Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 20:13 PM

Solo una fiscalía autónoma le hará bien a la democracia

Estuvo de visita en La Paz el máximo ejecutivo de la asociación que reúne a las fiscalías de 22 países de la comunidad iberoamericana

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:38

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

El punto sobre la i

La semana pasada estuvo de visita en Bolivia el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, pero llegó al país sobre todo como el nuevo presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (fiscalías), AIAMP, una de las instituciones de justicia más antiguas de la región, que nació en 1954; que reúne a las fiscalías de 22 países, incluidos España y Portugal; que trabaja mediante siete “redes especializadas de fiscales”, a saber: contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; de ciberdelincuencia; de fiscales antidroga; contra la corrupción; de cooperación penal internacional; de protección ambiental; y, la especializada en temas de género. Lo que hace diferente a esta asociación, destaca su presidente (desde el 29 de julio), es que es operativa, ayuda a la colaboración práctica de las fiscalías, en los casos que se requiera.

—Uno de los fundamentos de la Asociación es trabajar por la autonomía y la independencia de los ministerios públicos. ¿Cómo están materializando esto?

—Hay un reto en la región para fortalecer los principios de autonomía e independencia de los ministerios públicos, cada país tiene sus propias dinámicas. Pero lo importante es que en la medida en que existan mejores y más autónomos ministerios públicos, vamos a tener una mejor justicia y una mejor salud de la democracia.

—¿Qué problemas comunes ven para la autonomía e independencia de las fiscalías?

—Uno de los primeros es, en algunos países, la injerencia o enfrentamiento que existen entre los Ejecutivos y los ministerios públicos. Lo hemos visto recientemente en el caso de Perú, donde hay una investigación de la Fiscalía General del Perú a un Presidente en ejercicio. Ese es uno de los temas gruesos que tenemos en el continente. Y, por supuesto, diferentes aspectos que tienen que ver con el procesamiento o investigación de personas que han ejercido cargos públicos, que utilizan todo tipo de mecanismos para oponerse y atacar a los ministerios públicos. Creo que lo importante de esta asociación es ponernos de acuerdo para no solamente defender esa autonomía del Ministerio Público, sino al mismo tiempo plantear la idea de que los ministerios públicos pueden también colaborar armónicamente con los diferentes órganos o poderes de los países. En la medida en que dialoguemos más, las condiciones de salud de las democracias serán mejores.

—¿Cuánto pueden colaborar entre fiscalías, dada la normativa que tiene cada Estado? ¿Es un problema esto?

—No. Nosotros tenemos en este momento el Convenio de Palermo, que permite la cooperación judicial, rápida y efectiva entre las diferentes fiscalías. Esta es una asociación que permite hacer cosas como las siguientes: tener redes de fiscales en diferentes temáticas; por ejemplo, una red sobre tráfico de migrantes; la lucha contra el narcotráfico; contra la minería ilegal, de protección al medioambiente. Lo que nos permite tener operaciones judiciales conjuntas contra la criminalidad; acciones conjuntas que han permitido la captura y el enjuiciamiento de personas en diferentes países. Mientras que normalmente los tratados internacionales de los (poderes) Ejecutivos se dan sobre una base de intenciones, nosotros vamos sobre una base de resultados. Hoy tenemos resultados concretos de interdicción de narcóticos, de trabajo contra el tráfico de migrantes, de lucha contra el contrabando, contra la minería ilegal, contra la corrupción.

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) Foto. Rodwy Cazón

—Es más operativa ¿no?

—Es más operativa.

—En narcotráfico, que es un tema que toca a todos, ¿cuánto han podido avanzar en cuanto a operaciones? Es intercambio de información, de operativos…

—De operaciones conjuntas. Por ejemplo, las redes de Centroamérica y el Caribe y toda la zona de los países andinos, hemos venido haciendo cooperación conjunta en diferentes tipos de acciones, más de 30 operaciones conjuntas entre diferentes fiscalías. Hay resultados concretos, como el compartir información de inteligencia judicial que surge en uno u otro país.

—Ya se hace eso.

—Ya se hace eso. Estamos compartiendo esa información, lo que nos permite operar dentro de nuestros estados; si hay una información que la Fiscalía de Bolivia considera relevante en un caso, se le entrega a la Fiscalía colombiana, y nosotros ya podemos operar con esa información en nuestro país. Eso es vital, nos ha permitido tener unos vínculos muy serios con las diferentes redes de lucha contra la criminalidad en nuestra región.

—¿Cuál ha sido el avance de la red contra la corrupción?

—Sobre la red de corrupción, estamos sobre la base de una serie de patrones comunes que se han venido consolidando a través de Andorra, que es el que encabeza ese grupo, y los resultados han sido concretos. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la extinción de dominio y lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que se establece es la persecución penal; pero hay que acompañarla con la búsqueda de los bienes que sustentan esas actividades criminales. En ese sentido ya hay mecanismos de cooperación que se han venido estableciendo, muchos bilaterales. Si existen bienes de personas que ejercen cargos públicos que están en otro país, es posible iniciar procesos conjuntos de extinción de dominio, para solicitar el origen de esos recursos y proceder a la extinción de los bienes. Los bienes tienen un componente: si los perseguimos, estamos rompiendo la base delictiva de las organizaciones criminales.

—La fuente.

—La fuente. En Colombia, en los últimos dos años y medio hemos extinguido bienes por más de 6.000 millones de dólares, y bienes que tienen diferentes orígenes, colombianos, pero también de otros países.

—¿Mismas cifras de la red…?

—No. Parte de lo que se pretende hacer es consolidar una secretaría técnica o unas unidades de trabajo técnico permanentes, para poder hacer monitoreo, y darle concreción a una asociación que nació en 1954; vamos a cumplir 68 años, es una asociación que tiene seis años menos que la misma Organización de Estados Americanos (OEA).

—¿Desafíos que tienen como asociación?

—Estamos con grandes desafíos. No solamente (ante) los Ejecutivos. En algunos países tenemos, por ejemplo, lo que se rechazó por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, la creación de comisiones internacionales para menoscabar la autonomía de las fiscalías; también enfrentamos ideas que han surgido en algunos países de querer mutilar las competencias de los ministerios públicos, para que éstas dependan de los Ejecutivos o de otros intereses. Tenemos un gran reto: que los ministerios públicos puedan contar con policía judicial propia y no una policía judicial que dependa de la Policía Nacional, que al mismo tiempo depende de los Ejecutivos.

—¿Corrupción entre los fiscales?

—Como en todas las organizaciones públicas (en la Fiscalía), también existe corrupción. Siempre hay riesgos, pero lo importante, más allá de pensar en el angelismo institucional, tenemos que pensar en el mejoramiento, crear mecanismos de control interno, tener mejores presupuestos, mejores remuneraciones; tener una mejor vinculación con la ciudadanía. Hay que contarle a la gente qué es lo que hacen los ministerios públicos; y al mismo tiempo hay que pensar en las nuevas ciudadanías, como, por ejemplo, pensar en la protección a la mujer, en las poblaciones históricamente discriminadas, como las poblaciones indígenas, afro, LGBTI, la protección a los animales. Las fiscalías también tienen que estar entendiendo los discursos ciudadanos.

—¿Cómo la Fiscalía puede ser parte de la reforma de la justicia?

—Cualquier reforma que exista en un país sobre la justicia tiene que ser siempre buscando que se sostenga la administración, que se fortalezca y que no se atente contra la autonomía y la independencia.

—En su visita conoció el sistema de gestión informática de la Fiscalía, en Colombia debe haber algo similar.

—Existe un trabajo similar, pero yo quiero resaltar el trabajo del fiscal general Juan Lanchipa; creo que es un funcionario excepcional, que ha venido innovando; creo que el proyecto Justicia Libre es un proyecto muy interesante, porque le da la posibilidad al Fiscal General de poder hacer una gerencia inteligente en la lucha contra la criminalidad, a partir de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la información y comunicación. Si el país hace un tránsito, como lo está haciendo, creo que Bolivia entrará en una dinámica de un país que puede compararse con cualquier otro en términos de justicia. Yo rescato y celebro el esfuerzo del Fiscal General para poner a Bolivia en sintonía mundial con el tema de estas tecnologías.

—Usted fue propuesto por el presidente Iván Duque; trabajó en su gobierno; tiene su propia opinión sobre el proceso de paz…

—Fui uno de los que construyó el proceso de paz.

—Ahora debe seguir en funciones bajo el gobierno de Gustavo Petro, opuesto al de Duque. Con todo esto, ¿cómo está el proceso de paz y al final qué perspectivas tiene?

—Mire, es un trabajo muy interesante, porque como Fiscal General de Colombia me tocó trabajar con un gobierno, y me toca trabajar con este gobierno. Para responder su primera pregunta, yo creo que el proceso de paz va hacia adelante; debe seguirse implementando. Yo creo que el proceso ha venido complementándose con la idea del presidente Gustavo Petro, de una paz total. Según lo que él ha señalado, es necesario involucrar ya un proceso que quiere iniciar con el ELN, y un proceso con las disidencias y con diversos grupos delictivos que hay en Colombia. Frente a lo primero, el ELN, la posición del Fiscal General fue simple y rápida: acompañamos el proceso que el Presidente de la República en virtud de sus facultades constitucionales tenga. Yo soy un colaborador en la política pública del presidente Petro. Hemos conversado largamente con él. Eso hace que el país haya tenido un buen ámbito y una buena temperatura, en la medida en que muchas personas creen que porque uno viene, que fue enternado (propuesto en una terna) por otro Presidente no va a tener una buena relación con el presidente Petro.

—Larga vida a la paz en Colombia, fiscal.

—Larga vida a la paz. Yo fui uno de los que ayudó a concebir la jurisdicción de paz en 2016-2017; luego fui consejero presidencial en Derechos Humanos; posteriormente, muy poco tiempo estuve durante el gobierno del presidente Duque; fui elegido unánimemente, por primera vez en la historia de Colombia, por la Corte Suprema de Justicia, como Fiscal General, y créalo que la Corte Suprema me eligió por ser un amigo de la paz, por ser un constructor de paz.

Francisco Barbosa Delgado Las materias de sus investigaciones han girado en torno al derecho penal internacional, la justicia transicional, la historia constitucional colombiana, el derecho constitucional, el derecho administrativo, la contratación pública y el derecho internacional de los derechos humanos.

DATOS

Nombre: Francisco Roberto Barbosa Delgado

Nació: en Bogotá, Colombia, el 11 de enero de 1974.

Profesión: Jurista e historiador. Ocupación: Fiscal General de Colombia; presidente de la AIAMP

PERFIL

Algunos de sus libros son: ¿Justicia Transicional o Impunidad? La encrucijada de la paz en Colombia (2017); Del derecho de gentes al derecho humanitario en Colombia, 1821-1995 (2013).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El enigma Cruceño

¿Se entiende Santa Cruz a sí misma? ¿Entiende al resto del país? ¿Entiende Bolivia a Santa Cruz?

El paro indefinido en la capital oriental ha revelado la nueva presencia de santa cruz y su visión de país

Por Pablo Deheza

/ 20 de noviembre de 2022 / 07:00

En siete décadas, Santa Cruz pasó de ser un territorio remoto, desconocido para la mayor parte de la población, olvidado y postergado históricamente, a ser el polo económico más moderno y pujante de Bolivia. Según los datos del censo de 1950, la población total del departamento era de 244.658 habitantes. Según las proyecciones del INE, en 2022, la cifra es de 3.425.399 ciudadanos. Así, en 72 años la cantidad de moradores se expandió 14 veces.

Esta serie de cambios implicaron que la realidad del departamento resulte casi inaprensible para la comprensión sistemática de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que ocurrieron y siguen ocurriendo. Santa Cruz se ha transformado en formas tan tumultuosas, profundas y sorprendentes que no resulta difícil de entender que tenga un carácter enigmático para los propios cruceños; ni qué decir para la mirada desde el resto de los departamentos.

La política cruceña y la política boliviana están signadas actualmente por una serie de dificultades para la comprensión de las diversas otredades existentes en el país. Muchos pueden reconocer, o al menos, sentirse parte de determinadas identidades políticas. La dificultad comienza cuando se trata de entender al resto, a los otros grupos fuera de aquel donde cada quien se inscribe.

En los conflictos políticos, en la disputa por el poder, aparecen sintetizadas las tensiones presentes en las sociedades. El último paro indefinido en Santa Cruz y el conflicto por el censo ponen en evidencia precisamente las diferencias que existen en Bolivia y en el país.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, junto con Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, lideraron la protesta porque el censo de poblacional en Bolivia se lleve a cabo en octubre de 2023. Para esto, conformaron una comisión interinstitucional en Santa Cruz, a través de la cual gestionaron la interpelación al Gobierno nacional.

Después de dos cabildos, uno el 30 de septiembre y otro el 13 de noviembre, y casi un mes de cese de actividades en Santa Cruz, no se produjo la adhesión del resto del país al que aspiraban los organizadores de la protesta. El paro en sí fue acatado con mayor rigor en las zonas central y norte de Santa Cruz, diluyéndose hacia los barrios populares de los cuadrantes este, oeste y sur. En los municipios hubo bloqueos en algunos puntos sobre las carreteras, pero con normalidad entre las localidades.

Estos elementos muestran el alcance real del camachismo, sus propios límites internos dentro del departamento; los mismos que son consistentes con los resultados electorales obtenidos por el gobernador cruceño en 2020 y 2021. Del mismo modo, también se ve reflejado en ese alcance del paro la situación del MAS y del Gobierno nacional.

Si bien en 2019 el liderazgo de Luis Fernando Camacho jugó un rol preponderante en la caída del poder del expresidente Evo Morales y tuvo coyunturalmente una determinada receptividad nacional, al presente quedó en evidencia que él no logra conmover ni convencer significativamente fuera del centro capitalino donde está su bastión.

EL ENIGMA.

Entonces, ¿por qué el camachismo está encapsulado mayoritariamente en la capital cruceña? ¿Por qué no logra irradiarse al resto del departamento? ¿Por qué la dirigencia cruceña quedó aislada en el conflicto y no logró conectar con el resto del país?

De igual manera, pero inversamente, caben cuestionamientos similares sobre el desempeño del MAS en el departamento. ¿Por qué no logra comunicarse con las clases medias urbanas de la capital? ¿Por qué no logra salir de los centros con alto porcentaje de población migrante? ¿Qué pasa con el MAS cruceño?

“Ni Camacho conoce la problemática de los barrios más alejados y el MAS tampoco conoce la problemática de las clases medias urbanas. Nunca el MAS se ‘cruceñizó’, siempre se lo ha visto como un partido andino y andinocéntrico, a diferencia del MNR de 1952, que entroncó y se hizo ‘cruceño’. El MAS nunca pudo hacer eso”, sostiene el exrector de la UAGRM y exministro de Defensa, Reymi Ferreira.

El gobernador cruceño y el MAS aparecen, por lo menos a partir de los resultados electorales y territorialmente, como el anverso y reverso de una misma moneda.

Ferreira explica que “el MAS mantuvo su espacio electoral basándose en la población migrante”. De manera consecuente y correspondiente, el camachismo se asienta con mayor fuerza en los lugares donde residen los grupos tradicionales y donde la ideología del regionalismo cruceño es mejor recibida.

Con todo, la migración es un proceso dinámico. Las personas que se asientan en un lugar distinto al de su origen terminan identificándose y asimilando la cultura y los valores del medio. Esta es la dificultad que tiene el MAS. “A la larga la población migrante tiende a disminuir porque muchos migrantes van asumiendo la identidad local, desvinculándose de su adhesión étnica cultural”, explica Ferreira.

Entonces, está claro que el MAS concentra su presencia entre la población migrante, al menos la más reciente. Los hijos de éstos están mucho más cerca de la identidad local que de la original de sus progenitores.

Con todo, ¿entiende Luis Fernando Camacho la totalidad del departamento? ¿Comprende la realidad de los centros poblados mayoritariamente migrantes como Yapacaní, Cuatro Cañadas o Mairana? Ferreira responde: “No, no conoce eso, por lo menos desde una perspectiva inclusiva. La conoce para rechazarla. A diferencia, Rubén Costas (su antecesor en la Gobernación cruceña) sí hizo un esfuerzo por crear vínculos y de hecho lo logró, fue declarado hijo predilecto en San Julián. Camacho no, es diferente y se ha cerrado a todo tipo de relación con ellos”.

Camacho no logró conseguir las adhesiones de otros departamentos en la protesta por el censo. Lejos de intentar seducir y construir una relación respetuosa, el cabildo del 13 de noviembre optó por plantearles un ultimátum. Se les dio 72 horas de plazo para que se unan “formalmente a este reclamo con medidas efectivas”.

“Santa Cruz debería ser el eje de atracción natural de todas las fuerzas políticas conservadoras y no lo ha sido debido su visión localista, porque para Camacho y su entorno lo otro es contradicción, es el enemigo”, aseveró Ferreira.

“Camacho nace del discurso regionalista y por lo tanto no tienen proyección y se lo notó en este paro. No hubo ningún departamento que se haya tomado en serio la movilización”, aseveró.

Pero el MAS cruceño tampoco está en condiciones de ser una alternativa. “Para empezar, el MAS en Santa Cruz está dividido en los límites de la ambición de sus dirigentes. No ven más allá del interés personal”, sentenció Ferreira.

(*)Pablo Deheza es periodista de La Razón en Santa Cruz

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Andinización de Santa Cruz

Hoy día, lo más plurinacional en términos de diversidad— se lo encuentra en Santa Cruz.

Un punto de bloqueo en en la ciudad de Santa Cruz.

/ 20 de noviembre de 2022 / 06:55

El punto sobre la i

El límite del acercamiento occidental-popular masista hacia Santa Cruz, dice el exrector de la UAGRM y exministro, Reymi Ferreira, siempre ha sido “la perspectiva andina”. Hubo momentos y actores relevantes de mayor conexión, como el exvicepresidente Álvaro García Linera o el exministro de Gobierno, Carlos Romero, destaca el analista. Pero fatalmente, “los actores locales no los veían como locales, sino como de la parte andina del país”.

Ahora, al llamado “andinocentrismo” occidental, especialmente paceño, acaso haya que añadirle la persistencia de un cierto “desprecio” del paceño hacia el resto del país, destaca el sociólogo cochabambino José de la Fuente. No es nada inocente, deplora, por ejemplo, la usual expresión de “la gente del interior del país”, que cuando cruceños, tarijeños o cochabambinos llegan a una reunión en La Paz, del modo más natural se diga que “ya ha llegado la gente del interior”. No es inocente porque si una cara de la moneda es la subestimación del otro, “interior”, la otra cara es la sobreestimación de sí, del centro occidental.

Pero son los momentos de crisis cuando afloran las tendencias peores, desintegradoras, llamó la atención la politóloga Susana Bejarano en el Piedra, Papel y Tinta de la semana pasada.

“A mí me parece peligroso abonar el discurso como si Santa Cruz no perteneciera a Bolivia; Santa Cruz es Bolivia, como lo son los otros departamentos del país. Es peligroso porque abona sentimientos regionalistas, que luego no nos han llevado a buenos puertos”.

Para Bejarano, así como el “centralismo” gubernamental, radicado en La Paz, no deja de ser un hecho cotidiano, patente, sobre todo en la gestión pública, y que por esto la lucha contra el centralismo es una de las banderas de los cívicos cruceños, también puede ser el pretexto que está encubriendo las propias ineficiencias de la gestión pública local o departamental; a la fecha, uno de los defectos que más se le echa en cara al gobernador Luis Fernando Camacho es precisamente su baja ejecución presupuestaria en obras de inversión; de aquí la evidente instrumentalización del censo por parte de la élite cívica, que por unos meses de adelanto en su fecha se iban a resolver prácticamente todos los problemas de educación, salud y otros.

En la anterior entrega de Animal Político, el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta, hacía la significativa precisión de que casi toda la coparticipación tributaria municipal (el recurso estatal por el que se está luchando hoy día en la pelea por el censo lo antes posible) va a sostener a la burocracia edil y al funcionamiento de las alcaldías.

Ahora, con todo lo perjudicial que ha sido el paro indefinido por el censo en 2023, esta crisis ha revelado el momento verdaderamente histórico que vive el país, destacó en el mismo Piedra, Papel y Tinta, el comunicador y politólogo Manuel Mercado.

“Bolivia está pasando por un momento que no veíamos, quizás, desde principios del anterior siglo (el XX), justamente con el traslado del poder económico del sur, Potosí y Chuquisaca, hacia el norte, “federalista” aquella vez, paceño”. Un hecho que esa vez “nos ha costado una guerra civil”, destacó Mercado.

Hoy día es ese traslado hacia Santa Cruz centro económico es lo que está manifestándose, aunque no del mejor modo: el reclamo cívico ‘desde ahora, nada sin Santa Cruz’, no deja de tener su grado de objetividad.

Hoy, con sus particularidades, dice Mercado, “tenemos un centro económico muy pujante, muy legítimo; hoy lo más plurinacional, en términos de diversidad, se lo encuentra en Santa Cruz; creo que todos los bolivianos tenemos o una parte o la mitad de la familia en Santa Cruz”.

Es un nuevo crisol, “no mejor ni peor, sino diferente al que se ha constituido en La Paz”, destaca el politólogo. Pero he aquí un efecto central de todo esto: “esa innegable capacidad de atracción que tiene Santa Cruz está planteando al país la necesidad de redefinir muchos ejes de trabajo”, muchos ejes de la agendapaís.

Por este peso económico, poblacional y social de Santa Cruz, preocupa la actual dirigencia política cruceña, apunta el sociólogo De la Fuente. Es una “oligarquía que está enojada con el proceso político del MAS, porque han dejado de vivir del Estado, aun cuando siguen beneficiándose de la subvención del gas y otros”.

Una oligarquía enojada también en lo político, porque ha dejado de estar en el poder central. Antes del MAS, “siempre ha estado en el gobierno, desde el mismo (Víctor) Paz Estenssoro, es más, la reforma agraria no llegó a Santa Cruz. En estos 14 años han pasado a la segunda fila: más importante es Oruro, El Alto, y contra su racismo y la pérdida de poder, ‘no pueden razonar’”, asegura De la Fuente.

Preocupa la dirigencia por el práctico harakiri que el paro cívico indefinido significa para la economía y futuro cruceños.

Migrar hacia Chile

Siempre se ha hablado de la migración hacia Santa Cruz, que por eso se reclama Censo-2023. Sin embargo, hay un hecho poco conocido y que recién se lo trata de cuantificar: la intensa migración de gente de tierras bajas, pero especialmente de Santa Cruz, hacia Chile, apunta el sociólogo, especializado en migración, Alfonso Hinojosa. “Santa Cruz urbana, Plan 3.000, ciudades intermedias, Montero, Warnes, muchísima gente está ligada a las cosechas en el centro y sur de Chile; en Santa Cruz mismo no se visibiliza esta salida de población”.

Desde el punto de vista demográfico, desde los 80 lo que hubo fue la “andinización” del departamento, asegura el sociólogo, aunque es un hecho complejo: en las últimas movilizaciones, recuerda Hinojosa, se pudo identificar que muchos jóvenes “son descendientes de collas, pero con un discurso muy fuerte anticolla”.

Sobre el calado social que puede tener la consigna del federalismo en el mismo departamento de Santa Cruz, Hinojosa es enfático al afirmar que no es “algo que venga “desde abajo”. Incluso a futuro mediato, dice el sociólogo, “no sé si sea un proyecto que tenga una capacidad de ser hegemónico”.

El ‘’federalismo” es más discurso de la élite. Otra cosa es, dijo, la demanda, que hay que tomar en serio, de la región chaqueña, en partes de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

(*)Iván Bustillos es periodsta de La Razón.

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¿Federalismo? primero ganen la elección nacional

Hoy día, los federalistas en realidad son separatistas: no plantean un Estado federal para todos.

/ 20 de noviembre de 2022 / 06:36

DIBUJO LIBRE

El federalismo es un modelo de Estado contrario al artículo 1 de nuestra Constitución: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Para referirnos al modelo federal de Estado debemos remitirnos hasta los albores de Estados Unidos de Norteamérica. La historia de la República Federal Norteamericana nace con las 13 colonias que tenía el Reino Unido en la costa este del actual territorio norteamericano. En su guerra de independencia de 1775 a 1783 estas colonias pelearon mancomunadamente, puesto que solas eran débiles ante el poderío del Imperio Británico. Tras conseguir su independencia, estas 13 colonias, débiles por sí mismas y fuertes unidas, por temor a las represalias del derrotado imperio y por la conciencia de su debilidad individual, deciden agruparse en la forma de República Federal aglutinadora de esos pequeños estados débiles.

Esta reseña nos hace entender que el federalismo nace como la unión de varias partes débiles ante la amenaza de sometimiento por un poder imperial. Pedazos territoriales (colonias) que por sí solos no podían hacer frente al Reino Unido y que unidos eran al menos respetados.

Los modelos federales de Estado también tienen una lógica geopolítica territorial. Los ejemplos más concretos son Brasil, cuyo territorio abarca la mitad del subcontinente sudamericano; Rusia, llamado paíscontinente; y, el propio Estados Unidos de Norteamérica, cuya extensión territorial abarca del océano Atlántico al Pacífico.

Los modelos federales de Estado, propiamente llamados Repúblicas Federales o Confederaciones, como Brasil, Rusia, Estados Unidos, también han desarrollado una instancia todopoderosa por encima de cada Estado: la tuición federal, que regula en lo macro a cada parte de ese todo territorial. Muchos dirían que es más concentrado que cualquier otro modelo, puesto que incluso existen agencias federales en cada área y materia de la cotidianidad social, con tuición y mandato irrestricto por sobre cada Estado parte de la República Federal.

En nuestro país, para hablar propiamente de federalismo se deben analizar las condiciones materiales, históricas y territoriales concretas. Bolivia no es un país-continente con territorio de costa a costa cuya administración territorial y política se hace imposible. Tampoco nació a la vida republicana como una sociedad de estados débiles unidos por la necesidad y el miedo de la época. De hecho, el ejército libertario más grande, al frente de Simón Bolívar, era la garantía de constitución de una república no federal, que tampoco debía preocuparse por el decadente y derrotado imperio español de la época. Por otro lado, Bolivia, a partir de la nueva Constitución, aún no ha desarrollado plenamente el ámbito autonómico, por ejemplo, en la conformación de autonomías regionales.

Para convertir el Estado Plurinacional de Bolivia en una República Federal primero debe generarse el poder constituido (gobierno elegido democráticamente y con amplia mayoría), que sepa hacer uso de su legitimidad para generar un poder constituyente (Asamblea Constituyente), en cuyo escenario se podrá abordar cualquier modelo de Estado posible, incluido el modelo federal.

Ante las pretensiones de los cívicos cruceños, que no son recientes, de modificar el Estado Plurinacional, incluidos los paradigmas autonómicos, hacia un modelo de Estado federal, primero deberían ganar las elecciones nacionales; posteriormente, ese poder constituido tendría que generar el poder constituyente respectivo para viabilizar otro modelo de Estado posible, esto es otra Asamblea Constituyente.

Puesto que la doctrina constitucional concibe al modelo de Estado como base fundamental de toda Constitución, su modificación no podría realizarse mediante referéndum modificatorio, ya que dichas bases fundamentales constituyen parte central, no accesoria o modificable, de todo el ordenamiento jurídico nacional, de todo modelo de Estado y tipo de gobierno, que es lo central.

También puede leer: Camacho reivindica dar el poder a las regiones con el federalismo ante la ‘soberbia centralista’

En este orden de realidades y verdades, más allá de caprichos y deseos, el federalismo en Bolivia es una imposibilidad. Los federalistas en realidad son separatistas, no plantean un modelo de Estado para todas las partes del todo, sino una suerte de independencia, fraccionamiento de uno de esos pedazos de la totalidad totalizante llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Contravienen lo dispuesto en el artículo 124 de nuestra Constitución, que indica:

I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o boliviano que incurra en los siguientes hechos:

1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia.

2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.

3. Que atente contra la unidad del país.

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.

Interpretando la disposición constitucional precedente, el numeral 1 del parágrafo I podría acontecer en caso de guerra. Sin embargo, los numerales 2 y 3 son situaciones posibles previstas por los constituyentes, que pueden ocurrir en tiempos de paz o de guerra. Su sanción la establece el mismo artículo 124.

Estamos frente a un nuevo intento, como aconteció en 2009 con la llamada “media luna”, de atentado contra la unidad territorial de nuestro país. Las autoridades nacionales deben cumplir y hacer cumplir la ley, empezando por los preceptos consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El deseo federal debe esperar a que sus ideólogos mínimo ganen democráticamente las elecciones nacionales. Objetivo que si bien no es imposible, es muy remoto en virtud a su nula incidencia nacional y su enfoque chauvinista regional de hacer política. Por otro lado, más allá de soñar con imposibilidades constitucionales, los ideólogos del federalismo deberían estudiar el régimen de las autonomías regionales y plantear al país un modelo sobre esa base legal vigente.

(*)Gabriel Villalba P. es abogado y analista político

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La espada de la impunidad

Si el Estado no toma acciones para evitar que la UJC quede impune, la espiral de violencia seguirá creciendo.

/ 20 de noviembre de 2022 / 06:13

DIBUJO LIBRE

Transcurrieron ya tres años del quebrantamiento del orden constitucional mediante un golpe de Estado y de las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata. También pasaron poco más de cinco meses desde que se dictó la sentencia judicial en la vía ordinaria, determinando 10 años de cárcel, para la Sra. Áñez por el caso “Golpe II”. Sin embargo, en un hecho que motiva la mayor preocupación, los demás autores del golpe, comenzando por Luis Fernando Camacho, continúan sin proceso judicial iniciado, por subrepticios motivos que llevan a pensar que hay un pacto de impunidad.

En cuanto a la Sra. Áñez, ya se estableció que el procedimiento idóneo de juzgamiento según manda la Constitución y la Sentencia Constitucional 0052/2021 —no solo como senadora sino también como autoproclamada presidenta— es el juicio ordinario. Tal precepto jurídico fue confirmado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 357/2022 del 4 de noviembre de este año, que confirmó la Resolución 912/2022 de 13 de octubre de este año, emitida por el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción respecto del “Caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA)”, que es un juicio por delitos cometidos en gestión gubernamental. Esto significa que los actos de gobierno de la Sra. Áñez, junto con todos los autores intelectuales y materiales de las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata, deben ser juzgados también por vía ordinaria, sin ningún privilegio.

Reitero enfáticamente, con las leyes y la Constitución en las manos, que cualquier intento de insistir en que a la mencionada expresidenta de facto le corresponde juicio de responsabilidades, solo podría ser resultado de una oscura e ilegal negociación política entre algunos legisladores del MAS con la oposición de derecha, con el objetivo de dejar en la impunidad a todos los demás responsables del golpe, olvidándose de esta forma de procesar a Luis Fernando Camacho, que tuvo directo protagonismo en los hechos, a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga y todos los que estuvieron en la reunión de la Universidad Católica Boliviana el 10 de noviembre del 2019, incluyendo a representantes de misiones diplomáticas internacionales y de la Iglesia Católica. Cualquier legislador —sea de Comunidad Ciudadana, de Creemos o, peor, del MAS— al que se le ocurra efectuar semejante negociación por un espurio acuerdo de impunidad, deberá saber que puede ser enjuiciado por contrariar la Constitución.

Pero las consecuencias de la impunidad que aún prevalece en el juzgamiento de los hechos golpistas de 2019, también se manifiestan en el actual conflicto por el Censo. La ola delictiva (agresiones, extorsiones, violaciones grupales, uso de material explosivo, armas blancas y de fuego, que dejaron heridos y hasta muertes, saqueos de viviendas particulares y negocios privados, incendios de mercados de abasto y sedes sindicales) que se da en Santa Cruz, efectuada por personas violentas, grupos de fuerza irregulares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que arremetieron contra la población más humilde de los barrios populares, no puede ni debe quedar en simples denuncias que no prosperan en la fase investigativa.

Las lacerantes imágenes del incendio de la Federación de Campesinos el viernes 11 de noviembre, o en el Plan Tres Mil, atacado en la noche del miércoles 16 de noviembre que, pese a la tergiversación de los medios (Unitel y Red Uno) controlados por las logias empresariales, se viralizaron en las redes sociales, mostraron algo que el constitucionalista Franklin Gutiérrez ha calificado como una “dictadura local” ejercida por el gobernador y jerarcas cívicos.

Las conductas por parte de miembros de ese grupo irregular se adecúan a distintos tipos penales, por citar algunos: asociación delictuosa (artículo 132 del Código Penal), organización criminal (132 Bis), terrorismo (133), violación (308) y varios otros que pasan por lesiones, homicidio y asesinato.

Esta ausencia de garantías jurídicas y seguridad ciudadana en la capital cruceña constituye un grave peligro para nuestra democracia y nuestra integridad territorial; un riesgo que seguirá creciendo en la medida en que en los estrados judiciales y en la Fiscalía de Santa Cruz no se haga nada para sancionar penalmente tan graves hechos.

Para los fines de la justicia, la Fiscalía General del Estado, en apego a sus atribuciones, debe conformar una comisión nacional de fiscales, tomando en cuenta que oficinas públicas atacadas y vandalizadas, como la Estación Policial Integral (EPI) de La Guardia, pertenecen a una entidad (la Policía Boliviana) de carácter nacional; o las sedes de organizaciones sindicales obreras y campesinas saqueadas e incendiadas dependen de entidades matrices nacionales. Este accionar penal investigativo es impostergable, siguiendo las recomendaciones del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de agosto de 2021, que recomendó al Estado desarticular, juzgar y encarcelar a los miembros de estos “grupos de naturaleza parapolicial” como la UJC o la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

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En el afán de no dejar impune el cúmulo de acciones criminosas, no se puede dejar de lado el hecho de que estos grupos terroristas cuentan con apoyo logístico y económico, por lo que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debe ser parte de los procesos para esclarecer quiénes son responsables de financiar a los grupos de choque. Del mismo modo, se debe investigar sus vínculos internacionales, como con el saliente presidente del Brasil, Jair Bolsonaro o con el partido de extrema derecha Vox de España (que realiza talleres de reclutamiento para Creemos, el partido de Camacho), correspondiendo también la participación de la Procuraduría General del Estado.

En este escenario, el Ejecutivo está entre la pared y espada de la impunidad. Si no toma acciones determinantes para evitar que los miembros de la UJC queden impunes, la espiral de violencia seguirá creciendo. Si no toma acciones para el avance de los juicios penales ordinarios contra todos los golpistas de 2019, las conspiraciones antidemocráticas van a empeorar.

(*)Álvaro Flores S. es abogado. Apoya al Comité Impulsor de Justicia (CIJ)

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El asesinato de JFK

El 22 de noviembre de 1963, hace 59 años, era asesinado el presidente de EEUU John Fitzgerald Kennedy.

/ 20 de noviembre de 2022 / 05:56

DIBUJO LIBRE

El 22 de noviembre de 1963 aconteció el magnicidio del trigésimo quinto presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy (JFK), quien fue baleado a plena luz del día en un desfile público en la ciudad de Dallas. A menos de dos horas después de los disparos, la Policía local arrestó a Lee Harvey Oswald por el homicidio de un uniformado y con la sospecha de estar implicado en el asesinato del primer mandatario. En la madrugada del día siguiente, Oswald fue imputado como el único responsable de la muerte de Kennedy.

En la mañana del 24 de noviembre, Oswald estaba siendo trasladado a una cárcel de mayor seguridad cuando el mafioso Jack Ruby le disparó en el abdomen frente a un centenar de policías. Oswald fue rápidamente llevado al Hospital Parkland pero falleció una hora después, en el mismo centro médico donde el cuerpo sin vida de Kennedy había llegado dos días atrás.

Con esta ironía se le puso punto final a uno de los episodios más trágicos de la historia estadounidense, además, clausurando cualquier investigación ulterior sobre las causas del asesinato del Presidente. Así, la versión oficial del magnicidio fue presentada en el informe Warren el cual establecía —como explicación criminalística— la existencia de tres disparos desde un depósito de libros, un solo asesino y al móvil del magnicidio como las acciones sin sentido de un fanático solitario.

Sin embargo, el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, no conforme con la simpleza de la versión oficial, condujo una profunda investigación enfocada en los varios cabos sueltos que dejaba el informe Warren: la existencia de una filmación casera que registró la balacera (la cual nunca había sido mostrada al público), la presencia de testigos que escucharon disparos provenientes de frente a la limusina del Presidente (en vez de detrás, desde el depósito de libros), una testigo que vio a un hombre portar un rifle (quien por cierto no era Oswald) y una serie de irregularidades en las actuaciones de los aparatos de seguridad del Estado.

Todo esto motivó a Garrison a realizar el único juicio por el asesinato del presidente Kennedy, en el cual se pudo mostrar al jurado la filmación casera realizada por Abraham Zapruder. Esta filmación demuestra que el disparo fatal no pudo venir por detrás —desde el depósito de libros— sino de frente —desde una cerca ubicada delante de la limosina—. Esta evidencia, además, probó que hubo un segundo francotirador y un total de seis disparos.

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Foto. rtve.es

Garrison sostuvo la existencia de una conspiración para matar a Kennedy que involucraba a la Agencia Central de Investigación (CIA), al Buró Federal de Investigación (FBI), al Pentágono, al Servicio Secreto y la Policía de Dallas; de lo contrario, no existiría explicación razonable para el paulatino asesinato de testigos clave y la supresión de evidencia como el conveniente extravío del cerebro del Presidente (eliminando la posibilidad de realizar pruebas forenses que ratifiquen la trayectoria de la bala fatal).

La experiencia de Garrison investigando la conspiración (incluidas las represalias del gobierno en su contra) las plasmó en una trilogía de libros, el último de éstos: Tras la pista de los asesinos (1981), publicación en la que Oliver Stone se basó para escribir y dirigir JFK (1991), película nominada a ocho premios Oscar, de los cuales ganó dos.

Gracias al impacto de la película en la cultura de masas, el Congreso estadounidense aprobó una ley que libera la información en torno al asesinato de Kennedy, la cual puede accederse desde el Archivo Nacional de Maryland y ya no requiere la espera hasta el 2029 para su desclasificación.

¿Por qué asesinaron a Kennedy?

Según Jim Garrison, el señor X (un testigo de importante cargo dentro del Pentágono) y Oliver Stone, el establishment asesinó a Kennedy por no ajustarse a la política intervencionista norteamericana y al multimillonario negocio de la guerra, después de todo, el joven Presidente había programado —para diciembre de 1963— el retiro de las tropas en Vietnam, poniéndole un progresivo fin a una guerra que él no había librado sino heredado.

Del mismo modo, Kennedy se negó a colaborar en una segunda invasión militar a Cuba, no estaba interesado en competir en la carrera espacial con la Unión Soviética y —por si fuera poco— redujo el presupuesto de las agencias de inteligencia en un 20%, despidiendo a directores que habían conducido la máquina bélica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Al día de hoy, se sabe que Kennedy no era ningún santo respecto a su vida personal, no obstante, sus políticas de gobierno fueron de carácter progresista, por ejemplo, favoreciendo el incremento de los derechos civiles para la población afroamericana en un periodo en el que Malcolm X y Luther King todavía no habían sido asesinados por defender la misma causa.

El que un presidente no quiera antagonizar con el comunismo y se aleje de la política injerencista resulta impensable para el escenario geopolítico actual, semejante atrevimiento le habría costado la vida a Kennedy y serviría como sanción ejemplarizadora para cualquier mandatario (demócrata o republicano) que no sepa adecuarse a las políticas exteriores del Estado norteamericano.

(*)Javier García B. es abogado y folósofo

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