ARRECIA LA TENSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA
No debiera sorprender la reciente condena al Gobierno por parte del Parlamento Europeo; sigue la línea de una similar resolución de 2019.
ELPUNTOSOBRELAI
El jueves 29 de abril el Parlamento Europeo (cuya sede está en Bruselas, Bélgica) emitió su “Resolución sobre Bolivia, en particular la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y otros altos cargos”. Tras diez considerandos (que son como las razones que esgrime para lo que luego decidirá) también fueron diez sus resoluciones: “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos”, pidiendo su libertad; “subraya (que) la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales; “expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano”; “insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial”; “pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del gobierno de Morales de 1,6 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona”; “lamenta profundamente la tragedia que ha golpeado a todas las víctimas de los disturbios en el país” (en 2019 y 2020), son algunas de dichas determinaciones.
Entre los considerandos de la Resolución no dejan de llamar la atención ciertas aseveraciones: “Áñez asumió la presidencia interina con arreglo a la Constitución; el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia respaldó la presidencia interina”; el Gobierno interino hizo lo necesario para “organizar nuevas elecciones democráticas, integradoras, transparentes y justas, que tuvieron lugar en octubre de 2020”; “en los últimos meses, se ha confirmado la anulación o la desestimación de varias causas contra partidarios del MAS, al mismo tiempo que han aumentado las amenazas de persecución judicial de políticos contrarios al gobierno del MAS”; “la expresidenta Áñez se enfrenta a 24 años de cárcel si resulta condenada”; “varias organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el uso indebido de los mecanismos judiciales en Bolivia y por el hecho de que cada vez se usan más como instrumentos represivos por parte del partido gobernante”; “la CIDH ha subrayado que determinadas leyes antiterroristas bolivianas violan el principio de legalidad al incluir una definición de terrorismo que resulta demasiado amplia o imprecisa”; y, “la Unión (Europea) ha desempeñado un papel importante como facilitadora de la pacificación del país en 2019 y 2020 y en apoyo de las elecciones”.
No debiera haber sorprendido el reciente documento del Europarlamento, dada la resolución que este mismo organismo emitió el 28 de noviembre de 2019, días después de que el gobierno transitorio de Áñez (el 24) promulgara la ley que hizo posible la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrió paso a la realización de nuevas elecciones generales.
Entre las determinaciones de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo, tras congratular la aprobación de la referida ley, “denuncia la falta de transparencia y credibilidad de las (ex) autoridades bolivianas y sus tentativas de fraude, que han menoscabado el derecho de los bolivianos a elegir libre y democráticamente a su presidente”; manifiesta su apoyo a la Misión de Observación Electoral de la OEA; “acoge con satisfacción la decisión de retirar a los militares de las zonas de protesta y derogar una ley que les confería amplia discrecionalidad en el uso de la fuerza”; “acoge con satisfacción la labor mediadora de la Unión (Europea) y de la Iglesia Católica”; y, “exige que el nuevo proceso electoral cuente con la presencia de observadores internacionales creíbles y transparentes, que puedan actuar libremente y compartir sus observaciones independientes”, entre otras.
De la misma forma, son reveladores de su visión los 15 considerandos que justifican sus resoluciones. Afirmaciones como: las elecciones de 2019 se realizaron “en un clima de gran polarización a causa de la polémica figura del presidente Evo Morales y de la controvertida aceptación de su candidatura”; la OEA tuvo razón en su opinión del “cambio drástico” del último tramo del conteo preliminar; hubo sospecha de fraude no solo en la oposición, “sino también entre los observadores nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad internacional”; tras lamentar las muertes por la represión (en Sacaba, Senkata y otros) deplora que el país sufriera una “penuria de alimentos y combustible de graves consecuencias para la población civil debido a los bloqueos de calles por parte de los partidarios de Morales”, aunque a punto seguido no deja de expresar su “preocupación por la violencia, las acusaciones de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad, y la fractura social”.
Ante la resolución del 29 de abril, como se conoce, oficialmente no hubo una respuesta del Ejecutivo, pero sí de la Cámara de Senadores, que tras calificarla de “intervencionista e injerencista”, pasó al reclamo, pidiendo a los Estados miembros de la Unión “investigar, evaluar y reconducir el rol de determinados representantes políticos y diplomáticos de la Unión Europea en Bolivia, en el surgimiento de los conflictos y convulsión social de 2019, que posibilitó un golpe de Estado en el país”.
De lado de la oposición, Creemos, mediante un comunicado, llamó al “cumplimiento de las referidas recomendaciones”, con el objeto no solo de “restaurar” el Estado de derecho y cesar la persecución política, sino también con el fin de “evitar sanciones a nivel internacional”. Comunidad Ciudadana (CC), a través de su jefe de bancada en Diputados, Carlos Alarcón, tuvo más cautela: la resolución parlamentaria muestra, dijo, la “delicada situación para la democracia y el Estado de derecho que se vive en Bolivia”, y que la “persecución política judicial” que ejercería el Gobierno solo “aísla a Bolivia en el contexto internacional”.
Con relación al Ejecutivo, fue significativa la posición expresada por el vocero presidencial, Jorge Richter, que el 30 de abril en la televisora Red UNO dijo que por el momento “no corresponde” alguna respuesta: “Si esto significara algo verdaderamente importante, uno puede fijar una posición de manera pública. En este momento no corresponde”, dijo.
Y es que se trata de un pronunciamiento del Parlamento, que para la autoridad presidencial no tiene carácter vinculante y que en los hechos solo es una recomendación.
Si bien se trata de una resolución legislativa, eso no quita que al menos se complementa con la nota oficial que el 15 de marzo (dos días después de la detención de Áñez) emitió la oficina del Alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.
La Comisión Europea, dice en la nota, acompaña los “acontecimientos preocupantes” en Bolivia, a raíz del arresto de la expresidenta y de dos exministros. “Éstos son acontecimientos preocupantes que seguimos de cerca. Las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”, apuntó la nota. Añadió que los retos políticos actuales del país “requieren unidad y objetivos comunes. La UE espera que las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos. La UE seguirá apoyando a Bolivia en este esfuerzo”.
Y, claro, las dos resoluciones del Parlamento Europeo en relación a Bolivia están en la línea de conducta adoptada por la representación del organismo en el país a través del embajador León de Torre Krais, que el 15 de noviembre en un acto en la Cancillería declaró: “Creemos que es fundamental estabilizar el país, recuperar la calma, superar la violencia, que se produzca el inicio de una reconciliación nacional, y sobre todo que se den los primeros pasos firmes para la convocatoria inmediata de elecciones, esta vez sí transparentes y creíbles”.
La resolución del 29 de abril del Europarlamento fue aprobada por 396 votos contra 267 que se opusieron y 28 abstenciones. El Parlamento Europeo está conformado por 705 eurodiputados; en la sesión del 29 de abril estuvieron presentes 691 legisladores; de modo que 57% de los parlamentarios (396) votó por la condena al país, 39% (267), por la negativa al pronunciamiento, y 4% (28) se abstuvo.
El actual Parlamento Europeo surgió de las elecciones que tuvieron lugar entre el 23 y 26 de mayo de 2019.
La BBC Mundo reseñaba al día siguiente de la elección: “Aunque siguen siendo las fuerzas principales, los partidos de centro perdieron la mayoría absoluta que tenían en el Parlamento Europeo tras las elecciones de este órgano (…) Mientras tanto, los partidos liberales y los verdes aumentaron sus escaños, al igual que las agrupaciones de extrema derecha y euroescépticas que triunfaron en Italia y Francia. Aunque en términos generales, la extrema derecha quedó lejos de las victorias significativas que algunos habían predicho. La participación de los votantes en todo el continente rozó el 51% y fue la más alta en los últimos 20 años”.
Son siete los partidos políticos miembros del Parlamento Europeo y el número de eurodiputados con que cuentan son, de mayor a menor: Partido Popular Europeo (187 escaños); Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (147); Renew Europe (98); Los Verdes/Alianza Libre (67); Identidad y Democracia (ID) (76); Conservadores y Reformistas Europeos (61); y, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (39 miembros).
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, entrevistado en el programa por internet de La Razón Piedra, papel y tinta, lanzó sugerentes tesis sobre la resolución europea.
La actual situación legal de Áñez, dijo, “les ha hecho conciencialmente corresponsables a los embajadores que han participado ahí, (entre ellos) de la Unión Europea”, refiriéndose a las reuniones que hubo en la Universidad Católica los días de la crisis política. “Lo preferible para ellos era alejarse, porque (avalando la salida a la crisis que luego se dio, la proclamación de Áñez) se estaba vulnerando la Constitución. En ese sentido, hasta se los puede acusar de cómplices de esa violación de la Constitución”.
Así, concluyó, el pronunciamiento del Parlamento Europeo “tiene que ver con esa motivación. Van a ser fuertes sus términos (de sus resoluciones) porque se sienten corresponsables de la situación que Áñez atraviesa desde el punto de vista legal. Ellos participaron de ese proceso oscuro. Quizás no tuvieron la prudencia (necesaria) esos momentos de participar y tomar decisiones”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón