Censo: La clave, el mayor peso de lo técnico
Imagen: ÁLVARO VALERO
La única entidad habilitada para decir cuándo debe ser el Censo es el Instituto Nacional de Estadística (INE), coinciden
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Lo ‘técnico’ incluye desde la experiencia de gestión de autoridades locales hasta estudios de presión demográfica.
El punto sobre la i
El viernes 22, en una entrevista con La Razón Radio, el gobernador de Tarija, Óscar Montes (uno de los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías — CNA— del 12 de julio), expresó su extrañeza de que en el encuentro no estuvieran ejecutivos del Instituto Nacional de Estadística (INE); para él, en última instancia quien tiene la palabra para reformular el cronograma del Censo es el INE: “el que tiene que hacer la tarea, hacer un cronograma de actividades, tener resultados previos al día del Censo, es el INE; por tanto, el único que puede estar en condiciones de decir ‘el Censo se puede realizar en tal fecha’ es el INE; tiene que presentar una ruta crítica, decir ‘estas tareas ya están hechas, estas tareas son las que faltan’; esta es la única certeza que vamos a tener acerca de cuándo se puede realizar el Censo”, remarcó el Gobernador tarijeño.
Esto parecería dar razón a la crítica que provino de Santa Cruz, en sentido de que la decisión de postergar el Censo sobre todo fue política, no técnica, que la tomaron actores políticos, como son los gobernadores. Ciertamente desmiente este hecho otro de los asistentes al encuentro del 12 de julio, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), el alcalde de Tarija, Johnny Torres. “En realidad, el Consejo en la reunión ha tratado temas técnicos”, dijo en una entrevista en la televisora Gigavisión en referencia a la cartografía estadística: “recién se ha hecho la cartografía de cuatro departamentos hasta el 60%”, reveló el burgomaestre tarijeño.
Otra consideración “técnica” que se hizo, relató Torres, es el problema que los gobernadores de Pando y Beni plantearon a la reunión: la dificultad que para ambos departamentos representa la realización del Censo en noviembre, que es cuando, por un lado, empieza la época de lluvias y el acceso a muchos lugares se complica y, por otro, que con la zafra de la castaña, mucha gente está “en tráfico” entre uno y otro departamento.
Al respecto, Montes ratifica: “han quedado vetados el último trimestre y el primer trimestre de cada año (de octubre de un año a marzo del siguiente) que coinciden con la época de lluvias; así que el Censo se podría realizar entre abril y septiembre de cada año”, reveló Montes.
Esto ciertamente va a contramano de lo hecho en el pasado: el censo de 2001 tuvo lugar en septiembre, y el de 2012 en noviembre.
Otro hecho observado en el CNA del 12 de julio, coinciden Montes y Torres, es que el Censo tuviera lugar un día miércoles, y no un fin de semana, como era lo tradicional. En el mismo Consejo, cuenta Montes, hubo la controversia sobre dónde era mejor que una persona se hiciera censar, si en su lugar de origen, o donde trabaja; un debate sobre si se va a permitir o no el tradicional flujo migratorio que hay especialmente en los municipios rurales, que hacen volver a su gente para el Censo.
Pero si hubo un problema que para muchos en la reunión fue razón de peso para pensar en una postergación del Censo más o menos prolongada, fue la posibilidad de resolver los conflictos de límites, especialmente entre municipios.
“En todo el país tenemos problemas de límites, y eso no se va a resolver (completamente) hasta el próximo censo, tal vez ni siquiera hasta el subsiguiente Censo, pero podríamos aprovechar de alguna manera este lapso para poder resolver la mayor cantidad de casos de problemas de límites”, destacó Montes.
Aquí, una propuesta llamativa para aprovechar el nuevo tiempo disponible, destacó el Gobernador tarijeño, es de que antes de conocer las cifras del censo se pueda discutir las bases del futuro pacto fiscal: “antes del Censo, se puede ir trabajando el pacto fiscal, llegar a los acuerdos y consensos de dicho pacto, y después, cuando tengamos los resultados, se aplica los acuerdos del pacto”, remarcó el que también fuera alcalde del municipio de Tarija.
Desde el lado de Santa Cruz, cuyas dirigencias son las más críticas al cambio de fecha del Censo, la mayor molestia la genera el hecho de que la postergación sea de casi dos años.
Especialmente para los municipios y universidades, que son los que más dependen de la distribución de recursos nacionales a través de la coparticipación tributaria, la postergación implica dejar de percibir un dinero que habría llegado de verificarse en el Censo el incremento de la población especialmente de los municipios, señaló a La Razón Radio el director de Instituto Cruceño de Estadística (ICE), Juan Pablo Suárez.
“Yo diría que estamos pasando los 300 millones de bolivianos anuales como departamento, entre la universidad, gobernación y municipios”, informó el director del ICE.
Y he aquí una propuesta que Santa Cruz ha hecho como un posible escenario de diálogo: la compensación que podrían recibir los departamentos hasta que haya una nueva redistribución, previsiblemente en 2026. Una compensación que se la calcularía con base en las proyecciones que año a año efectúa el INE.
Si bien esto fue descartado por las autoridades nacionales, porque no sería legal, Suárez recuerda que esto ya estaba normado en la antigua Ley de Participación Popular: “Técnicamente, es cuestión de hacer algunos cambios en la Ley Andrés Ibáñez (Ley Marco de Autonomías); hasta el gobierno de Tuto Quiroga, la Ley de Participación Popular, teníamos el artículo 24, que mencionaba los ajustes (presupuestarios) intercensales, cada cinco años, mediante una encuesta”, destaca Suárez.
Así es “factible”, dice Suárez, hacer una nueva redistribución de los recursos nacionales que llegan a los departamentos y municipios con base en las “proyecciones intercensales, que no es que haya que hacerlas, ya están hechas (ver cuadro adjunto); esta sería una opción hasta que se realice el Censo”.
Un hecho que el gobernador Montes exige precisar es la responsabilidad del cambio de fecha del censo. Si bien todos los asistentes a la reunión del Consejo del 12 de julio firmaron la declaración en que se pide al Ejecutivo que el Censo sea postergado hasta mayo-junio de 2024, la responsabilidad de revisar dicha fecha no es del CNA, sino del INE, del Gobierno, insiste Montes: “en estos momentos como que están descargando la responsabilidad de la suspensión del Censo en quienes asistimos al Consejo de Autonomías; pero no es responsabilidad de esta instancia; la responsabilidad única es del INE”. En este sentido, cuando el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dice que si nuevamente se quiere cambiar la fecha del Censo se debería convencer al pleno del CNA, especialmente a los ocho gobernadores presentes, olvida que el censo es una de las 22 competencias privativas del “nivel central de gobierno”, como señala la Constitución; que en realidad, el único que puede mover la fecha de la consulta es el propio Órgano Ejecutivo, a través del INE. Que hubo un consenso con los presentes en la reunión del CNA es cierto, pero la responsabilidad de cuándo y cómo se lleva adelante el Censo es del “nivel central” del Estado.
Otro elemento no menor a considerar, insiste el presidente de la FAM, Johnny Torres, es la boleta censal, el hecho de que no se la haya consensuado con los distintos actores del proceso. Pero donde pone énfasis Torres es que a quienes primero debiera interesar que el Censo se “haga técnicamente bien” es a los municipios de capital de departamento, a los grandes conurbados, metrópolis, por la presión demográfica que se ejerce sobre los mismos.
“La presión sobre ciudades, como Tarija, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto es tan grande por la migración, que dentro de 10 años, Tarija (la capital) va a pasar de tener 300.000 habitantes a 600.000”, destacó el Alcalde tarijeño.
Y, por un estudio que contrató la AMB, se prevé que en 10 años, hasta 2032, “Santa Cruz va pasar a tener la mitad de la población del país, de un total de 15 millones de habitantes; el 85 por ciento de la totalidad de habitantes del país va a vivir entre Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto y Tarija. Un Censo nos debe decir, por ejemplo, cómo bajar la presión sobre las ciudades de capital”, aseveró el burgomaestre.
“¿A quién le debería interesar más que el Censo sea técnico, absolutamente verídico, es a Santa Cruz. En definitiva, debemos hacer uno que esté reconocido por todos los bolivianos, por los que ganen y por los que pierdan, porque en este Censo van a haber perdedores,” sentenció el alcalde Torres.
Las proyecciones, el nuevo debate
Las proyecciones de población son una rutina que el INE hace cada año. Como se puede ver en el cuadro adjunto, se prevé que Bolivia pase de 10.356.978 en 2012 a 12.006.031 en 2022.
Asimismo, en el mismo periodo de 10 años, el departamento de La Paz pasa de 2.767.504 en 2012 a 3.051.947 en 2022; lo mismo en el caso de Santa Cruz: de 2.779.271 en 2012 a 3.425.399 habitantes en 2022.
Cochabamba también tiene una llamativa evolución: pasa de 1.816.452 en el Censo de 2012 a 2.117.112 en el presente año.
No deja de sorprender Potosí. Pese a ser un departamento expulsor de población, en 2022 ya roza el millón de habitantes.
En su libro Estimaciones y proyecciones de población de Bolivia, departamentos y municipios (2021), el INE indica que las proyecciones (“evolución futura de una población”) parte de “trayectorias hipotéticas de fecundidad, mortalidad y migración”.
Para 2022, por ejemplo, decir que en este año Bolivia llegó e 12 millones de habitantes, es porque tuvo una Tasa Bruta de Natalidad de 20.14 nacidos vivos, por cada 1.000 habitantes; que la Tasa Global de Fecundidad es de 2,49 hijos por mujer; y, finalmente, que la Tasa Bruta de Mortalidad es de 6,03 defunciones por cada 1.000 habitantes.
Con cifras del Censo de 2012, la fecundidad por departamentos, se vio que Beni (4,10 hijos por mujer), Pando (4,09), Potosí (3,89) y Chuquisaca (3,29) presentan los niveles más altos de fecundidad, por sobre el total del país, y los departamentos con los niveles más bajos son Cochabamba (3,13), Santa Cruz (3,09), Oruro (3,04), La Paz (2,91) y Tarija (2,70).
En lo relativo a la mortalidad, el indicador que se usa es la esperanza de vida al nacer y según sea varón o mujer. Para el Censo 2012, a nivel nacional la esperanza de vida del boliviano varón era de 66,7 años, y de la mujer, 71,9 años. En varones, los más longevos son los tarijeños, con 69,2 años, y los menos, los potosinos, con 60,5 años. En el caso de las mujeres, las de más vida son las pandinas, con 74,9 años, y las de menos de nuevo las potosinas, con 69,2 años.
En migración interna (entre departamentos), las regiones “positivas” son Santa Cruz, con 51.077 inmigrantes, allegados; le siguen Pando (13.060), Cochabamba (10.429) y Tarija (8.487). En cambio, los “negativos”, la gente que se fue, en 2012 fueron: La Paz, con 28.925 emigrantes, Potosí (25.835), Chuquisaca (14.482), Beni (13.471), y Oruro (340 que se marcharon).
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.