miércoles 3 mar 2021 | Actualizado a 22:57

Exportar hoja de coca, una cuestión política

Celebración del Día Nacional del Acullico, el lunes 11 en la plaza Murillo

/ 20 de enero de 2021 / 15:47

Hay dos caminos: pedir que la hoja de coca salga de la lista de estupefacientes, y generar acuerdos de comercio entre Bolivia y países interesados

El punto sobre la i

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro, además, vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca, al menos hoy, es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.

La hoja de coca, desde 1961, año en que se establece la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, fue parte de polémica política: una vez que en dicha Convención expresamente se dice (artículo 49, inciso 2e) que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (el plazo del cuarto de siglo feneció en 1989), en septiembre de 1975, el gobierno de facto presidido por Hugo Banzer Suárez se adhirió a la Convención sin presentar reserva alguna a la misma. Y es que el menosprecio estatal por la coca viene de antes, del propio gobierno de la Revolución Nacional, pues fue en la propia Convención, en marzo de 1961, cuando Bolivia (bajo el gobierno de Paz Estenssoro) fue signataria de la misma (conteniendo su artículo anti-acullico).

Es a este carácter político a que el 11 de enero reciente se refirió el vicepresidente Choquehuanca al afirmar que “en 1961 hemos permitido que la hoja de coca entre a la Lista 1 de plantas prohibidas [Lista 1, sustancias consideradas “muy adictivas o de probable uso indebido”]”.

Por eso, al año siguiente de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2007, recordó Choquehuanca, “se empezó a trabajar para que la hoja y la cultura se respeten, que la comunidad acepte el acullico y nuestra cultura, y es así que se establece una ley que respeta el acullico”.

Bolivia, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, en junio de 2011, comunicó oficialmente que denunciaba (se retiraba de) la Convención de 1961; ello para que el 1 de enero de 2012 pida nuevamente su readmisión, pero esta vez con la reserva de que rechaza los artículos del documento que condenan al acullico como “una forma de cocainismo y adicción”, como diría a este suplemento en una entrevista pasada el politólogo neerlandés Martin Jelsma.

Bolivia logró reingresar a la Convención, armada de su reserva, solo un año después, el 1 de enero de 2013. A su retorno se habían opuesto solo 15 de 183 países, número que no alcanzó el tercio de Estados miembros necesario para vetar a un país.

Así, desde esa fecha, el acullico y otros usos lícitos de la hoja de coca son reconocidos como legales en el territorio nacional.

En la presentación del referido libro, Choquehuanca, en su peculiar estilo, habló de poner en agenda en lo inmediato el objetivo de exportar hoja de coca: “Bolivia debe encarar el reto de hacer conocer al mundo las propiedades alimenticias, medicinales y ancestrales de la Hoja Sagrada”, aseveró en su discurso.

Pero he aquí de nuevo la prevención de los estudiosos: hablar de la exportación de coca en primer lugar es superar el práctico veto que todavía pesa sobre la hoja en su estado natural; una tarea entre estudios científicos y acciones políticas en la diplomacia boliviana.

De aquí que la investigadora Chulver enfatice que para promover la exportación se puede acudir a dos acciones: uno, “solicitar la desclasificación o reclasificación de la hoja de coca, ya que está dentro de una de las listas más duras” de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas; y, dos, la posibilidad de celebrar lo que se llaman “acuerdos inter se (entre sí, en latín)” entre dos países para asuntos de exclusivo interés mutuo.

En lo primero, pedir que la hoja de coca sea sacada de la drástica Lista 1, Chulver insiste en que “la idea de la reclasificación tampoco es una locura porque es algo que se ha discutido en Viena (Austria) el año pasado”, por eso ve importante “llevar este debate a esferas diplomáticas”.

En declaraciones a este suplemento, a fines de 2019, el politólogo Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en el tema, advertía que acaso éste sea el camino más largo, pues implica toda una revisión de investigación y literatura científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su debate.

En cuanto a los acuerdos inter se, también Jelsma (en el libro de Chulver) recuerda la vigencia de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo que dice que “dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.

Y, esto precisamente (la posibilidad de acuerdos bilaterales que incluso modifiquen un tratado mayor en contra), destaca Chulver, es lo que se está explorando con el cannabis (marihuana) “entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos”. De la misma manera, aterriza todo esto Chulver, “para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter seentre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”.

La potencialidad de los mercados bilaterales, destaca el estudio de Chulver y Sanez, por ahora contempla al menos seis países posibles importadores de coca: Ecuador, México, Argentina, Irán, España y Holanda.

En el caso de Ecuador, ya en noviembre de 2018 hubo la intención de la exportación de derivados de coca, mediante un acuerdo bilateral; lamentablemente no llegó a concretarse.

Sobre México, los autores informan que “este país ha manifestado explícitamente al Estado boliviano su interés en desarrollar conocimiento e investigación científica de las propiedades medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca desde 2017, lo que reafirmó en diciembre de 2018”.

En cuanto a Argentina, acaso el mayor mercado exterior de la hoja de coca boliviana, Chulver destaca la Ley Nacional 23.737, vigente desde 1989, que establece procedimientos específicos para la extracción, manipulación, importación y fabricación de sustancias prohibidas. “Dentro de esta ley se encuentra el artículo 15, en el cual se habla exclusivamente de la hoja de coca: ‘la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes’”.

En lo relativo a Irán, el trabajo de Chulver y Sanez destaca que este país “ha ofrecido a Bolivia la transferencia de nanotecnología para el desarrollo industrial. En el ámbito de la hoja de coca, se comprometió a enviar una comisión de alto nivel para hacer un diagnóstico con el objetivo de mejorar el sistema de salud pública y a realizar una investigación científica sobre las cualidades de la hoja de coca”.

Finalmente, en cuanto a España y Holanda, la investigación detalla que en España, en 2016, hubo una “oleada de medios de comunicación que anunciaban la consolidación de mercados de productos derivados de la hoja de coca”. Se trata, remarca, de un mercado que “además de abarcar el consumo de la población migrante boliviana, que hasta 2016 era de 89.115 residentes, también tiene población colombiana, peruana, española y catalana”.

Finalmente, en referencia a Holanda, el libro cuenta: “Si vemos el resto de Europa, podemos tomar el ejemplo de la bebida llamada Coca Blue, que se comercializa bastante y está elaborada con coca peruana, publicitada como coca boliviana. La botella tiene un valor de 240 euros. La exportación [de hoja de coca] es formalizada y acompañada con resguardo policial hasta Holanda, donde se produce la descocainización de la planta, para después ser transportada hasta Irlanda, donde se produce el licor”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Encuestas, pocas sorpresas

La historia electoral es el relato de la pelea entre el MAS y sus oposiciones

La candidata Eva Copa

Por Iván Bustillos

/ 3 de marzo de 2021 / 12:35

el punto sobre la i

Como todo, la votación también se explica por su historia, sus regularidades, a la vez que sus quiebres. En la presente entrega, Animal Político le ofrece tres registros del pasado electoral: uno, el primero y segundo en las elecciones de gobernador en 2010 y 2015; dos, el primero y segundo de las municipales en esos mismos años en las capitales de departamento más El Alto; y, tres, el primero y segundo en las circunscripciones uninominales de las tres capitales del eje en las nacionales de 2014, 2019 y 2020.

Si bien las encuestas (como las que se presentan estos días) sobre la intención de voto son el recurso más usado para prever la distribución del poder en los departamentos, regiones y municipios, lo ideal para tener una mejor idea de dichas cifras sin duda es relacionarlas con los resultados obtenidos en el pasado.

Así, por ejemplo, si bien en la elección de gobernador en Santa Cruz para muchos es inédito el liderazgo (y las cifras) que está alcanzando Luis Fernando Camacho de Creemos, que en la última encuesta de Ciesmori (presentada el jueves 25) llegó a 57,4% (porcentaje sobre los votos válidos), como se ve en la gráfica 1, lo logrado por el exdirigente cívico solo hace confirmar la tendencia de las elecciones de 2010 y 2015: el mayoritario voto opositor al MAS en el departamento. Es más, el 57% obtenido en la encuesta todavía no alcanza el máximo histórico logrado por Demócratas en 2015, cuando Rubén Costas ganó con 59,44%.

Es La Paz la relativa sorpresa: mientras en 2015, Félix Patzi, bajo el ala de Sol.bo conseguía el respetable 50% opositor al MAS, para las elecciones del 7 de marzo, sin rival fuerte el MAS apenas logra 23,3%, con un cuasiempate con los Quispe (Santos y Rafael). Donde no hay sorpresa, en la pelea por la gobernación, es en Cochabamba, donde el candidato del MAS, Humberto Sánchez, que con 34% de la intención de voto está lejos del segundo (Súmate), aunque el masista está a la mitad de lo conseguido por sus antecesores (Edmundo Novillo e Iván Canelas), que ganaron con sobre el 60% del voto.

O el caso de la pelea por la Alcaldía de La Paz entre Iván Arias (Somos Pueblo) y César Dockweiler (MAS). Una vez que Negro Arias está por el 59,7% de intención de voto (sobre los válidos) en la última encuesta de Ciesmori, la cifra de nuevo solo confirma la tendencia antimasista que viene desde los tiempos del Movimiento Sin Miedo (MSM), cuando en 2010 este partido se alzó con la victoria con 48,5% del voto, mejorando ostensiblemente en 2015, con 58,09%.

Pero también se ven quiebres. Si el histórico del MAS en las elecciones municipales en La Paz estuvo sobre 34%, casi llegando a 40% en 2015 (ver gráfica 2), en la última encuesta de Ciesmori su intención de voto bajó a 28,6%: si alguien dijo que ésta puede ser la peor participación del MAS en la elección edil paceña, no está lejos de acertar.

Se ven quiebres. El más espectacular sin duda es el que tal vez ocurra en El Alto. De confirmarse el abrumador triunfo de Eva Copa bajo el ala de Jallalla (nada menos con el 87,6%, según la última encuesta de Ciesmori), aparentemente estaría confirmando la tendencia iniciada por Soledad Chapetón, oposición al MAS que en la elecciones de 2015 ganó la Alcaldía con 54,49%. En verdad, no se sabe si Eva Copa hubiera tenido la misma supremacía si iba como candidata por el MAS, pero, en vista del repunte masista en la elección de 2020 en las cuatro circunscripciones alteñas, acaso 2021 iba a ser el año del triunfal retorno del MAS al poder en la Alcaldía de El Alto, y con mayoría aplastante en el Concejo. Pero acaso, también, la gran expectativa por Copa y su 88% solo esté ratificando el peculiar antimasismo alteño empezado por Chapetón.

Una cosa es cierta en El Alto, sin embargo: de confirmarse el apoyo de menos de 8% al candidato del MAS, Zacarías  Maquera, en vista a lo logrado en 2015 (32,34%), la próxima elección municipal puede ser la mayor derrota masista en El Alto.

En el caso de la pugna por la Alcaldía de Cochabamba, al cierre de la presente entrega, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitía la resolución de inhabilitar a Manfred Reyes Villa, candidato favorito según las encuestas: no demostró documentadamente que haya pagado una antigua deuda que tenía con el Estado. Con todo, el más del 50% de Reyes Villa en las encuestas de nuevo ratificaba el antecedente de 2015, cuando José María Leyes (Demócratas) logró un contundente 56,49%.

Pero las cifras que se reúnen en esta ocasión también pueden servir para ubicar mejor las tendencias; si bien la gráfica 3 se refiere a las circunscripciones de voto por los diputados uninominales, de alguna manera aquí se muestra la tendencia del electorado más territorializado.

Notar, por ejemplo, cómo las cuatro circunscripciones alteñas impajaritablemente han sido masistas a lo largo de tres elecciones. Incluso en los comicios fallidos de 2019, en los que acaso haya que ver la elección del enojo generalizado con el MAS (se puede observar cómo en todos los casos baja su votación con respecto a 2014), en El Alto, aún con dicho bajón masista, conserva la mayoría, siendo su peor desempeño en la circunscripción 11 (Villa Dolores, Santiago II, Villa Adela), cuando su predominio bajó a 40,76%.

Y, a contramano de lo dicho en el párrafo anterior, sobre todo en las circunscripciones alteñas, es notable la reconciliación, el repunte, del voto por el MAS en 2020: de 52 a 76% en la C10, de 41 a 62% en la C11, de 60 a 84% en la C12, y de 60 a 81% en la C13; un repunte en promedio de 22 puntos porcentuales.

En paralelo, la gráfica también permite ver cómo el mejor momento de las oposiciones en El Alto fue precisamente 2019, cuando alcanzaron hasta el 30% de la preferencia electoral en la C11. Cierto, en los comicios de 2020 en esta circunscripción el desempeño opositor sube a 32%, pero en el resto hay una baja significativa de caudal electoral.

En Cochabamba, si bien es significativo el repunte de la votación por el MAS en 2020 en tres de sus cuatro circunscripciones, no deja de llamar la atención el bajo desempeño que le augura la encuesta de Ciesmori al candidato a alcalde Nelson Cox, que apenas llega al 18%. Otra vez, como pasa en El Alto y La Paz, en la Llajta el MAS va en camino de su peor desempeño, aunque falta ver qué pasará con la inhabilitación de Reyes Villa.

El caso cruceño es especial. En al menos dos de sus ocho circunscripciones el MAS no está entre los dos más altos votados. A tono con lo que pasaba con el MAS en La Paz, El Alto y Cochabamba en 2020, cuando se puede hablar de una reconciliación del partido con su mlitancia (pues en todos los casos aumentó su votación), exactamente lo mismo pasa con las oposiciones al MAS en Santa Cruz: subidas de lo alcanzado en 2019 hacia 2020 verdaderamente espectaculares: de 37 a 71% en la C44, de 46 a 77% en la C45, de 38 a 57% en la C46, 32 a 67% (¡más del doble!) en la C47; o aquel terrible tránsito en la C48 (Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil), donde si el MAS ganó en 2019 con 36,97%, en 2020 el primero fue Creemos, con 46,38%. 

2019 también es cuando más el MAS está fuera de los dos primeros. Y si en las elecciones de 2014, el MAS anunciaba una creciente “toma cruceña” (ya había ganado en tres de las ocho circunscripciones, en la 48, 49 y 50), en 2019 vino el bajón: además de salir de la disputa por estar entre los dos primeros en cinco de ocho circunscripciones, solo gana en dos (en la 48 y 49) pero con porcentajes menores (mayorías débiles).

Lo llamativo viene luego, sin embargo: si bien hay una evidente recuperación del MAS en seis de las ocho circunscripciones, logrando ganar en una (la 49), es significativo el asentamiento y acaso principio de hegemonía de Creemos: el triunfo abrumador en siete de las ocho circunscripiciones.

Abrumador también, como lo hizo notar la exdiputada Betty Tejada al analizar la última encuesta de Ciesmori: cómo Demócratas, el partido que hegemonizó el eje oriental del país (buena parte de la Media Luna) durante casi 15 años, sencillamente está desapareciendo del mapa electoral.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Las redes, la nueva vigilancia

Exhibirse en la red es existir. Hemos donado nuestros íntimos datos de vida a los creadores de las redes

/ 3 de marzo de 2021 / 12:28

Sala de prensa

Un niño de unos cuatro años, que vestía una polera negra con estampa de Spider-Man, pasó horas echado en el asiento del bus con la mirada firme en el celular, cuyo brillo era el único en el interior del bus. Ni la oscuridad, ni el frío y menos el traqueteo le impidió digitar al dispositivo mientras su madre y otro menor dormían cubiertos con frazadas. Él erguía sus labios como si derribara a cada obstáculo a gran velocidad, y a momentos rozaba con las manos su peinado mohicano, dando a entender que su aplicativo favorito le derrotó. Percibí que combatía como el mayor héroe en el mundo del juego. Antes de partir de viaje, él y su madre revelaban los millares de megas que disponían. La afición de aquel menor me causó asombro.

En comunidades campesinas, con serpenteados ríos y montañas, los rurales solo alcanzan a mensajear en las redes sociales y se abstienen a hacer llamadas de audio y video, por las interferencias de la señal 3G. Allí, observé a los labradores inseparables de sus móviles. Con ingenio ojeaban, incluso mientras hundían al arado con una mano, mensajeaban mientras cosechaban la vid trepados en los árboles, deslizaban sus pantallas entretanto sostenían el plato de comida en sus faenas agrarias.

Estaban familiarizados con el Facebook.  Publicaban fotografías de su entorno. Daban un “me gusta” a sus favoritos, artistas, actores, líderes, marcas deportivas, lugares turísticos y a todo el inmenso atractivo que la red ofrecía pese al lento flujo de internet. Algunos identificaron un punto en los cerros para captar mejor señal. ¡Vaya!, al parecer se transformaron en talentosos adictos.

Hasta hace poco, las autoridades originarias recorrían, antes del alba, casa por casa notificando a los vecinos para asistir a sus reuniones. Ahora, solo recurren a las redes. Los adultos mayores, que desconocían el uso de móviles, también contaban con sus perfiles en la red: lo administraban los nietos. Los adolescentes ejercían libertades para “wasapear” y “feisbuquear” como si fuera un derecho universalizado.

Mi colega de posgrado, en São Paulo, solía publicar cada detalle de su rutina en el Facebook. Fotografiaba a su grupo de aula para resaltar dónde y con quiénes se encontraba. Compartía su localización online estando en lugares atractivos. Mencionaba a los presentes si confraternizaba en un bar. Citaba la marca de las bebidas que consumían. Destacaba el nombre del local difundiendo fotografías, pulsando símbolos prefijados de emoción, apetencia, felicidad, satisfacción y otros afectos. En tiempo real, sus contactos le escribían comentarios de elogio sobre sus publicaciones. Aquella vez, Facebook ya facilitaba teclear nombres con precisión, ofreciendo por anticipado (el nombre) mientras digitábamos dos caracteres.

Exhibirse en la red significa existir. Cuando observé en São Paulo a miles de transeúntes desconocidos, de hecho, imposibles de verlos de nuevo, me convencí de que tenía sentido publicar en Facebook: aparecer online los convertía en personas vivas, admiradas, apreciadas y recordadas en medio del anonimato descomunal de la metrópolis.

Sin presión alguna, hemos optado por donar nuestros íntimos datos de vida, sin darnos cuenta de su magnitud, a los creadores de Facebook, Google, Twitter y otras redes sociales como ingenuos fanáticos. Estos señores de la revolución digital saben qué hacemos, quiénes son nuestros amigos, qué páginas visitamos, dónde estamos y estuvimos, con quién hablamos. Según la filósofa Carissa Véliz, incluso antes que saltemos de la cama para apagar el despertador del celular, un montón de organizaciones ya saben a qué hora nos levantaremos, dónde dormimos y con quién. También, cuando despertemos y cojamos el celular, conocerán más sobre nuestra privacidad. Así deducirán, como clarividentes, sobre nuestro estado de ánimo para mostrarnos qué nos interesa ajustado a nuestra personalidad. De este modo, influyen, deciden y juguetean con nuestros sentimientos y sobre todo, nos vigilan. También esos datos lo venden para publicidad en fabulosos negocios. En 2016, Facebook percibió por contratos de publicidad diecisiete dólares por cada cuenta y en poco tiempo llegará a 3.000 millones de usuarios en el mundo, según las estimaciones de Lanier Jaron, investigador norteamericano.

Además, tienen la llave del poder. En Bolivia, las falsas noticias y los memes con incendiarias leyendas racistas se expanden con rapidez cuyos impulsores consiguen polarizarnos: el golpe de 2019 ha sido promovido y aplaudido en las redes. ¿Cuánto más nos sorprenderán los dueños de las redes sociales?

(*) Wilbert Villca L. es sociólogo

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Desafíos del movimiento indígena

El MAS y las organizaciones deben entender, dice el autor, la ‘nueva, otra, etapa’ que hoy se vive

/ 3 de marzo de 2021 / 12:26

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La recuperación de la democracia el pasado año tuvo como principales protagonistas a los de abajo, a los subalternos, a los indígenas. Esta recuperación heroica marca el inicio de una nueva etapa en el proceso de cambio. Recordemos que en 2006 se dieron dos medidas históricas: la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio de la Asamblea Constituyente. Estas medidas nos permitieron sentar soberanía sobre nuestros recursos hidrocarburíferos y posibilitar el nacimiento del Estado Plurinacional. Los movimientos indígenas, de las ciudades y del campo, lucharon por la nacionalización, seguros de que ésta beneficiará —como efectivamente sucedió— a todos los bolivianos. También lucharon por una Asamblea Constituyente para construir un nuevo Estado, sin privilegios coloniales.

El golpe de Estado que se produjo en 2019 no solo tuvo el objetivo de derrocar a Evo Morales, apuntó también a privatizar el país y excluir a los indígenas de las definiciones estatales. Es decir, los golpistas buscaron imponer nuevamente las privatizaciones, desmantelando al Estado Plurinacional. Sin embargo, el pueblo boliviano, afrontando las adversidades y la violencia golpista, retomó el camino del proceso de cambio, dando lugar así a una nueva etapa.

Esta nueva fase debe ser pensada con seriedad desde los distintos niveles del gobierno y de las organizaciones sociales para poder seguir avanzando en las transformaciones sociales del país y en la consolidación del Estado Plurinacional. En ese sentido, es necesario plantear algunos temas centrales en el papel de los movimientos indígenas, tanto dentro como fuera de nuestro gobierno.

1) No al triunfalismo ni bajar la guardia. Los grupos fascistas-racistas fueron derrotados contundentemente en las elecciones de 2020, pero no podemos caer en el triunfalismo. Los núcleos de esos grupos siguen operando y pueden “madrugarnos” nuevamente si bajamos la guardia. Nunca se debe subestimar a los rivales. Entonces, por más ridículos y torpes que parezcan, debemos tomarlos en serio. Hay que tener claro dónde operan, por medio de qué agentes, bajo qué pretextos, etc.

Siendo que los movimientos indígenas en su totalidad tienen alcance nacional y que el uso de las redes sociales ya es parte de nuestra cotidianidad, deben hacerse “escaneos” permanentes de lo que hacen quienes se propusieron enterrar al Estado Plurinacional, generando y compartiendo información. En cualquier lucha no podemos confiar ciegamente en nuestras propias fuerzas y habilidades, también debemos estudiar al enemigo de manera muy detenida, a tal punto que podamos anticiparnos a sus movimientos.

2) Fortalecer el papel de los movimientos sociales en el gobierno. Vimos cómo las distintas organizaciones sociales que construyeron el proceso de cambio fueron marginadas y combatidas por el gobierno de facto. Estas organizaciones, desde sus distintos niveles, desarrollaron “movimientos subterráneos” para combatir a la dictadura, y su capacidad de articulación de lo local a lo regional, e incluso a lo nacional, son pues la fuerza de nuestro núcleo, nuestra base social.

Los representantes de estas organizaciones están en distintos espacios del gobierno y su papel no debe reducirse a lo testimonial. Deben ser agentes que articulen los mecanismos democráticos de sus organizaciones con la gestión estatal. Si bien esto puede chocar con los ritmos de la gestión pública, no se trata de si algo va a ser más rápido o más lento, porque lo fundamental es la transformación que esa articulación implica en el mismo Estado. Al mismo tiempo, esto permite mantener una relación fluida con la base social que da sentido al gobierno.

3) Lucha ideológico-cultural. Hay un vacío o hace falta refrescar los discursos y símbolos de nuestro proceso. Se trata de actualizar nuestros discursos para interpelar las aspiraciones y los deseos de la mayoría de los bolivianos. Para ello hay que tener los pies sobre la tierra, hay que estar atentos a lo que se dice en el mercado, en el minibús, en la feria, etc. Pero también hay que promover un movimiento intenso de ideas, las que deben expresarse en los lenguajes contemporáneos, los lenguajes de las redes sociales. Hay que ofrecer un horizonte donde las aspiraciones transformadoras de las personas pueden ser realizadas, al mismo tiempo de debatir sobre las formas para alcanzarlo.

No quiero decir que los puntos mencionados arriba sean los únicos, hay otros temas que también deben ser tomados en cuenta, pero creo que es necesario ir apuntándolos para trabajar sobre ellos. Además, las elecciones subnacionales nos darán un nuevo panorama político, el que debe ser considerado fríamente para ir trazando las tareas políticas que debemos encarar en esta nueva etapa.

(*) Freddy Mamani L. es profesor, presidente de la Cámara de Diputados

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021-F y 18-O legitimidades superpuestas

Reflexión acerca de la legitimidad de dos hitos en la historia democrática del país

/ 3 de marzo de 2021 / 12:21

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Controlar el poder, de forma temporal o desmedida, es una de las mayores discusiones que la ciencia política, inacabadamente, aborda en la intención explicativa de encontrar respuestas a comportamientos y conductas siempre fuertemente personalizadas.

En la mirada de Foucault, el poder es algo más que la mera estructura jurídica y legal, es el ejercicio realizado mediante diversos procedimientos de dominación. Esto lo llevó a afirmar que son relaciones de poder complejas y diversas “organizadas en una especie de figura global; podríamos decir que es la dominación de la clase burguesa o de algunos de sus elementos sobre el cuerpo social. Pero no me parece que sean la clase burguesa o tales o cuales de sus elementos los que imponen el conjunto de esas relaciones de poder. Digamos que esa clase las aprovecha, las utiliza, las modifica, trata de intensificar algunas de esas relaciones de poder o, al contrario, de atenuar algunas otras; hay un entrelazamiento de las relaciones de poder que, en suma, hace posible la dominación de una clase social sobre otra, de un grupo sobre otro”. A esto, Salvador Giner lo define como “la capacidad que poseen individuos o grupos de afectar, según su voluntad, la conducta de otros individuos, grupos o colectividades”. El poder puede dimanar de un sindicato ilegal o de una organización corporativa cuyas conductas fácticas obligan al gobierno a realizar concesiones más allá de que él monopolice legalmente todos los factores de poder. El poder, en sociedades diversas y modernas, tiene infinitas vertientes desde donde ejerce su dominio. La cuestión medular es su legitimidad, el reconocimiento de su autoridad cuando hablamos del poder otorgado por voluntad popular en sociedades que definen su forma de gobierno y al depositario del poder temporal. Aquí, los comicios electorales son por supuesto, de trascendental importancia.

Jean-Jacques Rousseau escribía, con notable acierto en el Contrato Social, que las asambleas —espacios de representación y deliberación— tienen por fin sostener el pacto social, y que en ellas debe establecerse un ejercicio permanente de comicios, que cada determinado tiempo debe preguntársele a la sociedad que se pronuncie sobre si es deseo del soberano conservar la presente forma de gobierno y si el pueblo desea seguir encomendando la administración a los que actualmente se encargan de ello.

Impedir comicios programados en temporalidades establecidas es una de las metodologías buscadas para preservar el poder ininterrumpidamente. Evitar este desequilibrio en la esencia del pacto social que ordena las libertades e igualdades de quienes conforman el conjunto societal se alcanza con la regularidad inexcusable de los procesos de elección. Un hecho contrario a estos preceptos elementales, pero fundamentalísimos de la democracia, señala y evidencia vocaciones inciertas de convencimiento democrático. 

Hace una semana, la fecha y el día señalaban que habían transcurrido cinco años del 21-F. Una referencia emblemática y argumentativa sin igual para determinados sectores sociales y regionales del país. El enfrentamiento político causado por la evasión ante el mandato popular expresado en aquel referéndum se constituyó en la fuente decisoria que llevó a guionizar los preparativos para accionar una ruptura institucional. El precio de la desobediencia se consumó en el golpe de Estado consumado en secuencias sucesivas hasta desalojar al titular del Poder Ejecutivo.

Con la democracia interrumpida y los derechos únicamente en aparente vigencia, la legitimidad del poder instalado en plaza Murillo no dejaba de estar impugnada diariamente. El poder requiere siempre una justificación para su existencia. Obliga a construir bases de legitimidad para su ejercicio, y éstas solamente son posible de encontrar en la voluntad popular.

Después del 10 de noviembre de 2019 las legitimidades de los diversos poderes —legales y fácticos— se mostraron agotadas. La resolución del hecho histórico no tenía espacio para sostenerse en esquemas autoritarios. El punto máximo de mayor colisión política y social tuvo una doble caracterización: la de alguien que desobedeció el principio de legitimidad de la voluntad popular y la de alguien que utilizó la fuerza y la ruptura institucional por encima del principio de legitimidad de la voluntad popular. Ante un escenario de quiebre, de estado de excepción, de derechos suspendidos, los caminos eran menores. Una nueva voluntad popular era históricamente imprescindible.  

El 18-O se entiende como la construcción, desde el ejercicio institucional y pacífico del hecho electoral —ese mismo al que refiere Rousseau— de un nuevo ordenamiento de poder legitimado, que debía pronunciarse respecto de la cuestión de propiedad consensuada del poder. Un hecho ordenador de la voluntad popular y del poder mismo, de las legitimidades, legalidades y legitimaciones, rebalanceadas ellas en el ejercicio comicial e indispensable para advertir el estado de la circunstancia histórica de nuestra democracia y sus formas de gobierno y poder.

Para Habermas, la legitimidad contiene “la pretensión de un orden político que es reconocido como justo y correcto”. Un orden legítimo es la respuesta de una sociedad que traduce en voluntad popular su mandato. Una acción pacífica e institucional. El 18-O marca el establecimiento de un nuevo orden político, de distribución y entrega de poder legítimo sobre el cual se debe construir sociedad y Estado gestionando inexcusablemente las demandas colectivas.

Los sectores asociados a conductas y ejes discursivos rupturistas que conformaron el poder no constitucional sustitutivo no construyeron un orden político, solo conformaron una circunstancia política extra/constitucional. Los órdenes políticos pueden ganar y perder legitimidad, las circunstancias políticas extra/constitucionales están carentes de legitimidad y legalidad, por ello se instalan con un final previsible de condenas y desprecio popular.

Se reconocen gobiernos como legítimos aquellos que expresan un mandato mayoritario de la voluntad popular constituida a través de los electores, con obediencia basada en razones de validez escrutada y legal. La democracia formal, en palabras de Claus Offe, se legitima con la participación de todos en los procesos de decisiones del Estado. Ahí, la partidocracia conservadora de Bolivia, retenida en el tiempo por una ansiedad únicamente electoral, no modela un proyecto alternativo viable en su legitimidad y referencias democráticas. Ausentes de institucionalidad y con obsesión electoral, solo las posibilidades de auspiciar la ingobernabilidad les abre alguna puerta hacia el poder, pero un poder des-legitimado, distante de la construcción de nuevos paradigmas de sociedades justas e inclusivas.

Discursivamente aún perviven los intentos de hacer del 21-F el eje de su acción argumentaria. Metodológicamente, encuentran en la ruptura institucional de noviembre de 2019 su mayor gesta política. Apuntan a ella como forma de retomar el poder aún a sabiendas que el 18-O superpuso una legitimidad nueva y mayor, expresada en la voluntad popular que determinó, históricamente, la legitimidad de las proporcionalidades del poder político.

(*) Jorge Richter es politólogo, actual Vocero presidencial

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La incomodidad de las encuestas

Las encuestas, en últimas, son solo una herramienta de conocimiento; el problema está en a quién favorece

Por Iván Bustillos

/ 24 de febrero de 2021 / 12:45

Puede que la situación cambie en las dos semanas que restan hasta el 7 de marzo, día de los comicios subnacionales, pero hasta el cierre de la presente entrega, apenas una solitaria encuestadora, Ciesmori, había difundido dos rondas de intención de voto en vista a las próximas elecciones. Solo una, cuando en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), están registradas 24 “entidades habilitadas para la elaboración de estudios de opinión en materia electoral”, 13 inscritas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 11 en los tribunales electorales departamentales de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Tarija y Santa Cruz. 

A esta peculiar ausencia de encuestas preelectorales, en la semana que termina se le sumó una infrecuente andanada de cuestionamientos por parte especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Empezó el expresidente Evo Morales que, en una entrevista con Radio Kawsachun Coca el domingo 14, reiteró su incredulidad sobre las encuestas; dio a entender que, por lo general, en el pasado siempre hubo un menosprecio por el MAS.

El comentario de Morales ocurrió luego de que hace dos semanas se conociera la segunda encuesta de intención de voto de Ciesmori para la red televisiva Unitel. En el estudio, que da cuenta de la preferencia electoral en los tres departamentos del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), en ninguna de las capitales de departamento más El Alto el MAS logra la victoria.

En lo relativo a las gobernaciones, en cambio, de los tres departamentos, en dos, en La Paz y Cochabamba, los candidatos del MAS (Franklin Flores y Humberto Sánchez, respectivamente) logran la primera mayoría, aunque insuficiente para conseguir la victoria en primera vuelta.

Evo directamente acusó a las encuestadoras de “instalar en 2020 la idea de una inevitable segunda vuelta” entre Luis Arce y Carlos Mesa, estableciendo unas estrecha victoria del primero sobre el segundo; lo cual último es cierto: dos semanas antes del día de la elección (18 de octubre de 2020), la distancia que Ciesmori preveía entre Arce y Mesa era de 7,9 puntos porcentuales; la otra encuestadora, el consorcio Tu Voto Cuenta, establecía dicha cifra en 6,8%.  

AUDITORÍAS

En la línea de Morales, el miércoles 17 el concejal masista del municipio de La Paz Mario Condori presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de una doble “auditoría” a Ciesmori: una “especial” a encuestas realizadas en 2020 antes de las elecciones generales del 18 de octubre; y, otra, a las dos encuestas efectuadas por la empresa recientemente en el departamento de La Paz, sobre la intención de voto para alcaldes y gobernadores. El concejal peticionante exigía, además, “toda la documentación” de las encuestas de Ciesmori, desde los recursos materiales que utilizó para las consultas hasta el personal con que trabajó.

A propósito de Ciesmori, pero esta vez ya como objetivo todas las encuestadoras, luego vino, el jueves 18, el anuncio del diputado del MAS, Renán Cabezas, que reveló que está trabajando en un proyecto de ley que busca regular la labor de las encuestadoras, para que no generen “desinformación”. “Hay encuestadoras que lo que hacen es desinformar a la población, jugar con los sentimientos, con las pasiones del electorado, principalmente con el elector indeciso. Aquello no puede seguir pasando”, aseveró el diputado alteño. 

Ya apuntando hacia el Órgano Electoral, el viernes 19, el diputado cochabambino, también masista, Héctor Arce Rodríguez directamente responsabilizó al ente electoral de no estar ejerciendo suficiente control sobre las encuestas “que ha mandado a realizar el Tribunal Supremo Electoral”. El mayor argumento para la sospecha de un mal proceder por parte de la encuestadora no es otro que la diferencia que hubo en las elecciones nacionales de octubre de 2020 entre lo que predijo, por ejemplo, Ciesmori sobre el porcentaje de la votación que alcanzaría Luis Arce y el resultado que finalmente se dio: antes de “las elecciones de 2020 Ciesmori le da a Luis Arce 30,6%, cuando como MAS obtuvimos 55,10%”, una diferencia de más de 25 puntos porcentuales. Una vez que antes de publicarse la encuesta es conocida por el TSE, para el diputado Arce el ente electoral no estaría cumpliendo con su deber de “evaluar” el resultado de las consultas, que por esto autorizaría sin más su difusión.

Ante los cuestionamientos al resultado de las encuestas y una supuesta falta de control por parte del órgano electoral, hace una semana salió al paso el presidente del TSE, Salvador Romero, quien dijo a los medios que tanto la metodología de las encuestadoras como el resultado de las consultas son supervisados por el ente electoral.

“Todas las encuestas que se difunden en medios de comunicación han pasado por un proceso de revisión de su metodología de trabajo y han tenido un proceso de aprobación técnica a cargo del Órgano Electoral, esta es una labor que se realiza para todas las encuestas que se difunden”, puntualizó el vocal Romero.

REGLAMENTO

En efecto, desde diciembre de 2020 está vigente el “Reglamento de elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral en procesos electorales”. Allí se establece, entre otras cosas, que hay tres tipos de “estudios de opinión”: las encuestas preelectorales, el recojo de datos  en boca de urna (que consiste en preguntarle al elector por quién votó), y el conteo rápido (la recolección de los conteos de voto, por lo general, la fotografía del acta electoral). En el reglamento también se establece la obligación que tiene la encuestadora de presentar al órgano electoral el diseño de la consulta, su metodología de trabajo. También es norma que el órgano electoral conoce el resultado de la consulta al menos dos días antes de su publicación, y que revisa y evalúa su consistencia.

Cuando algunos legisladores cuestionaban a Ciesmori, por ejemplo, de que su última encuesta (del 11 de febrero) tenía el margen de error de 6,78% en la encuesta departamental, el Reglamento establece (artículo 14, Diseño muestral) que el “nivel de confianza y error máximo aceptable” a nivel de departamento es de 10%; cuando la encuesta es de ámbito nacional, ese máximo de error es de 3%.

Aparte de la encuesta preelectoral presencial, el Reglamento también admite las encuestas telefónicas y las “por internet de telefonía móvil”, existiendo todo un catálogo de sus mínimos técnicos.  

Ahora, si hay algo que cuestionan los legisladores masistas de las recientes encuestas son las grandes diferencias que establecen, evidentemente, perfilando dos o tres “ganadores” y un resto de “ninguna posibilidad”.

“Estas  encuestas están induciendo al voto, están generando duda en la población, y hoy vemos, estas últimas encuestas, en las que a algunos candidatos se les da victorias abrumadoras sobre otros; ejemplo, el caso de Cochabamba, creo que le da más del 60% a Manfred Reyes Villa (candidato a la Alcaldía)”, cuestiona, por ejemplo, el diputado Arce Rodríguez la última consulta de Ciesmori.

En realidad, se trata de 52,8% para Reyes Villa,  contra 12,8% del candidato del MAS, Nelson Cox: 40 puntos porcentuales de distancia. Las mismas grandes diferencias hay entre el 76,1% de Eva Copa contra el 6,6% de Zacarías Maquera del MAS, que pugnan por la Alcaldía de El Alto; o la distancia entre Iván Arias, de Somos Pueblo, que tras la renuncia de Waldo Albarracín, literalmente trepó a 42,4% contra el “favorito” César Dockweiler, del MAS, que se quedó con 23,7% de la preferencia de voto.

No es muy diferente (las considerables distancias) entre los candidatos a gobernadores, por lo menos de los departamentos del eje, siendo la más notoria la de Santa Cruz, de Luis Fernando Camacho, de Creemos, con 42,2%, contra Mario Cronenbold que llega a 28%; o la enorme distancia que hay en el caso de Cochabamba, donde el candidato del MAS, Humberto Sánchez, tiene 39,7% contra nada menos que 5,8% de Súmate (Manfred Reyes Villa). Solo en La Paz, hay una intención de voto más homogénea: hay más o menos tres candidaturas con posibilidades, Franklin Mamani, del MAS, con 21,3%; Santos Quispe (Jallalla), con 18,4%; y Rafael Quispe (Somos Pueblo) que tiene 14,9%.

Sumándose a otros candidatos, el aspirante a asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Édgar Ramos Andrade, apunta a que lo que preocupa de estas encuestas en particular es el “acelerado descarte” de candidatos, predisponiendo el voto.

En el programa de La Razón y Extra, Piedra, papel y tinta por internet del miércoles 17, tres expertos coincidieron en que se debe tener cautela y cuidado con las encuestas difundidas de cara a las elecciones subnacionales del 7 de marzo, porque los resultados pueden variar por distintas circunstancias, según afirmaron.

Según resumió este impreso, el economista Armando Ortuño, advirtió que si bien cree en las encuestas, porque permiten dar una idea a cerca del “juego político” que existe por detrás, en ciertas condiciones se debe ser “muy prudente” y leer con cuidado los resultados debido a las condiciones en que fueron hechas y a los márgenes de error que se manejan.

“Los márgenes de error son incluso más grandes que los márgenes de error de las encuestas de las elecciones presidenciales (de octubre de 2020), en promedio hablamos de márgenes de error entre 5% y 6%… y esto quiere decir que si un candidato tiene 20% su valor real está entre 14% y 15%, ¿se imaginan esos márgenes de error?”, cuestionó Ortuño en el programa dirigido por la directora de La Razón, Claudia Benavente. 

Verónica Rocha, analista, por su parte, sostuvo que la relación entre encuestas, campañas, resultados y opinión pública plantean “varios escenarios mediáticos” por lo que resulta complicado tratar de hacer “adivinanza” sobre resultados, y ver si inciden o no en la ciudadanía porque se habla de “muchísimos electorados distintos que están participando”.

“Las encuestas otorgan algunos datos que a reserva de que uno diga no lo creo o lo creo, sí generan sensaciones distintas, sean éstas de miedo, de preocupación, de finalmente tomar una decisión; y hay unas bolsas grandes como pasó en (las elecciones) de 2020 de gente que decía que votará nulo o no sabía por quién votar, son bolsas grandes, es decir, hay muchos resultados que pueden cambiar”, advirtió la comunicadora.

ESTUDIO

Y, finalmente, un tanto en defensa de las encuestas, vertimos algunos criterios emitidos por Hugo Gálvez, gerente de Investigación y Estudios de Opinión de Ciesmori, a través del sitio web de la empresa.

El reclamo, por ejemplo, de que las encuestas no debieran ser parte del discurso de campaña de los contendientes, pues solo son una herramienta que, bien utilizada, debería ayudar a realizar ajustes entre lo que la población espera y lo que los candidatos ofrecen. Textual, dice Gálvez: “Las encuestas electorales no son y no deberían ser presentadas a la población como si fuera una “carrera de caballos” donde lo único que se aprecia es quién gana y por cuánta distancia. En cambio, debería ser utilizada en todo su potencial, como lo hacen los estrategas de campaña entendidos en la materia; quienes consideran que el objetivo de éstas es el conocer qué necesita, qué espera la población votante de sus futuros gobernantes”.

Y, algo central que plantea el experto en estudios de opinión: las encuestas no predicen, pero sí influyen. Si bien existen algoritmos estadísticos que tienen la finalidad de predecir los resultados electorales —destaca la publicación por web de Ciesmori— “estos requieren de gran cantidad de información y datos históricos (varias encuestas consecutivas); lo que demanda una fuerte inversión de recursos económicos. Pero con todo, sí es posible construir probables escenarios finales, considerando determinados supuestos respecto a la cantidad de datos con los que no se cuenta en lo que refiere a preferencia electoral”. 

En palabras del experto de Ciesmori Gálvez: “A partir de una encuesta no es posible predecir los resultados de una elección.  Las encuestas preelectorales son estudios de tipo transeccional, vale decir que se obtiene información en un determinado intervalo de tiempo y, normalmente varios días antes de las elecciones, donde hay todavía un considerable número de personas que no tienen definido su voto y otro tanto que no se niega a responder (voto secreto)”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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