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GOLPE Y FRAUDE, DOS RELATOS EXCLUYENTES

/ 18 de abril de 2021 / 18:01

Hay la necesidad de desmontar los relatos excluyentes de o golpe o fraude en octubre y noviembre de 2019

DIBUJO LIBRE

Sin buscar terminar la discusión sobre los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, es necesario mencionar que éstos están entramados en diferentes contradicciones y cada una de ellas debe ser analizada en su contexto amplio y específico. Hasta cierto momento, octubre y noviembre de 2019 responden a la correlación de las fuerzas movilizadas del momento y al desgaste del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se enmarcan en el cumplimiento de la voluntad expresada el 21F (Evo Morales no podía repostularse a un cuarto mandato), logra además la anulación de las elecciones de 2019 y la posibilidad de nuevas elecciones; hasta ahí todo estaba bien. Sin embargo, los hechos se complicarán con lo que pasará después.

El triunfo autodeterminativo del 21F, como la búsqueda del respeto a la institucionalidad democrática en Bolivia, albergaba en su seno el germen de su propio fracaso y contaminación: cuando las Fuerzas Armadas piden la renuncia de Evo Morales (deliberando así en asuntos políticos), la forma en que los principales actores políticos de la oposición, Tuto, Mesa y Camacho llevan adelante la transición del poder (este último incluso habló de una junta de gobierno de transición al margen de la Asamblea Legislativa); todo esto llevará a que la asunción de Jeanine Áñez no siga el procedimiento establecido en la Constitución, lo que permite que el comandante de las Fuerzas Armadas le ponga la medalla presidencial y que posteriormente haya las terribles masacres de Senkata y Sacaba, para asegurar la vigencia del gobierno transitorio.

Es en ese contexto de corresponbilidad entre la oposición y la cúpula del MAS que se realiza la transición del poder, que posteriormente será avalado por la Asamblea Legislativa con la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales 2020, lo que implica la conformación de un nuevo Órgano Electoral para llevar adelante la convocatoria para las nuevas elecciones generales.

El gobierno de Áñez no será muy distinto al gobierno de Morales, al vulnerar los derechos políticos de los disidentes, al instrumentalizar la Justicia a su favor, al incumplir su palabra al entrar en la carrera electoral; por los hechos de corrupción lamentables (como los casos de Entel, YPFB, respiradores, etc.). Lo peor: llevará adelante una de las peores gestiones de gobierno, preparando así el mejor terreno para el retorno del MAS al poder en las elecciones de octubre de 2020. En tal caso, tanto el gobierno de Morales como el de Áñez y sus ministros deben ser procesados e investigados: en el caso de Áñez, por los hechos de Senkata y Sacaba y los múltiples hechos de corrupción en su gestión.

Sin embargo, con la aprehensión de Jeanine Áñez y sus ministros, el Gobierno central (los sectores sociales afines al MAS) y la oposición (Mesa, Camacho, comités cívicos, etc.) empiezan a activar dos relatos políticos contradictorios para el país: el relato del “golpe de Estado” a secas y el relato del “fraude electoral” a secas, politizando al máximo los acontecimientos de octubre y noviembre y envolviéndolos en una trama de significaciones.

Lo peligroso de estos dos relatos, por parte de los actores más radicales de ambos lados, es el intento de reducir todo lo que pasó antes y después de los acontecimientos de octubre y noviembre a una sola lectura, e intentan llevar al país a un escenario de polarización social muy peligroso y que podría desatar los demonios escondidos de octubre y noviembre de 2019.

Por un lado, la narrativa del “golpe de Estado” a secas intenta mostrar las acciones de Evo Morales como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades cometidas por el MAS, el irrespeto al 21F y las anomalías en el proceso electoral de 2019. Por otro lado, la narrativa del “fraude electoral” a secas intenta mostrar las acciones de la oposición política como hechos impecables y buscan desconocer las irregularidades en la asunción del gobierno de Áñez, las masacres de Senkata y Sacaba y los hechos de corrupción cometidos en su gestión. Ambos relatos a secas son un problema, porque simplifican, hacen maniqueo el análisis y se alejan de la discusión sobre la integralidad del hecho.

El desafío para salir de esta discusión es el desmontaje de tales relatos excluyentes (golpe y fraude) que solo beneficia a la actual clase política (a posiciones autoritarias y conservadoras de ambos lados); entonces, existe la necesidad de una tercera narrativa (o más) que disputen (o en su caso concilien) la explicación de los hechos políticos de octubre y noviembre de 2019.

(*) Juan Pablo Marca Es Politólogo por la Uagrm

El censo no es solo para repartir escaños y dinero

La información que se recoge sirve para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y sectorial.

Es una herramienta para ver cuántos somos y cómo estamos.

Por Iván Bustillos

/ 25 de julio de 2021 / 19:22

El punto sobre la i

El país está haciendo su tarea en cuanto a la regularidad de los censos. “En el siglo XXI estaríamos cumpliendo las recomendaciones internacionales de que cada 10 años hay que realizar un operativo, un recuento, inventario, de los recursos humanos del país y del hábitat de estas personas”, celebra el sociólogo especializado en estudios de población y docente universitario René Pereira Morató. En efecto, en el nuevo siglo se empezó con el censo de 2001, luego vino el de 2012 (que tuvo muchos cuestionamientos), y ahora se proyecta el del 16 de noviembre de 2022 (con una media de 10 años de distancia).

Hasta 2012 el país tuvo un total de 11 censos, informaba Pereira Morató en la revista Temas Sociales Nro. 35 (de julio de 2014) de la carrera de Sociología de la UMSA: cinco desde la creación de la república hasta 1900 (en 1831, 1835, 1845, 1854 y 1882), y seis desde 1900 a la fecha (en 1900, 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012).

“Bolivia no tiene una tradición censal”, asegura el sociólogo, lo que entre otras cosas “demuestra que el Estado boliviano le otorga muy poca importancia al dato poblacional para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y seccional”. El censo, en lo básico “hace un recuento, un inventario sincrónico, en un momento del tiempo, de cuántos somos y cómo estamos los bolivianos”. Una fotografía global por la que se conoce, entre otras cosas, las desigualdades en cuanto a vivienda y acceso a servicios, la base de la representación política (la distribución de escaños parlamentarios); la distribución de los recursos a través de la coparticipación tributaria; la movilidad interna, de departamento a departamento o de campo a ciudad o viceversa; la migración internacional (una pregunta incorporada en 2012 y que se debería volver a hacer en 2022, demanda Pereira Morató, para “saber si el flujo de bolivianos a la diáspora se ha intensificado o se ha mitigado”). “El censo sirve para la planificación del desarrollo, y no solamente para distribuir plata”, sentencia.

INNOVAR. Pero el censo también debería servir para innovar el conocimiento. Si bien ya se mide la migración interna en el país, para el registro de 2022, por ejemplo, dice el sociólogo poblacional, se debería incluir el tema de la “multilocalidad” (el hecho de trasladarse de la gente de un lugar a otro, por trabajo principalmente, pero sin cambiar de residencia); el caso de los alteños que “bajan” solo a trabajar a La Paz, o viceversa; “esto hay que dimensionarlo, para saber las presiones que esta población multilocal está ejerciendo en algunos muncipios”, destaca el especialista.

La boleta censal de 2022 debería, además, incorporar los nuevos temas, como el propio impacto del COVID- 19, la situación de la atención de la salud, el cambio climático, insiste.

Pero si hay algo de que el docente universitario está convencido, como lo estuvo en 2012 la unión de instituciones la “Ruta del Censo”, es que el operativo de registro de ese año fue, se lo dijo en su momento, “un censo fallido”. No solo, dice, porque se trató de un “censo autoritario, con una boleta censal vertical y poco o nada transparente”, sino también porque no se llevó adelante una tarea “precensal” fundamental: la actualización cartográfica, esto es, “el inventario de todos los predios, casas, viviendas, comunidades, edificios”. Se usó, dijo, la cartografía del censo de 2001 con algunos añadidos; todo lo cual, sin embargo, resultó insuficiente.

Al respecto, al anunciar la fecha del censo, el miércoles 21, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijo que el censo se desarrollará en tres etapas, antes, durante y después de la jornada de empadronamiento, “y tendrá en la actualización cartográfica una de las tareas más importantes”.

Ahora, si un efecto de mediano y largo plazo tiene el censo, esto es que sus resultados serán la base de futuras acciones de gestión pública. “Es un cúmulo de información, muy importante para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas”, destaca el politólogo Marcelo Silva.

Un mecanismo de recojo de información que, por lo demás, debe actualizarse permanentemente. Por ejemplo, afirma Silva, a propósito de la pandemia del coronavirus y su efecto en la vida diaria de la gente, en la boleta censal se tendría que ver la forma de incorporar la pregunta sobre el acceso real de los bolivianos a internet.

Por otra parte, el censo, en últimas, lo dice el politólogo, de lejos no se reduce a la distribución de recursos y escaños: “Es un error, definitivamente, concentrar la mirada en el hecho de la información estadística y poblacional, que va a permitir recursos y una nueva redistribución de escaños o de representación política”.

ESCAÑOS. Por lo demás, en lo relativo a los escaños parlamentarios (que teóricamente aumentarán por el incremento de población en ciertas regiones), Silva insiste en que toda discusión debe arrancar conociendo los resultados, ver si las proyecciones que se han hecho desde el censo de 2012 se cumplen. No está bien limpiarse la boca antes de comer, destacó a este suplemento: decir que ya se tiene tantos y cuantos diputados más porque se cree que la población “aumentó mucho”.

Pero el lío de los escaños aún tiene una fatalidad insalvable, remarca el politólogo: que cualquier incremento de diputaciones para un departamento, necesariamente es a costa de la reducción en otro; de ahí lo agrio del tema, “porque nuestra Constitución tiene un error: da un número definido de diputados, lo cierra en 130; lo ideal hubiese sido que la Constitución maneje márgenes; por ejemplo, que la Cámara de Diputados está compuesta por entre 130 y 200 diputados”.

En cuanto a nuevas realidades que se hayan configurado en los últimos 10 años, para Silva lo primero a considerar en el mecanismo censo es que éste sobre todo debe ser para recoger “información técnica”, una “foto completa de que así tal cual está la sociedad boliviana”; ésta precisamente es su riqueza, la objetividad del dato que recoge. En este sentido si se quisiera conocer, por ejemplo a la población boliviana LGTB, esta pregunta podría entrar en la boleta específicamente para indagar las características objetivas de la misma; por eso, no solo para este caso, sino para muchos otros, “el tratar de meterle algún otro matiz religioso, filosófico, de suma discusión, político en exceso, es tratar de sacarle un photoshop (distorsionarla) a esa fotografía real que tenemos”.

Una prevención que también hace el politólogo es que el censo tampoco es una panacea universal, que todo lo vaya a curar: “El censo no va a cambiar por sí mismo ni la representación, ni la asignación de recursos, ni la composición, ni las preferencias de la población; el censo solamente va a revelar información”.

Y, finalmente, está un tema que volverá a plantear un encendido debate, como ocurrió en los dos anteriores censos, de 2001 y de 2012: la autoidentificación étnica, la pertenencia a algún pueblo indígena.

Lo problemático del hecho es que hoy mismo involucra a los dos anteriores censos: si en 2001, 62% de la población censada dijo pertenecer a un pueblo indígena, en el censo de 2012 esta cifra bajó nada menos que a 41%. Como si en el censo de noviembre de 2022 se fuera a resolver la incógnita de hacia qué cifra finalmente se acerca esta tercera respuesta.

Un tanto reacio a creer que el tema de la autoidentificación étnica tenga la misma importancia que en los censos 2001 y 2012, el sociólogo poblacional Pereira Morató prevé una presencia más bien modesta de la cuestión en la boleta censal de 2022. “Esta pregunta de la etnicidad sirvió para demostrar que somos un país indígena y que tenemos un presente indígena; ahora es otra situación, no creo que el tema étnico resulte de tanta importancia, pero puede ser que me equivoque”.

Para el politólogo Silva, el tema de la identificación de la gente con los pueblos indígenas es muy importante porque está en el “espíritu de la Constitución”. Finalmente somos un Estado “plurinacional”, y no cabe el hecho de que el país no sepa la proporción demográfica de las “naciones” que conforman su “plurinacionalidad”.

INDÍGENAS. Y el tema no solo es, añade, demográfico o del solo interés estadístico, sino que también se debe considerar la fortaleza o debilidad de lo indígena en diferentes ámbitos: “De un proceso de crecimiento o consolidación, por ejemplo, de la democracia comunitaria, de las autonomías indígenas, de los idiomas (nativos) aún vigentes”.

Debido a lo problemática que resultó la implementación de la pregunta de pertenencia étnica en los dos anteriores censos, y a que no siempre se razonó la identidad indígena desde la pluralidad (que se pensó lo originario solo como lo aymara y quechua), para Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), lo que toca hoy día es que “la pregunta (en la boleta censal) va a tener que ser discutida de manera participativa, con todos los actores de los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas”.

En lo relativo a la persistencia de la confrontación mestizo-boliviano versus indígena-plurinacional (lo que se vio en los anteriores censos), Vargas Delgado a tiempo de reconocer que éste será un debate aún de un largo tiempo, el punto está en que se busque atenuar la polarización: “Éste va a ser un debate que no va a concluir; sin embargo, lo mestizo no tiene que implicar la negación de la presencia y la existencia de una diversidad de naciones y de pueblos (indígenas) que han pervivido y perviven en nuestro país por siglos. Tiene nomás que darse las condiciones para no perder de vista que evidentemente somos un país mestizo pero fundamentalmente somos un país plurinacional, multiétnico”.

Ciertamente al margen de la cuestión de pertenencia o identificación étnica, la mayor utilidad del censo de 2022 para los indígenas, especialmente de los de tierras bajas, está en la identificación y el dimensionamiento del estado de vulnerabilidad económica y social en que se encuentran estos pueblos; de su “vulnerabilidad específica y concreta, cuando se trata de acceso a recursos económicos, salud, educación”, remarca Vargas Delgado. Con la pandemia de coronavirus COVID-19, la situación de los pueblos indígenas empeoró.

En cuanto a la autoidentificación como indígena o no, sin embargo, Vargas Delgado cuestiona que esto se lo entienda como blanco y negro y de una vez y para siempre. “Tenemos que entender que la autoidentificación, la identidad étnica, y cualquier otra identidad no es algo estático; es una construcción permanente, social, no se va a quedar anclada; en esa perspectiva, siempre habrá una movilidad en términos de la autoidentificación étnica”, destaca.

Si bien el censo del 16 de noviembre de 2022 será esencialmente un procedimiento técnico, no deja de tener importancia la participación ciudadana y de entidades para aportar a la mejora del registro masivo. “Este censo podría ser científico, académico, si es un censo participativo, si hay una corresponsabilidad ciudadana; si solamente vamos a dejar (solos) a los técnicos del INE y a las fuerzas políticas que digitan algunos temas y algunos intereses, realmente vamos a reproducir las fallas anteriores. La sociedad civil debe, tiene que participar en todas las fases del censo”, remarca el sociólogo Pereira Morató.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Crisis, reconciliación y justicia

En 2019 fracasó el orden constitucional, se quebró su espíritu: la convivencia pacífica con pluralidad y tolerancia.

/ 25 de julio de 2021 / 19:10

Dibujo libre

La crisis de 2019 derivó en una presidencia transitoria y en la celebración de nuevos comicios en octubre de 2020. El recuento está dividido entre quienes insisten en que lo que ocurrió fue un “golpe de Estado” y aquellos que sostienen que fue un movimiento popular que reaccionó ante un “fraude electoral”. Ninguna de estas dos versiones, por sí solas, capturan la verdadera dimensión de los acontecimientos. Sucedió algo aún más grave: el fracaso del orden constitucional expresado en la incapacidad de los órganos de poder público y de sus autoridades para ejercer sus atribuciones, para atender las protestas sociales; para contener la insurrección de las instituciones armadas y de las turbas violentas. Este fracaso también es revelador del quiebre de su espíritu: la convivencia pacífica entre todos los bolivianos bajo el principio de pluralidad y tolerancia y el quebranto de una gobernanza democrática estable. A 11 años de vigencia de la Constitución es ineludible el examen del diseño y el desempeño institucional para una reconciliación con justicia.

El Órgano Electoral no correspondió con integridad la votación de octubre de 2019 a la que la población concurrió en paz. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pudo concluir un cómputo nacional oportuno y transparente. La suspensión del mecanismo de conteo rápido, la existencia de servidores paralelos y otras críticas detectadas por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) le restaron credibilidad y despertaron protestas. Las acusaciones penales contra autoridades electorales no resolvieron la existencia de un “fraude” y todavía se debaten los alcances de los informes de la OEA. La Asamblea Legislativa renovó la integridad del Tribunal Supremo Electoral para conducir las elecciones nacionales y subnacionales que se celebraron normalmente. Recientemente el Gobierno designó nuevas autoridades electorales departamentales bajo procedimientos cuestionados que vuelven a poner en duda la imparcialidad institucional .

El Órgano Ejecutivo no pudo contener la espiral de protestas ciudadanas sobre los resultados de la elección de octubre de 2019 y no definió con claridad su postura sobre la continuidad del proceso electoral. Sus principales autoridades, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, acabaron renunciando a su mandato ante la insurrección de la Policía y las Fuerzas Armadas que, pese a estar prohibidas para deliberar, se pronunciaron sobre su dimisión. Ambos dejaron el país y su partida precipitó la irregular sucesión. Las candidaturas de Morales y García cargaban el cuestionamiento ciudadano por los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazaron la propuesta de modificar la norma constitucional que limita la reelección solo a dos periodos. Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revirtió ilegalmente la voluntad popular expresada en el texto constitucional de 2009 y en el referéndum de 2016. El rechazo a esta decisión judicial fue manifiesto y se espera una opinión consultiva requerida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Órgano Legislativo no fue eficaz con la representación ciudadana y la coordinación con otros órganos. Su actividad legislativa está sometida al Ejecutivo y no cede espacios a las minorías opositoras. Las dos últimas crisis políticas producidas por la dimisión de un Presidente revelaron el intento de desestimar las atribuciones del Legislativo en la sucesión constitucional. En 2005, los parlamentarios tuvieron que trasladar la sesión del Congreso para sortear presiones de grupos de interés. Lograron instalar una sesión en Sucre donde ambas cámaras debatieron y resolvieron la sucesión presidencial en favor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, conforme al orden señalado por la Constitución. En 2019 las renuncias de los líderes de las cámaras, varias de ellas por amenazas contra su integridad o la de sus familiares, perjudicaron la convocatoria a las sesiones de la Asamblea. Simultáneamente, un espacio “ad hoc” reunido en la Universidad Católica de La Paz ensayaba “soluciones” a la crisis política. Este no era ni podía ser un espacio que reemplace legítimamente las sesiones de la Asamblea. Sin embargo, se promovió e instrumentalizó la sucesión “ipso facto” a la presidencia vacante por la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, quien se autoproclamó Presidenta del Estado. Se vulneró el orden constitucional que prevé que son las Cámaras Legislativas las que reunidas en Asamblea conocen las renuncias y acuerdan la sucesión. (Arts. 161, 3 y 169 de la CPE), normas de aplicación preferente sobre los Reglamentos Camarales y el oficioso “comunicado” emitido por el TCP.

La Asamblea Legislativa no fue disuelta. Tuvo una línea ambivalente, por una parte repudió el régimen transitorio y por otra ejerció atribuciones para la designación de los miembros de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y sancionó leyes para extender el mandato de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y gobiernos subnacionales hasta las nuevas elecciones generales, que fueron postergadas en dos oportunidades sucesivas so pretexto de las contingencias de la pandemia.

El Órgano Judicial no supera las deficiencias estructurales que arrastra por décadas. Persisten deficiencias que comprometen la seguridad jurídica del Estado y la de los ciudadanos. La falta de acceso, una legislación obsoleta y la ausencia de reformas efectivas afectan el servicio judicial. La elección de magistrados por voto popular no despolitizó el sistema y todavía no se repara en que es la integridad del desempeño de todos los jueces lo que asegura su imparcialidad. La politización y la ausencia de política criminal se expresan en el uso abusivo de la detención preventiva y selectiva, práctica que genera una crecida población de presos sin condena en recintos saturados. Varias decisiones del TCP, en lugar de asegurar la supremacía de la Constitución y la vigencia de derechos y garantías, optan por razonamientos contradictorios y afectos a los intereses político-partidarios. La crisis reveló la urgencia de una reforma judicial a partir de un diagnóstico plural y comprensivo.

La presidencia de Áñez no advirtió su naturaleza “transitoria”, desde su inicio reveló un propósito de repulsa al MAS, desmontó las instituciones públicas y promovió causas criminales selectivas. Pronto Áñez anunció su candidatura a la Presidencia del Estado, proclama que confirmó su desprecio por la imparcialidad que debía distinguir su paso por la Presidencia. La mayor censura al régimen de Áñez se concentra en la represión violenta por fuerzas militares y policiales a manifestaciones civiles. Algunas actuaciones se cumplieron bajo los alcances de un decreto que eximía de responsabilidad a militares que participaban en tareas de preservación del orden público, norma derogada por la crítica pública. Las protestas en Sacaba y Senkata fueron violentamente reprimidas dejando un saldo de más de 30 muertos, cientos de heridos y detenidos. Ni el Fiscal General, ni el Gobierno reaccionaron oportunamente, con diligencia, objetividad y responsabilidad para abrir diligencias de investigación bajo un debido proceso judicial. A más de un año y medio de los hechos, todavía se aguarda el informe de una comisión de investigadores independientes. Las demoras del proceso perjudican a las víctimas y favorecen la impunidad.

Las elecciones de octubre de 2020 restablecieron la composición democrática. Luis Arce y David Choquehuanca fueron elegidos Presidente y Vicepresidente con el 55% de los votos, también se eligieron a senadores y diputados de la Asamblea Legislativa. En abril de 2021 se eligieron a gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales. Los discursos inaugurales de Arce y Choquehuanca contrastan con el rumbo de su gestión gubernamental. Siguen confrontando los viejos problemas estructurales del Estado, el lastre de la gestión transitoria y los efectos de la pandemia que encontró un país con deficiencias estructurales en su sistema de salud, con una economía frágil y sin políticas para atender la educación. No obstante, la administración gubernamental tampoco ha promovido espacios de concertación sobre ningún tema de Estado. Al contrario, así como el gobierno anterior alentó causas penales por el “fraude”, el actual alienta otras por el “golpe”.

Para considerar una reconciliación sincera, cabe destacar que durante las últimas crisis la mayoría de los bolivianos demostraron su voluntad de paz y espíritu solidario, en contraste con las narrativas tan desavenidas entre los líderes y las organizaciones políticas. Son ellos quienes deben comenzar el encuentro, cesar hostilidades y restablecer el diálogo, asumiendo responsabilidad sobre el desempeño institucional, promoviendo soluciones y superando resentimientos. No será posible una reconciliación sin justicia, pero con una justicia imparcial que juzgue con ecuanimidad, no solo buscando castigos, también con reparación para las víctimas y los daños producidos. Las falencias del orden constitucional subsisten, su examen abre un momento constituyente de reflexión para considerar cambios en consenso, poniendo a prueba la responsabilidad de los actores políticos frente a la sociedad que costea sus salarios, que concurre en paz para elegirlos y ratificar su vocación democrática.

(*)Eduardo Rodríguez V. es abogado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

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Tierra y propiedad

Urge efectuar el Cuarto Censo Nacional Agropecuario; el último se lo hizo en 2013.

/ 25 de julio de 2021 / 19:03

Dibujo libre

Hasta la fecha solo existieron tres Censos Nacionales Agropecuarios en Bolivia: 1950, 1984 y 2013, el último de los cuales no incluyó la variable imprescindible de propiedad y posesión de la tierra, por lo demás, sobreestimó el número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), al convocar a gentes que tenían algunas parcelas pero que ya vivían en las ciudades e incluso en el exterior, tampoco fue tomada la doble propiedad como una UPA, registrándolas en consecuencia dos veces; a tal punto llegaron esos extremos que de las 870.000 UPA registradas por el Censo de 2013, solo pueden ser consideradas en la actualidad un máximo de 660.000, por vía del cálculo del crecimiento poblacional y migración de los últimos 30 años.

Sin confundir el saneamiento de la propiedad (proceso de legalización) con la efectiva propiedad y posesión de la tierra según los grupos sociales agrarios y de acuerdo con las proyecciones del Censo Agropecuario de 1984, el reconocimiento de territorios a los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas de Oriente (PITBO), constitucionalmente reconocidos como nacionalidades, y la dotación de tierras comunitarias a pequeños productores (asentamientos humanos) desde la promulgación de la Ley INRA en 1996, siempre en cifras redondas, nos encontramos con la distribución de la tierra por grandes estratos agrarios señalada en el cuadro adjunto.

Después de casi 70 años de la Reforma Agraria Boliviana (1953-2021) estamos frente a una nueva contradicción de latifundio y minifundio: En efecto, 82% de las UPA disponen de solo 16% de la tierra, mientras que 9% posee 50% de la tierra. Más si se considera que el restante 9% de las UPA son 60.000 familias de aproximadamente 30 PITBO, que disponen de territorios comunitarios de alrededor de 20.000.000 de hectáreas, no precisamente agropecuarias.

Para contextualizar este fenómeno, debemos señalar que hablamos de 60.000.000 de ha de las 100.000.000 que tiene todo el territorio nacional, que de acuerdo a proyecciones GEOBOL de 1980, a la actualidad la distribución según el uso de la tierra sería el siguiente: 1. Eriales, pantanos, cuerpos de agua y rasgos culturales (20.000.000 ha); 2. Pastos y arbustos (30.000.000 ha); 3. Bosques (45.000.000 ha); y, 4. Cultivos (5.000.000 ha).

Por otra parte, de acuerdo con declaraciones de la coordinadora nacional del INRA, Giovanna Mealla, a la radioemisora Erbol, el 12 de julio del 2021, y de Juan de Dios Fernández, director de Planificación del INRA, en La Razón del 18 de julio de 2021, el proceso de saneamiento es del 87%, faltando en consecuencia el 13%. Lo que no dicen las autoridades es que de las 60.000 UPA empresariales a la fecha muy pocas fueron saneadas, no obstante de que este estrato agrario detenta 30.000.000 de ha, que representa nada menos que 50% del total de las tierras sujetas de análisis.

Si por un momento abstraemos del cuadro el estrato agrario de PITBO, que disponen de territorios con vocación sirvoagropastoril, y contrastamos solo los estratos de campesinos y empresarios agrícolas, resulta que el 90% de las UPA (540.000 campesinos) disponen del 25% de la tierra (10.000.000 ha), el 10% de las UPA posee 75% de la tierra (30.000.000 ha), de un total, esta vez, de 600.000 UPA y de 40.000.000 ha.

En casi 25 años de vigencia de la Ley INRA y los años previos de intervención del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) y del Instituto Nacional de Colonización (INC), no se cambió la estructura agraria del país, la norma por el contrario fue consolidando la inequidad existente. A excepción del reconocimiento de dominios territoriales de PITBO, virtualmente no existió una reversión de tierras al Estado y la posterior dotación a pequeños productores como señala la Ley. Los programas de asentamientos humanos se plantearon solo en tierras fiscales, con protocolos complejos de organización previa y a título de propiedad colectiva (3.800.000 ha de acuerdo a la coordinadora Mealla antes citada).

En resumen, el saneamiento de la propiedad, intencionalmente planteado como Reforma Agraria, cuatro veces ampliada para su conclusión, tuvo algún resultado en el reconocimiento de territorios a los indígenas del oriente y marginalmente en asentamientos humanos, pero el problema principal de los extremos de latifundio y minifundio no fue modificado.

En una anterior entrega: “La trinidad agrícola de Bolivia”, publicada en La Razón del 4 de julio de 2021, analizamos las tres formas productivas vigentes: la campesina, la empresarial y la de los PITBO (sus limitaciones y posibilidades). Con los datos de propiedad y posesión de la tierra estimados ahora, podemos con objetividad plantear un memorándum relativo a la propiedad de la tierra en el umbral del Segundo Centenario de la fundación de Bolivia:

• Realizar a la brevedad posible el Cuarto Censo Nacional Agropecuario de Bolivia, que incluya las variables de tenencia y uso de la tierra (propiedad, arriendo, aparcería y tolerada), vocación agraria (agrícola, ganadera y forestal). Compra o venta de la fuerza de trabajo de las UPA. Respete los estratos agrarios vigentes (campesinos, empresarios y los PITBO). Y las 14 zonas agroecológicas de Bolivia.

• El SNRA y el INRA, cumpliendo con la Ley, reviertan las tierras que no cumplen con la función económico social de la tierra y redistribuyan las tierras a los campesinos que no la poseen o que la poseen insuficientemente. Por lo menos 5.000.000 ha más para 100.000 campesinos en el mediano plazo.

(*)Danilo Paz B. es sociólogo, investigador del CESU-UMSS

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Obligación de los partidos a adecuarse a la ley

Todas las organizaciones políticas tienen hasta fin de año para reformar sus estatutos.

/ 18 de julio de 2021 / 18:18

El punto sobre la i

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pareciera ser el único, pero al final tienen que hacerlo todos los partidos: hasta fin de año deben adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, la que fue promulgada el 1 de septiembre de 2018. Es esta misma ley que lo define así: en su Disposición transitoria tercera determina que “todas las organizaciones políticas deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2021”; o sea, los partidos tenían tres años y tres meses para proceder con dicha adecuación.

Y se trata de los estatutos, el documento que norma la vida orgánica del partido, porque precisamente el objeto de la Ley 1096 (que está en su primer artículo) es regular “la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En relación a la anterior norma que regulaba a las organizaciones políticas (la Ley de Partidos Políticos de junio de 1999) ciertamente lo nuevo de la Ley 1096 es el énfasis que esta norma pone en la “democracia interna” de los partidos, que con la nueva ley se regula este fundamento de la vida partidaria. En el artículo 1 de la antigua Ley de Partidos Políticos se definía que el “alcance” de la norma era regular “la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos; las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el Estado”.

LOS ESTATUTOS. De los nueve partidos que a la fecha están inscritos en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que tienen alcance nacional (MNR, PDC, FRI, MAS, UCS, UN, FPV, PAN-BOL y DEMÓ- CRATAS), algo dice la fecha en que protocolizaron u oficializaron su estatuto, desde la cual está vigente.

Así, la última fecha de protocolización, ante el “notario de primera clase Carlos Huanca Ayaviri” del estatuto del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es el 7 de marzo de 2012; y el 1 de junio de 2000 del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por su lado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) registra que su estatuto fue aprobado en su VIII Congreso Nacional Ordinario efectuado en Cochabamba los días 25, 26 y 27 de marzo de 2012.

El Frente de Unidad Nacional (que es como figura su nombre oficial en su estatuto), lleva como fecha “actualización” el 28 de abril de 2014.

Por su parte el Frente Para la Victoria (FPV) tiene como fecha de la protocolización de su estatuto el 8 de enero de 2014. En tanto que el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) lleva como fecha de protocolización el 10 de mayo de 2016.

Finalmente, la organización cuyo nombre completo (que figura en su estatuto) es “Movimiento Demócrata Social – ‘Demócratas’” señala que su documento fundamental “fue reformado por el Congreso Nacional el 5 de diciembre de 2015”, fecha desde la cual está vigente.

Del Frente Revolucionario de Izqierda (FRI) y de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los otros dos partidos de alcance nacional reconocidos por el OEP, si bien en sus estatutos no figura la fecha de aprobación, la resolución de reconocimiento de su personería jurídica está fechada el 27 de julio de 1987 en el caso del FRI, y el 28 de septiembre de 1989 cuando se trata de UCS.

Hay que hacer notar que todos los estatutos son anteriores a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (2018); o sea, los documentos se enmmarcan en la antigua Ley de Partido Políticos de 1999.

Por la necesidad de ponerse a punto con la nueva Ley de Organizaciones Políticas, precisamente el 4 de agosto se prevé que tenga lugar el Congreso Ordinario del MAS. Su actual presidente, el exmandatario Evo Morales, resumió en tres las tareas del partido azul en dicho congreso: la “adecuación” del estatuto del MAS a las normas del TSE; “el aspecto disciplinario”, y “la parte económica”.

Si bien entre la Ley de Partidos Políticos de 1999 y los estatutos que se enmarcan en esa norma y la nueva Ley de Organizaciones Políticas de 2018, hay un similar objeto, la estructura de los partidos y su funcionamiento, no dejan de ser significativos algunos rasgos de la nueva norma a la que tendrán que adecuarse los partidos hasta este fin de año.

Cuando en la antigua Ley de 1999 el rol de la Corte Nacional Electoral se lo cita según la circunstancia y aspecto que corresponde, en la 1096 de 2018 hay todo un artículo (el séptimo) sobre las “atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional”.

Aparte de las tradicionales facultades de otorgar la personería jurídica, o “sustanciar los procedimientos y llevar registro del reconocimiento, otorgamiento, extinción y cancelación” de dicha personalidad, se especifica, por ejemplo, que la autoridad electoral podrá “validar y administrar el registro de militantes”; “supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos en la elección de sus dirigencias y candidaturas”; “vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales, el cumplimiento de las normas vigentes en relación a la participación de las mujeres en las candidaturas de acuerdo a lo establecido en la ley”; “vigilar el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones políticas en relación a la equidad de género, la equivalencia de condiciones, principios de paridad y alternancia en los órganos e instancias dirigenciales”; o “considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia”.

En sus estatutos, las organizaciones políticas también deberán asumir su “acción diferenciada” en relación al tipo de democracia en que toque actuar, si en la representativa o en la directa y participativa (la comunitaria no es propia de la participación política a través de partidos).

En la norma de 2018 a la que tendrán que adecuarse las organizaciones políticas se especifica el “registro de militantes para constitución y actualización”, de lo cual destaca que ahora la base de la militancia es el padrón electoral, que la actualización del registro de militancia debe ser realizada “al menos una vez por cada periodo constitucional y hasta un año después de las elecciones subnacionales”; también se señala que los padrones de militantes de los partidos son públicos; por eso, el TSE “implementará un módulo de consulta personal en su portal web, para que las y los ciudadanos puedan acceder a los datos de su registro propio”; y habrá “un padrón biométrico único de militantes de las organizaciones políticas”.

Una de las mayores adaptaciones que deberán ejecutar los partidos ahora es el referido al “régimen de despatriarcalización”.

La despatriarcalización deberá correr en el hecho de que en los estatutos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberá incorporarse “un régimen interno de despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional”.

Asimismo, en el partido deberá haber una “instancia encargada de implementar el régimen de despatriarcalización”, la misma que por estatuto “deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario”.

Luego, desde el estatuto, se deberá “establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y procedimiento o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia”.

Para las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se determina que éstas “garantizarán la complementariedad de hombres y mujeres”.

En la “declaración de principios”, la nueva Ley 1096, al margen de la orientación ideológica que tenga cada partido, establece un piso mínimo emergente de la nueva Constitución. Algunos de estos principios son:

– Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la democracia intercultural y paritaria en sus diferentes concepciones y prácticas.

– Respeto a la plurinacionalidad y la diversidad cultural, jurídica, económica, institucional y lingüística de la sociedad boliviana.

– Respeto a las cosmovisiones, sistemas, saberes, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

– Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

– Rechazo al racismo y toda forma de discriminación.

– Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y violencia política.

– Rechazo a toda forma de disgregación o separatismo que atente contra la unidad e integridad del Estado Plurinacional de Bolivia.

En lo relativo a la democracia interna, la mayor novedad de la nueva Ley de Organizaciones Políticas sin duda son las “elecciones primarias de candidaturas de binomio presidencial”.

Lo nuevo de la Ley de septiembre de 2018, como ya se adelantó en recientes elecciones, es lo que la norma llama “fortalecimiento público” a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

El fortalecimiento público es un fondo “administrado por el Órgano Electoral Plurinacional”, y consiste en “subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y para la formación y capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales”.

Se aclara, sin embargo: “El fortalecimiento público que, por cualquier razón, no fuera utilizado por la organización política a la que corresponde, será debidamente informado en los estados financieros anuales del Tribunal Electoral correspondiente”.

En el uso que el partido haga del tiempo de promoción de las candidaturas, no deja de ser significativo el hecho de que si de un 100%, la mitad se destina a promocionar el binomio presidencial, el otro 50% será para la propaganda del resto de las candidaturas, pero, he aquí un detalle: “de este tiempo y espacio, al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres, incluyendo mujeres indígena originario campesinos”.  

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Momento de bifurcación resolutivo

Urge un nuevo sentido común, que vea la inclusión como el elemento imprescindible de una sociedad justa. 

/ 18 de julio de 2021 / 18:04

Dibujo libre

El 12 de junio de 1964, las noticias daban a conocer que Nelson Mandela, el hombre que desafió el poder blanco en Sudáfrica, era conducido a prisión, pues había sido condenado a cadena perpetua bajo el cargo de traición. Una larga lista de leyes convertía a la población negra en hombres y mujeres con derechos restringidos o recortados. Ante la lúgubre discriminación de lo que era el inmisericorde apartheid, Mandela optó por apoyar la resistencia armada, fundó con otros luchadores de su tiempo “La Lanza de la Nación”, un grupo alzado en armas que hizo de los atentados contra militares y políticos que impulsaban el segregacionismo la forma de combatir el hecho excluyente. Aquel día, cuando era conducido a su encierro sin fin, “por encima del molesto zumbido del tráfico y el intermitente rugido de las motos de la escolta, Mandela pudo oír el griterío de fuera, las llamadas y respuestas de consignas y cánticos que se habían congregado a los incondicionales de la lucha a lo largo del tiempo. Una potente voz gritó ¡Amandla! (¡Poder! en xhosa, idioma bantú y una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica) y la gente respondió ¡Awethu! (¡Al pueblo!). Jamás en la lucha de la historia sudafricana existió nada tan elocuente como esas dos sencillas palabras para expresar la agonía de millones de personas y su determinación de cambiar radicalmente los siglos de opresión”. Mandela fue incansable en su activismo en pro de los derechos humanos, se entregó a su misión de buscar la reconciliación si retaceos y en el ánimo de que “el éxito de la reconciliación y la unidad de la nación esté en que todos los sectores de la sociedad reconozcan, al igual que el mundo, que el apartheid fue un crimen contra la humanidad cuyos viles actos trascendieron nuestras fronteras y sembraron las semillas de la destrucción”. Desde que alcanzó el gobierno de su nación, Nelson Mandela se desveló por afirmar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para ello buscó persistentemente reconciliar a su pueblo por encima de odios eternos y diferencias despectivas.

La paz, la reconciliación y la pacificación son procesos de construcción social y política, nunca eventos de voluntades cortas y coyunturas breves. El sostener las lógicas de enfrentamiento permanente, donde la idea de hegemonía no es una reformulación de sentidos comunes extendidos y superadores de las formas matrices de generación de conflicto, sino un entender de primacía política, de imposición social, de instalación de grupos y sectores de poder dominante; todo ello sedimenta y afianza la distancia, los clivajes y la confrontación política.

2019 fue el año de la ruptura de un extendido tiempo de construcción democrática ininterrumpida. Expresa también un momento resolutivo entre los demócratas sedicentes y el movimiento popular articulado al espacio estatal. La profundización de la histórica polaridad social instalada en el país como consecuencia de los hechos sucedidos en noviembre de 2019 acrecienta diariamente las asimetrías de una sociedad que naturaliza el enfrentamiento y los grados de conflictología en espera del momento resolutivo. Hoy, las inmateriales corrientes sociales arrastran al país hacia un momento de bifurcación resolutiva, donde una tríada de resistencias fuertemente instaladas en la lógica política de los sectores conservadores de Bolivia hace que estos impulsos dirijan su trayectoria, infaliblemente, hacia un tiempo de inflexión. La resistencia a democratizar la democracia, esto como hecho de no aceptación de la inclusión generada por la conformación del Estado Plurinacional, lo cual empuja a la vieja intención de sobreponer las tradicionales clases dominantes sobre una realidad social diversa y plural que reclama y afirma su voluntad de estar. La resistencia a la aceptación del ciclo constitucional, ello a través del propósito constante de conseguir su abreviación mediante conductas de indiscutible inconsistencia democrática. Y un tercer elemento de resistencia, conectado a las otras dos, que se expresa en un rechazo a las formas institucionales de democracia electoral, validando metodologías de fuerza para la apropiación del poder político, ignorando intencionadamente la supremacía de la reconstitución de legitimidades y de la norma constitucional.

El momento de bifurcación resolutivo es un impulso social y político, una fuerza que avanza en una dirección como consecuencia de un hecho, y este es la no búsqueda de espacios dialógicos generadores de consensos y complementariedades indispensables que eviten la ruptura del tenue equilibrio de la tranquilidad social. El momento de bifurcación resolutivo ofrece dos vías diferenciadas y opuestas con eje ineluctable en la plurinacionalidad: la pacificación social y política en iniciativa y voluntad de construcción social; y, el hecho insurreccional armado y rupturista desde la diversidad social confrontada en rechazo y no aceptación del Estado Plurinacional.

La bifurcación resolutiva amenaza resolverse en alguna de las dos vías señaladas, ahí donde las formas republicanas y neoliberales propias de los sectores conservadores, de centro y radicales de derecha, chocan con las realidades de la corporatividad social y popular, expresión de una diversidad plural inacabada. Son dos modelos de democracia y Estado, miradas divergentes de las formas de gobierno y Estados que no consiguen acoplarse complementaria y simultáneamente: la república liberal y el Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad de esta América del Sur, diversa en su racialidad y cultura, asienta su mirada en lo que hoy hace Elisa Loncón en Chile. Como presidenta de la Convención Constitucional de su país, reflexiona y dice: “Transformaremos a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, en favor de la mujer y que cuide la Madre Tierra… construiremos un Chile inclusivo, ampliando la democracia y la participación”. La democracia boliviana, aquella que empezó en 1982, ya es una democracia agotada en sus viejas, tradicionales y excluyentes formas. La Bolivia de hoy es ya un Estado Plurinacional sin espacio al regresionismo, al exclusivo tiempo liberal. El momento de bifurcación resolutivo debe encontrarnos inexorablemente en la vía útil y constructiva de la pacificación complementaria y de un nuevo sentido común, ese que comprenda la inclusión como el elemento imprescindible de una sociedad justa e igualitaria.

(*)Jorge Richter R. es politólogo

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