lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 07:03

EL SOL NACE DESDE EL ORIENTE

/ 4 de julio de 2021 / 20:48

El autor, abogado cruceño, reivindica que tras el Estado Plurinacional vendrá el Estado Federal boliviano.

DIBUJO LIBRE

En Bolivia ocurrió el primer grito libertario de Latinoamérica, pero fue el último país en liberarse de la corona española. Cuando analizamos por qué la guerra de independencia duró tantos años, podemos identificar que muchos de los líderes libertarios de esa época luchaban pasándose de bando según las circunstancias, unas veces estaban con los realistas, otras luchaban junto con los libertarios.

Este fenómeno de pasarse de un bando a otro continúa vigente y se manifiesta en el comportamiento de los actuales políticos bolivianos: se pasan de un partido a otro y no son serios ni confiables en su comportamiento, afectando los sanos valores que debe tener la praxis política, derivando además en corrupción, ineficiencia, etcétera.

En la historia de Bolivia, desde su fundación hasta el presente, se puede evidenciar la existencia de tres ciclos republicanos que definieron y definirán la economía, la política y la sociedad en su conjunto; en consecuencia, que también definieron y definirán su estructura sistémica orgánica estatal; todo esto con claros liderazgos departamentales. El primero, desde Sucre, a partir de la fundación de la República de Bolivia; el segundo, desde La Paz, con el traslado de la sede de gobierno tras la llamada Guerra Federal; y el tercer ciclo, desde Santa Cruz, con el derrocamiento de Evo Morales en la llamada “revolución de las pititas”.

La historia contemporánea republicana empieza con la Revolución de 1952, con los gobiernos revolucionarios del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, que iniciaron la inclusión social con profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que cambiaron en gran medida nuestro país. Después vino la segunda parte de gobiernos de regímenes militares, que en su momento tuvieron tanto sus aciertos como sus desaciertos.

Luego tenemos la tercera parte, de gobiernos democráticos neoliberales que fueron de reformas políticas, económicas y sociales que aportaron al país, pero su falta de transparencia, sus desaciertos de inclusión social expresados en su alineamiento externo neoliberal y el desconocimiento de la realidad nacional fueron la causa de la llegada al poder del gobierno democrático populista del dirigente sindical Evo Morales Ayma.

El inicio de esta cuarta parte de nuestra etapa contemporánea republicana fue de gran expectativa y transformaciones, que en el transcurso de 14 años se desgastaron. La defensa de nuestros recursos naturales y el aporte de interculturalidad con inclusión social que frenaron el racismo, la discriminación y la sumisión, son muy importantes para el país, pero la corrupción y el sustento doctrinario fue equivocado al tomar como referente ideológico a Fausto Reinaga, que en mi criterio es un ejemplo de lo que no tiene que ser el boliviano, porque crea frustración, resentimiento; y es un caldo de cultivo de mitomanías, megalomanías y fetichismos que debemos superar.

Bolivia, en la coyuntura actual, siente un desgaste de liderazgo político occidental, porque éste ya no está orientando bien al país; al contrario, se ha convertido en obstaculizador del desarrollo aplicando la cultura andina aymara de atemporalidad, expresada en permanentes bloqueos de exigir sin aportar, como se vivió en los gobiernos de Morales y Jeanine Áñez, y ahora se está replicando con el gobierno de Luis Arce, pues son esclavos de sectores sociales sindicales como son los cocaleros, los mineros y otros.

Este cambio de eje previsto no significará traslado institucional alguno, porque su fuerza está en su fe y esperanza con actitud positiva de solidaridad, empatía y resiliencia; es un vector donde su eje y/o momento se aplicará a partir de la complementariedad de oriente-occidente y nortesur, que se expresará en un cambio en la mentalidad del ideario colectivo axiológico del boliviano.

La crisis sistémica estatal está creando las oportunidades requeridas por la sociedad boliviana para implementar un proceso de reingeniería integral estatal de cambio estructural- paradigmático-tecnológico, a fin de trasparentar Bolivia, en el inicio de este tercer ciclo republicano con visión holística-heurística, característica de organizaciones inteligentes-conscientes, que transformará al Estado Plurinacional en Estado Federal.

 (*)Martín Molina M. es abogado e ingeniero industrial  

CELAC: la apuesta a la integración eficaz

No trató lo que tanto se anunciaba: el futuro de la OEA; pero acaso haya sido mejor, pues se avanzó en temas más urgentes.

Fotografía oficial de los presidentes, vicepresidentes y cancilleres asistentes a la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, 18 de septiembre, Ciudad de México

Por Iván Bustillos

/ 26 de septiembre de 2021 / 18:37

El punto sobre la i

Claro que había otra expectativa. El 24 de julio de este año, en México, en la XXI Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “no debe descartarse la sustitución de la OEA (Organización de Estados Americanos) por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”, como dando a entender que ese nuevo ente internacional no era otro que la Celac y que el futuro de la OEA iba a decidirse en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac en septiembre. Pero una vez que llegó la cita continental en el mismo México el 18 de este mes, y pese a haberse tratado la cuestión de la OEA, sobre todo el rol de su actual secretario general, Luis Almagro, al final se decidió postergar la discusión hacia el futuro. Para buena parte de los políticos y medios de comunicación, ya se podía hablar de un práctico fracaso de la referida cumbre. Peor cuando en la misma cita del 18, hubo abiertos encontrones entre mandatarios: Nicolás Maduro de Venezuela contra Mario Abdo Benítez de Paraguay; o entre Miguel Díaz-Canel de Cuba y Luis Lacalle de Uruguay; o entre las delegaciones de Nicaragua y Argentina.

Creada en 2010, la Celac siempre fue calificada por sus críticos de “ideológica”; para el caso, no se debe dejar de lado el hecho de que a la cita del 18 en México no asistió Brasil, porque en enero de 2020, el presidente Jair Bolsonaro decidió retirar a su país de la unión porque “daba protagonismo a regímenes no democráticos”; tampoco olvidar que en diciembre de 2019, por un diferendo con el Gobierno de México (el que dio asilo al expresidente Evo Morales) el gobierno transitorio de Jeanine Áñez anunció que evaluaría la permanencia de Bolivia en el mecanismo de integración. Poco antes, el país ya se había retirado del Alba y de Unasur.

LOGROS. Pero, mirando un poco más de cerca, por lo que pasó en la VI Cumbre de la Celac, no es poco lo que se logró, tanto en lo inmediato como en perspectiva.

No hay que dejar de señalar, por ejemplo, que pese a las distancias ideológicas en el encuentro estuvieron 17 presidentes, dos vicepresidentes, nueve cancilleres y otras autoridades de primer nivel. También participaron de la cita representantes de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el presidente del Consejo Europeo.

Como hacen notar las investigadoras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Silvina Romano y Tamara Lajtman (en su trabajo Cumbre Celac 2021: renovada apuesta por la integración latinoamericana), acaso el nuevo impulso que está adquiriendo Celac se deba al “fuerte cuestionamiento a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y (al) reflujo de otros mecanismos de integración”.

Ahora, para el avance de esta VI Cumbre, destacan Romano y Lajtman, primordial papel tiene que ver la Presidencia Pro Témpore de México, que llevó adelante importantes actividades preparatorias, como el encuentro, en abril de 2021, “Desarrollo Tecnológico de vacunas Celac contra COVID-19” que reunió por primera vez a los ocho centros de investigación que desarrollan las vacunas más avanzadas de la región, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México; o los dos encuentros de Especialistas Celac para el Monitoreo del Coronavirus, cuando los virólogos compartieron experiencias y acciones implementadas entre los países para tratar el tema de la pandemia; o la Reunión de Ministros de la Celac sobre el acceso latinoamericano y caribeño a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el COVID-19, entre otras acciones.

En cuanto a las diferencias ideológicas, que se expresaron en los encontronazos citados, el punto fue que pese a esto, prácticamente saltando el debate de cuánto más o menos democráticos son los distintos regímenes, los representantes supieron superar dichas distancias.

Como hace notar la periodista mexicana Daniela Pastrana, redactora del portal mexicano Pie de Página, que hizo seguimiento exhaustivo de la cita, luego de que nada evitara un encendido intercambio de palabras entre los presidentes cubano y uruguayo, o venezolano y paraguayo, “al final, los reclamos se quedaron como anécdotas, porque el acuerdo aprobado por todos incluyó la declaración conjunta contra el bloqueo económico a Cuba y en favor de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas”.

Como resume Pastrana, “las diferencias ideológicas no evitaron una resolución pragmática: 31 gobiernos países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo de 44 puntos que incluye un plan para la autosuficiencia sanitaria y una postura común ante los países desarrollados causantes de la crisis climática”.

Tampoco es de menospreciar, apunta, “la puesta en marcha de una agencia espacial, la creación de un fondo regional para desastres naturales, buscar mecanismos financieros equitativos, impulsar el comercio intrarregional, la seguridad alimentaria y el intercambio tecnológico y cultural, con la creación de un instituto iberoamericano de lenguas indígenas”.

PRAGMATISMO. Esfuerzo de unidad pragmática: “Si algo nos ha llevado a unirnos y a hacer a un lado las diferencias ha sido la pandemia”, destacó el secretario (ministro) de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, anfitrión de la Cumbre.

De las 44 resoluciones de la Declaración de la Ciudad de México (el documento central firmado por todos los asistentes), siete se refieren explícitamente a la lucha contra la pandemia.

Desde “un llamado para democratizar la producción y eliminar los obstáculos que dificultan el acceso justo y equitativo a las vacunas contra COVID-19, en tanto bienes públicos globales” (Resolución 7), hasta el reconocimiento e impulso a los esfuerzos concretos de fabricación de vacunas: Resolución 10. “Reconoce y aprecia la colaboración establecida entre Argentina y México, para producir y envasar vacunas contra COVID-19, que ya han comenzado a distribuirse en países de la región, el desarrollo, producción y suministro de las vacunas cubanas (Abdala, Soberana02 y Soberana Plus); así como otras iniciativas en curso para la investigación y desarrollo de vacunas en México (Patria), Argentina (ARVAC Cecilia Grierson), Cuba (Soberana 01, Mambisa, Pasteur y Pan- Corona), Chile (PedCoVax), Brasil (Butan Vac)”.

Se destaca el significativo esfuerzo que significó la elaboración por parte de la CEPAL del “Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria”. Un proyecto que apunta, señala la Resolución 12: “enfocado en el fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región”. En esta misma Resolución 12, se anuncia el respaldo a la “Declaración celebrada entre la Presidencia Pro Témpore de la Celac, ostentada por México y la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, para la creación del fondo Celac para la respuesta integral a desastres, que beneficiará a los Estados miembros”.

Entre las acciones que proyecta el plan “está la convergencia y reconocimiento de una agencia regulatoria, tener una plataforma común de ensayos clínicos, para tener acceso a las vacunas en condiciones mejores, realizar compras conjuntas para que no haya disparidades (no solo con las vacunas sino con todos los insumos médicos), potenciar consorcios productivos regionales (como el de México y Argentina con AstraZeneca)”, resume Pastrana.

En la cita de México, Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la CEPAL, destacó que al ritmo que vamos, la región no va a alcanzar a vacunar al 80 por ciento de la población mayor de 18 años. Incluso hay países que no llegan ni al 10 por ciento. Destacó que en la región tenemos capacidades para producir las propias vacunas y para que los países con mayor estructura y capacidad de compra puedan ayudar a los que van más rezagados, reseña Pastrana.

“Sí se puede, tenemos las capacidades, pero hay que tomar acciones rápidas, conjuntas, y creo que la Celac nos ha dado un potente mensaje”, dijo finalmente Bárcena.

ALIMENTOS. Por encargo de la Celac, la CEPAL también avanzó el “Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la Celac 2025. Una propuesta para seguimiento y análisis”.

En el ámbito financiero, específicamente refiriéndose al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Celac (Resolución 18) “hace un llamado urgente a la revisión de las políticas de acceso y sobrecargos en los préstamos de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada uno de los países en el contexto de la actual pandemia, para contribuir a la financiación de los países que más lo necesitan”, aunque cuidándose de advertir, hay que hacer todo lo anterior “manteniendo simultáneamente la solidez financiera de esa institución (el FMI)”.

Es la Resolución 27 en la que la Celac “manifesta su apoyo para el pronto establecimiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI) como firme compromiso de la Celac para el uso, promoción, conservación y revitalización de la cultura y de las lenguas de los pueblos indígenas en todos los ámbitos”.

En el ámbito de la crisis climática, la VI Cumbre anuncia (Resolución 37) su compromiso “a incrementar la ambición climática en los Estados miembros en torno a los objetivos del Acuerdo de París, conforme a los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas”.

Problema común pero distintas responsabilidades, la Declaración del la Cumbre de la Celac recuerda que exigirá que se cumpla el “compromiso para la provisión y movilización por parte de los países desarrollados de 100 mil millones de dólares anuales destinados a apoyar a los países en desarrollo entre el 2020 y el 2025” (Resolución 37).

Por eso, concluye, “respalda el establecimiento de un fondo voluntario para facilitar una mejor respuesta regional a desastres”. Resolución 38. En tres resoluciones, la 32, 33 y 34, la Declaración se refiere a la migración; si bien se trata de aseveraciones declarativas, no dejan de tener importancia como los principios de la Celac en el tema: “Hace un llamado, tomando en consideración la coyuntura actual, para intensificar el trabajo coordinado, a fin de manejar los movimientos migratorios en la región” (32); “Rechaza la criminalización de la migración irregular y de toda forma de racismo, discriminación racial, xenofobia, discursos de odio y otras formas conexas de discriminación e intolerancia contra personas migrantes y solicitantes de refugio” (33); y, “Reconoce que, solo por estas vías y mediante la cooperación e intercambios de información entre nuestros países, se concretarán, de forma exitosa, los procesos migratorios que optimicen el desarrollo de los países de origen, tránsito, destino y retorno” (34).

En la lucha contra la drogas, establece un principio de acción: “Exige un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, sostenible, amplio, respetuoso de los derechos humanos y basado en la evidencia científica, con medidas que se refuercen mutuamente”. (Resolución 40)

ESPACIAL. Finalmente, en la Resolución 43, “Saluda la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) con miras a fortalecer las capacidades regionales e impulsar la cooperación, colaboración, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías entre los Estados latinoamericanos y caribeños, para la realización de actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”.

En el ámbito de género y migración, hace notar la periodista Pastrana, no se puede dejar pasar el “sutil reclamo” que hizo la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, la única que habló claramente de dos temas ausentes en la discusión: migración irregular y equidad de género.

“La migración no es un fenómeno nuevo y tampoco va a desaparecer, pero mirar para el otro lado y pretender que no está ocurriendo no es una opción. Este fenómeno solo lo podemos atender de una manera regional con justa corresponsabilidad entre todos, unidos. Somos responsables de lo que hacemos”, dijo.

En el tema de la equidad fue más directa, destaca Pastrana: “La pandemia ha causado estragos en los avances para lograr una justa equidad de género con igualdad de salario y acceso para el empoderamiento económico y educativo de las mujeres. Habemos tan solo tres mujeres sentadas aquí en esta mesa, que he contado 36 puestos. Generemos compromisos regionales que aseguren la participación de mujeres en la toma de decisiones y cumplámoslo”, afirmó Mouynes.

En cuanto a la participación boliviana, además del reclamo que el presidente Luis Arce hizo contra la OEA y su “injerencia” en Bolivia en las elecciones de octubre de 2019, no es de echar de menos la exigencia específica de Bolivia sobre las patentes de las vacunas: “Necesitamos el apoyo de ustedes para acelerar este proceso por el bien de nuestros pueblos y la humanidad. Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos al objetivo de inmunización en el tiempo oportuno y la pandemia terminará por llevarse más vidas, de colapsar nuestras economías y trastocar nuestra sociedad y el ámbito político. El interés financiero no puede estar por encima del interés social y de la salud”.

A raíz del evidente liderazgo que tiene México y los avances y los logros obtenidos bajo su Presidencia Pro Témpore, en la Cumbre se acordó que este país conserve un año más esa condición; esto, señalan Romano y Lajtman, “a fin de dar continuidad a los proyectos iniciados durante la emergencia sanitaria”. 

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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¿Golpe o fraude? el 2019 sigue dividiendo

Aunque los analistas discuten si la polarización en las altas esferas políticas es un fenómeno análogo en la sociedad.

/ 26 de septiembre de 2021 / 18:32

DIBUJO LIBRE

Los acontecimientos de 2019 siguen dividiendo a los bolivianos, aunque no en partes iguales. El gobierno de Luis Arce busca sellar la lectura del derrocamiento de Evo Morales como producto de un golpe de Estado y mantener en prisión a la expresidenta interina Jeanine Áñez. La oposición, que niega que haya habido golpe, se expresa sobre todo en los medios y redes sociales, pero su fuerza social se encuentra disminuida.

Bolivia está inmersa en un “debate letrado” del tipo de los que han acompañado varios momentos críticos de su historia. A principios de este siglo, por ejemplo, corrieron ríos de tinta sobre la situación de la industria del gas y la población se dividió entre quienes querían la nacionalización y quienes la rechazaban. Pero después de que el presidente Evo Morales la promulgara el 1 de mayo de 2006, el apasionado debate sobre el futuro del gas quedó suspendido y no se reabrió más.

Hoy el asunto que divide al país es la interpretación de la ruptura violenta de noviembre de 2019. Para quienes participaron en ella, fue un alzamiento espontáneo contra una “dictadura” que pretendía perpetuarse por medio de un fraude electoral. Para el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue un golpe de Estado “planificado con varios meses de antelación”, digitado desde Estados Unidos y operado por el conjunto de la oposición a Morales. Desde hace meses que esta discrepancia interpretativa y sus ramificaciones ocupan las primeras páginas de los periódicos, los titulares de los noticiarios, las tertulias televisivas; son motivo de memes y han inspirado la publicación de libros de muchos cientos de páginas.

Los dos bandos no son del mismo tamaño y la relación entre ellos no es simétrica. Hace diez meses, el MAS ganó las elecciones con 55% de los votos y posee una sólida hegemonía dentro de los sectores subalternos de la población. Sin embargo, la oposición —es decir, quienes sostienen que no hubo ningún putch que pueda o deba ser sancionado— agrupa a la mayoría de los poderes fácticos del país: la elite económica, las iglesias, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación mainstream, etc. Por eso, quien siga la polémica por los principales periódicos tendrá la impresión de que el MAS y Evo Morales se hallan acorralados por sus incongruencias y de que los múltiples juicios que se están realizando o se quiere iniciar en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores se originan en el abuso de poder.

El mejor ejemplo del posicionamiento de los medios ha sido la recepción del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que, por un acuerdo entre el Estado boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó la violencia política que se produjo en octubre y noviembre de 2019. Este informe señala que se produjeron violaciones a los derechos humanos tanto en los últimos días del gobierno de Morales como en la parte inicial de la administración de su reemplazante, Jeanine Áñez. Considera las últimas más graves que las primeras, tanto por su dimensión como porque fueron ejecutadas directamente por las fuerzas de seguridad del Estado. En particular, el informe se refiere a la masacre de una veintena de manifestantes en el pueblo de Sacaba, cerca de Cochabamba, y en la zona Senkata de la ciudad de El Alto. Sin embargo, los periódicos cubrieron la noticia al revés, destacando los casos en los que los presuntos autores estuvieron relacionados con el MAS, como un tiroteo en la ciudad de Montero en el que murieron dos manifestantes de los comités cívicos y una emboscada a un convoy de buses con mineros opositores que viajaban a La Paz a contribuir al derrocamiento de Morales, los cuales fueron heridos por disparos de armas de largo alcance. El MAS se ha defendido a través de la red de comunicación estatal y los pocos medios privados oficialistas que quedan. Ha atribuido a la prensa un papel político opositor, lo que fue rechazado por las asociaciones de periodistas.

El debate no es puramente historiográfico, sino que fue activado y está referido a la investigación judicial de los hechos sucedidos durante el derrocamiento de Evo Morales. Su contenido se ha tornado muy complejo y difícil de seguir para los ciudadanos comunes. Se desglosa en varios enfrentamientos menores y se despliega en diferentes espacios institucionales. En la Asamblea Legislativa, el oficialismo quiere aprobar un “juicio de responsabilidades” contra Áñez por las decisiones que tomó como presidenta del país, entre ellas la represión de las protestas de Sacaba y Senkata. El obstáculo es que el MAS no cuenta con la mayoría necesaria de dos tercios del plenario. Le faltan 15 votos. Por su parte, la oposición afirma que podría aprobar un juicio sobre lo sucedido en 2019 siempre que éste incluyese también a Evo Morales, lo que el MAS rechaza. Este impasse parece muy difícil de superar. Diputados de oposición denunciaron, sin mostrar pruebas, que se les ofreció sobornos para autorizar el juicio de responsabilidades. La bancada oficialista lo desmintió.

El gobierno de Arce repite que la reconciliación entre bolivianos debe asentarse sobre la justicia y no sobre la impunidad. Quien tiene un discurso más conciliador es el vicepresidente David Choquehuanca. Este referente aymara está distanciado de Evo Morales desde hace mucho tiempo y también en esta cuestión.

Morales declaró que “la reconciliación es imposible” y que el MAS debe vencer al “fascismo y al imperialismo”, a los que atribuye su caída en 2019. En otra ocasión dijo que “no va a haber reconciliación con fascistas y racistas (en referencia a los movimientos cívicos), salvo que entiendan que nuestro programa y nuestra ideología están bien para Bolivia”. El antagonismo entre Choquehuanca y Morales es el principal riesgo para la unidad del MAS, pero al parecer solamente se tornará un problema digno de consideración hacia el final de la gestión de Arce. Por ahora, ambos líderes conviven pacíficamente, si bien con algunos roces.

Los analistas discuten si la intensa polarización de las altas esferas de la sociedad refleja o no un fenómeno análogo en la población. Las encuestas indican que la mayoría de los bolivianos no tiene tiempo ni ganas para ocuparse de temas políticos, porque está concentrada en enfrentar la crisis económica y la pandemia.

Este dato se presenta incluso en los sectores de altos ingresos y, de manera mucho más intensa, entre los jóvenes, que, luego del fracaso del movimiento de las pititas en el que muchos pusieron sus esperanzas, se inclinan por el apoliticismo y por la condena, en bloque, del conjunto de la clase política. Como se sabe por la experiencia latinoamericana y boliviana, este sentimiento resulta muy volátil y puede dar lugar a toda clase de sorpresas políticas.

 (*) Fragmento del artículo ¿Golpe o fraude?: 2019 sigue polarizando a Bolivia, publicado en la edición digital de la revista Nueva Sociedad, de septiembre. El texto completo se lo puede leer en: https://nuso.org/articulo/Bolivia- Arce-MAS/?utm_source=newsletter& utm_medium=email

(*)Fernando Molina es escritor y periodista (*)

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Polarizar en Bolivia

El riesgo de la polarización es que fácilmente deriva en hechos de violencia entre grupos.

/ 26 de septiembre de 2021 / 18:28

DIBUJO LIBRE

Desde hace años que en Bolivia se utiliza la categoría “polarización” para caracterizar causas y consecuencias de los problemáticos fenómenos que moldearon el escenario sociopolítico en el país. Sin embargo, a pesar de que “polarización” es un concepto pregnante, su instalación en el debate público y en los análisis políticos suele estar revestida por simplificaciones y sentidos comunes. Ante eso, primero, es preciso preguntarse qué es la polarización, para luego identificar las perspectivas de comprensión del fenómeno dentro de los análisis realizados en el país, así como sus principales límites.

De manera simple, la polarización hace referencia al grado en que las opiniones se encuentran en extremos opuestos con relación a diferentes aspectos de la vida social y política de determinada sociedad. Consecuentemente, la polarización política —que es de la que suelen hablar con mayor frecuencia los analistas— hace referencia al grado en que las opiniones se encuentran en extremos opuestos con relación al sistema y a los fenómenos políticos. Así, la polarización, en tanto que se vincula con el grado de divergencia entre las opiniones de los distintos grupos sociales, es una categoría relacional.

Dado que, como puede presuponerse, es lógico que existan múltiples posiciones/opiniones en el seno de la sociedad —en razón de ideología, clase social, identidad cultural, posiciones políticas, etc.—, es pertinente preguntarse ¿cuándo se habla de polarización? Generalmente cuando se considera que esas posiciones/ opiniones diferenciadas pueden traducirse fácilmente en conflictos y crisis que amenacen la estabilidad social. Por ello, una de las dimensiones por medio de las cuales se operacionaliza la polarización se relaciona a las particularidades de su impacto en la vida sociopolítica de una determinada sociedad y en sus posibilidades de desencadenar actos de violencia. Algunos autores indican que la polarización es un fenómeno de carácter permanente dentro de las sociedades democráticas, aunque de manera atenuada, presentando muchos niveles de gradación e intensidad y que, por tanto, el énfasis se debe poner en qué tan problemáticas son sus consecuencias en sus momentos más álgidos.

Ahora bien, la idea de que Bolivia es un país en el que los distintos grupos sociales y su comprensión de la sociedad se encuentran polarizados no es nueva; desde hace mucho tiempo se habla de las fracturas sociales que desencuentran a los grupos sociales de la formación social boliviana —fracturas de clase, étnico/ raciales y regionales, principalmente— y desde hace aproximadamente 20 años se habla bastante, de forma específica, de la polarización política. Habitualmente, al hablar de polarización política se esbozan sucesos que funcionan como una suerte de hitos demostrativos de su presencia en el país durante los últimos años; por ejemplo, se hace referencia al estallido de violencia y a los enfrentamientos sucedidos en 2007 en Cochabamba, a los conflictos emergidos a consecuencia del referéndum del 21 febrero de 2016 y, por supuesto, a los últimos procesos electorales, mediados por la crisis de 2019.

Los análisis acerca de la polarización en Bolivia son difusos en cuanto a demostrar si ésta se da preeminentemente a nivel de las élites políticas y los grupos de poder o si se da preeminentemente a nivel de la “sociedad civil”. En la literatura sobre el tema no existen posiciones únicas, aunque la idea de que la polarización se presenta sobre todo a nivel de las élites políticas es dominante.

Hay análisis que señalan que la sociedad civil muestra cansancio por la polarización a la que las élites recurren frecuentemente como estrategia política, argumentando que la población focaliza su atención más bien en fenómenos relacionados con sus necesidades materiales cotidianas. Sin embargo, paralelamente, existen análisis que señalan que las élites incurren en lógicas polarizantes en respuesta al complejo antagonismo que se encuentra instalado en las relaciones sociales cotidianas, buscando capitalizarlo, sobre todo en periodos electorales.

Tampoco existen posiciones únicas en cuanto a la identificación de las causas de la polarización en el país. Algunos consideran que las diferencias socioeconómicas e identitarias son una clave en la conformación de escenarios de polarización, mientras que otras perspectivas aseguran que el factor verdaderamente clave en la producción de esos escenarios es el político/ ideológico. De hecho, uno de los puntos centrales del debate acerca de la polarización en el país se relaciona con la caracterización de sus causas.

Sin embargo, las precedentes no son posiciones excluyentes per se. Así, i) la polarización social y/o política que irradian las élites puede no ser replicada en los mismos términos a nivel societal, sin que ello conlleve la inexistencia de polarización a nivel de la sociedad civil; y, ii) las causas de la polarización pueden ser multivariables y, por tanto, combinar determinantes políticas, económicas y sociales, de tipo coyuntural e histórico. Ello, además, contemplando que la polarización es un estado que emerge a consecuencia de procesos acumulativos de antagonismo en las relaciones sociales entre los distintos grupos sociales —ergo: es un estado moldeado por las determinantes materiales que caracterizan la posición de los distintos grupos en el jerárquico espacio social, a saber: desigualdad socioeconómica, asimetrías de poder, etc.

En ese marco, aunque la polarización presente como principal dimensión la ideológica/política en un momento dado —este es el caso de Bolivia hoy, cuando la forma más visible de polarización es consecuencia del posicionamiento político sobre lo sucedido en 2019, si fue un “golpe de Estado” o una “movilización ciudadana en contra de un fraude”— los distintos grupos de la sociedad no incurren en el escenario de polarización vaciados de historia, de identidad, de experiencias de clase y de sentidos comunes. De ese modo, la polarización no se encuentra —ni puede hacerlo— en los márgenes de las contradicciones estructurales que moldean y configuran el contenido de las relaciones en una formación social. Hay que aclarar que aunque la polarización se encuentre revestida por esas contradicciones, tampoco se reduce a ellas.

Por tanto, en lugar de pensar la polarización como lógicas dicotómicas —polarización de las élites/polarización societal; polarización estructural/polarización coyuntural; polarización a consecuencia de la desigualdad socioeconómica y cultural/polarización a consecuencia de la diferencia política e ideológica— resulta más útil abordar el fenómeno comprendiendo que en Bolivia existen factores sociales, económicos, culturales, políticos, coyunturales e históricos que actúan simultáneamente, y de formas diferenciadas de acuerdo al caso específico, en la conformación de escenarios de polarización.

 (*)Rodrigo Pacheco C. es politólogo UCB.

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El temible Mallku de la insurrección

En septiembre de 2003 empezó la ‘guerra del gas’; Felipe Quispe fue protagonista en varios sentidos.

/ 26 de septiembre de 2021 / 18:17

DIBUJO LIBRE

A 500 años de la conquista española, en 1992, fue detenido, torturado y encarcelado por encabezar una guerrilla. En 2000, en La Paz y Oruro, timoneó un “levantamiento de indios”, que hirió de muerte al neoliberalismo. En septiembre y octubre de 2003 fue el engranaje de una insurrección victoriosa. El protagonista de esas gestas fue Felipe Quispe Huanca, “El Mallku” (El Cóndor).

Nació en Achacachi, La Paz (1942- 2021). En 1990 fundó el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). De 1998 a 2006 fue secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Entre abril de 2000 y octubre de 2003 dirigió varias revueltas campesinas que coadyuvaron a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”).

PRESO. El primer día que visitó la cárcel, mi hijo Phily me dijo: “¿Papá, qué haces aquí? ¡Vamos ya a la casa, recoge tus cosas…!”, recordó “El Mallku” en el libro Mi captura, para luego explicar que el niño solo tenía tres años, “inocente de las leyes del sistema imperante”.

Esa detención no lo quebró. En las reuniones, con cierta ironía, él decía que “la cárcel, en realidad, era una escuela de revolucionarios”. Ahí se formó como historiador.

Afirmó que nunca quiso ser un hombre importante: “Sentía un dolor profundo por la discriminación social (…) Es por ello que Amalia Pando en una conferencia de prensa me preguntó: ‘¿Por qué escogió el camino del terrorismo?’ Mi respuesta fue simple: ‘Porque no quiero que mi hija sea su sirvienta y ni que mi hijo sea su cargador (…)’”.

Desde otra óptica, el entonces agente de inteligencia de la Policía, Germán Linares, en Historia secreta del terrorismo, sostuvo que la posición de “El Mallku” estaba “cargada de resentimientos”: por sus “antecedentes delictivos se colige que lo que buscaba era ‘agudizar las contradicciones’ y convertir al país en un campo de batalla”.

ENEMIGOS. Con indomable espíritu, Quispe desató una “guerra sin cuartel” contra el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Sánchez de Lozada, la Unión Cívica Solidaridad (UCS) de la familia Fernández, Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Banzer, el Movimiento Bolivia Libre (MBL) de Juan del Granado, la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa y el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL) de Víctor Hugo Cárdenas.

En ese marco, en abril de 2000 el líder indígena prendió la mecha de la insurrección. Con la CSUTCB en pie de combate, acompañó con un bloqueo de carreteras la “guerra del agua” en Cochabamba y el “levantamiento policial”.

El temible “Mallku” organizó desde abajo todo un dispositivo de sublevación, que tuvo su cúspide en septiembre y octubre de 2003.

GAS. El 4 de septiembre de 2003, el matutino La Prensa informó que Sánchez de Lozada y el presidente Vicente Fox iban a firmar, el día 8, en México, “un acuerdo preliminar para la compraventa de gas con respaldo de Pacific LNG y Sempra Energy, compañías interesadas en concretar la exportación de gas a California”. El gasoducto pasaría por Chile hacia Estados Unidos.

Además, el gobierno lanzó un reglamento de “Sanciones a motines y huelgas policiales” y creó una Central Obrera Boliviana (COB) paralela a la encabezada por Jaime Solares. Con ello, pretendió alejar “el fantasma de febrero negro”.

El 6, Goni y el Fondo Monetario Internacional (FMI) definieron “eliminar el subsidio del gas licuado”: La garrafa de gas subvencionada de Bs 21 se elevaría a 30.

CERCO. Ante esos anuncios, dos días después varios sectores sociales de La Paz y El Alto protestaron.

El 10 de septiembre, más de dos mil líderes comunitarios se declararon en huelga de hambre en Radio San Gabriel, en El Alto. La CSUTCB, dirigida por “El Mallku”, lideró esa medida. Cinco fueron sus reivindicaciones: “La anulación a la Ley de Seguridad Ciudadana que prohibió los bloqueos; la no exportación de gas por puerto chileno; el rechazo a la incorporación de Bolivia al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la construcción de carreteras en el altiplano; y, la liberación del dirigente Edwin Huampo”.

En La Prensa, Quispe anunció cerco a la ciudad de La Paz y una posible “guerra civil”. Al día siguiente, Goni ordenó a las Fuerzas Armadas “imponer orden en el país”. El 12, se desplazaron policías y militares en las carreteras.

BLOQUEO. La primera escaramuza por el gas se desarrolló el 15 de septiembre. Según La Razón, el bloqueo de los colonizadores en el norte de La Paz y el paro cívico en El Alto dieron inicio a la “guerra del gas”. El 18, ocho personas fueron procesadas, debido al destrozo de patrullas.

En esa difícil coyuntura, el FMI y el Banco Mundial (BM) sugirieron la exportación de gas para “aliviar el alto déficit fiscal”. El gobierno postergó la salida del gas por puertos chilenos, informó La Prensa.

De acuerdo a La Razón, el 18, los militares intentaron desbloquear las carreteras. Sin embargo, “El Mallku” reeditó el “Plan pulga”, que consistió en bloquear en la noche lo despejado en el día. Por otro parte, las tres centrales agrarias de Río Abajo, en apoyo, se rehusaron a enviar alimentos a la ciudad.

MASACRE. Tras descartar el estado de sitio, el 20, en rueda de prensa, el vocero de la Presidencia, Mauricio Antezana, señaló que “la caravana de turistas, que venían de Sorata custodiados por policías y militares, había sufrido una ‘emboscada’ que ‘obligó’ a las fuerzas del orden a actuar”. El gobierno anunció “acciones legales” contra los autores. Quispe estaba en la lista negra.

En realidad lo que ocurrió ese día fue que el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, dirigió un convoy de militares que se abrió paso a sangre y fuego. Según La Prensa, la jornada concluyó con seis muertos y 13 heridos a bala. Hoy, la masacre sigue en la impunidad.

Ante esos hechos, el 22, la COB, el Estado Mayor del Pueblo, los cocaleros y otras organizaciones sociales conformaron, en Cochabamba, una Dirección Nacional Única. “La primera demanda fue la renuncia del Presidente”, informó el dirigente de la COB Jaime Solares.

Así, la CSUTCB dirigida por “El Mallku” gatilló el conflicto que tumbó a Sánchez de Lozada, en octubre.

 (*) Miguel Pinto P. es periodista

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Informe GIEI, también se debe ver sus ausencias

Académico invoca a reflexionar sobre el papel en la crisis de la prensa, las iglesias y las universidades, entre otros.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:49

El punto sobre la i

El domingo 5 de septiembre, cuando muchos sectores todavía celebraban que por fin se haya presentado el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que lo que toca ahora es seguir sus recomendaciones, el sociólogo y antropólogo Esteban Ticona publicaba en su habitual columna en LA RAZÓN un artículo a contramano del entusiasmo generalizado por el documento de los expertos. ‘Ausencias en el informe del GIEI’ provocaba el investigador. Se refiere, apunta, a “actuaciones” de ciertos sectores que no se encuentran en el informe, pero que debieran. Entre las ausencias más relevantes estarían la de la prensa y su rol en la crisis.

“¿Cuál fue el papel de la prensa? No de los periodistas. El papel de los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, de los empresarios de la comunicación. ¿Cuánto y cómo alentaron el conflicto? o ¿cuánto y cómo buscaron la pacificación?”, cuestiona Ticona.

Y es que preocupa, sugiere Ticona, la responsabilidad social y política concreta de los medios. “¿Cómo interpretar a la prensa televisiva que cada noche transmitía los cabildos desde Santa Cruz y La Paz, con amenazas y acciones concretas para derrocar a un gobierno constituido mediante votos? ¿La prensa actuó de manera independiente? En fin, son preguntas que me hubiese gustado que se contemplen en el informe.

“El GIEI, en sus recomendaciones, no observa el papel de la prensa en las sociedades contemporáneas; no analiza el rol de los medios de comunicación en época de conflictos sociales, no solo como informadores, sino también como actores políticos”, remata el sociólogo.

También ve como ausencia en el informe de los expertos el papel jugado en la crisis por las universidades, públicas y privadas; la actuación de las iglesias católica y evangélica.

En los artículos ‘Lo bueno, lo malo y lo feo en el Informe del GIEI’, partes I y II, publicados en el periódico Los Tiempos, de Cochabamba (18 y 27 de agosto), el escritor Emilio Martínez destaca como “omisiones fácticas”: no haber señalado que el ciudadano argentino Facundo Molares “formó parte de las FARC”, con lo que páginas después “desestima con ligereza la tesis inicial de la Fiscalía sobre la actuación de un grupo guerrillero en esos sucesos”. También le reprocha no haber citado que también el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, le pidió la renuncia a Morales, sentando de este modo que sólo los policías y militares pidieron la dimisión de Evo Morales.

Asimismo, Martínez cuestiona que tampoco se haya citado la quema de la casa y bienes del subgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, por parte de militantes del MAS, o la “quema de 22 motocicletas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)”. El escritor además deplora que el GIEI no haya entrevistado a Amparo Carvajal, la “presidenta” de la Asamblea de DDHH de Bolivia, o que tampoco se haya buscado hablar con el Comité pro Santa Cruz. Asimismo. Martínez cuestiona el “sesgo ideológico” de ver las “narrativas de odio racial” en el país desde un solo lado (blancos hacia indígenas), o que se califique a la RJC de “grupo de choque” y se vea “con extrema candidez a los sindicatos cocaleros del Chapare”.

REPROCHES Los expertos también tuvieron que soportar los reproches que les hicieron personas e instituciones cuando presentaron su informe en Santa Cruz, como reseña la reunión el periódico El Deber (20 de agosto de 2021): que dejó fuera a otras víctimas no masistas, que “su informe está sesgado porque minimiza a las víctimas de la oposición” (diputada María José Salazar, de Comunidad Ciudadana), que los procesos judiciales a favor de las víctimas no masistas “no avanzan”; que el GIEI “logró investigar y escudriñar hasta la última piedra en Sacaba y Senkata, pero resulta que en Montero no se hace una investigación como se debe”, según el diputado de Creemos Erwin Bazán. Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, “el informe tiene todos los tintes de tibieza y no da la satisfacción en la búsqueda de justicia, sino que ha confundido más al pueblo y le ha dado más posibilidades al Gobierno para que lo use en su beneficio”, recoge el periódico cruceño.

En lo relativo al papel que jugó la prensa en la crisis, el informe del GIEI más bien se orienta a la situación de los periodistas en los momentos específicos de la crisis. El tema es abordado en el capítulo “4. Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, en el inciso E. Protesta social y libertad de expresión. Partiendo del principio de que la libertad de expresión se la ejerce tanto en las “manifestaciones públicas” (en las marchas y movilizaciones de protesta) como en el ejercicio del periodismo, lo que se hace en el informe, reconocen sus autores, es analizar “las violaciones del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social durante la crisis social y política en Bolivia, describiendo los modos en que el ejercicio del derecho a la protesta fue vulnerado por las autoridades y también por parte de manifestantes, al sobrepasar los límites que se reconocen a este derecho. En segundo lugar, se recogen las agresiones a periodistas y ataques a medios e instalaciones de prensa. Resulta abrumador el número de agresiones y ataques al periodismo durante los hechos en torno al conflicto electoral y político del último trimestre de 2019. La violencia hacia la prensa no se circunscribió a una región determinada, sino que se ejerció en las principales ciudades del país”.

GARANTÍAS. Específicamente con relación al periodismo, los expertos concluyen que “no hubo garantías esenciales para el ejercicio de la profesión”, y que se amedrentó y atacó a los medios de comunicación.

Mientras el GIEI identificó, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dice, a 58 periodistas agredidos, la Fundación Konrad Adenauer, le cita, afirma que la Asociación Nacional de la Prensa reportó 76 periodistas agredidos y 14 medios que sufrieron algún ataque.

“Muchos profesionales fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados. Los protagonistas de estos cercos se arrogaban facultades por fuera de toda legalidad, como ejercer controles territoriales, registrar bolsos o pertenencias de transeúntes y periodistas, y permitir o impedir la circulación de personas y vehículos entre barrios y en múltiples puntos de las ciudades. En el caso de los periodistas, no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”, destaca el Informe del GIEI.

AMENAZA. En el trato que el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez dio a los periodistas, el GIEI cita explícitamente (de hecho, en casi todos los informes anteriores está la frase) a la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien había dicho:

“La prensa debe tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son algunos casos bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Si el Movimiento Al Socialismo no ha respetado la Constitución durante todos estos años desde que se la aprobó, este gobierno de transición sí lo va a hacer, y la va a hacer respetar”.

Respondiendo a una pregunta, advirtió que esos periodistas sediciosos ya estaban identificados: “El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, va a tomar las acciones pertinentes en todo esto”.

Los periodistas, los reporteros, estaban en el ojo de la tormenta, apunta el GIEI: fueron víctimas tanto las fuerzas policiales y fuerzas armadas como los propios manifestantes, divididos entre los que denunciaban un posible fraude electoral y los que afirmaban que estaban ante un golpe de Estado.

En la línea anunciada, de que se indagará las agresiones a los periodistas y medios, el GIEI identifica a dos grandes agresores: las fuerzas policiales y militares; y los civiles manifestantes.

En las grandes ciudades, un especial atentado contra los periodistas y el ejercicio del periodismo, dice el Informe, era el “control de paso”. “Esta práctica, ejercida por ambos grupos, consistía en averiguar a qué medio pertenecía el periodista antes de permitir que este traspusiera el bloqueo e hiciera su trabajo”.

Pero el sociólogo Ticona cuestiona no tanto las agresiones contra los trabajadores de la información, sino el papel que jugaron en la crisis no precisamente como informadores, sino como plenos “actores políticos” en la crisis y su responsabilidad.

Esta es una larga historia por reconstruir, sin duda, pero ya hubo avances en la reflexión pedida por Ticona, pero ausente en el Informe del GIEI. A fines de 2020, la Fundación Friedrich Ebert (FES) publicó el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020), bajo la coordinación de Jan Souverein y José Luis Exeni.

En dicho texto, la politóloga Susana Bejarano y el periodista Fernando Molina presentan el provocador trabajo, desde el título: La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019.

Los autores afirman que “el apoyo mediático al nuevo oficialismo (Áñez) llegó al punto de justificar la represión ejecutada por el gobierno”. Como ejemplo, analizan la represión en Sacaba, del 15 de noviembre, y la cobertura que se hizo entonces. Cuando en el “enfrentamiento” murieron 10 campesinos y ningún militar o policía resultó herido, “Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían ‘armas de fuego y otros objetos letales’. Página Siete se sumaba así a la línea oficialista que, desempolvando un viejo libreto, reducía los conflictos sociales a la acción de ‘grupos subversivos armados’”. (Página 190)

SENKATA. Para el caso de Senkata, la objeción de Molina y Bejarano es a la cobertura y el relato que se produjo en los medios sobre la caída del muro de la planta de acopio de gasolina y gas. Luego de que las autoridades de gobierno lograron sacar un convoy de camiones y cisternas, la gente empezó a aglutinarse sobre la planta. “Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios, excepto La Razón, dijeron que el mismo fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, esta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella”. (Página 190)

Los medios, que no habrían estado allí (los autores citan como prueba de esto los testimonios de los manifestantes al programa español Salvados; el propio GIEI lo ratifica: “La cobertura de lo que pasaba en El Alto era muy difícil y fueron pocos quienes lograron informar desde allí”), repitieron la versión del gobierno: que la pared cayó por una explosión de dinamita, de “un atentado dinamitero”; esto les permitió, dicen Molina y Bejarano, hablar luego de “terrorismo”. De nuevo, citan como ejemplo a Página Siete (nota del 21 de noviembre de 2019): “En 10 días hubo al menos ocho actos terroristas en el país”. El subtítulo de esta nota es: “Desde la presencia de extranjeros con explosivos hasta el atentado a la planta de Senkata, los ciudadanos paceños y alteños vivieron días de terror”; destacan el texto: “El pasado martes un grupo de bloqueadores seguidores de Evo Morales derrumbó dos muros de la planta de YPFB, en Senkata, a punta de dinamitazos, y después quemó al menos cinco vehículos que estaban dentro de los predios”. (Página 192)

VERSIÓN. A la difusión de la versión oficial de los dinamitazos, se sumaba, señalan los autores, el no recoger la versión de los sectores y movimientos sociales, la necesaria contraparte, esa que se quejaba que “nos quieren animalizar, dicen que queríamos volar la planta, como si no supiéramos que eso nos mataba a todos” (mujer entrevistada por el diario español El País), o no prestar la suficiente atención a la versión de que “derribaron el muro porque los militares arrastraron tres cadáveres dentro de la planta”.

LA RAZÓN, recuerdan la politóloga y el periodista, fue “el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas en los días inmediatamente posteriores a los hechos e incorporó su versión a los reportes”. (Página 192) Por esto de no acudir a estas fuentes, cundió la desconfianza hacia los medios nacionales, apuntan los autores; su mayor confianza en los medios extranjeros.

No deja de señalar el informe del GIEI que hasta el humor gráfico fue alcanzado por la polarización política, poniendo como ejemplo la salida (temporal) de Al-Azar de LA RAZÓN en diciembre de 2019. “Ni siquiera el humor y la ironía tuvieron espacio o perdón. El 3 de diciembre, el caricaturista conocido por su pseudónimo Al-Azar, 460 del periódico La Razón, dejó de publicar sus caricaturas, luego de recibir amenazas”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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