El punto sobre la i
El domingo 5 de septiembre, cuando muchos sectores todavía celebraban que por fin se haya presentado el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que lo que toca ahora es seguir sus recomendaciones, el sociólogo y antropólogo Esteban Ticona publicaba en su habitual columna en LA RAZÓN un artículo a contramano del entusiasmo generalizado por el documento de los expertos. ‘Ausencias en el informe del GIEI’ provocaba el investigador. Se refiere, apunta, a “actuaciones” de ciertos sectores que no se encuentran en el informe, pero que debieran. Entre las ausencias más relevantes estarían la de la prensa y su rol en la crisis.
“¿Cuál fue el papel de la prensa? No de los periodistas. El papel de los medios de comunicación en sus diferentes expresiones, de los empresarios de la comunicación. ¿Cuánto y cómo alentaron el conflicto? o ¿cuánto y cómo buscaron la pacificación?”, cuestiona Ticona.
Y es que preocupa, sugiere Ticona, la responsabilidad social y política concreta de los medios. “¿Cómo interpretar a la prensa televisiva que cada noche transmitía los cabildos desde Santa Cruz y La Paz, con amenazas y acciones concretas para derrocar a un gobierno constituido mediante votos? ¿La prensa actuó de manera independiente? En fin, son preguntas que me hubiese gustado que se contemplen en el informe.
“El GIEI, en sus recomendaciones, no observa el papel de la prensa en las sociedades contemporáneas; no analiza el rol de los medios de comunicación en época de conflictos sociales, no solo como informadores, sino también como actores políticos”, remata el sociólogo.
También ve como ausencia en el informe de los expertos el papel jugado en la crisis por las universidades, públicas y privadas; la actuación de las iglesias católica y evangélica.
En los artículos ‘Lo bueno, lo malo y lo feo en el Informe del GIEI’, partes I y II, publicados en el periódico Los Tiempos, de Cochabamba (18 y 27 de agosto), el escritor Emilio Martínez destaca como “omisiones fácticas”: no haber señalado que el ciudadano argentino Facundo Molares “formó parte de las FARC”, con lo que páginas después “desestima con ligereza la tesis inicial de la Fiscalía sobre la actuación de un grupo guerrillero en esos sucesos”. También le reprocha no haber citado que también el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, le pidió la renuncia a Morales, sentando de este modo que sólo los policías y militares pidieron la dimisión de Evo Morales.
Asimismo, Martínez cuestiona que tampoco se haya citado la quema de la casa y bienes del subgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, por parte de militantes del MAS, o la “quema de 22 motocicletas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)”. El escritor además deplora que el GIEI no haya entrevistado a Amparo Carvajal, la “presidenta” de la Asamblea de DDHH de Bolivia, o que tampoco se haya buscado hablar con el Comité pro Santa Cruz. Asimismo. Martínez cuestiona el “sesgo ideológico” de ver las “narrativas de odio racial” en el país desde un solo lado (blancos hacia indígenas), o que se califique a la RJC de “grupo de choque” y se vea “con extrema candidez a los sindicatos cocaleros del Chapare”.
REPROCHES Los expertos también tuvieron que soportar los reproches que les hicieron personas e instituciones cuando presentaron su informe en Santa Cruz, como reseña la reunión el periódico El Deber (20 de agosto de 2021): que dejó fuera a otras víctimas no masistas, que “su informe está sesgado porque minimiza a las víctimas de la oposición” (diputada María José Salazar, de Comunidad Ciudadana), que los procesos judiciales a favor de las víctimas no masistas “no avanzan”; que el GIEI “logró investigar y escudriñar hasta la última piedra en Sacaba y Senkata, pero resulta que en Montero no se hace una investigación como se debe”, según el diputado de Creemos Erwin Bazán. Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, “el informe tiene todos los tintes de tibieza y no da la satisfacción en la búsqueda de justicia, sino que ha confundido más al pueblo y le ha dado más posibilidades al Gobierno para que lo use en su beneficio”, recoge el periódico cruceño.
En lo relativo al papel que jugó la prensa en la crisis, el informe del GIEI más bien se orienta a la situación de los periodistas en los momentos específicos de la crisis. El tema es abordado en el capítulo “4. Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, en el inciso E. Protesta social y libertad de expresión. Partiendo del principio de que la libertad de expresión se la ejerce tanto en las “manifestaciones públicas” (en las marchas y movilizaciones de protesta) como en el ejercicio del periodismo, lo que se hace en el informe, reconocen sus autores, es analizar “las violaciones del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social durante la crisis social y política en Bolivia, describiendo los modos en que el ejercicio del derecho a la protesta fue vulnerado por las autoridades y también por parte de manifestantes, al sobrepasar los límites que se reconocen a este derecho. En segundo lugar, se recogen las agresiones a periodistas y ataques a medios e instalaciones de prensa. Resulta abrumador el número de agresiones y ataques al periodismo durante los hechos en torno al conflicto electoral y político del último trimestre de 2019. La violencia hacia la prensa no se circunscribió a una región determinada, sino que se ejerció en las principales ciudades del país”.
GARANTÍAS. Específicamente con relación al periodismo, los expertos concluyen que “no hubo garantías esenciales para el ejercicio de la profesión”, y que se amedrentó y atacó a los medios de comunicación.
Mientras el GIEI identificó, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dice, a 58 periodistas agredidos, la Fundación Konrad Adenauer, le cita, afirma que la Asociación Nacional de la Prensa reportó 76 periodistas agredidos y 14 medios que sufrieron algún ataque.
“Muchos profesionales fueron expulsados de los lugares en los que estaban informando o se les impidió transitar por espacios públicos que habían sido bloqueados. Los protagonistas de estos cercos se arrogaban facultades por fuera de toda legalidad, como ejercer controles territoriales, registrar bolsos o pertenencias de transeúntes y periodistas, y permitir o impedir la circulación de personas y vehículos entre barrios y en múltiples puntos de las ciudades. En el caso de los periodistas, no solo pusieron obstáculos a su tarea, sino que les requisaron o destruyeron equipos, les borraron sus grabaciones o confiscaron sus teléfonos”, destaca el Informe del GIEI.
AMENAZA. En el trato que el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez dio a los periodistas, el GIEI cita explícitamente (de hecho, en casi todos los informes anteriores está la frase) a la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien había dicho:
“La prensa debe tener todas las garantías para trabajar y aquellos periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son algunos casos bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Si el Movimiento Al Socialismo no ha respetado la Constitución durante todos estos años desde que se la aprobó, este gobierno de transición sí lo va a hacer, y la va a hacer respetar”.
Respondiendo a una pregunta, advirtió que esos periodistas sediciosos ya estaban identificados: “El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, va a tomar las acciones pertinentes en todo esto”.
Los periodistas, los reporteros, estaban en el ojo de la tormenta, apunta el GIEI: fueron víctimas tanto las fuerzas policiales y fuerzas armadas como los propios manifestantes, divididos entre los que denunciaban un posible fraude electoral y los que afirmaban que estaban ante un golpe de Estado.
En la línea anunciada, de que se indagará las agresiones a los periodistas y medios, el GIEI identifica a dos grandes agresores: las fuerzas policiales y militares; y los civiles manifestantes.
En las grandes ciudades, un especial atentado contra los periodistas y el ejercicio del periodismo, dice el Informe, era el “control de paso”. “Esta práctica, ejercida por ambos grupos, consistía en averiguar a qué medio pertenecía el periodista antes de permitir que este traspusiera el bloqueo e hiciera su trabajo”.
Pero el sociólogo Ticona cuestiona no tanto las agresiones contra los trabajadores de la información, sino el papel que jugaron en la crisis no precisamente como informadores, sino como plenos “actores políticos” en la crisis y su responsabilidad.
Esta es una larga historia por reconstruir, sin duda, pero ya hubo avances en la reflexión pedida por Ticona, pero ausente en el Informe del GIEI. A fines de 2020, la Fundación Friedrich Ebert (FES) publicó el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020), bajo la coordinación de Jan Souverein y José Luis Exeni.
En dicho texto, la politóloga Susana Bejarano y el periodista Fernando Molina presentan el provocador trabajo, desde el título: La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019.
Los autores afirman que “el apoyo mediático al nuevo oficialismo (Áñez) llegó al punto de justificar la represión ejecutada por el gobierno”. Como ejemplo, analizan la represión en Sacaba, del 15 de noviembre, y la cobertura que se hizo entonces. Cuando en el “enfrentamiento” murieron 10 campesinos y ningún militar o policía resultó herido, “Página Siete tituló: ‘Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’. En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían ‘armas de fuego y otros objetos letales’. Página Siete se sumaba así a la línea oficialista que, desempolvando un viejo libreto, reducía los conflictos sociales a la acción de ‘grupos subversivos armados’”. (Página 190)
SENKATA. Para el caso de Senkata, la objeción de Molina y Bejarano es a la cobertura y el relato que se produjo en los medios sobre la caída del muro de la planta de acopio de gasolina y gas. Luego de que las autoridades de gobierno lograron sacar un convoy de camiones y cisternas, la gente empezó a aglutinarse sobre la planta. “Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios, excepto La Razón, dijeron que el mismo fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, esta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella”. (Página 190)
Los medios, que no habrían estado allí (los autores citan como prueba de esto los testimonios de los manifestantes al programa español Salvados; el propio GIEI lo ratifica: “La cobertura de lo que pasaba en El Alto era muy difícil y fueron pocos quienes lograron informar desde allí”), repitieron la versión del gobierno: que la pared cayó por una explosión de dinamita, de “un atentado dinamitero”; esto les permitió, dicen Molina y Bejarano, hablar luego de “terrorismo”. De nuevo, citan como ejemplo a Página Siete (nota del 21 de noviembre de 2019): “En 10 días hubo al menos ocho actos terroristas en el país”. El subtítulo de esta nota es: “Desde la presencia de extranjeros con explosivos hasta el atentado a la planta de Senkata, los ciudadanos paceños y alteños vivieron días de terror”; destacan el texto: “El pasado martes un grupo de bloqueadores seguidores de Evo Morales derrumbó dos muros de la planta de YPFB, en Senkata, a punta de dinamitazos, y después quemó al menos cinco vehículos que estaban dentro de los predios”. (Página 192)
VERSIÓN. A la difusión de la versión oficial de los dinamitazos, se sumaba, señalan los autores, el no recoger la versión de los sectores y movimientos sociales, la necesaria contraparte, esa que se quejaba que “nos quieren animalizar, dicen que queríamos volar la planta, como si no supiéramos que eso nos mataba a todos” (mujer entrevistada por el diario español El País), o no prestar la suficiente atención a la versión de que “derribaron el muro porque los militares arrastraron tres cadáveres dentro de la planta”.
LA RAZÓN, recuerdan la politóloga y el periodista, fue “el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas en los días inmediatamente posteriores a los hechos e incorporó su versión a los reportes”. (Página 192) Por esto de no acudir a estas fuentes, cundió la desconfianza hacia los medios nacionales, apuntan los autores; su mayor confianza en los medios extranjeros.
No deja de señalar el informe del GIEI que hasta el humor gráfico fue alcanzado por la polarización política, poniendo como ejemplo la salida (temporal) de Al-Azar de LA RAZÓN en diciembre de 2019. “Ni siquiera el humor y la ironía tuvieron espacio o perdón. El 3 de diciembre, el caricaturista conocido por su pseudónimo Al-Azar, 460 del periódico La Razón, dejó de publicar sus caricaturas, luego de recibir amenazas”.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón