domingo 9 may 2021 | Actualizado a 08:32

¿Fraude o golpe?

/ 14 de abril de 2021 / 14:48

Quienes tomaron el poder en 2019 cometieron el error de no legalizar sus actos

DIBUJO LIBRE

Si quedan dudas sobre las circunstancias que derivaron en la realización de las elecciones de octubre pasado, resulta que son las mismas que originaron y continúan originando los procesos electorales de segunda vuelta: la aplicación subsidiaria de la ley, lo que en su sentido epistemológico significa que se sustituye la ley o se apoya solo una parte de la misma, que sirve de ayuda o apoyo solo aquello que conviene de la ley. En este aprendizaje, la Constitución a veces ni se la toma en cuenta.

Desde ahí se puede comprender que ante la vulneración al ordenamiento político-constitucional (el golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019), la salida en ese momento fue allanar una solución con rótulo democrático y no siempre de legalidad. Es que cuando se concibe a la democracia desde sus ángulos perversos de racionalidad e irracionalidad, hasta puede ser inapropiado renunciar, abrir al vacío de poder, dejar el territorio, irse al exilio y esperar que la soberanía del pueblo ejerza su rol de democracia propia.

Pues eso precisamente pasó: Evo Morales dejó el poder el 10 de noviembre y desde ese momento el ordenamiento político jugó un rol preponderante para ejercer sus actos conforme ciñe la Constitución o para desviarse en él, a fin de configurar un nuevo orden constitucional. En esta segunda lógica se adscribieron los neofalangistas, fascistas de ultraderecha que iniciaron sus acciones el 22 de octubre de 2019, sumándose varios legisladores nacionales, profesionales, organizaciones sociales, algunas ONG, la Iglesia Católica, políticos opositores, las iglesias alternativas de origen extranjero, exservidores públicos, la Universidad Pública, las universidades privadas y principalmente la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En el análisis constitucional, por ejemplo, el TCP tuvo un desvío de posición que fue optado de forma hormonal y sin el razonamiento esperado, que incluso le llevó a emitir un comunicado por fuera de sus atribuciones, convirtiéndose en ese momento en un órgano colegiado meramente político, como si se tratase de una organización política más.

Todos estos actores del golpe, sin olvidar el asesoramiento externo e imperialista que tuvieron, y con operadores que salían a los medios a decir que fueron ellos los artífices de la salida del tirano, cometieron un error garrafal: no legalizar sus actos conforme prevé la Constitución y las leyes.

Pasaron los meses y desde que asumió el gobierno de facto el 12 de noviembre de 2019, los intelectuales del derecho constitucional esperaban que los actos políticos que quebrantaron el periodo constitucional sean mínimamente analizados, interpretados con la Constitución y manifestados en términos al menos de una tendencia.

No actuar con la debida sinceridad, como hicieron los gobiernos de facto en el pasado, trajo consigo una dicotomía en el pensamiento de las y los ciudadanos, pues en la narrativa que se armó, como parte de la estrategia del golpe, se dijo que nunca se diga golpe, sino fraude.

Para descartar la hipótesis del golpe, que sesgó el imaginario de los golpistas y sus seguidores, es necesario remontarnos a la idea de fraude que se plantó como la semilla del mal y del odio contra Evo Morales. Tal supuesto fraude, como lírica del pensamiento golpista, estuvo circunscrito a cuatro ideas fuerza, desde donde se generó el discurso que polarizó la población: lo que se llamó la paralización del TREP, el ocultamiento de ánforas, el padrón desactualizado y el voto servil de las organizaciones sociales. Tales criterios fueron manejados con la discriminación y racismo justificados en el odio extremo de que era “imposible permitir la continuidad del gobierno de ese entonces”.

Aun cabe la duda sobre si la gestión de los 14 años, a la que tanto aludían, era la razón principal para no dar paso a una continuidad del poder, o era solo porque el prorroguismo no está permitido en la sabia lógica y moral de las logias y de las familias de buen entender en el país.

No obstante aquello, está en la historia que la continuidad de esa gestión de gobierno al menos cuidó los estándares tanto de orden constitucional como de democratización, y que lo que aconteció con el golpe fue un acumulado de la fuerza opositora que desde la movilización y quebrantamiento del orden constitucional logró irrumpir e interrumpir la gestión que se había institucionalizado hasta ese momento.

Comparativamente ¿qué es lo que el gobierno de facto no cuidó en su momento? Un elemento que será evaluado en su momento es que para hablar de fraude y no ser, o al menos no aparentar, un gobierno de facto, una vez posesionado el vocal que sería el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) éste debía, junto a los vocales seleccionados por la Asamblea Legislativa, aprobar o desaprobar el informe de los vocales expulsados que conformaban la anterior Sala Plena. Por esto, la población no ha conocido cuál fue el rol individual y colegiado de los miembros de ese órgano del Estado, en el marco de su organización interna y de la gestión pública desempeñada.

Dada esa carencia de información del actual Órgano Electoral, en el discurso político de los opositores y críticos al gobierno de Evo Morales quedó inscrito que se anuló de facto las elecciones de octubre de 2019 porque prevaleció el clamo popular; no obstante, la Ley Electoral (Art.190) dispone expresamente que los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. Entonces, lo que les faltó a los detractores del sistema, tanto en el Órgano Electoral como en la Asamblea Legislativa Plurinacional, más allá del respaldo discursivo de la Organización de los Estados Americanos, era coordinar una ley modificatoria de la Ley del Régimen Electoral para no tener este bache, que queda como antecedente constitucional y es un resquicio para el discurso del denominado fraude.

Tal error de poder en el momento previo y en el gobierno de facto permite comprender que la nulidad de las elecciones del 20 de octubre de 2019 no era posible normativamente, siendo que, igual que la emisión de la circular del Tribunal Constitucional, que operativizó la ilegal sucesión presidencial, debía contar con un instrumento legal expedito para contar con un margen de legalidad, el que finalmente le otorgó la Asamblea Legislativa, con la aprobación de la Ley del Régimen Electoral Transitorio para la realización de Elecciones Generales el 24 de noviembre de 2019, que por cierto tuvo una modificación en diciembre de 2019; en ningún caso ha previsto modificación sustantiva a la Ley (especial) del Régimen Electoral.

Consiguientemente, la historia aún tiene aportes y nos deja señales como indicios para el análisis, respecto a que lo que se vivió en octubre y noviembre de 2019 fue mero fraude o un golpe de Estado, donde se pasaron de largo las leyes y la legalidad del Estado, y si fue preparado conspirativamente con milimétrica planificación o fue llanamente consumado desde una base opositora desplegada tendenciosamente, con el factor ciudadano convencido en su sana predicción de que podría plasmarse una “mejor realidad y futuro para él”, sin que aún entienda a estas alturas que ha sido descubierta a toda luz su peculiar doble moral política.

(*) Iván Bascopé S. es abogado constitucionalista

La hora de proteger el empleo

En 2020 ocurrió una precarización de facto del empleo, una suerte de un silencioso ‘segundo 21060’.

En 2020 hubo una precarización de facto del empleo. El Día del Trabajador se festejó con mesura, con un leve aumento salarial Foto LaRazón

/ 2 de mayo de 2021 / 21:41

EL PUNTO SOBRE LA I

El jueves 29 de abril por la noche, finalmente el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial en 2021: cuando el Ejecutivo propuso 0,67% de aumento al salario mínimo nacional y la COB hizo la contrapropuesta de 5%, se terminó acordando 2% al mínimo nacional y 0% al haber básico. Es la expresión de la crisis: desde 1991 (como muestra la gráfica adjunta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE) ese 2% es el incremento más bajo en 30 años. Aunque, como también se ve en la ilustración, en al menos tres años (2004, 2005 y 2020) el incremento salarial fue equivalente a cero.

En dichos 30 años, los mayores picos del incremento salarial se los alcanzó en 1998 (25%) y en 2012 (22,64%). Fue desde este último año que el aumento del sueldo fue cada vez menor, llegando a 0% en 2020. En 2019, el último año del gobierno de Evo Morales, el incremento al mínimo nacional fue de 3,01%, aunque también es inocultable el hecho de que desde 2006 el salario nacional básico tuvo un constante ascenso, de Bs 440 en 2005 a Bs 2.122 en 2019, 382% de incremento, según el Ministerio de Economía.

Para 2019, el ente estatal también da cuenta de que en 2005 el país ocupaba el noveno lugar en Sudamérica (el último lugar, en realidad) en lo relativo al monto del salario mínimo nacional, 54 dólares, cuando en Chile, por ejemplo, esta remuneración alcanzaba a 222 dólares. Y, con el constante aumento, en 2019 el salario boliviano subió al quinto lugar, con 305 dólares, estando por encima del país, Chile (452 dólares), Uruguay (445), Ecuador (394) y Paraguay (341); y, por debajo, Argentina (285), Perú (282), Colombia (265) y Brasil (258 dólares). Todo esto cuando el salario mínimo nacional promedio de la región sudamericana se situaba en 336 dólares. (Revista Ecos, Incremento salarial dinamiza la economía del país, Nro. 56, 2019, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

INGRESOS. Precisamente, en la subida del salario mínimo de 54 dólares en 2005 a 305 dólares en 2019, es que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) reivindica su política de reducción de la pobreza y de la desigualdad: si en 2005, señala el Ministerio de Economía, las personas con ingresos bajos constituían 61% de la población (5,7 millones de bolivianos), en 2018 esta cifra bajó a 34% (3,9 millones); y si en 2005 la gente que tenía ingresos medios era 35% (3,3 millones), en 2018 este “estrato medio” (‘clases medias’, insistían desde el MAS) trepó a 62% (7 millones). Los bolivianos de ingresos altos en porcentaje se mantuvieron igual: 4% (391 mil en 2005, 443 mil en 2018).

Con todo, el 2% de incremento acordado por el Gobierno y la COB expresa la coyuntura económica. Y es que tal como apunta el investigador en temas laborales Rodolfo Eróstegui, si algo tiene de peculiar la actual crisis es la inédita confluencia de las crisis económica y sanitaria, un hecho que no se había dado antes: “Es la peor combinación que yo he visto en mi vida profesional; había una sincronización, por ejemplo, entre la crisis financiera y la de la construcción, y otras combinaciones; pero no una crisis de salud en la que los centros de trabajo se convirtieron en centros de contaminación”.

Para el abogado laboralista Gonzalo Trigoso, para las actuales condiciones del incremento salarial también tiene que ver la situación política. “Aparte de que este es un derecho irrenunciable de los trabajadores, y corresponde un incremento salarial, por lo menos al mínimo nacional, mucho depende también de la situación política, no solo la situación económica. Y en este momento, las fuerzas políticas neoliberales de derecha se están rearticulando regionalmente, para con la excusa del pacto fiscal iniciar una ofensiva política contra el Gobierno (del MAS)”.

Tanto por la razón económica como por el momento político, ambos entrevistados coinciden en que este es el momento de preservar el empleo y de no presionar al Ejecutivo a tal punto de desestabilizarlo.

“En estas condiciones delicadas, la COB también tiene que saber medir el momento en que estamos viviendo, y ver que se puede perder el enorme esfuerzo de haber recuperado la democracia”, destaca Trigoso. A propósito de esta especial coyuntura, recuerda lo que pasó en el ampliado de la COB del 20 de mayo de 1952: “Un mes y once días después de la Revolución del 9 de abril, cuando en el ampliado se discute el incremento salarial para ese año, y por votación de 24 a 12 sectores, se decidió que ese año no se iba a pedir incremento salarial al Gobierno, entendiendo que se salía del proceso revolucionario y podía darse una contrarrevolución; fue algo excepcional”.

CRISIS. La actual crisis laboral es de proporciones, insiste Trigoso, por la conjunción de la crisis económica, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la pandemia de COVID-19 acaso estemos ante un “segundo 21060”.

“En realidad se ha producido un segundo 21060 en el ámbito laboral. Los empleadores han cerrado empresas, han despedido en masa, han obligado a los trabajadores a recontratarse por el mínimo nacional, a contratos con plazo fijo, sin derechos; han destruido el derecho laboral, y reconstruir eso es bien difícil”.

Es obvio que hay que reivindicar el derecho de los trabajadores al incremento salarial (que desde el punto de vista sindical siempre fue “reposición” de su valor adquisitivo, dada la inflación), pero ahora la urgencia, remarca Trigoso, es “ponerle freno a este nuevo 21060 que aún se mantiene en fábricas, en la construcción, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los trabajadores”.

Con todo, Eróstegui asevera que la preservación del empleo, antes que un contenido ideológico, es una urgencia práctica, de respuesta al actual deterioro del mercado de trabajo; es tal la magnitud del desempleo que se impone la ley económica: a mayor oferta de fuerza de trabajo, el salario tiende a bajar.

“Para mí, la COB debería plantear más empleos y preservar los puestos de trabajo que ahora hay. La COB tiene que ponerse un cable a tierra, tiene que ser realista, distinguir las cosas que son posibles de las que no lo son; y una de las cosas que no es posible es aumentar salario; y sí es posible preservar el empleo; y una de las cosas que es necesaria y posible es la reforma de la legislación, pero no en los términos que están planteados hasta ahora, se precisa una nueva reforma de la legislación laboral completa”, destaca el investigador laboral Eróstegui.

Desde que empezó el gobierno de Evo Morales, en la COB se habla de la reforma de la Ley General del Trabajo; se avanzó en el consenso de algunos cambios, los cuales, sin embargo, se prevén serán mínimos. En este momento hasta esto pasa a segundo plano ante la emergencia de proteger el empleo, insiste el abogado laboralista.

Así, remarca Trigoso, si alguna legislación se debe hacer hoy día es todo aquello que proteja el empleo. “Es absolutamente necesario, imprescindible, que para este 1 de mayo y los días siguientes, se dicte una serie de decretos y proyectos de ley para proteger el empleo”; no es una alegoría sino un hecho real, insiste: “Todavía estamos viviendo un segundo 21060; se necesita una mayor legislación que impida que los empleadores continúen despidiendo y quitando derechos”.

CUENTAPROPIA. Con respecto a los trabajadores no asalariados, por cuenta propia, que de último, con la pandemia, han tenido un masivo incremento, Trigoso no deja de valorar algunos esfuerzos de la COB: demandar, por ejemplo, que se fije mejores precios para productos del campo, o mejorar el tema de salud para los trabajadores por cuenta propia, o, aunque es un tema sumamente complicado, plantear la cuestión de las pensiones para los sectores cuentapropistas.

Con motivo del 1 de mayo, los entrevistados no dejan de demandar de la COB mantener la mirada más allá del salario: Demandaría a “los trabajadores en pie de lucha defendiendo el proceso democrático que se ha recuperado, evitando por todos los medios posibles el retorno de un gobierno neoliberal; en pie de lucha en la defensa de los derechos del país y de sus derechos como trabajadores. La COB desde su fundación, antes incluso, cuando los primeros sindicatos del 1900, siempre ha sido movimiento sindical-político, eso es lo que le brinda su grandeza”, reclama el abogado Trigoso.

La crisis de la que es parte el bajo incremento salarial, complementa el exdirigente minero y exministro de Minería José Pimentel, también plantea el liderazgo de la COB en relación a los innumerables sectores laborales: La dirigencia de la COB muchas veces “se ha reducido a problemas de tipo estrictamente económico gremial para el sector asalariado, olvidando que la COB es un conglomerado mucho más amplio del pueblo boliviano, campesinos, universitarios, maestros, los pequeños productores, comerciantes, los gremiales, y esos sectores solo pueden tener una respuesta en una visión y una conducción de un país que vaya hacia su desarrollo y satisfaga a todos los sectores sociales”, remarca el exdirigente minero.

Pimentel no deja de reclamarle a la COB el papel político que tuvo en la historia del país. “Hoy la COB no tiene una propuesta programática para el país; la COB ha sido vanguardia en la medida en que ha encabezado luchas de significación nacional, como han sido la nacionalización de las minas, del petróleo, la lucha por las fundiciones, la lucha contra las dictaduras; son programas políticos en esencia que implicaban el construir una otra sociedad”. 

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Comparte y opina:

SILALA, EL MANANTIAL

El Silala no es un río o flujo de agua continuo, no es de escurrimiento natural ni permanente.

/ 2 de mayo de 2021 / 21:27

DIBUJO LIBRE

Estamos rodeados por países que no muestran respeto por el patrimonio boliviano. Como es natural, ellos primero velan por sus intereses. Por eso hay la necesidad de contar con una propuesta estratégica, con solvencia científica, técnica y jurídica, en la Corte Internacional de Justicia para defender nuestro derecho en los manantiales del Silala.

En noviembre de 1908, la Empresa Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Compani Limited obtuvo la concesión para el uso de las aguas del Silala de la Prefectura de Potosí. ¿Si estas aguas serían río, por qué la compañía solicitó su concesión?

Dicha concesión fue revocada en 1995, y en junio de 1999 se conformó comisiones para inspeccionar la zona del Silala. Sus conclusiones y recomendaciones fueron: las aguas del Silala son manantiales que nacen de dos vertientes principales, ubicados al norte y al sur; por medio de canales colectores artificiales que confluyen en un canal común, desembocan en un tanque colector desarenador, ubicado en territorio boliviano y, por medio de un cauce artificial, recorre el territorio nacional aproximadamente dos kilómetros, hasta el límite, y se interna a territorio chileno siguiendo una cañada orientada de este a oeste. Estas obras permiten conducir un volumen de agua de aproximadamente 280 litros/ segundo; en Chile las aguas son entubadas y llevadas al interior para su comercialización y distribución.

Se constató que se inutilizaron las obras del primer colector desarenador en territorio boliviano; asimismo, en territorio chileno se encuentra en funcionamiento un segundo tanque desarenador de aguas, junto al cual construyeron una caseta donde viven empleados chilenos que realizan mantenimiento y vigilancia.

Las recomendaciones de la comisión fueron: conformar dos equipos de trabajo altamente calificados, para analizar el problema; uno, desde el punto de vista jurídico legal, y otro, un equipo multidisciplinario para encarar científica y técnicamente el tema. Conscientes de la posible internacionalización (arbitraje) del tema, además se debería conformar un equipo con dedicación exclusiva para la búsqueda de los mecanismos que permitan lograr una compensación adecuada. La reunión de trabajo se llevó a cabo en la zona del Silala el 17 de junio de 1999.

Luego de que el Gobierno boliviano licitó y adjudicó el uso de las aguas del Silala a la empresa DUCTEC, la empresa Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway quedó prácticamente fuera del tema Silala. Se produjo un intercambio epistolar con las autoridades chilenas, quedando la República de Chile como interesada, defendiendo que los manantiales del Silala constituyen río, y proponen que no se trata de un asunto de privados entre la Empresa y la Prefectura, sino un asunto de Estados. Aceptar esta situación fue el gran error del Gobierno boliviano.

Por instrucciones del señor Canciller se realizó otro viaje a la zona del Silala, en 2000, y otros más, con el objeto de inspeccionar el límite internacional, realizar los estudios técnicos, principalmente de geología, hidrología, geohidrología, geodesia, topografía, y otras especialidades que corresponden al análisis químico- físico de las aguas. Estos viajes fueron frecuentes, incluso se conformó una Comisión Técnica Mixta con Chile, para trabajos conjuntos, in situ, en ambos territorios.

Por Bolivia acudió a la zona personal técnico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin), la Comisión de Límites de la Cancillería, la Superintendencia de Aguas, Hidrografía Naval y el Instituto Geográfico Militar.

Posición técnica boliviana de principio:

1. Curso del agua: no es una hoya o cuenca exorreica, es arreica; no es un río o flujo de agua continuo; no es de escurrimiento natural ni permanente. En la actualidad, escurre por medio de obras de ingeniería hechas por el hombre (canales colectores y de escurrimiento); no es un río binacional o de aguas compartidas.

2. Origen del valle: el valle o quebrada es de origen glacial y fluvio glacial aprovechando una falla; quebrada labrada en rocas volcánicas (ignimbritas) a lo largo de un fallamiento (Falla Silala); los depósitos en la quebrada son fluvio glaciales.

3. Origen del agua: de manantiales ( formando bofedales) de un acuífero fósil que recibe una recarga mínima de lluvia y deshielo.

Posición técnica chilena de principio:

1. Curso del agua: es una hoya hidrográfica exorreica; es un río o flujo de agua continuo; es de escurrimiento natural y permanente; es un río binacional de aguas compartidas.

2. Origen del valle: valle de origen fluvial; valle fluvial labrado en rocas volcánicas como en depósitos fluviales a fluvio aluviales; los depósitos en el valle son fluviales a fluvio aluviales.

3. Origen del agua: de afloramientos de agua (bofedales) formados de la infiltración de agua pluvial y deshielo.

La comisión boliviana trabajó con responsabilidad científico-técnica. En el estudio que se hizo para comprobar las posiciones de principio in situ, en la frontera, además, con la idea de que el resultado de dicho trabajo podía ir a un arbitraje internacional, se debía comprobar y demostrar técnica y científicamente lo que muestra el terreno y el comportamiento de esas aguas, tanto en el medio artificial como en el medio natural. La comisión chilena trabajó de igual manera, pero se nota el manejo técnico forzado a su favor; por ejemplo, la cuenca no puede ser exorreica y arreica al mismo tiempo. Entonces, se deben profundizar los estudios científico-técnicos para demostrar contundentemente lo que muestra la naturaleza en esa zona.

La comisión que realizó el estudio estuvo conformada por profesionales diplomáticos y técnicos especialistas, quienes en esa calidad elevaron a la Cancillería el informe correspondiente. La comisión técnica chilena continúa en funciones hasta la fecha.

El resultado de dicho trabajo-estudio ha permitido demostrar que: de acuerdo con el análisis físico-químicos, las aguas son de una sola fuente y excelente calidad (95% de pureza) apta para consumo humano.

Las obras hidráulicas permiten ver en forma objetiva que la captación, encauzamiento y transporte de agua es artificial tanto en el territorio boliviano como en el chileno.

El estudio técnico demuestra que las aguas del Silala son manantiales, y no constituyen curso natural de agua (río); de no haber sido canalizadas, formarían bofedales y el exceso de agua se evaporaría y se infiltraría por ser suelo permeable; por tanto, las aguas no llegarían a territorio chileno.

El tiempo es favorable para los intereses chilenos: las aguas del Silala no tienen recarga importante de lluvias y deshielos, constituyéndose en un recurso natural no renovable; las aguas se encuentran en acuíferos fósiles, se pueden terminar, las últimas mediciones del caudal de agua son menores a las obtenidas en 1999.

Cualquier arreglo a que llegue Bolivia con Chile sobre los manantiales del Silala será tan trascendental como el Tratado de 1904, sin lugar a reclamos posteriores.

 (*) Guimer Romero P. es ingeniero geodesta, coronel de Ejército

Comparte y opina:

¿MÁS DINERO, MEJOR ECONOMÍA?

Hoy se encuentra circulando en la economía mundial más dinero del que hubo en toda la historia.

/ 2 de mayo de 2021 / 21:21

DIBUJO LIBRE

Hace unas semanas los más grandes bancos centrales del mundo anunciaron continuar con sus posturas monetarias expansivas, manteniendo inalteradas sus tasas de política en mínimos históricos desde inicios de la pandemia (o incluso antes). La Reserva Federal de Estados Unidos reafirmó su plan de compras ilimitadas a las que mensualmente destina $us 120.000 millones en títulos del tesoro y deuda hipotecaria, que al año suman $us 1,44 billones. El Banco Central Europeo acelerará el rescate de activos, en el marco de su programa de compras de emergencia para la pandemia, por $us 1,85 billones. En Inglaterra se mantuvo el stock de compras en $us 1,2 billones, mientras que el Banco Central de Japón también ratificó la ampliación que hizo hasta medio año de compras masivas de activos para dotar de mayor liquidez a la economía nipona. En resumen, crece la hoja de balance de los bancos centrales.

En las reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebradas hace poco, la entidad que dirige Kristalina Georgieva mejoró las perspectivas de crecimiento de la economía mundial de 5,5% a 6%; esta previsión se sustenta en el mejor desempeño de las principales economías del globo, los nuevos planes de estímulos aprobados y el ritmo de vacunaciones masivas que afectaría positivamente a la actividad en la segunda mitad de 2021. La cita también fue oportunidad para que el FMI relance su propuesta de emisión de Derechos Especiales de Giro por $us 0,65 billones como medio para ampliar el acceso a financiamiento a países miembros del Fondo.

Estos anuncios no deberían causar asombro como tal, pues frente a las últimas crisis económicas, la salida ha sido inyectar más dinero. ¿Si la riqueza no se crea a partir de la impresión de dinero, cuán riesgoso o sostenible es apostar a la emisión monetaria para preservarla? Ha pasado un poco más de una década después de la crisis financiera global y aún no tenemos una comprensión cabal del efecto neto de los paquetes de estímulos monetarios creados desde 2008 y hemos entrado en una nueva fase de expansión de los agregados monetarios sin precedente desde 2020. Pareciera que, bajo el régimen monetario dominante de fijación de tasas de interés, la cantidad de dinero no importase. Sin embargo, se debe tener presente que los estímulos monetarios no pueden ser para siempre. Japón trató de crecer hace más de una década expandiendo los pasivos monetarios del Banco Central, empero el estancamiento persistió, así como la deflación. Si bien a nivel global no se ha planteado la posibilidad de una deflación desde los organismos internacionales ¿podría darse?

¿Dónde terminará el dinero de la pandemia? ¿A quiénes beneficia los rescates multimillonarios de los bancos centrales? ¿Dónde se destina la excesiva liquidez proveniente de los planes de recuperación? Los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en el mundo en el suministro de vacunas, tests, equipos de terapia intensiva, etc., al menos a corto plazo, pareciera favorecer en la reactivación económica exclusivamente a los países que pueden producirlos, no así a aquellos que los compran.

Por otro lado, a diferencia de la crisis de 2008, cuando el exceso de liquidez mundial producía una entrada masiva de capitales a los países emergentes y en desarrollo, la incertidumbre global y la fragilidad de estas economías no ayuda para que la hazaña se repita, pues el capital financiero menguó su apetito por mayor riesgo. La elevada liquidez mundial posiblemente aliente mayor endeudamiento a escala mundial, pero a un costo cada vez mayor, dado que se aceleró el aumento de los rendimientos de los títulos emitidos por el tesoro americano y otros, lo cual será un freno para el crecimiento para aquellas economías financieramente más vulnerables.

Pero no todo son malas noticias. Los precios de las materias primas continúan en ascenso, aunque su recuperación no tiene un origen real sino especulativo. Una parte del exceso de liquidez mundial estaría validando el alza del precio de granos, minerales y petróleo. Esta subida de precios podría impulsar la recuperación económica de los países en desarrollo, siempre y cuando exista la capacidad fiscal de capturar esas rentas.

Hoy se encuentra circulando en la economía mundial más dinero del que hubo en toda la historia. Si las tasas de interés están tan cercanas de cero, ¿ello quiere decir que el dinero dejó de tener un costo (al menos de oportunidad) o para comprender su verdadero valor debemos ver más allá del mercado monetario? La compra masiva de activos está creando una demanda ficticia, distorsionando la valoración de precios en los mercados de capitales y exponiendo a los balances de los bancos centrales a riesgos de mercado.

¿Esta colosal cantidad de dinero mundial realmente contribuirá a la reactivación económica? o ¿estamos frente a un crecimiento espurio donde lo único que sube son los precios de los activos sin efectos sobre la economía real? Existen muchas más interrogantes, pero concluiría señalando que el dinero a escala global contribuiría a crear más riqueza y, a la vez, menos producción.

 (*) Omar R. Velasco es economista     

Comparte y opina:

‘RACISMO Y PODER EN BOLIVIA’

Reseña del último libro de Fernando Molina, texto que problematiza la vigencia del racismo en el país.

/ 2 de mayo de 2021 / 21:18

DIBUJO LIBRE

Fernando Molina, siguiendo la propuesta teórica de Niklas Luhmann (2005), en Racismo y poder en Bolivia define al poder como un “medio de comunicación”. Ello en tanto que el poder, en su dimensión consensual —y, por tanto, no coercitiva— depende directamente de su comunicación. El poder, que a grandes rasgos es la capacidad de influir en las acciones de los demás, determina la manera en la que los individuos se relacionan entre sí. En ese sentido, los individuos, de acuerdo con sus características socioeconómicas y con las características de la sociedad de la que son parte, son poseedores de distintos recursos de poder —materiales y simbólicos— que son comunicados consciente e inconscientemente y que determinan sus intercambios sociales.

En ese marco, en las relaciones sociales el poder se comunica por medio de símbolos que, al ser decodificados por los individuos, dan cuenta de la cantidad y de las asimetrías de poder que median sus interacciones. Es decir que las relaciones sociales están imbuidas de operaciones de codificación y decodificación del poder, lo que permite a los individuos saber cuánta cantidad de poder poseen sus interlocutores y, por tanto, en última instancia, saber cuánto valor social tienen. En síntesis, de manera simple se puede indicar que el poder social de un individuo depende de su acumulación de “recursos de poder” —títulos de propiedad, educativos; características corporales, idioma, etcétera.

Esas consideraciones permiten que Molina pueda conceptualizar al racismo como “una disposición social heredada” que neutraliza e incluso reduce el poder social de los individuos racializados, operando como un mecanismo de desvalorización social de los sujetos categorizados como indígenas. En ese sentido, de acuerdo con el autor, los elementos que denotan una condición étnico/racial indígena llegan a constituirse en “cifras negativas introducidas en el código del poder que, sin importar con qué otras cifras se junten —riqueza, educación, atractivo, etc.— restan a éstas la capacidad de significar poder social”.

El racismo, para Molina, está compuesto por dos elementos interrelacionados, a saber: creencias y actitudes. La creencia que subyace al racismo es que quienes poseen determinado fenotipo, idioma, etnicidad, cultura, etc., asociado a “lo indio” tienen menos valor social. Las actitudes, por su parte, se constituyen en predisposiciones a actuar que corresponden con la cualidad de las creencias racistas. En ese marco, el autor identifica y analiza algunos ejemplos de creencias y actitudes racistas dentro de la sociedad boliviana. Por ejemplo, la creencia racista trágicamente extendida de creer que “hablar mal español”, es decir “hablar como indio”, conlleva ser inferior.

Como ejemplo de esta creencia en el contexto actual, podemos recordar a Horacio Poppe, candidato a la Alcaldía de Sucre en las elecciones subnacionales, quien después de haber perdido las elecciones señaló: “Discriminashon, discriminashon, solamente eso saben decir los del MAS (…) carajo que son brutos (…) hay que ser malnacido”, donde la ecuación es “hablar como indio = ser del MAS = ser malnacido = ser inferior”.

Un aspecto fundamental es que esas creencias y actitudes racistas no se constituyen en fenómenos puramente ideológicos, sino que se materializan en relaciones y hechos sociales concretos que producen la reducción de la agencia —ergo, del poder— de los individuos que poseen “características indígenas”.

Como puede presuponerse, para Molina el racismo no es un fenómeno menor en la sociedad boliviana; el autor considera que en el presente existe una jerarquía étnico-racial en la que los miembros de las clases altas —alta burguesía y alta gerencia— son “blancos” o “funcionan como blancos”. Para Molina, esa jerarquía se ha constituido a consecuencia de diversos factores económicos, sociales e ideológicos, y tiene como uno de sus más importantes dispositivos de consolidación al racismo.

Ahora bien, si existe una jerarquía étnico-racial en Bolivia, mínimo es necesario responder dos interrogantes. La primera, ¿cómo logra reproducirse? De acuerdo con el autor, por medio de la segregación —por ejemplo, educativa, en tanto la “educación de calidad” está casi reservada para la élite blanca— y la discriminación, a través del veto implícito, el estereotipo, la inferiorización, el paternalismo, los insultos, etc.

La segunda, ¿de qué manera los individuos considerados no blancos pueden ascender en la escala social y en los espacios de poder? La respuesta, a pesar de haberse complejizado más desde la emergencia de la autoidentificación étnica como mecanismo de valorización social de lo indígena, aún puede resumirse en una palabra: blanqueándose. Si “lo indio” conlleva la reducción del valor social de los individuos, “la blanquitud” conlleva el incremento de su valor social. Para decirlo en términos simples “son las dos caras de la misma moneda”. Sin embargo, como es evidente, no todos los individuos pueden blanquearse; existen mecanismos de cierre o de bloqueo del ascenso social de los individuos. En ese sentido, solo quienes se encuentran más próximos a los estándares que la sociedad le impone a la blanquitud se separan de los sujetos más lejanos a esos estándares, utilizando para ello como medio de diferenciación la discriminación racista y el desprecio a “lo indio”.

El panorama que las reflexiones de Molina permite entrever se torna aún más problemático si se toma en cuenta que la importancia del racismo es recurrentemente negada. Por ejemplo, se da el caso de que académicos y analistas en Bolivia reconocen la existencia del racismo o, dicho más precisamente, reconocen alguna de las formas por medio de las cuales el racismo se representa, pero se niegan a estudiar rigurosamente su amplitud y el problemático lugar que ocupa en el entramado socioeconómico del país, y cuando alguien lo hace —Molina en este caso— lanzan una crítica al unísono: “Sí, el racismo existe, es evidente; el autor x no está descubriendo la pólvora, pero explicar todo a través del racismo es, además de monotemático, indicativo de su incapacidad de comprender la complejidad de la temática”. Es decir, asumen que quien estudia el racismo al hacerlo tomará “la parte por el todo”.

Por ello, y para finalizar, cabe destacar que Molina no trata de explicar el conjunto de la vida social y de la historia del país utilizando al racismo como una categoría analítica exclusiva, menos aún omite el lugar que ocupan otras determinantes “más materiales” en ellas, sino que pretende posicionar, en la dimensión en la que considera que se expresa en la realidad, un fenómeno que ha sido pocas veces estudiado con rigurosidad académica en el país. Sin embargo, es pertinente destacar que la conceptualización del racismo como “una disposición social heredada —tradicional” puede resultar problemática si se la utiliza para focalizar la discusión en su carácter heredado/tradicional, omitiendo que en el momento histórico actual el racismo es un fenómeno que se encuentra sostenido por las relaciones de dominación y explotación del capitalismo tardío y que, al mismo tiempo, funciona como un aditamento de ellas. Tómese en cuenta, sin embargo, que esta última reflexión solo se reviste de sentido si se toma en cuenta que el racismo es considerado, desde el sentido común, como un fenómeno estático que ha permanecido invariable desde la colonia.

 (*) Rodrigo Pacheco c. es politólogo

Comparte y opina:

DEPARTAMENTOS, POBLACIÓN + TERRITORIO

La representación en las asambleas departamentales tiene una falla de diseño, se dice; hay razones para afirmar y negar esto.

Ganar la gobernación no es garantía de gobernabilidad. Las subnacionales recientes son un claro ejemplo

Por Iván Bustillos

/ 25 de abril de 2021 / 19:44

EL PUNTO SOBRE LA I

Una vez conformados los gobiernos departamentales (gobernador y asamblea legislativa), nuevamente volvió a plantearse el debate sobre la distribución de escaños entre los partidos con presencia en las asambleas departamentales. Y es que otra vez se cuestionó la forma en que está diseñada dicha distribución, especialmente en los cinco departamentos que aún no cuentan con estatuto autonómico (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí). En general, se critica que habiendo ganado la elección de gobernador determinado partido, “curiosamente” en la Asamblea Legislativa Departamental es la oposición (en este caso el Movimiento Al Socialismo, MAS) la que tiene la mayoría, o al menos importante número de los asambleístas. En Oruro, Potosí y Cochabamba, donde para gobernador ganó el MAS, sus asambleas se corresponden con esta victoria: en los tres legislativos departamentales el MAS es mayoría, y aplastante. Lo paradójico está en La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y, en cierta medida, Santa Cruz; en los cinco primeros, el MAS ostenta la mayoría de las asambleas, pese a ser gobernador un opositor al partido azul. En Santa Cruz, pese a que Creemos por gobernador le ganó al MAS con una distancia de 17 puntos porcentuales, cuenta con igual número de asambleístas (11) que el MAS.

Como se adelantó en este mismo suplemento hace dos semanas, tras señalar que los gobiernos departamentales serán complejos, se apuntó que buena parte de este desbalance (el partido x gana la gobernación pero queda en minoría en la asamblea) se debe a que el MAS triunfó en las provincias (donde gana quien obtenga un solo voto más que el segundo), logrando más legisladores departamentales “por territorio”. Como se puede ver en los cuadros adjuntos, en cuatro departamentos existe la misma cantidad de asambleístas por territorio y por población: 20-20 en La Paz, 16-16 en Oruro, 16-16 en Potosí, y 16-16 en Cochabamba. Por otro lado, ocho de los nueve departamentos (la excepción es Potosí), también tienen representantes indígenas (ver los cuadros). Luego, en tres departamentos hay más asambleístas por territorio que por población: Chuquisaca, 10 por territorio y 9 por población; Pando, 15 por territorio y 3 por población; y, Santa Cruz, 15 por territorio y 8 por población. En tanto que en Tarija hay más asambleístas por población (15) que por territorio (12). El caso especial es Beni, que solo tiene asambleístas por territorio.

Volvió el debate sobre la distribución de escaños porque se la considera “injusta e irracional”. A propósito del debate de la “Ley de convocatoria a elecciones subnacionales” en la Asamblea Legislativa, el 2 de diciembre de 2020, la senadora paceña por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena había dicho que el referido sistema “viola los principios democráticos, (pues) va contra el principio de igualdad, de inclusión, de dignidad, de respeto, de complementariedad, todo el artículo 8 de la Constitución”; transgrede además, dijo, el 146, donde se dice que “el número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido”; este principio se puede extender a los asambleístas departamentales, reclamó Requena.

Se trata de una “distorsión”, una “trampa orquestada por el MAS hace 10 años”, dijo en esa oportunidad la senadora de CC Andrea Barrientos, “que le ha permitido tener una mayoría de representación en las asambleas legislativas departamentales”.

Para las elecciones subnacionales del 7 de marzo, comparando la votación por el gobernador y el número de asambleístas, en los departamentos sin estatutos, el MAS en La Paz para gobernador obtuvo 39% y tiene 56% de los asambleístas; en Oruro, 46% del voto, 76% de asambleístas; en Potosí, 44% del voto, 75% de asambleístas; en Cochabamba, 57% del voto, 74% de la asamblea; y en Chuquisaca, 39% del voto, 67% de los asambleístas.

Pero, en el caso de los departamentos con estatutos, la relación varía: ganando por muy poco en Tarija, el MAS obtuvo 38% de la votación, resultando con 43% de asambleístas; en Beni, siendo segundo con 22%, tiene 43% de legisladores; en Santa Cruz, siendo segundo con 38%, ostenta 43% de los asambleístas.

Lo peculiar se presenta en Pando, donde obtuvo 41% del voto y llega a 62% de la asamblea. Sin embargo, como desmintiendo aquello de que todo esto es en beneficio del MAS, del partido mayoritario, en el mismo Pando, cuando el MTS la segunda mayor fuerza, que por gobernador obtuvo 39%, apenas tiene un asambleísta, 4,7%, y en Beni, el mismo MTS, que ganó en primera vuelta con 42%, solo logró 25% de los asambleístas departamentales.

Quien avanzó de modo más concreto en el cuestionamiento a la referida forma de distribución de escaños fue el exdiputado y exdirector del Servicio Departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, quien en diciembre de 2020 presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que enmiende la “distorsión” generada en 2010, que se aplicó en esas mismas primeras elecciones subnacionales, en las de 2015 y en las recientes de 2021.

El proyecto de la ley “Para restablecer la representación democrática en la asignación de escaños en las asambleas departamentales”, propuesto por Yaksic, consta de dos artículos, y en lo básico plantea “modificar la Ley del Régimen Electoral 026 del 30 de julio de 2010 a fin de realizar ajustes a los artículos 65 y 66 en lo que respecta al mecanismo de asignación de escaños para las elecciones subnacionales de 2021 y posteriores”. (Exposición de motivos del referido proyecto) Subsanando la “incongruencia” de la actual forma de designación de escaños, se propone, dice Yaksic, “recuperar el principio de mayoría y proporcionalidad” establecido en el artículo 2 de la misma Ley de Régimen Electoral, “para una adecuada asignación de escaños en las Asambleas Legislativas Departamentales”. Una de las bases de la reforma propuesta por Yaksic es que la conformación de las asambleas de departamento sea similar a la que se hace con la Cámara de Diputados, siendo lo mismo diputados plurinominales y asambleístas por población, y diputados uninominales y asambleístas por territorio.

El problema viene desde lejos. Cuatro días después de la primera elección de gobernadores, en 2010, el entonces presidente del TSE, Antonio Costas, emitió dos directivas (la 30 y 31) disponiendo precisamente que para la asignación de escaños en las asambleas departamentales no se aplique la misma fórmula usada para la conformación de la Cámara de Diputados. Aquella vez hubo huelgas de hambre y hasta procesos penales contra Costas. El ingeniero se defendía aduciendo que ante lo impreciso de la norma, él lo único que había hecho fue ajustar la asignación de escaños departamentales a la Constitución y las leyes.

En la respuesta escrita que Costas envió el 3 de mayo de 2010 a una petición de informe remitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente del TSE aduce que según la Constitución el sistema de elección de los diputados nacionales es “completamente diferente” de la elección de asambleístas departamentales (salvo la aplicación de la fórmula distribuidora de escaños según la cantidad de votos obtenida por cada partido). Así, Costas dice que si para los diputados nacionales hay “escaños uninominales, plurinominales y especiales (indígenas)”, para las asambleas de departamento, lo que existe, y es diferente, son “escaños poblacionales, territoriales e indígenas originario campesinos”; luego, si los diputados plurinominales se eligen de manera indirecta, cuando se vota por los candidatos a la Presidencia, los asambleístas departamentales por población se eligen de manera directa, en lista separada del candidato a gobernador; y, tercero, si en la elección nacional existe una sola votación y un solo escrutinio para el Presidente y los diputados plurinominales, en la elección subnacional hay “tres votaciones directas”, tres escrutinios y tres cómputos distintos: de gobernador, de asambleísta por población y de asambleísta por territorio (por lo menos en los departamentos en que aún no se cuenta con estatuto).

Las directivas, alega Costas en sus respuestas a la Asamblea, no modifican “ninguna ley que establezca la asignación de escaños”, y que dichas directivas son parte de procedimiento técnico de competencia del TSE.

El 24 de diciembre, el presidente del TSE (2021), Salvador Romero, respondió a Yaksic: “El TSE ha tomado conocimiento de su propuesta para una modificación de la asignación de escaños en las asambleas departamentales en la elección del 7 de marzo de 2021. Más allá del interés de la propuesta, el tema fue analizado y debatido en la Asamblea Legislativa que determinó mantener un esquema similar al que se utilizó en las elecciones precedentes”.

La discusión acerca de la “distorsión” en la asignación de escaños en las asambleas departamentales es similar a la que se dio el año pasado sobre una suerte de discriminación del voto urbano en favor del rural, que un diputado en la ciudad de La Paz, por poner una cifra, necesitaría 50 mil votos y 5.000 el mismo en una región rural. Al respecto, el sociólogo Juan Carlos Pinto (ya fallecido) insistía en que esto ocurre porque en la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa en el país se aplica de conjunto el criterio poblacional y el de equidad, lo que se expresa en “que se dará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor desarrollo económico”. (Animal Político, 27 de mayo de 2020).

Hay una evidente subrepresentación en los departamentos más poblados, del eje, pero es para que los otros departamentos menos poblados también tengan presencia en la Asamblea nacional, insistía.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

Comparte y opina: