El lunes 23 de noviembre finalmente se instaló en el país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constituido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz del acuerdo firmado entre este organismo y el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez el 12 de diciembre de 2019. Como ya se dijo, su trabajo en el país está previsto para seis meses, plazo que podrá ser extendido “por acuerdo de las partes, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, según detalla el Acuerdo.
En el Acuerdo del 12 de diciembre, en su primer párrafo, hay una definición de su ámbito de trabajo; dice que se investigará y esclarecerá “los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos”. Pues bien, sin el menor asomo de prejuicio, el gobierno del presidente Luis Arce retoma esta idea y la reivindica en el sentido de que ello es lo completo: no solo se investiga los excesos del Estado (la violación de los derechos humanos), sino también la violencia entre sectores de las sociedad (los actos de violencia).
El Acuerdo de diciembre de 2019, que fue suscrito entre la canciller de entonces, Karen Longaric, y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, era una salida a la tensión que había surgido entre el gobierno transitorio y la CIDH a causa del informe preliminar de este organismo hecho público apenas dos días antes, el 10 de diciembre. Es en este informe que la CIDH define a lo ocurrido en Sacaba y Senkata como dos “masacres”. Hay que recordar que el gobierno transitorio lo rechazó de plano, calificándolo de “vergonzoso”, “totalmente sesgado”. El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo incluso acusaba a la CIDH: “¿Dónde estaba la CIDH en la matanza de Porvenir, La Calancha? ¿Dónde estaba la CIDH cuando pateaban y masacraban a los indígenas de Chaparina? ¿Dónde estaba la CIDH en estos últimos 14 años donde ha habido más de cien muertos en nuestro país por el gobierno de Evo Morales? Esa es una pregunta que debe responder la CIDH”.
COMISIÓN
Al margen de la reacción poco cordial del gobierno interino, lo primero que dice el informe preliminar de la CIDH del 10 de diciembre es que “urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019” y, es justo reconocerlo, como apunta el propio informe, el gobierno de Áñez en una “nota diplomática” fechada ese mismo 10 de diciembre ya expresa su voluntad de que haya dicha investigación internacional independiente. “Será esa investigación internacional la que investigue los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019”, y que “[e]stamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”, cita la CIDH la nota diplomática enviada por el Gobierno boliviano.
Acordada la creación del grupo de expertos en diciembre, éste fue anunciado por la CIDH el 23 de enero, en un acto público en Washington. El grupo estaba conformado por cuatro integrantes: Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Un mes después, el 21 de febrero, como relata Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre estos mismos hechos, “el Ministerio de Justicia boliviano solicitó a la CIDH, dándole un plazo específico, un cambio de integrantes del GIEI, concretamente de Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez ‘por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia’”. Dicho cuestionamiento y la sugerencia de cambiar de expertos, protestó AI, “constituye una afectación a la autonomía de la CIDH y a la independencia del GIEI para llevar adelante su labor”. La CIDH no aceptó el pedido del gobierno interino, aunque, a fines de abril (28), anunció que se añadía una quinta experta, la colombiana Magdalena Correa. En marzo de 2020 el grupo ya estaba listo para venir a Bolivia, pero fue en una reunión efectuada entre autoridades bolivianas y la CIDH en Haití, en el marco del 175 Periodo de Sesiones de la CIDH (2 al 8 de marzo), que se acordó que el GIEI vendría recién luego de las elecciones nacionales, fijándose como fecha tentativa el 2 de octubre.
Fue en la reunión en Haití que se tomó un acuerdo ciertamente insólito: “que el informe preliminar de la CIDH, de diciembre de 2019, sobre los sucesos de violencia en Bolivia, no será la base del trabajo de investigación de GIEI”.
Si bien ya se señaló bastante lo que el GIEI hará en Bolivia, vale la pena precisar algunos detalles no muy difundidos del Acuerdo del 12 de diciembre; un texto de cuatro páginas, que se lo puede consultar en: http://www.oas.org/es/cidh/giei/Bolivia/acuerdo/default.html.
En el primer párrafo, se establece que el plazo que se investigará, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, es una “decisión del Gobierno de la República de Bolivia”, del gobierno transitorio de Áñez.
ATRIBUCIONES
El GIEI se crea, dispone el punto 1, “con la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Bolivia”. Se le otorga tres grandes atribuciones: “A. Elaboración de Planes de Investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia; B. Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y C. Análisis técnico de un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos ocurridos a partir del 1 de septiembre de 2019”.
En el punto D, se detalla lo que el Estado boliviano debe garantizar al grupo de expertos: a) el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas; b) el “acceso a la información pública gubernamental relacionada con los hechos, incluso cuando no se encuentre agregada a las actuaciones de las indagatorias o causas penales iniciadas”; c) se garantizará “las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para realizar su trabajo”; d) “la seguridad para el desarrollo de su trabajo”; y e) “la formalización de la asistencia técnica mediante el instrumento normativo que corresponda”.
Luego, en el punto 3, se establece que “la Secretaría Ejecutiva de la CIDH cubrirá, por medio de fondos específicos y propios, todos los gastos en que incurra el grupo”. En el punto 5 se determina que el “GIEI dará a conocer al Estado boliviano los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que se estimen convenientes y elaborará un informe público final de su trabajo”. Y, en el punto 9, se anota que sobre la base del Acuerdo, luego “se suscribirá un Protocolo de Actuación” para operativizar la labor del grupo de expertos.
Fue este Protocolo de Actuación que precisamente firmaron los representantes de la CIDH y el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, el lunes 23. No es una formalidad, pues en éste se precisan algunos aspectos omitidos en el Acuerdo, que de todos modos sigue siendo el documento base. En este sentido, hay cierta continuidad entre lo iniciado por el gobierno interino de Áñez y lo que ahora promueve el gobierno del presidente Luis Arce. Hasta la fecha, no se ha publicado el texto íntegro del Protocolo, pero para conocer sus más importantes rasgos acudimos al ministro de Justicia, Iván Lima Magne.
Lo primero que el ministro destaca de la labor del grupo es que su trabajo “va a privilegiar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, y el tema de la reparación de los daños que han sufrido”; esto es lo que diferencia la acción de los expertos de lo que harán la Fiscalía o el Órgano Judicial, remarca Lima.
El periodo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, fue una decisión del gobierno transitorio, como dando a entender que durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), los meses previos a la crisis de octubre, también se dieron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el ministro de Justicia señala que en el actual gobierno se decidió mantener dichos plazos para favorecer la investigación, que se conozca el contexto de la crisis que se desencadenó desde el 21 de octubre. “Los contextos de estas investigaciones son muy importantes; la violencia en los países no se desencadena de un momento a otro, son procesos de acumulación de causas; el objetivo de una investigación seria es ver con la mayor objetividad cómo hemos llegado al contexto que hemos sufrido los bolivianos en noviembre”; pero acaso más importante es la razón que luego el ministro Lima señala: la inclusión que debe tener la investigación de los hechos: “Al fijar la fecha de septiembre, lo que hacemos es permitir que ningún boliviano sienta que está excluida su participación; ese es un elemento importante por el que el actual gobierno no ha cuestionado la fecha de trabajo del grupo de expertos”, destacó el ministro.
COMPLETO
En lo relativo al cuestionamiento que vino de la oposición de que el trabajo del grupo de expertos tenderá a enfocarse solo a los hechos que le interesa al gobierno del MAS, el ministro Lima es enfático en señalar que el “carácter completo” de la labor del GIEI (además de haber mantenido las fechas) está garantizado porque se manejarán con dos grandes premisas: se investigará los “hechos de violencia” y las “violaciones de los derechos humanos”.
“La investigación va ser completa, porque el marco del Protocolo señala que se va a investigar los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en ese periodo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Voy a pedir que se publique el Protocolo para que todo el país esté tranquilo de que se está dando una participación amplia a todos los sectores sociales y a todos los hechos investigados”, destacó.
El ministro confirmó que se acordó que el grupo de expertos presente informes mensuales, periódicos y el informe final, “que tiene que ser del conocimiento del Gobierno de Bolivia 10 días antes de su publicación”.
En cuanto al acuerdo que hubo entre la CIDH y el gobierno transitorio de Áñez, de que el grupo de expertos no tome en cuenta el informe preliminar de la propia CIDH de diciembre de 2019, Lima directamente señala que eso va contra la naturaleza de esta investigación. Siendo un grupo de expertos independientes, “ellos no excluirían de su proceso de análisis y de decisión ningún elemento de prueba; pretender que algunos de los elementos sea excluido (en este caso, el informe preliminar de la CIDH), es no entender la naturaleza jurídica de estas instituciones”. Otra cosa es no estar de acuerdo con ese informe, para lo cual lo único que resta es que se lo trate de rebatir, se argumente contra el mismo, puntualiza el ministro.
“Decir que ese informe está equivocado es admisible, ojalá que lo hagan, que hagan llegar escritos, documentos, al Grupo de Expertos, en los cuales refuten los hechos que se recogen en ese informe, pero pretender suprimirlo es un acto de arbitrariedad; todos los informes que se han hecho hasta ahora deben ser objeto de evaluación del grupo de expertos”.
A la fecha, hay cuatro informes internacionales y tres nacionales sobre la violencia ocurrida entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Esto, al margen de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
Con respecto al efecto que tendrá la investigación del grupo de expertos, Lima remarcó la importancia aquí del Minsterio Público, de la Fiscalía, pues la investigación que lleve adelante esta instancia en últimas es la única válida jurídicamente, por eso se insiste en que el trabajo del GIEI sobre todo es para coadyuvar el trabajo de la Fiscalía.
“Es lo que siempre he manifestado. La soberanía de Bolivia no se puede vulnerar y quien es titular de la acción penal es la Fiscalía General del Estado a través de su Fiscal General, él es el que debe llevar el caso a juicios, a sostener la acusación”, afirmó el ministro abogado.
Ahora, esto tampoco significa que todo el país, peor la Fiscalía, deba esperar el informe final del grupo de expertos para saber lo que pasó en la crisis del año pasado. Claro que tiene su valor, el trabajo del GIEI es “para restaurar la paz entre los bolivianos”, señala Lima, pero es la Fiscalía la que debe llevar a cabo la investigación según los plazos que la da la ley: “respetamos el trabajo del Fiscal (Juan) Lanchipa y su objetividad, pero le exhortamos a que cumpla los plazos que señala nuestra ley para darle justicia a las víctimas; no podemos estar esperando el informe final de la CIDH; somos soberanos, y esperamos que el trabajo del Fiscal se desarrolle en apego a la ley pero siempre cumpliendo los plazos procesales”.
Con todo, el ministro informó que ya está acordada toda una relación entre el grupo de expertos y la Fiscalía General del Estado y las fiscalías departamentales que corresponda.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón