DIBUJO LIBRE

En los tres últimos lustros, si la presencia del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) fue hegemónica en el campo político boliviano, también fue predominante en el campo nacional-popular, a pesar del alejamiento de varias organizaciones indígenas/campesinas del “Instrumento Político”. Esas grietas dentro del partido liderado por Evo Morales se acentuaron en el curso de los últimos comicios subnacionales, a pesar de un momento de cohesión que sirvió para resistir al golpe de Estado; luego, quizás por desaciertos en la designación de candidatos, se ahondaron las diferencias internas, desembocando en la gestación de nuevas corrientes — muchas de ellas provenientes de las mismas entrañas del partido oficialista—, no solo le disputaron parcelas de poder en los gobiernos locales, sino, algo más profundo, el mismo sentido del campo nacional-popular.

Las victorias en los balotajes de Santos Quispe y Damián Condori para las gobernaciones de La Paz y Chuquisaca son indicadores inequívocos que al interior del campo nacional- popular hay un remezón que se explica, por un lado, por la acumulación de las fricciones dentro del “Instrumento Político” y, por otro, por el fortalecimiento de otras tendencias (muchas de ellas conformadas por exmasistas) que encontraron en esta coyuntura las condiciones propicias para interpelar política y electoralmente a las propias bases del MAS. Aunque las fricciones del MAS con sectores sociales del campo nacional-popular tienen una larga data, pero con sus propios matices.

En el periodo posgolpe de Estado, el despliegue de los movimientos sociales vinculados al campo nacionalpopular posibilitó la rearticulación interna del MAS y, a la vez, permitió establecer alianzas estratégicas con aquellos sectores populares, especialmente indígenas/campesinas alejadas del “Instrumento Político” (“Tenemos que votar para nuestros propios hermanos” decía, el malogrado Felipe Quispe). Tener un “enemigo común” represivo producto del golpe de Estado posibilitó, a pesar de los roces internos, la cohesión del campo nacional-popular.

Esas fricciones internas se develaron, por ejemplo, el momento de la designación del binomio presidencial del MAS para las elecciones nacionales de 2020. Se escuchaban tambores de guerra en la estructura interna revelando desencuentros, por ejemplo, entre aymaras y cocaleros, lo que se logró zanjar. El eslogan proselitista: “Lucho y David, un solo corazón” quizás sirve como metáfora de la cohesión.

A meses del golpe de Estado y en medio de un ambiente de persecución y violencia estatal, el Pacto de Unidad —enclave articulador de sectores sociales indígena/campesinos y periurbanos que forman parte de la base social del MAS, a través de la cual se configura la acción política del bloque popular— recobró su fuerza organizativa, que venía aminorada antes del golpe. Esta revitalización popular fue decisiva para enfrentar el autoritarismo gubernamental en curso y en el ámbito discursivo posibilitó recuperar la consigna de la democracia.

El papel de los movimientos indígenas/ campesinos y periurbanos fue significativo para revertir la ruptura constitucional. A la sazón, la movilización de agosto de 2020 puso en evidencia la vocación democrática del bloque popular. Esta movilización provocó fricciones entre las organizaciones sociales y la cúpula del MAS. Ésta esgrimió un discurso moderado y ambiguo en la movilización, inclusive cuestionando la radicalidad de los dirigentes de la COB y del Pacto de Unidad. Éstos, a su vez, acusaban a esta dirigencia de negociar con el gobierno de Áñez a “espaldas de ellos”. Las masas de agosto fueron decisivas para “asegurar” los comicios de octubre y, luego, la victoria electoral del MAS.

La llegada apoteósica de Morales a Bolivia, en noviembre de 2020, dejaba entrever que el evismo encarnado en la figura del expresidente iba a tomar el timón directo del MAS para zanjar el malestar interno. Pero, no fue así. El clímax que desató posiciones irreconciliables fue el momento de la designación de candidatos para la disputa electoral subnacional. Allí, las acusaciones de falta de democracia interna en el MAS se amplificó a doquier. Esas tensiones internas revelaron dos cuestiones determinantes: por un lado, que las dirigencias departamentales del MAS (que en la mayoría de las ocasiones se hacen mediadores para la cúpula partidaria, o sea, del propio Evo Morales) operan como andamios antidemocráticos que no permiten fluir la energía política “desde las bases” y, por otro lado, que el denominado “dedazo” del jefe del partido también es otro factor decisorio.

Quizás el efecto político más ilustrativo de esta falta de democracia interna en el MAS fue la separación de Eva Copa como candidata oficialista a la Alcaldía alteña, lo que desembocó en su alejamiento partidario y, como efecto colateral, su alianza estratégica con El Mallku —y luego con su sucesor— para conformar el frente electoral Jallalla, que arrasó en las elecciones ediles de El Alto y, luego, en la segunda vuelta de los comicios para la Gobernación paceña; o el caso de la victoria de Damián Condori en Chuquisaca, exdirigente del MAS — igual que Félix Patzi en La Paz, en las elecciones subnacionales de 2015—, todo esto reveló fracturas internas, reflejadas en guarismos electorales poco favorables para el MAS.

Estas derrotas electorales del MAS son internas al campo nacional-popular, no significan victorias opositoras del bloque oligárquico. Los guarismos electorales dan cuenta de que hay “tensiones creativas” (Álvaro García Linera dixit) en las entrañas del partido del expresidente, que si no se encara una reforma moral y política podrían conducir a unas “tensiones degenerativas” (José Luis Exeni), pero, a la vez, aunque suene paradójico, es un remozamiento del campo nacionalpopular, por la impronta de nuevas corrientes políticas.

(*) Yuri F. Tórrez es sociólogo

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Sin buscar terminar la discusión sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es necesario mencionar que éstos están entramados en diferentes contradicciones y cada una de ellas debe ser analizada en su contexto amplio y específico. Hasta cierto momento, octubre y noviembre de 2019 responden a la correlación de las fuerzas movilizadas del momento y al desgaste del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se enmarcan en el cumplimiento de la voluntad expresada el 21F (Evo Morales no podía repostularse a un cuarto mandato), logra además la anulación de las elecciones de 2019 y la posibilidad de nuevas elecciones; hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, los hechos se complicarán con lo que pasará después.

El triunfo autodeterminativo del 21F, como la búsqueda del respeto a la institucionalidad democrática en Bolivia, albergaba en su seno el germen de su propio fracaso y contaminación: cuando las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales (deliberando así en asuntos políticos), la forma en que los principales actores políticos de la oposición, Tuto, Mesa y Camacho llevan adelante la transición del poder (este último incluso habló de una junta de gobierno de transición al margen de la Asamblea Legislativa); todo esto llevará a que la asunción de Jeanine Áñez no siga el procedimiento establecido en la Constitución, lo que permite que el comandante de las Fuerzas Armadas le ponga la medalla presidencial y que posteriormente haya las terribles masacres de Senkata y Sacaba, para asegurar la vigencia del gobierno transitorio.

Es en ese contexto de corresponbilidad entre la oposición y la cúpula del MAS que se realiza la transición del poder, que posteriormente será avalado por la Asamblea Legislativa con la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales 2020, lo que implica la conformación de un nuevo Órgano Electoral para llevar adelante la convocatoria para las nuevas elecciones generales.

El gobierno de Áñez no será muy distinto al gobierno de Morales, al vulnerar los derechos políticos de los disidentes, al instrumentalizar la Justicia a su favor, al incumplir su palabra al entrar en la carrera electoral; por los hechos de corrupción lamentables (como los casos de Entel, YPFB, respiradores, etc.). Lo peor: llevará adelante una de las peores gestiones de gobierno, preparando así el mejor terreno para el retorno del MAS al poder en las elecciones de octubre de 2020. En tal caso, tanto el gobierno de Morales como el de Áñez y sus ministros deben ser procesados e investigados: en el caso de Áñez, por los hechos de Senkata y Sacaba y los múltiples hechos de corrupción en su gestión.

Sin embargo, con la aprehensión de Jeanine Áñez y sus ministros, el Gobierno central (los sectores sociales afines al MAS) y la oposición (Mesa, Camacho, comités cívicos, etc.) empiezan a activar dos relatos políticos contradictorios para el país: el relato del “golpe de Estado” a secas y el relato del “fraude electoral” a secas, politizando al máximo los acontecimientos de octubre y noviembre y envolviéndolos en una trama de significaciones.

Lo peligroso de estos dos relatos, por parte de los actores más radicales de ambos lados, es el intento de reducir todo lo que pasó antes y después de los acontecimientos de octubre y noviembre a una sola lectura, e intentan llevar al país a un escenario de polarización social muy peligroso y que podría desatar los demonios escondidos de octubre y noviembre de 2019.

Por un lado, la narrativa del “golpe de Estado” a secas intenta mostrar las acciones de Evo Morales como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades cometidas por el MAS, el irrespeto al 21F y las anomalías en el proceso electoral de 2019. Por otro lado, la narrativa del “fraude electoral” a secas intenta mostrar las acciones de la oposición política como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades en la asunción del gobierno de Áñez, las masacres de Senkata y Sacaba y los hechos de corrupción cometidos en su gestión. Ambos relatos a secas son un problema, porque simplifican, hacen maniqueo el análisis y se alejan de la discusión sobre la integralidad del hecho.

El desafío para salir de esta discusión es el desmontaje de tales relatos excluyentes (golpe y fraude) que solo beneficia a la actual clase política (a posiciones autoritarias y conservadoras de ambos lados); entonces, existe la necesidad de una tercera narrativa (o más) que disputen (o en su caso concilien) la explicación de los hechos políticos de octubre y noviembre de 2019.

(*) Juan Pablo Marca Es Politólogo por la Uagrm

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Hay cierto consenso sobre que la pandemia permanecerá con nosotros durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas características precisas todavía están por definirse. El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por dramáticos que sean los avances de las ciencias biomédicas contemporáneas. Sabemos pocas cosas con seguridad.

Sabemos que la recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo de desarrollo y consumo dominante, con los cambios climáticos asociados a éste, con la contaminación de mares y ríos y con la deforestación de bosques. Sabemos que la fase aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminación grave) solo terminará cuando entre 60% y 70% de la población mundial esté inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obstaculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales dentro de cada país y entre los distintos países, combinado con el hecho de que la gran industria farmacéutica (Big Pharma) no quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. Las vacunas ya se consideran el nuevo oro líquido, sucediendo al oro líquido del siglo XX, el petróleo.

Sabemos que las políticas de Estado, la cohesión política en torno a la pandemia y el comportamiento de la ciudadanía son decisivos. El mayor o menor éxito depende de la combinación entre vigilancia epidemiológica, reducción del contagio a través de confinamientos, eficacia de la retaguardia hospitalaria, mejor conocimiento público sobre la pandemia y atención a vulnerabilidades especiales. Los errores, las negligencias e incluso los propósitos necrófilos por parte de algunos líderes políticos dieron lugar a formas de políticas de muerte por vía sanitaria que llamamos darwinismo social: la eliminación de grupos sociales desechables porque son viejos, porque son pobres o porque son discriminados por razones étnico-raciales o religiosas.

Por último, sabemos que el mundo europeo (y norteamericano) mostró en esta pandemia la misma arrogancia con la que ha tratado al mundo no europeo durante los últimos cinco siglos. Como cree que el mejor conocimiento técnico-científico proviene del mundo occidental, no ha querido aprender de la forma en que otros países del Sur Global han lidiado con epidemias y, específicamente, con este virus. Mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de la importancia de la mascarilla, los chinos ya la consideraban de uso obligatorio. Por otro lado, debido a una mezcla tóxica de prejuicios y presiones de los lobbies al servicio de las grandes compañías farmacéuticas occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá recurrieron exclusivamente a las vacunas producidas por estas empresas, con consecuencias por ahora impredecibles.

Además de todo esto, sabemos que existe una guerra geoestratégica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vacíos al bienestar y a la salud de la población mundial. Según la revista Nature del 30 de marzo, el mundo necesita 11.000 millones de dosis de vacunas (sobre la base de dos dosis por persona) para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. Hasta fines de febrero, se confirmaron pedidos de unas 8.600 millones de dosis, de las cuales 6.000 millones estaban destinadas a los países ricos del Norte Global. Esto significa que los países empobrecidos, 80% de la población mundial, tendrán acceso a menos de una tercera parte de las vacunas disponibles. Esta injusticia vacunal es particularmente perversa porque, dada la comunicación global que caracteriza nuestro tiempo, nadie estará verdaderamente protegido hasta que el mundo entero esté protegido. Además, cuanto más se tarde en lograr la inmunidad de grupo a escala global, mayor será la probabilidad de que las mutaciones del virus se vuelvan más peligrosas para la salud y más resistentes a las vacunas disponibles.

Un estudio reciente, que reunió a 77 científicos de varios países del mundo, concluyó que dentro de un año o menos, las mutaciones del virus harán que la primera generación de vacunas sea ineficaz. Esto será tanto más probable cuanto más tiempo se tarde en vacunar a la población mundial. Ahora, según los cálculos de la People’s Vaccine Alliance, al ritmo actual, solo 10% de la población de los países más pobres se vacunará a finales del próximo año. Más retrasos se traducirán en una mayor proliferación de noticias falsas, la infodemia, como la llama la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha sido particularmente destructiva en África.

Existe consenso en que una de las medidas más eficaces será la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de vacunas para el COVID por parte de las grandes empresas farmacéuticas. Esta suspensión haría que la producción de vacunas fuera más global, rápida y barata. Y así, más rápidamente, se lograría la inmunidad de grupo global. Además de la justicia sanitaria que permitiría esta suspensión, existen otras buenas razones para defenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad. Por otro lado, las empresas farmacéuticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dinero público a título de financiamiento para fomentar la investigación y el desarrollo más rápido de vacunas. Además, existen precedentes de suspensión de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el control del VIH/sida, sino también en el caso de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Si estuviéramos en una guerra convencional, la producción y distribución de armas ciertamente no quedarían bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado ciertamente intervendría. No estamos en una guerra convencional, pero los daños que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos hasta la fecha).

No es de extrañar, por tanto, que ahora exista una vasta coalición mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna (y de la salud en general) como un bien público y no como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los derechos de patente. Mucho más allá de las vacunas, este movimiento global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la transparencia y el control público de los fondos públicos involucrados en la producción de medicamentos y de vacunas. A su vez, unos cien países, encabezados por India y Sudáfrica, ya han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente relacionados con las vacunas. Entre estos países no se encuentran los del Norte Global. Por ello, la iniciativa de la OMS de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) está destinada al fracaso.

No olvidemos que, según datos del Corporate Europe Observatory, la Big Pharma gasta entre 15 millones y 17 millones de euros al año para presionar las decisiones de la Unión Europea, y que la industria farmacéutica de conjunto tiene 175 cabilderos en Bruselas trabajando para lo mismo. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presión. Si Portugal quisiera dar distinción y verdadera solidaridad cosmopolita a la actual presidencia del Consejo de la Unión Europea, tendría aquí un buen tema de protagonismo. Tanto más si otro portugués, el secretario general de la ONU, acaba de hacer un llamamiento para considerar la salud como un bien público mundial.

Todo apunta a que, en este ámbito como en otros, la UE seguirá renunciando a cualquier responsabilidad global. Con la intención de permanecer pegada a las políticas globales de Estados Unidos, en este caso puede ser superada por el propio EEUU. La administración Biden está considerando suspender la patente de una tecnología relevante para las vacunas desarrollada en 2016 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

(*) Boaventura De Sousa Santos es sociólogo

EL PUNTO SOBRE LA I

Hoy, 11 de abril, en cuatro departamentos se define en segunda vuelta quién será el gobernador: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Gana quien obtenga así sea un solo voto más que su adversario, con el porcentaje que sea. En los cuatro departamentos la contienda es entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus oposiciones: Jallalla en La Paz, Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca, Unidos por Tarija (UPT) en Tarija, y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando. En tres departamentos el MAS ganó en primera vuelta la gobernación: Oruro, Potosí y Cochabamba. También en primera vuelta, la oposición se hizo con la gobernación en dos: Beni con el MTS, y Santa Cruz con Creemos.

Pero el gobierno departamental no solo es el Ejecutivo, el gobernador, sino que está además, como un contrapeso, su órgano legislativo y fiscalizador, la Asamblea Departamental; y los miembros de las asambleas ya fueron elegidos el 7 de marzo, ya hay una distribución del poder en su interior, una correlación de fuerzas que no siempre se corresponde con quien ganó la silla de gobernador (que la mayoría de la asamblea departamental la tenga el partido del gobernador).

Y he aquí las sorpresas. De las nueve asambleas departamentales ya electas, en cuatro (Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) hay una franca hegemonía del MAS, pues cuenta con dos tercios o incluso más de los asambleístas; y en dos, de La Paz y Pando, tiene mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

 Pero, lo verdaderamente novedoso es que en las asambleas de Tarija, Beni y Santa Cruz, ante el práctico empate entre los dos grandes bloques partidarios (el MAS frente a sus oposiciones), los asambleístas indígenas tienen lo que se puede considerar los “votos de oro”, dirimidores, la llave para que uno de los dos grandes bloques, mayoritarios, se imponga al otro.

Aquí es preciso aclarar que mientras los asambleístas de partido (territoriales o por población) son electos mediante el voto universal, lo que pasó el 7 de marzo, los asambleístas indígenas son elegidos, designados, directamente por usos y costumbres propios de cada pueblo indígena; excepto Potosí, en todos los departamentos hay representación indígena en la asamblea departamental. 

HEGEMONÍA. Las asambleas de “extrema” hegemonía del MAS son las de Oruro, Potosí y Cochabamba, pues en ellas, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, los asambleístas masistas no solo alcanzan los dos tercios del legislativo departamental, sino que llegan a 7475%, los tres cuartos.

En Oruro, donde en primera vuelta ganó el candidato a gobernador por el MAS, su legislativo lo conforman 33 asambleístas: 16 por territorio (uno por cada una de las 16 provincias que tiene el departamento), 16 por población y 1 indígena; de los 33, 25 son del MAS. Buena parte de la supremacía masista se debe a que este partido ganó en las 16 provincias orureñas. También logró la mayoría de los escaños por población, 9 de 16; pero, he aquí un hecho que se repetirá en prácticamente todos los departamentos: si las oposiciones al MAS tienen alguna presencia en las asambleas, sobre todo es por sus asambleístas por población, aquellos que se asignan según la votación obtenida en el departamento, proporcionalmente, por cada partido. En Oruro, las oposiciones suman 7.

Similar situación es la potosina: de los 32 miembros que tiene su asamblea, 24 (75%) son del MAS, y de las 16 provincias que también hay en el departamento, en 15 ganó el MAS; solo en una, en la provincia Tomás Frías (donde está el municipio de Potosí), se hizo de la victoria el Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol). Aquí aparece otro rasgo de la distribución del voto: las oposiciones al MAS ganan asambleístas sobre todo en las provincias en que está la capital del departamento. Para gobernador, en Potosí ganó el MAS en primera vuelta.

En Cochabamba, la hegemonía del MAS en su asamblea nuevamente se expresa en contar con más de dos tercios de los asambleístas departamentales, 25 de 34, lo que equivale a 74%. Lo mismo que en los anteriores departamentos, en Cochabamba en 15 de las 16 provincias ganó el MAS; la única provincia en que triunfó la oposición (la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa), es Cercado, la que alberga al municipio de Cochabamba; y solo de esta forma obtuvo  5 de 16 asambleístas por población.

Pero, sin duda, el caso más llamativo es Chuquisaca. Allí, en la primera vuelta ganó Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST), con 45,62% de los votos válidos, contra 39,12% del segundo, Juan Carlos León, del MAS; como la distancia entre ambos es de solo 6,5 puntos porcentuales, irán a segunda vuelta hoy. Lo peculiar pasa en la Asamblea Legislativa: pese a su derrota, el MAS logra dos tercios de los miembros del legislativo departamental, de un total de 21 asambleístas, el MAS sumó 14, CST 5, y 2 escaños los indígenas. ¿Cómo pudo pasar este inusual hecho, perder la elección de la cabeza de la Gobernación y ganar, de lejos, la elección de los asambleístas? La primera sospecha estaría en un alto índice del “voto cruzado” (voto por el CST para gobernador, pero voto por el MAS para asambleísta). En una parte de la votación al parecer ocurrió eso, el voto cruzado, pues mien

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tras CST le ganó al MAS en el voto para gobernador (por 45,62% a 39,12%), en la votación de los asambleístas por población, fue el MAS el que ganó, con 43,10%, contra 35,20% de CST.  Pero nuevamente se impone el voto por territorio (por provincia). Así, de las 10 provincias que tiene el departamento (un asambleísta territorial por provincia), en 9 ganó el MAS; como en los anteriores casos, y confirmando que en las ciudades capitales al partido de gobierno no le va bien, perdió en la provincia Oropeza, que tiene a Sucre como su principal municipio.

MAYORÍA. Como se ilustra en los gráficos adjuntos, en la asamblea legislativa de La Paz, de 45 miembros, 25 (56%) son del partido azul. Se enfrenta a tres minorías de algún peso: Jallalla, que tiene 8, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) 5, y la representación indígena 5 asambleístas departamentales. Las minorías de un solo asambleísta cada una son Sol.bo y el MTS. Hoy se define la gobernación entre el MAS y Jallalla.  

También aquí es necesario hacer notar que si hay algo que sube la hegemonía del MAS en el legislativo paceño es que de sus 25 asambleístas, 16 fueron elegidos por territorio, ganó en 16 de las 20 provincias de La Paz. En cambio, la oposición de alguna manera es más fuerte entre los legisladores por población; de los 20 asambleístas por población paceños, 11 son opositores. PBCSP (de Rafael Quispe), por ejemplo, que sin tener ningún representante por territorio (lo que significa que no ganó en ninguna provincia), sí logra tener 5 asambleístas por población.

En Pando, si bien al MAS en su asamblea le falta un solo asambleísta para tener los dos tercios de voto, tiene un práctico predominio del legislativo departamental.

Lo peculiar es que en Pando hubo un práctico empate por la Gobernación: el MAS ganó con 41,08% contra 39,07% del MTS, apenas 2 puntos porcentuales de distancia, que por eso hoy en el departamento se va a segunda vuelta. Pero he aquí que su Asamblea Departamental nuevamente presenta una supremacía del MAS “desmedida” en relación a ese cuasi-empate: de 21 legisladores departamentales, 13 pertenecen al MAS, 5 a sus oposiciones y 3 a los indígenas.

 En la presencia masiva del MAS en la asamblea pandina, definitivamente tiene que ver el número de asambleístas por territorio: de los 15 asambleístas por territorio que hay en el departamento, 11 son del MAS y 4 de sus oponentes. En relación a los asambleístas por población, en Pando ocurre un hecho peculiar: solo hay 3 asambleístas por población, provenientes de las dos provincias más pobladas, Nicolás Suárez (dos asambleístas) y Madre de Dios (un asambleísta, de los cuales 2 son del MAS.

INDÍGENAS. Son los casos de Tarija, Beni y Santa Cruz que presentan la más peculiar correlación de fuerzas y la nueva importancia dirimidora que tendrán los indígenas en las asambleas departamentales.

En los tres departamentos, el rasgo común es la fuerte presencia del MAS: tiene la primera mayoría en Tarija (13 de 30 legisladores departamentales) y en Beni (12 de 28 asambleístas) y, con 11 legisladores, iguala el número de asambleístas que tiene Creemos en la asamblea cruceña.

En Tarija, donde el MAS ganó la primera vuelta a gobernador por apenas 358 votos, que por eso allí hoy también hay segunda vuelta, la preferencia electoral está más equitativamente dividida: si el MAS tiene 13 legisladores, Unidos por Tarija (UPT) cuenta con 12, la grupación Todos tiene 2, y los indígenas suman 3 escaños. Si bien las oposiciones al MAS (UPT y Todos) sumadas ya hacen mayoría frente al MAS, pues suman 14 asambleístas, son los indígenas, con 3 votos, quienes podrán decidir si se consolida esta mayoría opositora al MAS, sumando 17 votos en total, o si hacen del MAS la mayoría relativa, con 16 votos (13 del MAS y 3 de los indígenas). En Beni, donde ya es gobernador el candidato del MTS, aparte de que de 28 asambleístas, el MAS cuenta con 12, es llamativo que el MTS, el partido del futuro ejecutivo de la Gobernación, apenas tenga 7; a ello se agrega que la agrupación Todos cuenta con 5 asambleístas y 4 indígenas.

En resumidas cuentas, si el MAS tiene 12 asambleístas, sus oposiciones unidas sumarían otros 12 legisladores; y aquí nuevamente la llave la tendrán los 4 votos indígenas, que inclinarán la balanza a uno u otro lado.

Pese a que en Beni, el MTS ganó la gobernación con un contundente 41,79% contra 22,21% del MAS, en asambleístas, el MAS casi le dobla el número al MTS. Y es que otra vez pesó la representación territorial: en el departamento hay 24 asambleístas por territorio, pero, cuando en el resto de los departamentos el territorio a representar es la provincia, en Beni más bien son los municipios: un asambleísta por cada uno de los 24 municipios que hay allí. Y he aquí que de los 24 escaños en 12 gana el MAS, y como en Beni no hay asambleístas por población, pues lo que manda es la representación territorial.

Santa Cruz, lo mismo. Luis Fernando Camacho, de Creemos, ganó la elección de gobernador con un significativo 55,64% contra 38,17% del MAS, nada menos que 17 puntos porcentuales de distancia; pero, paradoja, esa mayoría absoluta no se refleja en la composición de la asamblea. Y aquí ya no se puede hablar tanto del voto cruzado, pues son de muy similar porcentaje las votaciones tanto por gobernador como por asambleísta por población, con Creemos como claro ganador.

La diferencia nuevamente la establece el voto territorial. El órgano legislativo cruceño está compuesto por 15 asambleístas por territorio, 8 por población y 5 indígenas. Pues bien, de los 15 asambleístas territoriales, el MAS se lleva 8, Creemos tiene 6 y Alianza Solidaria Popular (ASIP) 1; entre los asambleístas por población, que solo son 8, el MAS tiene 3 y Creemos 5. Si bien Creemos puede hacer una alianza natural con ASIP, como frente antimasista, y lograr la mayoría relativa ante el MAS, sumando 12 legisladores, pasa que son los legisladores indígenas los que tendrán los llamados “votos de oro”, pues con sus 5 votos pueden inclinar la balanza o hacia el lado del MAS o hacia el polo de Creemos.

El gobernador es de Creemos, y de darse la eventual alianza MAS-Indígenas, tendría mucho trabajo para llevar adelante su gestión con una óptima gobernabilidad.

Finalmente. Algo pasa con el voto en blanco por los asambleístas por población, pues en todos los departamentos registra inusuales altos porcentajes, tratándose en promedio de un tercio de los votos emitidos: 35% en La Paz, 31% en Oruro, 41% en Potosí (aquí, si se le suma los votos nulos, se llega a 46%: poco menos de la mitad de los electores se apartaría de elegir representantes), 20% en Cochabamba, 32% en Chuquisaca, un promedio de 24% en Tarija, entre 29 y 30% en Pando, y 28% en Santa Cruz.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón