoptada, según el Gobierno, con objeto de «preservar el ordenamiento jurídico de la República» y afrontar «el movimiento huelguístico ilegal, que tendía a suplantar la autoridad del Estado».

El Congreso se reunirá el lunes, según se ha anunciado oficialmente, para conocer las motivaciones que tuvo el poder ejecutivo para dictar el estado de sitio. Portavoces gubernamentales dijeron hoy que Bolivia ha entrado en una etapa de normalidad en el trabajo. (La Paz, 21 de septiembre de 1985).

A partir de este antecedente —“Marcha por la vida” y estado de sitio más confinamiento para aplacar las movilizaciones sociales— dio inicio la etapa neoliberal que se extendió durante dos décadas en nuestro país, y durante ese tiempo lo que se impuso fue un modelo de gobernabilidad basado en acuerdos partidarios que se traducían en una repartija de cuotas de poder para administrar el país.

Durante ese tiempo, la criminalización de campesinos cocaleros asentados en la zona del subtrópico cochabambino fue una constante. Permanentemente arrinconados con acusaciones de ligazones con el narcotráfico, las políticas gubernamentales pasaban por la combinación del llamado desarrollo alternativo, con agencias del gobierno estadounidense instaladas en el Chapare y la interdicción a cargo de la DEA, policía mundial especializada en perseguir organizaciones criminales vinculadas al tráfico de sustancias controladas y a colectivos sociales representativos de los sectores populares a los que se reprimía sistemáticamente a través de Umopar, brazo policial boliviano encargado de dichas tareas dominadas por los excesos y las violaciones a los derechos humanos.

Evo Morales Ayma, dirigente de las federaciones cocaleras, fue el principal perseguido político de los gobiernos de Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Banzer y Quiroga, persistencia que recrudeció cuando éste, en las elecciones presidenciales de 1997, fue ganador por Izquierda Unida (IU) de la diputación uninominal por la circunscripción 27 (Chapare-Carrasco) con el 61,8% de los votos, cifra que anticipaba records electorales posteriores. Cinco años más tarde, Morales era expulsado del parlamento, con el monitoreo y las instrucciones emanadas desde la Presidencia de la República a cargo de Tuto Quiroga, con el argumento de graves faltas éticas cometidas en el Legislativo, en tiempos en que arreciaba la violencia desatada por fuerzas policiales contra cocaleros con muertes, producto de dichas refriegas.

Los “errores no delitos” de Óscar Eid

Los neoliberales encabezados partidariamente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dominaron la escena gubernamental con matices que ya prácticamente han dejado de comentarse: Sánchez de Lozada y Banzer no se podían ver. El General pactó con Jaime Paz Zamora para hacer gobierno en 1989 dejando afuera al ganador con mayoría relativa, el mismísimo Sánchez de Lozada. Y transcurrida más de una década, el propio Goni pactó con Paz Zamora (2002), a pesar de que en su primer gobierno (1993-1997) se dispuso una operación político-jurídica para encarcelar a su principal orquestador, Óscar Eid Franco, acusado de viabilizar recursos para la campaña electoral provenientes del narcotraficante “Oso” Chavarría. Eid se sacrificó y se comió cuatro años en el penal de San Pedro en un contexto en que su jefe-amigo Paz Zamora había afirmado que había cometido “errores pero no delitos”, en alusión al dinero que facilitaron sus actividades electorales.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) reflejó el encarcelamiento de Eid el 17 de enero de 1995:

Narcovínculos: Óscar Eid encarcelado en San Pedro

El máximo dirigente del ex gobernante Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Oscar Eid Franco fue internado en el Panóptico Nacional de San Pedro de esta capital en cumplimiento al Auto Ampliatorio de Procesamiento Penal del Juzgado Primero de Sustancias Controladas.

 Así, el jefe político, acusado de encubrimiento al narcotráfico, comenzó a sentir la rigurosidad de la draconiana Ley 1008 en el marco del proceso sobre los llamados narcovínculos. Luego de 22 días de haberse mantenido en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en calidad de «depósito», a las 19:30 de este martes 17 de enero de 1995 el Jefe y fundador histórico del MIR pasó a engrosar las filas de la hacinada población penal como preso «formal o preventivo».

«Una señora me regaló un anillo con un mensaje que decía: A partir de ahora considérese un prisionero de Palacio», reveló Eid Franco minutos antes de ingresar al penal de San Pedro de La Paz. Fue recibido por el Cnl. Lucio Herrera, gobernador de la penitenciaría, y pasó la primera noche en la sección «Chonchocorito» donde, irónicamente, están internados los acusados de narcotráfico Isaac «Oso» Chavarría y Carmelo «Meco» Domínguez.

Rodeado de escasos 15 militantes de base de su partido y ante la notable ausencia de la cúpula de mando del MIR, el nuevo interno de San Pedro declaró mantenerse con gran fortaleza y espíritu de ánimo. Como ejemplo de ello, dijo: «Todo esto es Grozny, aquí no entra el Kremlin ni entran los rusos y hay que seguir resistiendo desde el punto de vista legal».

 Al ser consultado si su nueva situación de interno en una cárcel no rebajaba su carrera política, respondió que «esto tenía que darse porque se trata de un paso jurídico más en función del esclarecimiento definitivo. «Nos vamos a defender», dijo al informar que sus abogados continúan en el combate jurídico para demostrar su inocencia. «No es la primer vez que ingreso a la Cárcel y para mí es un hecho más que contribuirá al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho», sostuvo al exhortar que «ojalá nadie caiga en la tentación de presionar a los Jueces y que éstos actúen dentro de los marcos estrictos que mandan las leyes».

 Ratificó ser partidario de luchar contra el narcotráfico pero dentro el debido proceso. A partir de este momento, dijo, asumiré mi defensa sin privilegios y a plenitud.

 Dirigiéndose a los pocos militantes que lo acompañaban, Óscar Eid demandó de sus correligionarios a que continúen con el proceso de refundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y que se realice la Asamblea Nacional para elegir una nueva dirección. «El MIR no está muerto, el muerto está gozando de plena salud y el 26 de enero se proyectará para trabajar en beneficio de la Patria», dijo a tiempo de valorar el retorno del ex Presidente Jaime Paz Zamora a la vida Política.

Óscar Eid Franco aceptó la cárcel para salvaguardar la integridad y la libertad de Jaime Paz Zamora, pero terminó procesado por móviles políticos, esto es persecución, en tiempos en que se consideraba a su partido, el MIR, una amenaza para las aspiraciones de la reproducción de poder pretendida por el MNR jefaturizado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Siete años después se convertirían en socios para cogobernar entre 2002 y 2003.

La incansable lucha de Manuel Morales Dávila

En céntricos cafés y “confiterías” del centro de La Paz, como El Rosedal o Carabelle (años 80), Manuel Morales Dávila era motivo de comentario permanente en mesas de señores conservadores cercanos a la tercera edad, que lo calificaban de “viejo resentido y odiador.” Lo cierto es que Morales Dávila, fallecido en agosto de este 2020, fue el abogado laboralista más comprometido con las causas obrera y popular bolivianas, que tuvo la osadía de impugnar la capitalización y enajenación del patrimonio nacional a la cabeza del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien instruyó su persecución y encarcelamiento al que acusó por “traición a la patria”. En el lenguaje represivo de hoy, se lo calificaría de “sedicioso” y “terrorista.”

La Agencia de Noticias Fides (ANF) registró así su detención:

Manuel Morales Dávila, incomunicado en la cárcel

El conocido abogado Manuel Morales Dávila denunció hoy desde la cárcel de San Pedro que fue incomunicado en una celda de la sección «Chonchocorito» a fin de que no tenga contacto con los periodistas.

Morales Dávila, de 70 años de edad, ha sido encarcelado por «órdenes superiores» del Gobierno y la prisión fue ejecutada por el juez Antonio Santamaría.

El abogado dijo que desde la cárcel continuará impulsando un juicio de responsabilidades al Presidente de la República por «traidor a la Patria» en «la venta de las empresas del Estado».

El Ministro de la Presidencia, Guillermo Justiniano, dijo que Morales Dávila debe probar las acusaciones contra el Presidente. El viejo laboralista respondió que probará la culpabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada (Agencia de Noticias Fides (ANF) 8 de marzo de 1996).

Manuel Morales Dávila fue detenido en trece oportunidades a lo largo de su carrera profesional, y en esta que lo mantuvo recluido durante 45 días, quedó consolidada su imagen como uno de los más destacados defensores de los recursos naturales  del país. Había sido Contralor de la República durante el breve gobierno de Lidia Gueiler (1979-1980), abogado de la Central Obrera Boliviana (COB) y de varios gremios fabriles, y años más tarde, parlamentario por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y asesor del presidente Evo Morales. La persecución política en Bolivia, desde que retornáramos al sistema democrático en 1982, no tuvo nunca más las características represivas de violencia y terrorismo de Estado, soportadas durante la era movimientista (1952-1964) y las dictaduras militares (1964-1982). Se acabaron los métodos de San Román, Gayan y los torturadores paramilitares que operaban en las catacumbas del Ministerio del Interior de la avenida Arce esquina Heriberto Gutiérrez (La Paz), y emergieron nuevas formas de apriete político, con el despliegue de un aparato de fiscales,  jueces y abogados, tal como sucedió en el caso de Óscar Eid Franco y Manuel Morales Dávila, y como veremos más adelante en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y la transición inconstitucional de Jeanine Áñez.    

*Julio Pañoloza Bretel es periodista                                              

Fiscalía: El TREP no pudo contaminar el resultado final

En su resolución de sobreseimiento, los fiscales que llevan el caso insisten en la independencia del TREP y el cómputo final.

/ 1 de agosto de 2021 / 16:02

El punto sobre la i

No es exagerado decir que el martes 27 fue, será, un día parteaguas en la historia política del país; guste a unos, encabrite a otros, la historia de la crisis de octubre-noviembre de 2019 dio un giro de 180 grados, como suele decirse. La mañana de ese día, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hacía conocer que la pericia internacional sobre la seguridad informática y la administración de redes en las elecciones de 2019 que había encargado la Fiscalía había concluido en que, en rigor, el sistema informático no había sido manipulado, al extremo de cambiar el resultado; “se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019”; lo que hubo, dijo, fueron “negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares)”.

La primera reacción de la oposición fue descalificar dicha pericia. El expresidente y excandidato Carlos Mesa dijo del trabajo que es una “investigación extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el gobierno masista y una consultora”. También se empezó a comparar dicha pericia con el informe del Análisis de Integridad Electoral elaborado por un equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 2019, considerando a la pericia como de menos valor que el documento del organismo internacional.

Hay que recordar que dicha pericia fue anunciada en octubre de 2020; el 6 de ese mes, Lanchipa había dicho que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019; que si bien la base de la acusación seguía siendo el informe final de auditoría de la OEA, éste solo establece indicios, denuncias de posibles manipulaciones dolosas; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, contar con la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe (de la OEA)”.

CÓDIGO. Sea cual fuere el “valor” argumental, ético, histórico, etcétera, de ambos documentos, un hecho incontrastable, sin embargo, es que la pericia es parte del trabajo de un investigador fiscal, de ministerio público; que por algo es una “pericia” y no un “informe”. Según el Código de Procedimiento Penal (artículo 204) “se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica”. Se trata de un elemento de prueba, entonces; esa es su fuerza legal. Por esto, al concluir su presentación el martes 27, el fiscal Lanchipa informó que la Comisión de Fiscales encargada del caso, tomando todos los indicios que pudo recolectar “y, principalmente, el contenido de la pericia en Seguridad Informática y Administración de Redes” emitió su “requerimiento conclusivo de sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal, determinación puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.

Pero ciertamente sería una injusticia afirmar que toda la resolución de sobreseimiento, presentada el mismo martes 27 de julio, tiene como única base a la mencionada pericia, la que fue efectuada entre mayo y junio de 2021.

El documento, a letra menuda, de 82 páginas, en la parte más sustancial, cuando señala la “fundamentación del derecho y valoración de los elementos de prueba”, los fiscales llegan a la conclusión de que el “TREP no reemplaza ni complementa el cómputo oficial de resultados, simplemente se constituye en una herramienta de transparencia del proceso electoral, y al ser el TREP un proceso independiente del cómputo oficial, se puede deducir que cualquier incidente no supone un riesgo alto para la integridad de los resultados finales”.

La resolución de sobreseimiento precisa que los imputados en el “caso fraude electoral” son 12 personas, empezando por seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de entonces. Los “ilícitos” denunciados son de tres tipos: delitos electorales ( falsificación de documento, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficio en función de cargo); delitos de corrupción (resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes); y, delitos ordinarios ( falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos).

DENUNCIANTES. Entre los “denunciantes”, la resolución fiscal, antes que personas, señala a instituciones: la Procuraduría General del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información (Agetic).

En efecto, a todo lo largo de la sustentación de la acusación, están los informes Preliminar y Final de la OEA, los cuales fueron elaborados entre noviembre y diciembre de 2019.

En la parte de los “elementos de convicción colectados” (una tercera parte del documento) se dan cuenta de 124 “elementos de prueba”, consistentes en declaraciones de testigos, actas de colección de indicios, notas de trámites, entre otros.

En el elemento de prueba 24, se hace una larga relación de la forma en que se estableció que iban a trabajar la empresa responsable de administrar el TREP (Neotec) y la auditora (Ethical Hacking). Un detalle significativo es la relación que se hace de la cirunstancia en que se interrumpió el TREP. En el informe sobre el tema emitido por Ethical Hacking se destaca que ante la advertencia de la auditora de un desmesurado tráfico de datos proveniente de un servidor desconocido, fue la Sala Plena del TSE que “por la sensibilidad y susceptibilidad del momento, decidieron dejar de transmitir los resultados del TREP, hasta que se verifique y audite que no se habían alterado datos o sufrido un ataque cibernético de alguna índole”.

En la prueba 123 se recoge la versión de la empresa auditora Ethical Hacking, que tras describir y deplorar un actuar herético por parte del responsable de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, recuerda que en el día de la elección hubo varias acciones de Guzmán de Rojas que podrían considerarse graves, toda vez que implicaban un acceso a la base de datos, a cambios que se hacían allí sin la debida comunicación a la empresa auditora, sin consultar ni seguir el protocolo; y que solo luego de las alertas y reclamos, Guzmán de Rojas explicaba lo sucedido. 

VOCALES. Y he aquí un dato que compromete a los vocales del TSE de entonces, o por lo menos a una mayoría. La explicación que dio Guzmán de Rojas para crear un servidor perimetral no incluido en el sistema (uno de los dos “servidores ocultos” que remarca el informe de la OEA), revela Ethical, consiste en que: “cerca de las 12.22 del mediodía, Marcel Guzmán de Rojas vuelve a realizar cambios en los servidores del TREP, sin ninguna supervisión de la DNTIC o la empresa auditora, como se había acordado. Procedemos a explicar lo identificado y el porqué de la alerta: Marcel Guzmán de Rojas indica que fue un error no avisarnos, pero que lo hizo para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”, que por eso redirigió el tráfico a un servidor externo, “con el fin de que se vea en privado antes de hacerlo público”. Por esto, Ethical reitera que no puede “dar fe de toda la información que se ingresó en ese momento y el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad”.

En la resolución de sobreseimiento también ocupa un importante y extenso tramo la declaración testifical de Marcel Guzmán de Rojas. Aparte de explicar que el servidor “oculto” Bo1 fue parte de la etapa preparatoria del sistema, pues contendría datos de anteriores elecciones, se le cargó la geografía electoral, las mesas electorales, “se lo usó para preparar los datos, preparar recintos, departamentos, municipios, preparar las mesas, preparar las boletas”.

Guzmán de Rojas defendiendo el sistema llama la atención sobre dos servidores, el Bo11 y el Bo21 que se usaron para recibir los datos que enviaban los funcionarios encargados de fotografiar las actas y mandarlas al centro de datos: “sin excepción todas las imágenes del TREP ingresaron a través de los servidores Bo11 y Bo21 (…) esos servidores siempre estuvieron controlados, en otras palabras, el origen de los datos nunca estuvo descontrolado, y si uno compara las imágenes con las actas, ve que están bien registrado” (sic).

Guzmán de Rojas también afirma que debido a una “razón que desconoce”, el día de la elección el sistema se puso lento poco antes de dar el primer resultado del TREP, que por ello, a fin de tenerlo listo a poco más de 80% para la conferencia de prensa que habían citado los vocales del TSE, tuvo que aplicar un plan de contingencia, redireccionar el flujo de datos y acelerar el proceso; solo así se consiguió dar dichos resultados al 83%; si no aplicaba dicho plan, el resultado habría sido al 60%; “esto se informó a la OEA, a los auditores, a todo el mundo”, señala el propietario de Neotec.

Guzmán de Rojas no deja de insistir en que los dos sistemas son separados, independientes, especialmente por la forma en que son alimentados y la manera en que discurren sus respectivos procesos.

Mientras el TREP es “abastecido” a través de fotos de las actas que en el día de la elección enviaron desde los recintos electorales los funcionarios contratados para este fin, al cómputo oficial se lo alimenta con actas en físico en cada uno de los tribunales departamentales.

En el informe final de la OEA se señala que el TSE “ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas”. Guzmán de Rojas responde a esto: “Eso es falso; (es) una anomalía, el problema es, y eso lo sabía la OEA y lo sabe el auditor y lo sabe, por supuesto, el Tribunal Electoral, las actas que publican y cuentan para sumar el resultado electoral en el TREP solamente cuando han pasado la verificación (…) ese 5% [5,58%] de las actas a que se refiere la OEA son actas donde las imágenes son tan malas que no se puede verificar (…) y como no se puede verificar, no se publica. (…) a mí me parece muy mal, ellos están desinformando diciendo que se ocultó”.

SISTEMA. Así, la Comisión de Fiscales, a tiempo de señalar que el TREP es un sistema informático de propiedad del OEP, que es usado desde 2016, y que no es vinculante, dice que solo se lo usa para transparentar el resultado de la elección. Para el cómputo oficial, más bien se estableció el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) que se encarga de validar las actas conforme se tiene del sistema de cómputo. Y los fiscales hacen una detallada lista de cómo proceden los cómputos oficiales departamentales, en el exterior y en la instancia nacional.

En cuanto a las “actas falsificadas”, presentadas como indicio de un proceder fraudulento por la OEA, los fiscales informan que procedieron a requerir el servicio de una comisión de peritos en documentología forense, pidiéndoles, entre otras cosas, si en las actas electorales de Argentina corresponden las firmas, lo mismo con las huellas dactilares.

Dicha comisión, detalla la resolución fiscal, luego de acceder a las tarjetas prontuario de algunas personas señaladas en las listas índice, el material con que cuentan para la comparación no es idóneo, los mismos son insuficientes para realizar la pericia correspondiente. “En tal sentido, los suscritos peritos al no contar con los elementos suficientes de comparación requeridos nos vemos imposibilitados de realizar el dictamente requerido por su autoridad”.

Y, cuando una de las mayores razones de la OEA para presumir fraude es la tecnología, el manejo informático, los fiscales destacan que por esto se acudió a requerir la pericia informática en el exterior del país. Y, la tercera parte final de la resolución consiste en la exposición de la pericia informática efectuada por la Universidad de Salamanca (España).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón  

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COP26, La última esperanza

En noviembre, en Glasgow (Reino Unido) tendrá lugar la 26 Conferencia sobre el cambio climático.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:58

DIBUJO LIBRE

En noviembre, el Reino Unido dará la bienvenida a los países del mundo en Glasgow para la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Este es el momento de poner al mundo en camino para hacer frente a la enorme amenaza del cambio climático y construir un futuro más limpio y brillante.

Por eso estoy muy complacido de poder visitar Bolivia esta semana. Esta es una oportunidad importante para conocer de primera mano sobre cómo está impactando el cambio climático al país y de encontrarme con las autoridades de gobierno para dialogar sobre cómo podemos trabajar juntos en enfrentar esos desafíos.

La gran riqueza de Bolivia se encuentra en su naturaleza, su biodiversidad y su gente. La protección de nuestro planeta y ayudar a nuestros pueblos a prosperar están en el centro de la acción climática. Fue muy grato para mí recibir en Londres al ministro de Medio Ambiente de Bolivia, Juan Santos, y su delegación para la constructiva reunión en la cual ministros de más de 50 países dieron un paso adelante hacia una COP26 exitosa, y lograron un acercamiento en temas clave como mantener la meta de los 1,5 grados, la adaptación financiera y la conclusión del reglamento de París.

Aprecio el papel de Bolivia en el liderazgo de pensamiento sobre la protección de los derechos de la Madre Tierra y en poner la voz de los pueblos indígenas al centro del diálogo climático. Sabemos que los pueblos indígenas son los guardianes de gran parte de la biodiversidad en el mundo, y lideran las soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Por eso estoy encantado de que en mi visita tendré la oportunidad de conocer a dirigentes comunitarios y conversar sobre cómo su voz puede ser escuchada en Glasgow. También doy la bienvenida a la intención de Bolivia de participar en la coalición para reducir emisiones mediante la aceleración del financiamiento para protección de los bosques tropicales en el mundo (LEAF por sus siglas en inglés).

Con vista a la presidencia británica de la COP26 en Glasgow, sabemos lo que tenemos que hacer porque ya hemos acordado cuál es nuestro objetivo. En 2015, el mundo firmó el Acuerdo de París, un acuerdo internacional para hacer frente a la crisis climática. Este Acuerdo nos compromete a limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados, con el objetivo de 1,5 grados, porque la ciencia nos dice que eso evitaría los peores efectos del cambio climático.

Cada fracción de grado marca la diferencia. Un aumento promedio de la temperatura mundial en dos grados, en comparación con 1,5, afectaría a cientos de millones de personas más, y el doble de especies vegetales y el triple de especies de insectos perderían grandes extensiones de su hábitat.

Sin embargo, desde que se fijó el objetivo de 1,5 grados, el mundo no ha hecho lo suficiente y nuestro planeta se está calentando. En mi calidad de Presidente Designado de la COP26, he visto de primera mano estos impactos: deshielo de glaciares, degradación de los cultivos, pobladores obligados a abandonar sus hogares. Si seguimos como hasta ahora, estos efectos empeorarán, y rápidamente.

Debemos actuar ahora para poner en marcha un esfuerzo coherente y concertado de reducción de emisiones a lo largo de los próximos 10 años. También utilizar la recuperación del COVID-19 para re-imaginar nuestras economías, construyendo un futuro mejor, con empleos verdes y aire más limpio, aumentando la prosperidad sin dañar el planeta.

Esto es lo que hace que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Glasgow —la COP26— sea tan importante. Debe ser el momento en el que cada país y cada parte de la sociedad asuma su responsabilidad para proteger nuestro precioso planeta y mantener vivo el objetivo de 1,5 grados. Tenemos un plan claro para conseguirlo.

Como Presidente Designado de la COP26, junto al Primer Ministro, otros ministros y toda la red diplomática del Reino Unido, estoy presionando para que se actúe en torno a cuatro objetivos clave.

En primer lugar, debemos encaminar al mundo hacia la reducción de emisiones, hasta alcanzar el cero neto a mediados de este siglo. Esto es imperativo para mantener la meta de 1,5 grados a nuestro alcance. Para ello necesitamos que los países presenten metas claras de reducción de emisiones, consistentes con el objetivo de cero neto para mitad de siglo. Esas metas deben estar basadas en la ciencia, para que el cero neto no sea solo una vaga aspiración, sino un plan concreto.

También debemos actuar sobre los sectores más contaminantes. Si nos tomamos en serio lo de los 1,5 grados, Glasgow debe ser la Conferencia en la cual la energía del carbón pase a la historia, se ponga alto a la deforestación y se señale el fin de los vehículos contaminantes. Estamos trabajando con los gobiernos y a través de organizaciones internacionales para terminar con el financiamiento internacional del carbón, una de mis prioridades personales. Estamos instando a los países a abandonar la energía del carbón, y trabajamos con los países en desarrollo para apoyar su transición hacia la energía limpia.

Nuestro segundo objetivo es proteger a las personas y a la naturaleza de los peores efectos del cambio climático. La crisis climática ya está entre nosotros y debemos actuar respecto a la necesidad real de tener defensas contra inundaciones, sistemas de alerta y otros esfuerzos vitales para minimizar, evitar y abordar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático.

Nuestro tercer objetivo es el financiamiento, sin el cual la tarea que tenemos por delante es casi imposible. Los países desarrollados deben aportar los 100.000 millones de dólares anuales que prometieron para apoyar a los países en desarrollo. El Reino Unido predica con el ejemplo, habiendo comprometido 11.600 millones de libras entre 2021 y 2025. Y necesitamos que todos los países desarrollados avancen en esto. Es una cuestión de confianza.

Debemos hacer que el financiamiento sea más accesible, y aumentar las sumas disponibles para proteger a la gente y a la naturaleza. En marzo reuní a ministros de 50 gobiernos e instituciones internacionales para tratar estos temas, y estamos enfocados en cumplir los compromisos logrados ahí.

En cuarto lugar, debemos trabajar juntos para cumplir tales objetivos. Esto incluye lograr un consenso entre gobiernos para que las negociaciones de Glasgow sean un éxito. También hay que conseguir que las empresas y la sociedad civil respalden los objetivos de la COP26, y reforzar la colaboración internacional en sectores críticos.

Hago un llamado a todos los países para que redoblen sus esfuerzos en relación con estos objetivos, porque la COP26 es nuestra última esperanza de mantener 1,5 grados y nuestra mejor oportunidad para construir un mejor futuro, con empleos verdes y aire más limpio.

Este es nuestro momento. No hay segundas oportunidades. Aprovechémoslo juntos.

(*)Alok Sharma es Presidente Designado de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP26.

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Revisar una ley camisa de fuerza

Los partidos tienen hasta fin de año para adecuar sus estatutos a la nueva ley. ¿Es el camino correcto?.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:53

DIBUJO LIBRE

La Ley de Organizaciones Políticas aprobada en 2018 establece, en su disposición transitoria tercera, el plazo del 31 diciembre de 2021 para que todas las organizaciones políticas adecúen sus estatutos a la nueva norma. De hecho, el Órgano Electoral hace poco emitió un instructivo urgente en el que plantea una larga lista de requisitos obligatorios para que las organizaciones políticas adecúen sus estatutos, en aspectos como: principios de la democracia intercultural y paritaria; régimen interno de despatriarcalización; una instancia que resuelva sus problemas internos; y, actualizar el registro de su militancia.

Este plazo, que parecía remoto, está a la vuelta de la esquina. Al respecto, algunas interrogantes que surgen son: ¿Será que las organizaciones políticas cumplan con la exigida institucionalización? ¿Será que esto pueda resultar imposible y algunos partidos y agrupaciones terminen siendo expulsados del sistema? ¿Recibirán sanciones? ¿Seguiremos insistiendo en una dinámica forzada que desde hace más de 20 años no ha favorecido a su renovación y reinvención?

Las preguntas formuladas nos vienen a la mente porque la evidencia muestra que, al menos hasta ahora, las organizaciones políticas han jugado un rol absolutamente reducido a la competencia electoral y, si son favorecidos con el voto, al ejercicio circunstancial de funciones públicas.

La reciente crisis política de 2019- 2020 ha puesto al descubierto una vez más las grandes debilidades del sistema de partidos boliviano, esta vez en dos dimensiones específicas: en el caso de los opositores al MAS, a través del cuestionamiento ciudadano a los partidos como interlocutorés válidos para la política, y la opción por la acción directa en las calles. En el caso del MAS, por la interpelación desde sus propias bases a la forma de conducción política de dicha organización. Por otra parte, con excepción del MAS, los resultados electorales de 2020 y 2021 también son una muestra de la volatilidad de las organizaciones políticas, que actúan sostenidas sobre acuerdos pragmáticos para acceder al poder y, al mismo tiempo, la respuesta electoral fue igualmente cambiante.

Creemos que la alternativa para recuperar la confianza e interés en estas entidades imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, es adecuar este instrumento normativo a una realidad que exige otras formas de operar de la política. Para comenzar, en lugar de insistir en el sometimiento a preceptos normativos del “deber ser” de una organización, la ley tiene que convertirse en un instrumento útil, abierto a posibilidades organizativas flexibles y más representativas de la diversidad y heterogenidad social. En otras palabras, una ley acartonada que pretende homogenizar a las organizaciones políticas y subyugarlas mediante reglas y sanciones ejercidas por el OEP no parece resultar útil para repensar la política y darle nuevas oportunidades a la representación de cara a lo que se nos viene en 2025 y 2026 en nuestro calendario de procesos electorales.

El siglo XXI ha traído cambios en la sociabilidad e interacción ciudadana que se sobreponen a las históricas fracturas sociales estructurales no resueltas. Una realidad que ha precipitado la confrontación y la polarización requiere con urgencia ser representada en el ámbito dialogal de la política y acercar las instituciones a la sociedad. En la historia reciente se han incorporado varias reformas en ese sentido, por ejemplo, la creación de diputados uninominales, la ruptura del monopolio partidario, y la inclusión de un sistema representativo “demodiverso” en la nueva CPE, pensados como respuesta a las debilidades largamente experimentadas por los viejos partidos políticos. La nueva ley (LOP), más allá de algunas innovaciones y medidas que respondieron sobre todo a urgencias políticas, continúa atrapada en la misma lógica de la anterior, limitando el horizonte trazado en la CPE.

Quizá es más urgente, entonces, que desde el OEP se plantee de manera inmediata una agenda de Reforma de la Ley de Organizaciones Políticas como punto de partida para eliminar la excesiva regulación que se evidencia; y, como segundo paso, empezar a repensar los mecanismos de representación política estrictamente formales anidados en las distintas organizaciones políticas, para combinarlos con el multiverso de formas de representación informal basadas en el componente organizacional que tenemos los bolivianos, en el sentido amplio de la palabra.

Esta apertura de la agenda a reformas normativas abriría la posibilidad de trabajar en la recuperación de la confianza institucional en el Órgano Electoral Plurinacional, luego de su crítica actuación durante el proceso electoral de 2019; por esto mismo, está claro que las tareas cruciales deben llevarse adelante en tiempos en los que no hay procesos electorales cerca, por tanto, de inmediato. Por eso es preciso que el OEP asuma la iniciativa, que será beneficiosa para todos, de dejar a un lado el papel del estricto vigilante de la norma, y pase a ser la entidad que plantee mejorar la Ley de Organizaciones Políticas, que fue vista en su momento como un mecanismo funcional a determinados intereses, una suerte de cáculo político. Como ejemplo de aquello basta con recordar el extraño momento de elecciones primarias llevadas a cabo a inicios de 2019.

Lógicamente, la ruta de la eliminación de la excesiva regulación normativa sobre las organizaciones políticas debe tener sus mínimos; éstos pueden encontrarse con absoluta claridad en la Constitución Política del Estado y basta con partir de su cumplimiento; a partir de ahí no se trata de incrementar la cantidad de requisitos y complicar los procedimientos, sino de ir construyendo de a poco un edificio flexible que se adapte a la realidad democrática boliviana en los marcos de la institucionalidad, en el que los bolivianos sintamos que hay una ventana de oportunidad e incentivo para participar, militar y formar parte activa de cualquier organización política.

 (*) María Teresa Zegada es socióloga Marcelo Arequipa es politólogo

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Censo 2022, autonomías a medias tintas

El entusiasmo por más recursos para las regiones a raíz de un nuevo censo solo revela su ‘rentismo’.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:47

DIBUJO LIBRE

El reciente anuncio del Gobierno de realizar el Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022, ha despertado mucha expectativa en la opinión pública y muy en particular en políticos, líderes cívicos y autoridades regionales por sus implicancias políticas y financieras. Varios alcaldes se frotan las manos, pues comienzan a hacer cálculos, con la esperanza de que la nueva reconfiguración poblacional les permita acceder a más ingresos que les ayude a sanear sus debilitadas cuentas fiscales. La Ley de Participación Popular establece que una fracción de los impuestos nacionales se distribuya a las regiones en función del número de sus habitantes, reconocidos como impuestos coparticipables.

Empero, el pleno ejercicio de las funciones autonómicas no debería quedar reducido conceptualmente ni financieramente a la mera transferencia de recursos desde el nivel central. A 11 años de la promulgación de la Ley de Autonomías y Descentralización de julio de 2010, la finalidad de la Ley que buscaba la distribución de las funciones políticoadministrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible, se ha cumplido solo parcialmente.

Aún pesa sobre las entidades subnacionales la falta de experiencia técnico-administrativa para desempeñar completamente su mandato competencial, fortalecer sus capacidades institucionales y generar sus propios ingresos. Además, se advierte que existen fuertes asimetrías en la distribución del gasto no necesariamente asociado a reglas de priorización y sin una noción del costeo competencial, proceso que quedó inconcluso en la ley.

En Bolivia, los impuestos municipales apenas presentan el 1% del PIB, en un promedio de dos décadas. Los impuestos prediales solo recolectan una pequeña fracción de su potencial recaudatorio debido a que no se realizan actualizaciones catastrales ya sea por falta de capacidad técnica o por voluntad política de los burgomaestres. Como consecuencia, los ingresos propios de los municipios más grandes (con población mayor a 50.000 habitantes) solo representan 16% del gasto total que realizan. La situación es mucho peor en municipios pequeños (menores a 50.000 habitantes) los cuales recaudan entre 2% y 6% de sus gastos (cifras a 2019).

Para solventar el ejercicio de sus competencias, los municipios requieren de transferencias desde el nivel central. Por importante que fuera, la baja correspondencia fiscal entre los ingresos propios y los gastos totales no formó parte del debate del proceso autonómico.

Si bien los menores ingresos locales condicionan la acción autonómica, la solución no debería pasar por acentuar su dependencia de ingresos con el nivel central. La expectativa de algunas regiones de recibir más recursos de coparticipación tributaria solo reforzará su dependencia financiera con el gobierno central, no su autonomía, lo cual es un gran contrasentido a los fines reivindicativos de la demanda autonómica. A nivel agregado, la redistribución de los ingresos fiscales no resuelve las necesidades de recursos territoriales, porque lo que para algunos municipios significa una mejora de sus ingresos, para otros implicará una disminución. ¿Cómo encararán las funciones autonómicas las alcaldías que deban resignar recursos por su menor población?, ¿deberán exigir mayores recursos al Estado y así ampliar su dependencia? Claramente, el fortalecimiento de los ingresos subnacionales tampoco puede basarse a expensas de los ingresos del nivel central.

Los gobiernos autónomos deben realizar esfuerzos hacia adelante para fortalecer sus ingresos propios estables y reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales y a las rentas de ingresos extractivos.

Lo realmente primordial para las regiones con relación al nuevo empadronamiento es su importancia para identificar necesidades insatisfechas en el acceso a agua potable, alcantarillado, vivienda, salud, educación, entre otras que son tareas subnacionales. La información del censo debería ser el punto de partida para el rediseño de las políticas públicas regionales que mejoren la eficiencia asignativa y ayuden a dimensionar el costo competencial.

También, se requiere mayor claridad competencial entre niveles de gobierno para superar la falta de coordinación que, por ejemplo, se observó en la lucha contra la pandemia y resolver los conflictos de límites para que no se repitan hechos penosos como los sucedidos en Uyuni. El fortalecimiento institucional a nivel regional es crítico para lograr un proceso efectivo de descentralización.

Se debe abandonar el sentido político que se le ha dado al pacto fiscal, limitado a la simple repartición de recursos. El auténtico debate nacional debiera girar sobre cómo las entidades territoriales pueden reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales, para ganar una real autonomía financiera y cómo se puede aprovechar la nueva información del Censo 2022 para mejorar la gestión de políticas públicas territoriales.

(*)Omar Velasco P. es economista

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El censo no es solo para repartir escaños y dinero

La información que se recoge sirve para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y sectorial.

Es una herramienta para ver cuántos somos y cómo estamos.

Por Iván Bustillos

/ 25 de julio de 2021 / 19:22

El punto sobre la i

El país está haciendo su tarea en cuanto a la regularidad de los censos. “En el siglo XXI estaríamos cumpliendo las recomendaciones internacionales de que cada 10 años hay que realizar un operativo, un recuento, inventario, de los recursos humanos del país y del hábitat de estas personas”, celebra el sociólogo especializado en estudios de población y docente universitario René Pereira Morató. En efecto, en el nuevo siglo se empezó con el censo de 2001, luego vino el de 2012 (que tuvo muchos cuestionamientos), y ahora se proyecta el del 16 de noviembre de 2022 (con una media de 10 años de distancia).

Hasta 2012 el país tuvo un total de 11 censos, informaba Pereira Morató en la revista Temas Sociales Nro. 35 (de julio de 2014) de la carrera de Sociología de la UMSA: cinco desde la creación de la república hasta 1900 (en 1831, 1835, 1845, 1854 y 1882), y seis desde 1900 a la fecha (en 1900, 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012).

“Bolivia no tiene una tradición censal”, asegura el sociólogo, lo que entre otras cosas “demuestra que el Estado boliviano le otorga muy poca importancia al dato poblacional para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y seccional”. El censo, en lo básico “hace un recuento, un inventario sincrónico, en un momento del tiempo, de cuántos somos y cómo estamos los bolivianos”. Una fotografía global por la que se conoce, entre otras cosas, las desigualdades en cuanto a vivienda y acceso a servicios, la base de la representación política (la distribución de escaños parlamentarios); la distribución de los recursos a través de la coparticipación tributaria; la movilidad interna, de departamento a departamento o de campo a ciudad o viceversa; la migración internacional (una pregunta incorporada en 2012 y que se debería volver a hacer en 2022, demanda Pereira Morató, para “saber si el flujo de bolivianos a la diáspora se ha intensificado o se ha mitigado”). “El censo sirve para la planificación del desarrollo, y no solamente para distribuir plata”, sentencia.

INNOVAR. Pero el censo también debería servir para innovar el conocimiento. Si bien ya se mide la migración interna en el país, para el registro de 2022, por ejemplo, dice el sociólogo poblacional, se debería incluir el tema de la “multilocalidad” (el hecho de trasladarse de la gente de un lugar a otro, por trabajo principalmente, pero sin cambiar de residencia); el caso de los alteños que “bajan” solo a trabajar a La Paz, o viceversa; “esto hay que dimensionarlo, para saber las presiones que esta población multilocal está ejerciendo en algunos muncipios”, destaca el especialista.

La boleta censal de 2022 debería, además, incorporar los nuevos temas, como el propio impacto del COVID- 19, la situación de la atención de la salud, el cambio climático, insiste.

Pero si hay algo de que el docente universitario está convencido, como lo estuvo en 2012 la unión de instituciones la “Ruta del Censo”, es que el operativo de registro de ese año fue, se lo dijo en su momento, “un censo fallido”. No solo, dice, porque se trató de un “censo autoritario, con una boleta censal vertical y poco o nada transparente”, sino también porque no se llevó adelante una tarea “precensal” fundamental: la actualización cartográfica, esto es, “el inventario de todos los predios, casas, viviendas, comunidades, edificios”. Se usó, dijo, la cartografía del censo de 2001 con algunos añadidos; todo lo cual, sin embargo, resultó insuficiente.

Al respecto, al anunciar la fecha del censo, el miércoles 21, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijo que el censo se desarrollará en tres etapas, antes, durante y después de la jornada de empadronamiento, “y tendrá en la actualización cartográfica una de las tareas más importantes”.

Ahora, si un efecto de mediano y largo plazo tiene el censo, esto es que sus resultados serán la base de futuras acciones de gestión pública. “Es un cúmulo de información, muy importante para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas”, destaca el politólogo Marcelo Silva.

Un mecanismo de recojo de información que, por lo demás, debe actualizarse permanentemente. Por ejemplo, afirma Silva, a propósito de la pandemia del coronavirus y su efecto en la vida diaria de la gente, en la boleta censal se tendría que ver la forma de incorporar la pregunta sobre el acceso real de los bolivianos a internet.

Por otra parte, el censo, en últimas, lo dice el politólogo, de lejos no se reduce a la distribución de recursos y escaños: “Es un error, definitivamente, concentrar la mirada en el hecho de la información estadística y poblacional, que va a permitir recursos y una nueva redistribución de escaños o de representación política”.

ESCAÑOS. Por lo demás, en lo relativo a los escaños parlamentarios (que teóricamente aumentarán por el incremento de población en ciertas regiones), Silva insiste en que toda discusión debe arrancar conociendo los resultados, ver si las proyecciones que se han hecho desde el censo de 2012 se cumplen. No está bien limpiarse la boca antes de comer, destacó a este suplemento: decir que ya se tiene tantos y cuantos diputados más porque se cree que la población “aumentó mucho”.

Pero el lío de los escaños aún tiene una fatalidad insalvable, remarca el politólogo: que cualquier incremento de diputaciones para un departamento, necesariamente es a costa de la reducción en otro; de ahí lo agrio del tema, “porque nuestra Constitución tiene un error: da un número definido de diputados, lo cierra en 130; lo ideal hubiese sido que la Constitución maneje márgenes; por ejemplo, que la Cámara de Diputados está compuesta por entre 130 y 200 diputados”.

En cuanto a nuevas realidades que se hayan configurado en los últimos 10 años, para Silva lo primero a considerar en el mecanismo censo es que éste sobre todo debe ser para recoger “información técnica”, una “foto completa de que así tal cual está la sociedad boliviana”; ésta precisamente es su riqueza, la objetividad del dato que recoge. En este sentido si se quisiera conocer, por ejemplo a la población boliviana LGTB, esta pregunta podría entrar en la boleta específicamente para indagar las características objetivas de la misma; por eso, no solo para este caso, sino para muchos otros, “el tratar de meterle algún otro matiz religioso, filosófico, de suma discusión, político en exceso, es tratar de sacarle un photoshop (distorsionarla) a esa fotografía real que tenemos”.

Una prevención que también hace el politólogo es que el censo tampoco es una panacea universal, que todo lo vaya a curar: “El censo no va a cambiar por sí mismo ni la representación, ni la asignación de recursos, ni la composición, ni las preferencias de la población; el censo solamente va a revelar información”.

Y, finalmente, está un tema que volverá a plantear un encendido debate, como ocurrió en los dos anteriores censos, de 2001 y de 2012: la autoidentificación étnica, la pertenencia a algún pueblo indígena.

Lo problemático del hecho es que hoy mismo involucra a los dos anteriores censos: si en 2001, 62% de la población censada dijo pertenecer a un pueblo indígena, en el censo de 2012 esta cifra bajó nada menos que a 41%. Como si en el censo de noviembre de 2022 se fuera a resolver la incógnita de hacia qué cifra finalmente se acerca esta tercera respuesta.

Un tanto reacio a creer que el tema de la autoidentificación étnica tenga la misma importancia que en los censos 2001 y 2012, el sociólogo poblacional Pereira Morató prevé una presencia más bien modesta de la cuestión en la boleta censal de 2022. “Esta pregunta de la etnicidad sirvió para demostrar que somos un país indígena y que tenemos un presente indígena; ahora es otra situación, no creo que el tema étnico resulte de tanta importancia, pero puede ser que me equivoque”.

Para el politólogo Silva, el tema de la identificación de la gente con los pueblos indígenas es muy importante porque está en el “espíritu de la Constitución”. Finalmente somos un Estado “plurinacional”, y no cabe el hecho de que el país no sepa la proporción demográfica de las “naciones” que conforman su “plurinacionalidad”.

INDÍGENAS. Y el tema no solo es, añade, demográfico o del solo interés estadístico, sino que también se debe considerar la fortaleza o debilidad de lo indígena en diferentes ámbitos: “De un proceso de crecimiento o consolidación, por ejemplo, de la democracia comunitaria, de las autonomías indígenas, de los idiomas (nativos) aún vigentes”.

Debido a lo problemática que resultó la implementación de la pregunta de pertenencia étnica en los dos anteriores censos, y a que no siempre se razonó la identidad indígena desde la pluralidad (que se pensó lo originario solo como lo aymara y quechua), para Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), lo que toca hoy día es que “la pregunta (en la boleta censal) va a tener que ser discutida de manera participativa, con todos los actores de los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas”.

En lo relativo a la persistencia de la confrontación mestizo-boliviano versus indígena-plurinacional (lo que se vio en los anteriores censos), Vargas Delgado a tiempo de reconocer que éste será un debate aún de un largo tiempo, el punto está en que se busque atenuar la polarización: “Éste va a ser un debate que no va a concluir; sin embargo, lo mestizo no tiene que implicar la negación de la presencia y la existencia de una diversidad de naciones y de pueblos (indígenas) que han pervivido y perviven en nuestro país por siglos. Tiene nomás que darse las condiciones para no perder de vista que evidentemente somos un país mestizo pero fundamentalmente somos un país plurinacional, multiétnico”.

Ciertamente al margen de la cuestión de pertenencia o identificación étnica, la mayor utilidad del censo de 2022 para los indígenas, especialmente de los de tierras bajas, está en la identificación y el dimensionamiento del estado de vulnerabilidad económica y social en que se encuentran estos pueblos; de su “vulnerabilidad específica y concreta, cuando se trata de acceso a recursos económicos, salud, educación”, remarca Vargas Delgado. Con la pandemia de coronavirus COVID-19, la situación de los pueblos indígenas empeoró.

En cuanto a la autoidentificación como indígena o no, sin embargo, Vargas Delgado cuestiona que esto se lo entienda como blanco y negro y de una vez y para siempre. “Tenemos que entender que la autoidentificación, la identidad étnica, y cualquier otra identidad no es algo estático; es una construcción permanente, social, no se va a quedar anclada; en esa perspectiva, siempre habrá una movilidad en términos de la autoidentificación étnica”, destaca.

Si bien el censo del 16 de noviembre de 2022 será esencialmente un procedimiento técnico, no deja de tener importancia la participación ciudadana y de entidades para aportar a la mejora del registro masivo. “Este censo podría ser científico, académico, si es un censo participativo, si hay una corresponsabilidad ciudadana; si solamente vamos a dejar (solos) a los técnicos del INE y a las fuerzas políticas que digitan algunos temas y algunos intereses, realmente vamos a reproducir las fallas anteriores. La sociedad civil debe, tiene que participar en todas las fases del censo”, remarca el sociólogo Pereira Morató.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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