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Pensar a largo plazo

/ 17 de octubre de 2021 / 18:47

Previsión: invertir abundantemente hoy en educación, conlleva reducir la desigualdad del ingreso en el futuro.

DIBUJO LIBRE

Hace poco más de un año, Emmanuel Macron encargó a una comisión de 26 expertos la elaboración de una estrategia de desarrollo para el país galo. Este grupo estuvo encabezado por los franceses Olivier Blanchad, exconsejero y director de estudios en el FMI, y Jean Tirole, premio Nobel en Economía de 2014, y otras figuras internacionales de renombre como Paul Krugman y Peter Diamond, ambos premios Nobel de Economía de 2008 y 2010, Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro norteamericano, y otros académicos influyentes como Philippe Aghion y Dani Rodrik.

La comisión elaboró un documento que pasó a denominase Informe Blanchad-Tirole. El informe identificó tres grandes desafíos económicos, para Francia y sin duda para muchos otros países, relacionados con el cambio climático, las desigualdades socioeconómicas y la transición demográfica. En esta columna voy a exponer algunas de sus principales conclusiones.

Francia se ha fijado como meta adoptar una posición neutral frente a la emisión de carbono hasta el año 2050, para lo cual Tirole recomienda adoptar un impuesto elevado a las emisiones de carbono a nivel europeo. El informe también ha fijado como meta acortar las desigualdades sociales. Según Blanchard, existe tres maneras de reducirlas antes, durante y después del proceso productivo: 1) igualando las oportunidades, sobre todo en el acceso parejo a una educación de calidad, 2) cambiando el proceso de producción que origina estas desigualdades por medio de políticas activas de innovación en el mercado del trabajo, y 3) reparando el daño en la distribución de los ingresos a través de una fiscalidad justa que grave a los más ricos y un régimen de imposición a las herencias y donaciones unificado. Frente al cambio demográfico, han sugerido modernizar el sistema de pensiones y la prevención de enfermedades crónicas. Asimismo, alertan de una encrucijada entre alargar la edad de jubilación o reducir el monto de la pensión.

El informe responsabiliza al cambio tecnológico como parte esencial del problema. La tecnología ha acelerado el consumo de energías fósiles conforme se han diseminado los sistemas de transporte. La inteligencia artificial es una fuente de desigualdad laboral en favor de quienes mejor se han adaptado ella, que por lo general son jóvenes, siendo los trabajadores con edades avanzadas los más reacios y perjudicados. A la par, la tecnología ha alargado la esperanza de vida de la población causando una tensión en el sistema de salud y pensiones.

Paradójicamente, encuentran que la tecnología también puede ser parte de la solución. Gracias al uso de plataformas educativas se podrían desplegar nuevos métodos de enseñanza a distancia y asegurar el acceso a una educación universal de calidad. La automatización y digitalización de los trámites públicos podrían mejorar las tareas de fiscalización y dotar de recursos adicionales al Gobierno para políticas redistributivas. Además, se debe apostar a la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías más amigables con el medio ambiente como una estrategia de crecimiento duradero.

¿Qué podemos aprender los bolivianos de este informe? Si bien el informe Blanchard-Tirole analiza una economía bastante más desarrollada que la nuestra, muchos de los problemas que identifica son comunes, aunque con sus matices. Bolivia, a diferencia de Francia, posee una población joven, pero ello no quiere decir que esté exenta de los efectos del envejecimiento poblacional. Cada año se incorporan a la fuerza laboral más trabajadores a medida que se reduce la población menor de edad, lo que demanda un número creciente de puestos de trabajo, que deberían ser planificados para ser creados en el sector formal donde las ganancias de productividad son mayores. Los desafíos pospandemia en materia de desigualdad social no son muy diferentes a los desafíos prepandemia, pero que a diferencia de los países desarrollados debemos agregarle el reto de erradicar la pobreza. Tampoco debemos esperar a que la problemática ambiental adquiera una mayor conciencia nacional, es oportuno adelantarnos a las futuras políticas climáticas globales.

Es imprescindible invertir hoy en salud preventiva para evitar que a futuro se convierta en una pesada carga presupuestaria en hospitalizaciones costosas. El invertir abundantemente hoy en educación, conlleva reducir la desigualdad del ingreso en el futuro. Las inversiones en investigación y desarrollo son fundamentales para diversificar la economía y romper con el patrón primario exportador dependiente de las tecnologías foráneas.

La planificación medioambiental debe comenzar desde el Estado, porque el sector privado no internaliza los costos de largo plazo, sino solo los beneficios de corto plazo, por lo que no está interesado en invertir en proyectos de energías renovables de baja rentabilidad y elevado riesgo. Los efectos de todas estas inversiones podrían resultar pequeños a corto plazo, pero a largo plazo los beneficios serían enormes.

Por otro lado, el informe Blanchard- Tirole establece un escenario de aquí a 30 años. A cuatro años de cumplirse la Agenda Patriótica 2025, el país habrá logrado avances importantes en la reducción de la pobreza extrema, la universalización de los servicios básicos, de salud y educación, la diversificación productiva, la soberanía alimentaria y el recambio de la matriz energética, aunque los pilares presenten desvíos en algunas metas, causados esencialmente por la pandemia.

Con todo, es ineludible ponerse a pensar en un nuevo horizonte de planificación de más largo aliento, pues la transformación económica y social de la economía boliviana así lo demanda. Tomando como ejemplo la Agenda del Bicentenario que se aprobó en 2015 con una vigencia de 10 años, se debe superar la planificación quinquenal pues la envergadura de las grandes obras públicas generalmente tienden a superar el periodo inicialmente planeado, en algunos casos se pierde tiempo valioso los primeros años en busca de financiamiento, en los procesos de licitaciones o en los ajustes a los cronogramas de ejecución, sin olvidar que en el caso de los proyectos productivos se requieren, a su conclusión, un periodo adicional para su arranque y estabilización.

También es imprescindible construir una visión social de largo plazo que cambie la mentalidad de todos los actores públicos sean éstos autoridades, asambleístas, contratistas y beneficiarios. Se tiene que abandonar la consigna de que solo las generaciones presentes votan, que los retornos políticos tienen que cosecharse en tiempos de campaña, que el gasto público solo es eficiente cuando la autoridad de turno es quien la ejecuta. Durante la transición democrática vimos mucho de esto. Concebir un país en el futuro es sembrar las bases del desarrollo aun a sabiendas de que podrían ser otros quienes cosechen sus resultados, con una total vocación de desprendimiento y servicio a la patria.

Cierro con una de las frases más recordadas del célebre economista inglés John Maynard Keynes que decía que “en el largo plazo todos estaremos muertos”. Yo adaptaría este guion para señalar que, en el largo plazo, solo las sociedades visionarias verán perdurar a sus descendientes.

 (*)Omar Velasco P. es economista

Piden que la OEA se haga cargo de su secretario Luis Almagro

Desde la diplomacia y la academia exigen un mayor papel de la Asamblea General y del Consejo Permanente.

Tras la elección del 20 de octubre de 2019, encontrar material electoral usado para muchos era ‘prueba del fraude’

Por Iván Bustillos

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:37

El punto sobre la i

El “caso boliviano” en la Organización de Estados Americanos (OEA), la controversia que hay sobre el rol que tuvo el organismo en la crisis electoral y política de octubre de 2019 en el país, debe llevar a revisar ya no solo el papel del secretario general Luis Almagro, sino también de las propias Misiones de Observación Electoral (MOE), propuso Silvina Romano, politóloga, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

“Es importante que dentro de la OEA presionemos para que se haga un proceso de investigación de lo sucedido, ir por vías legales a ver cómo se puede generar un proceso de investigación no solamente de Almagro, sino de las misiones de observación electoral, para tener un precedente, cómo sabemos que esto no va a volver a suceder”, afirmó la investigadora en entrevista desde Argentina, el jueves 25, en el programa por streaming de La Razón, Piedra, papel y tinta.

Una de las secciones más emblemáticas de la OEA son las Misiones de Observación Electoral. Según informa el propio organismo, desde 1962 se desplegó más de 240 MOE en 27 países del continente. A la tarea básica de observación de determinado proceso electoral, de último señala su sitio web, “las misiones han ampliado el alcance de su trabajo” a “aspectos clave del ciclo electoral como la equidad de género en la contienda, los sistemas de financiamiento político, el acceso a medios de comunicación y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes”. Durante la gestión de Almagro, desde 2015, se realizaron 71 misiones.

MÉXICO. Desde lo ocurrido en octubre de 2019 en Bolivia, es marcado el descontento de países como México y Argentina con la transparencia que ha mostrado el organismo sobre su actuación en el país hace dos años.

Específicamente sobre las MOE, el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, en un artículo en el periódico mexicano Excelsior (mayo de 2021) señalaba: “Hoy día, el secretario general sobrepasa su mandato, subordina la institución a intereses ideológicos y usa el peso institucional de la OEA como vehículo para posicionamientos parciales.

Este hecho afecta el funcionamiento de la organización y se refleja especialmente en las Misiones de Observación Electoral (MOE), las cuales se han desvirtuado para convertirse en instrumentos políticos y de injerencia en asuntos internos de los Estados miembros”.

Reyes Zúñiga cita el caso de Bolivia en 2019, “en donde la misión se convirtió en un actor político y electoral de facto, con incidencia directa en el lamentable curso histórico por todos conocido”. Si bien aboga por una reforma, por “recobrar la imparcialidad que les daba su carácter técnico”, ve difícil esta tarea “mientras persista una Secretaría General que obedezca a intereses propios”; aunque no deja de recordar un principio de la OEA: “Son los Estados miembros y no la Secretaría General los que deben decidir el rumbo de la organización y rescatar la valía de las Misiones de Observación Electoral, antes de que sea demasiado tarde”.

Tal como anunciara el representante boliviano ante el organismo, Héctor Arce, la posición de Bolivia es que se investigue el rol de la OEA en Bolivia en 2019 tanto en el seno mismo del organismo, con los mecanismos que se cuenta, como que se explore la posibilidad de acudir a una indagación “desde afuera”.

Para el Celag, el tema en primer lugar es desde dentro; impulsar a que la OEA se investigue y evalúe a sí misma; empezando por el caso boliviano.

“Desde Celag venimos trabajando e investigando las vías legales, dentro de la misma Carta de la OEA [el documento constitutivo del organismo], dentro de la normativa de cómo funciona la secretaría general, y que se puedan generar mecanismos de investigación de estas actuaciones”, destaca la politóloga del Celag.

CONSEJO. Ahora, tal como apunta el subsecretario mexicano Reyes Zúñiga, acaso el más llamado a emprender la revisión del rol de la OEA sea el Consejo Permanente (la reunión de los representantes o embajadores de los 35 países miembros), remarca Romano.

“Hay mecanismos. Tendría que verse la posibilidad, por ejemplo, que a través del Consejo Permanente se abra una investigación o a través de la Asamblea [General, la reunión de los Jefes de Estado] y el Consejo Permanente, que se busque la manera de modificar ciertas normas, lo que permita una auditoría del trabajo de las misiones de observación electoral, porque eso es lo que está en duda”, asevera la estudiosa del Celag.

El embajador Arce (en la misma entrevista con Romano en Piedra, papel y tinta) a tiempo de ratificar que “no se tiene que abandonar la OEA”, apunta directamente hacia el secretario general Almagro: sin ningún ánimo personal, dice Arce, “Almagro es la peor persona que puede representar a un organismo de esta naturaleza”.

Arce cuenta cómo él, durante la presidencia de Evo Morales, tuvo que trabajar de cerca con el secretario general, excanciller chileno, José Miguel Insulsa. Ahí la OEA sirvió mucho al país: ayudó a encarar la tensión de los referendos autonómicos en la llamada Media luna, acompañó el proceso constituyente de 2006-2008.

Era una OEA diferente, una secretaría general “que no subordinaba a los Estados, que más bien se subordinaba a los Estados. Con el señor Almagro, lamentablemente lo que ocurre es todo lo contrario; ha dividido a la OEA entre quienes están con el señor Almagro y quienes no están con él; la secretaría general es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos”.

Así, concluye Arce, “una primera señal para reconstruir la OEA es obviamente ver el tema de Luis Almagro”.

El problema es, reconoce el embajador, que aún hay muchos países que todavía apoyan a Almagro; “estamos ante poderes muy fuertes, poderes fácticos, muy poderosos”, aseveró.

Al respecto, Silvina Romano llama la atención sobre que en algún momento los países se verán impelidos a dicidir: o salvar la institucionalidad de la OEA, lo que implicaría que Almagro deje la secretaría general, o dejar que empeoren las cosas; por esto mismo, dice “la misma OEA tiene que hacerse cargo, exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

En esta suerte de evaluación de la OEA, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que también estuvo en el Piedra, papel y tinta del jueves, apunta más bien a la responsabilidad de Almagro y la OEA en lo que pasó “el año siguiente”, 2020 en Bolivia, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“La OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió el año siguiente, porque prácticamente gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar, que era un gobierno militar, así hubiera una cabeza civil, y que durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia desde hace muchos años”, destacó el exmandatario colombiano.

ESTADOS UNIDOS. El expresidente Samper no dejó de quejarse también del rol desestabilizador que Almagro jugó en las relaciones entre Colombia y Venezuela, en detrimento de este último país. “Y podría mencionar otros casos (más) en los cuales la intervención de Almagro ha sido claramente en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos en América Latina”.

Para Samper, el sistema interamericano “hace aguas, porque Estados Unidos lo utiliza como un instrumento para su política exterior, no para una política de integración, como quisiéramos todos”, deplora. Un ejemplo de ello, dice, fue la toma que hizo la administración de Donald Trump de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una presidencia que durante 60 años la ocupaba un latinoamericano; todo con el objetivo, dicho por el “amigo de Trump”, de “sacar a China de América Latina”.

Más todavía, Samper afirmó que pese a que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están “personas muy prestigiosas”, “allí no pasan sino los casos que le interesan a Estados Unidos”.

En una mirada más bien estructural, el expresidente Samper encuentra en Almagro y la actual OEA la expresión de una crisis de relación entre Latinoamérica y Estados Unidos.

“De alguna manera, la OEA y su representante Almagro, en este momento, son la más clara demostración de que hay una crisis muy profunda en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos”. Por esta razón, continúa Samper, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Alberto Fernández (Argentina), enfatiza, “han propuesto que hagamos una especie de OEA sin Estados Unidos, lo que sería la Celac; es decir, que encontremos un mecanismo en el cual nos podamos entender los 34 países, sin pedirle permiso a Estados Unidos, sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestra integración”.

La pandemia del coronavirus mostró como nunca al importancia de la integración, sentenció Samper. Pasa que como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se venía desarrollando un Instituto especializado en epidemias (en Río de Janeiro, Brasil), el cual había logrado un “banco de precios de medicamentos que nos permitía negociar conjuntamente, como sudamericanos los precios de las vacunas infantiles”. Así, de haberse mantenido este avance, los países sudamericanos, como región, habrían podido comprar las vacunas contra el coronavirus “a un precio menor, por lo menor en 40 o 50% a lo que estamos comprando separados. Mientras tanto, nuestra relación interamericana con Estados Unidos a través de la OEA no nos sirvió absolutamente para nada” en dichas compras, deplora Samper.

La OEA, según su sitio web, tiene al menos tres instancias de gestión: la Asamblea General, el “órgano supremo”, que se reúne una vez por año, pudiendo tener sesiones extraordinarias por temas urgentes; por lo común asisten a ésta los Jefes de Estado; el Consejo Permanente, conformado por los embajadores de los países miembros, conoce y ejecuta las decisiones de la Asamblea General; y, la Secretaría General, que es el “órgano central y permanente de la OEA”; cumple los encargos que le encomienden la Asamblea General y el Consejo Permanente.

LA MISMA OEA TIENE QUE HACERSE CARGO

Silvina Romano, politóloga del Celag

“La misma Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que hacerse cargo de Luis Almagro; exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

CONTRA EL COVID LA OEA NO NOS SIRVIÓ

Ernesto Samper, expresidente de Colombia

“Con Unasur habríamos podido comprar vacunas contra el COVID-19 a un precio de 40 o 50% menos a lo que estamos comprando separados.

Nuestra relación interamericana con EEUU a través de la OEA no nos sirvió para nada”.

LA SECRETARÍA SE HA VUELTO UN PAÍS MÁS

Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA

La Secretaría General de la OEA es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero bajo Luis Almagro esa secretaría se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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La segunda oleada progresista latinoamericana

La que desde 2019 acumula victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y revueltas sociales en Chile y Colombia.

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:23

DIBUJO LIBRE

El mundo está atravesando una transición político-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy luce cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown [confinamiento] de 2020 ha erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite, Green New Deal [Nuevo Acuerdo Verde], proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc. son las nuevas ideas fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980. Aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y, mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia al espíritu social.

América Latina se adelantó en más de una década a estas búsquedas mundiales. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a una “primera oleada” de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que lograron tasas de crecimiento económico de 3 a 5 %, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0,54 a 0,48, en la escala de Gini, y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población, lo que inclinó en favor del trabajo la balanza del poder social. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esa primera oleada progresista, que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro, y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

SEGUNDA OLEADA. La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo modificó la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no cambió la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las “clases medias”, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de “ingresos medios”, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., transformaron no solo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darles sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantearse nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente éste tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado. Solo un revanchismo enfurecido de un “libre marcado” crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista, que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el “fin del ciclo progresista”. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas. Y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que, por su sola presencia, habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido; no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como la gran constructora de reformas. Ciertamente el “gran encierro” mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma, en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo, que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden.

Sin embargo, la ausencia de “relación carismática” de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma. Aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional- popular.

En tercer lugar, el nuevo progresismo ya forma parte del sistema de partidos de gobierno en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar al viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, cuando objetivamente pudo enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al “sistema tradicional”. Lo que ahora se propone es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que le lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista; y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas, que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se consideran culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los “populistas igualados”; los “indígenas y cholos con poder”; las mujeres “soliviantadas”, los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y antiigualitarismo convertidos en valores públicos.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media

Y, finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no solo las consecuencias sociales del “gran encierro” planetario que en 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.

Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente, ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever, un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones. Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario, con clases medias rezando por “orden” a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos. Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausente, sin lo cual es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.

(*) Fragmentos del discurso pronunciado por el autor en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, al recibir el título de Doctor Honoris Causa; 5 de noviembre de 2021.

 (*)Álvaro García L. es matemático, con estudios en sociología (*)

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Guía para entender el Perú de Castillo

El problema es que en Perú la prensa ha elegido ser un jugador, más que un narrador de la realidad.

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:16

SALA DE PRENSA

Desde hace 20 años, al país se lo puede leer de dos formas. En Perú hay alternancia en el poder. ¡Es el milagro peruano! Es una de las economías que más creció, con estabilidad financiera y gran capacidad para atraer inversión extranjera. Un país donde el empleo urbano aumentó y la pobreza descendió consistentemente. A la vez, es un país donde la desigualdad va en aumento, con una mayoría que trabaja en el sector informal, o en el formal pero sin derechos laborales, con servicios básicos precarios o inexistentes en varias regiones y tremendamente racista contra su población andina y amazónica.

A Perú no se lo lee por filiación partidaria sino por ubicación geográfica. Mientras más lejos se esté del “milagro peruano”, menos se cree que éste sea real. Las zonas rurales más pobres, indígenas o campesinas, que para su supervivencia dependen más de la autoorganización que del Estado, votan en las presidenciales por opciones políticas que prometan más Estado, oportunidades y reivindicaciones socioculturales. Las zonas costeñas, desérticas y urbanas tienden a votar por opciones más de derecha, casi siempre de la mano de los distritos más ricos de Lima. A estos dos grupos solamente los une el conservadurismo social. En el medio, una clase media frágil, sin preferencias muy definidas, juventudes apolíticas y microempresarios que, abandonados a su suerte por el Estado, se han echado a los hombros la economía local. Resignado a pagar a empresas privadas por servicios básicos de calidad mediocre, este último grupo vive aterrorizado de que una crisis política lo haga perder todo lo que a duras penas ha logrado.

La división no es casual. La clase política capitalina supo aprovechar muy bien el crecimiento macroeconómico proveniente principalmente de los altos precios de los minerales para asentar un discurso de statu quo. En Perú no hubo un giro a la izquierda como en la mayoría de los países vecinos. Tampoco reformas de peso para la mejora de servicios, como en Uruguay y Costa Rica. Mucho menos se vio el ascenso de movimientos sociales indígenas, estudiantiles o de trabajadores como en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. En Perú, los políticos han dicho que para estar mejor no hay que hacer nada.

No es que la ciudadanía no esté viva. Perú es el país con el mayor número de conflictos socioambientales de la región y también tiene un elevado porcentaje de autoridades subnacionales revocadas por corrupción. No obstante, sin políticos con ambiciones de representación y con una estructura mediática centralista, es difícil que un peruano de las zonas urbanas o costeñas sepa qué reclaman sus compatriotas del sur o el oriente, y menos que se armen coaliciones nacionales. No se enteran de los largos viajes de las autoridades municipales rurales a los ministerios en Lima para conseguir más maestros para sus escuelas o simplemente acceso al agua. No saben de los reclamos ciudadanos por obras sobrevaloradas o malversación de presupuestos. Un peruano de las zonas urbanas no sabe nada hasta que la televisión le muestra un paro regional, una carretera bloqueada o un grupo de “radicales” dibujados como amenazas a la estabilidad nacional. Perú creció en reservas económicas y capacidad de gasto, pero adolece de empatía. Sigue sin poder cuestionarse la raíz de sus problemas porque lo han asustado diciéndole que lo que ese “otro peruano” quiere es arrebatarle todo lo que él ha logrado.

La prensa, ¿espejo del país? Con un país escindido, las elecciones se convierten en el único momento en que todos valen igual; pero ¿se puede ejercer la democracia en un país que no se conoce a sí mismo? El imaginario de nación del que hablaba Benedict Anderson está principalmente representado por lo que los ciudadanos de hoy alcanzamos a ver en los medios de comunicación masivos. El problema es que en Perú la prensa ha elegido ser un jugador, más que un narrador de la realidad. Desde la primera vuelta del 11 de abril pasado, los medios hicieron una cobertura tendenciosa de las preferencias electorales, siempre dando más luz a las nueve versiones de la derecha que participaron de la contienda. De un total de 603 entrevistas en campaña, Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (conservador), que hace ya décadas no tiene nada de “popular”, fue entrevistado 121 veces, mientras que Pedro Castillo solamente 17. El primero no llegó a 2% de los votos y el segundo ocupa hoy la silla de Pizarro.

Todo fue cuesta abajo durante el balotaje. Si ya era una campaña rica en miedos y pobre en propuestas, los medios la empobrecieron todavía más intercambiando la investigación por el proselitismo. Durante semanas, hubo numerosas tapas en los diarios nacionales contra Castillo y ninguna contra su contrincante. En las provincias, las noticias anunciaban la llegada de una suerte de mezcla entre comunismo y madurismo encarnada en cholos que, envalentonados, se apresuraban a invadir las casas de la “gente de bien”. En televisión, constantemente se desafiaban las leyes de medios que norman neutralidad e imparcialidad. Los conductores de los programas juveniles más vistos aireaban la bandera nacional y repetían los lemas de campaña de Fujimori meneando sus rubios y musculosos cuerpos, al tiempo que sostenían las botellas de jugo que les tocaba promocionar en el siguiente bloque.

Casi todos los medios de prensa emitieron comunicados explicando que los dueños tenían derecho a establecer una línea editorial. En retrospectiva, los mensajes parecían amenazas. Luego de que tanto las encuestadoras como el conteo de la autoridad nacional indicaran que Castillo había ganado, los medios iniciaron una campaña de negación y desinformación. El ya viejo deporte del terruqueo —acusaciones de terrorismo para descalificar a los adversarios políticos— fue pan de cada día contra quienes reconocían los resultados electorales. Todos los reflectores iban hacia los exmilitares, líderes de ultraderecha y hasta hispanistas que repetían a coro que, de ganar Castillo, se alzarían en armas para “defender la democracia y la paz”. A varios políticos les era más fácil argumentar en televisión que la Organización de Estados Americanos (OEA) y Joe Biden habían sido cómplices y compinches de un supuesto fraude que reconocer que Castillo había vencido en las urnas. Incluso los periodistas que cuestionaron esta versión tuvieron que abandonar sus puestos.

Así se pospuso la definición de los resultados del conteo final y, mucho peor aún, se arrojó sombra sobre el ideal de que el poder en América Latina se gana únicamente mediante los votos. Si ya las posibilidades de gobernabilidad de los presidentes peruanos estaban socavadas por el uso de las vacancias presidenciales como amenaza cotidiana, la deslegitimación de los resultados electorales abre una segunda caja de Pandora en la región, por la cual los perdedores se ven habilitados por otros poderes para no aceptar su derrota.

Una clase política que ya no representa a nadie, de la mano de una parte de la elite limeña con aires coloniales, que emplea los legítimos miedos de un país altamente incomunicado y dividido para decir una vez más que el otro, el que vota distinto, es el enemigo. La democracia, hasta que me convenga: esta parece ser la consigna en el Perú del bicentenario.

(*) Fragmento del artículo Una guía para entender el Perú de Pedro Castillo.

Revista Nueva Sociedad. Nro. 295 Septiembre-octubre 2021.

 (*)Zaraí Toledo O. es doctora en Ciencia Política (*)

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Para salvar a Evo hubo mucha generosidad de muchos

Serrano, autor del libro testimonial ‘Evo Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días’

Alfredo Serrano Mancilla, director del Celag, acaba de publicar el libro ‘Evo Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días’

Por Iván Bustillos

/ 21 de noviembre de 2021 / 18:02

El punto sobre la i

Como dice, él vivió “en primera persona” la salida del expresidente Evo Morales de Bolivia, tras su derrocamiento el 10 de noviembre de 2019. Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), hace poco publicó el libro Evo Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días (Buenos Aires, Argentina. Sudamericana, 2021). A diferencia de otros textos que se han escrito sobre el tema, este acaso sea el testimonio que el autor casi estaba obligado a dar, como el testigo de un caso que ante el fiscal debe declarar, como dicen los abogados, “todo lo que ha visto y que le consta”. Es más, en este caso, ya no declararía como testigo, sino, como diría un fiscal, en su “calidad de sindicado”. Y es que él ayudó en la salida de Morales del país; por eso, se esté o no de acuerdo con el pensamiento de Serrano, para la historia, su texto es invaluable.

— ¿Cómo empieza esta historia?

— El domingo 10 de noviembre en la noche, ya cuando Evo había renunciado, me llamó Álvaro García. Y así empieza el libro, literalmente; lo que dice Álvaro [lee el libro]: “Estamos en el monte, muy adentro, debemos salvar la vida de Evo; él no quería salir del país, pero ha entendido que no le queda otra opción; debemos cuidar su vida y la del proceso de cambio en Bolivia. Por favor, hermano, haz todo lo que puedas para poder ver cómo sacamos a Evo de acá, vivo”. Yo le digo que vamos a intentarlo y llamo a Alberto Fernández [entonces presidente electo de Argentina], y él me dice vamos a intentarlo a través del presidente argentino [Mauricio Macri]; a ver si es posible mandar un avión para ir a buscar a Evo; pero a sabiendas que era difícil. Después, me llama y dice: “Evidentemente lo de Macri ha sido denegado; no ha querido ayudar humanitariamente a Evo Morales”.

— Había pocas opciones.

— El presidente Fernández me dice: “Vamos a intentar una segunda cuestión, el gobierno paraguayo; yo tengo una buena relación con el presidente [Mario] Abdo”. Y yo le dije que puedo intentar con el gobierno mexicano, dado que horas antes estuve con el vicecanciller mexicano para América Latina. Veinte minutos después tuvimos respuesta positiva de ambos gobiernos. A pesar de que el gobierno paraguayo ideológicamente es distinto al de Evo Morales, el presidente Abdo aceptó de buena gana poner un avión para humanitariamente ayudar a rescatar la vida de Evo.

— ¿Cómo se decidió México?

— Devolví la llamada a Álvaro y Evo para consultarles cuál de las dos opciones querían, la paraguaya o la mexicana. Evo decidió por la mexicana. — Hay la versión aquí de que para el gobierno transitorio lo mejor era tener lo más lejos posible a Evo; que por eso, se dice, se le facilitó la salida del país; como que se le salvó la vida, incluso.

— Yo viví en primera persona todo esto. Fue sumamente complicado.

Tanto fue así que el avión mexicano hizo un primer intento y las torres de control bolivianas, ya bajo el golpe de Estado, no permiten que entre el primer avión, aduciendo cuestiones administrativas, y el avión tiene que retornar a Lima. No solo eso. El avión [mexicano], ya en el aeropuerto de Chimoré, tiene una grandísima dificultad para despegar y salir de Chimoré a Asunción del Paraguay, teniendo todos los permisos aéreos. En el fondo, los dejar ir, porque el golpe de Estado sabe que si no los dejaban ir en ese momento, hubiera habido una masacre en el mismo aeropuerto, que no hubiera tenido parangón en la historia latinoamericana, porque había muchísima gente acompañando a Evo, Álvaro y Gabriela [Montaño] en el aeropuerto; y no se iban a ir de allá hasta que el avión despegara; eran miles. Esto explica que lo dejaran ir, porque lo que querían era tener a Evo Morales muerto.

— Hay una circunstancia que cuentas: había que calcular el tiempo que Evo y Álvaro tenían para llegar al aeropuerto y directo subir al avión.

— Sí. Yo le escribí a Álvaro García que teníamos que calcular que había una hora y 36 minutos de vuelo del avión desde Lima hasta Chimoré, y que ese era el tiempo exacto en el que ellos tenían que desplazarse desde el lugar donde estaban hasta el lugar del avión; no podían estar esperando en el aeropuerto como personas normales porque la situación no era normal. Y, efectivamente, en el primer intento fallido, cuando nos avisan que el avión no ha podido entrar en Bolivia y tiene que regresar a Lima, yo vuelvo a mensajear a Álvaro para decirles que por favor retrocedan inmediatamente, porque el avión no va a llegar… Por eso yo digo que todo parece de película, parece que el libro es una novela de intriga, pero es que ocurrió así, literalmente.

— De esas circunstancias han debido haber muchísimas.

— Hubo miles. Una es el momento en que yo le pregunto a Álvaro si tienen pasaportes, cuando estamos preparando el operativo, y Álvaro se ríe, por no llorar, como diciendo “Alfredo, no; hemos salido con lo puesto y jamás pensábamos que teníamos que salir del país”. Esa era una dificultad añadida. O cuando en un momento determinado Evo ya estaba en la lista de Interpol Alerta Azul, que había puesto el ministro [Arturo] Murillo; recuerdo que había mucha tensión porque él tenía que viajar a Argentina, quería estar allí, más cerca de Bolivia. Tuvimos que consultar incluso a Rafael Correa, por la experiencia que él tenía de haber sido perseguido, y recuerdo este tipo de casi conversaciones surrealistas de dos expresidentes perseguidos, poniendo el conocimiento jurídico internacional respecto a este caso. O cuando llegamos a la Quinta de Olivos [la residencia presidencial argentina] a ver al presidente Fernández, ya asumido; íbamos en un coche absolutamente pequeño, parecíamos casi repartidores de pizza. Otra anécdota fue de la mujer que se va de la casa el primer mes de la estancia de Evo en Argentina, solo con el propósito de alojar a Evo, por generosidad; en el barrio Colegiales. Cuando la gente decía que Evo había comprado la casa, un montón de especulaciones falsas. Yo creo que hubo mucha generosidad por parte de mucha gente en Argentina, en México, en América Latina, para dar una lección de que no hay tanta gente mala en el mundo, sino que hay mucha gente solidaria. Esa es una de las cuestiones más lindas que voy narrando en el libro.

— Parece que en Asunción, creo, para salir les pidieron que paguen el combustible del avión en cash, efectivo, 5.000 dólares.

— Eso pasó en Lima. Allí sentimos que algo estaba pasando. El chico mexicano civil que iba en el avión nos avisa que están poniendo muchas zancadillas y obstáculos, y en un momento determinado, las autoridades aeroportuarias nos dicen que había que pagar en cash, en efectivo, el repostaje del combustible. El embajador de México en Perú tuvo que hacer lo inimaginable, volver a la ciudad, volver a la embajada, buscar ese efectivo, para poder pagar el combustible, de una manera surrealista en el siglo XXI.

— Parecería que ya en México todo estaba resuelto, Evo y los demás a salvo, pero no, temían por su seguridad; temor por el viaje a Argentina.

— Nosotros teníamos mucho miedo, porque se había puesto precio a la vida de Evo, incluso, el gobierno mexicano, por seguridad, los primeros días le alojó en un lugar militar. Y en el viaje a Argentina, Evo quería volar normal, en vuelo comercial. Había muchas especulaciones, cada quien decía una barbaridad mayor, que el vuelo venía de Corea del Norte, de Venezuela, de Cuba. Pero él voló en vuelo comercial, en Aeroméxico, de hecho, en el libro está el pasaje. Él se sentó en zona económica, acompañado de tres personas, no más, entre ellas Gabriela Montaño. Él llegó a Argentina en un vuelo comercial, en un avión repleto de gente normal.

— En Argentina, hay un hecho que como Celag les tocó ver de cerca: la elección de octubre de 2020, con Luis Arce como candidato del MAS, el tema del conteo rápido. Como sabes, en Bolivia estábamos como a oscuras, apenas un día antes se anunció la suspensión del conteo rápido del Tribunal Electoral. Las encuestas de intención de voto daban casi un empate entre el MAS y Comunidad Ciudadana.

— Sí. Nosotros, como Celag, tenemos una experticia en sistemas de conteo electoral rápido y dado el precedente de 2019, cuando la OEA con sus informes preliminares cometió tanto atropello a la democracia, queríamos acompañar precisamente para tener números propios esa noche, más cuando, como dices, de una manera insospechada el día anterior se eliminó el conteo preliminar. Había un equipo de trabajo de la propia candidatura de Luis Arce que iba a tener un procedimiento y nosotros lo que queríamos era complementar con un sistema que ya lo habíamos probado en muchos países, para tener datos propios de las mesas, una muestra amplia muy clara que es infalible. Esa noche teníamos un equipo de 15 personas trabajando, íbamos mirando cada corte con lupa, y lo íbamos comunicando al propio Luis Arce, a Evo Morales, a Alberto Fernández, que estaba muy preocupado, cómo iban dándose esos cortes, y efectivamente cuando nosotros vimos la evolución de esos números, estábamos muy tranquilos; acuérdate que esa noche tampoco salieron las consultoras en boca de urna, no dieron en la hora prevista, tardaron tres o cuatro horas en dar los números. Nosotros teníamos la tranquilidad de que estadísticamente, con el sistema nuestro, sabíamos sí o sí que la victoria estaba garantizada en primera vuelta por goleada; eso lo vimos desde el primer minuto, y le íbamos comunicando al vocero de la campaña, Sebastián Michel, al candidato Luis Arce, a María Nela Prada. Luego salió la primera consultora en boca de urna, tardíamente, a corroborar lo que nosotros habíamos dicho internamente un par o tres horas antes.

— Cuentas en el libro que ustedes tenían el resultado 47-28-14 (MAS-CC-Creemos).

— Era, y lo explico en el libro, porque no entraban los datos de Potosí; dependemos de los testigos electorales, pero hubo un problema allí que los datos de Potosí no terminaban de llegar, tampoco llegaban los datos del extranjero; pero aun con eso veíamos que no había manera de dar marcha atrás esa victoria.

— Nadie, al parecer, esperaba un resultado así, la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana.

— Sí, no había una expectativa de un triunfo tan abrumador; los que más, esperaban una victoria en primera vuelta, más bien por la mínima. Al final es una lección: la ciudadanía boliviana no solo votó a favor del proyecto de Luis Arce, del proyecto de cambio, sino también votó en contra de un golpe de Estado, contra una manera de hacer política.

— ¿Qué recuerdas del retorno de Evo Morales a Bolivia?

— La última vez que lo vi, en Buenos Aires, Evo era otra cara; la cara se le había transformado, de felicidad, de contento; lo mismo a Álvaro.

— Esté uno de acuerdo o no con el MAS, no deja de sorprender que un partido echado del poder un año antes luego vuelva con 55%…

— Sí, efectivamente, creo que es una lección para toda América Latina; un golpe de Estado no asesina, no aniquila una forma de pensar políticamente; la ciudadanía boliviana mayoritariamente hoy día no quiere el modelo neoliberal, quiere el proceso de cambio, seguramente con sus críticas. Pero aun con eso, porque así es la vida, es un hecho muy poco usual, después de un golpe de Estado, retomar la democracia tan rápido, con 55% dice mucho de lo sólido del proceso de cambio.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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La crisis y los dos tercios

Hay 22 disposiciones constitucionales vigentes que resguardan los dos tercios.

/ 21 de noviembre de 2021 / 17:43

DIBUJO LIBRE

La crisis multidimensional: política, sanitaria, económica, educativa e institucionaldemocrática, generada por la comunidad de actores políticos y, además, heredada por el régimen de transición va, de a poco, superándose a pesar de la aparente pacificación no consolidada.

La crisis sanitaria está siendo atendida con indicadores por demás ponderables; la tasa de letalidad de 6,2% en la primera ola pasó al nivel más bajo de toda la pandemia, con 0,96% a noviembre de 2021, producto del proceso de inmunización ( fortalecimiento de defensas) y la vigilancia epidemiológica activa. Más de 54,4% de la población adulta en Bolivia fue vacunada con las más de 7,9 millones de dosis, entre primeras, segundas, terceras y únicas.

Sobre la crisis económica, más que indicadores y porcentajes que no dilucidan nuestras dudas, podemos decir con certeza que ya hay “platita” en los bolsillos; entonces, los procesos de reactivación y reconstrucción económica están teniendo el efecto debido.

Se están haciendo esfuerzos para resolver la crisis educativa. Volver a clases presenciales no es la solución plena, ni entregar textos educativos para el sistema regular público a punto de finalizar la gestión, o tener a un ministro del área imputado por corrupción. Aún falta fortalecer ese proceso y de seguro tomará tiempo, pero ya se ve gestión pública al respecto.

La crisis institucional-democrática fue originada por el régimen de transición, cuando teníamos en el país un Legislativo que sancionaba leyes que el Ejecutivo no quería promulgar, o cuando el Ejecutivo pretendía subordinar al Judicial, o cuando el Electoral sin autorización legal del Legislativo pretendió postergar elecciones generales. Hoy, esas dicotomías institucionales se ven superadas por la consolidación de la separación de órganos democráticos de poder, como dispone nuestra Constitución.

Con la reconstrucción del poder político en el país, se resuelve en primera instancia la crisis política en los niveles: nacional (con la elección de presidente, vicepresidente, senadores, diputados, representantes supraestatales y diputados de circunscripciones especiales), subnacional y local (4.962 autoridades entre titulares y suplentes, 583 departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales), lo que permitió una reorganización de la administración de espacios de poder en toda Bolivia, mediante el único mecanismo constitucional permitido para ello: procesos electorales de democracia representativa.

El soberano se pronuncia para la elección de autoridades mediante las urnas, que son el lugar y momento en que, además, al depositar el voto, delega su “fracción” soberana nominalmente. Es decir, las autoridades electas son tales por delegación (encargo) de los electores (el pueblo), por ello se entiende que ir en contra del mandato popular es desobedecer al legítimo soberano.

Entonces, ante los escenarios de conflictividad, ¿qué “pueblo” tiene la razón, el que se moviliza o el que quiere trabajar? Las probabilidades de coincidencia o disidencia al respecto dependerán desde qué lugar de la acera política afirmemos determinada posición. Lo que no implica que ante las medidas de presión regionalizada solo se escuche a una “parte del pueblo”, que ejerce su derecho a la protesta, vulnerando el derecho “del otro pueblo” a trabajar.

Coincido en que a veces se tiene que perder para ganar en política, pero con el único fin de que el gobernante atienda a sus gobernados y así evitar profundizar antagonismos entre las fracciones de “pueblos”. En la concepción del Estado nación de naciones es viable referirnos a “los pueblos” en la óptica plurinacional intercultural; pero en ningún caso segmentarnos a partir de confrontaciones regresivas.

La abrogación de la Ley 1386 es un hecho. Si se pretende aún polarizar con medidas como el “paquetazo” o los 2/3, es incurrir en una nueva irresponsabilidad política, cuando la realidad jurídica al respecto es otra. Se debe impedir que la desinformación gane otra batalla porque el paquetazo es inexistente.

Sobre los 2/3 ya se activaron recursos jurídicos contra la Resolución Camaral Senatorial 128/2019-2020, que modificó los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111 167, 168, 169 y la disposición final segunda del Reglamento de la Cámara de Senadores y que fueron de conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los autos constitucionales 249 y 250 (ambos de la gestión 2020) resolvieron rechazar las acciones de inconstitucionalidad abstracta planteadas, porque este instituto procesal constitucional tiene la finalidad de ejercer el control de constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; es decir, se presenta contra toda norma no judicial que contravenga el mandato de la CPE; se advierte, entonces, que no se planteó idóneamente los recursos debidos, cuando la activación debió ser el recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo (artículo 139 del Código Procesal Constitucional); sin embargo de ello, los legisladores están facultados para modificar sus reglamentos administrativo-legislativos en el ejercicio constitucional de sus atribuciones tuteladas por nuestra ley fundamental.

Asimismo, hoy existen 22 disposiciones constitucionales vigentes que resguardan los 2/3 para toma de decisiones político-legislativas, con la reserva además del art 163.4 de la Constitución, que dispone en el procedimiento legislativo que los proyectos de ley serán aprobados (en grande y detalle) por mayoría absoluta de los miembros presentes, no así por 2/3.

Así, tenemos las normas constitucionales que disponen la exigencia de los dos tercios: artículos 158.I.4 y 206.III sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elegir a seis miembros para el TSE en el OEP; el artículo 158.I.18 para acordar la censura de ministros de Estado luego de su interpelación; artículos 159.4 y 160.4 para aplicar sanciones a diputados y senadores según sus reglamentos; artículo 160.6 para juzgamiento y sentencia en única instancia a los miembros de los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia, Agrario y del Consejo de la Magistratura por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; artículos 182.2, 187, 194 y 198, por los que la ALP realiza la preselección de postulantes a las máximas magistradas judiciales del país (TCP, TSJ, TA y CM); artículo 184.4 para autorizar juicios de responsabilidades contra Presidente y Vicepresidente del Estado; artículo 206.V por el que la Cámara de Diputados elige a los miembros de los Tribunales Electorales Departamentales; artículos 214 y 230.III sobre la designación y objeción del Contralor General del Estado; artículo 220, sobre la designación del Defensor del Pueblo; artículo 227 para la designación de la Fiscal General del Estado; artículo 262.I sobre la excepción vía ley de derecho propietario para un extranjero en zonas de seguridad fronteriza (50 km de la línea de frontera); artículo 271.II en caso de nueva ley Marco de Autonomías y Descentralización; artículo 275 para aprobar proyectos de Estatutos o Cartas Orgánicas y remisión a control de constitucionalidad; artículo 280.III para constituir autonomía regional; artículo 411.I sobre la reforma total de la CPE y la aprobación final del nuevo texto constitucional; artículo 411.II sobre la necesidad de ley de reforma constitucional parcial y posterior remisión a referendo popular aprobatorio.

Superamos la crisis política mediante las urnas y toda solución debe plantearse sí y solo sí por las vías democráticas.

(*)Israel Quino R. es abogado y periodista.

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