DIBUJO LIBRE
Apartir de la detención del hoy exministro de Desarrollo Rural Edwin Characayo vuelven al debate público las problemáticas de la corrupción en dicha repartición estatal y el tráfico de tierras. Sin embargo, las cuestiones vinculadas a la tierra siguen sin respuestas. En materia agraria, deben considerarse fundamentales la consolidación de los derechos de propiedad, así como la redistribución responsable de la tierra, ya que de ese modo pueden prevenirse conflictos sociales, reactivar la economía, permitir el acceso al mercado de créditos o distribuir beneficios resultantes de su uso sustentable.
En el plano nacional, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, debe dirigir, coordinar y ejecutar políticas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras.
La titulación de tierras y la protección de los derechos de propiedad sigue bajo el sometimiento de la presión de intereses político-partidarios o de grupo; así como sujetas a interpretaciones “legales” antojadizas de las autoridades judiciales; además de la inestabilidad y dudosa capacidad técnica en las entidades responsables del desarrollo rural y la administración de tierras.
En el caso del INRA, en 1998 el presidente Hugo Banzer posesionó a René Salomón Vargas, ultimo Director Nacional del INRA “institucional”. Desde 2003, el Presidente del Estado sigue teniendo la prerrogativa del nombramiento de un interinato para la Dirección Nacional, ocasionando no solo desconfianza de los demandantes individuales o colectivos, sino contraviniendo flagrantemente la normativa de tierras vigente.
Por otra parte, hay que recordar que la Ley INRA estableció 10 años de plazo para concluir el proceso de saneamiento de tierras en el país. En 2006, el expresidente Evo Morales promulgó la Ley 3501, ampliando por siete años el tiempo para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria. El 31 de octubre de 2013, fue promulgada la Ley Agraria 429, que nuevamente ampliaba el plazo, por tercera vez, para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en cuatro años adicionales.
De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), entre 1996 y 2020, en Bolivia se saneó y tituló más de 88 millones de hectáreas (88.433.837), superficie que representa el 86% del total de las tierras que debían ser saneadas en el país (103.418.772 ha). En este mismo periodo se entregó aproximadamente un millón de títulos ejecutoriales a 2.673.830 beneficiarios.
Pronto se cumplirán 25 años de la puesta en marcha del nuevo proceso agrario. Durante este periodo, la falta de credibilidad en esta tarea se deterioró crecientemente porque no fue una herramienta para garantizar la seguridad jurídica a todos los actores rurales y no cumple con las formas para ser considerada una política de Estado.
Al analizar la institucionalidad agraria del país, una de las problemáticas más preocupantes es la situación de la Comisión Agraria Nacional (CAN), que no sesionó en absoluto desde aproximadamente 10 años atrás. Situación similar se repite en las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), donde no hay consensos debido a marcados intereses sectoriales y posturas político-partidarias, generando estancamiento de la gestión agraria de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras.
Si el Gobierno, más allá de lo mediático, quiere instaurar la cultura de la legalidad y la eficiencia en esta instancia estatal, primordialmente debe:
• Consolidar mecanismos públicos e instancias eficientes en cuanto al acceso a la información, para de este modo desbaratar ese entramado hoy poco transparente, así como detectar y combatir actos corruptos y acciones ineficientes vinculadas al tráfico de tierras.
• Asegurar la existencia de una institución pública con capacidad administrativa y judicial imparcial.
• Actualizar la información catastral sobre el acceso y tenencia de la tierra, para así posibilitar la aplicación de políticas reales para el mundo rural y promover la soberanía y seguridad alimentaria.
• Iniciar un proceso de auditoría a todas las titulaciones individuales y colectivas de los últimos 15 años.
• Restablecer al Estado las tierras fiscales disponibles y no disponibles que están siendo ocupadas ilegalmente tanto por personas individuales como por colectivos.
• Recuperar la institucionalidad partiendo del cumplimiento de lo que manda Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria: el Director Nacional del INRA debe ser elegido por el Presidente del Estado en función a una terna presentada por la Cámara de Diputados, por dos tercios de sus presentes.
Finalmente, deben consolidarse los elementos de pluralidad para que la tierra sea un factor de integración social, económica y ambiental que viabilice la construcción de ciudadanía y el ejercicio de derechos para nuestros habitantes. La propaganda gubernamental de que “caiga quien caiga” no solo debe enfocarse en la detención de un alto funcionario —de los muchos otros impunes—, sino que está sujeta a que los órganos de fiscalización internos y externos desplieguen un esfuerzo imparcial y sistemático para investigar y difundir, tanto los hallazgos que ameriten solo la crítica como la responsabilidad penal de los servidores públicos.
(*) Exdirector del CEJIS Riberalta (Beni), actualmente es diputado por Comunidad Ciudadana (CC).
(*) Óscar Balderas es abogado