¿Qué hacer con los comités cívicos?
Comités, posibles lugares de democracia directa desde instituciones independientes. Para el debate.
DIBUJO LIBRE
Casi tres años después de la crisis de octubre y noviembre de 2019, los comités cívicos no tienen el mismo protagonismo de entonces. Con excepción del Comité pro Santa Cruz, que desde el 25 de julio de este año ha paralizado Santa Cruz varios días. Eso sí, como en 2019, las demandas regionales se enfrentan al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y, de nuevo, muestran un país dividido en varias demandas, entre coyunturales e históricas, por la postergación por dos años del Censo que debía llevarse a cabo en 2022.
Pero la política en Bolivia tiene otro componente que a veces se confunde o pasa por alto: el de la gobernabilidad en lo nacional y subnacional. Considero que en Bolivia corre un concepto errado sobre democracia, que se enfoca demasiado en elecciones, que se orienta demasiado a los poderes ejecutivos —repito, sin importar lo nacional o lo subnacional— y que solo agranda la brecha entre gobernantes y gobernados. Con consecuencias quizás demasiado obvias: mal gobierno, corrupción, poca rendición de cuentas, poca confianza política y, más importante, puntos de referencia social sumamente debilitados. Aquí, los comités cívicos podrían ser una salida; con algunas consideraciones.
Entendamos a los comités cívicos como movimientos sociales que interpelan al Estado por demandas regionales y articulan a sectores urbanos, aunque lo rural también forma parte. Podríamos distinguir dos referentes, los movimientos regionales cruceño y potosino. Mientras el primero se forma con el Comité pro Santa Cruz en 1950 (y se activa en las luchas por el 11% de regalías hidrocarburíferas hacia 1957), el segundo se institucionaliza hacia la década de los 70, como producto del cambio de polos de desarrollo en el país, con el Plan Bohan de 1949.
El movimiento cruceño tiene un referente en 1904, con el “Memorándum de 1904. Dirigido al H. Congreso y a la Nación sobre las ventajas del ferrocarril oriental”, que es la base ideológica para la creación de instituciones como el “Comité de Obras Públicas”, la “Corporación Regional de Desarrollo” y, más importante, el Comité pro Santa Cruz; mientras que el movimiento potosino se forma porque el modelo de Estado de 1952 utiliza los excedentes de la minería potosina para fortificar el desarrollo del país —no reinvierte ese excedente en Potosí— y luego consolida un modelo de Estado que no beneficia a regiones periféricas como la potosina.
Si bien son movimientos regionales casi paralelos, revelan diferencias enormes: ambos abogan por un modelo de Estado, pero de tonos distintos. El cruceño aboga, sobre todo, por un “modelo autonómico” —a veces por la descentralización, federalismo o bien, independencia—, donde la planificación económica es nuclear; mientras que el movimiento regional potosino es sobre todo “estatista”, en el sentido de que si bien confronta al Estado nacional, demanda mayor reinversión y presencia estatal. Al mismo tiempo, el movimiento cruceño tiene un fuerte énfasis en la identidad cruceña y está articulado a partidos políticos; el potosino, en cambio, además de estatista, tiene una composición notablemente popular, donde juntas vecinales y mineros son protagonistas.
Desde el MAS y la izquierda se dice con frecuencia que el movimiento regional es conservador, mientras que, al otro lado, los comités cívicos son entendidos como espacios de resistencia frente al Estado (o bien, centralismo). Ambos son concepciones que irían en perjuicio del movimiento regional como tal, pero lo peor, para la democracia. Primero, lo que está implícito en el movimiento regional es una democracia de tipo directa. Segundo, que, si se trata de una democracia directa, se trata de deliberación y consenso, pero también de un contrapoder. Sin embargo, hay distintas formas de democracia directa, y uno de los peligros para la democracia directa es el énfasis en el colectivismo, es decir, que el consenso esté sometido a un “todo mayor”. Benjamin Barber, en Un marco conceptual: política de la participación lo advierte: si la democracia representativa tiene la debilidad de alienar la voluntad política, la autonomía y el autogobierno, a través del sufragio; una democracia directa en la que el individuo y sus intereses estén sometidos a una colectividad simbólica, deriva en conformismo social y subordina la participación política a una abstracción impersonal. O sea, una democracia directa fuerte y participativa —que es una contrademocracia en vez de un pedido por abolir la democracia representativa como tal— permite la autonomía política, individual y/o grupal, a través de un proceso continuo de participación ciudadana, de autolegislación continua, que deja que el individuo, por su libertad, ejerza su ciudadanía plenamente.
Tanto en El buen gobierno como en Democracia y desconfianza, Pierre Rossanvallon explica esto de la contrademocracia y la autoinstitución de la sociedad. En principio, la democracia es institucionalización de la confianza pública que, al mismo tiempo, es la expresión social de una desconfianza, lo que el autor llama “tensión democrática”. Y la respuesta a esta tensión se da por dos vías: a través del sufragio y de los poderes indirectos (poderes diseminados en el cuerpo social que ejercen vigilancia, prevención y juicio sobre lo público). Por otro lado, Rossanvallon explica que la democracia representativa termina inevitablemente en la “presidencialización de las democracias”, que es igual a que lo que entendemos como democracia es en realidad una “democracia de autorización”: poderes ejecutivos que centralizan decisiones sobre otros poderes, y que anulan o debilitan los puntos de referencia sociales.
El caso boliviano se asemeja más a una “democracia de autorización” que a una “democracia de apropiación”, que Rossanvallon especifica también como “democracia de confianza”, donde la confianza pública se restablece por la transparencia, la responsabilidad política, por un gobierno interactivo, la veracidad y la integridad. Es decir, uno en el que la democracia representativa conviva con una democracia directa participativa, que no fomente la cooptación y respete la autonomía política.
Entonces, ¿qué papel podrían jugar los comités cívicos para salvarnos de la “democracia de autorización”? Con reformas, el de instituciones independientes que se preocupen por el funcionamiento democrático, por el buen gobierno, y por el control ciudadano; existen experiencias previas. Si Bolivia quiere salir de la desconfianza pública y apuntar a un mejor gobierno, la democracia directa desde instituciones independientes es la salida, y seguramente los comités cívicos podrían jugar un papel protagónico en esto.
(*)Wim Kamerbeek R. es politólogo