sábado 23 oct 2021 | Actualizado a 16:04

Exportar hoja de coca, una cuestión política

Celebración del Día Nacional del Acullico, el lunes 11 en la plaza Murillo

/ 20 de enero de 2021 / 15:47

Hay dos caminos: pedir que la hoja de coca salga de la lista de estupefacientes, y generar acuerdos de comercio entre Bolivia y países interesados

El punto sobre la i

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro, además, vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca, al menos hoy, es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.

La hoja de coca, desde 1961, año en que se establece la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, fue parte de polémica política: una vez que en dicha Convención expresamente se dice (artículo 49, inciso 2e) que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (el plazo del cuarto de siglo feneció en 1989), en septiembre de 1975, el gobierno de facto presidido por Hugo Banzer Suárez se adhirió a la Convención sin presentar reserva alguna a la misma. Y es que el menosprecio estatal por la coca viene de antes, del propio gobierno de la Revolución Nacional, pues fue en la propia Convención, en marzo de 1961, cuando Bolivia (bajo el gobierno de Paz Estenssoro) fue signataria de la misma (conteniendo su artículo anti-acullico).

Es a este carácter político a que el 11 de enero reciente se refirió el vicepresidente Choquehuanca al afirmar que “en 1961 hemos permitido que la hoja de coca entre a la Lista 1 de plantas prohibidas [Lista 1, sustancias consideradas “muy adictivas o de probable uso indebido”]”.

Por eso, al año siguiente de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2007, recordó Choquehuanca, “se empezó a trabajar para que la hoja y la cultura se respeten, que la comunidad acepte el acullico y nuestra cultura, y es así que se establece una ley que respeta el acullico”.

Bolivia, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, en junio de 2011, comunicó oficialmente que denunciaba (se retiraba de) la Convención de 1961; ello para que el 1 de enero de 2012 pida nuevamente su readmisión, pero esta vez con la reserva de que rechaza los artículos del documento que condenan al acullico como “una forma de cocainismo y adicción”, como diría a este suplemento en una entrevista pasada el politólogo neerlandés Martin Jelsma.

Bolivia logró reingresar a la Convención, armada de su reserva, solo un año después, el 1 de enero de 2013. A su retorno se habían opuesto solo 15 de 183 países, número que no alcanzó el tercio de Estados miembros necesario para vetar a un país.

Así, desde esa fecha, el acullico y otros usos lícitos de la hoja de coca son reconocidos como legales en el territorio nacional.

En la presentación del referido libro, Choquehuanca, en su peculiar estilo, habló de poner en agenda en lo inmediato el objetivo de exportar hoja de coca: “Bolivia debe encarar el reto de hacer conocer al mundo las propiedades alimenticias, medicinales y ancestrales de la Hoja Sagrada”, aseveró en su discurso.

Pero he aquí de nuevo la prevención de los estudiosos: hablar de la exportación de coca en primer lugar es superar el práctico veto que todavía pesa sobre la hoja en su estado natural; una tarea entre estudios científicos y acciones políticas en la diplomacia boliviana.

De aquí que la investigadora Chulver enfatice que para promover la exportación se puede acudir a dos acciones: uno, “solicitar la desclasificación o reclasificación de la hoja de coca, ya que está dentro de una de las listas más duras” de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas; y, dos, la posibilidad de celebrar lo que se llaman “acuerdos inter se (entre sí, en latín)” entre dos países para asuntos de exclusivo interés mutuo.

En lo primero, pedir que la hoja de coca sea sacada de la drástica Lista 1, Chulver insiste en que “la idea de la reclasificación tampoco es una locura porque es algo que se ha discutido en Viena (Austria) el año pasado”, por eso ve importante “llevar este debate a esferas diplomáticas”.

En declaraciones a este suplemento, a fines de 2019, el politólogo Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en el tema, advertía que acaso éste sea el camino más largo, pues implica toda una revisión de investigación y literatura científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su debate.

En cuanto a los acuerdos inter se, también Jelsma (en el libro de Chulver) recuerda la vigencia de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo que dice que “dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.

Y, esto precisamente (la posibilidad de acuerdos bilaterales que incluso modifiquen un tratado mayor en contra), destaca Chulver, es lo que se está explorando con el cannabis (marihuana) “entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos”. De la misma manera, aterriza todo esto Chulver, “para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter seentre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”.

La potencialidad de los mercados bilaterales, destaca el estudio de Chulver y Sanez, por ahora contempla al menos seis países posibles importadores de coca: Ecuador, México, Argentina, Irán, España y Holanda.

En el caso de Ecuador, ya en noviembre de 2018 hubo la intención de la exportación de derivados de coca, mediante un acuerdo bilateral; lamentablemente no llegó a concretarse.

Sobre México, los autores informan que “este país ha manifestado explícitamente al Estado boliviano su interés en desarrollar conocimiento e investigación científica de las propiedades medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca desde 2017, lo que reafirmó en diciembre de 2018”.

En cuanto a Argentina, acaso el mayor mercado exterior de la hoja de coca boliviana, Chulver destaca la Ley Nacional 23.737, vigente desde 1989, que establece procedimientos específicos para la extracción, manipulación, importación y fabricación de sustancias prohibidas. “Dentro de esta ley se encuentra el artículo 15, en el cual se habla exclusivamente de la hoja de coca: ‘la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes’”.

En lo relativo a Irán, el trabajo de Chulver y Sanez destaca que este país “ha ofrecido a Bolivia la transferencia de nanotecnología para el desarrollo industrial. En el ámbito de la hoja de coca, se comprometió a enviar una comisión de alto nivel para hacer un diagnóstico con el objetivo de mejorar el sistema de salud pública y a realizar una investigación científica sobre las cualidades de la hoja de coca”.

Finalmente, en cuanto a España y Holanda, la investigación detalla que en España, en 2016, hubo una “oleada de medios de comunicación que anunciaban la consolidación de mercados de productos derivados de la hoja de coca”. Se trata, remarca, de un mercado que “además de abarcar el consumo de la población migrante boliviana, que hasta 2016 era de 89.115 residentes, también tiene población colombiana, peruana, española y catalana”.

Finalmente, en referencia a Holanda, el libro cuenta: “Si vemos el resto de Europa, podemos tomar el ejemplo de la bebida llamada Coca Blue, que se comercializa bastante y está elaborada con coca peruana, publicitada como coca boliviana. La botella tiene un valor de 240 euros. La exportación [de hoja de coca] es formalizada y acompañada con resguardo policial hasta Holanda, donde se produce la descocainización de la planta, para después ser transportada hasta Irlanda, donde se produce el licor”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

En 2003, la clase media apoyaba a las víctimas; hoy es diferente, la sociedad está muy polarizada.

Thomas Becker, abogado estadounidense de las víctimas de octubre de 2003, testigo directo de las masacres de noviembre de 2019

Por Iván Bustillos

/ 17 de octubre de 2021 / 18:56

El punto sobre la i

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

Thomas Becker, estadounidense, abogado de las víctimas de octubre de 2003; también colabora con los familiares de las víctimas de las masacres de 2019. Becker estuvo en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre, el 15 de noviembre de 2019; por su trabajo, también conoció de cerca lo ocurrido en Senkata el 19. Pocos como este activista en derechos humanos para sopesar las similitudes y diferencias de lo ocurrido en Senkata en octubre de 2003 y noviembre de 2019.

—De primera, ¿qué similitudes hay entre 2003 y 2019 en relación a las muertes en Senkata?

—Voy a comenzar por los decretos, porque éstos abrieron la puerta para la violencia más extrema. En 2003, el Decreto 27209, que movilizó a las fuerzas estatales para transportar el gas, fue llamado el ‘Decreto de la muerte’; Goni mandó a los soldados y mucha gente murió el 12 de octubre. En 2019, Áñez dictó el Decreto 4078, que también movilizó las fuerzas estatales, pero esto fue más extremo que en 2003, porque ofreció inmunidad a los soldados que maten a personas; es un decreto totalmente ilegal; muchos especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación.

—¿Un mismo discurso también?

—Hemos visto pretextos y excusas muy similares. Los dos gobiernos dijeron que los responsables son terroristas, comunistas, narcotraficantes; el discurso era casi igual. Es importante recordar que hay miembros de los dos gobiernos. Jaime Aparicio fue embajador de Goni y de Áñez. Él fue testigo de Sánchez Berzaín y de Goni en nuestro caso, y su discurso era casi igual en 2003 y 2019; ha dicho que en los dos casos los manifestantes estaban allá para explotar la planta. Y en la Clínica de Harvard hemos analizado si hubo el intento de explotar la planta, y en los dos casos no había ninguna prueba. El Grupo (Interdisciplinario) de Expertos (Independientes) GIEI analizó esto y tampoco encontró prueba. Yo hablé con los fiscales durante el gobierno de Áñez, y ellos me dijeron que no podían encontrar ningún cartucho de dinamita. Pero la narrativa sigue, en 2003 y en 2019: hay todavía mucha gente que piensa que iban a explotar la planta.

—¿Muertos en ambos lados?

—En 2019 es más en blanco y negro; en 2003, del lado de las fuerzas estatales hubo dos muertos y dos heridos. En 2019, en Sacaba y en Senkata, cero policías, cero militares recibieron bala, ni un policía ni militar murió, ni fue herido.

—Lo de 2019 parece más urbano; en 2003 había gente del campo.

—En 2003 había más apoyo de la clase media, y ahora (2019) hay una división más fuerte, y la clase media no está apoyando a las víctimas tanto como en 2003; la diferencia es que en 2003 no había muchas investigaciones; ahora tenemos investigaciones de la CIDH, del Grupo de Expertos, de la ONU, de la Red Universitaria de Derechos Humanos, de la Clínica de Harvard, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo; muchas instituciones han investigado lo que pasó y han dicho que son masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales; hay mucha prueba imparcial, internacional, que ojalá pueda impulsar los casos un poco más rápido que en 2003, porque entonces no existió como ahora.

—El GIEI destaca la violencia racista en 2019.

—En 2003 y 2019 los que murieron fueron indígenas, los que mataron, aunque eran una mezcla, pero generalmente no eran indígenas. Es casi igual, las víctimas en 2003 son aymaras y quechuas, lo mismo que en 2019. Nosotros hemos investigado muchísimo los dos casos; las palabras son casi exactas; yo he recibido muchos testimonios de personas que han dicho que los soldados dijeron cosas muy racistas, cuando disparaban a la gente, como: ‘indios de mierda’, ‘animales’, ‘perros de mierda’, ‘maricones’, etc., muchas palabras antiindígenas, muy machistas, en los dos casos. Pasó también que mientras había personas que trataban de ayudar a otras, soldados les disparaban; esto pasó en 2003 y en 2019.

—La teoría de Murillo de que se han matado entre ellos. ¿Se llegó a decir lo mismo en 2003?

—Sí, han culpado a las víctimas; han dicho que las víctimas han disparado, en los dos casos. La tecnología ha complicado y ha ayudado. Por un lado, cuando el ministro de Defensa López dijo ¡ningún soldado disparó una bala!, hay pruebas, hay videos, mostrando a soldados disparando; pero hay personas que todavía creen esta narrativa, pero es absolutamente claro que es una mentira. Por un lado, hay más evidencia, videos, pero también la tecnología está complicando las cosas, porque muchas personas, especialmente en esta situación tan polarizada, buscan información en las redes sociales; miran memes, y deciden qué es verdad o no basados en información de redes sociales, pero no en información concreta, académica, clínica, como las investigaciones del GIEI, de la Clínica de Harvard o de la ONU.

—En 2019, dicen los informes, se obstaculizó las investigaciones, las autopsias. ¿Pasó lo mismo en 2003 o esto fue exclusivo de 2019?

—No, no. También había bloqueos de investigación. En 2003 fue un mes de violencia, y las familias, como en 2019, temían que iban a desaparecer cuerpos, han dicho que no recibieron información concreta. Para el juicio de responsabilidades de 2003, con Rogelio Mayta, teníamos que conseguir necropsias, porque las autopsias no eran suficientes, y en 2019 han bloqueado personas y han destruido pruebas. En 2019, en Sacaba, por ejemplo, varios testigos me dijeron que los militares, después de matar personas, usaron mangueras de agua para limpiar la sangre y recogieron las balas, para que la gente no pudiera tener pruebas.

—En todos los informes sobre 2019 se destaca la existencia de grupos civiles que se daban la autoridad para detener. ¿Pasó lo mismo en 2003?

—Ha pasado un poquito, pero no como en 2019. En parte porque, por ejemplo, el grupo de los motoqueros estaban trabajando como policías; había policías vestidos de civil, trabajando juntos. En El Alto, en 2003 fue casi El Alto contra el gobierno; pero en 2019, en general El Alto se manifestaba, pero en algunos barrios, en Ciudad Satélite, por ejemplo, he hablado con varias víctimas de abusos, cuando los soldados o los policías han trabajado con los vecinos para detener a una persona, para atacarla, para torturarla. En 2019, grupos como los motoqueros son muy organizados, han recibido apoyo directo del gobierno de Áñez y han cometido abusos, y son abusos documentados. Todo lo que digo está basado en investigación, en documentación, no es una simple opinión. Son grupos paraestatales que recibieron plata, armas, apoyo y han trabajado junto con los policías; y eso no había tanto en 2003.

—¿Qué posibilidades de justicia hubo y hay en 2003 y en 2019?

—Complicado decirlo. Inmediatamente después de 2003 había mucha población que quería un juicio, pero las víctimas tenían que pelear y pelear, no había dos tercios (en el Congreso de entonces); todos en esta época dicen que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, pero al principio no querían apoyar un juicio. Lo bueno es que el juicio de responsabilidades que manejó Rogelio Mayta y el juicio contra Goni (en Estados Unidos) sirven como precedentes, que pueden presionar muchísimo más. La comunidad internacional, en general, sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; y yo creo que será una vergüenza si los políticos no apoyan un juicio de responsabilidades; pueden complicar la situación política internacional, porque la comunidad internacional sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; el informe del Grupo de Expertos es muy claro sobre lo que pasó, el informe de Harvard es muy claro, la ONU, etc.; esto no pasó en 2003. Que haya estos informes puede abrir el camino a una justicia más rápida, pero hay una polarización ahora, que es fuerte, y la clase media no apoya como apoyaba en 2003. En 2019 hay prueba más fuerte y más directa, lo que no existía en 2003.

—¿Alguna diferencia?

—Lo que le pasó a Patricia Arce (exalcaldesa de Vinto), por ejemplo; fue secuestrada y torturada; esto se hizo viral; en todos los países del mundo se ha visto lo que pasó con Patricia Arce. Yo creo que internacionalmente la gente sabe qué gobierno fue Áñez, Murillo está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero; hay muchas señales de que este gobierno fue violento y que ha cometido varios delitos. Entonces, la sociedad internacional puede ayudar a presionar más que en 2003, cuando no había mucha información.

—Ud. estuvo en Sacaba el día de la masacre; nadie se lo contó.

—La verdad, lo que vi nunca voy a olvidar; tengo pesadillas. Yo recuerdo los momentos, por ejemplo, cuando tenía que entrar al hospital, tenía que hacerlo en forma secreta, porque me bloqueaban. Hablé con una víctima, él perdió su ojo; al ayudar a una persona, un soldado le disparó en el ojo. Yo fui la primera persona con quien habló. Y lloraba con el ojo que todavía tenía. Y me decía: ‘tú vas a ver, mañana van a decir que es nuestra culpa, que somos comunistas, narcotraficantes, somos indios’. Y, la verdad, fue muy difícil creer esto porque fue tan extremo; lo que vi fue que todos los huecos de las balas mostraban que las balas llegaban desde donde estaban los soldados; la evidencia fue muy clara. Varios medios de comunicación han dicho exactamente lo que dijo el gobierno, que se dispararon entre ellos, que fue un conflicto. No fue un conflicto, fue una masacre. Y lo que fue muy triste para mí era la falta de esperanza; en 2003 había más esperanza, pero en 2019, la gente tenía miedo; ellos decían: ‘la sociedad boliviana no va a creernos’, y eso pasó. En 2003 Goni se fue y la sociedad sabía lo que pasó, pero en 2019, después de las masacres, ha habido una persecución extrema. Había un ambiente muy difícil para organizar, movilizar, buscar justicia; fue más complicado en 2019-2020 que en 2003.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Pensar a largo plazo

Previsión: invertir abundantemente hoy en educación, conlleva reducir la desigualdad del ingreso en el futuro.

/ 17 de octubre de 2021 / 18:47

DIBUJO LIBRE

Hace poco más de un año, Emmanuel Macron encargó a una comisión de 26 expertos la elaboración de una estrategia de desarrollo para el país galo. Este grupo estuvo encabezado por los franceses Olivier Blanchad, exconsejero y director de estudios en el FMI, y Jean Tirole, premio Nobel en Economía de 2014, y otras figuras internacionales de renombre como Paul Krugman y Peter Diamond, ambos premios Nobel de Economía de 2008 y 2010, Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro norteamericano, y otros académicos influyentes como Philippe Aghion y Dani Rodrik.

La comisión elaboró un documento que pasó a denominase Informe Blanchad-Tirole. El informe identificó tres grandes desafíos económicos, para Francia y sin duda para muchos otros países, relacionados con el cambio climático, las desigualdades socioeconómicas y la transición demográfica. En esta columna voy a exponer algunas de sus principales conclusiones.

Francia se ha fijado como meta adoptar una posición neutral frente a la emisión de carbono hasta el año 2050, para lo cual Tirole recomienda adoptar un impuesto elevado a las emisiones de carbono a nivel europeo. El informe también ha fijado como meta acortar las desigualdades sociales. Según Blanchard, existe tres maneras de reducirlas antes, durante y después del proceso productivo: 1) igualando las oportunidades, sobre todo en el acceso parejo a una educación de calidad, 2) cambiando el proceso de producción que origina estas desigualdades por medio de políticas activas de innovación en el mercado del trabajo, y 3) reparando el daño en la distribución de los ingresos a través de una fiscalidad justa que grave a los más ricos y un régimen de imposición a las herencias y donaciones unificado. Frente al cambio demográfico, han sugerido modernizar el sistema de pensiones y la prevención de enfermedades crónicas. Asimismo, alertan de una encrucijada entre alargar la edad de jubilación o reducir el monto de la pensión.

El informe responsabiliza al cambio tecnológico como parte esencial del problema. La tecnología ha acelerado el consumo de energías fósiles conforme se han diseminado los sistemas de transporte. La inteligencia artificial es una fuente de desigualdad laboral en favor de quienes mejor se han adaptado ella, que por lo general son jóvenes, siendo los trabajadores con edades avanzadas los más reacios y perjudicados. A la par, la tecnología ha alargado la esperanza de vida de la población causando una tensión en el sistema de salud y pensiones.

Paradójicamente, encuentran que la tecnología también puede ser parte de la solución. Gracias al uso de plataformas educativas se podrían desplegar nuevos métodos de enseñanza a distancia y asegurar el acceso a una educación universal de calidad. La automatización y digitalización de los trámites públicos podrían mejorar las tareas de fiscalización y dotar de recursos adicionales al Gobierno para políticas redistributivas. Además, se debe apostar a la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías más amigables con el medio ambiente como una estrategia de crecimiento duradero.

¿Qué podemos aprender los bolivianos de este informe? Si bien el informe Blanchard-Tirole analiza una economía bastante más desarrollada que la nuestra, muchos de los problemas que identifica son comunes, aunque con sus matices. Bolivia, a diferencia de Francia, posee una población joven, pero ello no quiere decir que esté exenta de los efectos del envejecimiento poblacional. Cada año se incorporan a la fuerza laboral más trabajadores a medida que se reduce la población menor de edad, lo que demanda un número creciente de puestos de trabajo, que deberían ser planificados para ser creados en el sector formal donde las ganancias de productividad son mayores. Los desafíos pospandemia en materia de desigualdad social no son muy diferentes a los desafíos prepandemia, pero que a diferencia de los países desarrollados debemos agregarle el reto de erradicar la pobreza. Tampoco debemos esperar a que la problemática ambiental adquiera una mayor conciencia nacional, es oportuno adelantarnos a las futuras políticas climáticas globales.

Es imprescindible invertir hoy en salud preventiva para evitar que a futuro se convierta en una pesada carga presupuestaria en hospitalizaciones costosas. El invertir abundantemente hoy en educación, conlleva reducir la desigualdad del ingreso en el futuro. Las inversiones en investigación y desarrollo son fundamentales para diversificar la economía y romper con el patrón primario exportador dependiente de las tecnologías foráneas.

La planificación medioambiental debe comenzar desde el Estado, porque el sector privado no internaliza los costos de largo plazo, sino solo los beneficios de corto plazo, por lo que no está interesado en invertir en proyectos de energías renovables de baja rentabilidad y elevado riesgo. Los efectos de todas estas inversiones podrían resultar pequeños a corto plazo, pero a largo plazo los beneficios serían enormes.

Por otro lado, el informe Blanchard- Tirole establece un escenario de aquí a 30 años. A cuatro años de cumplirse la Agenda Patriótica 2025, el país habrá logrado avances importantes en la reducción de la pobreza extrema, la universalización de los servicios básicos, de salud y educación, la diversificación productiva, la soberanía alimentaria y el recambio de la matriz energética, aunque los pilares presenten desvíos en algunas metas, causados esencialmente por la pandemia.

Con todo, es ineludible ponerse a pensar en un nuevo horizonte de planificación de más largo aliento, pues la transformación económica y social de la economía boliviana así lo demanda. Tomando como ejemplo la Agenda del Bicentenario que se aprobó en 2015 con una vigencia de 10 años, se debe superar la planificación quinquenal pues la envergadura de las grandes obras públicas generalmente tienden a superar el periodo inicialmente planeado, en algunos casos se pierde tiempo valioso los primeros años en busca de financiamiento, en los procesos de licitaciones o en los ajustes a los cronogramas de ejecución, sin olvidar que en el caso de los proyectos productivos se requieren, a su conclusión, un periodo adicional para su arranque y estabilización.

También es imprescindible construir una visión social de largo plazo que cambie la mentalidad de todos los actores públicos sean éstos autoridades, asambleístas, contratistas y beneficiarios. Se tiene que abandonar la consigna de que solo las generaciones presentes votan, que los retornos políticos tienen que cosecharse en tiempos de campaña, que el gasto público solo es eficiente cuando la autoridad de turno es quien la ejecuta. Durante la transición democrática vimos mucho de esto. Concebir un país en el futuro es sembrar las bases del desarrollo aun a sabiendas de que podrían ser otros quienes cosechen sus resultados, con una total vocación de desprendimiento y servicio a la patria.

Cierro con una de las frases más recordadas del célebre economista inglés John Maynard Keynes que decía que “en el largo plazo todos estaremos muertos”. Yo adaptaría este guion para señalar que, en el largo plazo, solo las sociedades visionarias verán perdurar a sus descendientes.

 (*)Omar Velasco P. es economista

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La wiphala y la nueva realidad

La wiphala está creando una nueva realidad social, porque ahora la gente se imagina ser el país mismo.

/ 17 de octubre de 2021 / 18:43

DIBUJO LIBRE

La wiphala se ha convertido en los aproximadamente 7 años últimos en referente de un ardoroso debate desde diferentes posturas y lugares sociales. Curiosamente, a través de ese debate y por los actos de quema que sufrió el 10 de noviembre de 2019 por activistas del movimiento cívico en el conflicto poselectoral, se ha convertido en un símbolo emblemático en el campo del ritual político del Estado y la sociedad. Puesto que en los imaginarios sociales aymaraquechuas y de las élites criollas bolivianas, la wiphala es referencia de un hecho poco nombrado en tales debates. Nuestra afirmación es que la wiphala implosionó las viejas estructuras sociales impuestas desde los imaginarios de las elites de izquierda o derecha para aparecer ahora como referente de una nueva realidad social.

La Constitución de 2009 reconoce a la wiphala como uno de los símbolos del Estado plurinacional, que al principio fue visto solo como un acto simbólico (como nada importante), pero luego despertó un furioso rechazo de las elites políticas y económicas criollas. Sobre esta base volvió a los imaginarios de la elite la enseñanza de la familia de que los indios eran referencia de la rémora o atraso del país. La novedad es que ahora aparece como posibilidad de un nuevo país. Aunque la cúpula del MAS hace uso utilitarista del mismo para legitimarse como lo hacía el MNR en 1952 con las imágenes de Tiwanaku. Pese a ese detalle, la insignia ya estaba instalada en la sociedad aymara, fundamentalmente producto del trabajo político del indianismo desde los años 1970 y 80 del siglo XX. Para eso, solo hay que leer los trabajos sobre el indianismo y sus intelectuales, donde se deja notar cómo el símbolo fue poco a poco socializado hasta convertirse en multitudes.

Ahora se puede decir que el símbolo nacionalizó a la nación clandestina para verse como nación cívica, porque el movimiento está extendido en todos los rincones del país. Ahí radica en parte el rechazo de las elites criollas, dado que un hecho temido históricamente ahora aparece como una realidad insoslayable.

¿Cómo el símbolo ha movido la estructura social? ¿Qué significa que eso haya ocurrido? En principio, la sociedad boliviana y sus instituciones todavía se rigen en muchos de sus aspectos por cánones coloniales y otros neocoloniales, sin negar que existe varios cambios. El primero se asienta en formas y realidades del tutelaje sobre el indio y la explotación de los recursos simbólicos y culturales por parte de las élites letradas. Aquí el peligro que observan, desde ese lugar social, es que ya no se pueda seguir viviendo de esos referentes porque existe una abierta disputa, por ejemplo, sobre la narrativa del país por parte de los “otros” intelectuales. Hasta hace poco, muchos de ellos literalmente vivían a nombre del indio. A su vez, en las relaciones sociales, como en el oriente del país, existen profundas formas de ser del patrón de hacienda, porque allí aún viven de los servicios de los indígenas, aunque no bajo el sistema de enganches (endeudamientos de por vida). Esto hace que los indígenas vivan bajo la moral y los símbolos coloniales; es el caso de las iglesias de jesuitas en Moxos defendidas por las élites cruceñas como patrimonio histórico.

¿Lo neocolonial? Éste, de su parte, funciona bajo la forma del discurso de la modernidad y el liberalismo. Aquí es importante dejar notar que éste no solo funciona como discurso sino también como una realidad, puesto que los agroindustriales del oriente se han apropiado de extensos territorios de los guaraníes o de los moxos. Allí, si bien el trabajo es pagado como salario, los trabajadores no tienen seguro social ni estabilidad laboral, incluidos indígenas y kollas. Así, esta neocolonialidad en lo político se presenta como república o cosa pública cuando, sin embargo, el Estado sigue visto como especie de propiedad de clan de esas élites. Incluso el Estado plurinacional funciona en varios de sus aspectos bajo estos cánones. Esto habla de que Bolivia aún no es un Estado poscolonial, como prefieren llamarlo. Puesto que los aymaraquechuas, por ejemplo, no ocupan cargos estratégicos en el ejecutivo nacional, sino cargos de menor jerarquía, pese a que son ellos los que mueren o ponen pecho ante las balas en las masacres. En ese sentido, lo neocolonial funciona como algo nuevo en el discurso, pero sustentado bajo las viejas estructuras institucionales y sus imaginarios.

En la academia, la misma funciona bajo los principios del orden cartesiano de descuartizamiento del mundo de la vida social, teniendo en frente un mundo social que produce y reconstruye permanentemente su realidad. Es decir, la academia boliviana reproduce cánones coloniales desde principios racionales del encubrimiento de esas realidades. Muchos no hablan idiomas indígenas para pensar esas realidades. Entonces el castellano es una lengua impuesta para trasliterar ese mundo. La wiphala, en ese escenario, produjo esa profunda conmoción en las élites, incluso en las de izquierda. Teniendo en cuenta que estos rechazaban en el pasado la wiphala para tratar de imponer la bandera roja y su hoz. Este dato es comprobable en los trabajos de los intelectuales aymaras en sus diferentes versiones. Incluso hoy mismo cierta izquierda todavía rechaza lo aymaraquechua como sujeto histórico porque piensan que no tienen aún capacidad de dirigir el país; un dejo de lo colonial porque serían menores de edad.

Para las derechas esto es simplemente inaceptable, porque ha logrado hurgar las pasiones más profundas. Ante la temida realidad que expresa la wiphala se ven radicalmente contrariados. Se han buscado todos los argumentos posibles contra ese Otro, hasta lograr perder el sentido de lo culto y racional de su lenguaje y actos. Entiéndase que ser élite es ser culto y fino en el mundo de sus lenguajes hablados, escritos y de sus formas en las relaciones sociales. Y entonces se imaginan que las rémoras podrían ser realmente el nuevo frente de disputa económica, como ya lo es en lo político. Ese hecho es incómodo.

Por eso la wiphala ha despertado esos profundos miedos y por lo mismo su rechazo. En razón de ello, desde esos lugares se afirma que éste es de origen español dada en los Tercios de rey Carlos V de España del siglo XV. Otros lo ven como parte del mestizaje boliviano, incluso algunos lo asocian con lo gay. En este punto, en unos y otros, debela la idea de que los indígenas no pueden tener capacidades imaginativas y artísticas para tener signos o figuras de estéticas propia. Muy pocos son los que asumen que el símbolo debe ser aceptado como parte de la nueva realidad.

Es en ese sentido que la wiphala ha creado (y está creando) una nueva realidad social porque ahora la gente se imagina ser el país mismo. Es decir, la gente se piensa y actúa de que el país es de “nosotros como mayoría” y “no solo de unos cuantos”. En esto, el símbolo es sin duda la representación de ese nuevo momento que parece ser irreversible, porque la gente está dispuesta a morir para que esa realidad pueda ser histórica y que sea el devenir de los hijos. Esas ideas tienen sentido porque la wiphala tiene una larga historia registrada en tejidos tiwanakotas y q’irus inkas, aunque con variación en cuadrados o colores, puesto que la wiphala actual es un rediseño y readecuación al nuevo momento histórico desde los años 70 y 80 del siglo XX, bajo los principios culturales e idealidades de autoafirmación de esa totalidad social.

 (*)Pablo Mamani R. es sociólogo

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Diálogoy consolidación de la paz, una tarea continua

Aun en contextos de alta polarización y complejidad, la construcción de una convivencia pacífica es posible.

/ 17 de octubre de 2021 / 18:35

DIBUJO LIBRE

El 2021 encuentra al país en un proceso de construcción de un nuevo horizonte de desarrollo después de una de las crisis sociopolíticas más profundas desde la recuperación de la democracia. El complejo escenario que vivió Bolivia en 2019, caracterizado por una crisis de gobernabilidad, unida a una alta polarización de los actores, hechos de violencia y afectación de derechos humanos puso en vilo al sistema democrático en su conjunto. En este contexto, resultó urgente instaurar canales y vías de diálogo para la reinstalación de la convivencia social y democrática. Su consolidación es una responsabilidad colectiva que será gradual y no exenta de dificultades, en las dimensiones políticas, económicas, sociales; lo que en definitiva requiere del concurso y esfuerzo de todas y todos los bolivianos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no quedó ajena a este compromiso dado que se movilizaron todos los recursos a su alcance para cumplir con el mandato de promover la paz, el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas, y el ejercicio pleno de la ciudadanía en un contexto de suma conflictividad. Su aporte se materializó en la designación del Enviado Personal del Secretario General para Bolivia quien, conjuntamente con las agencias del Sistema ONU en el país, apoyaron los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis política. Como resultado del consenso nacional forjado en noviembre de 2019, sobre la necesaria electoralización del país como eje principal para su pacificación duradera, ONU Bolivia, en coordinación con otros actores de la comunidad internacional, impulsó un programa de consolidación de paz con el propósito de acompañar los esfuerzos priorizados por los actores nacionales en la búsqueda de una salida pacífica y democrática a través de la celebración de elecciones transparentes e inclusivas. Respondiendo a los distintos mandatos de sus agencias, la ONU brindó asistencia técnica para el fortalecimiento institucional electoral. A ello se sumaron acciones para el monitoreo de derechos humanos, con especial atención a los derechos políticos y la igualdad de género, así como el apoyo al diálogo sociopolítico intercultural y regional.

La reconducción institucional culminada en las elecciones ha abierto una nueva perspectiva en la agenda del desarrollo en el país. Hoy se suman no solo los retos de consolidación del escenario político, sino también la reflexión sobre temas cruciales como la recuperación económica ante los impactos de la pandemia del COVID-19, la mejora en la prestación de servicios como la educación y la salud, los cuales precisan mayor resiliencia ante contingencias excepcionales, además de la recuperación de los niveles de vida de las y los bolivianos que se vieron afectados por los efectos de la crisis sanitaria. Estos nuevos desafíos se unen a los retos estructurales de larga data, tales como la transformación del patrón de crecimiento económico, la preservación y mejora acelerada de los logros sociales alcanzados, las reformas institucionales, incluida la justicia, así como el cuidado del medio ambiente ante los efectos del cambio climático.

Encarar esta agenda, sin embargo, requiere no solo de la experticia en el diseño y gestión de intervenciones de política pública, sino también de un contexto de estabilidad, diálogo y acuerdo entre los diversos actores de la sociedad. Las distintas miradas de los sectores sociales, económicos y políticos deben combinarse en una interacción que permita acordar las prioridades del desarrollo, vinculadas a los retos del país en materia política, económica y social. En estos espacios es imprescindible escuchar las voces, necesidades y preocupaciones de las personas, como también recoger importantes insumos que abran oportunidades de trabajar una agenda conjunta con las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia están comprometidas con la construcción de estos espacios de encuentro. No hay tiempo para el escepticismo o la claudicación. Experiencias nacionales e internacionales indican que aún en contextos de alta complejidad y polarización la construcción de una convivencia pacífica es posible. Ello supone crear un clima de pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, limitar las expresiones de odio y discriminación, y velar por la inclusión de los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática va de la mano con una sociedad civil vibrante y partícipe en las decisiones de prioridad nacional.

Queda claro que los avances del país en la reconducción de la ruta del desarrollo han tenido importantes logros, pero la tarea de mejora en las condiciones de vida y convivencia pacífica no se agota ahí. Es un proceso de interacción constante que apunte hacia un horizonte común de país. En este punto, es importante hacer un llamado a mirar al pasado de forma responsable, al futuro colectivamente y abordar los desafíos que implica encaminar las voluntades individuales e institucionales a un proceso de reencuentro entre bolivianas y bolivianos. Las claras rupturas, heridas y desconfianza que persiste entre los actores, sumadas a la crisis sanitaria y económica que han profundizado las desigualdades, comprometen al Sistema de NNUU a seguir acompañando de manera sustantiva al proceso democrático y de pacificación del país.

(*) En celebración del 76 aniversario de Naciones Unidas, ONU Bolivia en octubre publica una serie de artículos para reflexionar temáticas importantes para el país en el camino de la recuperación pospandémica.

(*)Equipo país de ONU Bolivia (*).

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‘Fraude o Golpe’, una trampa a superar

Hoy se cumplen 39 años del retorno a la democracia. Para evaluarla, hay que poner en su justo lugar el trauma de 2019.

De cómo los actuales actores políticos ubiquen y resuelvan el trauma de 2019 dependerá la calidad de la futura democracia

Por Iván Bustillos

/ 10 de octubre de 2021 / 19:31

El punto sobre la i

Justo hoy, 10 de octubre, se cumplen 39 años desde que Bolivia retornó a la democracia, en octubre de 1982. Poco más de una generación en la que seguro que en más de una ocasión estuvo a punto de interrumpirse la vigencia del orden democrático… Claro, aquí empieza el problema, cuando se recuerda lo ocurrido en octubre- noviembre de 2019: ¿Hubo fraude o golpe? acaso sea una disyuntiva que acompañe por generaciones a los bolivianos y que siempre tienda a dividirlos en esos dos bandos: que fue fraude y no golpe; que no fue fraude y sí golpe. Hay quien piensa que si los bolivianos no salimos de este debate, se verá gravemente afectada nuestra convivencia democrática, el desarrollo mismo de la democracia. Pero hay quien piensa que no, que el “dilema” fraude o golpe no debería entorpecer ni la convivencia democrática ni su desarrollo institucional.

Nuestros analistas invitados, el politólogo Marcelo Silva y el sociólogo Fernando Mayorga, coinciden precisamente en la necesidad de ubicar el fraude o golpe en su justa medida y lugar y no dejar que ello nuble la mirada sobre lo que ha llegado a ser la democracia boliviana en estas casi cuatro décadas, y lo que aún podría, tendría y hasta debería ser.

INCOMPLETA. Lo del fraude o golpe, señala Silva, “es un tema que desgraciadamente desubica la discusión central sobre la democracia”, desvía la atención acerca del hecho, por ejemplo, de que “la democracia entendida solo como una forma de participación política hoy queda absolutamente incompleta”.

La democracia implica otros parámetros, sociales, culturales y económicos, afirma. Reducirla a la pura pelea por el poder no deja ver que ésta tiene muchos más problemas: las desigualdades y sometimientos culturales (el intento de imponer un monoculturalismo), la persistencia de la discriminación de raza, género y por religión, entre otras; ni hablar de la desigualdad económica como una de las mayores trabas a la democracia.

Por eso, dice Silva, “lo que hay que hacer es ampliar la noción de democracia, saliendo del ámbito político”.

Más aún, destacan ambos estudiosos, si hay algo de lo que los bolivianos debieran sentirse orgullosos es de su “modelo democrático”, la democracia intercultural.

“La Constitución de 2009 tiene como dato más destacable el reconocimiento de tres formas de democracia: la representativa, la directa o participativa y la comunitaria; eso que en la ley del régimen electoral se define como la democracia intercultural, y que es el rasgo peculiar del modelo democrático boliviano”, cuyo desarrollo se explica solamente por la fuerte y consistente presencia en el quehacer político de actores populares, sobre todo campesinos e indígenas, destaca el sociólogo Mayorga.

“El modelo de democracia intercultural consiste en fomentar la democracia representativa, fortalecer la democracia participativa e impulsar la democracia comunitaria; son esos tres modelos que sostienen la democracia intercultural”, afirma, por su lado, el politólogo Silva.

COYUNTURAL. El del fraude o golpe, en últimas, es un tema coyuntural, prosigue Silva, el cual no debiera ser resuelto si no en la justicia. “El tema es que una de las condiciones fundamentales para fortalecer la democracia es establecer una reforma muy seria al sistema de justicia. Y la discusión de golpe o fraude deber ser dilucidada en el ámbito de la justicia, pero una justicia que tenga legitimidad y confiabilidad.

La discusión o fraude o golpe siempre se quedará en un discurso político utilitario “en tanto y en cuanto la justicia no determine el hecho con pruebas fácticas y una correlación de los hechos de qué es lo que realmente pasó”, asevera el politólogo.

Ahora, concluye Silva, hay que preguntarse si el dilema fraude o golpe en verdad es parte de la preocupación cotidiana de la ciudadanía. “La ciudadanía está en otra cosa, tiene otras prioridades que la clase política, es un efecto burbuja; la clase política cree que su agenda es la agenda de la sociedad, y no es así; la agenda de la sociedad en este momento está difiriendo grandemente de la agenda política; está pensando en la reactivación económica, en educación y salud; esos son los temas fundamentales”.

Para el sociólogo cochabambino Mayorga, definitivamente la tal disyuntiva o fue fraude o fue golpe, en realidad, no es un dilema, como se lo quiere hacer ver. “No es un dilema, porque no hay relación entre los dos, excepto en el discurso de los actores políticos, que los hacen aparecer como si fueran una antinomia, es decir, una cosa o la otra, cuando esto, por lógica, no tiene relación”.

Pudo o no haber habido fraude, apunta, “pero hay que separar, dejar a un lado ese tema para preguntarse si hubo o no hubo golpe”.

El problema es, continúa Mayorga, que así “mal planteado” el tema, impide emprender una reflexión a fondo de nuestra democracia. “La democracia es evaluada a partir de una postura que se asume respecto a una u otra explicación (o fraude o golpe) y ahí lo que se hace es no tocar el tema”.

En la reflexión del estado y perspectiva de la democracia boliviana, además de valorar el gran avance que significa la democracia intercultural, Mayorga prefiere la historia.

RETROCESO. “El último año hubo una ruptura del orden constitucional, y eso implicó un retroceso en los avances que había en términos democráticos, pero ese retroceso duró un año y fue la propia acción colectiva, la fortaleza de los sectores populares de la sociedad, que permitió que se recupere la democracia, que el proceso político se encauce hacia una solución electoral de la crisis en que entró el país desde octubre de 2019. Esto está demostrando la convicción democrática de los sectores populares, que, desde la década de los 40 con los mineros, desde los 80 con los campesinos e indígenas, claramente muestra su convicción, su apego a la democracia y su apuesta por la vía electoral”, propone Mayorga para comprender el valor de la democracia.

La historia la hacen los pueblos y las grandes construcciones sociales, como la democracia, son fruto de su mayor o menor intervención. Por esto, Mayorga dice: “La presencia de mineros, de campesinos e indígenas, lo que ha provocado ha sido una ampliación de la democracia, porque han ingresado a la lucha política mediante las reglas de la democracia representativa inicialmente, sectores que han estado excluidos”.

Esta presencia popular y no otra cosa, guste o no, es lo que explica la presencia y vigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), con todos sus pros y contras, provoca Mayorga: “Esa presencia se ha traducido en estas cuatro victorias sucesivas del MAS, y la instauración de un nuevo modelo estatal con la Constitución de 2009”.

DEBILIDAD. El problema es, continúa Mayorga, que este impulso democrático popular todavía “convive con una debilidad institucional del sistema de partidos, que sigue siendo la tarea pendiente, porque, excepto el MAS, que es el único con presencia nacional, aunque es una entidad muy peculiar porque está implicada por estas organizaciones populares, las otras organizaciones son débiles, efímeras, inestables, y mientras no se consoliden otras fuerzas políticas, vamos a seguir en esta debilidad del sistema de partidos como espacio donde se produzca la disputa programática”.

“Después de 30 años, uno puede decir que la democracia se ha ampliado con esta presencia popular, la democracia es más representativa, pero no hay un punto de equilibrio con la dimensión institucional de la representación política”, resalta el sociólogo.

¿Optimismo por el futuro de la democracia, pese a las actuales amenazas? Claro que sí, asegura Mayorga. “Después de la ruptura constitucional, hubo un golpe de Estado que además venía con mucha fuerza en términos de restauración de un proyecto oligárquico, de una política económica neoliberal, porque fue una derrota política muy fuerte la del MAS (en 2019), y, sin embargo, en menos de un año, no por acción del MAS como partido, sino por acción de esta red de organizaciones populares, articuladas en torno al Pacto de Unidad, se logra restituir la democracia a través de la vía electoral, y además con unos resultados contundentes para disipar esa situación de crisis política que durante un año vivió el país. Esa es la fuerza de la interpelación democrática y la convicción de estos sectores populares de la sociedad para seguir profundizando la democracia”, concluye Mayorga su evaluación.

 Hacia el (buen) juego de mayorías y minorías

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, su fortaleza, es el adecuado, considerado, juego entre mayorías y minorías, y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron en señalar los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo), en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta del miércoles 6 de octubre.

La directora de LA RAZÓN y conductora del programa, Claudia Benavente, planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las reglas de juego y de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “La primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías es aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se asume este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

Inmediata y naturalmente surge la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría en relación con la minoría (porque no es lo mismo 51 a 49, que 65 a 35, o 40 a 30, 20 y 10), así como la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema en todo caso es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Tan importante es reconocer el principio de “la mayoría manda” que solo sobre esto se construye, “cuantitativa y cualitativamente, el sistema democrático”, en el que las minorías están efectivamente representadas, y hasta puede ser decisiva su opinión en determinados temas.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia, en lo concreto, no sea tanto la independencia de poderes, sino precisamente cómo es la relación entre mayorías y minorías. “El verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que cumple la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la “veto-cracia”, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso, gracias a la labor dirigida, de campaña encubierta, de medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad que llegan a tener las mayorías y las minorías. En el país, este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación para ciertos sectores que se da.

No hay que olvidar que para la distribución de escaños de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, en el país, además del factor poblacional, se aplica el criterio de equidad, de que a costa de la subrepresentación en los departamentos del eje (un diputado por 120.000 votos) haya sobrerrepresentación en Pando y Beni (un diputado con 50.000 votos), por ejemplo.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta a las redes sociales.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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