Recuento de 2021: un año de recomposición política
El replanteo de su poder del MAS y la oposición, el cierre del ‘caso fraude’, la restitución del ‘caso golpe’, el informe del GIEI, algunos temas.

El punto sobre la i
Apenas un recuento de los temas más relevantes que vio el suplemento, le ofrece, amable lector, Animal Político en la presente entrega. Acaso fue el año de la recomposición en varios ámbitos de la vida política del país: el impulso que tuvo el Gobierno nacional en la gestión económica y de la salud, principalmente; el asentamiento más bien hacia la radicalización de las oposiciones, la partidaria y las cívicas; la rápida evolución del cierre del “caso fraude”, de la profusión de juicios relativos al “golpe de Estado”, pero sobre todo el avance que hubo en el esclarecimiento y los primeros pasos hacia la justicia en los casos de violación de los derechos humanos en 2019, con el trascendental informe del GIEI.
De primera, sorpresiva fue la muerte de El Mallku, en enero. La lectura que propuso el suplemento era que con esta partida si bien se cerraba el ciclo del radicalismo aymara de “las dos bolivias”, acaso el propio Mallku ayudó a plantar la semilla del nuevo movimiento identitario aymara sobre todo urbano.
Ya en el ambiente electoral, un hecho que se destacó en el semanario fue de nuevo los problemas que tiene el MAS con los liderazgos locales, siendo la abrumadora victoria de Eva Copa en El Alto, lo que mejor ilustró el desacierto de la designación desde arriba del candidato, el no percibir la emergencia de nuevos liderazgos; no se debe olvidar que apenas cuatro meses antes, el MAS ganó en El Alto nada menos que con 77% y Copa le ganó al MAS 69% contra 19%. No es lo mismo (la elección nacional y la municipal), se dirá; cierto, pero pudo serlo con Copa candidata masista.
Y, sí, como en otras elecciones subnacionales, las de marzo de 2021 de nuevo fueron los comicios de la restitución del contrapeso, la recomposición del equilibrio del poder nacional frente al regional.
Como tema recurrente, en 2021 el suplemento se ocupó además de la suerte de restitución en la agenda pública del “golpe o fraude”, con la revisión más exhaustiva de la “sucesión constitucional” hacia Añez, el debate jurídico y político sobre lo que verdaderamente fue, sucesión o toma, y es que ahora vino la inevitable oleada de los juicios por “el golpe”; y, claro, el otra vez urgente debate acerca del “fraude”. En esto último es que Animal Político viene trabajando insistentemente desde 2020, hubo hechos determinantes, fácticos: a fines de julio, un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca (España) finalmente presenta una pericia informática que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunciaba desde 2019: la Fiscalía había tomado el Informe Final de la OEA como base para su investigación del “fraude” (con ello llevó a prisión preventiva a 45 vocales departamentales y todos los vocales del TSE), y efectuadas todas las indagaciones, llegó a la conclusión de que necesitaba la “última” prueba que coronara lo denunciado por la OEA, la modificación del resultado, que se había cambiado las cifras y, para ello, precisamente hacía falta una pericia informática. La misma llegó diciendo que hubo faltas, hasta graves, denunciadas por la propia OEA, pero que no se vio modificación del resultado; no hubo fraude.
Pero también fue decisiva la conclusión de los fiscales, al margen de la pericia de Salamanca: siendo lo central del escrutinio de votos el cómputo oficial, que se hace desde la mesa electoral, pasando a los tribunales departamentales y, recién desde allí, a la sala nacional, dice la Fiscalía, lo que pudo haber pasado en el conteo rápido (el TREP), siendo otro proceso, no pudo incidir en el conteo oficial; no se encontró delito electoral.
Consecuencia de esto nomás luego fue el sobreseimiento de todos los vocales electorales, nacionales y departamentales.
El caso fraude en la investigación fiscal está cerrado; pero, como dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, cualquier ciudadano lo puede plantear de nuevo, siempre y cuando presente pruebas distintas o mejores a las ya analizadas.
Y, claro, a consecuencia de lo anterior, fue ineludible agenda todo el cuestionamiento que por el “caso boliviano” se hace a la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la Secretaría General de Luis Almagro.
Otro tema de relevancia a que prestó mucha atención el suplemento fue el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que finalmente fue publicado el 17 de agosto.
Hecho de trascendencia porque era la culminación de casi nueve meses de trabajo de un equipo de primer nivel en el estudio de Derechos Humanos.
El suplemento le dedicó cinco entregas consecutivas, y cada una de sus tapas refleja lo que se consideró más relevante del Informe: La justicia y la fuerza pública como el gran rezago de la democracia boliviana; la violencia racista, la mayor herida de 2019; que pese a la extensión del Informe (471 páginas) todavía hay muchas cuestiones por investigar, la reiterada crítica que los Expertos hacen a las fiscalías por la forma cómo actuaron en 2019 y 2020, y cómo hay instituciones que se resisten a proporcionar la información necesaria; y, uno de los mayores reclamos del Grupo: el imperativo de que replante “el uso de la fuerza pública” en la represión de las manifestaciones de protesta, la insistente exhortación a que policías y militares revisen sus principios en Derechos Humanos; y, aunque desde la perspectiva crítica al Informe, la necesidad de una mayor reflexión acerca del rol que jugaron los medios de comunicación en la crisis de 2019.
¿La polarización? Claro que sí se le siguió el paso, pero en verdad, 2021 no fue sino un año más de esta realidad política, que viene por lo menos desde febrero de 2016 y que con seguridad continuará este 2022.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.