Sunday 14 Aug 2022 | Actualizado a 13:55 PM

‘Causa penal’ contra Luis Almagro

Los parlamentos Andino y del Mercosur piden cuentas del rol de la OEA y su secretario en la crisis de 2019

/ 6 de enero de 2021 / 16:13

El año que empieza al parecer será de elevada tensión en la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto al “caso boliviano”, el papel que jugó el organismo internacional y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, en la crisis postelectoral de 2019. Dos organismos parlamentarios, el Parlamento del Mercosur, Parlasur (que reúne a legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y el Parlamento Andino (que integran parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) están pidiendo cuentas sobre lo hecho. Por otro lado, llevando las cosas más allá, el presidente del Parlasur, el legislador argentino Óscar Laborde, anunció que personalmente, como parlamentario del Mercosur, alista una demanda penal contra el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, por la presunta intencionalidad que hubo de su parte para promover el derrocamiento de un presidente electo en las urnas.

“Voy a iniciar, como parlamentario en el Mercosur, una causa penal para ver si hubo intencionalidad en lo actuado por Luis Almagro, porque no es la OEA, sino la Secretaría General la que debe administrar lo que hacen las observaciones electorales; que se diga si hubo capciosidad, si hubo intencionalidad, si hubo una complicidad necesaria, si hubo desidia, ¿qué fue lo que llevó a actuar de esa manera a Luis Almagro? ¿o hubo una intencionalidad política?”, señaló Laborde en una entrevista, el 25 de diciembre, en el programa GPS Internacional en Radio M24 de Uruguay. “Habrá que probar si efectivamente hubo acción criminal que merezca algún castigo en lo penal”, destacó. 

El integrante del Parlasur cuestiona que Almagro haya tomado partido en el conflicto boliviano, en vez de ejercer la neutralidad, como corresponde a un organismo multilateral como es la OEA, reclama: “Luis Almagro incumplió la tarea que debe tener un secretario general de llevar diálogo, serenidad, promover la paz; es el que debe lograr el equilibrio entre las expresiones políticas, porque para eso está el secretario general; los Estados tienen a veces posiciones enfrentadas, y ahí delegan al secretario general, que tiene la tarea de que todo transite en paz, en armonía. Lo que hizo Almagro es todo lo contrario, todos coinciden en que es muy funcional a la política de los Estados Unidos; lo que ha actuado en Venezuela y en Bolivia  demuestran que la OEA, o por lo menos su secretario general, tiene una intencionalidad política”.

Laborde destaca que la funcionalidad de Almagro con la política de Estados Unidos en realidad es con la administración del presidente Donald Trump. Con el ascenso del demócrata Joe Biden se espera, augura, que la situación cambie. 

“Los estados miembros de la OEA tendrán que dar una opinión sobre lo actuado, qué consecuencias trae sobre Luis Almagro y sobre, si hubiera, algún otro responsable; si cabe acciones administrativas o si cabe acciones judiciales por haber actuado capciosamente”. concluye.

PARLASUR

Por otro lado, el 21 de diciembre de 2020, en entrevista con el canal estatal boliviano, Laborde anunció que el Parlasur llevará adelante una investigación sobre el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA y el rol del secretario general en la narrativa del “fraude electoral” que se instaló en octubre de 2019, entre otras cosas, a raíz del referido informe de la OEA.

“Solo queremos saber qué tenía o contenía, qué había en ese informe de la OEA que hacía pensar que había indicios de irregularidad; porque en ese informe se basaron para finalmente producir un golpe de Estado en Bolivia. Así lo determina el Parlasur. Queremos saber si efectivamente hubo algún indicio, alguna prueba o no, o simplemente fue un accionar político; esa es la intención de la investigación”, informó Laborde. 

La iniciativa del Parlamento del Mercosur surge, admitió, debido a los estudios críticos al informe de la OEA que efectuaron universidades y centros de estudio, los cuales restan validez a lo hecho por la OEA.

“El estudio que propiciamos tiene que ver con la investigación que ha habido de diferentes centros europeos y del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el nuestro propio, que coinciden en que no hay elementos ni irregularidades tales que justifiquen el haber convocado a que se vote nuevamente a partir de eso; hubo toda una situación que derivó en un golpe de Estado. La OEA informó, tras la elección, que se necesitaría hacer una nueva elección y este efectivamente fue el motivo para que algunos le pidieran la renuncia a Evo Morales, y cuando éste dice que hay que votar nuevamente, ya estaba desencadenado el golpe, y la OEA no dijo nada”, reclama el parlamentario.

El pedido de investigación se lo viabilizará tanto a través de los Estados miembros del Parlasur como del propio organismo: “El Parlamento del Mercosur pedirá a su Estados miembros que inicien una investigación; nosotros mismos nos dirigiremos a la OEA para eso. Vamos a iniciar nosotros una investigación con los elementos públicos que tenemos, pero también pedimos a la OEA y a sus Estados que averiguen qué sucedió para que Luis Almagro tuviera tanta influencia en sugerir sospechas sobre la transparencia de la elección y que ocasionó una situación económica crítica, la ruptura institucional, varias muertes”.

ANDINO

En el caso del pedido del Parlamento Andino, se trata de la “Declaración sobre los derechos humanos y democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia” aprobada en la sesión plenaria ordinaria del 26 de noviembre de 2020. En su parte resolutiva, entre otras cosas, determina: “Solicitar la realización de una Auditoría del Informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 y exhortar a las representaciones diplomáticas de los países miembros del Parlamento Andino en la Organización de Estados Americanos (OEA) a motivar su tratamiento”.

La determinación, señaló a este medio el actual presidente del Parlamento Andino, el diputado supranacional Adolfo Mendoza, “ya ha sido comunicada a las cancillerías de todos los países miembros del Parlamento Andino y al Consejo (Permanente) de la Organización de Estados Americanos, para que las representaciones diplomáticas de los países andinos activen esta auditoría en el seno mismo de la OEA”.

Tras afirmar que la OEA “está en la obligación de generar” dicha auditoría, el parlamentario andino coincide con su colega Laborde, del Parlasur, en que la indagación alcanza al secretario general Almagro: la investigación debería “establecer el papel que jugó el señor Almagro en las elecciones en Bolivia en 2019”.

El parlamentario andino recordó que en el Informe de la OEA sobre las elecciones de 2019, en rigor, no se concluye en que hubo “fraude”, que esta calificación más fue obra del secretario general Almagro: “en el propio informe no se habla del extremo de un fraude, y precisamente porque sucede eso, se pone en cuestión la afirmación del señor Almagro sobre la existencia de este fraude en las elecciones de Bolivia”.

A tiempo de destacar la “fuerza jurídica y política” de la declaración del Parlamento Andino, el legislador supranacional aseveró que se sumará la petición de auditoría al Informe de la OEA que hicieron 28 congresistas demócratas de Estados Unidos, además de los estudios que hicieron universidades, medios de comunicación y grupos de académicos sobre la consistencia del referido texto.

Mendoza adelantó que la representación supraestatal boliviana (nueve legisladores) “activará” una propia investigación “sobre los alcances de la actuación del señor Luis Almagro y del propio informe de la OEA en la interrupción constitucional de noviembre del año pasado”.

El parlamentario andino coincidió con su colega presidente del Parlasur en sentido de que las representaciones de los países miembros de ambos bloques en la OEA “deben activar los mecanismos institucionales en la OEA para llevar adelante esta solicitud”. Adelantó que se coordinará con el Parlasur para llevar adelante un acción común en la OEA.

En relación al trámite que tendrá el pedido del Parlamento Andino, Mendoza apunta hacia la jerarquía de la declaración: “Al ser una solicitud formal, también esperamos una respuesta formal de la OEA”. La declaración fue enviada a la OEA a fines de noviembre: “Suponemos que en la próxima reunión de la OEA se tratará este tema”, destacó.

POLÉMICA

El cuestionado informe de la OEA, “Análisis de Integridad Electoral”, presentado el 4 de diciembre de 2019, señala que los auditores encontraron “manipulación dolosa” en los comicios en dos planos: uno, en lo relativo a las actas, su alteración y hasta “falsificación de las firmas de los jurados de mesa”, y, dos, la manipulación informática, que hubo un “redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”. La OEA también halló “parcialidad” en la autoridad electoral, que permitió el referido desvío del flujo de información. Ahora, a punto seguido, el informe reconoce que su trabajo de todos modos ha sido “un ejercicio de auditoría acotado”, limitado al poco tiempo que dispuso y, acaso lo principal, a que varias contrastaciones que pudo hacer no fueron posibles debido a la violencia desatada en esos días, especialmente a la quema del material y de los tribunales electorales.

El equipo auditor de la OEA llegó a cinco hallazgos, señala el informe: “1. Los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y de cómputo definitivo estuvieron viciados; 2. Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado. 4. Las actas del cómputo no son confiables. No obstante, del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. 5. La tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable”.

Pero acaso el origen de la perspectiva tomada luego por la OEA sea la declaración del 21 de octubre de 2019 de su Misión de Observación, cuando manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Apenas un par de semanas después, el 10 de noviembre, el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) alertaba que la Misión electoral de la OEA no proporcionó evidencia que sustente las declaraciones realizadas el 21 de octubre, cuando habló del inesperado y drástico cambio difícil de explicar. Aquí sus críticos ya señalaban que la evolución del conteo rápido era “consistente con una proyección del resultado final” que daba a Morales como ganador con el 10% de distancia con respecto al segundo, Carlos Mesa.

Luego, el 27 de febrero el Washington Post publicó el artículo ¿Did Evo Morales win?[¿Ganó Evo Morales?] escrito por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Contratados por el CEPR para estudiar el caso, publicaron sus conclusiones en este periódico. Allí afirman que “Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre”.

El 12 de junio, el CEPR vuelve a la carga, esta vez con la publicación en español de su informe sobre el informe final de la OEA. Allí señala: “Encontramos que la OEA cometió graves faltas metodológicas, ocultó información y tergiversó irregularidades inocuas para sustentar declaraciones anteriores”. El CEPR señaló además que la OEA omitió mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente a la de las actas contiguas sin irregularidades, y que enterró u ocultó por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo.

El artículo que coronó las observaciones a la auditoría de la OEA fue el publicado el 25 de agosto por el CEPR, donde se dice que “un gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas en 2019”. “El error fue revelado la semana pasada después de que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, DC a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones, publicara sus datos por primera vez. El economista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) David Rosnick identificó que en los datos de Nooruddin las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Éste fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos. La OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”, dijo Rosnick entonces.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Urge volver a pensar la elección judicial

Se vienen los comicios judiciales. Los nuevos altos magistrados deberían empezar su gestión el primer día hábil de 2024. 

Un jurado electoral muestra la papeleta de la elección judicial de 2011. Un pr oceso complejo como pocos, cuestionado por muchos, pero todavía vigente

Por Iván Bustillos

/ 7 de agosto de 2022 / 16:44

El punto sobre la i

En julio ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó a Animal Político el vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas. Planificación que en general incluye “la definición de un presupuesto para la administración del proceso electoral”, y la previsión que hay que hacer para “presupuestar la difusión de méritos de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló Vargas.

La idea es, dijo, “solicitar el presupuesto requerido para administrar la elección con la antelación debida”; por eso, se tiene previsto “enviar (al Ministerio de Economía) el presupuesto hasta septiembre de este año”.

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017: la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos.

“Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señalaba en 2018 el investigador de la Fundación para el Debido Proceso, Luis Pásara, en su informe Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Fue peor porque “la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%”, destacó entonces Pásara.

Ante la interrogante de si aparte del presupuesto, la próxima elección judicial no amerita otros preparativos, el vocal Vargas señaló que justo ahora el TSE está evaluando “la administración del proceso electoral” para modificar o complementar su trabajo.

REGLAMENTOS.

Además de diseñar un Plan Integral Electoral para cualquier elección, pero ahora enfocado en la Judicial, Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de Material Electoral, el Específico para las Elecciones Judiciales, y los protocolos de la Cadena de Custodia y de Medidas de Seguridad Sanitaria, entre otros.

“También consideramos que será necesario revisar el Reglamento de Difusión de Méritos, en este caso se deberá evaluar si los 45 días que establece la ley para la difusión de méritos de los y las candidatas son suficientes, el uso de las redes sociales en campaña, entre otros”, destacó el vocal.

Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2017; teóricamente, las de 2023 deberían ser por la misma fecha. Con todo, Vargas aclara que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la Asamblea Legislativa convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Pero he aquí el límite: ambas convocatorias deben garantizar que las nuevas autoridades electas deben ser posesionadas “antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes”, y las actuales autoridades “terminan su gestión el 31 de diciembre de 2023”; de modo que las funciones de los nuevos altos magistrados empezarán “el primer día hábil de 2024”, precisa fechas el vocal del TSE.

En cuanto a los plazos, Vargas indicó que la fase de preselección, “a cargo de la Asamblea”, debe durar no más de 80 días calendario; y la organización de la “votación popular”, en manos del TSE, debe efectuarse en al menos 90 días calendario. Ahora, dada la complejidad de esta elección, Vargas se anima a afirmar que “lo óptimo” sería contar con el doble, 180 días.

Hay un hecho que en 2023 adquirirá un enorme significado, acaso trágico: los candidatos que al final designe la Asamblea Legislativa, para ir a la votación popular, deben ser designados por dos tercios del Parlamento.

Dado el encono político existente entre el MAS y CC-Creemos, que se vio en la hasta ahora fracasada elección del Defensor o Defensora del Pueblo, la dificultad prácticamente se multiplicará por 52 (candidatos a altos jueces, titulares y suplentes, que se debe elegir el próximo año). Si no pudieron lograr los dos tercios con una…

Y es que el mecanismo de los dos tercios funcionó para las dos anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017) porque el MAS contaba con este caudal de votos; ahora no para 2023.

Al margen del ideal “voto informado” con que la ciudadanía tendría que elegir a los altos magistrados, desde la primera elección, de 2011, el blanco de los cuestionamientos fue el mecanismo de la preselección, en manos de la Asamblea.

Como apunta el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Misión dirigida entonces por el excanciller de Ecuador Guillaume Long, “en 2016, se llevó a cabo la Cumbre Nacional de la Justicia Plural que convocó a la población a aportar ‘propuestas para construir un nuevo modelo de justicia’. Una de las conclusiones de la Cumbre fue fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección”.

AVANCES.

Con la experiencia de 2011, para las elecciones de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó un “Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales”. La MOE de la OEA destacaba tres novedades: 1) la participación de académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de las preguntas de los exámenes; 2) prohibiciones expresas para postular, como, por ejemplo, el parentesco cercano a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo; y, 3) requisitos de no militancia política de los candidatos.

Para 2017 también se tuvo que modificar sobre la marcha el reglamento y generar una ley que estableció un “régimen excepcional y transitorio para la preselección”, pues la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia tuvo que ser declarada desierta (en junio) porque en algunos departamentos no había la cantidad suficiente de postulantes que cumplieran los requisitos de paridad de género (50% debían ser mujeres) y representación indígena (al menos un candidato indígena en cada departamento); la norma fue flexibilizada. Este hecho motivó que la elección fuera postergada del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2017.

La preselección en manos de la Asamblea. Aquí no está demás la protes testa que al respecto hizo el exdiputado Fabián Yaksic en su libro Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales. (Muela del Diablo, La Paz, 2012).

Yaksic acusa al MAS y Podemos de haber pactado la introducción del sistema de preselección por dos tercios en la Asamblea, contra lo que señalaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007. Hay que recordar que en octubre de 2008, el Congreso de entonces asumió el rol de Constituyente modificando en parte el proyecto de Constitución de Oruro. Los acuerdos MAS-Podemos se dieron para viabilizar la ley de convocatoria al necesario referendo constitucional que debía venir para cerrar la reforma total de la Carta Magna.

El mecanismo de preselección que contenía la Constitución de Oruro, detalla Yaksic, era el “Control Administrativo Disciplinario de Justicia” (el actual Consejo de la Magistratura). Era esta instancia la que debía ser la que preseleccione a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, para luego remitir las listas al “Consejo Electoral Plurinacional”, el actual Órgano Electoral.

“Sin duda ésta era una alternativa institucionalmente interesante destinada a precautelar la independencia del Órgano Judicial y evitar la injerencia de los partidos políticos. Sin embargo, el pacto entre el MAS y Podemos modificó esta modalidad y se volvió al escenario de los partidos políticos estableciéndose hoy que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione las candidaturas”, remarca Yaksic en su texto.

Con respecto a la preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Constitución de Oruro ciertamente se contradice, afirma Yaksic: por un lado (artículo 199), dispone que se siga el mismo procedimiento efectuado con el Supremo de Justicia, pero el artículo 159 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

SOCIEDAD CIVIL.

Ahora, si la preselección de los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental estaba en manos del Control Administrativo Disciplinario de Justicia (actual Consejo de la Magistratura), ¿cómo se preseleccionaba a los miembros de dicho Control? Es aquí, como dice Yaksic, que los constituyentes “fueron más allá” del marco institucional estatal, pues “definieron que los candidatos a esta instancia del Órgano Judicial sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil” (artículo 195), aunque, no deja de apuntar el autor, el proyecto de Oruro “no especificaba ni la metodología ni quiénes serían las ‘organizaciones de la sociedad civil’”.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia Luis Arce Catacora (el 8 de noviembre de 2020), el ministro de Justicia, Iván Lima, y la alianza opositora Comunidad Ciudadana, a fines de noviembre coincidieron en que era urgente la reforma parcial de la Constitución apuntando, precisamente, al cambio de la forma de elección de las altas autoridades del sistema judicial.

Lima constituyó un Consejo de Notables (juristas), cuya principal labor sería elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual, se decía, incluso tendría que estar lista hasta antes de fin de año, para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y así adelantar el proceso. Lima apuntó entonces que la propuesta del Ministerio de Justicia era concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces. Aunque la propuesta ministerial no precisaba si se debía o no abolir la elección por voto ciudadano de los altos magistrados.

En el caso de Comunidad Ciudadana, su propuesta era volver la elección a la Asamblea Legislativa, pero modificando la preselección. El proyecto de ley de CC, explicó entonces su jefe de bancada, Carlos Alarcón, incluía establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, conformado por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. Según CC, sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envíe ternas a la Asamblea, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

Con todo, ni el Gobierno ni CC persistieron en materializar sus propuestas al punto de plantear un mecanismo o iniciativa concreta de reforma parcial de la Constitución.

Quienes sí están dando pasos prácticos en dicha reforma parcial son los denominados “Juristas Independientes”, que a fines de julio presentaron al TSE su propuesta de reforma a fin de que éste les entregue los libros para recabar alrededor de 1,5 millones de firmas, para que, mediante esta “iniciativa popular” de reforma parcial de la Constitución, su planteamiento sea puesto a referendo ciudadano. Su propuesta tiene tres pilares: 1) Establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, 2) La inscripción de un porcentaje mínimo de presupuesto para el Órgano Judicial, y 3) La revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz. Respecto al primero, proponen la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, compuesta por nueve integrantes, la cual deberá ser la que convoque, califique y elabore ternas de postulantes y las remita a la Asamblea Legislativa, misma que por dos tercios de voto debería designar a los candidatos a ser sometidos al voto ciudadano.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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La tierra ¿distopía (*) para los rurales?

Ver la cuestión de la tierra en Bolivia es como leer ficción, pero es real.

/ 7 de agosto de 2022 / 16:42

DIBUJO LIBRE

En el país, los rurales siguen siendo ninguneados, más aún los que no poseen tierra.

Ellos son estigmatizados por los vecindarios antiguos, afines al movimiento cívico cruceño, como los avasalladores, bloqueadores y “masistas” en las poblaciones del Norte Integrado y la Chiquitanía cruceña. Pero, el soslayo, la inadvertencia y la despreocupación por los campesinos e indígenas y por la cuestión de la tierra, parecen estar hospedadas incluso en la dirigencia nacional. El 22 de enero de 2022, ningún orador indígena exhortó al Presidente del Estado a priorizar la resolución del tema tierra, ni mucho menos investigar los favorecimientos a empresarios ganaderos benianos durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2020. La indiferencia con la cuestión de la tierra y con asuntos estructurales de país es latente, también, en las reuniones de las confederaciones; ahí solo apuntan a cuestionar el desempeño de los funcionarios nacionales. El desapego es similar en las reuniones departamentales.

Sin embargo, en las reuniones locales, la preocupación con el tema tierra es constante y candente. Los dirigentes de base en el departamento de Santa Cruz, con papeles en mano, exponen a los dirigentes nacionales que les visitan las denuncias, y a pesar de haberlos oído desde la testera, éstos llegando a La Paz se abstienen de ser catalizadores.

Aquellos inadvertidos hombres desarrollaron, por propia cuenta, pleno conocimiento del papeleo de los litigios en el Tribunal Agroambiental (TA); conocen al día cómo está desarrollándose un proceso contencioso en Sucre que creen que favorecerá a los latifundistas, y pese a ello no bajan la guardia; aúnan esfuerzos para pagar a cotizados abogados en Sucre, incluso sin ser parte legal de los juicios contenciosos: todo con la ilusión de que un magistrado benévolo se incline a cuestionar un saneamiento favorecido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Se aventuran porque, algunos, formalizaron sus solicitudes de dotación anterior al primer gobierno de Evo Morales.

Otros diligentes campesinos recurrieron a inusuales y esquivas acciones durante años para mantenerse en las remotas florestas chiquitanas que consideraban tierras fiscales. Posterior a sendos papeleos y de movilizaciones, el INRA rechazó los trámites porque había varios peticionantes a la misma área (predio) y que además unos estaban en contenciosos administrativos en Sucre y otros se ventilaban en las salas constitucionales. Así pasaron los años de la incerteza del acceso a la tierra.

Año tras año el INRA incumplió con su tarea de inscribir las tierras fiscales en Derechos Reales, tal cual le obliga el artículo 345 del Reglamento Agrario vigente. Ante esa indecisión y retardo recurrente, los sagaces y potenciales detentores presentaron sendos memoriales al TA para impugnar la declaratoria de tierra fiscal a favor del Estado. Dichos procesos demoran años entre idas y venidas de chicanas. Mientras tanto, los denominados avasalladores intentan consolidarse en tierras en litigio.

En casos inusuales, el INRA concretó dotaciones después de una indefinida espera y cuando los miembros iniciadores desistieron por la prologada escabrosidad: otros se beneficiaron. El dirigente que persistió aprovechó la coyuntura realizando cobros a codiciosos poseedores de parcelas individuales tituladas.

¿Qué más ocurrió? En mayo de 2000, el presidente Banzer aprobó una nueva reglamentación agraria, transfiriendo adjudicaciones a las empresas privadas agrimensoras, para que realicen los trabajos de campo del saneamiento de tierras, a fin de que ellas presencien en el lugar de los hechos a los poseedores de tierras, constaten si ellos cuentan con documentos de propiedad, inventaríen los inmuebles, los equipamientos, las áreas agrícolas y pecuarias, cuantificándolas en detalle, midan el perímetro de las posesiones declarada por los interesados y socialicen los resultados, consensuando con los aledaños. Los detentores tuvieron una excepcional oportunidad para afianzar sus posesiones pactando con sagacidad con los funcionarios privados.

En ese entonces, los detentores irradiaron sus técnicas de perspicacia, contactándose con los funcionarios que realizaban los trabajos de campo, repartiendo prebendas a diferente escala, desde gerentes hasta técnicos primerizos que recorrían inhóspitas tierras, aproximándose con dirigentes sindicales que pueden congeniar sus intereses y congraciándose con los funcionarios del INRA, para que las beneficiosas planillas de campo hechas por privados sean aprobadas en los informes técnico- jurídicos con prontitud.

Esos formularios y fichas que estos presuntos propietarios se hicieron llenar, hoy son considerados fundacionales de su derecho y, por tanto, de la violación de su seguridad jurídica ante los tribunales y ante los cuestionados papeleos del INRA. En 2007, el informe del exviceministro Alejandro Almaraz constató que los formularios de uno de los predios de Branko Marinkovic tenían ceros aumentados con otro bolígrafo, es decir, de 100 daba a entender que se trataban de 1.000. Este tipo de hechos es más que normal en los papeleos de campo de aquella época de saneamiento.

En 2004, Marinkovic declaró poseer 4.000 ganados, pero las imágenes satelitales demostraban que no había mejoras humanas en dicho predio aquel año. Entonces, mientras los delicados trabajos de saneamiento de las tierras eran ejecutados por las empresas, la misión del INRA aparentaba ser innecesaria. ¿Marinkovic es tan poderoso? Un funcionario me dijo en voz baja que ‘nadie se atreve a hurgarlo’, ¿será así? Leí memoriales del INRA enviadas al TA con tres líneas de petición que no dicen nada, afirman remitirse a las carpetas. En otras palabras, avalan el saneamiento concluido en el gobierno de Áñez. No es extraño que un determinado funcionario con poder de representar a un ministro o a un director, firme un memorial con ese tenor porque fue servidor público de los periodos cuestionados.

La tierra, la tierra. La cuestión es cómo leer ficción, pero es real. Vi una resolución suprema original de 1976 firmada por Hugo Banzer y Natusch Busch, que dotó más de 3.000 hectáreas a una familia en la Chiquitanía, prohibiendo su venta, pero 30 años después fue vendida a menonitas; éstos en la gestión del gobierno de Áñez se beneficiaron con más de 31.000 hectáreas de dotación: habían comprado el título extendido por Banzer. Si esto parece ficción, hay otras historias más ficcionales. La biblioteca del Banco Central custodia el “Padrón general de concesiones de tierras del Estado de 1925 a 1936”; según el documento, los hermanos Suárez, sucesores en junio de 1926, recibieron la concesión de 2.485.641 hectáreas para actividades gomeras. Así, alguien podrá contar más historias ficcionales, pero narradas en la vida real, para quienes ni imaginamos al tamaño de estas extensiones de tierras. Por ejemplo, en la gestión 2020, el INRA extendió 45.166 títulos agrarios para comunidades campesinas del departamento de La Paz en tan solo 10.186 hectáreas. El minifundio se consolidó con 2.300 metros cuadros en promedio por cada título agrario.

(*) Distopía, representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Lo contrario a Utopía.

(*)Wilbert Villca L. es sociólogo

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Marx, crítica a los ‘gobiernos técnicos’

Los gobiernos ya no discuten qué orientación económica tomar. Ahora las orientaciones económicas hacen nacer gobiernos.

/ 7 de agosto de 2022 / 16:42

DIBUJO LIBRE

Muy pocos saben que, entre los muchos temas a los que dedicó su interés, Karl Marx también se ocupó de la crítica a los llamados “gobiernos técnicos”. En calidad de periodista de la New York Tribune, uno de los diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los acontecimientos político-institucionales que llevaron al nacimiento de uno de los primeros casos de “gobierno técnico” de la historia: el gabinete Aberdeen, que duró en el gobierno de Inglaterra de diciembre de 1852 a enero de 1855.

El análisis de Marx se caracterizó por la sagacidad y el sarcasmo. El Times celebró el acontecimiento como signo del ingreso de Inglaterra “a una época en la que el espíritu de partido está destinado a desaparecer y en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y el patriotismo darán derecho al acceso a los cargos públicos”. El periódico londinense pidió para el gabinete Aberdeen el apoyo de los “hombres de todas las tendencias”, porque “sus principios exigen el consenso y el apoyo universales”. Argumentos similares se utilizaron en febrero de 2021, cuando Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, se convirtió en primer ministro de Italia.

En un artículo de 1853, “Un gobierno decrépito. Perspectivas del gabinete de coalición”, Marx se burló de la pretensión del Times de calificar de “técnicos” a los representantes del poder dominante, que tenían una agenda eminentemente política. Lo que el principal periódico británico consideraba un modelo moderno y convincente era una farsa para él. Cuando el Times anunció “un ministerio compuesto enteramente por personajes nuevos, jóvenes y prometedores”, Marx declaró que “el mundo quedará un tanto estupefacto al enterarse de que la nueva era de la historia está a punto de ser inaugurada nada menos que por gastados y decrépitos octogenarios, burócratas que han venido participando en casi todos los gobiernos habidos y por haber desde fines del siglo pasado, asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y por usura, y sólo con artificio mantenidos con vida”.

Junto a los juicios de las personas hubo otros, de mayor interés, sobre sus políticas. Marx se preguntó: “Cuando nos promete la desaparición total de las luchas entre los partidos, incluso la desaparición de los partidos mismos, ¿qué quiere decir el Times?”. La cuestión es, desgraciadamente, demasiado actual hoy en día. La separación entre lo ‘económico’ y lo ‘político’, que diferencia al capitalismo de modos de producir que lo precedieron, parece haber llegado a su clímax. La economía no solo domina la política, estableciendo su agenda y dando forma a sus decisiones, sino que se encuentra fuera de su jurisdicción y control democrático, hasta el punto de que un cambio de gobierno ya no cambia las direcciones de la política económica y social. Esas deben ser inmutables.

En los últimos treinta años, el poder de decisión ha pasado de la esfera política a la económica. Determinadas opciones políticas se han transformado en imperativos económicos que disfrazan un proyecto altamente político y reaccionario tras una máscara ideológica apolítica. La traslación de una parte de la esfera política a la economía, como un ámbito separado e impermeable a las demandas sociales, el paso del poder de los parlamentos —ya suficientemente vaciados de valor representativo por los sistemas electorales mayoritarios y por la revisión autoritaria de la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo— a los mercados y a sus oligarquías, constituyen serios obstáculos para la democracia en nuestro tiempo. Las calificaciones de Standard & Poor’s o las señales procedentes de Wall Street—esos enormes fetiches de la sociedad contemporánea— valen harto más que la voluntad popular. En el mejor de los casos, el poder político puede intervenir en la economía (a veces las clases dominantes lo necesitan para mitigar las destrucciones generadas por la anarquía del capitalismo y la violencia de sus crisis), pero sin que sea posible discutir las reglas de esa intervención, ni mucho menos las opciones de fondo.

Un representante destacado de esta política fue el ex primer ministro italiano Draghi, que durante 17 meses lideró una coalición muy amplia que incluía al Partido Democrático, a su viejo enemigo Silvio Berlusconi, a los populistas del Movimiento Cinco Estrellas y al partido de extrema derecha Liga Norte. Detrás de la fachada del término “gobierno técnico” — o, como se dice, “gobierno de los mejores” o “gobierno de todos los talentos”— se esconde la suspensión de la política. En los últimos años, se ha llegado a sostener que no se deben conceder nuevas elecciones tras una crisis política; la política debe ceder todo el control a la economía. En otro artículo de 1853, “Operaciones de gobierno”, Marx afirmó que “el gobierno de coalición (‘técnico’) representa la impotencia del poder político en un momento de transición”. Los gobiernos ya no discuten qué orientación económica tomar. Ahora las orientaciones económicas hacen nacer a los gobiernos.

En los últimos años, en Europa se ha repetido el mantra neoliberal de que para restablecer la “confianza” de los mercados, era necesario avanzar rápidamente por el camino de las “reformas estructurales”, una expresión que ahora se utiliza como sinónimo de devastación social, es decir: reducción de salarios, revisión de los derechos laborales en materia de contratación y despido, aumento de la edad de jubilación y privatizaciones a gran escala. Los nuevos “gobiernos técnicos”, encabezados por individuos con antecedentes en algunas de las instituciones económicas más responsables de la crisis económica, han seguido este camino, afirmando que lo hacen “por el bien del país” y “el bienestar de las generaciones futuras”. Además, el poder económico y los grandes medios de comunicación han intentado silenciar a cualquier voz disonante del coro.

Draghi ya no es el primer ministro italiano. Su mayoría ha implosionado debido a los diferentes intereses de los partidos que le apoyaban e Italia irá a elecciones anticipadas el 25 de septiembre. Si la izquierda no quiere desaparecer, debe tener el valor de proponer las respuestas radicales necesarias para salir de la crisis. Los últimos que pueden llevar adelante una agenda política ecológica y socialmente transformadora son los “técnicos” —en realidad muy políticos— como el banquero Mario Draghi. No se le echará de menos.

(*)Marcello Musto es sociólogo, profesor en la York University (Canadá)

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Nadie quiere hablar de racismo

El autor presenta un nuevo libro en la FIL, ‘El racismo en Bolivia’; toca un tema incómodo para los bolivianos.

/ 7 de agosto de 2022 / 16:41

SALA DE PRENSA

Pensemos en lo que ocurre cotidianamente en un barrio de la ciudad de La Paz, la zona Sur. En el día, pueden verse personas de diversos orígenes étnicos, con diferentes apariencias físicas y vestimentas, recorriendo las calles. Un observador desavisado no podría establecer si las diferentes categorías humanas observables cumplen funciones distintas o no. Pero esto se le hará evidente tarde o temprano.

Al atardecer, los miembros de uno de los grupos llegarán a las esquinas de las avenidas, tomarán vehículos, se irán rumbo a otras partes de la ciudad a pasar la noche. Lo que significa que si durante la jornada este grupo permaneció en esta área lo hizo en calidad de fuerza de trabajo, cumpliendo distintas tareas para los que vivían en el barrio.

Éstos, por su parte, constituyen un grupo étnico-racial evidentemente diferente del primero. Sus miembros llenan las oficinas, los cafés, restaurantes, bares y supermercados que proliferan en este lado de la ciudad, trabajan, consumen y se entretienen. Al caer la noche, vuelven a sus casas situadas casi siempre en la misma zona Sur.

Hemos descrito un fenómeno que ocurre en todas las urbes del mundo, pero con una peculiaridad en este caso: la diferencia entre quienes “migran” cada día al enclave urbano privilegiado y quienes lo habitan no solo es económica ni puramente educativa. Como ya vimos, es, además, una diferencia étnico-racial. Unos son “descendientes indígenas”, lo que significa que si bien se han mestizado a lo largo del tiempo, el núcleo de su identidad está aún determinado por la suma de una pigmentación, una apariencia y unas formas culturales que la sociedad tiende a despreciar. Los segundos, en cambio, son “descendientes blancos”, lo que implica que la sociedad les reconoce una diferenciación positiva. Ellos viven en la zona Sur, que es uno de los barrios más distinguidos, acomodados y lindos de la ciudad. Ellos no hacen trabajos desagradables y penosos. Ellos llevan un estilo de vida moderno, con acceso a películas, modas, franquicias y usos del tiempo libre globales.

Habiendo sido criado en esta realidad, durante mucho tiempo se me antojó la forma natural de la vida social y, por tanto, no me cuestioné la asociación entre ciertas condiciones contingentes (acomodo económico, mayor instrucción, uso del español, etc.) y un tipo de nacimiento. Tuve que salir al extranjero, a Montevideo, para recién reparar en este asunto. Recuerdo que allí me sentí impactado por la disociación entre blancura y buen pasar, así como por el hecho de que algunos trabajos serviles fueran realizados por mano de obra blanca. Aun así, tendrían que pasar muchos años antes de que lograra articular este descubrimiento en una concepción de la sociedad boliviana.

Los paceños del sur; los cochabambinos que viven en la zona Norte de su ciudad; los tarijeños, cruceños y sucrenses que lo hacen en sus respectivos “centros”, etc., forman una identidad dotada de una serie de atributos, entre los que se encuentra el no ser indígena. Igual que yo en mi niñez, han aprendido a definirse en dirección antagónica a lo indio y lo que significa (ser pobre, trabajar con las manos, desconocer los rudimentos de la cultura europea, no hablar bien el español, etc.)

Esta identidad — que se llama públicamente “mestiza” o “boliviana”, pero que se piensa a sí misma como la suma de “ser de clase media” y “ser decente (es decir, blanco)”— es muy difícil de descomponer en sus partes constitutivas. Una larga inculturación le ha dado a todos sus elementos un sello étnico-racial. La conclusión de esto es que muy raramente los miembros de este grupo buscarán diferenciarse solamente en base a su dinero, su cultura, sus tipos conspicuos de consumo, etc. Normalmente se diferenciarán también por su “blanquitud”, considerada una de las dimensiones de su existencia social.

Esto impele a los descendientes blancos a afirmar, siempre y en todo lugar, su ventaja étnico-racial. Ningún descendiente blanco hará abstracción de ésta a lo largo de su vida. Tendrá esta ventaja siempre presente, en todas las instancias y etapas de su socialización.

Por estas razones, los descendientes blancos no se relacionan amistosamente ni menos afectiva y sexualmente con descendientes indígenas. Que un joven del Colegio Alemán se convierta en el novio de una chica que vive y estudia en El Alto simplemente resulta imposible. No hay forma de que ambos se crucen en sus respectivas trayectorias vitales.

Los descendientes blancos no quieren descendientes indígenas en sus grupos de amigos, en sus colegios, en sus clubes sociales, en sus condominios, porque esto les haría perder su identidad prestigiosa, cuestionaría su pertenencia al grupo que forman con los descendientes blancos de cualquier otra parte. También han aprendido a ver a los descendientes indígenas como empleados y sirvientes, no como amigos, colegas y confidentes. Entonces, su presencia autónoma cerca suyo los sume, por lo menos, en la incomodidad.

De esta afirmación de un grupo respecto del otro emerge el racismo cotidiano, que se expresa de muchas maneras: derechos de admisión, desprecio a ciertos apellidos y comportamientos, separación y segregación de los hijos, designaciones inferiorizantes, etc.

La carga de la identidad indígena también es enorme. Los descendientes indígenas son inducidos a interiorizar la desvaloración que hace la sociedad de sus atributos. Los efectos de esta operación repetida masivamente a lo largo de los siglos sobre su personalidad y autoestima son incalculables. Muchas características de la personalidad del boliviano (suponiendo que tal cosa exista), tales como la desconfianza mutua o la actitud pasivoagresiva, se deben a este trauma cotidiano. Así como los descendientes blancos asocian indisolublemente sus atributos socioeconómicos positivos y su blanquitud, así los descendientes indígenas hacen una aleación irrompible entre sus carencias y su indigenidad. Ser indio, entonces, solo es motivo de orgullo y celebración en el terreno político. En la cotidianidad, la forma más extendida del racismo es la del descendiente indígena contra sí mismo y se traduce en el afán de éste de “superar” su identidad despreciada. Así, cuando adquiere atributos tradicionalmente asociados a la blanquitud, como la riqueza y la educación, busca de inmediato dejar de ser indio. Este “blanqueamiento” es profundamente alienante y, también es, claro está, racista.

Como el racismo es el resultado de las creencias de las personas acerca de sí mismas y acerca de las demás, hablar de racismo siempre es incómodo para todos, estén en un grupo u otro. Mi libro El racismo en Bolivia ya ha comenzado a generar esa incomodidad. Y es que nadie quiere hablar de racismo. Y, sin embargo, hay que hablar de él. Para librarse de un trauma, conviene comenzar por significarlo.

(*)Fernando Molina es periodista y escritor

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Escaños, el otro gran debate del Censo

De los 130 diputados que hay en la Asamblea, 105 son asignados a los departamentos según su población, y solo 25 por equidad.

De los 130 diputados, 105 son asignados a los departamentos por su población, y con 25 se compensa a las regiones de menos gente y menos desarrollo

Por Iván Bustillos

/ 31 de julio de 2022 / 19:40

El punto sobre la i

Desde el 12 de julio, cuando en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) prácticamente se decidió posponer el Censo hasta el primer semestre de 2024, la polémica se ha concentrado en los ingresos que las entidades territoriales perderían por la postergación de casi dos años; de aquí la idea de crear un fondo de compensación para reparar el “perjuicio” que se les iría a causar.

Poco se ha hablado, sin embargo, de la otra gran problemática que implica el Censo: la futura redistribución de escaños parlamentarios entre los nueve departamentos; la mayor preocupación aquí es que si el Censo tiene lugar en junio de 2024, acaso las cifras oficiales no alcancen a ser publicadas para ser utilizadas en el proceso electoral de 2025. El miércoles 27, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas precisó que dicha redistribución tendría que estar concluida antes de que el Órgano Electoral emita la convocatoria para las elecciones de octubre de 2025. Para las elecciones del 20 de octubre de 2019, la convocatoria fue publicada a fines de mayo. Revisando la experiencia del Censo de 2012, cuando éste tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012, sus Principales Resultados fueron publicados en julio de 2013, ocho meses después.

Con todo, ¿cuánto finalmente se moverá la redistribución de escaños parlamentarios en relación a la actual? En el caso del Senado, indica el Boletín Informativo del OEP, Distribución y Asignación de Escaños (preparado para las elecciones de 2020), se aplica la llamada “igualdad territorial”, que independientemente de su población, cada departamento elige a cuatro senadores. El problema de la redistribución de escaños según la población de cada departamento se presenta en la Cámara de Diputados.

En este punto, el OEP hace un ejercicio ilustrativo: como se ve en el gráfico 2, si solo se tomara en cuenta la población de cada departamento, 71% de los diputados (92 de 130) se los llevarían los tres departamentos del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, quedando para los restantes seis 29% (38 diputados). Por esto, “para preservar que los departamentos menos poblados tengan una representación más equitativa en Diputados”, dice el OEP, se aplica el “principio de equidad”, bajo dos criterios: a) una asignación mínima de escaños a los departamentos con menor población; y, b) otra asignación a los departamentos con menor grado de desarrollo.

Usando las fórmulas que dispone la Ley 421 de Distribución de Escaños entre Departamentos (de octubre de 2013), para la elección de 2020 se vio que esa asignación mínima de diputados a los departamentos con menor población era de cuatro legisladores para cada uno de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Pando; un total de 24 diputados. (Ver el cuadro 3 adjunto)

Luego, para aplicar el criterio de “menor desarrollo económico” se acudió al ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por departamentos vigente (Cuadro 4) y se catalogó a las regiones en dos grandes grupos, uno de desarrollo humano “alto” y otro, “medio”, según se ubicaron por encima o por debajo del índice nacional (0,705), y fue ahí que se vio que el departamento de Potosí era el de menor IDH, y “siguiendo el procedimiento de la Ley 421”, señala el OEP, a Potosí se le asignó un diputado más.

Así, “a partir de la aplicación del principio de equidad, considerando los criterios de menor población y menor grado de desarrollo económico, se asignó un total de 25 escaños de los 130 que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional”, concluye el OEP.

Quedan, entonces, por asignar 105 diputados. Éstos sí se distribuyen “tomando en cuenta la población de cada departamento y la fórmula D’Hondt de divisores por números naturales”. La distribución que “sale” aplicando la fórmula, siempre con base en las cifras oficiales del último censo (2012 para el caso), da: 29 para La Paz, 28 para Santa Cruz, 19 para Cochabamba, 8 para Potosí, 6 para Chuquisaca, 5 para Oruro, 5 para Tarija, 4 para Beni, y 1 para Pando. (Ver cuadro 5)

Llegados a este punto, el cuadro 6 que se les ofrece, amables lector y lectora, “redondea” la combinación de la asignación por población (el principio de proporcionalidad) y por equidad.

Como se puede notar, siempre la base para la distribución de escaños parlamentarios entre los departamentos es la población: solo 19% de los diputados (25) son asignados por el principio de equidad, en tanto que 81% (105) es distribuido por la población de cada cual.

Con todo, como muestra el gráfico 7 adjunto, aplicando los criterios de población y de equidad se obtiene la distribución macro un poco más equilibrada: de los 130 diputados, 76 (58%) representan a los departamentos del eje, y 54 (42%) a los seis departamentos restantes.

Como se puede notar, la “pelea por los escaños” en realidad estará en los 105 asambleístas diputados que se distribuyen por la fórmula de D’Hondt, según la población oficial que dio el último censo. La aplicación de los criterios de equidad es obligatoria.

En el cuadro 1 adjunto se aprecia que en los resultados en porcentajes, el primer lugar lo llevaba La Paz, con 27% del total, seguido muy de cerca por Santa Cruz, con 26,5%; en el censo de 2012, ambos rondaban los 2,7 millones de habitantes cada uno.

Remarcando que solo se trata de un ejercicio, para atisbar lo que puede pasar, no está demás comparar la distribución del censo 2012 con las proyecciones de población del propio INE para 2022.

Siempre advirtiendo que solo es un ensayo, se puede ver que Santa Cruz ahora sería el primer departamento en población, y con una distancia respecto de La Paz mayor que ésta ostentaba en relación a Santa Cruz en 2012. Ahora la distancia sería 28,5% de población boliviana en Santa Cruz, y 25,4% en el departamento de La Paz.

Como se puede observar, comparando las cifras de 2012 y la proyección a 2022, salvo Potosí, que baja en población de 8,2% a 7,6 % (pese a que en términos absolutos aumentó en alrededor de 100.000 habitantes), en la población proyecta para 2022 todos los departamentos tienden a participar de la torta en los mismo porcentajes que en las cifras oficiales de 2012.

En otras palabras: si habrá redistribución de escaños, muy probablemente solo sea entre La Paz y Santa Cruz, siguiendo los otros departamentos con su actual representación.

No es de menospreciar la proyección que hace el INE para 2022, pues los 2 millones más con respecto a 2012 es una tendencia histórica: como dice el INE en sus Principales Resultados del Censo 2012, en los periodos 1976-1992 y 1992-2001 (años de censo), “la población se incrementó en algo más de 1,8 millones de habitantes”; y entre 2001 y 2012, el aumento de los bolivianos y bolivianas fue de poco más de 2 millones. En cuanto a La Paz y Santa Cruz, el INE hace notar que históricamente ambos departamentos van en sentido contrario: si en 1992 Santa Cruz tenía 20% de la población, en 2012 llegó a 27%; en cambio, La Paz, de 30% en 1992 en 2012 bajó a poco más de 26%.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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