Hubo boicot a los juicios en el exterior
El Procurador deplora que no se haya pagado a los abogados que representan a Bolivia en el exterior
El nuevo procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, afirma que en estos primeros días de gestión lo que toca es “nacionalizar” la entidad, venida a menos, dice, durante el casi un año del gobierno transitorio deJeanine Áñez. Aparte de haber convertido a esta repartición estatal (destinada a defender los intereses del Estado) en una “agencia de persecución política”, acusa Chávez Serrano, se descubrió que en el gobierno anterior se dejó de pagar a los abogados que representan a Bolivia en el exterior, incurriendo en un práctico boicot a las causas judiciales internacionales que llevan adelante dichos juristas.
—“Agencia de persecución política”, así calificó usted a la Procuraduría en el gobierno de Áñez. ¿Qué elementos concretos tiene para aseverar esto? Por ahí cumplía su función nomás.
—En el último año, la Procuraduría ha tenido una participación activa en diversos procesos judiciales, procesos penales, sobre todo, los cuales han desnaturalizado lo que es la Procuraduría: no se estaban defendiendo los intereses del Estado, se estaba ejerciendo persecución política a líderes de oposición y a exautoridades, con énfasis en denuncias penales, cuando la Procuraduría no es el Ministerio Público (Fiscalía), que es el que tiene la función constitucional de promover la acción penal pública cuando sucede un delito. Y esa no es nuestra función; la nuestra es preservar los intereses del Estado. Si no, sería como antes de la reforma de 2009 (la nueva Constitución), cuando la Fiscalía veía tanto la defensa legal del Estado como la persecución penal de delitos de acción pública, un rol doble. En ese sentido, la Procuraduría se ha convertido, lo reitero, en una agencia de persecución penal.
—En el caso del supuesto fraude de 2019, la Procuraduría casi obligó a los tribunales electorales, nacional y departamentales, a que se querellen contra los exvocales del TSE. ¿Correspondía?
—No correspondía, porque las entidades son autónomas en sus decisiones. Si la autoridad evalúa que no es preciso invocar una acción penal cualquiera, no lo hace, y lo justifica con informes de sus abogados. (Como Procuraduría) no tenemos por qué entrometernos en funciones propias de las entidades. En el caso del Tribunal Supremo Electoral y los TED hemos encontrado justamente eso, que hubo una intromisión directa del Procurador de entonces para hacer que presenten querellas penales contra exautoridades; todo, pensando en el supuesto fraude, que sabemos aún es objeto de investigación; entendemos que el informe evacuado por la OEA no era suficiente para instaurar una acción penal.
—Una de las acciones más sonadas de la anterior gestión fue ir hasta La Haya e instaurar una demanda contra Evo Morales y otros por genocidio y delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
—Infelizmente se han gastado recursos del Estado para la presentación de una acción política, no jurídica, ya que para acudir a los tribunales internacionales, regla básica es que se agote la vía interna, nacional, de justicia; en este caso, no había ningún argumento para acudir (a la CPI), saltando instancias. Que sepamos, estamos averiguando, esta denuncia no ha sido tratada allá. Estimamos que será un caso tristemente rechazado por la jurisdicción internacional, por no haber agotado las vías nacionales; y eso lo sabían las autoridades que hicieron este show.
—Pero ¿la denuncia no corre por sí misma en la Corte Penal?
—No hay respuesta de la Corte; ésta tiene sus plazos, bastante laxos, por cierto. Hay que tomar en cuenta además que la Corte ve la urgencia del caso, y determina discrecionalmente qué es lo que va a atender y qué no.
—¿La Procuraduría no va a hacer algo; no sé si hay la figura de desistimiento?
—Hemos explorado la posibilidad, con el equipo jurídico, de dejar sin efecto esa presentación por falta de mérito; ya hay además una investigación abierta (en el país) sobre el tema.
—Pero no hay algún documento que se haya presentado.
—No, no tenemos; al momento, no.
—¿Cómo ha encontrado la Procuraduría, su institucionalidad?
—(Como país) contratamos firmas (de abogados) que representan al Estado por lo que dure un arbitraje, dos años es lo razonable, pero hay procesos que duran tres, hasta cuatro años. Entonces, el contrato es abierto para que si se da esa posibilidad, se tenga que cubrir los honorarios en una gestión extraordinaria ante la Asamblea, al Ministerio de Economía o hasta ante el Presidente, para que se nos dé recursos y se cubran esos honorarios. Este año no ha habido nada de eso; ha habido una inercia absoluta, que no se ha pagado a varios abogados externos que están todavía siguiendo las causas por Bolivia, y que, naturalmente, respetando el contrato madre han tenido que hacer por obligación aquello. Hay que regularizar eso. Me parece que es un acto absolutamente de boicot a los juicios que sigue el Estado en defensa de nuestros intereses. Es el boicot que se ha hecho por parte de (los exprocuradores) (José María) Cabrera y (Alberto) Morales; hay que ver todavía los detalles de por qué se ha hecho este complot, quiénes han participado, pero el mero hecho de no haber pagado al abogado de afuera y no haberle cancelado en su momento es un acto que desanima a la gente, y nos expone a no tener una defensa legal apropiada hacia el exterior.
—¿Algunos casos que se pueda señalar de especial afectación?
—Por este momento, no los citaría. Pero vamos a dar información en unos días más.
—Pero ya hubo perjuicio.
—Hubo perjuicio por esa inercia de no haber cubierto en su momento lo que era una responsabilidad estatal, de política estatal.
—¿Se podría prever pérdidas para el Estado?
—No, no me animaría a decir eso, porque no corresponde.
—Lo que hay es consorcios de abogados impagos…
—Exactamente, impagos y que podían haber dejado (los procesos), no sabemos; estamos revisando qué pasó y cómo reactivar la relación.
—¿Qué hay de cierto en que trabajó para la empresa CAMC?
—Ya en su momento he aclarado el tema; lo hago ahora con su medio. Hay dos peticiones de informe, que he visto por la prensa; no ha llegado todavía, que yo sepa. Pero es bastante claro el tema: no hay ni una sola evidencia que constate que mi persona ha sido representante de una empresa extranjera, ni tampoco que haya sido abogado o patrocinante. Ellos tienen todos los mecanismos legales para averiguar, en Fundempresa, en el Ministerio de Trabajo, en los registros pertinentes. No van a encontrar nada. Este es un accionar político, porque saben que este procurador no va a dejar pasar ningún acto ilícito que han cometido esos señores.
—Se ha reunido con el Grupo de Expertos de la CIDH. Parece que hubo un giro en el enfoque de los hechos de violencia de 2019, un giro de parte de la Procuraduría.
—Estamos en presencia de un giro en la teoría del caso. Lo que pasaba era que la Procuraduría seguía una línea que había dado una persona absolutamente al margen del derecho, que era el exministro (de Gobierno, Arturo) Murillo, de uno de esos dislates que tuvo, cuando dijo que (los muertos en Sacaba y Senkata) se han disparado entre ellos, y eso manejaron como una teoría del caso. Haber seguido eso, y abogados de peso, y haber defendido eso, Cabrera haber defendido en Haití semejante barbaridad, yo creo que daba vergüenza. Lo que hemos hecho simplemente es reponer las cosas; nos hemos asociado a los hechos que ha descrito el Defensor del Pueblo, con base también del grupo (de la CIDH) que se ha formado el año pasado, vamos a apoyar a que se esclarezca; y, obviamente, mi función es resguardar que el Estado no sea perjudicado, peor aún por acciones internacionales u otras que se den por los hechos del año pasado y de este año, porque han habido varias violaciones de derechos humanos; y no se olvide, si no hay reparación interna, van a la vía internacional. Lo que hemos buscado nosotros, y me he puesto a disposición del Grupo de Expertos y de la CIDH es que nosotros vamos a ver la manera más rápida y pronta de poder acercarnos a las víctimas y lograr arreglos amistosos, que se reparen sus derechos de inmediato, cosa que no haya un daño al Estado; y que también se sepa la verdad, en el fondo estamos buscando lo que en concepto internacional se conoce como el derecho a la verdad: qué ha pasado, cómo han muerto, quién ha disparado. Ese es el cambio de actitud que tenemos.
—Silala. ¿Cómo estamos en el juicio que Chile nos ha instaurado?
—El tema de la demanda que Chile interpuso contra Bolivia está en análisis en este momento; es un tema muy delicado. Antes del golpe de Estado, los anteriores procuradores han manejado este tema con muchísima reserva y cuidado, tomando en cuenta que ameritaba poco más que un secreto de Estado. Infelizmente, el año pasado la Canciller (Karen Longaric) y su equipo han dado cuenta, incluso en medios de prensa, de las estrategias que tenía el Estado. Eso nos ha parecido un acto de absoluta deslealtad; lo ha dicho claramente el doctor Rodríguez Veltzé. Lo que hay que hacer ahora es retomar aquello y sobre lo que queda asumir la defensa patriótica, en beneficio de los bolivianos, pero ya tomando en cuenta las gravísimas consecuencias que han tenido esos actos de apertura y de haber indicado una y otra cosa por parte de la canciller de algo que merecía reserva; y lo ha hecho en un acto político, poco más que una revancha, no sé cuál ha sido la intención. Yo estoy viendo todavía nombres y vínculos que hay en esta Procuraduría con relación a esta gente, que en un año ha desbaratado una estrategia de algo tan importante, como es el mantener el patrimonio de los bolivianos sobre las aguas del manantial Silala.
—¿Qué viene en su agenda inmediata?
—El terminar de desmontar el aparato que se ha incrustado en esta oficina; estamos trayendo personal técnico con experiencia, en todos los niveles que se pueda, porque así como vemos arbitrajes internacionales, también vemos casos casi particulares.
—Cuando dijo que iba a desmontar la “agencia de persecución” señaló “lo antes posible”. ¿Cuando?
—Hasta fin de año; en gran medida ya hemos avanzado; pero estimo que hasta fin de año, cuando se cumplan los contratos de consultores, muchos de ellos extraños, vamos a terminar de consolidar la, le llamaría, nacionalización efectiva de esta oficina, porque estaba en otras cosas, y la vamos a poner al cien por ciento al servicio del pueblo.
Wilfredo Chávez Serrano
El nuevo Procurador fue abogado del expresidente Evo Morales. La oposición cuestionó su designación por eso. Él afirma que esta objeción tendría sentido si es que Morales habría entablado un proceso contra el Estado, lo que no ocurrió, asegura.
Datos
Nombre: Wilfredo Franz David Chávez Serrano.
Nació: En junio de 1969, en La Paz. Profesión: Abogado.
Cargo: Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia
Perfil
Viceministro de Justicia (2007-2009) y de Coordinación Gubernamental (2009-2011), Ministro de Gobierno (2011-2012); Viceministro de Seguridad Ciudadana (2018-2019)
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón