El punto sobre la i
En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro, además, vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca, al menos hoy, es esencialmente política. Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.
La hoja de coca, desde 1961, año en que se establece la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, fue parte de polémica política: una vez que en dicha Convención expresamente se dice (artículo 49, inciso 2e) que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (el plazo del cuarto de siglo feneció en 1989), en septiembre de 1975, el gobierno de facto presidido por Hugo Banzer Suárez se adhirió a la Convención sin presentar reserva alguna a la misma. Y es que el menosprecio estatal por la coca viene de antes, del propio gobierno de la Revolución Nacional, pues fue en la propia Convención, en marzo de 1961, cuando Bolivia (bajo el gobierno de Paz Estenssoro) fue signataria de la misma (conteniendo su artículo anti-acullico).
Es a este carácter político a que el 11 de enero reciente se refirió el vicepresidente Choquehuanca al afirmar que “en 1961 hemos permitido que la hoja de coca entre a la Lista 1 de plantas prohibidas [Lista 1, sustancias consideradas “muy adictivas o de probable uso indebido”]”.
Por eso, al año siguiente de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2007, recordó Choquehuanca, “se empezó a trabajar para que la hoja y la cultura se respeten, que la comunidad acepte el acullico y nuestra cultura, y es así que se establece una ley que respeta el acullico”.
Bolivia, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, en junio de 2011, comunicó oficialmente que denunciaba (se retiraba de) la Convención de 1961; ello para que el 1 de enero de 2012 pida nuevamente su readmisión, pero esta vez con la reserva de que rechaza los artículos del documento que condenan al acullico como “una forma de cocainismo y adicción”, como diría a este suplemento en una entrevista pasada el politólogo neerlandés Martin Jelsma.
Bolivia logró reingresar a la Convención, armada de su reserva, solo un año después, el 1 de enero de 2013. A su retorno se habían opuesto solo 15 de 183 países, número que no alcanzó el tercio de Estados miembros necesario para vetar a un país.
Así, desde esa fecha, el acullico y otros usos lícitos de la hoja de coca son reconocidos como legales en el territorio nacional.
En la presentación del referido libro, Choquehuanca, en su peculiar estilo, habló de poner en agenda en lo inmediato el objetivo de exportar hoja de coca: “Bolivia debe encarar el reto de hacer conocer al mundo las propiedades alimenticias, medicinales y ancestrales de la Hoja Sagrada”, aseveró en su discurso.
Pero he aquí de nuevo la prevención de los estudiosos: hablar de la exportación de coca en primer lugar es superar el práctico veto que todavía pesa sobre la hoja en su estado natural; una tarea entre estudios científicos y acciones políticas en la diplomacia boliviana.
De aquí que la investigadora Chulver enfatice que para promover la exportación se puede acudir a dos acciones: uno, “solicitar la desclasificación o reclasificación de la hoja de coca, ya que está dentro de una de las listas más duras” de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas; y, dos, la posibilidad de celebrar lo que se llaman “acuerdos inter se (entre sí, en latín)” entre dos países para asuntos de exclusivo interés mutuo.
En lo primero, pedir que la hoja de coca sea sacada de la drástica Lista 1, Chulver insiste en que “la idea de la reclasificación tampoco es una locura porque es algo que se ha discutido en Viena (Austria) el año pasado”, por eso ve importante “llevar este debate a esferas diplomáticas”.
En declaraciones a este suplemento, a fines de 2019, el politólogo Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en el tema, advertía que acaso éste sea el camino más largo, pues implica toda una revisión de investigación y literatura científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su debate.
En cuanto a los acuerdos inter se, también Jelsma (en el libro de Chulver) recuerda la vigencia de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo que dice que “dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.
Y, esto precisamente (la posibilidad de acuerdos bilaterales que incluso modifiquen un tratado mayor en contra), destaca Chulver, es lo que se está explorando con el cannabis (marihuana) “entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos”. De la misma manera, aterriza todo esto Chulver, “para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter seentre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”.
La potencialidad de los mercados bilaterales, destaca el estudio de Chulver y Sanez, por ahora contempla al menos seis países posibles importadores de coca: Ecuador, México, Argentina, Irán, España y Holanda.
En el caso de Ecuador, ya en noviembre de 2018 hubo la intención de la exportación de derivados de coca, mediante un acuerdo bilateral; lamentablemente no llegó a concretarse.
Sobre México, los autores informan que “este país ha manifestado explícitamente al Estado boliviano su interés en desarrollar conocimiento e investigación científica de las propiedades medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca desde 2017, lo que reafirmó en diciembre de 2018”.
En cuanto a Argentina, acaso el mayor mercado exterior de la hoja de coca boliviana, Chulver destaca la Ley Nacional 23.737, vigente desde 1989, que establece procedimientos específicos para la extracción, manipulación, importación y fabricación de sustancias prohibidas. “Dentro de esta ley se encuentra el artículo 15, en el cual se habla exclusivamente de la hoja de coca: ‘la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes’”.
En lo relativo a Irán, el trabajo de Chulver y Sanez destaca que este país “ha ofrecido a Bolivia la transferencia de nanotecnología para el desarrollo industrial. En el ámbito de la hoja de coca, se comprometió a enviar una comisión de alto nivel para hacer un diagnóstico con el objetivo de mejorar el sistema de salud pública y a realizar una investigación científica sobre las cualidades de la hoja de coca”.
Finalmente, en cuanto a España y Holanda, la investigación detalla que en España, en 2016, hubo una “oleada de medios de comunicación que anunciaban la consolidación de mercados de productos derivados de la hoja de coca”. Se trata, remarca, de un mercado que “además de abarcar el consumo de la población migrante boliviana, que hasta 2016 era de 89.115 residentes, también tiene población colombiana, peruana, española y catalana”.
Finalmente, en referencia a Holanda, el libro cuenta: “Si vemos el resto de Europa, podemos tomar el ejemplo de la bebida llamada Coca Blue, que se comercializa bastante y está elaborada con coca peruana, publicitada como coca boliviana. La botella tiene un valor de 240 euros. La exportación [de hoja de coca] es formalizada y acompañada con resguardo policial hasta Holanda, donde se produce la descocainización de la planta, para después ser transportada hasta Irlanda, donde se produce el licor”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón