sábado 21 may 2022 | Actualizado a 13:45

‘Ipso facto’ en 2019

La respuesta del exvicepresidente Álvaro García Linera a la Iglesia Católica sobre su rol en la salida de Evo Morales del gobierno.

/ 28 de marzo de 2021 / 16:35

DIBUJO LIBRE

Ipso facto, ahorrando formalismos”. Esas son las palabras con que monseñor Ricardo Centellas, en un comunicado del 19 de marzo de 2021, a nombre de la Conferencia Episcopal Boliviana, confesó el “método” que se usó el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe de Estado contra Evo Morales. La frase es simple y brutal a la hora de entender por qué una segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, de un partido minoritario, con un largo prontuario de posiciones racistas ante la mayoritaria población indígena, sería investida con la banda presidencial en un oscuro cuarto del viejo Palacio de Gobierno y por un general en traje de combate.

Los “formalismos” escamoteados a los que se refiere despectivamente el monseñor son los de la Constitución, madre de todo el ordenamiento normativo del país, que en su Artículo 169 establece, de manera innegociable, que en democracia y para garantizarla, el orden de sucesión presidencial recae exclusivamente del Presidente al Vicepresidente; a falta de éste, en el presidente de la Cámara de Senadores; y a falta de éste en el presidente de la Cámara de Diputados. Es una estructura de mando constitucional cerrada, sin ninguna interpretación o ambigüedad, precisamente para garantizar la representación numérica del voto mayoritario de la población en la elección de sus principales autoridades.

No es un “formalismo” más, con el cual puede limpiarse la nariz como lo hace la jerarquía católica, a no ser que se esté ante una conjura violenta contra el ordenamiento democrático del país. La lógica de la Asamblea Constituyente de 2008, al redactar este párrafo fue que el mando del país, ante cualquier eventualidad, siempre recaiga en autoridades portadoras del voto mayoritario de los electores, a fin de impedir el pervertido manejo político de décadas anteriores en que las minorías políticas, los perdedores ante el veredicto del apoyo popular, aparezcan gobernando, como hizo, por ejemplo, el MIR en 1989. Así, a la organización política que obtenga la mayoría del apoyo electoral, le corresponderá directamente la Presidencia y Vicepresidencia del Estado; a la que tenga mayor número de senadores elegidos por departamento, la presidencia del Senado, y a la que obtenga mayor número de diputados por circunscripción uninominal y plurinominal, la presidencia de Diputados. Y cuando tenga que proceder la sucesión constitucional, el mando democrático siempre recaerá obligatoriamente en la fuerza política con mayor votación y representantes en uno de los tres niveles de la jerarquía estatal. De ahí que, “ahorrarse” ese “formalismo”, era simplemente asesinar la democracia.

Esta lógica del ordenamiento normativo que garantiza el gobierno democrático de las mayorías a través de sus representantes nacionales y territoriales electos continúa en el Reglamento del Senado, que en su Artículo 35 establece que su presidencia y primera vicepresidencia corresponden al bloque de mayorías, al que obtuvo mayor número de senadores; en tanto que la segunda vicepresidencia, el lugar que ocupaba Áñez, al bloque de minorías. Así, en el marco de la Constitución y la democracia era metafísicamente imposible que la segunda vicepresidenta del Senado, lugar de las minorías, pueda ocupar el lugar de las mayorías, esto es, la presidencia del Senado. A no ser, claro, que de por medio estén la espada y la biblia para “ahorrar formalismos”, es decir, dar un golpe de Estado. Por si no fuera suficiente esta integralidad del orden jerárquico del Estado asentado en la lógica de gobierno de mayorías, el Artículo 75 del citado reglamento señala que para convocar a una sesión de la Cámara, el quórum obligatorio para instalarla es el de la mayoría absoluta de sus miembros, 19 senadores de un total de 36. Los opositores apenas tenían 11 (nueve UD y dos PDC), por lo que no importaba cuántas invocaciones se hicieran al cielo, era imposible convertir 11 senadores en los 19 que la Cámara necesitaba para sesionar. Y si sesionaba, la única ruta democrática y constitucional que había era elegir a un nuevo o nueva presidenta del Senado del bloque de mayorías, en este caso del MAS, que tenía 25 senadores, para que luego, inmediatamente, asuma la Presidencia del Estado. Pero esto significaba echar por la borda el financiamiento de paramilitares que quemaron órganos electorales departamentales, olvidarse de los jugosos sobornos empresariales a los comandantes de las FFAA y la Policía, desoír los inmorales rezos en la puerta de los cuarteles y atragantarse los relatos de fraude con que los opositores, tras la caída en las encuestas en enero de 2019, habían encubierto su insuperable condición de minorías derrotadas.

“Pero para qué tanta Constitución, democracia, leyes y lógica de mayorías”, exclamó alguno de los conjurados de la “católica” ese fatídico 12 de noviembre. Allí estaban Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros.  Y a falta de inteligencia y convicción democrática sobraba odio racial y revanchismo violento. Así que “ipso facto, ahorrando formalismos” según el monseñor, 11 senadores opositores ahora serán más que 19, y las minorías serán declaradas, Dios mediante, “mayorías” gracias al poder de las armas y los rezos emperifollados.

Ciertamente este “milagro” no resiste la prueba de consistencia aritmética de los sumerios ni mucho menos tiene un átomo de democrático o constitucional. Pero así sucedió: sobre el poder de las bayonetas, Áñez, que por voto popular y norma constitucional solo podía leer la correspondencia de la Cámara, ahora entraba por la ventana al Palacio de Gobierno para recibir una espuria banda presidencial y ser escoltada por una cofradía de uniformados desleales a su institución y a la democracia. Los que nunca pudieron ganar elecciones nacionales ahora eran gobierno; los eternos derrotados por el voto popular ahora ganaban parapetados detrás de tanquetas. Al día siguiente, “ipso facto, ahorrando formalismos”, el odio y el racismo se enseñoreaban para cobrar venganza de unos indios alzados que se habían atrevido a ser gobierno. A falta del indio presidente para ser linchado, se quemaban wiphalas en La Paz y Santa Cruz, y en Cochabamba los nietos de los hacendados se encargaban de expulsar cholas de la ciudad. Se iniciaba el año infame.

Pero, hay que ser justos; el método “ipso facto” no es un invento enjundioso de monseñor. Ya lo empleó Torquemada en 1485 para deshacerse de conversos y de bibliotecas “peligrosas”. La economía de “formalismos” políticos la practicó también con notable eficiencia Fray Vicente, doctrinero de Pizarro, que a decir de Guamán Poma, en su magistral Nueva corónica y buen gobierno, dio la señal para que las tropas españolas, “ipso facto”, se lanzaran a “matar indios como hormigas” en Cajamarca, en 1532; todo porque supuestamente “estaban en contra de la fe” católica.

“Ipso facto, ahorrando formalismos” fue también el ideario que guió a Hitler para instaurar campos de exterminio que, con métodos “expeditos” y sin ataduras legales, mataron a más de 12 millones de judíos y comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.

En fin, este desprecio por los “formalismos” de la democracia, la dignidad de la vida, de la tolerancia y el respeto a la voluntad de las mayorías sociales, es propio del fanatismo ideológico, el racismo político y el fascismo. Pero, aún queda pendiente la pregunta sobre por qué una jerarquía de una institución religiosa tan importante avaló una brutal violación de la democracia y la lógica constitución de mayorías, cuando muchos de sus párrocos de base, que sí comparten el dolor del feligrés, han luchado por la democracia y la igualdad. Y quizá la respuesta la tenga otro monseñor que fue delegado a la Constituyente, como los viejos cruzados de Urbano II en el siglo XI, para hacer retroceder a los constituyentes “impíos” que querían separar la Iglesia del Estado. La laicidad del Estado al final les pareció una afrenta tan diabólica como aquella implementada por el Mariscal Antonio José de Sucre al expropiar los bienes de la Iglesia. “Si para ustedes es patria o muerte —señaló ahora el monseñor—, para nosotros es Iglesia o muerte”. Y ciertamente lo fue. El 14 de noviembre, “ipso facto, economizando formalismos”, la biblia de Fray Vicente entraba a Palacio con su estela de muerte de indios y de democracia por igual.

(*) Edición impresa, Animal Político

(**) Álvaro García Linera es matemático y sociólogo, exvicepresidente

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La segunda oleada progresista latinoamericana

La que desde 2019 acumula victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y revueltas sociales en Chile y Colombia.

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:23

DIBUJO LIBRE

El mundo está atravesando una transición político-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy luce cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown [confinamiento] de 2020 ha erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite, Green New Deal [Nuevo Acuerdo Verde], proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc. son las nuevas ideas fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980. Aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y, mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia al espíritu social.

América Latina se adelantó en más de una década a estas búsquedas mundiales. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a una “primera oleada” de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que lograron tasas de crecimiento económico de 3 a 5 %, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0,54 a 0,48, en la escala de Gini, y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población, lo que inclinó en favor del trabajo la balanza del poder social. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esa primera oleada progresista, que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro, y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

SEGUNDA OLEADA. La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo modificó la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no cambió la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las “clases medias”, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de “ingresos medios”, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., transformaron no solo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darles sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantearse nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente éste tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado. Solo un revanchismo enfurecido de un “libre marcado” crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista, que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el “fin del ciclo progresista”. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas. Y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que, por su sola presencia, habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido; no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como la gran constructora de reformas. Ciertamente el “gran encierro” mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma, en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo, que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden.

Sin embargo, la ausencia de “relación carismática” de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma. Aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional- popular.

En tercer lugar, el nuevo progresismo ya forma parte del sistema de partidos de gobierno en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar al viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, cuando objetivamente pudo enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al “sistema tradicional”. Lo que ahora se propone es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que le lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista; y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas, que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se consideran culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los “populistas igualados”; los “indígenas y cholos con poder”; las mujeres “soliviantadas”, los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y antiigualitarismo convertidos en valores públicos.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media

Y, finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no solo las consecuencias sociales del “gran encierro” planetario que en 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.

Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente, ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever, un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones. Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario, con clases medias rezando por “orden” a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos. Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausente, sin lo cual es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.

(*) Fragmentos del discurso pronunciado por el autor en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, al recibir el título de Doctor Honoris Causa; 5 de noviembre de 2021.

 (*)Álvaro García L. es matemático, con estudios en sociología (*)

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Tiempo histórico liminal

Época liminal: cuando la historia deambula como un zombi y se avecina un nuevo y anhelado tiempo histórico

/ 13 de enero de 2021 / 14:48

El espíritu de la época. Recuperando a Goethe Marx llegó a referirse al “espíritu de la época” como el ambiente de expectativas que caracterizaba a la sociedad en un momento histórico. Por lo general, las personas, las clases sociales y los pueblos viven sus luchas diarias, sus decisiones cotidianas, orientadas por un horizonte de esperanzas que dan direccionalidad y convergencia a sus múltiples acciones. Se trata de creencias por lo general inalcanzables en su totalidad, pero que, en su cumplimiento parcial, superficial o tangencial, refuerzan su validación como expectativa creíble.

La emancipación, la liberación nacional, la revolución o la democracia, en unos casos; o el libre mercado, “el fin de la historia” y la globalización en las últimas décadas fueron unos de esos tantos nombres que asumió el “espíritu de la época”. Pero resulta que ahora, con múltiples crisis coetáneas, el horizonte predictivo del mundo se ha derrumbado. Ni las élites dominantes planetariamente, ni las clases sociales subalternas, ni los conglomerados empresariales, ni los filósofos, ni los gobiernos pueden imaginar convincentemente lo que les depara a las sociedades en el mediano y largo plazo.

El Estado actual del mundo. Las crisis siempre han sido parte de la regularidad de la modernidad capitalista.

Pero hay momentos en que las crisis son de tal envergadura estructural que provocan un estupor generalizado que desmonta el optimismo histórico de las aristocracias planetarias. Hoy estamos atravesando eso. Se ha producido una sobreposición abigarrada y anudada de múltiples crisis.

Por una parte, la crisis médica. Al momento de escribir esto, ya se contabilizan 1.600.000 muertos por el COVID-19; 69 millones de afectados; una segunda ola de contagios en los países del norte a pesar del anuncio de los inicios de la aplicación de varias vacunas inmunizadoras. La silenciosa desazón que corroe la confianza histórica radica en que, pese a los grandes adelantos tecnológicos, a la euforia de la inteligencia artificial, a la nanotecnología y los planes de colonización de otros planetas, no se ha podido aplicar un método más eficaz contra un virus que el arcaico aislamiento de las poblaciones. Y por si no estuviéramos experimentado con suficiente dramatismo esta catástrofe humana, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad, vinculada a las Naciones Unidas, informa que existen más de 850.000 virus aún no descubiertos en mamíferos y aves, que podrían tener la capacidad de infectar a las personas en cualquier momento.

A ello se suma la crisis ambiental. La ONU anuncia que la temperatura promedio del planeta se ha incrementado en 1,1 grados centígrados por encima de la existente en la era preindustrial, dando lugar a una época de creciente calentamiento global provocado por la acción humana, de consecuencias desastrosas para todas las formas de vida del planeta.

Simultáneamente, estamos ante dos crisis económicas superpuestas: una de carácter estructural y la otra inmediata. En este último caso, la OCDE anticipa una caída del PIB mundial del -4.4%; para América Latina del -8%; para EEUU del -4,3% y para la zona euro de -8.3%. Ello está llevando a que la extrema pobreza aumente en nuevos 115 a 150 millones de personas hasta el año 2021. Según la OIT, al segundo trimestre del 2020 se hubieran perdido en horas de trabajo, un equivalente a 495 millones de empleos de tiempo completo.

Y, además, claramente estamos ante el inicio de la fase descendente de la ola globalizadora iniciada en 1980. La crisis financiera de 2008 con las hipotecas subprime fue ya el primer campanazo respecto a la ralentización del expansionismo privatizador. Los gobiernos de las potencias capitalistas tuvieron que “nacionalizar” bancos y empresas privadas, para transferirles recursos públicos y contener una quiebra escalonada de compañías. Poco tiempo después, el brío comercial que durante los años 1990-2012 crecía a una tasa dos veces mayor que el propio PIB mundial cayó a  la tasa promedio o menor al PIB, para finalmente desplomarse a un -10% en 2020. De la misma manera, los flujos transfronterizos de capital, emblema de la globalización financiera, cuyo crecimiento había pasado de 5% en 1989 a 20% en 2007 respecto al PIB mundial, desde 2012 apenas se sostiene en torno a 5%. Y en medio de este declive, las potencias económicas comienzan a divergir de los caminos a emprender hacia el futuro: Inglaterra se separa de la Unión Europea para atrincherarse en su isla; la Unión Europea, que se aferra al libre comercio cuando se habla de exportaciones, se escuda en una nacionalismo seguritario cuando se trata de importar tecnología 5 G de China; Estados Unidos inicia una escalada de premios y sanciones a sus empresas a fin de repatriar algunas de sus inversiones en el mundo, chantajea a Tik Tok a “nacionalizarse” , desata una guerra comercial con China, maltrata a los alemanes y le dice al mundo que ante los problemas comunes, “América primero”. El proteccionismo está de regreso. No es que ya no habrá más globalización, ésta seguirá en muchos ámbitos materiales, pero tendrá que negociarse su presencia y alcance con un ascendente proteccionismo estatal. Pero lo que sí ha colapsado es el relato, el imaginario de la globalización como destino final, deseado e insuperable de la humanidad.

Estupor y cansancio hegemónico. Que The Economist, la biblia por fascículos de los neoliberales contemporáneos, haya titulado en su tapa de mayo del 2020 “Goodbye globalisation” no solo refleja una histeria ante el “lockdown”que ha paralizado la economía mundial durante meses, sino la profundidad del desfallecimiento de la narrativa dominante de las últimas décadas. Esta fragmentación del horizonte dominante visible en los hechos fácticos tuvo su estocada final en la narrativa lanzada por el FMI en su último informe, de octubre de 2020, cuando tiene que abdicar de todo el discurso anterior, impuesto durante décadas a fuego y chantaje sobre el mundo de países subalternos, para abrazar ahora un dejo de proteccionismo “progresista” que añade más confusión a una época sin destino. Así, el “libre comercio”, “menos impuestos a las empresas”, “cero déficits fiscales”, “rechazo al populismo redistributivo” repetido machaconamente durante años y años, ahora ha dado paso a la recomendación de instituir “impuestos a las propiedades más costosas, las ganancias de capital y los patrimonios”, además de asegurar “tributación internacional a la economía digital”, un inmediato “incremento de la inversión pública” y un “apoyo prolongado a los ingresos de los trabajadores desplazados”.

El “gran consenso neoliberal” dominante de los últimos 40 años comienza a derrumbarse. Es una nueva “muerte de los dioses” que deja un sentimiento de desolación y abandono. Y en medio de los restos desfallecientes de estas estatuas fetichizadas, la democracia está también amenazada de ser arrastrada por el cataclismo cognitivo. Claro, hasta hace poco el “gran consenso” tuvo la virtud de unir libre mercado con democracia representativa, lo que aseguró no solo una convergencia estratégica entre elites dominantes, sino además una legitimidad popular a unas medidas inevitablemente antipopulares. Pero ahora que el “libre mercado” eclipsa ante unas elites dominantes divergentes en cuanto a cómo afrontar la incertidumbre, se ha desatado una intensa pugna entre ellas, unas más globalistas, otras más proteccionistas, unas más libertaristas, otras más progresistas e igualitaristas, todas con posibilidades de acceder al poder de Estado, incluidas con aquellos sectores populares que quieren democratizar la propiedad y la riqueza, núcleo sagrado e intocable del consenso neoliberal. Y entonces, para los neoliberales fosilizados o conservadores neoproteccionistas, la democracia no solo ha devenido ahora en un estorbo, sino en un peligro, pues en una ampliación plebeya de sus significados, anuncia incorporar la propiedad, la riqueza y el poder en el espacio de la querella pública.

Época liminal ¿Cómo caracterizar este tiempo histórico tan confuso? Precisamente por la muerte de los espacios de expectativas colectivas de mediano y largo plazo. Es una época sin consensos activos, que no sean las hilachas heredadas de la inercia de pasadas glorias y acuerdos. Marx hablaba de un “espíritu de época sin espíritu”, en tanto que el antropólogo V. Turner propuso el concepto de liminalidad para dar cuenta de esos singulares momentos de vaciamiento de sentido del destino de las personas. Llamaremos entonces época liminal a estos momentos en que las sociedades entran en un umbral histórico, a un pórtico que separa un tiempo histórico cansado, meramente inercial, que deambula como un zombi, y un nuevo tiempo histórico que aún no llega, que tampoco se anuncia, que no se sabe cómo será, pero que todos esperan que algún rato llegue.

El tiempo liminal supone que el viejo horizonte predictivo con el que las personas organizaban, real e imaginariamente, la orientación de sus vidas a mediano plazo, ha colapsado, se ha extinguido. Por tanto, la incertidumbre táctica en medio de una clara certidumbre estratégica, tan propia de la volatilidad diaria de la modernidad, ahora ha sido sustituida por una certidumbre táctica de que no hay ninguna certidumbre estratégica.

Al paralizarse el horizonte predictivo, no hay un mañana, no hay un destino al cual aferrarse para sortear la previsible aleatoriedad táctica de las cosas del mundo. Y al no haber un mañana, entonces tampoco hay un tiempo histórico, entendido como una sucesión encadenada de eventos que nos acercan a un destino compartido. Estamos ante un tiempo histórico suspendido en el que los vertiginosos acontecimientos se suceden no como suma acumulativa dirigida a una meta, sino que son eventos caóticos, sin sentido ni vocación.

Al no haber dirección del mundo, lugar hacia dónde ir, el tiempo ha perdido su intencionalidad colectiva compartida. Y entonces no hay flecha del tiempo social. Lo único que se vive ahora es la experiencia de un tiempo suspendido en el que, pese a la vorágine de los acontecimientos, éstos suceden como si tardaran una eternidad, como si nunca dejaran de pasar, todos entremezclados. Si en las épocas revolucionarias el tiempo se comprime y lo que sucede en décadas se agolpa en semanas, en la época liminal el tiempo se dilata, como si nunca avanzara. Es la experiencia subjetiva del fin de una época sin sustitución sensible.

Ahora, la liminalidad supone también la vivencia de una igualación perpleja de las subjetividades. Claro, como las autoridades planetarias portadoras del poder simbólico para enunciar el destino social con efecto performativo están paralizadas ante la crisis, se sienten fracasadas ante los acontecimientos y se hallan ahogadas en contradicciones ante los riesgos inmediatos, entonces nadie monopoliza el poder simbólico de crear horizontes predictivos cautivantes de las expectativas colectivas planetarias. Y si no hay monopolio de las enunciaciones performativas de horizontes sociales, significa que estamos en medio de una democratización o igualación social de oportunidades de enunciación creíbles de futuro. Es como si todos los relatos posibles de porvenir tuvieran condiciones de irradiación relativamente parecidas, es decir, democráticamente escasas por el estupor y escepticismo predominantes en el aparato cognitivo de la sociedad. Sin embargo, el derrumbe de las viejas certidumbres sigue promoviendo la porosidad del sentido común predominante, la fisura de los esquemas lógicos, procedimentales y morales con los que las personas, especialmente las clases subalternas, se adecúan al orden social. Y es que, al fin y al cabo, la incertidumbre estratégica no puede ser perpetua, las personas, tarde o temprano, necesitan aferrarse a algo que les devuelva la dirección, real o imaginada, del tiempo histórico.

Estamos en un momento de excepcionalidad del curso histórico en el que el futuro social se muestra tal como es de manera descarada: contingente y aleatorio. Se inicia con ello el tiempo de una dolorosa apertura cognitiva de la sociedad, un proceso de compleja revocatoria de creencias, de modificación de las relaciones de dominación. Y en medio de todo esto, las propuestas de nuevos horizontes predictivos, que se han incubado a lo largo de décadas o que emergen recientemente en el seno de las clases plebeyas, tienen la probabilidad extraordinaria de ponerse a prueba ante la emergente disponibilidad social a adoptar nuevos esquemas cognitivos. En definitiva, la ausencia de horizonte dirigente es el inicio patético de uno nuevo.

(*) Una versión preliminar de este escrito fue leída al momento de recibir el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, el 14 de diciembre de 2020.

(**) Álvaro García Linera Exvicepresidente del Estado Plurinacional

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Las clases medias en disputa

La autoridad analiza las reacciones y comentarios que ha generado su primer artículo sobre esta misma temática.

/ 21 de febrero de 2018 / 04:00

La publicación de nuestro ensayo “La asonada de las clases medias decadentes”, en el suplemento Animal Político, ha generado un extenso y sano debate que muestra hasta qué punto los conceptos sobre las clases medias son tanto un espacio de disputa como de intencionalidad performativa (Austin).

Una parte de los críticos conservadores han preferido eludir el debate conceptual o estadístico y han optado por esconder sus limitaciones intelectuales refugiándose en el expediente del agravio. En vez de proponer una manera distinta de conceptualizar las clases medias, o sus procesos de movilidad y sus discursos organizadores, han reclamado el que se les diga que son “decadentes”. Usamos esa palabra no como adjetivo descalificador, sino como categoría que describe un proceso objetivo de crecimiento demográfico de la clase media y, por tanto, de devaluación inevitable de los antiguos bienes patrimoniales, culturales o simbólicos, monopolizados por las antiguas clases medias. Son 2,2 millones de nuevos integrantes de clase media, en términos de relaciones laborales, o tres millones en términos de capacidad de consumo en apenas una década, que hablan de una saludable y necesaria ampliación de la clase media boliviana que convierte el clásico triángulo social de décadas atrás, con el que se representaba a las jerarquías sociales, en un rombo, tal como lo describe el periodista Yuri Flores.

Pero, este proceso de democratización de la riqueza, eso es, en el fondo, el significado del surgimiento de una nueva clase media, lleva, inexorablemente, a que los antiguos ocupantes de ese segmento social ahora tengan que compartir el espacio social con otros sectores advenedizos que, con su sola presencia, devalúan, por su masificación, los antiguos reconocimientos, jerarquías, privilegios y espacios que ocupaban (cines, colegios, universidades, urbanizaciones, lugares de recreación, entre otros). Y si la clase media tradicional no despliega estrategias para reconquistar la “exclusividad” de esos o nuevos recursos, bienes, posiciones y reconocimientos de clase media, está claro que tenderá a descender socialmente, es decir, a ubicarse como decadente. Se trata de un proceso objetivo de desclasamiento y reenclasamiento social, y nadie, con un poco de inteligencia, debería enojarse por ello.

En este bloque de agravios, no puedo dejar de mencionar el extravío histórico de Carlos Mesa al considerar que la “clase media” fuera la “depositaria” de los valores democráticos, dejando entender que el resto de las clases populares fueran antidemocráticas y autoritarias. Se trata, ciertamente, de un apego espontáneo a lo aristotélico del “justo medio” como depositario de las virtudes del “buen gobierno” que no solo reproduce el viejo prejuicio señorial sobre la “incivilidad” de las clases populares, sino que también borra injustamente la evidencia histórica de que quienes conquistaron la democracia en Bolivia siempre han sido las clases trabajadoras, y que la profundización de esa democracia solo es posible mediante más participación de esas clases trabajadoras a las que pareciera aborrecer.

Un segundo grupo de artículos han polemizado aspectos interesantes que hay que rescatar. Unos han observado las características de mi definición de clase media. A quienes observan por la importancia que asigno a la relación de propiedad económica, decirles que eso permite precisamente separar a obreros y trabajadores calificados que, pertenecientes a la clase obrera, debido al aumento de sus niveles de ingresos en la última década, son confundidos con “clase media”. Y a aquellos que han desempolvado el viejo manual de economía política de Nikitin para exigir una lectura exclusivamente economicista del concepto de clases, simplemente decirles que la sociología moderna y las más sofisticadas corrientes marxistas han enriquecido notablemente el concepto relacional de “clases sociales”, han incorporado otros “bienes” y tipos de “propiedades” en la estructuración estadística de una clase social, como los bienes culturales, los bienes educativos, los bienes simbólicos, los bienes organizativos, e incluso, en sociedades poscoloniales, los bienes “étnicos”. Ya el propio Marx, recomendó tomar en cuenta en el estudio de las clases sociales la lucha por la “distinción” en “los modos de vida, sus intereses y su cultura”.

Sin embargo, quiero detenerme en dos lúcidas reflexiones. La primera de Gustavo Luna que señala que en los últimos dos años ha habido una ralentización en el crecimiento de la economía (de 5,5% a 4%), de la inversión pública y del consumo de los hogares. Estas tres variables han crecido, y han sido las más altas del continente; pero han crecido a una tasa menor, entre un 20 a un 30%, que en años anteriores. Es decir que habría un dato objetivo en la economía que hubiera impactado en las subjetividades sociales. El incremento del consumo, la expansión de contrataciones, consultorías, emprendimientos personales que tenían una tasa de crecimiento elevada y habían generado expectativas y apuestas hacia futuro, en términos de inversión, estudios y empleo, se han visto obstaculizadas parcialmente en los dos últimos años, creando las condiciones de un malestar social urbano de clase media que logró ser canalizado por construcciones discursivas conservadoras y convocatorias corporativas como la de los médicos.

En todo caso, si esta hipótesis fuera cierta, la recuperación económica mundial de 2017, el incremento en más del 30% del precio del petróleo en los últimos meses y el efecto irradiante de las inversiones industriales, tanto públicas como privadas ya en marcha, dinamizarán nuevamente este año, 2018, el “segundo motor” de la economía boliviana, el sector externo, con lo que habrá de superarse a corto plazo este elemento objetivo de malestar. Todo dependerá ahora de la capacidad de construcción discursiva y simbólica con la que actúen el partido de gobierno y la oposición para significar, subjetivar y politizar estos cambios materiales.

Un segundo aporte notable viene de parte de Manuel Canelas y Amaru Villanueva quienes, por separado, observan que las clases medias tienden a satisfacer sus nuevas demandas ya no en el Estado, sino en el mercado. Es una idea interesante en tanto te exige comprender que el mediador “visible” de la clase media con sus nuevas expectativas de estatus social (Weber) ya no es directamente el Estado y sus instituciones, sino el “mercado”, los bancos, las empresas privadas, los emprendimientos personales, y demás. Sin embargo, tampoco se puede caer en la ilusión liberal de que el “mercado” es un ente al margen de las personas, los grupos, los intereses y del propio Estado. ¿Quién fija las tasas de interés bancario para la vivienda del profesional o la iniciativa productiva de los nuevos emprendedores? El Estado. ¿Quién dinamiza determinadas ramas de la economía o prioriza la demanda de ciertas profesiones en la que el joven profesional puede hallar más oportunidades de empleo? El Estado. Y en una sociedad donde el Estado controla el 60% de la inversión y el 40% de la economía, el Estado atraviesa directamente la suerte y las oportunidades del conjunto de la sociedad y, en especial, de las clases medias. Por ello, lo que ha ampliado la clase media en Bolivia en esta última década no es el “mercado”, sino el Estado, y su manera de influir o de ampliar el mercado. No hay que olvidar que el Estado se desempeña en realidad como un “Banco Central” (Bourdieu) que acumula, regula, distribuye, valora y devalúa los distintos capitales, bienes, propiedades y prestigios que acumulan todas las clases sociales. Que esto no haya podido ser “visibilizado” como un relato orgánico en el sentido común (Gramsci) de la nueva clase media habla más de una incomprensión gubernamental de los alcances de su propia obra que de una autonomía real de las clases medias respecto a la dinámica estatal.

En todo caso, lo importante de todo ello es que al lado de la antigua clase media se ha instalado una nueva clase media de origen popular, que ha satisfecho sus necesidades básicas como el acceso a agua, alcantarillado, asfaltado de calles, gas, transporte, educación, vivienda propia y que ahora se lanza a la búsqueda de otros servicios como la calidad en la atención de salud, bienes de consumo selectos, esparcimiento, viajes, entre otros.

Estamos, por tanto, ante la búsqueda de bienes que ya no están vinculados a la circunscripción territorial del hogar, la comunidad y la fábrica, que eran los lugares de la militancia sindical, de la junta de vecinos o la comunidad campesina. Es decir, estamos ante sujetos en proceso o plenamente desindicalizados y desterritorializados lo que significa que son portadores de otra concepción del mundo, del orden lógico e instrumental de las cosas.

Claro, el orden sindical boliviano en cierta medida fue una fuerza productiva de la escasez; y más que una pertenencia organizativa es una manera de ser en el mundo, de acceder a derechos, de conseguir reconocimiento social, de construir memoria colectiva, de remontar adversidades y de ubicación moral en las contingencias cotidianas. La subjetividad sindical ha construido el espíritu articulador de lo nacional-popular en los últimos cien años. Y ahora resulta que una tercera parte de la población se ha desindicalizado, se ha individuado abruptamente y con ello ha dado lugar a una nueva cultura de ubicación y de organización del mundo que tal vez ya no puede ser convocada por los antiguos códigos discursivos y que, de hecho, reclama la impronta de sus propios códigos en el espacio de los reconocimientos y articulaciones políticas.

De manera resumida, hay un importante sector social, las nuevas clases medias, que, proviniendo de las clases populares, ya no milita en ningún movimiento social territorial, pelea por una cultura de distinción y su modo de unificación política es una incógnita. Su procedencia popular, el que el padre o los parientes militen en un sindicato, junta de vecinos o gremio, sumado a que estos vínculos sindicales-comunales le permitan una interlocución instrumental más fluida con los mecanismos de contratación o inversión estatal, pueden hacer pensar que es sensible a la narrativa e interpelación sindical. Pero, a la vez, sus nuevas condiciones de vida, sus aspiraciones de reconocimiento y sus nuevas expectativas, parecidas a las de la clase media tradicional, la pueden llevar a inclinarse por la irradiación conservadora de la clase media descendente. Está claro, entonces, que la conformación de la identidad y filiación de las clases medias es hoy un espacio de intensas luchas y disputas políticas que habrá de dirimirse en los siguientes años.

Pero, además, hay un cambio tecnológico que está complejizando y acelerando el perfil e inclinaciones  sociales de las clases medias: el internet. Si bien es un soporte tecnológico de comunicación, como lo es la televisión, la radio o la imprenta, es el primer soporte adecuado a la individuación desterritorializada propia de las clases medias. El internet en el celular no solo afianza el rompimiento de los vínculos corporales propios del sindicalismo, la vecindad y el gremio; sino que también se apoya en la individualidad desterritorializada resultante, para brindarle herramientas de nuevas hermandades, de nuevas filiaciones sin anclaje territorial y virtuales. El Facebook o el WhatsApp son los lugares de construcción de las nuevas “comunidades” de afinidad temática en las cuales el usuario, en su soledad y con el solo movimiento de un dedo, puede comunicarse, dedicar tiempo y hallar espacios de reconocimiento, identidad y militancia. En cierta medida, el WhatsApp y las “redes sociales” son una suerte de atenuado y aséptico sindicalismo desterritorializado, pero con capacidad de producir “conocimientos”, sedimentar emociones y anclar certidumbres colectivas.

Su impacto político radica en que puede unir criterios y movilizar expectativas sin necesidad de reunir personas, incluso en el anonimato. Su límite deliberativo, y por tanto democrático, es que desde ese anonimato carente de responsabilidad pública o contraparte atenuante, es propenso a la manipulación para gatillar los temores, ignorancias y emociones más primitivas para alcanzar un objetivo político.

De hecho, aquí radica una de las principales lecciones de las luchas en torno al Nuevo Sistema del Código Penal. No basta tener la razón y la verdad racional sobre las cosas. Si no tienes de tu lado también las emociones, entonces, la mentira o la “verdad emotiva” es la que triunfa. Y el lugar más rápido, generalizado e irresponsable para producir vertiginosamente “posverdades”, falsedades emotivamente manipuladas para aparecer como verdades temporales o, si se prefiere, el desplome de la responsabilidad moral de contrastar los hechos, son precisamente las redes sociales, convertidas hoy en lugar de concurrencia privilegiada de las clases medias. Si en general el acortamiento de distancias entre los ingresos económicos de las clases populares respecto a las clases medias tradicionales tiende a producir un “pánico de estatus” (Lipset), acentuando el apego a ideologías ultraconservadoras y racistas, es probable que la profusión de absurdos emotivos (“te van a quitar tu casa”; “van a encarcelar a los que oran”; “van a subir los impuestos”; “van a permitir vender droga en los colegios”…) haya podido apoderarse tan rápidamente del imaginario de estas clases medias descendentes.  

En síntesis, estamos ante un rediseño de las identidades colectivas y el bloque nacional-popular que se construyó a lo largo de los últimos 15 años tiene, en la posibilidad de articular a estas nuevas clases medias, a sus códigos y narrativas, el reto de continuar siendo hegemónico.

  •  Álvaro García Linera es vicepresidente del Estado

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Las clases medias en disputa

La autoridad analiza las reacciones y comentarios que ha generado su primer artículo sobre esta misma temática.

/ 21 de febrero de 2018 / 04:00

La publicación de nuestro ensayo “La asonada de las clases medias decadentes”, en el suplemento Animal Político, ha generado un extenso y sano debate que muestra hasta qué punto los conceptos sobre las clases medias son tanto un espacio de disputa como de intencionalidad performativa (Austin).

Una parte de los críticos conservadores han preferido eludir el debate conceptual o estadístico y han optado por esconder sus limitaciones intelectuales refugiándose en el expediente del agravio. En vez de proponer una manera distinta de conceptualizar las clases medias, o sus procesos de movilidad y sus discursos organizadores, han reclamado el que se les diga que son “decadentes”. Usamos esa palabra no como adjetivo descalificador, sino como categoría que describe un proceso objetivo de crecimiento demográfico de la clase media y, por tanto, de devaluación inevitable de los antiguos bienes patrimoniales, culturales o simbólicos, monopolizados por las antiguas clases medias. Son 2,2 millones de nuevos integrantes de clase media, en términos de relaciones laborales, o tres millones en términos de capacidad de consumo en apenas una década, que hablan de una saludable y necesaria ampliación de la clase media boliviana que convierte el clásico triángulo social de décadas atrás, con el que se representaba a las jerarquías sociales, en un rombo, tal como lo describe el periodista Yuri Flores.

Pero, este proceso de democratización de la riqueza, eso es, en el fondo, el significado del surgimiento de una nueva clase media, lleva, inexorablemente, a que los antiguos ocupantes de ese segmento social ahora tengan que compartir el espacio social con otros sectores advenedizos que, con su sola presencia, devalúan, por su masificación, los antiguos reconocimientos, jerarquías, privilegios y espacios que ocupaban (cines, colegios, universidades, urbanizaciones, lugares de recreación, entre otros). Y si la clase media tradicional no despliega estrategias para reconquistar la “exclusividad” de esos o nuevos recursos, bienes, posiciones y reconocimientos de clase media, está claro que tenderá a descender socialmente, es decir, a ubicarse como decadente. Se trata de un proceso objetivo de desclasamiento y reenclasamiento social, y nadie, con un poco de inteligencia, debería enojarse por ello.

En este bloque de agravios, no puedo dejar de mencionar el extravío histórico de Carlos Mesa al considerar que la “clase media” fuera la “depositaria” de los valores democráticos, dejando entender que el resto de las clases populares fueran antidemocráticas y autoritarias. Se trata, ciertamente, de un apego espontáneo a lo aristotélico del “justo medio” como depositario de las virtudes del “buen gobierno” que no solo reproduce el viejo prejuicio señorial sobre la “incivilidad” de las clases populares, sino que también borra injustamente la evidencia histórica de que quienes conquistaron la democracia en Bolivia siempre han sido las clases trabajadoras, y que la profundización de esa democracia solo es posible mediante más participación de esas clases trabajadoras a las que pareciera aborrecer.

Un segundo grupo de artículos han polemizado aspectos interesantes que hay que rescatar. Unos han observado las características de mi definición de clase media. A quienes observan por la importancia que asigno a la relación de propiedad económica, decirles que eso permite precisamente separar a obreros y trabajadores calificados que, pertenecientes a la clase obrera, debido al aumento de sus niveles de ingresos en la última década, son confundidos con “clase media”. Y a aquellos que han desempolvado el viejo manual de economía política de Nikitin para exigir una lectura exclusivamente economicista del concepto de clases, simplemente decirles que la sociología moderna y las más sofisticadas corrientes marxistas han enriquecido notablemente el concepto relacional de “clases sociales”, han incorporado otros “bienes” y tipos de “propiedades” en la estructuración estadística de una clase social, como los bienes culturales, los bienes educativos, los bienes simbólicos, los bienes organizativos, e incluso, en sociedades poscoloniales, los bienes “étnicos”. Ya el propio Marx, recomendó tomar en cuenta en el estudio de las clases sociales la lucha por la “distinción” en “los modos de vida, sus intereses y su cultura”.

Sin embargo, quiero detenerme en dos lúcidas reflexiones. La primera de Gustavo Luna que señala que en los últimos dos años ha habido una ralentización en el crecimiento de la economía (de 5,5% a 4%), de la inversión pública y del consumo de los hogares. Estas tres variables han crecido, y han sido las más altas del continente; pero han crecido a una tasa menor, entre un 20 a un 30%, que en años anteriores. Es decir que habría un dato objetivo en la economía que hubiera impactado en las subjetividades sociales. El incremento del consumo, la expansión de contrataciones, consultorías, emprendimientos personales que tenían una tasa de crecimiento elevada y habían generado expectativas y apuestas hacia futuro, en términos de inversión, estudios y empleo, se han visto obstaculizadas parcialmente en los dos últimos años, creando las condiciones de un malestar social urbano de clase media que logró ser canalizado por construcciones discursivas conservadoras y convocatorias corporativas como la de los médicos.

En todo caso, si esta hipótesis fuera cierta, la recuperación económica mundial de 2017, el incremento en más del 30% del precio del petróleo en los últimos meses y el efecto irradiante de las inversiones industriales, tanto públicas como privadas ya en marcha, dinamizarán nuevamente este año, 2018, el “segundo motor” de la economía boliviana, el sector externo, con lo que habrá de superarse a corto plazo este elemento objetivo de malestar. Todo dependerá ahora de la capacidad de construcción discursiva y simbólica con la que actúen el partido de gobierno y la oposición para significar, subjetivar y politizar estos cambios materiales.

Un segundo aporte notable viene de parte de Manuel Canelas y Amaru Villanueva quienes, por separado, observan que las clases medias tienden a satisfacer sus nuevas demandas ya no en el Estado, sino en el mercado. Es una idea interesante en tanto te exige comprender que el mediador “visible” de la clase media con sus nuevas expectativas de estatus social (Weber) ya no es directamente el Estado y sus instituciones, sino el “mercado”, los bancos, las empresas privadas, los emprendimientos personales, y demás. Sin embargo, tampoco se puede caer en la ilusión liberal de que el “mercado” es un ente al margen de las personas, los grupos, los intereses y del propio Estado. ¿Quién fija las tasas de interés bancario para la vivienda del profesional o la iniciativa productiva de los nuevos emprendedores? El Estado. ¿Quién dinamiza determinadas ramas de la economía o prioriza la demanda de ciertas profesiones en la que el joven profesional puede hallar más oportunidades de empleo? El Estado. Y en una sociedad donde el Estado controla el 60% de la inversión y el 40% de la economía, el Estado atraviesa directamente la suerte y las oportunidades del conjunto de la sociedad y, en especial, de las clases medias. Por ello, lo que ha ampliado la clase media en Bolivia en esta última década no es el “mercado”, sino el Estado, y su manera de influir o de ampliar el mercado. No hay que olvidar que el Estado se desempeña en realidad como un “Banco Central” (Bourdieu) que acumula, regula, distribuye, valora y devalúa los distintos capitales, bienes, propiedades y prestigios que acumulan todas las clases sociales. Que esto no haya podido ser “visibilizado” como un relato orgánico en el sentido común (Gramsci) de la nueva clase media habla más de una incomprensión gubernamental de los alcances de su propia obra que de una autonomía real de las clases medias respecto a la dinámica estatal.

En todo caso, lo importante de todo ello es que al lado de la antigua clase media se ha instalado una nueva clase media de origen popular, que ha satisfecho sus necesidades básicas como el acceso a agua, alcantarillado, asfaltado de calles, gas, transporte, educación, vivienda propia y que ahora se lanza a la búsqueda de otros servicios como la calidad en la atención de salud, bienes de consumo selectos, esparcimiento, viajes, entre otros.

Estamos, por tanto, ante la búsqueda de bienes que ya no están vinculados a la circunscripción territorial del hogar, la comunidad y la fábrica, que eran los lugares de la militancia sindical, de la junta de vecinos o la comunidad campesina. Es decir, estamos ante sujetos en proceso o plenamente desindicalizados y desterritorializados lo que significa que son portadores de otra concepción del mundo, del orden lógico e instrumental de las cosas.

Claro, el orden sindical boliviano en cierta medida fue una fuerza productiva de la escasez; y más que una pertenencia organizativa es una manera de ser en el mundo, de acceder a derechos, de conseguir reconocimiento social, de construir memoria colectiva, de remontar adversidades y de ubicación moral en las contingencias cotidianas. La subjetividad sindical ha construido el espíritu articulador de lo nacional-popular en los últimos cien años. Y ahora resulta que una tercera parte de la población se ha desindicalizado, se ha individuado abruptamente y con ello ha dado lugar a una nueva cultura de ubicación y de organización del mundo que tal vez ya no puede ser convocada por los antiguos códigos discursivos y que, de hecho, reclama la impronta de sus propios códigos en el espacio de los reconocimientos y articulaciones políticas.

De manera resumida, hay un importante sector social, las nuevas clases medias, que, proviniendo de las clases populares, ya no milita en ningún movimiento social territorial, pelea por una cultura de distinción y su modo de unificación política es una incógnita. Su procedencia popular, el que el padre o los parientes militen en un sindicato, junta de vecinos o gremio, sumado a que estos vínculos sindicales-comunales le permitan una interlocución instrumental más fluida con los mecanismos de contratación o inversión estatal, pueden hacer pensar que es sensible a la narrativa e interpelación sindical. Pero, a la vez, sus nuevas condiciones de vida, sus aspiraciones de reconocimiento y sus nuevas expectativas, parecidas a las de la clase media tradicional, la pueden llevar a inclinarse por la irradiación conservadora de la clase media descendente. Está claro, entonces, que la conformación de la identidad y filiación de las clases medias es hoy un espacio de intensas luchas y disputas políticas que habrá de dirimirse en los siguientes años.

Pero, además, hay un cambio tecnológico que está complejizando y acelerando el perfil e inclinaciones  sociales de las clases medias: el internet. Si bien es un soporte tecnológico de comunicación, como lo es la televisión, la radio o la imprenta, es el primer soporte adecuado a la individuación desterritorializada propia de las clases medias. El internet en el celular no solo afianza el rompimiento de los vínculos corporales propios del sindicalismo, la vecindad y el gremio; sino que también se apoya en la individualidad desterritorializada resultante, para brindarle herramientas de nuevas hermandades, de nuevas filiaciones sin anclaje territorial y virtuales. El Facebook o el WhatsApp son los lugares de construcción de las nuevas “comunidades” de afinidad temática en las cuales el usuario, en su soledad y con el solo movimiento de un dedo, puede comunicarse, dedicar tiempo y hallar espacios de reconocimiento, identidad y militancia. En cierta medida, el WhatsApp y las “redes sociales” son una suerte de atenuado y aséptico sindicalismo desterritorializado, pero con capacidad de producir “conocimientos”, sedimentar emociones y anclar certidumbres colectivas.

Su impacto político radica en que puede unir criterios y movilizar expectativas sin necesidad de reunir personas, incluso en el anonimato. Su límite deliberativo, y por tanto democrático, es que desde ese anonimato carente de responsabilidad pública o contraparte atenuante, es propenso a la manipulación para gatillar los temores, ignorancias y emociones más primitivas para alcanzar un objetivo político.

De hecho, aquí radica una de las principales lecciones de las luchas en torno al Nuevo Sistema del Código Penal. No basta tener la razón y la verdad racional sobre las cosas. Si no tienes de tu lado también las emociones, entonces, la mentira o la “verdad emotiva” es la que triunfa. Y el lugar más rápido, generalizado e irresponsable para producir vertiginosamente “posverdades”, falsedades emotivamente manipuladas para aparecer como verdades temporales o, si se prefiere, el desplome de la responsabilidad moral de contrastar los hechos, son precisamente las redes sociales, convertidas hoy en lugar de concurrencia privilegiada de las clases medias. Si en general el acortamiento de distancias entre los ingresos económicos de las clases populares respecto a las clases medias tradicionales tiende a producir un “pánico de estatus” (Lipset), acentuando el apego a ideologías ultraconservadoras y racistas, es probable que la profusión de absurdos emotivos (“te van a quitar tu casa”; “van a encarcelar a los que oran”; “van a subir los impuestos”; “van a permitir vender droga en los colegios”…) haya podido apoderarse tan rápidamente del imaginario de estas clases medias descendentes.  

En síntesis, estamos ante un rediseño de las identidades colectivas y el bloque nacional-popular que se construyó a lo largo de los últimos 15 años tiene, en la posibilidad de articular a estas nuevas clases medias, a sus códigos y narrativas, el reto de continuar siendo hegemónico.

  •  Álvaro García Linera es vicepresidente del Estado

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Cuando el lodo es el alma

Al final —para desgracia de la patria—, Zavaleta no se equivocó en la descripción del alma enlodada de la generación de clase media que le tocó vivir (“las clases medias de Bolivia son las más ignorantes, racistas y antina-cionales del continente”), y de la siguiente generación que vio  asomar.

/ 25 de abril de 2016 / 04:06

En un reciente artículo en La Razón [Animal Político del domingo 10 de abril], Erick Ortega nos recuerda aquella lapidaria sentencia que René Zavaleta, en 1962, lanzara sobre las clases medias bolivianas: “son las más ignorantes, racistas y antinacionales del continente”. Y claro, razones no le faltaban para llegar a esa conclusión.

A Zavaleta le tocó vivir el devenir de la victoriosa insurrección armada de 1952, convertida en una genuflexión inmoral por parte de sus conductores “clase medieros” ante los dictados del Departamento de Estado norteamericano.

Con seguridad, él padeció la ignorancia de las clases medias, en la charla de copetín barato de los funcionarios “cuperos” y el superfluo lenguaje acartonado de escritores y profesionales diletantes, renuentes a cualquier atisbo de profundidad y sistematicidad de razonamiento.

En los 60, el racismo de las clases ascendentes es el mismo que el de las clases decadentes del gamonalismo abatido (son primas-hermanas). Es así que mientras las últimas consideran a los indios como seres inferiores que necesitan ser educados y civilizados para acceder a la ciudadanía, las primeras (encaramadas en el poder sobre los hombros de los mineros armados) piensan lo mismo, solo que camuflan su rechazo a cualquier tipo de consideración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, detrás de un supuesto “mestizaje” fallido.

En cuanto al espíritu antinacional de las clases medias, el código Davenport, que privatiza los campos gasíferos de YPFB en pleno apogeo revolucionario (1956), y la sumisión gubernamental a las políticas de contrainsurgencia temprana, adheridas a los acuerdos de la “Alianza para el progreso”, justifican no solo la dureza de la apreciación zavaletiana sino, sobre todo, el hecho de que la revolución del 52, lejos de ser “traicionada” fue abortada, desde un inicio, por la clase social que la conduce.

Evidentemente, las personas no son solo lo que hacen en un momento dado, sino también la historia acumulada de todo lo hecho tiempo después. Y, hoy, la estructura de clases sociales boliviana se ha modificado notablemente.

Tenemos nuevas clases medias, una gran parte de ellas emergentes del mundo popular e indígena, vinculadas a la academia y a la mundialización comercial que, a tiempo de optar electoralmente por un presidente indígena y por la indianización de la identidad boliviana, le han dado viabilidad técnica a los actuales procesos de nacionalización e industrialización, que son los soportes materiales de una soberanía nacional real.

Sin embargo, en medio de esa nueva generación y la que conduce la revolución del 52, hay una generación de clase media que es el retrato fiel —incluso aumentado— de la descripción de Zavaleta.
Nos referimos a la generación del “entronque histórico”, que dejará los sueños de una revolución armada continental por la prosaica realidad de los dólares preferenciales, las comisiones de las empresas públicas privatizadas y la sumisión a los caprichos hollywoodenses de los embajadores norteamericanos.

Se trata, no cabe duda, de una generación frustrada, conformada por miristas, “socialistas” y extrostkistas que, seducidos por el neoliberalismo (en general) y por el gonismo (en particular), serán incapaces de lograr nada de aquello que alguna vez soñaron y harán todo lo que alguna vez juraron combatir: entregar las riquezas del país y el mando del Estado a manos extranjeras.

Como parte de esta generación extraviada, habrá otro segmento de clase media más culta, de distinto origen y textura discursiva, pero que comparte la desventura de esa época, aunque no la estética de prostíbulo de sus compañeros de ruta. Tiene un apego señorial a la modernidad y, debido a ello, los fuegos de la plebe insurrecta del 52 le resultarán una incómoda y caótica curiosidad histórica. Así, cuando las pasiones guerrilleras y obreristas de los años 70 arrastrarán a todo el país, mantendrán una distancia melindrosa; pero cuando las trompetas de una nueva modernización, ahora con estética empresarial, toma el relevo histórico (tras el fracaso de la UDP), correrán presurosas a sumarse con entusiasmo y compromiso.

Se trata de toda una corriente generacional, que halla en el gonismo la realización de todas sus ilusiones de progreso y orden democrático controlado: disciplinamiento de las clases peligrosas mediante la desindicalización; apaciguamiento y domesticación de indios mediante políticas multiculturalistas de minorización de “etnias”; acceso a la modernidad económica de la mano de eficientes empresas extranjeras; pactos políticos de “caballeros” que atemperan y viabilizan la gobernabilidad; y un educado relacionamiento con los organismos extranjeros, que tutelan el encuentro con una globalización vertiginosa e implacable.

Son ellos quienes desde los medios de comunicación, la cátedra de gestión de negocios, las consultorías o las fundaciones defenderán —con envidiable locuacidad— el desmantelamiento de cada una de las empresas estatales en los 90. La enajenación de campos de gas, ductos de petróleo, aviones, hidroeléctricas y centrales telefónicas, producidas con el trabajo de dos generaciones, les resultará justa e inevitable para acceder a la buena voluntad de los exigentes empresarios extranjeros, promotores de la ansiada modernidad.

Para ellos (igual que para sus abuelos liberales de principios del siglo XX), patriotismo y soberanía son arcaísmos que deben rendirse ante el altar de la eficiencia y la mano “invisible” del mercado. Y, cuando el andamiaje de la impostura neoliberal comenzará a agrietarse, no dudarán —en un acto de “audacia” personal— arriesgar el apellido y sumarse a la candidatura vicepresidencial, a fin de salvar el último refugio histórico del “progreso”, ante el asedio de una plebe levantisca y de malos modales.

Una vez en gestión de gobierno, cualquier indicio de enojo de los empresarios extranjeros del petróleo les causa zozobra, pues lejos de interesarse por la patria, velan por el cumplimiento de la “seguridad jurídica” de los depredadores. Los gastos reservados corren por sus manos y no tienen ningún imperativo moral en rechazar este tipo de malversación personal de millonarios recursos públicos, como si se tratara de un derecho de casta ante el cual ningún reparo ético puede sobreponerse.

Sin dinero en las arcas públicas ni voluntad política para recuperar lo que es de los bolivianos, viajan al extranjero cada fin de año, sin decoro, en busca de la conmiseración de los organismos extranjeros, a fin de acceder a créditos para el pago de aguinaldos. Y cuando el Gobierno norteamericano exige la contraparte gubernamental para soltar alguna limosna, no dudan en ponerle precio a la soberanía, a la Constitución y a la dignidad de los bolivianos, aceptando la inmunidad de las tropas del país del norte, en el ejercicio de su intervención armada en territorio boliviano.

Al final —y para desgracia de la patria—, Zavaleta no se equivocó en la descripción del alma enlodada de la generación de clase media que le tocó vivir, y de la siguiente generación que vio asomar. Quizá en lo único en lo que careció de precisión, es en subestimar dosis de cultura general con la que la segunda generación movimientista suplió a la primera.

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