jueves 20 ene 2022 | Actualizado a 22:19

¿Cuánto de inclusivo es el ‘modelo cruceño’?

No es cierto que Camacho sea el ala radical y Costas la moderada, pues no son lo mismo, son opositores entre sí.

Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo.

/ 9 de enero de 2022 / 19:27

El punto sobre la i

Cuando a fines de diciembre el vocero presidencial, Jorge Richter, definió de “agotado” el “modelo cruceño”, a raíz del destape del caso Ítems fantasma (un hecho de corrupción extendida), en el día, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en sus redes sociales, salió al paso devolviendo gentilezas:?“El modelo que se agotó es el de ustedes. El autoritario, el que usa la justicia como brazo operativo, el que pisotea los derechos de la gente y se impone a la fuerza”. De ahí en más, como sugirió un medio colega, el problema, el debate, sería saber cuál de los dos “modelos” es el mejor. En la presente entrega se propone que el fondo de la crítica de Richter y que desde Santa Cruz debieran saber responder es el carácter más o menos inclusivo de su modelo de desarrollo y la forma de institucionalidad, de “sociedad”, que construyó sobre ese modelo de desarrollo. Asume el desafío, desde su disciplina, la historiadora cruceña Paula Peña.

Ahora, esta interpelación ¿no tendría que hacérsela también a todas las regiones?: ¿y el modelo paceño, el tarijeño, el potosino, etcétera? Pero bueno, ese es otro debate. Van nuestros panelistas, cada cual con lo suyo.

El “modelo cruceño”, se apura a precisar Richter, es el desarrollo de “una forma de organización de sociedad, donde determinados sectores, conformados por familias tradicionales, castas familiares y poder económico, ciertos sectores de oligarquía, se han apropiado de la representación política, se han apropiado del dominio social sobre las principales instituciones de Santa Cruz y han conformado un poder privado, de casta política, que es el formato de las logias. Con todo ello, han cooptado las principales instituciones del departamento, llámese CRE, Saguapac, Cotas, colegios de profesionales, cámaras industriales, Gobernación y, en otro tiempo, la Alcaldía”.

Todo ello le confiere a este poder de casta, dice Richter, “un poder integral, que es económico, político, social, y eso se ha convertido en un modelo”.

DISTRIBUCIÓN. Cuando el gobernador Camacho dice que “el modelo cruceño sigue generando empleo y produciendo el alimento de más del 70% del país”, Richter apela a no reducir el modelo a la pura productividad económica. “Hay que tomar en cuenta que los modelos no solamente son una cuestión de acumulación económica;?Santa Cruz, en ello, es exitoso, genera recursos, genera acumulación, pero concentrada en pocas manos, sin un factor de distribución importante”.

Es este modelo productivo cruceño, “más la conformación de una organización social y política del departamento”, plantea el Vocero, lo que “estructura un modelo excluyente, conservador, que tiene todas las características propias de lo que son los modelos neoliberales”.

Es este el modelo agotado al que se refiere Richter. “Agotado porque es excluyente, que se corrompe; que ese había sido el eje del dominio tan conservador y cerrado en estas instituciones y que a través de estas lógicas lo que han buscado es exportar al resto del país, por eso la confrontación”.

Modelo agotado, dice desde otro lado, “porque es excluyente, porque no incorpora a los grandes sectores sociales, porque no redistribuye y porque preserva la institucionalidad cruceña para unas cuantas familias”.

En cuanto a los liderazgos de Camacho y Costas, que con las mutuas acusaciones de corrupción o de ser cada cual a su modo “funcionales” al MAS (su “aliado”, “cercano” o hasta “cómplice”), y que en Creemos habría que ver la radicalidad y en Demócratas lo moderado, Richter afirma que ambos no son tanto tendencias, sino solo formas diferentes de liderazgo.

“Lo que pasa es que son dos liderazgos distintos; el de Camacho es un liderazgo que solo tiene vigencia cuando tensiona y convulsiona una sociedad; algo diferente de lo que hacía Costas; él tenía violencia discursiva, pero no tanto una violencia de acción, que es lo que Camacho tiene, acompañada de una fuerte virulencia discursiva. Eso uno”. 

Y, dos, “hoy en día no es que ellos estén confrontados, sino que la crisis que ha producido este modelo, donde ya interviene la justicia, cuando ya hay gente que está siendo investigada y detenida, una larga lista de personas de la sociedad que pertenecen a estos clanes y castas familiares, las disputas (entre ellas) terminan siendo profundas; cuando ya se está investigando, buscan el sálvese quien pueda”.

Hay la necesidad de “democratizar el poder político, económico, social e institucional de Santa Cruz”, interpela Richter, “porque hoy día eso está en unas cuantas manos, que son los poderes privados de las logias, y que tienen en sus manos todas las instituciones de Santa Cruz. Es necesario un proceso de inclusión de los sectores sociales, populares, de los diferentes estamentos de la sociedad cruceña que no necesariamente tienen la posibilidad de ser parte de estas castas familiares, y de las logias”. 

LOGIAS. Por su lado, la historiadora cruceña Paula Peña cuestiona el mito de que las logias sean un patrimonio exclusivo de Santa Cruz. “Hay logias a nivel nacional y en los distintos departamentos; lo que sí pasó en Santa Cruz es que han sido develadas. Hay logias a nivel nacional que han dominado este país los últimos 60 años”.

“Pero, decir que las logias son exclusividad de Santa Cruz no corresponde a la realidad boliviana, por un lado; por otro, no afirmaría yo que la élite cruceña o los grupos más dominantes cruceños sean los que pertenecen a las logias; por el contrario, más bien las logias están formadas por gente de clases medias”; grupos sociales que a través de las logias han buscado tener presencia en algunas instituciones, “pero los grupos más poderosos, en términos económicos, no son los que pertenezcan a las logias”, precisa la historiadora.

En cuanto a los actuales liderazgos cruceños, pese a que Creemos ganó la Gobernación, Peña es categórica en afirmar que el verdadero partido de proyección nacional es el Movimiento Demócrata Social-Demócratas. 

“Demócratas ha sido probablemente la más exitosa construcción política hecha desde Santa Cruz, porque ha tenido un carácter nacional”; además de haber ganado la Gobernación cruceña tres veces, no es menor su presencia en varios municipios del país, desde provinciales hasta capitales de departamento, destaca Peña. 

Más todavía, en últimas, Creemos no se le compara, apunta. “No se puede comparar Demócratas con Creemos, porque éste es sencillamente una agrupación nueva, circunstancial, mientras que Demócratas se constituyó en un partido político de alcance nacional”.

 Ante la percepción de que Camacho y Creemos serían el ala radical del liderazgo cruceño, y Costas y Demócratas serían el ala moderada, Peña más bien protesta. “No se puede leer así. Demócratas y Creemos no están en el mismo lugar; es realmente una muy mala percepción pensar que los dos forman parte de un mismo grupo, que uno es moderado y el otro radical. En todo caso, creo que son dos grupos totalmente enfrentados”.

A la fecha, asevera Peña, hay una suerte de reacomodo de las fuerzas internas opositoras al MAS, “que de alguna manera también son opositoras entre sí; hay dos frentes (Demócratas y Creemos) que no son lo mismo, son atípicamente distintos. En 15 años de gobierno, Demócratas tuvo la capacidad de enfrentar al MAS; en el caso de Creemos, no veo que haya desarrollado esas capacidades políticas de poder enfrentar al actual gobierno”. 

En lo relativo al “modelo agotado por excluyente” del Vocero presidencial, la historiadora cruceña más bien defiende el carácter “colaborativo, de apertura” hacia la inversión extranjera que distinguiría al referido modelo. 

DIVISIÓN. Peña parte de una división clave: uno es el modelo económico, en fin de cuentas capitalista, “que hay en cualquier lugar”, dice; y otro, el modelo cruceño cultural, que es el que sobre todo se debería destacar. Un modelo inclusivo a través del “cabildo”, por ejemplo, alega la historiadora.

“Cuando hablamos del modelo cruceño, estamos hablando de un modelo institucional, de instituciones que se fueron desarrollando a lo largo de su historia; una expresión de la institucionalidad cruceña, de su modelo, son, por ejemplo, los cabildos; la deliberación a través de los cabildos, que no es una cosa de este año o de hace 10 años; sino que a lo largo de la historia, desde 1825, los cruceños han tenido este tipo de pactar”.

Asimismo, desde esta perspectiva cultural y social, añade Peña, el modelo cruceño bien puede definirse como “colaborativo” antes que excluyente. “El modelo institucional de que se habla es el modelo colaborativo, y este modelo no creo que esté agotado”. 

Al margen del modelo capitalista de la economía cruceña, lo que hay que saber distinguir, insiste Peña, es “el modelo institucional y una cultura que caracteriza a los cruceños marcada por el emprendedurismo, el espíritu colaborativo, la apertura a la llegada de capitales de afuera, al desarrollo”.

En este “modelo institucional”, por ejemplo, destaca Peña, hay que ubicar al Comité pro Santa Cruz y su legitimidad (“gobierno moral” del departamento, dijo de la entidad su actual presidente, Rómulo Calvo), una institución “que ya tiene más de 70 años”, y que “a mediados del siglo XX logró el pago de las regalías petroleras, que fueron la condición necesaria para la transformación de Santa Cruz”. Y su credibilidad persiste hasta el día de hoy; no es un hecho agotado, destacó la historiadora cruceña.

El empresariado ante las protestas de 2018-19 (*)

Si observamos la movilización contra la repostulación de Evo Morales durante los años 2018 y 2019 y, luego, la escalada de las protestas después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, es llamativo el rol marginal y la posición cautelosa que han asumido las élites económicas. Las diferentes asociaciones empresariales clave se sumaron al movimiento opositor al gobierno del MAS de manera muy gradual e inconsistente y, en general, bastante tarde, a pesar de una evidente afinidad político-ideológica y de la cercanía sociocultural con este movimiento.

Veremos algunos ejemplos de la actuación de las asociaciones empresariales en respuesta a las movilizaciones preelectorales, es decir, al movimiento por la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 (“21F”):

– Cuando se convocó a un paro cívico para el 21 de febrero de 2018 con motivo del aniversario del referéndum de 2016, la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) se abstuvo de adoptar una posición oficial, dejando la decisión en manos de las federaciones y cámaras a nivel departamental y/o sectorial. En respuesta, varias organizaciones importantes se sumaron explícitamente a la convocatoria, entre ellas, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC). La (Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en cambio, no se pronunció sobre el paro cívico.

– Un patrón similar se repitió en diciembre de 2018, cuando la movilización se centró en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debía autorizar (o rechazar) la candidatura de Evo Morales. En este contexto, según El Deber, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, puso “énfasis en que la CEPB es una institución que representa los intereses de los empresarios del país en aspectos inherentes a sus actividades específicas, pero no tiene facultades para decidir sobre otros ámbitos que corresponden a los intereses, objetivos y visiones de sus afiliados”. La Cainco, por su parte, sí emitió un comunicado de apoyo al paro convocado por el Comité pro Santa Cruz, pero también refirió principalmente a sus “asociados”, quienes “en su gran mayoría han indicado que estarían cumpliendo la disposición” propuesta por al comité cívico.

– En marzo de 2019, en una entrevista con Los Tiempos antes de su elección como presidente de la CEPB, el presidente de la FEPSC, Luis Barbery, respondió a la pregunta de por qué “estuvo distante” cuando otros empresarios bolivianos “se pronunciaron por el respeto al 21F”. “Creemos que desarrollamos una representación totalmente empresarial y para la parte política están los sectores llamados a eso. Los empresarios nos han pedido representarlos en temas que tienen que ver con el desarrollo de Bolivia y en la medida en que pueda haber cabida para trabajar en esa dirección estamos allí para apoyar”, afirmó.

(*) Fragmento del artículo Las élites económicas en la Bolivia contemporánea, de Jonas Wolff, contenido en el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019- 2020). Jan Souverein y José Luis Exeni (Coordinadores), FES, La Paz, 2020.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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MAS: ¿’debilidad interna’ en pleno poder?

Que la crítica a la gestión se reduzca a pedir el cambio de tal o cual ministro expresa una cierta degradación.

Es inocultable la existencia de al menos tres tendencias en el MAS: evistas, arcistas y choquehuanquistas.

Por Iván Bustillos

/ 16 de enero de 2022 / 18:39

El punto sobre la i

Medio en broma, medio en serio, antes se decía que “mientras el MAS dividía a los masistas, Evo los unía”. Era tal la importancia del expresidente Evo Morales como factor de unidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) que hablar de la existencia de corrientes internas más o menos contradictorias entre sí, no tenía mayor relevancia. Hoy, ya no pasa eso, coinciden los invitados de Animal Político para reflexionar la actual situación del partido de gobierno, los exministros, de Minería, César Navarro, y de Gobierno, Carlos Romero.

“Evo era el factor de unidad hasta 2019, pero el 2020, desde la posesión de Lucho (Arce) y David (Choquehuanca), prácticamente este proceso tiene tres liderazgos: de Evo, de Lucho y de David”, destaca Navarro.

En efecto, “no hay un liderazgo único, cohesionador en este momento”, reconoce a su vez el exministro Romero. La falta de este liderazgo que cohesione, “obviamente marca una debilidad interna” del partido, asevera la exautoridad de Gobierno.

Y es que a la fecha, destaca, “el MAS está enfrentando un corporativismo interno”. Por lo menos a primera vista, las diferencias que pudieran haber entre los grupos o corrientes dentro del MAS, no son ideológicas, que cuestionen las políticas públicas generales en vigencia desde más de una década; ese no es el problema del partido, “por eso digo que el MAS está atrapado en una pugna de intereses corporativos”, de sectores u organizaciones sociales.

Y esto, destaca Romero, “es peligroso para el MAS”, porque detrás de ciertos cuestionamientos al “evismo” o expresiones de “renovación”, se esconden defensas de intereses de grupo. Para decirlo directamente, Romero arriesga a calificar todo esto como una suerte de “crisis ideológica”.

Una vez que el MAS expresa la convergencia de las corrientes indigenistas anticoloniales mejor desarrolladas y la visión de una izquierda nacional de larga tradición, lo mejor de esa herencia, se diría, “el MAS fue capaz de proyectar un horizonte político muy importante, traducido en la Agenda de Octubre y la Agenda Patriótica”. El problema es, complementa Romero, que “hoy día estas pugnas reflejan solamente intereses de cuoteo, de distribución de cuotas de poder, de acceso a cargos, a privilegios en la administración pública. Son (hechos) preocupantes”.

PREOCUPANTE.

Preocupantes porque socavan, destaca el exministro, el “sistema político” que desplazó al sistema de partidocracia que existía antes.

Que por ahora falte el liderazgo que cohesione también menoscaba la unidad misma del partido, asegura Romero. “Sabemos que la fortaleza del movimiento popular pasa por su unidad; pero estas disputas corporativas, sindicales, muestran más bien tensiones internas no por cuestiones de horizonte (ideológicas mayores, de proyectos de país) sino de (puros) intereses; y eso, reitero, es preocupante”.

Coincide con Romero el exministro Navarro en el sentido de que al concentrarse las organizaciones sociales en el cambio de tal o cual ministro, lo que más expresan es una visión de gestión pública “cortoplacista”, que no ve más allá del “horizonte” por el cual el MAS es gobierno nacional electo con la mayoría del 55,1%.

Si en 2019 y 2020, “el horizonte era derrotar a la dictadura y recuperar la democracia y el gobierno”; una vez que se lo hizo, en agosto y octubre de 2020; “lo que hace falta ahora es”, destaca Navarro, “reencauzar el horizonte del Estado Plurinacional para vivir bien”.

“Cuando los compañeros están pidiendo cambio de tal o cual ministro están planteando una visión administrativa, circunstancial y política del Gobierno y no el tema del horizonte. Es un déficit, la falta de una visión, de un horizonte en los movimientos sociales. Así, dirigentes como Gerardo García (vicepresidente del MAS), más que plantear un horizonte, se dedica a hacer oposición y críticas a la segunda autoridad del Estado”, critica el exministro de Minería.

En esta falta de “horizonte”, de una visión más de fondo de la historia y del rol del MAS en esto, observa Navarro, se puede ver cómo esto también va degradando al partido mismo, cómo lo empequeñece: “lo que al final tenemos son dirigentes que más que ver el horizonte y el rol de la organización social y del Movimiento Al Socialismo, lo que hacen es volver al MAS en una organización política de gobierno de corto plazo. Cambias a tres ministros, el próximo 6 de agosto vas a pedir el cambio de otros cinco; es una visión cortoplacista”.

GESTIÓN.

Ahora, al margen de este rol más o menos cortoplacista del MAS, Navarro no deja de llamar la atención sobre algo muy peculiar al MAS: que acaso con la actual composición, Luis Arce Presidente y dedicado a la gestión pública, y Evo Morales presidente del MAS, dedicado más a lo partidario, el Instrumento Político en rigor recién está aprendiendo a acompañar la gestión pública. Lo que más bien existe hoy día, dice el exministro de Minería, “es un proceso de debate político sobre el rol del Instrumento Político en la gestión pública. Es la primera vez; antes, desde que somos gobierno en 2006, gobierno nacional, departamental o municipal, el MAS solo era una sigla electoral; que no tenía un rol determinante en la gestión nacional, departamental, municipal, etc. En cambio, lo que se está viendo hoy día, por primera vez, es un debate muy importante e interesante sobre el rol del Instrumento Político en el proceso. O sea, ¿va a seguir siendo el MAS un instrumento electoral o va a ser el instrumento político que se concibió a partir de la década de los 90?”.

En lo que está pasando con la “unidad del MAS”, hoy día también hay que considerar, insiste Navarro, una natural “emergencia de liderazgos territorializados”, regionales, a los cuales hay que tomar más en serio. Y es que también por aquí se reitera eso que desde sus orígenes se dice del MAS: que en rigor no es un partido, una estructura orgánica tradicional, sino sobre todo una federación de organizaciones sociales; por eso el surgimiento de pugnas entre departamentos.

En lo relativo a la relación Luis Arce-Evo Morales, Navarro remarca que el rol de cada cual está claramente planteado: el uno debe hacer gestión, y el otro debe construir el Instrumento.

“Al compañero Lucho, fundamental, no únicamente, le corresponde la gestión pública”; ciertamente cumplió con su tarea, producto de ello es la actual relativa estabilidad económica.

En cuanto al “compañero Evo”, le toca administrar el enorme y natural liderazgo que tiene ante las organizaciones sociales. Así, el rol que tiene el “jefazo” en este momento, dice Navarro, es hacer del Movimiento Al Socialismo una estructura política que tenga la capacidad de ser actor directo en la construcción del Estado Plurinacional”. Una peculiar tarea que el exministro plantea para el expresidente Morales, es que desde el MAS se fortalezca a las organizaciones sociales, y que, por el contrario, no ocurra al revés: Evo “tiene el rol de coadyuvar en el fortalecimiento orgánico de las organizaciones sociales”.

FUTURO.

La gestión pública tiene que ser prioridad, insiste Navarro, incluso por su efecto político: “una mala gestión pública anula a todos, y una buena gestión pública habilita a todos”.

En lo relativo al futuro que se puede prever para el MAS y el Gobierno, Romero no deja de llamar la atención sobre la renovación ideológica: “Lo que ahora debe debatir el MAS es un nuevo ciclo del proceso de cambio, una nueva Agenda Estratégica del Estado”.

No se debate esta Agenda, se queja Romero; cuando la misma, por su mayor alcance “trasciende diferencias generacionales, sectoriales, de campo y ciudad”.

Pero aún hay una falla, debido al radicalismo con que frecuentemente los “sectores duros” del MAS asumen determinadas decisiones partidarias, reclama el exministro: su menosprecio por las clases medias.

“El otro problema es que el MAS está espantando a la clase media; y la clase media es un aliado fundamental. Sin clase media no se hubiera viabilizado el proceso de cambio”, interpela directamente el exministro. Esta alianza histórica entre indígenas, obreros y clases medias, en sus términos, ya la había planteado el memorable René Zavaleta Mercado, destaca Romero.

Añade que lo que hacen los núcleos duros “es ahuyentar a la clase media, siendo como es un actor clave en la generación de opinión pública, en el cohesionamiento de la estructura social”. Menospreciar a la clase media conlleva el riesgo de empujar a algunos sectores de la clase media a posiciones ultraconservadoras”.

Militancia obligatoria de las autoridades designadas

El nuevo estatuto del Movimiento Al Socialismo (MAS) incorpora todo un capítulo sobre las “autoridades designadas”. Allí, como el apunte final a los “deberes” (artículo 67) sin rastro de ninguna excepción se establece que “todas y todos deben ser militantes del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)”: “No existe la figura de autoridades neutrales ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal, todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”.

En el mismo artículo 67, que consta de tres puntos, no deja de llamar la atención su segundo punto. La autoridad designada, servidora y servidor público, deberá “coordinar y articular actividades de gestión política con el Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional, las direcciones departamentales, regionales, municipales y sectoriales y las organizaciones sociales en su conjunto”.

Siempre en el marco de su nuevo estatuto orgánico, si el militante del MAS tiene 11 derechos, son 24 sus deberes. En la lista de derechos (Artículo 60) destacan: elegir y ser elegidos para cargos de dirección orgánica; expresar libremente las opiniones y “críticas constructivas”, tanto sobre problemáticas nacionales como en “asuntos internos”; denunciar el transfugio político.

En la parte de los deberes (Artículo 61), se tiene por acciones obligatorias: acatar disciplinadamente las instrucciones de sus dirigentes; respetar la equidad de género; cumplir regularmente con los aportes anteriormente establecidos; defender la revolución democrática y cultural en todos los escenarios; mantenerse atento y sensible ante las tergiversaciones y rumores infundados respecto a la política de la revolución democrática y cultural; defender el principio de solidaridad consecuente con todos los que luchan por la liberación nacional; mantenerse vigilante contra cualquier manifestación o hecho que perjudique maliciosamente los fines del MAS-IPSP; y, preservar la cohesión y unidad del MASIPSP, entre otros deberes”.

El caso de Evo Morales y el MAS es especial en el estatuto orgánico. Entre los 15 principios partidarios (Artículo 6) por los que se rige el partido, se halla el “respeto al liderazgo nato”.

Junto a los principios Antiimperialismo, Anticolonialismo, Memoria histórica, Democracia interna, Igualdad y Equidad de género o Despatriarcalización, se consagra a Morales como líder nato:

“15. Respeto al liderazgo nato: la militancia del MASIPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”, destaca en su página 10 el nuevo estatuto.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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La paridad más allá de la paridad

Estudio sobre la participación política de las mujeres en su camino hacia la democracia paritaria.

/ 16 de enero de 2022 / 18:31

DIBUJO LIBRE

Cuál fue el itinerario de la paridad en Bolivia? ¿Cómo se expresa en el debate histórico-conceptual, en el desarrollo normativo y sus efectos, en factores culturales, en lo organizativo e institucional? ¿Y qué sigue después de la paridad en cuanto proyecto de transformación política? Estas preguntas sintetizan el contenido del informe La paridad más allá de la paridad. Participación política de las mujeres en el largo camino hacia la democracia paritaria intercultural, impulsado por Oxfam en Bolivia, la Coordinadora de la Mujer y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS), y que ponemos a su consideración como insumo para la necesaria deliberación pública en democracia.

¿Por qué un informe sobre democracia paritaria en este momento? Al día de hoy, una importante parte de este camino ha sido recorrido, un trecho durante el tiempo republicano que conllevó varias conquistas difíciles de bregar en esos tiempos y otro, con un ritmo algo más acelerado, desde 2009 a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. A pesar de ello, aún queda mucho por caminar y también hace falta mirar lo andado para mejorarlo. El camino de la democracia paritaria que muchas actoras, movimientos, colectivos e instituciones hemos decidido recorrer desde nuestras propias miradas y enfoques no está para nada exento de aciertos y desaciertos, logros y obstáculos, desalientos y esperanzas.

Así, con el pleno espíritu para debatir sobre los derechos políticos de las mujeres y la paridad en un horizonte más amplio de democratización, hemos hecho el esfuerzo por generar este insumo para el debate a partir de estudios de caso, datos actualizados y diferentes voces que consideramos son dinámicos y resulta importante actualizar en este momento del camino.

Formalmente, el estudio está organizado en una introducción, cinco capítulos y un apartado de conclusiones. Los capítulos nos hablan de esa buena idea llamada democracia paritaria intercultural, del recorrido desde las normas hasta los resultados, de los obstáculos a la participación política de las mujeres, de los partidos que actúan como murallas y de la paridad en el desempeño en los órganos legislativos. Las conclusiones exploran algunos desafíos al respecto. A continuación, y para dejar con la sana curiosidad al y la lectora, se esbozan brevemente estos capítulos.

¿Qué es la democracia paritaria? Nuestra hipótesis consiste en que se trata, en inicio, de una gran idea que se encuentra, actualmente, en construcción. No ha sido fácil reflejar cuando menos tres décadas de recorrido en las que se ha llevado adelante esta reflexión en Bolivia. El tránsito conceptual de las cuotas a la paridad, el de la paridad democrática hacia la democracia paritaria, los dilemas dentro del debate feminista entre igualdad y diferencia, las nociones pioneras en Bolivia que ponen en debate a la descolonización junto con la despatriarcalización. En fin, un importante y nutrido capítulo que sintetiza estas cuestiones.

En el capítulo 2 nos referimos al efecto de las normas, que desde la inaugural Ley de Cuotas, pasando por el principio constitucional de equivalencia de condiciones, hasta los reglamentos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral generan resultados que han permitido consolidar la implementación de los principios de paridad y alternancia. En el camino, se recorren algunas nociones propias de la democracia paritaria y también se repasan los datos, sobre todo del periodo democrático: las senadurías, las diputaciones (uninominales y plurinominales), los curules de las asambleístas departamentales, regionales e indígenas, y las concejalas; todos como logros posibles de mejorar pero que constituyen un avance incremental. Y, cómo no, se da cuenta de esos datos que aún constituyen un desafío en este avance —cuando menos numérico— y que pertenecen a los cargos ejecutivos en los diferentes niveles de gobierno: binomio presidencial, ministras, asambleístas, alcaldesas. Además de ello, se revisan algunas percepciones en torno a lo que significa este avance normativo entre mujeres políticas y opinión pública.

¿Cuáles son los principales obstáculos que limitan e incluso impiden la participación de las mujeres y su presencia en el ámbito público-político?, es la pregunta que guía el capítulo 3. Si bien es posible intuir que estas limitantes son múltiples y varias de ellas de carácter estructural, en el informe nos enfocamos en tres de ellas: el acoso y la violencia política, el trabajo de cuidados y las representaciones sociales sobre la mujer política. Creemos que poner sobre la mesa estas temáticas, que suelen abordarse de forma cualitativa a través de actitudes y comportamientos, resulta importante a la hora de buscar despejar el camino de la democracia paritaria intercultural, en aras de seguir procurando su avance.

En el capítulo 4 hacemos referencia al rol de las organizaciones políticas, en especial de los partidos, en el marco de la democracia paritaria. La premisa es que, en la actualidad, se comportan más como murallas de acceso y de ejercicio que como puentes para la participación política de las mujeres. Para ello, recorremos algunos elementos que determinan el rol que desempeñan actualmente en la búsqueda de paridad democrática en sus filas: el factor monopolio (de representación política) que detentan, las actitudes y percepciones de sus cúpulas, dirigentes y militancia; la forma en que resuelven sus documentos con arreglo a la normativa vigente y la relación de éstos con sus prácticas.

Llegar a la Asamblea. ¿Y después?, es la pregunta que busca ser respondida en el quinto y último capítulo del informe en cuestión. Considerando que algunas mujeres logran atravesar los obstáculos y las murallas que limitan su participación política para poder, finalmente, materializarla de forma institucional desde un cargo y un curul huelgan las dudas en torno a qué ocurre después con el desempeño legislativo, con las agendas comunes desde las mujeres o, finalmente, (si es que existe) con el trabajo en conjunto sobre la base de la sororidad.

Para finalizar, en las conclusiones, nos animamos a plantear cinco desafíos generales que consideramos posibles y algunas tareas en diversos ámbitos, sujetas al examen crítico y a la continua evaluación y retroalimentación de todas quienes nos reconocemos transitando este camino de la democracia paritaria intercultural.

En síntesis —como plantea el informe— La paridad más allá de la paridad constituye una puesta al día analítica, con preguntas, datos, percepciones y desafíos, en torno al largo camino de la participación política de las mujeres y de la paridad en Bolivia. Creemos por ello que será un documento de referencia en la materia. Mejor todavía: esperamos que contribuya a impulsar el debate plural y la deliberación pública en torno al imperativo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y, por tanto, el proceso de democratización paritaria intercultural en el país.

(*)Lourdes Montero J. es Responsable de País de Oxfam en Bolivia.

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Revolución que despatriarcaliza

El ‘vivir bien’ debe ir férreamente unido a una acción anticapitalista y antipatriarcal.

/ 16 de enero de 2022 / 18:24

DIBUJO LIBRE

La sociedad occidental ha erigido al hombre como el modelo de Dios y bajo su dominio se encuentra el resto de seres humanos (mujeres, jóvenes, niños y ancianos); también está a cargo del dominio de la naturaleza y el medio ambiente. Esta historia fue fortalecida desde la religión, la economía, las leyes, la cultura y el Estado, imponiéndose una unívoca verdad: la del varón como padre y dueño de la humanidad.

Los pueblos del Abya Yala también fueron permeados por la organización sexo-genérica del dominio masculino sobre el femenino y, en gran parte, reprodujeron las formas de dominación y violencia hacia las mujeres no obstante el principio del “Chacha-warmi”.

Las corrientes feministas occidentales no supieron leer estos fenómenos y con enfoques simplistas iniciaron una lucha entre sexos, sin comprender que las sociedades de hombres y mujeres reproducen la forma desigual y jerárquica de clase, culturas y género, en tanto no comprendan los orígenes de las relaciones de poder, explotación, dominación y discriminación que las sociedades capitalistas, coloniales y patriarcales erigieron en nuestras sociedades.

Bolivia, en los últimos años a partir de las luchas del pueblo boliviano, ha transitado por un proceso de descolonización que lleva a comprender la inviabilidad de un proyecto emancipatorio del “vivir bien” si no va férreamente unido a un proceso anticapitalista y antipatriarcal; esta triada será la condición sine qua non para llevar a Bolivia a otro horizonte de posibilidad.

En los últimos años, el proceso de cambio inició un proceso de reflexión y cuestionamiento sobre lo logrado en favor de las mujeres, comprendiendo que el trabajo estaba mucho más allá que simples políticas de género, que era necesario nutrir nuestra teoría y práctica con los nuevos enfoques decoloniales y marxistas que el feminismo liberal se había encargado de hacer a un lado y que era necesario encarar una lucha feminista anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, ya que las grandes mayorías de mujeres sufrían por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres y la liberación de una de estas opresiones estaba articulada necesariamente a las otras.

En los últimos años, a nivel mundial, en la región y en el país, la violencia hacia las mujeres y los feminicidios se han convertido en uno de los problemas más acuciantes y dolorosos de nuestras sociedades; por ello, la aprobación del Decreto 4650, que cuenta con un paraguas constitucional y legal para declarar el 2022 como “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización: por una vida libre de violencia contra las mujeres”, busca atacar causas estructurales, con una serie de medidas en todo el país, asumiendo desde el nivel central y dando responsabilidades a los niveles subnacionales para una lucha conjunta contra la violencia a las mujeres.

Nuestra Constitución establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; y el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

El Artículo 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia dispone que el Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Se señala que los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias.

El Artículo 6 de la Ley 348 define que la violencia constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer. Y que la violencia contra las mujeres está presente en todos los espacios de la vida.

La violencia familiar contra las mujeres se ha convertido en el primer delito cometido en territorio nacional, según datos del Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia 2021 del Ministerio de Justicia, indicando que la familia es el espacio social donde más se perpetra la violencia contra las mujeres desde niñas. Y según registros oficiales, de 2013 a 2021 se cometieron más de 700 feminicidios.

El Decreto 2650 plantea que la violencia contra las mujeres se origina y se alimenta del patriarcado, como primera estructura de dominación y opresión de la humanidad sobre las mujeres, por lo que la respuesta no puede ser solo normativa punitiva, lo que se requiere es la adopción de acciones que coadyuven a la construcción de una cultura despatriarcalizadora, que transforme de manera estructural los modos de interrelación entre hombres y mujeres que se reproducen en una sociedad patriarcal. El Órgano Ejecutivo a través de sus ministerios, entidades e instituciones bajo dependencia, tuición y empresas públicas, sociedades comerciales donde el nivel central del Estado tiene participación mayoritaria, filiales y subsidiarias, en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, promoverá al menos las siguientes primeras acciones:

a) Generar espacios de reflexión, socialización y acción despatriarcalizadora para prevenir la violencia contra las mujeres; b) propiciar acciones de formación en temas de prevención de la violencia contra las mujeres, identificando al patriarcado como el problema estructural; c) impulsar actividades culturales y expresiones artísticas orientadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde una cultura despatriarcalizadora; d) contemplar el enfoque de despatriarcalización en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, al momento de elaborar políticas, difundir y socializar la información; e) desarrollar una campaña comunicacional orientada a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, fortaleciendo una cultura despatriarcalizadora; f) otras actividades que coadyuven a la construcción de una cultura despatriarcalizadora por una vida libre de violencia.

Éstas, junto con otras acciones, abordan esta problemática a fondo, buscando influir y procesualmente transformar las estructuras patriarcales de la sociedad, saludamos tan importante iniciativa que debería ser apoyada plenamente.

(*)Sonia Brito S. es socióloga, actual embajadora de Bolivia en Italia.

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El Círculo de Hierro, un modelo agotado

El modelo cruceño no tiene un futuro de paz si allí conviven dos sociedades y una de ellas excluye a la otra.

/ 16 de enero de 2022 / 18:18

DIBUJO LIBRE

Hace unos cincuenta años, en 1968, tras los grandes amotinamientos raciales habidos en todo el país, el presidente Johnson nombró una comisión para determinar las causas del fenómeno, entidad cuyas conclusiones, por desgracia, siguen teniendo validez hasta hoy: ‘Nuestro país está evolucionando hacia dos sociedades distintas, una negra y la otra blanca, ambas independientes y desiguales’. Surgía allí la imagen de una nación en la que los afroamericanos se enfrentaban a discriminaciones sistemáticas, a una educación y unas viviendas deficientes y una falta absoluta de oportunidades económicas: para ellos no existía el sueño americano”. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz es el autor de estas palabras que, cuando revisamos nuestra construcción societal, encontramos trazos de similitud que hoy, entre varios factores, procuran entender y explicar las tensiones y confrontaciones sociales de nuestro país, que además se van ramificando hacia lo económico y social.

El agotamiento de lo que algunos llaman el “modelo cruceño” y la necesidad de establecer un debate sobre lo que unas voces interesadas de la acción política e institucional quieren circunscribir, únicamente, a las capacidades productivas de la región no se reduce monotemáticamente a la cuestión económica/productiva. Política, economía y sociedad están profundamente entrelazadas. Cuando las sociedades construyen desigualdades económicas, éstas replican en breve tiempo en desigualdades sociales e inevitablemente también en profundas asimetrías políticas de representación.

El conocido profesor francés Thomas Piketty escribe en uno de sus últimos libros: “Los dos países que habían optado por el ultraliberalismo, con Reagan y Thatcher en la década de 1980 y que desde entonces habían experimentado un mayor aumento de la desigualdad, han decidido tres décadas más tarde optar por el nacionalismo y una forma de retorno a las fronteras y la identidad nacional… este cambio expresa el fracaso del reaganismo y el thatcherismo. Las clases medias americanas y británicas no se han beneficiado de la prosperidad prometida por el liberalismo integral”. Las exportaciones indiscriminadas sin reparo en el mercado interno, la financiarización, el capital, la producción itinerante y la globalización son elementos que no van protegidos de respaldo social y, los modelos políticos con esencia popular —fundamentalmente en Latinoamérica— interpelan estos manuales de economía generadores de marcadas anomalías sociales, políticas y económicas. Los modelos, donde los superricos buscan obstruir y desempoderar a quienes movilizados popularmente reclaman las disparidades, han creado sociedades con economías disfuncionales y órdenes políticos desproporcionados. Entiéndase que toda desproporcionalidad del orden político social carente de equilibrios en la representación es un conductor de tensiones y conflictologías.

Analicemos aquello que los sectores liberales/conservadores de Santa Cruz llaman el “modelo cruceño”. Acá la cuestión central es compartir la prosperidad y ello no se reduce únicamente a las capacidades del mercado y a la mano invisible de Adam Smith como mecanismo natural hacia el bienestar; de hecho, Smith reconocía las insuficiencias del mercado y la necesidad de acciones gubernamentales para corregir complementariamente. Mercado y políticas gubernamentales posiblemente nunca serán perfectas, pero requieren complementarse para, como, por ejemplo, corregir el desempleo. Tampoco el “modelo cruceño” (el gentilicio asociado intenta conferir un cierto orgullo nacionalista/regional que lo dote de legitimidad en una supuesta base social de apoyo) puede pensarse desde la perspectiva única de la productividad. Compartir la prosperidad exige trabajar en igualdad de oportunidades integrales, y esto es la búsqueda de acciones que permitan salir de la base de la pirámide social/ económica/política para ascender hacia la cima, esa movilidad social, dada por un fuerte factor aspiracional en Santa Cruz es lo que ha quedado en evidencia negativa, la base social es demasiado ancha para que el “modelo” pueda acreditarse exitoso. Acá la explicación tiene connotaciones sociológicas. El modelo se agota porque su principio rector lo ha convertido en excluyente. Sus capacidades productivas exitosas no logran hoy disimular la cooptación de una sociedad que está alejada del formato privatizado del poder político, que monopoliza la institucionalidad en su beneficio (como es el caso también de los ítems fantasmas) en espacios que son controlados por clanes familiares, organizados en poderes cerrados y privados, expresión estructurada de las logias que parcelan sus áreas de control y poder, y que extendidamente toman para sí la representación política, siendo a su vez los principales acumuladores del excedente económico que produce la región.

El Círculo de Hierro se ha construido en diferentes formas y tiempos, pero siempre bajo un mismo patrón: clanes familiares y castas políticas, oligarquías económicas y poder privado de logias. Todo ello integrado en una sola dirección: dominio integral de la región. Los estudios que investigaron el poder de las logias señalan el tránsito que éstas recorrieron en la historia cruceña. Se organizan confrontacionalmente como una reacción ante la llegada de miles de migrantes, como barrera a las ideas socialistas y comunistas en expansión a fines de los años setenta y en defensa de las instituciones cruceñas. Las dos logias predominantes en Santa Cruz no han dejado, desde entonces, institución alguna que no esté bajo su control. Sus administraciones son controladas y pactados los nombres de sus directivas. Cooperativas de servicios, cooperativas financieras, colegios de profesionales, clubes sociales, federaciones de profesionales, de industriales y de fraternidades entre otras entidades se encuentran bajo su rectoría. Este poder político, económico y social no deja espacio para el cruceño y cruceña no privilegiado y que conforma la mayoría de la población.

Este modelo agotado y envejecido es un modelo de beneficios por goteo y reticente a incorporar factores redistributivos de la riqueza. Se acumulan los excedentes económicos en el Círculo de Hierro; la representación política surge del Círculo de Hierro y las decisiones están en el Círculo de Hierro bajo la apariencia de Comité Cívico; las instituciones obedecen al Círculo de Hierro. Las lógicas propias del neoliberalismo exacerbadamente individualista y excluyente en lo social y político se han instalado como la constante e histórica dicotomía: ¿riqueza de unos cuantos? Siendo ésta una realidad palpable, la necesidad de democratizar las instituciones, la representación política y la redistribución del excedente económico es una obligación correctiva urgente que debe alcanzar a un poder de pocos que tiene retenido el poder democrático y plural de todos.

La ofrecida ilusión de un éxito económico que no llega al bolsillo de las mayorías se convierte en un hecho evanescente porque también margina y expulsa socialmente, es entonces cuando se direcciona hacia la tensión social y se abonan los índices de criminalidad. En una situación con semejanzas, Joseph Stiglitz decía: “Debemos enterrar nuestra arrogancia respecto a nuestro propio sistema económico, pues debería quedarnos claro que tiene serias limitaciones, en especial cuando se trata de garantizar que la prosperidad sea compartida”. Un modelo de desarrollo no tiene perspectiva pacífica si en su mismo territorio deben convivir forzadamente dos sociedades y una de ellas excluye y aparta a la otra.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.

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Imaginario racial blanco

Sugestiva invitación al debate sobre lo que significaría el ‘ser blanco’ bajo un gobierno de los ‘indios’.

/ 9 de enero de 2022 / 18:50

DIBUJO LIBRE

En mayo de 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, el ministro de Minería Fernando Vásquez dijo en una entrevista que no cumplía las especificaciones de identidad mínimas para ser militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), pues tenía “los ojos verdes y la tez blanca”. El arrebatado comentario resultó de una pregunta periodística que le endosaba un pasado masista. Y es que el pasajero gobierno de Áñez pretendía diferenciarse del partido de Evo Morales incluso, o sobre todo, desde el imaginario racial.

Paradójicamente, el despropósito de las declaraciones del ministro le valió más críticas por “creerse blanco” —cuando en teoría no lo era— que por ser “políticamente incorrecto”. Y es que en Bolivia la personificación del q’ara (blanco o blanco-mestizo) es todavía certificada con mayor escrúpulo que la del t’ara (indio o indio mestizo), pues ser “blanco” involucra ventajas en el usufructo del ingreso, la educación, la salud, los servicios básicos e incluso la “facha”. Es cierto que sus prerrogativas en el campo político han menguado radicalmente desde la llegada del movimiento indígena al gobierno. Sin embargo, descontando este dominio, ser “blanco” sigue siendo, en cierto modo, un certificado de éxito que incluso funciona cuando la realidad contradice el prejuicio. Ciertamente, es obvio que el color de piel no es el factor causal de la segregación y discriminación bolivianos, y que la polarización étnico-racial es el resultado de la calidad poscolonial de la sociedad y de la incapacidad de la gestión pública de resolver los problemas de diferenciación.

El caso del ministro racista retrata la paradoja de que la “raza” del blanco deba ser sujeta a verificación por las ventajas que produce en quien se personifica como tal, y que el imaginario racial sea en Bolivia un alegato de estatus que estaciona a quienes pretenden descollar en el escalafón social. Es decir, es un mecanismo de control social para administrar o, eventualmente, mitigar el poder. Esta paradoja fue representada por la activista feminista María Galindo en un perfil desenfadado de la expresidenta Áñez, que prácticamente denunciaba que ella, como muchos mestizos en busca de ascenso social, había aprendido de niña “a odiar el color de su piel y sus cabellos”. La evidencia para aquella puntualización residía en que la mandataria tenía el cabello teñido de rubio: “Su rubificación no puede ocultar los pómulos y los ojos rasgados, de un origen que la ha colocado en la historia como enemiga de sí misma. Su odio a lo indio es de todos los odios el más doloroso, porque es un odio contra sí misma”. (Galindo, en Lavaca, 19/12/2019)

Así, para escalar en un país poscolonial, donde la diferencia étnica es marcada, el peldaño más recursivo del “blanqueamiento” femenino sería, en palabras de Galindo, la “rubificación”. En igual sentido, los varones poscoloniales indígenas y mestizos ascienden de la mano de la selección de parentesco mediante la búsqueda de relaciones interétnicas. Casi con la misma racionalidad de la presidenta, que impugnaría sus cataduras raciales por teñirse el cabello, los opositores a Evo Morales le adjudicaron la negación de “su gente” cuando se hizo pública su relación con Gabriela Zapata, una joven también “rubificada”. Los críticos tildaban de embustero al indígena más prominente del país por tener de pareja a una “rubia” y criticaban, con el mismo impulso, a la joven por “teñida”, en un esfuerzo paralelo por, precisamente, invalidar su blancura. Anne McClintock diría que, en el fondo, el cabello teñido de las mujeres de Bolivia alimenta el fetichismo poscolonial de ellas como objeto de sujeción y que, más allá de representar una elección personal, es la evidencia de un mecanismo de control tendiente a la regulación de lo indígena.

Está claro que en Bolivia ser blanco es una manifestación de superioridad y que creerse tal cosa lleva a una fiscalización pública, pues una forma de menospreciar al poderoso es singularizarlo de “indio”. Ahora bien, aunque el “blanco” parezca representar una serie de atributos físicos (tonalidad de la piel, fenotipo, etc.), “actuar” como tal no es tanto un asunto de tinte cuanto de maneras, idioma, lugar de residencia y posición económica. Sin embargo, para Richard Dyer, las distinciones precisas asociadas a “ser percibido” como “blanco” exaltan dos características que pueden ser autenticadas: “el pelo rubio y los ojos azules”; atributos que el ministro decía tener y que les eran negados tanto a la presidenta como a la exnovia de Morales. David Lockwood diría, conclusivamente, que el imaginario racial es una dimensión creativa y simbólica que ordena el mundo especificando tanto privilegios y atributos, como obligaciones y defectos. Es, como hemos visto en los ejemplos citados, un recurso disciplinario que sitúa a los grupos “en el lugar donde deberían estar”.

Ahora bien, la llegada del MAS al poder ha dislocado el imaginario racial del blanco, pues es como si una de esas prerrogativas (aquella que produce más potestad) le hubiese sido arrebatada. Ciertamente, hasta antes de Morales el dominio de los “no indígenas” en Bolivia se producía en casi cada aspecto de la vida social. Sin embargo, el ejercicio de la Presidencia del Estado y la prominencia de lo étnico, que incluye la denominación como “plurinacional” del “nuevo país”, hizo que los castellanohablantes comenzaran a imaginarse también en términos raciales. Antes del Estado plurinacional, los “no indígenas” se veían a sí mismos, tal como los “blancos” en la generalidad de las sociedades occidentales, como “gente común”. Concebirse de otra forma habría revertido la concepción liberal de que todos somos iguales y conducido a una profunda inversión del mito de la igualdad.

Aunque ciertamente el color de la piel tiene más una afinidad electiva que una relación causal con la situación socioeconómica, y el imaginario racial funciona en muchos casos por encima de la realidad, Bolivia se lee de manera simplificada como un país de “blancos” potentados, descendientes de españoles, e indígenas originarios, pobres y explotados. Obviamente, tanto el imaginario como los hechos (la distribución de la riqueza en términos étnicos y raciales) son más bien producto de las secuelas de la ocupación española, pues las políticas de sujeción de los habitantes originarios (la servidumbre y la esclavitud) incidieron en una distribución del ingreso que hoy está estructurada de manera diferenciada. Así, la mayoría de los indígenas en Bolivia viven bajo la línea de la pobreza. El peso de este hecho establece de manera dual dos percepciones sobre los “blancos”: una es impuesta por los “otros”, es una personificación (una encarnación) nacida de la exaltación de la diferencia que precisamente los impugna como “abusivos” y responsables de deudas históricas para con los originarios. La otra es una autoafirmación, un parecer propio que los ocupa con sentimientos de superioridad, pero también de culpa. Estas reducciones estaban claramente compartidas por los procesos recíprocos de autoafirmación y personificación, hasta que la toma del poder político por el MAS y los movimientos sociales que federa transformaron la tensión en una competencia por la prevalencia en el poder.

(*) Fragmento del artículo Bolivia: el imaginario racial “blanco” bajo el gobierno de los “indios”, publicado en la revista Nueva Sociedad 292, Marzoabril 2021.

(*)Rafael Loayza B. es comunicador social y sociólogo (*)

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