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‘Causa penal’ contra Luis Almagro

Los parlamentos Andino y del Mercosur piden cuentas del rol de la OEA y su secretario en la crisis de 2019

/ 6 de enero de 2021 / 16:13

El año que empieza al parecer será de elevada tensión en la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto al “caso boliviano”, el papel que jugó el organismo internacional y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, en la crisis postelectoral de 2019. Dos organismos parlamentarios, el Parlamento del Mercosur, Parlasur (que reúne a legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y el Parlamento Andino (que integran parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) están pidiendo cuentas sobre lo hecho. Por otro lado, llevando las cosas más allá, el presidente del Parlasur, el legislador argentino Óscar Laborde, anunció que personalmente, como parlamentario del Mercosur, alista una demanda penal contra el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, por la presunta intencionalidad que hubo de su parte para promover el derrocamiento de un presidente electo en las urnas.

“Voy a iniciar, como parlamentario en el Mercosur, una causa penal para ver si hubo intencionalidad en lo actuado por Luis Almagro, porque no es la OEA, sino la Secretaría General la que debe administrar lo que hacen las observaciones electorales; que se diga si hubo capciosidad, si hubo intencionalidad, si hubo una complicidad necesaria, si hubo desidia, ¿qué fue lo que llevó a actuar de esa manera a Luis Almagro? ¿o hubo una intencionalidad política?”, señaló Laborde en una entrevista, el 25 de diciembre, en el programa GPS Internacional en Radio M24 de Uruguay. “Habrá que probar si efectivamente hubo acción criminal que merezca algún castigo en lo penal”, destacó. 

El integrante del Parlasur cuestiona que Almagro haya tomado partido en el conflicto boliviano, en vez de ejercer la neutralidad, como corresponde a un organismo multilateral como es la OEA, reclama: “Luis Almagro incumplió la tarea que debe tener un secretario general de llevar diálogo, serenidad, promover la paz; es el que debe lograr el equilibrio entre las expresiones políticas, porque para eso está el secretario general; los Estados tienen a veces posiciones enfrentadas, y ahí delegan al secretario general, que tiene la tarea de que todo transite en paz, en armonía. Lo que hizo Almagro es todo lo contrario, todos coinciden en que es muy funcional a la política de los Estados Unidos; lo que ha actuado en Venezuela y en Bolivia  demuestran que la OEA, o por lo menos su secretario general, tiene una intencionalidad política”.

Laborde destaca que la funcionalidad de Almagro con la política de Estados Unidos en realidad es con la administración del presidente Donald Trump. Con el ascenso del demócrata Joe Biden se espera, augura, que la situación cambie. 

“Los estados miembros de la OEA tendrán que dar una opinión sobre lo actuado, qué consecuencias trae sobre Luis Almagro y sobre, si hubiera, algún otro responsable; si cabe acciones administrativas o si cabe acciones judiciales por haber actuado capciosamente”. concluye.

PARLASUR

Por otro lado, el 21 de diciembre de 2020, en entrevista con el canal estatal boliviano, Laborde anunció que el Parlasur llevará adelante una investigación sobre el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA y el rol del secretario general en la narrativa del “fraude electoral” que se instaló en octubre de 2019, entre otras cosas, a raíz del referido informe de la OEA.

“Solo queremos saber qué tenía o contenía, qué había en ese informe de la OEA que hacía pensar que había indicios de irregularidad; porque en ese informe se basaron para finalmente producir un golpe de Estado en Bolivia. Así lo determina el Parlasur. Queremos saber si efectivamente hubo algún indicio, alguna prueba o no, o simplemente fue un accionar político; esa es la intención de la investigación”, informó Laborde. 

La iniciativa del Parlamento del Mercosur surge, admitió, debido a los estudios críticos al informe de la OEA que efectuaron universidades y centros de estudio, los cuales restan validez a lo hecho por la OEA.

“El estudio que propiciamos tiene que ver con la investigación que ha habido de diferentes centros europeos y del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el nuestro propio, que coinciden en que no hay elementos ni irregularidades tales que justifiquen el haber convocado a que se vote nuevamente a partir de eso; hubo toda una situación que derivó en un golpe de Estado. La OEA informó, tras la elección, que se necesitaría hacer una nueva elección y este efectivamente fue el motivo para que algunos le pidieran la renuncia a Evo Morales, y cuando éste dice que hay que votar nuevamente, ya estaba desencadenado el golpe, y la OEA no dijo nada”, reclama el parlamentario.

El pedido de investigación se lo viabilizará tanto a través de los Estados miembros del Parlasur como del propio organismo: “El Parlamento del Mercosur pedirá a su Estados miembros que inicien una investigación; nosotros mismos nos dirigiremos a la OEA para eso. Vamos a iniciar nosotros una investigación con los elementos públicos que tenemos, pero también pedimos a la OEA y a sus Estados que averiguen qué sucedió para que Luis Almagro tuviera tanta influencia en sugerir sospechas sobre la transparencia de la elección y que ocasionó una situación económica crítica, la ruptura institucional, varias muertes”.

ANDINO

En el caso del pedido del Parlamento Andino, se trata de la “Declaración sobre los derechos humanos y democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia” aprobada en la sesión plenaria ordinaria del 26 de noviembre de 2020. En su parte resolutiva, entre otras cosas, determina: “Solicitar la realización de una Auditoría del Informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 y exhortar a las representaciones diplomáticas de los países miembros del Parlamento Andino en la Organización de Estados Americanos (OEA) a motivar su tratamiento”.

La determinación, señaló a este medio el actual presidente del Parlamento Andino, el diputado supranacional Adolfo Mendoza, “ya ha sido comunicada a las cancillerías de todos los países miembros del Parlamento Andino y al Consejo (Permanente) de la Organización de Estados Americanos, para que las representaciones diplomáticas de los países andinos activen esta auditoría en el seno mismo de la OEA”.

Tras afirmar que la OEA “está en la obligación de generar” dicha auditoría, el parlamentario andino coincide con su colega Laborde, del Parlasur, en que la indagación alcanza al secretario general Almagro: la investigación debería “establecer el papel que jugó el señor Almagro en las elecciones en Bolivia en 2019”.

El parlamentario andino recordó que en el Informe de la OEA sobre las elecciones de 2019, en rigor, no se concluye en que hubo “fraude”, que esta calificación más fue obra del secretario general Almagro: “en el propio informe no se habla del extremo de un fraude, y precisamente porque sucede eso, se pone en cuestión la afirmación del señor Almagro sobre la existencia de este fraude en las elecciones de Bolivia”.

A tiempo de destacar la “fuerza jurídica y política” de la declaración del Parlamento Andino, el legislador supranacional aseveró que se sumará la petición de auditoría al Informe de la OEA que hicieron 28 congresistas demócratas de Estados Unidos, además de los estudios que hicieron universidades, medios de comunicación y grupos de académicos sobre la consistencia del referido texto.

Mendoza adelantó que la representación supraestatal boliviana (nueve legisladores) “activará” una propia investigación “sobre los alcances de la actuación del señor Luis Almagro y del propio informe de la OEA en la interrupción constitucional de noviembre del año pasado”.

El parlamentario andino coincidió con su colega presidente del Parlasur en sentido de que las representaciones de los países miembros de ambos bloques en la OEA “deben activar los mecanismos institucionales en la OEA para llevar adelante esta solicitud”. Adelantó que se coordinará con el Parlasur para llevar adelante un acción común en la OEA.

En relación al trámite que tendrá el pedido del Parlamento Andino, Mendoza apunta hacia la jerarquía de la declaración: “Al ser una solicitud formal, también esperamos una respuesta formal de la OEA”. La declaración fue enviada a la OEA a fines de noviembre: “Suponemos que en la próxima reunión de la OEA se tratará este tema”, destacó.

POLÉMICA

El cuestionado informe de la OEA, “Análisis de Integridad Electoral”, presentado el 4 de diciembre de 2019, señala que los auditores encontraron “manipulación dolosa” en los comicios en dos planos: uno, en lo relativo a las actas, su alteración y hasta “falsificación de las firmas de los jurados de mesa”, y, dos, la manipulación informática, que hubo un “redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”. La OEA también halló “parcialidad” en la autoridad electoral, que permitió el referido desvío del flujo de información. Ahora, a punto seguido, el informe reconoce que su trabajo de todos modos ha sido “un ejercicio de auditoría acotado”, limitado al poco tiempo que dispuso y, acaso lo principal, a que varias contrastaciones que pudo hacer no fueron posibles debido a la violencia desatada en esos días, especialmente a la quema del material y de los tribunales electorales.

El equipo auditor de la OEA llegó a cinco hallazgos, señala el informe: “1. Los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y de cómputo definitivo estuvieron viciados; 2. Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado. 4. Las actas del cómputo no son confiables. No obstante, del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. 5. La tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable”.

Pero acaso el origen de la perspectiva tomada luego por la OEA sea la declaración del 21 de octubre de 2019 de su Misión de Observación, cuando manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Apenas un par de semanas después, el 10 de noviembre, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) alertaba que la Misión electoral de la OEA no proporcionó evidencia que sustente las declaraciones realizadas el 21 de octubre, cuando habló del inesperado y drástico cambio difícil de explicar. Aquí sus críticos ya señalaban que la evolución del conteo rápido era “consistente con una proyección del resultado final” que daba a Morales como ganador con el 10% de distancia con respecto al segundo, Carlos Mesa.

Luego, el 27 de febrero el Washington Post publicó el artículo ¿Did Evo Morales win?[¿Ganó Evo Morales?] escrito por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Contratados por el CEPR para estudiar el caso, publicaron sus conclusiones en este periódico. Allí afirman que “Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre”.

El 12 de junio, el CEPR vuelve a la carga, esta vez con la publicación en español de su informe sobre el informe final de la OEA. Allí señala: “Encontramos que la OEA cometió graves faltas metodológicas, ocultó información y tergiversó irregularidades inocuas para sustentar declaraciones anteriores”. El CEPR señaló además que la OEA omitió mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente a la de las actas contiguas sin irregularidades, y que enterró u ocultó por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo.

El artículo que coronó las observaciones a la auditoría de la OEA fue el publicado el 25 de agosto por el CEPR, donde se dice que “un gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas en 2019”. “El error fue revelado la semana pasada después de que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, DC a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones, publicara sus datos por primera vez. El economista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) David Rosnick identificó que en los datos de Nooruddin las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Éste fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos. La OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”, dijo Rosnick entonces.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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MAS: ¿’debilidad interna’ en pleno poder?

Que la crítica a la gestión se reduzca a pedir el cambio de tal o cual ministro expresa una cierta degradación.

Es inocultable la existencia de al menos tres tendencias en el MAS: evistas, arcistas y choquehuanquistas.

Por Iván Bustillos

/ 16 de enero de 2022 / 18:39

El punto sobre la i

Medio en broma, medio en serio, antes se decía que “mientras el MAS dividía a los masistas, Evo los unía”. Era tal la importancia del expresidente Evo Morales como factor de unidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) que hablar de la existencia de corrientes internas más o menos contradictorias entre sí, no tenía mayor relevancia. Hoy, ya no pasa eso, coinciden los invitados de Animal Político para reflexionar la actual situación del partido de gobierno, los exministros, de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.

“Evo era el factor de unidad hasta 2019, pero el 2020, desde la posesión de Lucho (Arce) y David (Choquehuanca), prácticamente este proceso tiene tres liderazgos: de Evo, de Lucho y de David”, destaca Navarro.

En efecto, “no hay un liderazgo único, cohesionador en este momento”, reconoce a su vez el exministro Romero. La falta de este liderazgo que cohesione, “obviamente marca una debilidad interna” del partido, asevera la exautoridad de Gobierno.

Y es que a la fecha, destaca, “el MAS está enfrentando un corporativismo interno”. Por lo menos a primera vista, las diferencias que pudieran haber entre los grupos o corrientes dentro del MAS, no son ideológicas, que cuestionen las políticas públicas generales en vigencia desde más de una década; ese no es el problema del partido, “por eso digo que el MAS está atrapado en una pugna de intereses corporativos”, de sectores u organizaciones sociales.

Y esto, destaca Romero, “es peligroso para el MAS”, porque detrás de ciertos cuestionamientos al “evismo” o expresiones de “renovación”, se esconden defensas de intereses de grupo. Para decirlo directamente, Romero arriesga a calificar todo esto como una suerte de “crisis ideológica”.

Una vez que el MAS expresa la convergencia de las corrientes indigenistas anticoloniales mejor desarrolladas y la visión de una izquierda nacional de larga tradición, lo mejor de esa herencia, se diría, “el MAS fue capaz de proyectar un horizonte político muy importante, traducido en la Agenda de Octubre y la Agenda Patriótica”. El problema es, complementa Romero, que “hoy día estas pugnas reflejan solamente intereses de cuoteo, de distribución de cuotas de poder, de acceso a cargos, a privilegios en la administración pública. Son (hechos) preocupantes”.

PREOCUPANTE.

Preocupantes porque socavan, destaca el exministro, el “sistema político” que desplazó al sistema de partidocracia que existía antes.

Que por ahora falte el liderazgo que cohesione también menoscaba la unidad misma del partido, asegura Romero. “Sabemos que la fortaleza del movimiento popular pasa por su unidad; pero estas disputas corporativas, sindicales, muestran más bien tensiones internas no por cuestiones de horizonte (ideológicas mayores, de proyectos de país) sino de (puros) intereses; y eso, reitero, es preocupante”.

Coincide con Romero el exministro Navarro en el sentido de que al concentrarse las organizaciones sociales en el cambio de tal o cual ministro, lo que más expresan es una visión de gestión pública “cortoplacista”, que no ve más allá del “horizonte” por el cual el MAS es gobierno nacional electo con la mayoría del 55,1%.

Si en 2019 y 2020, “el horizonte era derrotar a la dictadura y recuperar la democracia y el gobierno”; una vez que se lo hizo, en agosto y octubre de 2020; “lo que hace falta ahora es”, destaca Navarro, “reencauzar el horizonte del Estado Plurinacional para vivir bien”.

“Cuando los compañeros están pidiendo cambio de tal o cual ministro están planteando una visión administrativa, circunstancial y política del Gobierno y no el tema del horizonte. Es un déficit, la falta de una visión, de un horizonte en los movimientos sociales. Así, dirigentes como Gerardo García (vicepresidente del MAS), más que plantear un horizonte, se dedica a hacer oposición y críticas a la segunda autoridad del Estado”, critica el exministro de Minería.

En esta falta de “horizonte”, de una visión más de fondo de la historia y del rol del MAS en esto, observa Navarro, se puede ver cómo esto también va degradando al partido mismo, cómo lo empequeñece: “lo que al final tenemos son dirigentes que más que ver el horizonte y el rol de la organización social y del Movimiento Al Socialismo, lo que hacen es volver al MAS en una organización política de gobierno de corto plazo. Cambias a tres ministros, el próximo 6 de agosto vas a pedir el cambio de otros cinco; es una visión cortoplacista”.

GESTIÓN.

Ahora, al margen de este rol más o menos cortoplacista del MAS, Navarro no deja de llamar la atención sobre algo muy peculiar al MAS: que acaso con la actual composición, Luis Arce Presidente y dedicado a la gestión pública, y Evo Morales presidente del MAS, dedicado más a lo partidario, el Instrumento Político en rigor recién está aprendiendo a acompañar la gestión pública. Lo que más bien existe hoy día, dice el exministro de Minería, “es un proceso de debate político sobre el rol del Instrumento Político en la gestión pública. Es la primera vez; antes, desde que somos gobierno en 2006, gobierno nacional, departamental o municipal, el MAS solo era una sigla electoral; que no tenía un rol determinante en la gestión nacional, departamental, municipal, etc. En cambio, lo que se está viendo hoy día, por primera vez, es un debate muy importante e interesante sobre el rol del Instrumento Político en el proceso. O sea, ¿va a seguir siendo el MAS un instrumento electoral o va a ser el instrumento político que se concibió a partir de la década de los 90?”.

En lo que está pasando con la “unidad del MAS”, hoy día también hay que considerar, insiste Navarro, una natural “emergencia de liderazgos territorializados”, regionales, a los cuales hay que tomar más en serio. Y es que también por aquí se reitera eso que desde sus orígenes se dice del MAS: que en rigor no es un partido, una estructura orgánica tradicional, sino sobre todo una federación de organizaciones sociales; por eso el surgimiento de pugnas entre departamentos.

En lo relativo a la relación Luis Arce-Evo Morales, Navarro remarca que el rol de cada cual está claramente planteado: el uno debe hacer gestión, y el otro debe construir el Instrumento.

“Al compañero Lucho, fundamental, no únicamente, le corresponde la gestión pública”; ciertamente cumplió con su tarea, producto de ello es la actual relativa estabilidad económica.

En cuanto al “compañero Evo”, le toca administrar el enorme y natural liderazgo que tiene ante las organizaciones sociales. Así, el rol que tiene el “jefazo” en este momento, dice Navarro, es hacer del Movimiento Al Socialismo una estructura política que tenga la capacidad de ser actor directo en la construcción del Estado Plurinacional”. Una peculiar tarea que el exministro plantea para el expresidente Morales, es que desde el MAS se fortalezca a las organizaciones sociales, y que, por el contrario, no ocurra al revés: Evo “tiene el rol de coadyuvar en el fortalecimiento orgánico de las organizaciones sociales”.

FUTURO.

La gestión pública tiene que ser prioridad, insiste Navarro, incluso por su efecto político: “una mala gestión pública anula a todos, y una buena gestión pública habilita a todos”.

En lo relativo al futuro que se puede prever para el MAS y el Gobierno, Romero no deja de llamar la atención sobre la renovación ideológica: “Lo que ahora debe debatir el MAS es un nuevo ciclo del proceso de cambio, una nueva Agenda Estratégica del Estado”.

No se debate esta Agenda, se queja Romero; cuando la misma, por su mayor alcance “trasciende diferencias generacionales, sectoriales, de campo y ciudad”.

Pero aún hay una falla, debido al radicalismo con que frecuentemente los “sectores duros” del MAS asumen determinadas decisiones partidarias, reclama el exministro: su menosprecio por las clases medias.

“El otro problema es que el MAS está espantando a la clase media; y la clase media es un aliado fundamental. Sin clase media no se hubiera viabilizado el proceso de cambio”, interpela directamente el exministro. Esta alianza histórica entre indígenas, obreros y clases medias, en sus términos, ya la había planteado el memorable René Zavaleta Mercado, destaca Romero.

Añade que lo que hacen los núcleos duros “es ahuyentar a la clase media, siendo como es un actor clave en la generación de opinión pública, en el cohesionamiento de la estructura social”. Menospreciar a la clase media conlleva el riesgo de empujar a algunos sectores de la clase media a posiciones ultraconservadoras”.

Militancia obligatoria de las autoridades designadas

El nuevo estatuto del Movimiento Al Socialismo (MAS) incorpora todo un capítulo sobre las “autoridades designadas”. Allí, como el apunte final a los “deberes” (artículo 67) sin rastro de ninguna excepción se establece que “todas y todos deben ser militantes del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)”: “No existe la figura de autoridades neutrales ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal, todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”.

En el mismo artículo 67, que consta de tres puntos, no deja de llamar la atención su segundo punto. La autoridad designada, servidora y servidor público, deberá “coordinar y articular actividades de gestión política con el Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional, las direcciones departamentales, regionales, municipales y sectoriales y las organizaciones sociales en su conjunto”.

Siempre en el marco de su nuevo estatuto orgánico, si el militante del MAS tiene 11 derechos, son 24 sus deberes. En la lista de derechos (Artículo 60) destacan: elegir y ser elegidos para cargos de dirección orgánica; expresar libremente las opiniones y “críticas constructivas”, tanto sobre problemáticas nacionales como en “asuntos internos”; denunciar el transfugio político.

En la parte de los deberes (Artículo 61), se tiene por acciones obligatorias: acatar disciplinadamente las instrucciones de sus dirigentes; respetar la equidad de género; cumplir regularmente con los aportes anteriormente establecidos; defender la revolución democrática y cultural en todos los escenarios; mantenerse atento y sensible ante las tergiversaciones y rumores infundados respecto a la política de la revolución democrática y cultural; defender el principio de solidaridad consecuente con todos los que luchan por la liberación nacional; mantenerse vigilante contra cualquier manifestación o hecho que perjudique maliciosamente los fines del MAS-IPSP; y, preservar la cohesión y unidad del MASIPSP, entre otros deberes”.

El caso de Evo Morales y el MAS es especial en el estatuto orgánico. Entre los 15 principios partidarios (Artículo 6) por los que se rige el partido, se halla el “respeto al liderazgo nato”.

Junto a los principios Antiimperialismo, Anticolonialismo, Memoria histórica, Democracia interna, Igualdad y Equidad de género o Despatriarcalización, se consagra a Morales como líder nato:

“15. Respeto al liderazgo nato: la militancia del MASIPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”, destaca en su página 10 el nuevo estatuto.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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La paridad más allá de la paridad

Estudio sobre la participación política de las mujeres en su camino hacia la democracia paritaria.

/ 16 de enero de 2022 / 18:31

DIBUJO LIBRE

Cuál fue el itinerario de la paridad en Bolivia? ¿Cómo se expresa en el debate histórico-conceptual, en el desarrollo normativo y sus efectos, en factores culturales, en lo organizativo e institucional? ¿Y qué sigue después de la paridad en cuanto proyecto de transformación política? Estas preguntas sintetizan el contenido del informe La paridad más allá de la paridad. Participación política de las mujeres en el largo camino hacia la democracia paritaria intercultural, impulsado por Oxfam en Bolivia, la Coordinadora de la Mujer y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS), y que ponemos a su consideración como insumo para la necesaria deliberación pública en democracia.

¿Por qué un informe sobre democracia paritaria en este momento? Al día de hoy, una importante parte de este camino ha sido recorrido, un trecho durante el tiempo republicano que conllevó varias conquistas difíciles de bregar en esos tiempos y otro, con un ritmo algo más acelerado, desde 2009 a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. A pesar de ello, aún queda mucho por caminar y también hace falta mirar lo andado para mejorarlo. El camino de la democracia paritaria que muchas actoras, movimientos, colectivos e instituciones hemos decidido recorrer desde nuestras propias miradas y enfoques no está para nada exento de aciertos y desaciertos, logros y obstáculos, desalientos y esperanzas.

Así, con el pleno espíritu para debatir sobre los derechos políticos de las mujeres y la paridad en un horizonte más amplio de democratización, hemos hecho el esfuerzo por generar este insumo para el debate a partir de estudios de caso, datos actualizados y diferentes voces que consideramos son dinámicos y resulta importante actualizar en este momento del camino.

Formalmente, el estudio está organizado en una introducción, cinco capítulos y un apartado de conclusiones. Los capítulos nos hablan de esa buena idea llamada democracia paritaria intercultural, del recorrido desde las normas hasta los resultados, de los obstáculos a la participación política de las mujeres, de los partidos que actúan como murallas y de la paridad en el desempeño en los órganos legislativos. Las conclusiones exploran algunos desafíos al respecto. A continuación, y para dejar con la sana curiosidad al y la lectora, se esbozan brevemente estos capítulos.

¿Qué es la democracia paritaria? Nuestra hipótesis consiste en que se trata, en inicio, de una gran idea que se encuentra, actualmente, en construcción. No ha sido fácil reflejar cuando menos tres décadas de recorrido en las que se ha llevado adelante esta reflexión en Bolivia. El tránsito conceptual de las cuotas a la paridad, el de la paridad democrática hacia la democracia paritaria, los dilemas dentro del debate feminista entre igualdad y diferencia, las nociones pioneras en Bolivia que ponen en debate a la descolonización junto con la despatriarcalización. En fin, un importante y nutrido capítulo que sintetiza estas cuestiones.

En el capítulo 2 nos referimos al efecto de las normas, que desde la inaugural Ley de Cuotas, pasando por el principio constitucional de equivalencia de condiciones, hasta los reglamentos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral generan resultados que han permitido consolidar la implementación de los principios de paridad y alternancia. En el camino, se recorren algunas nociones propias de la democracia paritaria y también se repasan los datos, sobre todo del periodo democrático: las senadurías, las diputaciones (uninominales y plurinominales), los curules de las asambleístas departamentales, regionales e indígenas, y las concejalas; todos como logros posibles de mejorar pero que constituyen un avance incremental. Y, cómo no, se da cuenta de esos datos que aún constituyen un desafío en este avance —cuando menos numérico— y que pertenecen a los cargos ejecutivos en los diferentes niveles de gobierno: binomio presidencial, ministras, asambleístas, alcaldesas. Además de ello, se revisan algunas percepciones en torno a lo que significa este avance normativo entre mujeres políticas y opinión pública.

¿Cuáles son los principales obstáculos que limitan e incluso impiden la participación de las mujeres y su presencia en el ámbito público-político?, es la pregunta que guía el capítulo 3. Si bien es posible intuir que estas limitantes son múltiples y varias de ellas de carácter estructural, en el informe nos enfocamos en tres de ellas: el acoso y la violencia política, el trabajo de cuidados y las representaciones sociales sobre la mujer política. Creemos que poner sobre la mesa estas temáticas, que suelen abordarse de forma cualitativa a través de actitudes y comportamientos, resulta importante a la hora de buscar despejar el camino de la democracia paritaria intercultural, en aras de seguir procurando su avance.

En el capítulo 4 hacemos referencia al rol de las organizaciones políticas, en especial de los partidos, en el marco de la democracia paritaria. La premisa es que, en la actualidad, se comportan más como murallas de acceso y de ejercicio que como puentes para la participación política de las mujeres. Para ello, recorremos algunos elementos que determinan el rol que desempeñan actualmente en la búsqueda de paridad democrática en sus filas: el factor monopolio (de representación política) que detentan, las actitudes y percepciones de sus cúpulas, dirigentes y militancia; la forma en que resuelven sus documentos con arreglo a la normativa vigente y la relación de éstos con sus prácticas.

Llegar a la Asamblea. ¿Y después?, es la pregunta que busca ser respondida en el quinto y último capítulo del informe en cuestión. Considerando que algunas mujeres logran atravesar los obstáculos y las murallas que limitan su participación política para poder, finalmente, materializarla de forma institucional desde un cargo y un curul huelgan las dudas en torno a qué ocurre después con el desempeño legislativo, con las agendas comunes desde las mujeres o, finalmente, (si es que existe) con el trabajo en conjunto sobre la base de la sororidad.

Para finalizar, en las conclusiones, nos animamos a plantear cinco desafíos generales que consideramos posibles y algunas tareas en diversos ámbitos, sujetas al examen crítico y a la continua evaluación y retroalimentación de todas quienes nos reconocemos transitando este camino de la democracia paritaria intercultural.

En síntesis —como plantea el informe— La paridad más allá de la paridad constituye una puesta al día analítica, con preguntas, datos, percepciones y desafíos, en torno al largo camino de la participación política de las mujeres y de la paridad en Bolivia. Creemos por ello que será un documento de referencia en la materia. Mejor todavía: esperamos que contribuya a impulsar el debate plural y la deliberación pública en torno al imperativo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y, por tanto, el proceso de democratización paritaria intercultural en el país.

(*)Lourdes Montero J. es Responsable de País de Oxfam en Bolivia.

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Revolución que despatriarcaliza

El ‘vivir bien’ debe ir férreamente unido a una acción anticapitalista y antipatriarcal.

/ 16 de enero de 2022 / 18:24

DIBUJO LIBRE

La sociedad occidental ha erigido al hombre como el modelo de Dios y bajo su dominio se encuentra el resto de seres humanos (mujeres, jóvenes, niños y ancianos); también está a cargo del dominio de la naturaleza y el medio ambiente. Esta historia fue fortalecida desde la religión, la economía, las leyes, la cultura y el Estado, imponiéndose una unívoca verdad: la del varón como padre y dueño de la humanidad.

Los pueblos del Abya Yala también fueron permeados por la organización sexo-genérica del dominio masculino sobre el femenino y, en gran parte, reprodujeron las formas de dominación y violencia hacia las mujeres no obstante el principio del “Chacha-warmi”.

Las corrientes feministas occidentales no supieron leer estos fenómenos y con enfoques simplistas iniciaron una lucha entre sexos, sin comprender que las sociedades de hombres y mujeres reproducen la forma desigual y jerárquica de clase, culturas y género, en tanto no comprendan los orígenes de las relaciones de poder, explotación, dominación y discriminación que las sociedades capitalistas, coloniales y patriarcales erigieron en nuestras sociedades.

Bolivia, en los últimos años a partir de las luchas del pueblo boliviano, ha transitado por un proceso de descolonización que lleva a comprender la inviabilidad de un proyecto emancipatorio del “vivir bien” si no va férreamente unido a un proceso anticapitalista y antipatriarcal; esta triada será la condición sine qua non para llevar a Bolivia a otro horizonte de posibilidad.

En los últimos años, el proceso de cambio inició un proceso de reflexión y cuestionamiento sobre lo logrado en favor de las mujeres, comprendiendo que el trabajo estaba mucho más allá que simples políticas de género, que era necesario nutrir nuestra teoría y práctica con los nuevos enfoques decoloniales y marxistas que el feminismo liberal se había encargado de hacer a un lado y que era necesario encarar una lucha feminista anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, ya que las grandes mayorías de mujeres sufrían por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres y la liberación de una de estas opresiones estaba articulada necesariamente a las otras.

En los últimos años, a nivel mundial, en la región y en el país, la violencia hacia las mujeres y los feminicidios se han convertido en uno de los problemas más acuciantes y dolorosos de nuestras sociedades; por ello, la aprobación del Decreto 4650, que cuenta con un paraguas constitucional y legal para declarar el 2022 como “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres”, busca atacar causas estructurales, con una serie de medidas en todo el país, asumiendo desde el nivel central y dando responsabilidades a los niveles subnacionales para una lucha conjunta contra la violencia a las mujeres.

Nuestra Constitución establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; y el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

El Artículo 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia dispone que el Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Se señala que los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias.

El Artículo 6 de la Ley 348 define que la violencia constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer. Y que la violencia contra las mujeres está presente en todos los espacios de la vida.

La violencia familiar contra las mujeres se ha convertido en el primer delito cometido en territorio nacional, según datos del Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia 2021 del Ministerio de Justicia, indicando que la familia es el espacio social donde más se perpetra la violencia contra las mujeres desde niñas. Y según registros oficiales, de 2013 a 2021 se cometieron más de 700 feminicidios.

El Decreto 2650 plantea que la violencia contra las mujeres se origina y se alimenta del patriarcado, como primera estructura de dominación y opresión de la humanidad sobre las mujeres, por lo que la respuesta no puede ser solo normativa punitiva, lo que se requiere es la adopción de acciones que coadyuven a la construcción de una cultura despatriarcalizadora, que transforme de manera estructural los modos de interrelación entre hombres y mujeres que se reproducen en una sociedad patriarcal. El Órgano Ejecutivo a través de sus ministerios, entidades e instituciones bajo dependencia, tuición y empresas públicas, sociedades comerciales donde el nivel central del Estado tiene participación mayoritaria, filiales y subsidiarias, en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, promoverá al menos las siguientes primeras acciones:

a) Generar espacios de reflexión, socialización y acción despatriarcalizadora para prevenir la violencia contra las mujeres; b) propiciar acciones de formación en temas de prevención de la violencia contra las mujeres, identificando al patriarcado como el problema estructural; c) impulsar actividades culturales y expresiones artísticas orientadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde una cultura despatriarcalizadora; d) contemplar el enfoque de despatriarcalización en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al momento de elaborar políticas, difundir y socializar la información; e) desarrollar una campaña comunicacional orientada a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, fortaleciendo una cultura despatriarcalizadora; f) otras actividades que coadyuven a la construcción de una cultura despatriarcalizadora por una vida libre de violencia.

Éstas, junto con otras acciones, abordan esta problemática a fondo, buscando influir y procesualmente transformar las estructuras patriarcales de la sociedad, saludamos tan importante iniciativa que debería ser apoyada plenamente.

(*)Sonia Brito S. es socióloga, actual embajadora de Bolivia en Italia.

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El Círculo de Hierro, un modelo agotado

El modelo cruceño no tiene un futuro de paz si allí conviven dos sociedades y una de ellas excluye a la otra.

/ 16 de enero de 2022 / 18:18

DIBUJO LIBRE

Hace unos cincuenta años, en 1968, tras los grandes amotinamientos raciales habidos en todo el país, el presidente Johnson nombró una comisión para determinar las causas del fenómeno, entidad cuyas conclusiones, por desgracia, siguen teniendo validez hasta hoy: ‘Nuestro país está evolucionando hacia dos sociedades distintas, una negra y la otra blanca, ambas independientes y desiguales’. Surgía allí la imagen de una nación en la que los afroamericanos se enfrentaban a discriminaciones sistemáticas, a una educación y unas viviendas deficientes y una falta absoluta de oportunidades económicas: para ellos no existía el sueño americano”. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz es el autor de estas palabras que, cuando revisamos nuestra construcción societal, encontramos trazos de similitud que hoy, entre varios factores, procuran entender y explicar las tensiones y confrontaciones sociales de nuestro país, que además se van ramificando hacia lo económico y social.

El agotamiento de lo que algunos llaman el “modelo cruceño” y la necesidad de establecer un debate sobre lo que unas voces interesadas de la acción política e institucional quieren circunscribir, únicamente, a las capacidades productivas de la región no se reduce monotemáticamente a la cuestión económica/productiva. Política, economía y sociedad están profundamente entrelazadas. Cuando las sociedades construyen desigualdades económicas, éstas replican en breve tiempo en desigualdades sociales e inevitablemente también en profundas asimetrías políticas de representación.

El conocido profesor francés Thomas Piketty escribe en uno de sus últimos libros: “Los dos países que habían optado por el ultraliberalismo, con Reagan y Thatcher en la década de 1980 y que desde entonces habían experimentado un mayor aumento de la desigualdad, han decidido tres décadas más tarde optar por el nacionalismo y una forma de retorno a las fronteras y la identidad nacional… este cambio expresa el fracaso del reaganismo y el thatcherismo. Las clases medias americanas y británicas no se han beneficiado de la prosperidad prometida por el liberalismo integral”. Las exportaciones indiscriminadas sin reparo en el mercado interno, la financiarización, el capital, la producción itinerante y la globalización son elementos que no van protegidos de respaldo social y, los modelos políticos con esencia popular —fundamentalmente en Latinoamérica— interpelan estos manuales de economía generadores de marcadas anomalías sociales, políticas y económicas. Los modelos, donde los superricos buscan obstruir y desempoderar a quienes movilizados popularmente reclaman las disparidades, han creado sociedades con economías disfuncionales y órdenes políticos desproporcionados. Entiéndase que toda desproporcionalidad del orden político social carente de equilibrios en la representación es un conductor de tensiones y conflictologías.

Analicemos aquello que los sectores liberales/conservadores de Santa Cruz llaman el “modelo cruceño”. Acá la cuestión central es compartir la prosperidad y ello no se reduce únicamente a las capacidades del mercado y a la mano invisible de Adam Smith como mecanismo natural hacia el bienestar; de hecho, Smith reconocía las insuficiencias del mercado y la necesidad de acciones gubernamentales para corregir complementariamente. Mercado y políticas gubernamentales posiblemente nunca serán perfectas, pero requieren complementarse para, como, por ejemplo, corregir el desempleo. Tampoco el “modelo cruceño” (el gentilicio asociado intenta conferir un cierto orgullo nacionalista/regional que lo dote de legitimidad en una supuesta base social de apoyo) puede pensarse desde la perspectiva única de la productividad. Compartir la prosperidad exige trabajar en igualdad de oportunidades integrales, y esto es la búsqueda de acciones que permitan salir de la base de la pirámide social/ económica/política para ascender hacia la cima, esa movilidad social, dada por un fuerte factor aspiracional en Santa Cruz es lo que ha quedado en evidencia negativa, la base social es demasiado ancha para que el “modelo” pueda acreditarse exitoso. Acá la explicación tiene connotaciones sociológicas. El modelo se agota porque su principio rector lo ha convertido en excluyente. Sus capacidades productivas exitosas no logran hoy disimular la cooptación de una sociedad que está alejada del formato privatizado del poder político, que monopoliza la institucionalidad en su beneficio (como es el caso también de los ítems fantasmas) en espacios que son controlados por clanes familiares, organizados en poderes cerrados y privados, expresión estructurada de las logias que parcelan sus áreas de control y poder, y que extendidamente toman para sí la representación política, siendo a su vez los principales acumuladores del excedente económico que produce la región.

El Círculo de Hierro se ha construido en diferentes formas y tiempos, pero siempre bajo un mismo patrón: clanes familiares y castas políticas, oligarquías económicas y poder privado de logias. Todo ello integrado en una sola dirección: dominio integral de la región. Los estudios que investigaron el poder de las logias señalan el tránsito que éstas recorrieron en la historia cruceña. Se organizan confrontacionalmente como una reacción ante la llegada de miles de migrantes, como barrera a las ideas socialistas y comunistas en expansión a fines de los años setenta y en defensa de las instituciones cruceñas. Las dos logias predominantes en Santa Cruz no han dejado, desde entonces, institución alguna que no esté bajo su control. Sus administraciones son controladas y pactados los nombres de sus directivas. Cooperativas de servicios, cooperativas financieras, colegios de profesionales, clubes sociales, federaciones de profesionales, de industriales y de fraternidades entre otras entidades se encuentran bajo su rectoría. Este poder político, económico y social no deja espacio para el cruceño y cruceña no privilegiado y que conforma la mayoría de la población.

Este modelo agotado y envejecido es un modelo de beneficios por goteo y reticente a incorporar factores redistributivos de la riqueza. Se acumulan los excedentes económicos en el Círculo de Hierro; la representación política surge del Círculo de Hierro y las decisiones están en el Círculo de Hierro bajo la apariencia de Comité Cívico; las instituciones obedecen al Círculo de Hierro. Las lógicas propias del neoliberalismo exacerbadamente individualista y excluyente en lo social y político se han instalado como la constante e histórica dicotomía: ¿riqueza de unos cuantos? Siendo ésta una realidad palpable, la necesidad de democratizar las instituciones, la representación política y la redistribución del excedente económico es una obligación correctiva urgente que debe alcanzar a un poder de pocos que tiene retenido el poder democrático y plural de todos.

La ofrecida ilusión de un éxito económico que no llega al bolsillo de las mayorías se convierte en un hecho evanescente porque también margina y expulsa socialmente, es entonces cuando se direcciona hacia la tensión social y se abonan los índices de criminalidad. En una situación con semejanzas, Joseph Stiglitz decía: “Debemos enterrar nuestra arrogancia respecto a nuestro propio sistema económico, pues debería quedarnos claro que tiene serias limitaciones, en especial cuando se trata de garantizar que la prosperidad sea compartida”. Un modelo de desarrollo no tiene perspectiva pacífica si en su mismo territorio deben convivir forzadamente dos sociedades y una de ellas excluye y aparta a la otra.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.

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¿Cuánto de inclusivo es el ‘modelo cruceño’?

No es cierto que Camacho sea el ala radical y Costas la moderada, pues no son lo mismo, son opositores entre sí.

Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo.

/ 9 de enero de 2022 / 19:27

El punto sobre la i

Cuando a fines de diciembre el vocero presidencial, Jorge Richter, definió de “agotado” el “modelo cruceño”, a raíz del destape del caso Ítems fantasma (un hecho de corrupción extendida), en el día, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en sus redes sociales, salió al paso devolviendo gentilezas:?“El modelo que se agotó es el de ustedes. El autoritario, el que usa la justicia como brazo operativo, el que pisotea los derechos de la gente y se impone a la fuerza”. De ahí en más, como sugirió un medio colega, el problema, el debate, sería saber cuál de los dos “modelos” es el mejor. En la presente entrega se propone que el fondo de la crítica de Richter y que desde Santa Cruz debieran saber responder es el carácter más o menos inclusivo de su modelo de desarrollo y la forma de institucionalidad, de “sociedad”, que construyó sobre ese modelo de desarrollo. Asume el desafío, desde su disciplina, la historiadora cruceña Paula Peña.

Ahora, esta interpelación ¿no tendría que hacérsela también a todas las regiones?: ¿y el modelo paceño, el tarijeño, el potosino, etcétera? Pero bueno, ese es otro debate. Van nuestros panelistas, cada cual con lo suyo.

El “modelo cruceño”, se apura a precisar Richter, es el desarrollo de “una forma de organización de sociedad, donde determinados sectores, conformados por familias tradicionales, castas familiares y poder económico, ciertos sectores de oligarquía, se han apropiado de la representación política, se han apropiado del dominio social sobre las principales instituciones de Santa Cruz y han conformado un poder privado, de casta política, que es el formato de las logias. Con todo ello, han cooptado las principales instituciones del departamento, llámese CRE, Saguapac, Cotas, colegios de profesionales, cámaras industriales, Gobernación y, en otro tiempo, la Alcaldía”.

Todo ello le confiere a este poder de casta, dice Richter, “un poder integral, que es económico, político, social, y eso se ha convertido en un modelo”.

DISTRIBUCIÓN. Cuando el gobernador Camacho dice que “el modelo cruceño sigue generando empleo y produciendo el alimento de más del 70% del país”, Richter apela a no reducir el modelo a la pura productividad económica. “Hay que tomar en cuenta que los modelos no solamente son una cuestión de acumulación económica;?Santa Cruz, en ello, es exitoso, genera recursos, genera acumulación, pero concentrada en pocas manos, sin un factor de distribución importante”.

Es este modelo productivo cruceño, “más la conformación de una organización social y política del departamento”, plantea el Vocero, lo que “estructura un modelo excluyente, conservador, que tiene todas las características propias de lo que son los modelos neoliberales”.

Es este el modelo agotado al que se refiere Richter. “Agotado porque es excluyente, que se corrompe; que ese había sido el eje del dominio tan conservador y cerrado en estas instituciones y que a través de estas lógicas lo que han buscado es exportar al resto del país, por eso la confrontación”.

Modelo agotado, dice desde otro lado, “porque es excluyente, porque no incorpora a los grandes sectores sociales, porque no redistribuye y porque preserva la institucionalidad cruceña para unas cuantas familias”.

En cuanto a los liderazgos de Camacho y Costas, que con las mutuas acusaciones de corrupción o de ser cada cual a su modo “funcionales” al MAS (su “aliado”, “cercano” o hasta “cómplice”), y que en Creemos habría que ver la radicalidad y en Demócratas lo moderado, Richter afirma que ambos no son tanto tendencias, sino solo formas diferentes de liderazgo.

“Lo que pasa es que son dos liderazgos distintos; el de Camacho es un liderazgo que solo tiene vigencia cuando tensiona y convulsiona una sociedad; algo diferente de lo que hacía Costas; él tenía violencia discursiva, pero no tanto una violencia de acción, que es lo que Camacho tiene, acompañada de una fuerte virulencia discursiva. Eso uno”. 

Y, dos, “hoy en día no es que ellos estén confrontados, sino que la crisis que ha producido este modelo, donde ya interviene la justicia, cuando ya hay gente que está siendo investigada y detenida, una larga lista de personas de la sociedad que pertenecen a estos clanes y castas familiares, las disputas (entre ellas) terminan siendo profundas; cuando ya se está investigando, buscan el sálvese quien pueda”.

Hay la necesidad de “democratizar el poder político, económico, social e institucional de Santa Cruz”, interpela Richter, “porque hoy día eso está en unas cuantas manos, que son los poderes privados de las logias, y que tienen en sus manos todas las instituciones de Santa Cruz. Es necesario un proceso de inclusión de los sectores sociales, populares, de los diferentes estamentos de la sociedad cruceña que no necesariamente tienen la posibilidad de ser parte de estas castas familiares, y de las logias”. 

LOGIAS. Por su lado, la historiadora cruceña Paula Peña cuestiona el mito de que las logias sean un patrimonio exclusivo de Santa Cruz. “Hay logias a nivel nacional y en los distintos departamentos; lo que sí pasó en Santa Cruz es que han sido develadas. Hay logias a nivel nacional que han dominado este país los últimos 60 años”.

“Pero, decir que las logias son exclusividad de Santa Cruz no corresponde a la realidad boliviana, por un lado; por otro, no afirmaría yo que la élite cruceña o los grupos más dominantes cruceños sean los que pertenecen a las logias; por el contrario, más bien las logias están formadas por gente de clases medias”; grupos sociales que a través de las logias han buscado tener presencia en algunas instituciones, “pero los grupos más poderosos, en términos económicos, no son los que pertenezcan a las logias”, precisa la historiadora.

En cuanto a los actuales liderazgos cruceños, pese a que Creemos ganó la Gobernación, Peña es categórica en afirmar que el verdadero partido de proyección nacional es el Movimiento Demócrata Social-Demócratas. 

“Demócratas ha sido probablemente la más exitosa construcción política hecha desde Santa Cruz, porque ha tenido un carácter nacional”; además de haber ganado la Gobernación cruceña tres veces, no es menor su presencia en varios municipios del país, desde provinciales hasta capitales de departamento, destaca Peña. 

Más todavía, en últimas, Creemos no se le compara, apunta. “No se puede comparar Demócratas con Creemos, porque éste es sencillamente una agrupación nueva, circunstancial, mientras que Demócratas se constituyó en un partido político de alcance nacional”.

 Ante la percepción de que Camacho y Creemos serían el ala radical del liderazgo cruceño, y Costas y Demócratas serían el ala moderada, Peña más bien protesta. “No se puede leer así. Demócratas y Creemos no están en el mismo lugar; es realmente una muy mala percepción pensar que los dos forman parte de un mismo grupo, que uno es moderado y el otro radical. En todo caso, creo que son dos grupos totalmente enfrentados”.

A la fecha, asevera Peña, hay una suerte de reacomodo de las fuerzas internas opositoras al MAS, “que de alguna manera también son opositoras entre sí; hay dos frentes (Demócratas y Creemos) que no son lo mismo, son atípicamente distintos. En 15 años de gobierno, Demócratas tuvo la capacidad de enfrentar al MAS; en el caso de Creemos, no veo que haya desarrollado esas capacidades políticas de poder enfrentar al actual gobierno”. 

En lo relativo al “modelo agotado por excluyente” del Vocero presidencial, la historiadora cruceña más bien defiende el carácter “colaborativo, de apertura” hacia la inversión extranjera que distinguiría al referido modelo. 

DIVISIÓN. Peña parte de una división clave: uno es el modelo económico, en fin de cuentas capitalista, “que hay en cualquier lugar”, dice; y otro, el modelo cruceño cultural, que es el que sobre todo se debería destacar. Un modelo inclusivo a través del “cabildo”, por ejemplo, alega la historiadora.

“Cuando hablamos del modelo cruceño, estamos hablando de un modelo institucional, de instituciones que se fueron desarrollando a lo largo de su historia; una expresión de la institucionalidad cruceña, de su modelo, son, por ejemplo, los cabildos; la deliberación a través de los cabildos, que no es una cosa de este año o de hace 10 años; sino que a lo largo de la historia, desde 1825, los cruceños han tenido este tipo de pactar”.

Asimismo, desde esta perspectiva cultural y social, añade Peña, el modelo cruceño bien puede definirse como “colaborativo” antes que excluyente. “El modelo institucional de que se habla es el modelo colaborativo, y este modelo no creo que esté agotado”. 

Al margen del modelo capitalista de la economía cruceña, lo que hay que saber distinguir, insiste Peña, es “el modelo institucional y una cultura que caracteriza a los cruceños marcada por el emprendedurismo, el espíritu colaborativo, la apertura a la llegada de capitales de afuera, al desarrollo”.

En este “modelo institucional”, por ejemplo, destaca Peña, hay que ubicar al Comité pro Santa Cruz y su legitimidad (“gobierno moral” del departamento, dijo de la entidad su actual presidente, Rómulo Calvo), una institución “que ya tiene más de 70 años”, y que “a mediados del siglo XX logró el pago de las regalías petroleras, que fueron la condición necesaria para la transformación de Santa Cruz”. Y su credibilidad persiste hasta el día de hoy; no es un hecho agotado, destacó la historiadora cruceña.

El empresariado ante las protestas de 2018-19 (*)

Si observamos la movilización contra la repostulación de Evo Morales durante los años 2018 y 2019 y, luego, la escalada de las protestas después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, es llamativo el rol marginal y la posición cautelosa que han asumido las élites económicas. Las diferentes asociaciones empresariales clave se sumaron al movimiento opositor al gobierno del MAS de manera muy gradual e inconsistente y, en general, bastante tarde, a pesar de una evidente afinidad político-ideológica y de la cercanía sociocultural con este movimiento.

Veremos algunos ejemplos de la actuación de las asociaciones empresariales en respuesta a las movilizaciones preelectorales, es decir, al movimiento por la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 (“21F”):

– Cuando se convocó a un paro cívico para el 21 de febrero de 2018 con motivo del aniversario del referéndum de 2016, la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) se abstuvo de adoptar una posición oficial, dejando la decisión en manos de las federaciones y cámaras a nivel departamental y/o sectorial. En respuesta, varias organizaciones importantes se sumaron explícitamente a la convocatoria, entre ellas, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC). La (Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en cambio, no se pronunció sobre el paro cívico.

– Un patrón similar se repitió en diciembre de 2018, cuando la movilización se centró en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debía autorizar (o rechazar) la candidatura de Evo Morales. En este contexto, según El Deber, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, puso “énfasis en que la CEPB es una institución que representa los intereses de los empresarios del país en aspectos inherentes a sus actividades específicas, pero no tiene facultades para decidir sobre otros ámbitos que corresponden a los intereses, objetivos y visiones de sus afiliados”. La Cainco, por su parte, sí emitió un comunicado de apoyo al paro convocado por el Comité pro Santa Cruz, pero también refirió principalmente a sus “asociados”, quienes “en su gran mayoría han indicado que estarían cumpliendo la disposición” propuesta por al comité cívico.

– En marzo de 2019, en una entrevista con Los Tiempos antes de su elección como presidente de la CEPB, el presidente de la FEPSC, Luis Barbery, respondió a la pregunta de por qué “estuvo distante” cuando otros empresarios bolivianos “se pronunciaron por el respeto al 21F”. “Creemos que desarrollamos una representación totalmente empresarial y para la parte política están los sectores llamados a eso. Los empresarios nos han pedido representarlos en temas que tienen que ver con el desarrollo de Bolivia y en la medida en que pueda haber cabida para trabajar en esa dirección estamos allí para apoyar”, afirmó.

(*) Fragmento del artículo Las élites económicas en la Bolivia contemporánea, de Jonas Wolff, contenido en el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019- 2020). Jan Souverein y José Luis Exeni (Coordinadores), FES, La Paz, 2020.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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