A partir del errado referendo del 21 de febrero de 2016, la clase media profesional, oenegesista, académica, tecnocrática y comunicacional, por un lado, y, por otro, los representantes de los partidos y asociaciones ciudadanas conservadoras de derecha, la jerarquía de la Iglesia y especialmente los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí y el colegio médico de La Paz, todos ellos disminuidos en su poder de influencia política por una década, estimaron que era el momento de arremeter sistemáticamente al Proceso Nacional Popular iniciado en 2006.
Fueron creando un discurso estereotipado que abarcó al universo de la clase media profesional mencionada, para pronto extenderse a la clase dominante de la burguesía agroindustrial terrateniente, la bancaria financiera y la comercial exportadora, en un extremo, y, en el otro, al izquierdismo enquistado en los estudiantes de algunas universidades públicas y los maestros de la educación fiscal. Este discurso, que comienza por la no reelección (Art. 168 de la CPE), pronto se amplía con denuncias abstractas de otras realidades: “Un camino inevitable a la dictadura, pobreza y emigración como en Cuba y Venezuela”, dicen y proponen: “La inversión extranjera como la única vía de desarrollo, frente a la inviabilidad de las empresas estatales”, todo esto si el gobierno del MAS continúa en el poder, por supuesto.
Esa narrativa creada por esta clase media alienada, con el tiempo se agranda con los calificativos generales de “Gobierno centralista, dictatorial, autoritario, prebendal, de despilfarro y narcotráfico”. Las Plataformas 21F, primero, y luego, Las Pititas, La Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala, se apropian de este discurso, y al final, Fernando Camacho por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y Marco Pumari por el Comité Cívico de Potosí, siguiendo un patrón histórico en Bolivia, proponen un gobierno civil-militar, que cierre el Parlamento, dicte un estado de sitio, y restaure el Estado Republicano.
Conocido el triunfo del MAS en las elecciones del 20 de octubre de 2019 (47%), se articula la resistencia de Las Pititas que bloquean zonas residenciales de las ciudades del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, secundadas por grupos de choque pertrechados de bates, palos, escudos y bazukas caseras. Los 21 días que anteceden al golpe de Estado del 10 de noviembre, estos grupos de clase media conservadora de derecha actúan libremente sin ningún control policial, creando miedo y una sensación de vacío de poder que concluye con el alzamiento del Retén Policial de la ciudad de Cochabamba.
Resulta que el plazo de 48 horas de Fernando Camacho para la renuncia de Evo Morales estaba previamente acordado, de modo que el motín policial y el pedido de renuncia a Evo Morales por el comandante de las Fuerzas Armadas se produzcan en esos días. Sin embargo, queda claro que a las Fuerzas Armadas no le interesaba conformar el gobierno civil-militar originalmente planteado (golpe duro), e inmediatamente ponen en práctica el Plan “B” (golpe blando), que de blando no tiene nada: se obliga bajo amenazas, chantajes y persecuciones a las renuncias de las presidencias de las cámaras de Senadores y de Diputados, hasta llegar inconstitucionalmente a la segunda vicepresidencia del Senado correspondiente a Jeanine Áñez, autoproclamada como presidente transitoria el 12 de noviembre del 2019.
La renuncia forzada del presidente Evo Morales estuvo antecedida por anuncios de fraude por los opositores al MAS, el Informe Preliminar de la OEA de oficio, que habla de irregularidades (expuestas por Luis Almagro como fraude), la impunidad de los grupos vandálicos y por 30 bajas en lo que va del 20 de octubre al 10 de noviembre del 2019 (20 días). Naturalmente la reacción era inevitable y espontánea. ¿Cómo habiendo ganado la elección y teniendo 2/3 del Parlamento podía aparecer un gobierno elegido por nadie? La protesta, primero en Huayllani (Sacaba, 15 de noviembre) y luego en Senkata (El Alto, 19 de noviembre), terminan en masacre (40 muertos y cientos de heridos y presos).
El gobierno de Jeanine Áñez, tanto en su primer periodo anterior a la pandemia (12 de noviembre del 2019 al 10 de marzo del 2020), así como el segundo de pandemia (mediados de marzo hasta principios de noviembre de 2020), intervino las principales empresas, programas y proyectos del Estado, para preparar las condiciones de su privatización e inversión extranjera: Llevó a BoA al borde de la quiebra, literalmente saqueó Entel, en acuerdo con Petrobras, disminuyó los volúmenes de exportación y eliminó la obligación de construir el gasoducto al Mutún por la empresa, suspendió la separación de líquidos para la exportación de gas, la fabricación de urea en Bulo Bulo y la industrialización de litio en Uyuni.
Paralizó el proyecto del tren metropolitano en Cochabamba, suspendió el pago a cientos de empresas subcontratadas a cargo de la construcción y mantenimiento de carreteras, sistemas de riego, escuelas, e incluso hospitales. Por lo demás, el gobierno de Jeanine Áñez tendrá que rendir cuentas de más de 2.000 millones de dólares del manejo de la pandemia provenientes de las reservas del Banco Central, créditos de organismos internacionales y donaciones.
En este largo proceso, Comunidad Ciudadana, y más propiamente Carlos Mesa, logró unificar el descontento y frustración de esa clase media profesional marginada, a tal punto que en la elección general de octubre de 2019 creyeron que su votación les permitiría ir a una segunda vuelta, desconociendo que los resultados mostraban que el MAS ganó la elección en primera vuelta con una votación mayor al 40% y con una diferencia también mayor al 10% sobre el segundo.
Solo se escuchaban a sí mismos, creyeron que esa ficción iba a repetirse en la nueva elección general de 2020, tres veces postergada.
Fernando Camacho y luego Jeanine Áñez, independientemente de sus sorpresivas candidaturas, apostaron desde un principio a la conformación de un gobierno civil-militar restaurador, trataron de establecerlo el momento de la renuncia de Evo Morales, durante las masacres de Sacaba y Senkata, con el convoy de oxígeno en medio del bloqueo y, finalmente, después de las elecciones del 18 de octubre de 2020, con la vigilia en la Octava División de Santa Cruz, pidiendo que el Ejército desconozca las elecciones y se haga cargo del poder.
La resistencia nacional popular, en cambio, ocultando su preferencia electoral, primero, y luego restableciendo su táctica de voto comunitario, para sorpresa de propios y extraños, decide que el MAS gane en primera vuelta con más del 50% y con una ventaja de 20% frente al segundo, abriendo indiscutiblemente un nuevo ciclo del Proceso de Cambio con proyección al segundo centenario de la fundación de Bolivia.
(*) Danilo Paz Ballivián es sociólogo, investigador del CESU-UMSS