lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 03:09

‘Fraude o Golpe’, una trampa a superar

De cómo los actuales actores políticos ubiquen y resuelvan el trauma de 2019 dependerá la calidad de la futura democracia

/ 10 de octubre de 2021 / 19:31

Hoy se cumplen 39 años del retorno a la democracia. Para evaluarla, hay que poner en su justo lugar el trauma de 2019.

El punto sobre la i

Justo hoy, 10 de octubre, se cumplen 39 años desde que Bolivia retornó a la democracia, en octubre de 1982. Poco más de una generación en la que seguro que en más de una ocasión estuvo a punto de interrumpirse la vigencia del orden democrático… Claro, aquí empieza el problema, cuando se recuerda lo ocurrido en octubre- noviembre de 2019: ¿Hubo fraude o golpe? acaso sea una disyuntiva que acompañe por generaciones a los bolivianos y que siempre tienda a dividirlos en esos dos bandos: que fue fraude y no golpe; que no fue fraude y sí golpe. Hay quien piensa que si los bolivianos no salimos de este debate, se verá gravemente afectada nuestra convivencia democrática, el desarrollo mismo de la democracia. Pero hay quien piensa que no, que el “dilema” fraude o golpe no debería entorpecer ni la convivencia democrática ni su desarrollo institucional.

Nuestros analistas invitados, el politólogo Marcelo Silva y el sociólogo Fernando Mayorga, coinciden precisamente en la necesidad de ubicar el fraude o golpe en su justa medida y lugar y no dejar que ello nuble la mirada sobre lo que ha llegado a ser la democracia boliviana en estas casi cuatro décadas, y lo que aún podría, tendría y hasta debería ser.

INCOMPLETA. Lo del fraude o golpe, señala Silva, “es un tema que desgraciadamente desubica la discusión central sobre la democracia”, desvía la atención acerca del hecho, por ejemplo, de que “la democracia entendida solo como una forma de participación política hoy queda absolutamente incompleta”.

La democracia implica otros parámetros, sociales, culturales y económicos, afirma. Reducirla a la pura pelea por el poder no deja ver que ésta tiene muchos más problemas: las desigualdades y sometimientos culturales (el intento de imponer un monoculturalismo), la persistencia de la discriminación de raza, género y por religión, entre otras; ni hablar de la desigualdad económica como una de las mayores trabas a la democracia.

Por eso, dice Silva, “lo que hay que hacer es ampliar la noción de democracia, saliendo del ámbito político”.

Más aún, destacan ambos estudiosos, si hay algo de lo que los bolivianos debieran sentirse orgullosos es de su “modelo democrático”, la democracia intercultural.

“La Constitución de 2009 tiene como dato más destacable el reconocimiento de tres formas de democracia: la representativa, la directa o participativa y la comunitaria; eso que en la ley del régimen electoral se define como la democracia intercultural, y que es el rasgo peculiar del modelo democrático boliviano”, cuyo desarrollo se explica solamente por la fuerte y consistente presencia en el quehacer político de actores populares, sobre todo campesinos e indígenas, destaca el sociólogo Mayorga.

“El modelo de democracia intercultural consiste en fomentar la democracia representativa, fortalecer la democracia participativa e impulsar la democracia comunitaria; son esos tres modelos que sostienen la democracia intercultural”, afirma, por su lado, el politólogo Silva.

COYUNTURAL. El del fraude o golpe, en últimas, es un tema coyuntural, prosigue Silva, el cual no debiera ser resuelto si no en la justicia. “El tema es que una de las condiciones fundamentales para fortalecer la democracia es establecer una reforma muy seria al sistema de justicia. Y la discusión de golpe o fraude deber ser dilucidada en el ámbito de la justicia, pero una justicia que tenga legitimidad y confiabilidad.

La discusión o fraude o golpe siempre se quedará en un discurso político utilitario “en tanto y en cuanto la justicia no determine el hecho con pruebas fácticas y una correlación de los hechos de qué es lo que realmente pasó”, asevera el politólogo.

Ahora, concluye Silva, hay que preguntarse si el dilema fraude o golpe en verdad es parte de la preocupación cotidiana de la ciudadanía. “La ciudadanía está en otra cosa, tiene otras prioridades que la clase política, es un efecto burbuja; la clase política cree que su agenda es la agenda de la sociedad, y no es así; la agenda de la sociedad en este momento está difiriendo grandemente de la agenda política; está pensando en la reactivación económica, en educación y salud; esos son los temas fundamentales”.

Para el sociólogo cochabambino Mayorga, definitivamente la tal disyuntiva o fue fraude o fue golpe, en realidad, no es un dilema, como se lo quiere hacer ver. “No es un dilema, porque no hay relación entre los dos, excepto en el discurso de los actores políticos, que los hacen aparecer como si fueran una antinomia, es decir, una cosa o la otra, cuando esto, por lógica, no tiene relación”.

Pudo o no haber habido fraude, apunta, “pero hay que separar, dejar a un lado ese tema para preguntarse si hubo o no hubo golpe”.

El problema es, continúa Mayorga, que así “mal planteado” el tema, impide emprender una reflexión a fondo de nuestra democracia. “La democracia es evaluada a partir de una postura que se asume respecto a una u otra explicación (o fraude o golpe) y ahí lo que se hace es no tocar el tema”.

En la reflexión del estado y perspectiva de la democracia boliviana, además de valorar el gran avance que significa la democracia intercultural, Mayorga prefiere la historia.

RETROCESO. “El último año hubo una ruptura del orden constitucional, y eso implicó un retroceso en los avances que había en términos democráticos, pero ese retroceso duró un año y fue la propia acción colectiva, la fortaleza de los sectores populares de la sociedad, que permitió que se recupere la democracia, que el proceso político se encauce hacia una solución electoral de la crisis en que entró el país desde octubre de 2019. Esto está demostrando la convicción democrática de los sectores populares, que, desde la década de los 40 con los mineros, desde los 80 con los campesinos e indígenas, claramente muestra su convicción, su apego a la democracia y su apuesta por la vía electoral”, propone Mayorga para comprender el valor de la democracia.

La historia la hacen los pueblos y las grandes construcciones sociales, como la democracia, son fruto de su mayor o menor intervención. Por esto, Mayorga dice: “La presencia de mineros, de campesinos e indígenas, lo que ha provocado ha sido una ampliación de la democracia, porque han ingresado a la lucha política mediante las reglas de la democracia representativa inicialmente, sectores que han estado excluidos”.

Esta presencia popular y no otra cosa, guste o no, es lo que explica la presencia y vigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), con todos sus pros y contras, provoca Mayorga: “Esa presencia se ha traducido en estas cuatro victorias sucesivas del MAS, y la instauración de un nuevo modelo estatal con la Constitución de 2009”.

DEBILIDAD. El problema es, continúa Mayorga, que este impulso democrático popular todavía “convive con una debilidad institucional del sistema de partidos, que sigue siendo la tarea pendiente, porque, excepto el MAS, que es el único con presencia nacional, aunque es una entidad muy peculiar porque está implicada por estas organizaciones populares, las otras organizaciones son débiles, efímeras, inestables, y mientras no se consoliden otras fuerzas políticas, vamos a seguir en esta debilidad del sistema de partidos como espacio donde se produzca la disputa programática”.

“Después de 30 años, uno puede decir que la democracia se ha ampliado con esta presencia popular, la democracia es más representativa, pero no hay un punto de equilibrio con la dimensión institucional de la representación política”, resalta el sociólogo.

¿Optimismo por el futuro de la democracia, pese a las actuales amenazas? Claro que sí, asegura Mayorga. “Después de la ruptura constitucional, hubo un golpe de Estado que además venía con mucha fuerza en términos de restauración de un proyecto oligárquico, de una política económica neoliberal, porque fue una derrota política muy fuerte la del MAS (en 2019), y, sin embargo, en menos de un año, no por acción del MAS como partido, sino por acción de esta red de organizaciones populares, articuladas en torno al Pacto de Unidad, se logra restituir la democracia a través de la vía electoral, y además con unos resultados contundentes para disipar esa situación de crisis política que durante un año vivió el país. Esa es la fuerza de la interpelación democrática y la convicción de estos sectores populares de la sociedad para seguir profundizando la democracia”, concluye Mayorga su evaluación.

 Hacia el (buen) juego de mayorías y minorías

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, su fortaleza, es el adecuado, considerado, juego entre mayorías y minorías, y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron en señalar los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo), en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta del miércoles 6 de octubre.

La directora de LA RAZÓN y conductora del programa, Claudia Benavente, planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las reglas de juego y de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “La primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías es aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se asume este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

Inmediata y naturalmente surge la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría en relación con la minoría (porque no es lo mismo 51 a 49, que 65 a 35, o 40 a 30, 20 y 10), así como la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema en todo caso es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Tan importante es reconocer el principio de “la mayoría manda” que solo sobre esto se construye, “cuantitativa y cualitativamente, el sistema democrático”, en el que las minorías están efectivamente representadas, y hasta puede ser decisiva su opinión en determinados temas.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia, en lo concreto, no sea tanto la independencia de poderes, sino precisamente cómo es la relación entre mayorías y minorías. “El verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que cumple la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la “veto-cracia”, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso, gracias a la labor dirigida, de campaña encubierta, de medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad que llegan a tener las mayorías y las minorías. En el país, este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación para ciertos sectores que se da.

No hay que olvidar que para la distribución de escaños de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, en el país, además del factor poblacional, se aplica el criterio de equidad, de que a costa de la subrepresentación en los departamentos del eje (un diputado por 120.000 votos) haya sobrerrepresentación en Pando y Beni (un diputado con 50.000 votos), por ejemplo.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta a las redes sociales.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

Académicos: La auditoría tiene fallos básicos

Mínimo, el Informe de la OEA tendría que retirarse de la web del organismo, reclaman.

Cómputo oficial en las elecciones de octubre de 2019; este acto ‘manual’ es el que vale para el resultado oficial

Por Iván Bustillos

/ 24 de octubre de 2021 / 18:11

El punto sobre la i

El viernes 22 por la mañana, en Washington D.C., en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo lugar el conversatorio presencial ¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos, organizado por la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, en colaboración con sus pares de Argentina y México. En la cita expusieron sus observaciones Jake Johnston, investigador del Centro de Investigaciones en Economía y Política (CEPR, Center for Economic and Policy Research); Francisco Rodríguez, economista, profesor de la universidad de Tulane; y Jack Williams, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Si hay una coincidencia entre los tres expertos en análisis estadístico electoral es que tanto el Informe Preliminar como el Final de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia tienen errores de análisis, un hecho que reiteradamente se le hizo notar a la Secretaría General, pero que nunca se obtuvo mayores explicaciones.

Fue la embajadora de México, Luz Elena Baños, que apuntó lo peculiar de la cita: éstos y otros estudiosos debían exponer directamente sus críticas, dentro de la OEA, hace casi dos años. “Recuerdo muy bien el rechazo del Consejo Permanente en 2019 ante la solicitud de México de escuchar a los expertos que hoy están aquí. Nos tardamos dos años en escucharlos, pero ha valido la pena”, destacó Baños.

EVASIÓN. Es una actitud evasiva recurrente de la OEA a debatir su Informe, protestó la embajadora mexicana, pues para la cita del viernes nuevamente dos altos funcionarios que tienen que ver con el tema negaron su participación. “Los serios y graves cuestionamientos que la Misión de Observación Electoral de la OEA ha tenido, no serán superados con prácticas antidemocráticas cerrándose al diálogo y defendiendo de manera absurda los argumentos de la Secretaría General de la Organización, que ante la posibilidad de debatir optó inexplicablemente por no participar en este conversatorio. Es preocupante, porque eso reitera que desean hacer prevalecer de manera unilateral su actuación que ha sido fuertemente cuestionada por científicos. Lo más alarmante es que esa negativa viene de los dos funcionarios de la organización que se encargan de fortalecer y de velar por la democracia en el hemisferio”.

La embajadora se refiere a Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), y Francisco Guerrero, responsable de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD).

Los tres expertos que expusieron el viernes, en realidad son viejos conocidos en el estudio de los procesos electorales en la región: Johnston, investigador del CEPR, publicó su primer trabajo (Análisis preliminar de los hallazgos del informe final de la auditoría de la OEA) el 12 de diciembre de 2019, a la semana de que se publicara el Informe final de la OEA, el 4 de diciembre. Rodríguez fue quien, junto con Dorothy Kronick, en un artículo en el The New York Times dijo que el análisis de la OEA era deficiente; y, Williams, que con John Curiel en febrero de 2020 publicó en el Washington Post que el análisis estadístico completo antes que ver un incremento drástico, más bien encontraba algo que se podía esperar.

El viernes, los tres estudiosos se refirieron al manejo estadístico por parte de la OEA en su análisis sobre todo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y su tesis del “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia”, que fue lanzada el 21 de octubre por la noche.

Al día siguiente, cuenta Johnston, él analizó los datos y encontró que “no había justificación para los reclamos de la OEA”; lo que ocurrió luego fue lo llamativo: “ese día le mandé un mensaje a un oficial de la OEA que estaba participando en la Misión de Observación, le expliqué esto; y la respuesta fue: ‘lo sabemos, pero Morales nunca debería de haber sido candidato’; en ese momento entendí que no era cuestión (si había o no) fraude sino del deseo político de la OEA”.

RESULTADO. Al revisar el Informe final de la OEA (4 de diciembre), Johnston remarcó el viernes que si bien el texto “menciona verdaderos problemas en la administración de la elección, contrariamente a lo que dijo la OEA, no muestra evidencia de que eso haya cambiado el resultado de la elección, o incluso que haya habido un esfuerzo parcial de cambiar ese resultado”.

Sobre el ‘súbito’ incremento de votación para el MAS en el último 5% del TREP, que “la interrupción real de la tendencia ocurrió en el último 5% de los votos procesados”, Johnston hace notar que en el propio informe se revela que “el desempeño de Morales en el 5% final de la votación disminuyó comparado con el 5% inmediatamente anterior, lo que desacredita el propio análisis de la OEA que alega demostrar un cambio de tendencia”.

Ahora, ese incremento en la tendencia en el último 5% de votos, dice, “es absolutamente predecible en vista de la tendencia ya evidenciada en las zonas geográficas de donde provienen estos votos finales” (de sectores donde era mayoritario el voto masista).

Otra observación que hace Johnston es que en su tiempo su equipo comparó las “actas irregulares” que seleccionó la OEA para mostrar el ‘fraude’, con actas “regulares” de los mismos recintos, y ambas tenían similares resultados, peor aún cuando en la elección de 2020, concluye, en esos recintos se volvió a repetir ese voto mayoritario por el MAS, por Luis Arce.

Por su parte, además de recordar que el origen de todas las sospechas fue la alarma de la OEA de que hubo un quiebre, un cambio drástico en la tendencia en el último 5%, Rodríguez señaló que en todas las elecciones existen estos quiebres y si se los ve sin considerar el contexto de la elección, pues fácilmente se los califica de una anomalía electoral.

Exhibiendo la gráfica de la elección de la segunda vuelta en Perú, por ejemplo, mostró lo mismo el incremento acelerado en el último tramo para uno de los dos candidatos, lo que no llevó a calificar el hecho como una anomalía, menos un ‘fraude’.

Sobre el drástico cambio de tendencia en el último 5%, Rodríguez cuestiona a la OEA que en estimación no haya incluido un 4,4% de las actas que llegaron al final y que incluyéndolas, el gráfico de la tendencia ya no se muestra ‘drástico’. El economista también hizo referencia al error que habría cometido el estadístico de la OEA que en el último tramo, en vez de usar el criterio de ordenamiento de las actas cronológico, usó el alfabético. “Cuando se publicaron estos datos, lo que pasó fue que los investigadores que hicieron esta sección del Informe de auditoría, ordenaron mal las mesas; las ordenaron por orden alfabético en vez de por orden cronológico. Eso quiere decir, por ejemplo, que después de la mesa 701 de la mañana tienes la mesa 701 de la tarde, luego la 702 de la mañana y después la 702 de la tarde. (Pero) cuando las ordenas correctamente, no te encuentras con este quiebre en la pendiente” (de la gráfica), ejemplifica Rodríguez.

CONSISTENCIA. En rigor, añadió el economista, el análisis estadístico no prueba si hubo o no fraude, lo que hace es ver la consistencia de los datos, de la data, en relación al proceso de votación. “Y esto es extremadamente relevante frente a lo que se alegó en el Informe de Auditoría de la OEA, que los datos eran inconsistentes con un proceso de escrutinio limpio; nosotros hallamos que éstos son exactamente los datos que uno esperaría ver si el proceso hubiese sido uno en el que no hubiese habido ningún proceso de interferencia”.

Rodríguez no dejó de quejarse de la persistente negativa de la OEA de publicar los datos y “el código” que había utilizado para llevar adelantes sus análisis, pese a los constantes pedidos de los investigadores. Reveló que pasados cinco meses de la elección, “un periodista de investigación del The New York Times consiguió la base de datos” y recién se pudo trabajar a fondo.

Finalmente, Williams, en una exposición más bien breve enfatizó en que para tener una idea completa u objetiva de la tendencia cómputo o del conteo rápido, lo principal es no quedarse en el análisis o estudio solo del último tramo donde se presentó la variación inesperada.

Lo que hay que hacer, remarcó Williams, es que el análisis de la tendencia debe ser detallado antes y después del corte del TREP. “Hicimos mil simulaciones, y aquí ven los resultados de las simulaciones; básicamente, lo que estamos tratando de demostrar es que al usar los datos disponibles antes del corte, se puede ver que Morales podía haber obtenido un margen de diez por ciento, fácilmente”, afirmó.

Fue Rodríguez el que dio la estocada final, cuando afirmó que a la pregunta de que si el caso está “cerrado”, pues por todo lo que se dijo es que técnicamente el tema no está cerrado. Y no lo está porque se evidenciaron errores de análisis y de aplicación.

“Es muy importante entender que investigadores que participaron en ese Informe han admitido públicamente que cometieron estos errores; los consultores que fueron contratados para hacer la parte estadística finalmente publicaron su código y los datos, y se identificaron esos errores, y ellos han reconocido que existen esos errores. ¿Por qué es que hay un informe en la página web de la OEA, que los mismos investigadores que participaron en ese informe reconocen que ahí hay gráficos y análisis que están basados en un error?”.

Todos están de acuerdo en que ahora tal vez corresponda una investigación independiente de lo hecho por la OEA, pero, demanda Rodríguez, en lo inmediato, “mínimo se debería pedir que se enmendase o corrigiese ese Informe o se lo retirase de la página web de la OEA. Esto no está en disputa. Lo que sí es un caso cerrado es que hay una parte muy importante del Informe que está basado sobre errores analíticos”.

Procurador: Apenas 15 actas con problemas

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, que estuvo presente en el conversatorio en Washington, compartió con los presentes el informe oficial de la revisión que junto a un equipo hizo de las 34.555 actas de cómputo de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

“Esta información va a ser objeto obviamente de una publicación oficial; hoy la estoy dando oficialmente a ustedes con datos completos de esta investigación”, aseveró.

El Procurador hizo un extenso listado: hay 10 actas poco legibles, con baja resolución o definición de imagen; 3 actas con ausencias de datos en las casillas de papeletas en ánfora y habilitadas que emitieron su voto; 1 acta con ausencia de huella dactilar de un jurado electoral al cierre de la mesa; 94 actas con error aritmético en la casilla de votos válidos, lo que fue subsanado luego por el Tribunal Supremo Electoral; 15 actas con error de datos en la casilla correspondiente a cada organización política, subsanado por el TSE; 1 acta con sobreescritura en la casilla de votos válidos; 1 acta donde falta la firma de jurados al cierre; 1 acta con error numérico en la casilla de papeletas en ánfora; 37 actas conteniendo un error en la sumatoria de votos válidos, también subsanados por los jurados electorales; 15 actas con error aritmético de votos válidos para una organización política.

El total del supuesto fraude verificado, analizado por nosotros, 15 actas en que algún momento se han equivocado en poner datos de un frente político por otro frente, pero que en su momento fueron subsanados por el Tribunal Electoral, es decir, nada, concluyó Chávez.

También se pudo constatar que ni una de las 34.555 fue impugnada en el momento en que debió de hacerse, cuando los delegados de partidos están en pleno control del escrutinio.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Analogía Constitucional

Reflexión jurídica de las sentencias del TCP y la ‘sucesión presidencial’ de Jeanine Áñez.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:57

DIBUJO LIBRE

Una nueva línea jurisprudencial que genera y generará debate de coyuntura política, a partir de la toma del poder en noviembre 2019, es la SCP 052/2021. Esta sentencia aclara las reglas interpretativas de la sucesión presidencial constitucional en Bolivia y afirma que es ipso facto (en el acto, inmediatamente) del Presidente al Vicepresidente, de éste hacia el o la presidente del Senado y ante la ausencia de éste hacia la o el presidente de Diputados, no así a sus sucesores en las directivas camarales; por tanto —habla el Tribunal Constitucional— que no es aplicable la sucesión presidencial cuando existe un reemplazo temporal de las presidencias camarales en el Legislativo; tal como ocurrió con la segunda vicepresidencia del Senado en el tiempo que (en su último libro) el politólogo y vocero presidencial Jorge Richter califica como el “noviembrismo”.

La jurisprudencia del TCP es fuente del derecho en general y sus fallos son vinculantes, inapelables y de aplicación según casos en particular que así requieran las comunidades litigantes, por ello esas líneas interpretativo-holísticas de la CPE (con la SCP 052) develan una modulación vía analogía constitucional de lo que ocurrió el 12 de noviembre de 2019 en el país.

La Analogía Constitucional es inferir la aplicación de los precedentes constitucionales (jurisprudencia en esta materia) que ya fueron desarrollados por el Tribunal Constitucional desde 2005 definiendo una línea sobre la analogía constitucional. Por ello nuestra Constitución establece en su artículo 203: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

En ese entendido, la Sentencia 0186/2005-R de 7 de marzo relaciona este mandato a la norma constitucional estableciendo que : ‘(….) corresponde aclarar que esa aplicación obligatoria de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio”.

Nos deja entrever el TCP, entonces, que toda renuncia al cargo de algún miembro de la ALP que ejerce la presidencia de alguna de las cámaras debe hacerse de manera escrita y formal, y no por redes sociales; renuncias que si son al cargo del ejercicio de la presidencia deben ser consideradas ante sus plenos camarales para la debida aceptación, y si es a la función legislativa como tal debe remitirse posteriormente ante el TSE, porque es este órgano de poder el que acreditó y legitimó sus atribuciones legislativo-constitucionales. La conclusión transversal entonces: no hubo vacío de poder que posibilite una segunda vicepresidencia senatorial en 2019 para que asuma la presidencia del Estado vía sucesión, cuando existían solo ausencias temporales (por renuncias informales) en ese momento. Si aplicaban de manera efectiva lo dispuesto en la DC 003/2001 (jurisprudencia de la Constitución de 1967) debieron considerar las Sentencias Constitucionales: 0748/2003-R de 4 de junio y 0715/2003-R de 28 de mayo; o la Sentencia indicativa: SCP 17/08/2013 de 10 de octubre, o las sentencias: 1034/2013 de 27 de junio y 478/2014 de 25 de febrero (con la Constitución vigente de 2009); donde se establecen las condiciones de validez formal y eficacia jurídica de las renuncias de autoridades electas.

Las segundas vicepresidencias representan a la minoría legislativa, por tanto era inviable que el mando presidencial recayera en esa fracción; contrariamente, debió caer en la representación de la mayoría democrática popular tras recomponer las directivas camarales, respetando así la voluntad del soberano.

Dos periodos de análisis, un hecho político y un acto constitucional.

El hecho político. El 12 de noviembre donde el país atestiguó las palabras de la exsenadora Áñez “(…) asumo de inmediato como presidenta del Estado (…)”, en fiel contradicción a esta línea jurisprudencial del TCP no fue más que una sucesión inconstitucional, si bien el TCP emitió (de oficio) un comunicado ambiguo éste no tenía valor jurídico alguno porque el supremo contralor solo se pronuncia mediante: autos, declaraciones y sentencias constitucionales.

Primer periodo. Donde la exsenadora- gobernante ya no goza de fuero de privilegio para ser juzgada en el periodo entre el 13/11/2019 y el 14/01/2020, sino solo por la vía ordinaria; porque detentó un “Régimen de Facto Político” que —y es una realidad jurídica— puso en vigencia las leyes: 1266 (de 24/11/2019 que convoca a elecciones generales), 1269 (de 23/12/2019 que convoca a elecciones subnacionales) y 1270 (de 20/01/2020 de prórroga excepcional de mandato), leyes que gozan del principio de presunción de constitucionalidad porque el TCP no las declaró inconstitucionales. No debe sorprender esta situación de la sobreexistencia de leyes de regímenes de facto. Actualmente en Bolivia aplicamos los códigos: Penal (1972), Civil (1975) y Comercial (1977) cuyas leyes se aplican plenamente, normativas que devienen y fueron puestas en vigencia en la dictadura militar de Hugo Banzer, entonces ¿por qué no podrían supervivir en el tiempo las leyes del régimen de la senadora Áñez?

El acto constitucional del 15/01/2020: la DCP 01/2020. Donde en su parte tercera resolutiva da por bien hecho los actuados legales (antes señalados) que conduzcan a la reconstrucción del poder político, por ello la exhortación inclusive a las ETA (Entidades Territoriales Autónomas) para garantizar procesos electorales posteriores y prorroga el mandato de quienes estaban detentando el poder en ese momento. No declara la constitucionalidad de la sucesión, solo del ejercicio de funciones de quienes detentaban el poder político para ese momento: Ejecutivo (senadora Áñez), Legislativo (senadora Copa), nueve gobernadores más sus asambleístas, y más de 330 alcaldes y sus concejales.

Segundo periodo, del 15/01/2020 al 8/11/2020: el “Régimen De Transición”. Donde todos sus actos gozan de legalidad (Juicio de Responsabilidades) a partir del reconocimiento del DCP 01/2021 que no aborda en el fondo la aplicación de la sucesión presidencial el año 2019, que no avaló la constitucionalidad de la toma del poder; por lo que el TCP solo extendió el ejercicio de funciones de quienes detentaban el poder político en ese momento extendiendo excepcionalmente el mandato (en control previo de constitucionalidad) porque ya finalizaba un periodo constitucional de cinco años y lo amplió más allá de lo dispuesto en la propia CPE.

Finalmente; con esta SCP se tiene un elemento de prueba de carácter documental y contundente al proceso ordinario que se le sigue a la exsenadora Áñez por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y la ley, por lo que es innecesario alargar más la etapa preparatoria; la Fiscalía debe, dentro la presunción de inocencia y el debido proceso, presentar la acusación formal e ir a juicio oral para buscar sentencia ya sea ésta absolutoria o condenatoria.

 (*)Israel Quino R. es abogado y periodista

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La wiphala y la generación de riqueza

Crítica a la reivindicación de la pobreza; elogio a la cultura de la competitividad productiva.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:51

DIBUJO LIBRE

El “wiphalazo” realizado el pasado 12 de octubre reivindicó la wiphala y encendidos discursos políticos aseveraron que representa a los pueblos pobres, discriminados y oprimidos, por lo que, siguiendo el razonamiento lógico, permanentemente se reivindica ser pobre, discriminado y oprimido, como cualidades del “pueblo” boliviano. Corresponderá realizar un análisis discursivo, objetivo, de las autoridades del Estado Plurinacional, gobiernos subnacionales, dirigentes de las organizaciones sociales y cívicas.

El 18 de octubre, el Gobierno, las organizaciones sociales y el Pacto de Unidad se reunieron en la Cumbre por la Reactivación Económica y Productiva, en medio de discursos contradictorios.

Para formalizar el planteamiento, recurriré a la noción filosófica que traduce uno de los aspectos del desarrollo dialéctico, la doble negación, principio que es considerado como ley del pensamiento en la lógica clásica.

La reactivación económica o generación de riqueza debiera superar la pobreza, es la negación de la pobreza, pero la fórmula no funciona porque en lugar de negar la pobreza, se la reivindica discursivamente.

En palabras del Pocholo, por hacer una analogía y salvando el tema de género, el discurso actual sería algo como decir “porque ser pobrecito es bien”; y no es así, porque si eres pobre no puedes acceder a alimentación, vivienda y servicios básicos.

Requerimos cambiar de discurso y actuar en consecuencia a todo nivel, una verdadera y honesta revolución cultural.

Es tiempo de recuperar nuestra fuerza, de reivindicar nuestras culturas ancestrales como grandes civilizaciones, en lugar de alimentar sentimientos de victimización de pueblos oprimidos por más de 500 años.

C.V. Schmidt Colque en su libro SUYUNPACHA, Epigenética de la sabiduría del Tawantinsuyu, auge y ocaso devela que somos herederos de una de las más genuinas y maravillosas civilizaciones del planeta y que la introducción de dogmas ajenos a nuestra civilización, incubaron el virus del odio a los orígenes (misogenia) y enarbola un nuevo proyecto político biocivilizatorio impulsado por el servicio honorable, la integración holística, la valoración de la consciencia y el autogobierno sabio, para superar los viejos proyectos políticos economicistas de izquierda y de derecha.

Tradicionalmente, la academia en el país se ha concentrado en el estudio de la pobreza, muy tímidamente en la generación de riqueza o los factores que la promueven; la competitividad es casi una mala palabra. Sin embargo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) está evaluando el monitoreo de la competitividad departamental a través de un índice de competitividad departamental, a partir de un conjunto multidimensional de indicadores, que puedan orientar la asignación de recursos en los gobiernos subnacionales y la generación de riqueza.

El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, que a su vez establece el nivel de prosperidad que esa economía puede lograr”, en esa línea, el Nobel de Economía Douglas North entiende el desarrollo económico como un proceso de superación de la acción colectiva, en el que la creación de normas y patrones de comportamiento, de marcos legales y regulatorios, y de organizaciones, permiten reducir los “costos de transacción” (información y negociación, vigilancia y control de los contratos), gracias a lo cual es posible crear y desarrollar (completar) mercados.

El desarrollo económico es, entonces, consecuencia de la acción colectiva, de las normas y patrones de comportamiento de su población, que también se va construyendo a partir del discurso y la ética de sus líderes.

El clásico del management, Stephen Covey, sostiene que “todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física”, como una vivienda que empieza con los planos.

 (*)Janneth Arreaño F. es economista

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Actuar contra la violencia hacia mujeres y niños

Es imprescindible abordar la violencia contra las mujeres y los niños desde una perspectiva integral.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:44

DIBUJO LIBRE

En septiembre de este año el municipio de Cotoca se tiñó de fatalidad. Dos mujeres, madre e hija, perdieron la vida en manos de quien fue su esposo y padrastro, días después el agresor se quitó la vida. Como consecuencia de este hecho, cuatro niños quedaron en la orfandad y terriblemente afectados ya que presenciaron el asesinato de su madre y hermana. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó que hace 10 años el autor del doble feminicidio intentó matar a su anterior pareja y procuró quitarse la vida.

Este no es un caso aislado. Hechos similares de violencia hacia las mujeres y la niñez en el país se repiten con una regularidad aterradora. Bolivia tiene una de las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres en América Latina, solo superada por Honduras, El Salvador y República Dominicana, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. En lo que va de este año, son 90 los feminicidios y 31 los infanticidios suscitados en el país. Con estas cifras, la violencia que diariamente viven mujeres, niñas, niños y adolescentes adquiere carácter de emergencia nacional.

La Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, que entró en vigencia en marzo de 2013, marca el inicio de un cambio de modelo en la concepción y el abordaje de la violencia de género en Bolivia. Esto tiene que ver, por un lado, con la tendencia internacional de adecuarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y por otra, con una consecuencia histórica de la lucha de las mujeres que demandan al Estado una norma, de características integrales, que supere la “violencia intrafamiliar” y que dé respuestas estructurales a un delito público que se repite impunemente todos los días.

Ocho años después, a pesar de varios esfuerzos institucionales derivados de esta ley, la situación de violencia contra las mujeres en el país no se ve impactada de manera considerable. La brecha entre la norma y la realidad obedecen a varios factores: culturales, sociales, institucionales, de coordinación y económicos, entre otros.

La encuesta de prevalencia de violencia de 2016 refleja que 74% de las mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida; muestra también que el fenómeno de la violencia no solamente es multicausal, sino también está influido por factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales, que acompañan el comportamiento violento, traspasando ámbitos entre las personas, la familia, la comunidad y la sociedad.

Es imprescindible abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral, que ofrezca posibilidades de cambios institucionales, culturales, sociales y normativos. Cambios que implican poner el respeto a los derechos de las mujeres en el centro de las transformaciones tendientes a una distribución más igualitaria de poder y recursos entre los géneros.

La violencia de género, además de los daños físicos y psicológicos que generan en las víctimas directas, tiene repercusiones particularmente graves para las niñas y niños que viven en hogares donde ésta es un fenómeno habitual. En la actualidad se considera que las niñas y niños que son testigos de violencia, a la larga también pasan a ser niñas y niños golpeados, debido a que presentan la misma sintomatología psicológica que los que sufren maltrato directo. Los niños y niñas dependen emocional y afectivamente de sus padres, y tienden a imitar los roles y las conductas que observan, debido a lo cual en el futuro pueden tener dificultades para establecer relaciones afectivas diferentes a las conocidas en su infancia.

Uno de los principales factores que impide al Estado boliviano dar una respuesta efectiva a la violencia contra la niñez, adolescentes y mujeres es la falta de presupuestos públicos adecuados. Con presupuestos suficientes se podría avanzar en la prevención, atención y restitución de derechos. Se podría contar con medidas focalizadas, recursos humanos especializados y suficientes, infraestructura, tecnología, calidad en los programas y servicios en función de las necesidades de las mujeres y la niñez.

Es evidente que en el nivel local, entidades como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) atraviesan serias limitaciones para poder dar respuesta a la demanda de la población. De manera similar, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tiene una cobertura de acción limitada por falta de recursos presupuestarios; por otra parte, las Fiscalías Especializadas solo funcionan en las capitales de las ciudades y en algunos municipios intermedios, así como el Instituto de Investigación Forense se encuentra solo en algunas ciudades capitales. Estos hechos configuran la radiografía de un Sistema de Protección Contra la Violencia que requiere una mejor asignación presupuestaria y de gestión para poder brindar servicios eficientes y de calidad.

Según información extraída del presupuesto institucional de gasto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los municipios capitales de departamento y El Alto, la asignación presupuestaria de 2021 para las DNA, los SLIM y el fortalecimiento de la FELCV asciende a Bs 98,9 millones, monto que equivale en promedio a 1% del presupuesto institucional. Esta proporción resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, que requiere acciones en materia de atención integral a las víctimas, pero fundamentalmente de programas de prevención de violencia en la sociedad.

A pesar de los importantes avances normativos e institucionales en Bolivia para priorizar las políticas de prevención y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el país sigue inmerso en una problemática compleja que debe ser tratada con prioridad; se hace urgente dar solución a este problema, que se ha cobrado tantas vidas.

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas, junto a socios institucionales y de la sociedad civil, viene desarrollando una estrategia dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención, atención y restitución de los derechos de las víctimas de violencia en el país. Son numerosos los esfuerzos para avanzar en este gigantesco desafío; sin embargo, es imprescindible lograr una articulación más eficiente y coordinada de los mismos, para amplificar resultados y cubrir vacíos de información, de gestión y de presupuesto. Sin olvidar la responsabilidad ciudadana de denunciar y condenar cualquier forma de violencia contra mujeres y niños, en sus hogares y en los ámbitos públicos. La gravedad de la situación requiere una acción colectiva de emergencia.

(*) En celebración del 76 aniversario de Naciones Unidas, ONU Bolivia en octubre publica una serie de artículos para reflexionar temáticas importantes para el país en el camino de la recuperación pospandémica.

 (*)Equipo país de ONU Bolivia (*)

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En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

En 2003, la clase media apoyaba a las víctimas; hoy es diferente, la sociedad está muy polarizada.

Thomas Becker, abogado estadounidense de las víctimas de octubre de 2003, testigo directo de las masacres de noviembre de 2019

Por Iván Bustillos

/ 17 de octubre de 2021 / 18:56

El punto sobre la i

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

Thomas Becker, estadounidense, abogado de las víctimas de octubre de 2003; también colabora con los familiares de las víctimas de las masacres de 2019. Becker estuvo en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre, el 15 de noviembre de 2019; por su trabajo, también conoció de cerca lo ocurrido en Senkata el 19. Pocos como este activista en derechos humanos para sopesar las similitudes y diferencias de lo ocurrido en Senkata en octubre de 2003 y noviembre de 2019.

—De primera, ¿qué similitudes hay entre 2003 y 2019 en relación a las muertes en Senkata?

—Voy a comenzar por los decretos, porque éstos abrieron la puerta para la violencia más extrema. En 2003, el Decreto 27209, que movilizó a las fuerzas estatales para transportar el gas, fue llamado el ‘Decreto de la muerte’; Goni mandó a los soldados y mucha gente murió el 12 de octubre. En 2019, Áñez dictó el Decreto 4078, que también movilizó las fuerzas estatales, pero esto fue más extremo que en 2003, porque ofreció inmunidad a los soldados que maten a personas; es un decreto totalmente ilegal; muchos especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación.

—¿Un mismo discurso también?

—Hemos visto pretextos y excusas muy similares. Los dos gobiernos dijeron que los responsables son terroristas, comunistas, narcotraficantes; el discurso era casi igual. Es importante recordar que hay miembros de los dos gobiernos. Jaime Aparicio fue embajador de Goni y de Áñez. Él fue testigo de Sánchez Berzaín y de Goni en nuestro caso, y su discurso era casi igual en 2003 y 2019; ha dicho que en los dos casos los manifestantes estaban allá para explotar la planta. Y en la Clínica de Harvard hemos analizado si hubo el intento de explotar la planta, y en los dos casos no había ninguna prueba. El Grupo (Interdisciplinario) de Expertos (Independientes) GIEI analizó esto y tampoco encontró prueba. Yo hablé con los fiscales durante el gobierno de Áñez, y ellos me dijeron que no podían encontrar ningún cartucho de dinamita. Pero la narrativa sigue, en 2003 y en 2019: hay todavía mucha gente que piensa que iban a explotar la planta.

—¿Muertos en ambos lados?

—En 2019 es más en blanco y negro; en 2003, del lado de las fuerzas estatales hubo dos muertos y dos heridos. En 2019, en Sacaba y en Senkata, cero policías, cero militares recibieron bala, ni un policía ni militar murió, ni fue herido.

—Lo de 2019 parece más urbano; en 2003 había gente del campo.

—En 2003 había más apoyo de la clase media, y ahora (2019) hay una división más fuerte, y la clase media no está apoyando a las víctimas tanto como en 2003; la diferencia es que en 2003 no había muchas investigaciones; ahora tenemos investigaciones de la CIDH, del Grupo de Expertos, de la ONU, de la Red Universitaria de Derechos Humanos, de la Clínica de Harvard, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo; muchas instituciones han investigado lo que pasó y han dicho que son masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales; hay mucha prueba imparcial, internacional, que ojalá pueda impulsar los casos un poco más rápido que en 2003, porque entonces no existió como ahora.

—El GIEI destaca la violencia racista en 2019.

—En 2003 y 2019 los que murieron fueron indígenas, los que mataron, aunque eran una mezcla, pero generalmente no eran indígenas. Es casi igual, las víctimas en 2003 son aymaras y quechuas, lo mismo que en 2019. Nosotros hemos investigado muchísimo los dos casos; las palabras son casi exactas; yo he recibido muchos testimonios de personas que han dicho que los soldados dijeron cosas muy racistas, cuando disparaban a la gente, como: ‘indios de mierda’, ‘animales’, ‘perros de mierda’, ‘maricones’, etc., muchas palabras antiindígenas, muy machistas, en los dos casos. Pasó también que mientras había personas que trataban de ayudar a otras, soldados les disparaban; esto pasó en 2003 y en 2019.

—La teoría de Murillo de que se han matado entre ellos. ¿Se llegó a decir lo mismo en 2003?

—Sí, han culpado a las víctimas; han dicho que las víctimas han disparado, en los dos casos. La tecnología ha complicado y ha ayudado. Por un lado, cuando el ministro de Defensa López dijo ¡ningún soldado disparó una bala!, hay pruebas, hay videos, mostrando a soldados disparando; pero hay personas que todavía creen esta narrativa, pero es absolutamente claro que es una mentira. Por un lado, hay más evidencia, videos, pero también la tecnología está complicando las cosas, porque muchas personas, especialmente en esta situación tan polarizada, buscan información en las redes sociales; miran memes, y deciden qué es verdad o no basados en información de redes sociales, pero no en información concreta, académica, clínica, como las investigaciones del GIEI, de la Clínica de Harvard o de la ONU.

—En 2019, dicen los informes, se obstaculizó las investigaciones, las autopsias. ¿Pasó lo mismo en 2003 o esto fue exclusivo de 2019?

—No, no. También había bloqueos de investigación. En 2003 fue un mes de violencia, y las familias, como en 2019, temían que iban a desaparecer cuerpos, han dicho que no recibieron información concreta. Para el juicio de responsabilidades de 2003, con Rogelio Mayta, teníamos que conseguir necropsias, porque las autopsias no eran suficientes, y en 2019 han bloqueado personas y han destruido pruebas. En 2019, en Sacaba, por ejemplo, varios testigos me dijeron que los militares, después de matar personas, usaron mangueras de agua para limpiar la sangre y recogieron las balas, para que la gente no pudiera tener pruebas.

—En todos los informes sobre 2019 se destaca la existencia de grupos civiles que se daban la autoridad para detener. ¿Pasó lo mismo en 2003?

—Ha pasado un poquito, pero no como en 2019. En parte porque, por ejemplo, el grupo de los motoqueros estaban trabajando como policías; había policías vestidos de civil, trabajando juntos. En El Alto, en 2003 fue casi El Alto contra el gobierno; pero en 2019, en general El Alto se manifestaba, pero en algunos barrios, en Ciudad Satélite, por ejemplo, he hablado con varias víctimas de abusos, cuando los soldados o los policías han trabajado con los vecinos para detener a una persona, para atacarla, para torturarla. En 2019, grupos como los motoqueros son muy organizados, han recibido apoyo directo del gobierno de Áñez y han cometido abusos, y son abusos documentados. Todo lo que digo está basado en investigación, en documentación, no es una simple opinión. Son grupos paraestatales que recibieron plata, armas, apoyo y han trabajado junto con los policías; y eso no había tanto en 2003.

—¿Qué posibilidades de justicia hubo y hay en 2003 y en 2019?

—Complicado decirlo. Inmediatamente después de 2003 había mucha población que quería un juicio, pero las víctimas tenían que pelear y pelear, no había dos tercios (en el Congreso de entonces); todos en esta época dicen que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, pero al principio no querían apoyar un juicio. Lo bueno es que el juicio de responsabilidades que manejó Rogelio Mayta y el juicio contra Goni (en Estados Unidos) sirven como precedentes, que pueden presionar muchísimo más. La comunidad internacional, en general, sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; y yo creo que será una vergüenza si los políticos no apoyan un juicio de responsabilidades; pueden complicar la situación política internacional, porque la comunidad internacional sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; el informe del Grupo de Expertos es muy claro sobre lo que pasó, el informe de Harvard es muy claro, la ONU, etc.; esto no pasó en 2003. Que haya estos informes puede abrir el camino a una justicia más rápida, pero hay una polarización ahora, que es fuerte, y la clase media no apoya como apoyaba en 2003. En 2019 hay prueba más fuerte y más directa, lo que no existía en 2003.

—¿Alguna diferencia?

—Lo que le pasó a Patricia Arce (exalcaldesa de Vinto), por ejemplo; fue secuestrada y torturada; esto se hizo viral; en todos los países del mundo se ha visto lo que pasó con Patricia Arce. Yo creo que internacionalmente la gente sabe qué gobierno fue Áñez, Murillo está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero; hay muchas señales de que este gobierno fue violento y que ha cometido varios delitos. Entonces, la sociedad internacional puede ayudar a presionar más que en 2003, cuando no había mucha información.

—Ud. estuvo en Sacaba el día de la masacre; nadie se lo contó.

—La verdad, lo que vi nunca voy a olvidar; tengo pesadillas. Yo recuerdo los momentos, por ejemplo, cuando tenía que entrar al hospital, tenía que hacerlo en forma secreta, porque me bloqueaban. Hablé con una víctima, él perdió su ojo; al ayudar a una persona, un soldado le disparó en el ojo. Yo fui la primera persona con quien habló. Y lloraba con el ojo que todavía tenía. Y me decía: ‘tú vas a ver, mañana van a decir que es nuestra culpa, que somos comunistas, narcotraficantes, somos indios’. Y, la verdad, fue muy difícil creer esto porque fue tan extremo; lo que vi fue que todos los huecos de las balas mostraban que las balas llegaban desde donde estaban los soldados; la evidencia fue muy clara. Varios medios de comunicación han dicho exactamente lo que dijo el gobierno, que se dispararon entre ellos, que fue un conflicto. No fue un conflicto, fue una masacre. Y lo que fue muy triste para mí era la falta de esperanza; en 2003 había más esperanza, pero en 2019, la gente tenía miedo; ellos decían: ‘la sociedad boliviana no va a creernos’, y eso pasó. En 2003 Goni se fue y la sociedad sabía lo que pasó, pero en 2019, después de las masacres, ha habido una persecución extrema. Había un ambiente muy difícil para organizar, movilizar, buscar justicia; fue más complicado en 2019-2020 que en 2003.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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