DIBUJO LIBRE
Hasta ahora en el país, no se ha desplazado un trabajo investigativo, multidisciplinario, integral, científico, sobre los factores que interfieren en la construcción de una justicia con calidad, transparencia y eficiencia, lo que se sintetiza en una nueva justicia. Son al menos tres décadas que los políticos prometen cambios estructurales y luego toman acciones parciales; por eso, al final, se vuelven a repetir los mismos actos cuestionados, o peor aún. Sea desde la visión de un abogado, un activista o un político, incluso de algún académico, casi siempre se ofrecen soluciones parciales o posturas políticas antes que respuestas científicas. No se trabaja con un enfoque sistemático y multidisciplinario, acompañado de teorías y procedimientos metodológicos que ayuden a explicar las causas que interfieren en el logro de ese ideal llamado reforma de justicia. La cuestión es analizada siempre con relación a un problema específico, por eso luego las respuestas son fragmentadas o bien políticas, ideas calculadas en busca de ganar adhesión a una gestión.
Con respuestas parciales nos referimos, por ejemplo, a sostener que los métodos de selección de jueces o fiscales son los que fallan y, por ende, una vez perfeccionados éstos serán la clave de una justicia transparente, eficiente y profesional. Lo cierto es que estudios serios —quiero decir científicos— sobre el funcionamiento anómico de la justicia y los factores que lo determinan no se tienen en Bolivia; pero más allá de esta constatación, la pregunta de fondo es por qué no existen esos estudios.
Análisis parciales para un problema sistémico. Las propuestas de solución a la administración de justicia fracasan, es decir, no cumplen los propósitos de cambio positivo para superar las fallas identificadas, porque las respuestas son a solo una parte del problema, casi siempre para salir del paso en un momento de conflicto social. Además porque las acciones tomadas como parte de una reforma no responden ni derivan de un trabajo previo de investigación científica, integral, multidisciplinario, que haya dado cuenta de los factores que intervien en la justicia, en el modo de actuar de los operadores, ciudadanos litigantes, abogados defensores y también los políticos.
Entonces, cuáles son los factores sociales que inciden y cómo en el funcionamiento de la administración de justicia. Es la pregunta central de un problema de investigación que, a su vez, obliga a plantearnos una vía científico-metodológica sobre cómo abordar esa cuestión problemática. Un problema de investigación es aquella situación que requiere una explicación a través de un proceso de investigación basado en procedimientos científicos, con uso de teorías y con un abordaje de trabajo de campo que incluye una recolección controlada de datos. A ese cumplimiento de criterios le llamamos estudios serios y es esto que hasta ahora no se aborda, desde ninguna perspectiva académica, ni del derecho ni de la sociología, las disciplinas más llamadas a involucrarse en este objeto de estudio.
Un problema de interacciones estructurales. Un análisis con enfoque integral quiere decir que no solo tiene que estudiarse —y luego reformar, como se hizo hasta ahora— algún componente de la administración de justicia (la reorganización administrativa, la aplicación de tecnologías que favorezcan el acceso, la ampliación de financiamiento o infraestructura, o incluso métodos de selección de operadores de justicia); también se tiene que investigar las acciones y creencias de la gente, el modo de actuar de los ciudadanos frente a los actores involucrados en la gestión de la justicia; es decir, se tiene que estudiar también la cultura jurídica.Como enfoque sistemático entendemos que la cuestión de la calidad de la justicia se la tiene que tomar como resultado de interacciones estructurales entre cultura jurídica, sistema jurídico, poder político y profesión jurídica, además considerando las condiciones estructurales del modo de ser de la sociedad boliviana, caracterizada por la diversidad de pueblos indígenas, identidades regionales, vigencia de prácticas de discriminación, formas alternativas al derecho estatal, entre otros fenómenos estructurales. Es, por tanto, un problema- sistema, no es solo un tema de reforma jurídica o judicial, de organización de funciones o cambio de contenidos de leyes solamente.
Se tiene que considerar factores y componentes que en conjunto configuran o inciden en el modo de ser y reproducirse del sistema de justicia, tal cual viene siendo, con todos los indicadores que se resumen como “problemas de la justicia”, pero justamente dando cuenta que esos problemas son, en parte, efectos de la acción social o política desde fuera de la estructura organizativa y normativa de la justicia. Allí, en ese entorno se encuentran también los factores que coadyuvan en la reproducción de esos problemas; por tanto, insistir en responder a un solo factor como parte de un estudio o de acciones de solución será otra vez un acto fallido. Dicho de otra manera, no es solo una cuestión de malos o buenos operadores de justicia, ni tampoco de nuevas leyes más o menos duras; es necesario también analizar el papel que tienen los ciudadanos en la reproducción de los males de la justicia. No se ha generado en el país una movilización ciudadana autónoma por una mejor justicia, más allá de aquellas acciones de participación social programadas por políticos en función de gobierno, con el propósito de legitimar una supuesta voluntad de reforma.
Investigación sí, y quién lo hace. Aceptando la crítica que se hace a ese modo parcial de análisis de la administración de justicia, la pregunta clave es ahora: ¿quiénes tienen la responsabilidad o compromiso de llevar a cabo una tarea con estas características y condiciones? Esperar que algunas instancias de los órganos del Estado lo hagan sería como esperar un milagro en esta repetición de fracasos, no lo hicieron ni en los momento de mayor lucidez política y predisposición de cambio estructural.Las experiencias en otros países americanos muestran, más bien, que la cooperación internacional, los organismos internacionales han tenido un rol de incidencia en la generación de estudios serios e independientes sobre los problemas de la justicia, luego, en la puesta en marcha de políticas gubernamentales de mayor alcance, integrales y exitosas.
Las universidades tendrían que ser las encargadas idóneas de los estudios, a través de sus centros de investigación y carreras respectivas en el campo de las ciencias sociales, pero no han asumido ese rol. Ni siquiera las carreras de sociología de universidades públicas, que son las que más enfatizan en la investigación científica, producen trabajos serios, ni qué decir de las facultades de derecho, donde esta actividad es una preocupación secundaria y la formación de investigadores jurídicos con perfil de científicos no existe. En la formación del Derecho cada vez más se trabaja con la idea de hacer abogados eficientes, preparados para ejercer la función de defensa como máximo objetivo, y no se prioriza la formación de profesionales jurídicos que trasciendan al campo de la producción científica, más allá del manejo operativo de las leyes.
(*)Wilder Molina es sociólogo, Beni