Abogados: 5 debilidades de Chile
Imagen: CIJ
Bolivia cuestionan que Chile niegue el derecho a un río inter nacional peculiar
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Idas y venidas sobre el desmantelamiento de canales, caricatura de la compensación, negar pasados diálogos, entre otros.
El punto sobre la i
Ahora se sabe: los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya también sirven para ver la solidez tanto de las argumentaciones escritas como de los razonamientos y argumentaciones de los abogados, y que sobre la marcha deben reformular, volver a plantear, precisar ante el ‘ataque’ del adversario; al margen de los dardos que se lanzan y que casi siempre vienen precedidos de un “con todo respeto…”
Haciendo una revisión de los alegatos orales que se vivieron del 1 al 14 de abril, en nueve audiencias, desde la perspectiva de los abogados por Bolivia, se puede decir que hubo al menos cinco cuestiones, contradicciones o debilidades, de la argumentación chilena, que de alguna manera podrían comprometer sus pedidos a la Corte.
1. DESMANTELAMIENTO
La primera, que destacaron sobre todo los abogados Rodman Bundy y Mathias Forteau, se refiere a la reiterada afirmación que hizo Chile de, que al momento de respetar la soberanía de Bolivia sobre los canales hechos en el Silala, no tiene ninguna objeción a su desmantelamiento.
Bundy reclamó entonces: “pero ¿por qué?, podría preguntar legítimamente la Corte, ¿por qué amenazó Chile en su Solicitud a Bolivia con medidas provisionales (cautelares), si realizaba cualquier conducta que pudiera tener un efecto adverso sobre el uso actual de las aguas por parte de Chile, cosa que con toda seguridad habría producido el desmantelamiento de los canales?, ¿por qué si su posición siempre ha sido que Bolivia puede desmantelar los canales?”
La solicitud a la que se refiere Bundy es la “Solicitud de inicio de procedimiento” que Chile presentó el 6 de junio a la Corte, empezando con ello el juicio contra Bolivia. En efecto, la advertencia que hace notar el abogado está inscrita en el párrafo 52 de dicho texto.
En este mismo tema, del derecho de Bolivia de desmantelar los canales, el abogado francés Forteau encuentra una “lamentable confusión (de Chile) al respecto”. Cuando el lunes 11 de abril, en la segunda ronda de alegatos de Chile, su abogado Samuel Wordsworth dijo que “Chile nunca presentó objeciones al derecho de Bolivia de desmantelar las canalizaciones”, Forteau le recordó: “En octubre de 2010, Chile se opuso a cualquier medida de este tipo; en 2002, Chile ya indicó que se oponía a toda medida que entorpeciera el caudal del Silala, y Chile lo reiteró en su escrito de demanda, amenazando con solicitar medidas cautelares por cualquier comportamiento de Bolivia que pudiera interferir con el uso actual por Chile de las aguas del Silala” (lo que también hizo notar Bundy).
Pero Forteau fue más allá. Dejó entrever que Bolivia desconfía de Chile. Porque, si bien éste reconoce el derecho soberano de desmantelar los canales, restituir los bofedales, etc. y hasta alienta todo eso, inmediatamente pone la frase, palabras más, palabras menos: “suponiendo, por supuesto, que Bolivia cumpla con sus obligaciones internacionales”, que es como habría dicho el abogado por Chile Wordsworth, según Forteau. Por eso, el francés califica la argumentación chilena de “ambigua”.
Por eso, dice, Bolivia, al reivindicar su primera contrademanda (de la soberanía sobre los canales y el derecho a desmantelarlos), pide a la Corte que expresamente diga que, “aunque se produzca una reducción considerable del caudal de superficie, debe quedar claro que Chile no tiene ni tendrá ningún motivo de queja respecto a esta reducción, y que esto se da conforme al derecho internacional”.
2. COMPENSACIÓN
Una segunda debilidad de la argumentación chilena, indicaron los abogados por Bolivia, es la caricatura que se hace de la “compensación”, calificada como un absurdo por uno de sus abogados.
Fue el abogado estadounidense Bundy quien esta vez deploró las “tácticas del miedo” de Chile contra la tercera contrademanda, que dice que, si Bolivia decide desmantelar los canales y Chile alega que no, que se queden como están, corresponde entonces una compensación de Chile a Bolivia por mantener dichas obras.
Esta situación —reclama el jurista— no guarda ninguna relación con la hipótesis del profesor (Alan) Boyle, de que (si triunfa la tesis boliviana de compensación) “los Países Bajos y Alemania paguen a Francia por las aguas entregadas a través del Rin; o que Egipto pague por una parte de las aguas que recibe a través del Nilo; o que India y Bangladesh tengan que pagar por las aguas que podrían decirse que han mejorado el caudal natural del Hindu Kush”.
“La tercera contrademanda solo dice que, si Bolivia decide desmantelar los canales, y si Chile cambia de opinión, una vez más, y expresa su deseo de que los canales y el flujo superficial actual permanezcan como están, entonces es necesario un acuerdo que prevea, entre otras cosas, una compensación y modalidades correspondientes”.
Contra lo que se insinuó que el cobro por aguas mejoradas va contra la lógica del uso equitativo y racional, Bundy citó el ejemplo del acuerdo entre Francia, Alemania y los Países Bajos. “La tercera contrademanda de Bolivia, en realidad es más parecida a un ejemplo bastante diferente al que señaló el profesor Boyle, el de Francia, recibiendo, por acuerdo pactado, un pago de los holandeses y de los alemanes por proporcionar un servicio o un beneficio a ambos Estados aguas abajo, al eliminar el cloruro del agua del Rin”.
En el caso del Silala, “si Bolivia decide desmantelar los canales y Chile indica que preferiría que se mantuvieran en su lugar para recibir lo que el profesor Boyle llama beneficio del aumento del caudal superficial, del que Chile disfruta actualmente, es un acuerdo que contempla la compensación por proporcionar dicho beneficio o servicio, sería totalmente apropiado, y una vez más, no hay nada contrario al derecho internacional en tales acuerdos”, destaca el jurista.
3. UNILATERAL
Otro hecho que los abogados por Bolivia cuestionaron a Chile es el que, para mostrar su disposición a negociar con Bolivia por el Silala, se aferre a la propuesta que hizo en junio de 2019, que en lo básico era un planteamiento solo de ese país, sin ninguna consulta a Bolivia, y que menosprecie tratativas y acuerdos conjuntos en que efectivamente se avanzó en soluciones acordadas.
“Las prometedoras negociaciones celebradas entre ambas partes en 2008 y 2010 no murieron por sí solas; estas negociaciones deberían haber continuado, como ambas partes habían acordado expresamente. Fue Chile quien unilateralmente decidió no retomar estas negociaciones”, destacó el abogado Forteau en referencia a las negociaciones que hubo a través del denominado Mecanismo de consultas políticas, un grupo que se acordó para tratar temas bilaterales. Bolivia invitó en 2011 y 2012 a retomar las negociaciones y Chile no respondió, destacó el jurista por el país.
En sus alegatos finales, Chile se concentró en su propuesta de 2019 y trata de dejar de lado las negociaciones de 2008-2010, el funcionamiento del Mecanismo de Consultas Políticas, destacó Forteau. La propuesta de junio de 2019 era una “mera sugerencia unilateral de proyecto de acuerdo, formulada en un documento completamente oficioso”, que no incluía ninguna nota verbal a Bolivia, protestó.
La abogada por Chile Johanna Klein Kranenberg, señaló Forteau, en sus alegatos había dicho que la Corte no debía invocar ninguno de los proyectos de acuerdo de 2008 y 2010 porque no eran oficiales. El jurista francés por Bolivia cuestiona: éstos no eran documentos unilaterales como la propuesta de 2019, sino “proyectos de acuerdo negociados de forma bilateral después de varias reuniones del Mecanismo de consultas políticas y luego del Grupo de trabajo sobre el Silala, creado por los dos países, cuyas actas fueron firmadas por ambas partes”.
Cuando se mira bien los artículos de los proyectos de acuerdo de 2008- 2010, “llama la atención el contraste entre lo que Chile dijo que estaba dispuesto a aceptar en ese momento y sus conclusiones finales de anteayer” (la presentación final de Chile, el lunes 11 de abril).
Forteau citó el acta del Mecanismo del 17 de julio de 2008. Las actas fueron firmadas por los jefes de ambas delegaciones. “En concreto, en la página 7, en el punto del orden del día dedicado al Silala, pueden ver que los dos Estados acordaron que en los próximos 60 días se intercambiarán los contenidos para un acuerdo básico e inmediato, acuerdo que debía incluir, entre otras cosas, los medios y mecanismos para el uso del Silala con el fin de generar los beneficios económicos para Bolivia. Digan lo que digan los abogados de Chile, los artículos de este proyecto de acuerdo siguen siendo relevantes hoy en día”, reclamó.
La propuesta de junio de 2019, en cambio, “ante todo no contenía nada comparable con el proyecto de acuerdo inicial de 2008-2010; por otra parte, el proyecto chileno (de 2019) guardaba silencio sobre las particularidades del Silala, sobre el hecho de que es un curso de agua que ha sido objeto de instalaciones y canalizaciones que inciden en el caudal superficial”.
4. ACTUAL
Una demanda de Chile de primer orden es la que pide que la Corte declare que Chile tiene derecho al uso actual que hace de las aguas del Silala; o sea, que no cambie nada. Hay que hacer notar que este pedido se mantuvo desde la Solicitud de Procedimiento (el primer documento para instalar el juicio) hasta las peticiones finales formuladas el 11 de abril por la agente chilena Ximena Fuentes.
Pese a criticarla de unilateral, Forteau rescata la propuesta de 2019, porque hay un avance respecto del anterior punto de vista chileno con respecto al “uso actual” del Silala.
“Es verdad que, al menos en un aspecto, la propuesta de 2019, era una reformulación considerable de las reclamaciones de Chile. El acuerdo propuesto ya no decía que Chile tenía ‘derecho a su uso actual de las aguas del Silala’, sino tan solo que ‘el uso actual por Chile era conforme al principio de utilización equitativa y razonable’; en otras palabras, Chile ya no pedía argumentar algún tipo de derecho adquirido sobre el uso actual de las aguas del Silala, parecía tan solo considerar que este uso actual era conforme al derecho internacional, es decir, que no lo vulneraba”.
El lunes 11 abril, sin embargo, dice Forteau, “constatamos no obstante que el señor Wordsworth reafirmó sin ninguna matización que Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del Silala, incluso consideró que Bolivia debería reconocer formalmente ese derecho. En sus conclusiones finales, Chile renovó esta reclamación, estaba incluida en su presentación y se alejó de esa manera de lo que parecía proponer en junio de 2019”, remarcó.
Cuando la agente de Chile Ximena Fuentes trajo a colación el diferendo entre Bolivia y Chile sobre el río Lauca, fue el abogado Forteau el que cuestionó con más insistencia.
Fuentes recordó lo del Lauca sólo para acusar a Bolivia de ser intolerante e irrespetuosa del derecho internacional, tanto río arriba (caso Silala) exigiendo soberanía plena sobre una parte de las aguas, como río abajo (caso Lauca) queriendo imponer su derecho a veto.
Para Forteau, dicha declaración, además de introducir un hecho que no se está tratando en este juicio, revela el carácter “declarativo” de la sentencia que busca. “Las palabras de la agente de Chile, a instancias de sus abogados en cuestiones de interpretación general de las normas de aplicación, vienen a confirmar nuestras dudas muy serias respecto del carácter esencialmente declaratorio, abstracto e hipotético de las reivindicaciones de Chile”.
Chile, dice Forteau, parece pedir a la Corte “una consulta jurídica general sobre el derecho de los usos de aguas internacionales, sin tener en cuenta las particularidades del Silala, y esto en lugar de tratar de resolver un litigio concreto y bien definido”.
5. ESTUDIO
Finalmente, el argumento técnico. Aparte de que, en la fase de alegatos orales, se reveló que la única parte que efectuó un estudio técnico, in situ, de las aguas del Silala y su canalización fue la boliviana, sus abogados tuvieron que enfrentar el intento de descalificación del informe del Instituto de Hidrología de Dinamarca (DHI, por sus siglas en inglés).
Explicó esta defensa del Informe DHI el abogado estadounidense Gabriel Eckstein. “Aparentemente, Chile considera que la primera consultora internacional de ingeniería del agua y desarrollo de software del mundo tiene alguna carencia, mientras que sus expertos son infalibles; pero la perspectiva de Chile no tiene ningún mérito, ningunas pruebas ni ninguna credibilidad”, lanzó expresando molestia el abogado.
Eckstein citó el contrainterrogatorio que hizo el abogado por Chile Wordsworth a los expertos del DHI.
“El abogado de Chile trató de atacar el análisis de DHI seleccionando determinados datos para pintar un cuadro de incompetencia de DHI”.
Pero resulta, acometió el jurista, que las mediciones de flujo seleccionadas por el abogado chileno, “un periodo de un año, entre 2017 y principios de 2018, eran solo una fracción de los datos utilizados por DHI para desarrollar su modelo”.
Además, dijo Eckstein, se puede demostrar que DHI “tiene más de cuatro años de mediciones de caudales, manuales y automáticas, desde agosto de 2018”.
Así, tomando en cuenta la totalidad de mediciones de flujo, se pudo determinar una media de 154 litros por segundo, dato coherente con lo presentado por el estudio de DHI como parámetro, 160 litros por segundo, ratificó el jurista, sobre el caudal del Silala.
Además, las mediciones presentadas por Chile, del lugar C7, en realidad fueron desechadas “porque eran totalmente inconsistentes con mediciones más fiables realizadas tanto río arriba como río abajo”.
Así, “no se trataba de un plan nefasto para encubrir pruebas y sesgar el modelo, como parecía insinuar el abogado de Chile; al contrario, DHI documentó plenamente su trabajo con verdadera profesionalidad e integridad”, reclamó el abogado por Bolivia Eckstein.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón