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Fiscalía: El TREP no pudo contaminar el resultado final

/ 1 de agosto de 2021 / 16:02

En su resolución de sobreseimiento, los fiscales que llevan el caso insisten en la independencia del TREP y el cómputo final.

El punto sobre la i

No es exagerado decir que el martes 27 fue, será, un día parteaguas en la historia política del país; guste a unos, encabrite a otros, la historia de la crisis de octubre-noviembre de 2019 dio un giro de 180 grados, como suele decirse. La mañana de ese día, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hacía conocer que la pericia internacional sobre la seguridad informática y la administración de redes en las elecciones de 2019 que había encargado la Fiscalía había concluido en que, en rigor, el sistema informático no había sido manipulado, al extremo de cambiar el resultado; “se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019”; lo que hubo, dijo, fueron “negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares)”.

La primera reacción de la oposición fue descalificar dicha pericia. El expresidente y excandidato Carlos Mesa dijo del trabajo que es una “investigación extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el gobierno masista y una consultora”. También se empezó a comparar dicha pericia con el informe del Análisis de Integridad Electoral elaborado por un equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 2019, considerando a la pericia como de menos valor que el documento del organismo internacional.

Hay que recordar que dicha pericia fue anunciada en octubre de 2020; el 6 de ese mes, Lanchipa había dicho que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019; que si bien la base de la acusación seguía siendo el informe final de auditoría de la OEA, éste solo establece indicios, denuncias de posibles manipulaciones dolosas; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, contar con la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe (de la OEA)”.

CÓDIGO. Sea cual fuere el “valor” argumental, ético, histórico, etcétera, de ambos documentos, un hecho incontrastable, sin embargo, es que la pericia es parte del trabajo de un investigador fiscal, de ministerio público; que por algo es una “pericia” y no un “informe”. Según el Código de Procedimiento Penal (artículo 204) “se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica”. Se trata de un elemento de prueba, entonces; esa es su fuerza legal. Por esto, al concluir su presentación el martes 27, el fiscal Lanchipa informó que la Comisión de Fiscales encargada del caso, tomando todos los indicios que pudo recolectar “y, principalmente, el contenido de la pericia en Seguridad Informática y Administración de Redes” emitió su “requerimiento conclusivo de sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal, determinación puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.

Pero ciertamente sería una injusticia afirmar que toda la resolución de sobreseimiento, presentada el mismo martes 27 de julio, tiene como única base a la mencionada pericia, la que fue efectuada entre mayo y junio de 2021.

El documento, a letra menuda, de 82 páginas, en la parte más sustancial, cuando señala la “fundamentación del derecho y valoración de los elementos de prueba”, los fiscales llegan a la conclusión de que el “TREP no reemplaza ni complementa el cómputo oficial de resultados, simplemente se constituye en una herramienta de transparencia del proceso electoral, y al ser el TREP un proceso independiente del cómputo oficial, se puede deducir que cualquier incidente no supone un riesgo alto para la integridad de los resultados finales”.

La resolución de sobreseimiento precisa que los imputados en el “caso fraude electoral” son 12 personas, empezando por seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de entonces. Los “ilícitos” denunciados son de tres tipos: delitos electorales ( falsificación de documento, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficio en función de cargo); delitos de corrupción (resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes); y, delitos ordinarios ( falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos).

DENUNCIANTES. Entre los “denunciantes”, la resolución fiscal, antes que personas, señala a instituciones: la Procuraduría General del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información (Agetic).

En efecto, a todo lo largo de la sustentación de la acusación, están los informes Preliminar y Final de la OEA, los cuales fueron elaborados entre noviembre y diciembre de 2019.

En la parte de los “elementos de convicción colectados” (una tercera parte del documento) se dan cuenta de 124 “elementos de prueba”, consistentes en declaraciones de testigos, actas de colección de indicios, notas de trámites, entre otros.

En el elemento de prueba 24, se hace una larga relación de la forma en que se estableció que iban a trabajar la empresa responsable de administrar el TREP (Neotec) y la auditora (Ethical Hacking). Un detalle significativo es la relación que se hace de la cirunstancia en que se interrumpió el TREP. En el informe sobre el tema emitido por Ethical Hacking se destaca que ante la advertencia de la auditora de un desmesurado tráfico de datos proveniente de un servidor desconocido, fue la Sala Plena del TSE que “por la sensibilidad y susceptibilidad del momento, decidieron dejar de transmitir los resultados del TREP, hasta que se verifique y audite que no se habían alterado datos o sufrido un ataque cibernético de alguna índole”.

En la prueba 123 se recoge la versión de la empresa auditora Ethical Hacking, que tras describir y deplorar un actuar herético por parte del responsable de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, recuerda que en el día de la elección hubo varias acciones de Guzmán de Rojas que podrían considerarse graves, toda vez que implicaban un acceso a la base de datos, a cambios que se hacían allí sin la debida comunicación a la empresa auditora, sin consultar ni seguir el protocolo; y que solo luego de las alertas y reclamos, Guzmán de Rojas explicaba lo sucedido. 

VOCALES. Y he aquí un dato que compromete a los vocales del TSE de entonces, o por lo menos a una mayoría. La explicación que dio Guzmán de Rojas para crear un servidor perimetral no incluido en el sistema (uno de los dos “servidores ocultos” que remarca el informe de la OEA), revela Ethical, consiste en que: “cerca de las 12.22 del mediodía, Marcel Guzmán de Rojas vuelve a realizar cambios en los servidores del TREP, sin ninguna supervisión de la DNTIC o la empresa auditora, como se había acordado. Procedemos a explicar lo identificado y el porqué de la alerta: Marcel Guzmán de Rojas indica que fue un error no avisarnos, pero que lo hizo para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”, que por eso redirigió el tráfico a un servidor externo, “con el fin de que se vea en privado antes de hacerlo público”. Por esto, Ethical reitera que no puede “dar fe de toda la información que se ingresó en ese momento y el proceso electoral pierde toda credibilidad al violarse el protocolo de seguridad”.

En la resolución de sobreseimiento también ocupa un importante y extenso tramo la declaración testifical de Marcel Guzmán de Rojas. Aparte de explicar que el servidor “oculto” Bo1 fue parte de la etapa preparatoria del sistema, pues contendría datos de anteriores elecciones, se le cargó la geografía electoral, las mesas electorales, “se lo usó para preparar los datos, preparar recintos, departamentos, municipios, preparar las mesas, preparar las boletas”.

Guzmán de Rojas defendiendo el sistema llama la atención sobre dos servidores, el Bo11 y el Bo21 que se usaron para recibir los datos que enviaban los funcionarios encargados de fotografiar las actas y mandarlas al centro de datos: “sin excepción todas las imágenes del TREP ingresaron a través de los servidores Bo11 y Bo21 (…) esos servidores siempre estuvieron controlados, en otras palabras, el origen de los datos nunca estuvo descontrolado, y si uno compara las imágenes con las actas, ve que están bien registrado” (sic).

Guzmán de Rojas también afirma que debido a una “razón que desconoce”, el día de la elección el sistema se puso lento poco antes de dar el primer resultado del TREP, que por ello, a fin de tenerlo listo a poco más de 80% para la conferencia de prensa que habían citado los vocales del TSE, tuvo que aplicar un plan de contingencia, redireccionar el flujo de datos y acelerar el proceso; solo así se consiguió dar dichos resultados al 83%; si no aplicaba dicho plan, el resultado habría sido al 60%; “esto se informó a la OEA, a los auditores, a todo el mundo”, señala el propietario de Neotec.

Guzmán de Rojas no deja de insistir en que los dos sistemas son separados, independientes, especialmente por la forma en que son alimentados y la manera en que discurren sus respectivos procesos.

Mientras el TREP es “abastecido” a través de fotos de las actas que en el día de la elección enviaron desde los recintos electorales los funcionarios contratados para este fin, al cómputo oficial se lo alimenta con actas en físico en cada uno de los tribunales departamentales.

En el informe final de la OEA se señala que el TSE “ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas”. Guzmán de Rojas responde a esto: “Eso es falso; (es) una anomalía, el problema es, y eso lo sabía la OEA y lo sabe el auditor y lo sabe, por supuesto, el Tribunal Electoral, las actas que publican y cuentan para sumar el resultado electoral en el TREP solamente cuando han pasado la verificación (…) ese 5% [5,58%] de las actas a que se refiere la OEA son actas donde las imágenes son tan malas que no se puede verificar (…) y como no se puede verificar, no se publica. (…) a mí me parece muy mal, ellos están desinformando diciendo que se ocultó”.

SISTEMA. Así, la Comisión de Fiscales, a tiempo de señalar que el TREP es un sistema informático de propiedad del OEP, que es usado desde 2016, y que no es vinculante, dice que solo se lo usa para transparentar el resultado de la elección. Para el cómputo oficial, más bien se estableció el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) que se encarga de validar las actas conforme se tiene del sistema de cómputo. Y los fiscales hacen una detallada lista de cómo proceden los cómputos oficiales departamentales, en el exterior y en la instancia nacional.

En cuanto a las “actas falsificadas”, presentadas como indicio de un proceder fraudulento por la OEA, los fiscales informan que procedieron a requerir el servicio de una comisión de peritos en documentología forense, pidiéndoles, entre otras cosas, si en las actas electorales de Argentina corresponden las firmas, lo mismo con las huellas dactilares.

Dicha comisión, detalla la resolución fiscal, luego de acceder a las tarjetas prontuario de algunas personas señaladas en las listas índice, el material con que cuentan para la comparación no es idóneo, los mismos son insuficientes para realizar la pericia correspondiente. “En tal sentido, los suscritos peritos al no contar con los elementos suficientes de comparación requeridos nos vemos imposibilitados de realizar el dictamente requerido por su autoridad”.

Y, cuando una de las mayores razones de la OEA para presumir fraude es la tecnología, el manejo informático, los fiscales destacan que por esto se acudió a requerir la pericia informática en el exterior del país. Y, la tercera parte final de la resolución consiste en la exposición de la pericia informática efectuada por la Universidad de Salamanca (España).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón  

Informe GIEI, también se debe ver sus ausencias

Académico invoca a reflexionar sobre el papel en la crisis de la prensa, las iglesias y las universidades, entre otros.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:49

El punto sobre la i

El domingo 5 de septiembre, cuando muchos sectores todavía celebraban que por fin se haya presentado el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que lo que toca ahora es seguir sus recomendaciones, el sociólogo y antropólogo Esteban Ticona publicaba en su habitual columna en LA RAZÓN un artículo a contramano del entusiasmo generalizado por el documento de los expertos. ‘Ausencias en el informe del GIEI’ provocaba el investigador. Se refiere, apunta, a “actuaciones” de ciertos sectores que no se encuentran en el informe, pero que debieran. Entre las ausencias más relevantes estarían la de la prensa y su rol en la crisis.

“¿Cuál fue el papel de la prensa? No de los periodistas. El papel de los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, de los empresarios de la comunicación. ¿Cuánto y cómo alentaron el conflicto? o ¿cuánto y cómo buscaron la pacificación?”, cuestiona Ticona.

Y es que preocupa, sugiere Ticona, la responsabilidad social y política concreta de los medios. “¿Cómo interpretar a la prensa televisiva que cada noche transmitía los cabildos desde Santa Cruz y La Paz, con amenazas y acciones concretas para derrocar a un gobierno constituido mediante votos? ¿La prensa actuó de manera independiente? En fin, son preguntas que me hubiese gustado que se contemplen en el informe.

“El GIEI, en sus recomendaciones, no observa el papel de la prensa en las sociedades contemporáneas; no analiza el rol de los medios de comunicación en época de conflictos sociales, no solo como informadores, sino también como actores políticos”, remata el sociólogo.

También ve como ausencia en el informe de los expertos el papel jugado en la crisis por las universidades, públicas y privadas; la actuación de las iglesias católica y evangélica.

En los artículos ‘Lo bueno, lo malo y lo feo en el Informe del GIEI’, partes I y II, publicados en el periódico Los Tiempos, de Cochabamba (18 y 27 de agosto), el escritor Emilio Martínez destaca como “omisiones fácticas”: no haber señalado que el ciudadano argentino Facundo Molares “formó parte de las FARC”, con lo que páginas después “desestima con ligereza la tesis inicial de la Fiscalía sobre la actuación de un grupo guerrillero en esos sucesos”. También le reprocha no haber citado que también el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, le pidió la renuncia a Morales, sentando de este modo que sólo los policías y militares pidieron la dimisión de Evo Morales.

Asimismo, Martínez cuestiona que tampoco se haya citado la quema de la casa y bienes del subgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, por parte de militantes del MAS, o la “quema de 22 motocicletas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)”. El escritor además deplora que el GIEI no haya entrevistado a Amparo Carvajal, la “presidenta” de la Asamblea de DDHH de Bolivia, o que tampoco se haya buscado hablar con el Comité pro Santa Cruz. Asimismo. Martínez cuestiona el “sesgo ideológico” de ver las “narrativas de odio racial” en el país desde un solo lado (blancos hacia indígenas), o que se califique a la RJC de “grupo de choque” y se vea “con extrema candidez a los sindicatos cocaleros del Chapare”.

REPROCHES Los expertos también tuvieron que soportar los reproches que les hicieron personas e instituciones cuando presentaron su informe en Santa Cruz, como reseña la reunión el periódico El Deber (20 de agosto de 2021): que dejó fuera a otras víctimas no masistas, que “su informe está sesgado porque minimiza a las víctimas de la oposición” (diputada María José Salazar, de Comunidad Ciudadana), que los procesos judiciales a favor de las víctimas no masistas “no avanzan”; que el GIEI “logró investigar y escudriñar hasta la última piedra en Sacaba y Senkata, pero resulta que en Montero no se hace una investigación como se debe”, según el diputado de Creemos Erwin Bazán. Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, “el informe tiene todos los tintes de tibieza y no da la satisfacción en la búsqueda de justicia, sino que ha confundido más al pueblo y le ha dado más posibilidades al Gobierno para que lo use en su beneficio”, recoge el periódico cruceño.

En lo relativo al papel que jugó la prensa en la crisis, el informe del GIEI más bien se orienta a la situación de los periodistas en los momentos específicos de la crisis. El tema es abordado en el capítulo “4. Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, en el inciso E. Protesta social y libertad de expresión. Partiendo del principio de que la libertad de expresión se la ejerce tanto en las “manifestaciones públicas” (en las marchas y movilizaciones de protesta) como en el ejercicio del periodismo, lo que se hace en el informe, reconocen sus autores, es analizar “las violaciones del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social durante la crisis social y política en Bolivia, describiendo los modos en que el ejercicio del derecho a la protesta fue vulnerado por las autoridades y también por parte de manifestantes, al sobrepasar los límites que se reconocen a este derecho. En segundo lugar, se recogen las agresiones a periodistas y ataques a medios e instalaciones de prensa. Resulta abrumador el número de agresiones y ataques al periodismo durante los hechos en torno al conflicto electoral y político del último trimestre de 2019. La violencia hacia la prensa no se circunscribió a una región determinada, sino que se ejerció en las principales ciudades del país”.

GARANTÍAS. Específicamente con relación al periodismo, los expertos concluyen que “no hubo garantías esenciales para el ejercicio de la profesión”, y que se amedrentó y atacó a los medios de comunicación.

Mientras el GIEI identificó, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dice, a 58 periodistas agredidos, la Fundación Konrad Adenauer, le cita, afirma que la Asociación Nacional de la Prensa reportó 76 periodistas agredidos y 14 medios que sufrieron algún ataque.

“Muchos profesionales fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados. Los protagonistas de estos cercos se arrogaban facultades por fuera de toda legalidad, como ejercer controles territoriales, registrar bolsos o pertenencias de transeúntes y periodistas, y permitir o impedir la circulación de personas y vehículos entre barrios y en múltiples puntos de las ciudades. En el caso de los periodistas, no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”, destaca el Informe del GIEI.

AMENAZA. En el trato que el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez dio a los periodistas, el GIEI cita explícitamente (de hecho, en casi todos los informes anteriores está la frase) a la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien había dicho:

“La prensa debe tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son algunos casos bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Si el Movimiento Al Socialismo no ha respetado la Constitución durante todos estos años desde que se la aprobó, este gobierno de transición sí lo va a hacer, y la va a hacer respetar”.

Respondiendo a una pregunta, advirtió que esos periodistas sediciosos ya estaban identificados: “El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, va a tomar las acciones pertinentes en todo esto”.

Los periodistas, los reporteros, estaban en el ojo de la tormenta, apunta el GIEI: fueron víctimas tanto las fuerzas policiales y fuerzas armadas como los propios manifestantes, divididos entre los que denunciaban un posible fraude electoral y los que afirmaban que estaban ante un golpe de Estado.

En la línea anunciada, de que se indagará las agresiones a los periodistas y medios, el GIEI identifica a dos grandes agresores: las fuerzas policiales y militares; y los civiles manifestantes.

En las grandes ciudades, un especial atentado contra los periodistas y el ejercicio del periodismo, dice el Informe, era el “control de paso”. “Esta práctica, ejercida por ambos grupos, consistía en averiguar a qué medio pertenecía el periodista antes de permitir que este traspusiera el bloqueo e hiciera su trabajo”.

Pero el sociólogo Ticona cuestiona no tanto las agresiones contra los trabajadores de la información, sino el papel que jugaron en la crisis no precisamente como informadores, sino como plenos “actores políticos” en la crisis y su responsabilidad.

Esta es una larga historia por reconstruir, sin duda, pero ya hubo avances en la reflexión pedida por Ticona, pero ausente en el Informe del GIEI. A fines de 2020, la Fundación Friedrich Ebert (FES) publicó el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020), bajo la coordinación de Jan Souverein y José Luis Exeni.

En dicho texto, la politóloga Susana Bejarano y el periodista Fernando Molina presentan el provocador trabajo, desde el título: La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019.

Los autores afirman que “el apoyo mediático al nuevo oficialismo (Áñez) llegó al punto de justificar la represión ejecutada por el gobierno”. Como ejemplo, analizan la represión en Sacaba, del 15 de noviembre, y la cobertura que se hizo entonces. Cuando en el “enfrentamiento” murieron 10 campesinos y ningún militar o policía resultó herido, “Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían ‘armas de fuego y otros objetos letales’. Página Siete se sumaba así a la línea oficialista que, desempolvando un viejo libreto, reducía los conflictos sociales a la acción de ‘grupos subversivos armados’”. (Página 190)

SENKATA. Para el caso de Senkata, la objeción de Molina y Bejarano es a la cobertura y el relato que se produjo en los medios sobre la caída del muro de la planta de acopio de gasolina y gas. Luego de que las autoridades de gobierno lograron sacar un convoy de camiones y cisternas, la gente empezó a aglutinarse sobre la planta. “Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios, excepto La Razón, dijeron que el mismo fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, esta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella”. (Página 190)

Los medios, que no habrían estado allí (los autores citan como prueba de esto los testimonios de los manifestantes al programa español Salvados; el propio GIEI lo ratifica: “La cobertura de lo que pasaba en El Alto era muy difícil y fueron pocos quienes lograron informar desde allí”), repitieron la versión del gobierno: que la pared cayó por una explosión de dinamita, de “un atentado dinamitero”; esto les permitió, dicen Molina y Bejarano, hablar luego de “terrorismo”. De nuevo, citan como ejemplo a Página Siete (nota del 21 de noviembre de 2019): “En 10 días hubo al menos ocho actos terroristas en el país”. El subtítulo de esta nota es: “Desde la presencia de extranjeros con explosivos hasta el atentado a la planta de Senkata, los ciudadanos paceños y alteños vivieron días de terror”; destacan el texto: “El pasado martes un grupo de bloqueadores seguidores de Evo Morales derrumbó dos muros de la planta de YPFB, en Senkata, a punta de dinamitazos, y después quemó al menos cinco vehículos que estaban dentro de los predios”. (Página 192)

VERSIÓN. A la difusión de la versión oficial de los dinamitazos, se sumaba, señalan los autores, el no recoger la versión de los sectores y movimientos sociales, la necesaria contraparte, esa que se quejaba que “nos quieren animalizar, dicen que queríamos volar la planta, como si no supiéramos que eso nos mataba a todos” (mujer entrevistada por el diario español El País), o no prestar la suficiente atención a la versión de que “derribaron el muro porque los militares arrastraron tres cadáveres dentro de la planta”.

LA RAZÓN, recuerdan la politóloga y el periodista, fue “el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas en los días inmediatamente posteriores a los hechos e incorporó su versión a los reportes”. (Página 192) Por esto de no acudir a estas fuentes, cundió la desconfianza hacia los medios nacionales, apuntan los autores; su mayor confianza en los medios extranjeros.

No deja de señalar el informe del GIEI que hasta el humor gráfico fue alcanzado por la polarización política, poniendo como ejemplo la salida (temporal) de Al-Azar de LA RAZÓN en diciembre de 2019. “Ni siquiera el humor y la ironía tuvieron espacio o perdón. El 3 de diciembre, el caricaturista conocido por su pseudónimo Al-Azar, 460 del periódico La Razón, dejó de publicar sus caricaturas, luego de recibir amenazas”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Crítica y defensa de las encuestas

En las primarias argentinas, la mayoría de las encuestas, incluida la del CELAG, no acertó. ¿Qué pasó?

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:43

DIBUJO LIBRE

El frenesí no es el mejor aliado para los matices. El corre- corre al que estamos sometidos impone un marco analítico binario, sí o no, blanco o negro, verdad o mentira. La dictadura de las frases cortas y titulares lapidarios prevalece ante cualquier intento de introducir una explicación compleja. Todo se simplifica en pro de la deseada sentencia: culpable o no. Siempre, sin matices y todo en modo excluyente.

En la cosmovisión andina existe un concepto, el chacha-warmi, que aboga por la complementariedad. Lo uno y lo otro. Quiero y no quiero. Culpable y no culpable.

Este marco viene como anillo al dedo a la hora de hablar de las encuestas en tiempo de elecciones. ¿Aciertan o fallan? ¿Sirven o no? Seguramente, las dos cosas a la vez. Aciertan y fallan. Sirven para algunas cosas y no para otras. Y para entenderlo no queda otra que recurrir al mundo de los matices.

En la reciente elección de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en Argentina, la mayoría de las encuestas no logró acertar el resultado electoral. El caso más emblemático fue el de la Provincia de Buenos Aires (PBA) que, por su peso poblacional, es de gran importancia para la política nacional. No acertó la mayoría de las encuestas realizadas en los días previos, incluida la nuestra (CELAG), ni aquellas que se hicieron en boca de urna el mismo día de la votación. Por ejemplo, Juntos por el Cambio manejaba internamente un resultado de derrota de 3 puntos en PBA en el corte de su boca de urna a las 17 horas. En el Frente de Todos tampoco acertaron (tenían una diferencia de 6-7 puntos a favor).

¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Son muchas las variables necesarias para entender buena parte de lo sucedido. Con el diario del lunes todo es más fácil.

1. Como advierte Pierre Bourdieu, una encuesta supone una “situación forzada”, es decir, es poco natural que alguien desconocido te llame por teléfono o te pare en la calle para preguntarte por todo, hasta por tu nivel de ingresos; te hable con un lenguaje que no sueles usar; y que te obligue a responder preguntas que nunca te has formulado. Creer que conoces a los entrevistados como si fueran tus amigos es lo mismo que considerar que con una encuesta lo puedes descubrir absolutamente todo. Y no.

2. No se puede concebir una encuesta como si fuera una ciencia social exacta. Y mucho menos si la queremos circunscribir a la tarea de anticipar el resultado electoral. El comportamiento a la hora de votar depende de múltiples factores muy maleables, muchas veces difícilmente mensurables, donde intervienen razones, emociones y valores, al igual que en cualquier otro tipo de decisión humana. Y, en consecuencia, se hace muy difícil ser hiperprecisos (más aún si estamos en época de incertidumbre). La encuesta es eso: una herramienta más para aproximarse a una realidad compleja y multicausal.

3. La ciudadanía no siempre desea transparentar lo que vota. A veces, hay una explicación vergonzante que obedece a muchas razones puntuales para cada coyuntura política. Otras, es por el puro deseo de no mostrar las cartas al encuestador, quien es visto como ajeno y sin derecho a saber nada sobre uno mismo. En este caso, se esconde la verdad, o inclusive se llega a mentir de la misma manera que un niño lo hace con su padre a la vuelta del colegio.

4. En muchas ocasiones, equivocadamente asumimos que el marco racional para la toma de decisión electoral está perfectamente ordenado y que viene definido en forma anticipada. Y no. Esto no es así. Para muestra un botón. A una semana, en nuestra propia encuesta CELAG aparecía un porcentaje altísimo de la población que decía que no tenía decidido con total certeza su voto por muchas razones. Este rasgo condicionaba cualquier estimación de intención de voto. Sin embargo, el interés dominante tanto para la clase política como para el periodismo (periodista y lector) se centraba exclusivamente en el valor de la intención de voto, y saber quién ganaba o perdía. Esa ansiedad, comprensible pero más propia de una concepción de las elecciones como una carrera de caballos (tal como acuña Patterson), acabó constituyendo una trampa insorteable: todo el mundo se acuerda del número y se olvida que había un matiz que lo limitaba.

5. La mayoría ciudadana está más ocupada de sus asuntos cotidianos que pensando en qué votar. Esta apatía electoral tiene su correlato en la alta tasa de rechazo que hay detrás de cada encuesta. Este gran porcentaje que prefiere no atender al encuestador sesga la muestra en demasía, y por mucho que se pretenda corregir ad hoc, se arrastra un defecto de origen que tiene sus consecuencias. Seguramente, hay mucho que trabajar y mejorar en esta línea, para asociar la tasa de rechazo de una encuesta con la abstención, o con el modo-contexto en el que se decide el voto. El aumento de casi 4 millones de personas que no fueron a las urnas en las últimas PASO en Argentina (en comparación con las de 2019) seguramente se podría haber intuido si hubiésemos mirado con lupa esa mayoría de gente que no quiso responder ante el intento (telefónico o presencial) de ser entrevistado.

Dicho todo lo cual, nada de esto debe ser traducido como que “las encuestas no sirven”. Ni mucho menos. Fallan y aciertan en función de cuál sea el criterio exigido. Si la encuesta es entendida únicamente como un pronosticador sobre intención de voto, entonces, probablemente habrá más errores que aciertos (por todo lo comentado previamente). Pero si, por el contrario, se asume que lo más jugoso está en la cantidad de información cualitativa que se puede llegar a organizar cuantitativamente para caracterizar a las sociedades, ahí es cuando la encuesta tiene un gran potencial para acertar y ser de enorme utilidad (siempre y cuando sea considerada como un insumo más, y no el único).

Una encuesta, más allá de la intención de voto, nos permite identificar sentidos comunes y grandes consensos; los asuntos en los que hay grandes disputas; los malestares predominantes en el quehacer cotidiano; tendencias en materia de evaluación de la gestión pública y privada; las matrices de sentimientos dominantes en relación a determinadas problemáticas; la valoración sobre determinados actores sociales y dirigentes políticos.

Si el objetivo de la encuesta va por este camino y no por la vía exclusivamente electoral, entonces, los condicionantes muestrales (que los hay) serán menos determinantes a la hora de leer los resultados. ¿Por qué? Porque la gente es más dada a conversar de sus preocupaciones diarias; es mucho más sincera si le preguntas qué es lo que más le inquieta en su barrio, cómo afronta la subida de precios, si está agobiada con los gastos de la vivienda, etc. Es menos forzado hablar/ encuestar de lo cotidiano que si tratamos los asuntos propios de una burbuja política y electoral.

El corolario es evidente: mea culpa por la parte que nos toca a la hora de no estimar con precisión el comportamiento electoral en las últimas PASO en Argentina, pero tampoco exageremos en la sentencia ni en la penitencia. Y miremos un poquito más allá sacándole el máximo jugo a las encuestas. Nosotros, así como otros tantos colegas, seguiremos con ello, procurando aprender de los errores, mejorando el método, con la sana intención de que sean útiles (como insumo) a la hora de estudiar las dinámicas societales, las subjetividades dominantes, las tensiones políticas y, en definitiva, lo que les preocupa y ocupa a las mayorías.

(*) Ambos son miembros del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

 (*)Alfredo Serrano Y Gisela Brito, economista y politóloga(*)

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El modelo cruceño

El progreso cruceño comenzó con el apoyo del Estado, pero el excedente económico no se quedó con el Estado.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:34

DIBUJO LIBRE

Desde fines de la década de los 90, Santa Cruz se convirtió en el principal centro económico del país gracias al auge de la agricultura, la ganadería vacuna, la industria de alimentos, los hidrocarburos líquidos y los servicios financieros, lo que, en conjunto, desplazó al viejo modelo minero-occidental. Este pujante progreso situó al departamento en la tercera región con mayor riqueza por habitante y el de menor pobreza, razones por las que sus habitantes tienen mucho que celebrar en su 211 aniversario.

Detrás de estos elogiables resultados surgen algunas preguntas: ¿Cómo se forjó el modelo de crecimiento cruceño? Desde los círculos empresariales más altos del oriente se lo exhibe como un éxito inherente al sector privado, basado en la promoción de las exportaciones no tradicionales. ¿Cuán precisa es esta afirmación? Si es tan exitoso, como aparenta, ¿por qué no fue imitado en otras latitudes del país? Por otro lado, siendo una región económicamente próspera, ¿por qué su influencia en política es menos gravitante? El propósito de esta nota es reflexionar en torno a estos aspectos.

La mayor parte de la independencia, Santa Cruz vivió postergada y condenada al atraso por su lejanía y difícil conectividad con el occidente. El desarrollo de Santa Cruz surgió a partir de las conclusiones de una misión norteamericana en los años 40 del siglo XX, que elaboró un informe conocido como Plan Bohan. Este plan estableció la necesidad de transformar el oriente boliviano mediante el fomento a la producción agropecuaria, el desarrollo de los campos petroleros y la construcción de una red caminera fundamental entre oriente y occidente. En los años 70, la dictatura banzerista propició las mayores inversiones públicas en la región gracias al abundante financiamiento externo. El resto de departamentos no siguió la misma suerte porque la bonanza financiera se agotó luego de la crisis de deuda de los años 80.

El modelo neoliberal también dio un gran impulso al oriente boliviano utilizando el aparato estatal. Se promovió la concentración de tierras en grandes hacendados y contrariamente se prestó poca atención al saneamiento de tierras indígenas. Se otorgó financiamiento bancario subsidiado para algunas familias influyentes en el gobierno. Se aprobó un régimen laboral laxo, que abarataba costos. La apertura de mercados para las nuevas exportaciones fue mérito de los acuerdos de integración regional entre Estados. La subvención a los combustibles líquidos aminoró notoriamente los costos de transporte y que se mantienen en la actualidad.

Estas condiciones óptimas favorecieron el florecimiento de una clase empresarial privada, primero en la agroindustria y luego en la ganadería y la banca. Este sistema propició un sesgo hacia la explotación extensiva que, sin la necesidad de realizar grandes inversiones o la adopción de tecnologías más eficientes, podía obtener retornos aceptables. Dicho esto, no se debe dejar de mencionar algunos esfuerzos privados específicos como en la ganadería, que realizó un cruce selectivo de especies para mejorar la raza, con excelentes resultados y la ardua labor de erradicación de la fiebre aftosa.

Con sus cerca de 2 millones de habitantes, la capital oriental se convirtió desde hace más de una década en la ciudad más poblada de Bolivia. Santa Cruz se nutrió del esfuerzo de muchos bolivianos que migraron a esa región en busca de mejores oportunidades y cuyo suelo y gente los cobijaron gratamente. En los últimos años la construcción experimentó un gran auge de la mano del crecimiento demográfico, que ensanchó la mancha urbana, y del boom inmobiliario que hizo de San Cruz una cuidad cada vez más vertical.

En síntesis, el progreso cruceño comenzó con el apoyo del Estado, con la planificación económica, el financiamiento público, la construcción de infraestructura, las subvenciones y otras concesiones. Empero, el excedente económico no se quedó con el Estado, sino que es apropiado y concentrado para el disfrute de una reducida oligarquía que se beneficia de la inequidad en el acceso a los medios de producción, de las subvenciones estatales y la nueva infraestructura caminera, convirtiéndose éste en un modelo excluyente. Este modelo no proliferó en el occidente y centro del país porque la tenencia de la tierra está menos concentrada y porque las clases dominantes en estas regiones no gozaron de los mismos beneficios iniciales para su despegue.

Para preservar sus privilegios, las élites cruceñas necesitan sostener un eterno discurso que luzca al sector privado como eficiente pero limitado por un Estado que reprime la iniciativa privada a través del cobro de impuestos e incrementos salariales injustificados. También, necesitan tener un rol más activo en las decisiones nacionales. Empero, a pesar de su peso demográfico y económico, Santa Cruz mantiene una baja influencia en el plano político nacional, dominado por alianzas andinovallunas. Esta desproporción la han atribuido a la desigual distribución de escaños, cuando en realidad hay otras razones más profundas.

Las élites cruceñas representadas por sus líderes cívicos se han valido de un discurso regional para influir en el sentimiento ciudadano y producir acciones políticas con bastante efectividad, aunque sea a costa del engaño. La ciudad de Santa cruz ha demostrado tener una gran capacidad de movilización social y de repercusión nacional como ocurrió en el cabildo de 2004, que demandó las autonomías o el paro del 21 de octubre de 2019, que propició un golpe de Estado. Sin embargo, estas demandas no fueron trascendentes por culpa de su clase política. Con el transcurso de los años, el ribete autonomista se deslució al desmontarse como una estrategia política regional ante la baja efectividad de sus acciones competenciales. La lucha pitita también fue traicionada por los propios artífices del golpe, que revelaron sus verdaderas intenciones meses más tarde. En suma, la población resultó engañada.

Los líderes cruceños han apostado por un discurso regionalista y hasta separatista antes que otro de unidad nacional, que les permita construir un proyecto político y económico nacional desde el oriente. La escasa preferencia electoral en occidente por candidatos orientales es la cosecha de años de discursos regionalistas. En la última elección se observa una fragmentación del voto cruceño, en comparación con las mayorías occidentales, cuyas fuerzas políticas regionales son más dominantes.

Santa Cruz está en tránsito a convertirse en una de las ciudades más modernas de Latinoamérica para 2050, pero existen grandes desafíos para sus élites y líderes locales. Deben abandonar el discurso privado autosuficiente y que enarbola el modelo neoliberal como exitoso y buscar mayores canales de complementariedad con el sector público. El pueblo cruceño merece tener mayor gravitación en las decisiones de nacionales, pero para ello sus líderes deben superar su mentalidad cunumí (pequeña) que los ata a su región.

(*)Omar Velasco es economista

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El Ejército de la revolución

El MNR el 52 creó su Ejército. Pero, como pasó con el Dios Cronos, en 1964 fue derrocado por su propio hijo.

/ 19 de septiembre de 2021 / 18:22

DIBUJO LIBRE

En Bolivia, el 9 de abril de 1952, el Ejército liberal fue derrotado. Sin embargo, se reorganizó rápidamente. Aquí cobró sentido la frase de Friedrich Nietzsche “lo que no te mata te hace más fuerte”. Así, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) creó su Ejército y, el 1 de septiembre de 1953, reabrió el Colegio Militar. Pero, como sucedió con el Dios griego Cronos, el MNR, en 1964, fue destronado por su propio hijo armado.

Luis Antezana, en Historia secreta del MNR, demostró que lo ocurrido el 52 no fue nuevo: en 1871, el aparato militar, de tipo feudal, formado bajo el régimen de Mariano Melgarejo (1864- 1871), fue arrasado por el pueblo paceño. Empero, esa institución “invencible” fue reorganizada, tras la muerte de Agustín Morales (1871-1872).

Sobre esa “estructura feudal-colonial y de explotación de la plata”, en 1899, se constituyó el brazo armado liberal de los barones del estaño.

FEUDAL. Antezana agregó que los liberales pronto se aliaron con los cuadros feudales y ambos forjaron un sistema antinacional “basado en el saqueo de las materias primas”. A su vez, readaptaron una fuerza armada que “garantizó los intereses de la oligarquía minera colonial y de los hacendados esclavistas”.

Esa situación fue una regularidad histórica. Pasado el conflicto del Chaco (1932-1935), “la institución militar sufrió algunas modificaciones esenciales, pero quedaba el pesado lastre de mentalidades estacionadas en un siglo de retraso”, explicó el capitán César Daza, en La Nación, el 5 de septiembre de 1953.

Bajo el gobierno del coronel Gualberto Villarroel (1943-1946), militares nacionalistas salieron a hacer política “con principios y doctrinas propias”. Daza denunció que ese bloque fue tildado de “nazifascista”.

LIBERAL. El presidente Víctor Paz Estenssoro —en su mensaje del 6 de agosto de 1953, publicado en El pensamiento revolucionario—, explicó que “los militares en todas las épocas de la historia han constituido el mecanismo de coerción del Estado, puesto al servicio de quienes tienen en sus manos el poder político”.

Precisó que, en Bolivia, “durante un largo periodo de hegemonía, la oligarquía minero-feudal creó un aparato de represión estructurado y educado para servirla. Sus jefes y oficiales eran elegidos entre los hijos de las clases dominantes”.

El 9 de abril de 1952, con la Revolución Nacional, ese escenario dio un giro, luego del convulsivo sexenio (1946-1952).

NACIONALISTA. Tras la caída de la Junta presidida por el general Hugo Ballivián, el MNR, respaldado por obreros, campesinos y clases medias, ingresó al poder.

En El embrollo boliviano, Jean Pierre Lavand detalló que en esas jornadas los destacamentos armados fueron dispersados. Muchos oficiales “huyeron o se

escondieron” y los soldados desertaron en gran número: “Varios regimientos también fueron desarmados y saqueados los cuarteles”.

Agregó que, “pese a todo, la institución militar subsistió y su destino quedó en manos de los oficiales fieles al MNR, los antiguos compañeros de Villarroel, los miembros de la logia Razón de Patria y los insurgentes de la guerra civil de 1949”.

RESTAURADOR. El 9 de abril, por decreto supremo, el presidente interino Hernán Siles dispuso el “restablecimiento” del Comando en Jefe del Ejército y “reincorporó” a tres generales de la vieja guardia: Froilán Calleja, Carlos Peña y Lilo Mallo, informó El Diario en su edición extra.

El día 13, este periódico destacó que el ministro de Defensa Nacional, general Calleja, dirigió un manifiesto en el que propuso “reorganizar material y moralmente la institución dignificándola con todos los jefes distinguidos por su capacidad y honradez profesional”.

Luego, 53 oficiales, que fueron dados de baja a raíz de los sucesos del 21 de julio de 1946 y la guerra civil de 1949, fueron reincorporados a las fuerzas armadas, detalló El Diario, el 21 de abril. En la lista aparece el entonces capitán Juan José Torres González.

REVOLUCIONARIO. El viejo corazón del Ejército siguió latiendo.

Frente a esa realidad, Lavand reveló que la Central Obrera Boliviana planteó el reemplazo del Ejército por las “milicias sindicales”. Por su parte, los comunistas aseguraron que “el país no necesita de otra fuerza armada que la que surgió en la insurrección del 9 de abril”. En oposición, el Partido Obrero Revolucionario exigió “liquidar esa institución para armar al pueblo”. No obstante, contra viento y marea, “el ala moderada del MNR, dirigida por el presidente Paz, optó por la conservación del aparato militar, pero controlado por su partido”.

Así, el 24 de julio de 1953, Paz por decreto supremo promulgó la reorganización del Ejército, destinado a la defensa de la patria, de sus fronteras y al servicio de los intereses del pueblo.

Además, se cambió el nombre del “Colegio Militar General Pedro Villamil” por el de “Coronel Gualberto Villarroel” y se creó el Colegio de Aviación “Germán Busch”, en Santa Cruz.

POPULAR. El Diario, el 29, informó que jefes y oficiales se inscribieron a las filas del MNR. El 6 de agosto, en un mensaje a la nación, el Jefe de Estado declaró la necesidad de contar con un brazo armado a “imagen y semejanza del pueblo”, integrado por obreros, campesinos y clases medias.

Dos días después, varios miembros del Cuerpo Nacional de Carabineros ingresaron al MNR. El periodista chileno Javier Errasuriz saludó esa decisión en La Nación. El 1 de septiembre de 1953, se abrieron oficialmente las inscripciones para el Colegio Militar. El 12 de octubre, iniciaron sus labores, informó El Diario.

De acuerdo a la Historia del movimiento obrero de Guillermo Lora, ese proceso de reorganización de las Fuerzas Armadas fue una “imposición de los Estados Unidos para que sirviese de factor decisivo frente al amenazante proletariado”. Simultáneamente, se procedió a “desarmar” a las milicias sindicales.

Ese Ejército, en noviembre de 1964, echó por tierra los postulados de la Revolución Nacional y restauró el liberalismo: Cronos fue destronado por su hijo.

 (*)Grecia Gonzales O. es comunicadora social

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GIEI: Se debe repensar la relación DDHH-represión

Además de regular el uso de la fuerza por la Policía y las FFAA, se exige que éstas revisen sus principios en DDHH

Represión conjunta, policial y militar, el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, Sacaba

Por Iván Bustillos

/ 12 de septiembre de 2021 / 17:03

El punto sobre la i

Aparte de las recomendaciones y reclamos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les hace a la Fiscalía y a los jueces para lograr justicia a las víctimas de la crisis política de 2019, es a las Fuerzas Armadas y a la Policía que dirige su mayor interpelación a revisar, repensar y rediseñar su rol como la fuerza de seguridad del Estado, como la “violencia legítima del Estado”, a la hora de reprimir desbordes sociales, de restituir el orden público, de ser garantía, con el uso de la fuerza, de la vigencia de los derechos humanos.

No es poco esta exigencia. Buena parte del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, presentado por el GIEI a mediados de agosto, se refiere precisamente a la forma en que actuaron la Policía y las Fuerzas Armadas en la restitución del orden público durante la crisis de fines de ese año.

No es poco que en su primera conclusión el GIEI diga que “la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”; y que en la quinta expresamente diga que si hay dos instituciones necesarias para el funcionamiento de la democracia y que hasta ahora no han sido reformadas acorde con el desarrollo político y social de los últimos tiempos, como auténticos rezagos democráticos, sean “la administración de justicia y las fuerzas de seguridad”. Ambas, “directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación”, sentencia el GIEI.

EXHORTOS. Cuatro de las 36 recomendaciones que hace el GIEI al país se refieren a las señaladas fuerzas de seguridad, la Policía y las Fuerzas Armadas. Vale la pena recordarlas:

“13. Que cada una de las instituciones públicas preste la más amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones. En especial, que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al órgano judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo relativo a este informe”.

“19. Adecuar normas, procedimientos y estructuras de la Policía y de las Fuerzas Armadas para fortalecerlas como instituciones esenciales del Estado democrático de derecho. Estas instituciones deben estar subordinadas al poder civil, y sometidas a controles internos y externos y a reglas de transparencia y rendición de cuentas”.

“20. Crear un mecanismo independiente, dentro de la estructura del Estado, que monitoree el uso de la fuerza y la actuación de las instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones y protestas sociales, conforme a lo referido en el Capítulo VII de este informe”.

“21. Adoptar protocolos y normas precisas, integrales y transparentes que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en las protestas sociales. Particularmente, que estos protocolos y normas a) definan como objetivo de la actuación de estas fuerzas asegurar el más amplio, libre y pacífico ejercicio posible de los derechos asociados a la protesta social; y b) establezcan la proporcionalidad estricta en el uso de la fuerza, como principio fundamental de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado”.

En lo que sigue se hace un apretado resumen de las observaciones que hizo el GIEI a determinadas actuaciones de la fuerza pública boliviana en respuesta a la crisis de 2019.

Si bien del 21 de octubre al 10 de noviembre de 2019 solo es la Policía la que enfrenta el control o represión de las distintas movilizaciones sociales, tanto en contra como en defensa del gobierno del presidente Evo Morales, la actuación de la fuerza pública que amerita mayor atención es desde el 11 de noviembre, cuando oficialmente empiezan las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

DERECHO. Y he aquí el primer llamado de atención a las fuerzas del orden sobre su forma de reaccionar ante una protesta social. Antes que enfrentar una movilización, frenarla y dispersarla, que es lo que se acostumbra, el GIEI más bien recuerda que preservando el derecho a la protesta, el deber de la fuerza pública más bien es “asegurar su desarrollo pacífico”.

El 12, 13 y 14, los militares realizaron acciones conjuntas con la Policía.

“El contraste y análisis de las diferentes fuentes de información recogidas por el GIEI permiten concluir que las fuerzas de seguridad actuaron de forma irrazonable y arbitraria en el operativo conjunto en la avenida Petrolera de Cochabamba, realizado para contener la movilización política de mujeres y hombres del sur de la ciudad. En lugar de acompañar la marcha como expresión del derecho a la protesta y asegurar su desarrollo pacífico, contuvieron su avance. Hubo detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes y personas aprehendidas durante la retención policial”.

Luego, un hecho que reiteradamente preocupa al GIEI (porque lo registra en prácticamente todos los testimonios de quienes fueron detenidos) es la suerte de naturalización de la tortura, el maltrato al aprehendido como una consecuencia lógica de su detención en acto de protesta.

MAMANI. Aquí, es emblemático el relato de la muerte de Juan José Mamani Larico, en Cochabamba. “En la detención de Juan José Mamani Larico, los policías actuaron con violencia, golpeando con sus armas a los detenidos, que no ofrecieron resistencia, y pateándolos. Como los detenidos eran muchos, la Policía los entregó a los militares, quienes los transportaron hacia las unidades policiales en camiones. En el vehículo militar continuaron los malos tratos a las personas aprehendidas, que fueron objeto de patadas, pisadas y agresiones con las armas. Los detenidos fueron obligados a tumbarse unos encima de otros, lo que sofocaba a los que estaban debajo. Mamani Larico estuvo en una situación de sofocamiento por largo tiempo y, cuando gritó que no podía respirar, fue golpeado en el costado y en la frente. El camión que lo transportaba, después de recoger a diversas personas en la avenida Petrolera, recorrió un largo camino hasta Sacaba, antes de llegar a la UTOP de la Muyurina. Cuando los presos fueron bajados del camión, Mamani Larico ya no se movía”. (Informe del GIEI, página 82)

De 27 varones y una mujer detenidos en El Alto la noche del 11 de noviembre y llevados a la Estación Policial Integral (EPI) 3, y con base en testimonios recogidos por el propio GIEI, los Expertos “advierten”contra los siguientes modos de tortura:

– Golpes (puñetazos y patadas) en varias partes del cuerpo;

– Golpes con el uso de bastones (toletes) y culatas de armas de fuego;

– Choques eléctricos con armas tipo “taser”;

– Sofocamiento con gas lacrimógeno;

– Obligación de permanecer de rodillas con las manos en la nuca por horas;

– Cubrimiento de los ojos con vendas o bolsos plásticos;

– Inmovilización con manos y pies amarrados;

– Privación de agua y alimentación;

– Privación del uso del baño.

– Mantenerse apoyado en un solo pie y con las manos detrás de la cabeza; si se pierde el equilibrio, la persona es golpeada;

– Mantenerse de rodillas;

– Desnudarse;

– Golpes corporales (patadas);

– Hacer ejercicio físico ( flexiones) hasta el agotamiento;

– Amenazas de muerte, incluso con el uso de cuchillos.

“Algunas de las personas detenidas fueron llevadas a un cuarto de baño de la oficina de la EPI y refieren que la Policía los gasificó. En algunos casos vomitaron y en otros casi desfallecieron. Todas las personas entrevistadas confirman que, cuando intentaban hablar, eran agredidos y agredidas y no les era permitido clarificar ninguna información. Además de la tortura física, las personas detenidas fueron agredidas verbalmente, como ‘masistas de mierda’, ‘maleantes’ y ‘asesinos’. Se les decía que pidieran ayuda a ‘su papá Evo’ y eran amenazados y amenazadas de muerte”, complementa el Informe (páginas 126, 127 y 128).

Un llamado de atención especial que hace el GIEI es sobre la configuración conceptual que hacen los uniformados del conflicto y que está contenida en los planes de operaciones de las fuerzas de seguridad.

En el “Plan de Operaciones ‘Seguridad’ 4/19” se justifica la intervención de las Fuerzas Armadas por la situación de Bolivia, “reflejada en los resultados de las elecciones nacionales”, que generaron un paro indefinido, “convocado por los comités cívicos y la población en general, causando un bloqueo a nivel nacional”.

El documento militar agrega — continúa el GIEI— que la presión social y “los diferentes escenarios” originaron un motín policial “que puso en peligro la seguridad interna del Estado”. Finalmente, refiere que ante la “escalada de los conflictos”, las Fuerzas Armadas “ordenan la ejecución del plan ‘Sebastián Pagador’ con la finalidad de resguardar la paz social y garantizar los servicios públicos esenciales”.

HIPÓTESIS. Y he aquí que “La ‘hipótesis’ que planteaba el plan operativo para Cochabamba, elaborado por el comandante del Comando Estratégico Operacional, era que organizaciones sociales y grupos de manifestantes en el país, que no alcanzaron a lograr objetivos políticos o sectoriales, iniciarían ‘sus medidas de presión con mayor grado de violencia llegando a conformar grupos armados’”. (Informe, página 88)

La Policía, por su parte, actuó bajo el Plan de Operaciones 30/2019, “Operaciones Conjuntas Policial-Militar para el restablecimiento del orden público”, del 12 de noviembre de 2019, firmado por el entonces general Vladimir Yuri Calderón Mariscal, comandante general de la Policía.

“En este plan también se establecía que la primera y segunda líneas de las operaciones estarían conformadas por la Policía, específicamente por grupos tácticos antimotín. La tercera con equipos de combate antidisturbios, y la cuarta línea con patrulla de combate con armamento y munición no letal, de responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Se indica como fecha de inicio de las operaciones conjuntas el 11 de noviembre”. (Informe, página 89)

El GIEI, sin embargo, detalla en su Informe que pudo “verificar que, desde el día 11 de noviembre, participaron helicópteros en los operativos, lo que fue posible corroborar con las bitácoras de vuelo. Los informes militares señalan que se realizaron misiones de reconocimiento de bloqueos los días 11, 15, 23 y 24 de noviembre de 2019 en Cochabamba. El GIEI advierte que a partir del 11 de noviembre comienzan las operaciones conjuntas, con detenciones masivas en las ciudades y municipios aledaños. Según la Defensoría del Pueblo, en siete días de operaciones fueron detenidas 848 personas”.

Y, algo central para comprender los hechos: “El GIEI advierte que en los operativos militares se utilizó armamento que no corresponde a operaciones de mantenimiento de orden público, como fusiles FAL y pistolas de 9 mm, a pesar de que el Plan de Operaciones contemplaba el uso de armamento no letal”.

El GIEI recuerda que un documento central para la operatividad de las Fuerzas Armadas fue el comunicado que emitió el 10 de noviembre: “Cumpliendo el mandato constitucional y las leyes en actual vigencia donde señalan que las únicas instituciones autorizadas a portar armas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el mando militar ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentren actuando fuera de la ley”.

En lo relativo al Plan de Operaciones 04/19 de intervención en el puente Huayllani (Sacaba) el 15 de noviembre, el GIEI destaca que “los mandos identificaron como una especial amenaza ‘el ingreso de 5.000 a 6.000 cocaleros del trópico de Cochabamba, cuyo objetivo era cercar la ciudad’, por lo que se dispuso el control de todas las vías de acceso a la ciudad”.

EVALUACIÓN. En la “evaluación analítica” de lo que pasó en la masacre de Sacaba, el GIEI remarca:

– “Las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019”.

– “Inicialmente, la prohibición absoluta de que la marcha entrara en la ciudad de Cochabamba fue indebida. El Estado no debía impedir una manifestación pacífica y tenía el deber de garantizar la seguridad y de prevenir enfrentamientos entre grupos antagónicos”.

– “Tenía la obligación de adoptar medidas para evitar el paso de personas que pudieran estar armadas, pero sin prohibir el ejercicio del derecho de reunión y de expresión de los manifestantes”.

– “El uso de un avión caza militar era injustificable en el contexto, pues no es el medio adecuado para operaciones de observación ni de prevención de la violencia”.

– Dicho sobrevuelo atentaba contra cualquier negociación con los marchistas. Este hecho, dice el GIEI, “refuerza la perspectiva de que hubo un plan deliberado, por parte de las altas esferas de las Fuerzas Armadas, de provocar un enfrentamiento o por lo menos consentir que ocurriera”.

– “La gasificación fue innecesaria y desproporcionada. En el momento en que la Policía empezó a lanzar gases no había una situación de convulsión que necesitase ser controlada o dispersada. Por ello, el operativo policial no fue una respuesta a una agresión contra las fuerzas de seguridad o contra terceras personas, sino una activa demostración de fuerza para deshacer la concentración de manifestantes”.

– “Con el avance de las tropas policiales y militares hasta 200 m más adelante en la carretera hacia Sacaba, las fuerzas de seguridad adoptaron una estrategia de enfrentamiento y no de defensa del acceso a Cochabamba”.

– “Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. En términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

En los hechos de Senkata, relievan los Expertos, la función de las fuerzas de seguridad sobre todo se concentró en la defensa de la planta de YPFB; este es el carácter del plan Sebastián Pagador, que tenía “por finalidad resguardar los servicios públicos esenciales para garantizar su funcionamiento”. (Comunicado emitido por las FFAA el 11 de noviembre de 2019)

Tras la salida hacia La Paz del convoy con combustible, y la protesta por ello por parte de los bloqueadores, la violencia se dasató con el derribo del muro perimetral de la planta y la reacción “desproporcionada” por parte de los uniformados.

“El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas”, destaca el Informe.

“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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