SALA DE PRENSA
El 9 de diciembre, Marco Pumari, el segundo dirigente más importante de las protestas contra el presidente boliviano Evo Morales en 2019, fue arrestado en Potosí tras un aparatoso operativo policial. Un juez dictaminó seis meses de prisión preventiva mientras se realiza su juicio. Debe cumplirlos en Llallagua, una localidad minera en la que él no reside pero que las autoridades consideran más segura que Potosí, la capital regional, donde Pumari cuenta con el apoyo de la población. [N.E. El 21 de diciembre, otro juez determinó reducir la prisión preventiva a cuatro meses y el traslado de Pumari a la cárcel de Cantumarca, en la ciudad de Potosí].
Se lo acusa de haber provocado el incendio y saqueo del Tribunal Electoral de Potosí en los días posteriores a la elección del 20 de octubre de 2019, que la oposición consideró fraudulenta. Poco después de que el candidato que saliera segundo en esa elección, Carlos Mesa, acusara a Morales de haber cambiado los resultados de las urnas, hubo ataques de multitudes enardecidas contra las oficinas electorales en las ciudades de Potosí, Sucre y Santa Cruz de la Sierra. Pumari era entonces el presidente del Comité Cívico potosino. Esta institución es, junto con el Comité Cívico de Santa Cruz, la que más antagoniza con Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS).
La detención de Pumari fue aplaudida por los militantes oficialistas, la mayoría de los cuales considera que el programa de enjuiciamiento de los principales protagonistas del derrocamiento de Morales en 2019 se desarrolla con excesiva lentitud. Un vocero de la poderosa Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que forma parte del Movimiento al Socialismo (MAS), declaró: “Nosotros respaldamos plenamente la detención del señor Pumari, pero no es suficiente, esto es apenas el inicio de la justicia. Nosotros exigimos también la aprehensión de todos los golpistas”. Y a continuación mencionó los nombres de casi todos los jefes de la oposición, inclusive el compañero de Pumari en la elección presidencial de hace más de un año, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El 14 de diciembre, Camacho no pudo llegar a la opositora ciudad de Potosí a coordinar con los dirigentes cívicos, una reacción movilizada contra la detención de Pumari, porque los campesinos bloquearon el camino para que no lo lograra. Al explicar este percance, Camacho habló de “hordas masistas” que actuaron “como terroristas” en contra suyo y de su comitiva. Desde el oficialismo le respondieron que los bloqueadores querían sanciones para los crímenes del gobierno interino de Jeanine Áñez, cuya formación fue respaldada tanto por Camacho como por Pumari. El MAS cree que la quema de los tribunales electorales el 21 de octubre de 2009 fue parte del golpe de Estado que terminaría con la presidencia de Morales tres semanas después.
Esta es, más o menos, la tónica del debate boliviano. Estos, también, son algunos de los clivajes que dividen al país: campo versus ciudades; indígenas versus no indígenas; comités cívicos versus sindicatos; Santa Cruz, Beni, Potosí y Tarija, en el oriente y el sur del país, versus las regiones del occidente y el norte (donde está La Paz). Y, por supuesto, la división en torno a las dos opiniones sobre el derrocamiento de Morales y sobre el carácter del gobierno de Áñez, si fue un ataque a la democracia boliviana o un intento fallido de salvarla de una “dictadura” previa.
Las detenciones de los opositores al MAS, acusados de ejecutar un golpe de Estado contra Morales, alimentan esta polarización que mantiene al país en una constante tensión. Más de una decena de ex-jefes militares está en prisión por haber “sugerido” a Morales que renunciara al final de la crisis electoral; los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía en 2019 se hallan prófugos de la justicia. Y, como se sabe, la expresidenta Áñez también está en la cárcel. Hace poco se la acusó formalmente de dos delitos menores: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que se penan con dos años de prisión. También está siendo investigada por sedición, conspiración y terrorismo, cargos que, de probarse, podrían mantenerla encerrada durante 20 años.
El procesamiento de estos cargos más graves no avanza. Resulta paradójico que Áñez sea investigada por su papel en la caída de Morales, que fue menor al de Camacho, a quien los fiscales no se han atrevido siquiera a convocar para que testifique. Cada vez que lo intentaron se generó un enorme malestar en la región del gobernador. (En cambio, sí convocaron al expresidente Mesa, el cual se negó a declarar para no incriminarse. Y no se lo procesó). Una de las razones por las que Áñez ha sido involucrada en este juicio es que el oficialismo no puede armar un juicio de responsabilidades por sus acciones como presidenta interina, porque para ello requeriría de una autorización de dos tercios de los parlamentarios, una mayoría con la que no cuenta.
El presidente Luis Arce está en el gobierno desde hace más de un año y no ha logrado encaminar las acciones judiciales para establecer la responsabilidad de la clase política en los dramáticos sucesos que antecedieron y sucedieron a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. No quiere frenar las acusaciones contra ninguno de los políticos opositores ni tampoco actuar como el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, impulsando el arresto de dirigentes de partidos políticos que gozan de popularidad, como Camacho y Mesa. Un camino intermedio parece ser ocuparse solamente de los objetivos “fáciles”, como Marco Pumari, cuyos días de gloria política ya habían pasado bastante antes de su detención. Sin embargo, en caso de ser esta la estrategia, implica dejar a los demás dirigentes opositores (a Camacho y a Mesa, en particular) en el limbo jurídico, lo que podría impedir que el oficialismo supere alguna vez “la cantinela del golpe de Estado”, como la llamó un político opositor. Al mismo tiempo, la falta de un cierre para la serie de acusaciones judiciales impide que el gobierno pueda plantearse un proyecto constructivo que reconcilie al país o al menos le “quite pólvora” a la polarización. “Tanto el oficialismo como la oposición están subordinando sus estrategias de más largo plazo a sus tácticas de confrontación”, opina el sociólogo Fernando Mayorga.
Las encuestas muestran dos hechos contradictorios entre sí: mientras una parte creciente de la población está molesta por esta animosidad de los políticos, los dos bandos cuentan con un respaldo parecido (alrededor del 40% cada uno, aunque la oposición está dividida en varias facciones).
El problema ha demostrado ser demasiado complejo para las ideas y los recursos del gobierno. El presidente Arce es un reconocido economista pero carece del brillo político de su antecesor, Evo Morales. Arce ha dejado que “las cosas sucedan”, sin tratar de organizarlas dentro de un plan premeditado e inteligible. Con ello, realmente nadie sabe, ni siquiera dentro del gobierno, si la persecución judicial irá más allá, hasta abarcar a las principales figuras de la oposición, o no. Es probable que esta incertidumbre siga existiendo durante todo el periodo presidencial. Esto ha llevado a varios analistas a pronosticar que la polarización se transformará en un mal crónico. En este momento, muchos otros países, de Estados Unidos a la Argentina, viven una parecida división social de largo plazo.
(*) Fragmento del artículo Luis Arce y el MAS: gobierno sin hegemonía. Edición digital de Nueva Sociedad, de diciembre de 2021: https://nuso.org/articulo/arcee v o – m o r a l e s – bolivia/?utm_source=email&utm_medium= email&utm_campaign=email
(*) Fernando Molina es periodista y escritor (*)