Wednesday 1 Feb 2023 | Actualizado a 17:22 PM

Toca repensar el estado plurinacional

Festejo del Día del Estado Plurinacional bajo el gobierno de Evo Morales. En tres 22 de enero (2021, 2022 y 2023), Evo Morales no estuvo en la ceremonia oficial

/ 22 de enero de 2023 / 07:15

Con 14 años de vigencia, es la primera vez que el festejo será con el MAS, su gestor, dividido.

El punto sobre la i

Claro, la noticia es que este 22 de enero de 2023 es la primera vez que el Día del Estado Plurinacional se lo celebrará con un Movimiento Al Socialismo (MAS) dividido o más o menos fracturado, según el aspecto que se destaque: si ‘las tres cabezas’, si la dirigencia, si la bancada, si las organizaciones sociales, si el Pacto de Unidad. Con el partido gestor del Estado Plurinacional dividido, en este 14 aniversario se repite la ausencia del expresidente Evo Morales en los actos oficiales de la gestión de Luis Arce Catacora. En 2021, el presidente del MAS no pudo asistir porque estaba en una clínica recuperándose del contagio de COVID-19; en 2022, también fue por la pandemia, por el incremento exponencial de los casos.

El cumpleaños con el protagonista dividido, sin embargo, coinciden los analistas entrevistados por Animal Político, que debiera mover a repensar, en el sentido de volver a ver, la actualidad y vitalidad del Estado Plurinacional como premisa país.

Con 14 años de vigencia, algunas cuestiones básicas aún parecen ser cuán nacional es el Estado Plurinacional, cómo está evolucionando (o involucionando) y en qué medida el deterioro del MAS le afecta.

El sociólogo político cochabambino Fernando Mayorga lanza el primer elemento que habría que tener en cuenta para un análisis: “Se trata de una construcción minimalista, en el sentido de que va a ser lento, progresivo y de carácter incremental, porque crear una institucionalidad estatal es una tarea inmensa, además de que eso lo estamos haciendo de manera paralela culminando algunas tareas del Estado Nacional”.

AVANCES.

Tales como las seis autonomías indígenas consolidadas, la mayor vigencia de la democracia intercultural, la elección de autoridades locales y departamentales, según la democracia comunitaria, Cartas Orgánicas municipales en que se está incluyendo la paridad y la interculturalidad. La construcción es lenta, pero acaso también descuidada, apunta: “Tampoco se percibe en el discurso de Luis Arce ni de Evo Morales una centralidad, la debida importancia que tiene, el discurso respecto del Estado Plurinacional. Esto ocurre los 22 de enero, y después hay pocas iniciativas”.

Mayorga recuerda que en 2014 el discurso por el Estado Plurinacional fue desplazado por la Agenda Patriótica, la Agenda del Bicentenario.

“En la medida en que este debate dentro del MAS sea cupular, esté limitado a las estrategias electorales, se va a descuidar el enorme avance que hubo en 2009 con el reconocimiento del Estado Plurinacional”, insiste.

Con todo, afirma el sociólogo, “el MAS tarde o temprano va a entrar (en el asunto), y esto, insisto, al influjo de las organizaciones sociales, en un debate programático respecto a cuáles son los nuevos desafíos para el proceso de cambio en esta época, y eso va a recuperar la propuesta, el modelo, del Estado Plurinacional, con mucha más fuerza”.

Un hecho que se debe tener siempre presente, afirma, es que el Estado Plurinacional no es sinónimo del MAS. “Su implementación, sabemos que es la respuesta adecuada para nuestra sociedad y su diversidad cultural, regional, etc. No hay otro modelo, ¿qué modelo de Estado se podría plantear? ¿volver al Estado Nación sin reconocer el pluralismo jurídico, cultural, político, linguístico?, inquiere el sociólogo Mayorga.

RECONOCIMIENTO.

Para el politólogo Marcelo Silva, el origen del Estado Plurinacional va más allá incluso de la república. “Es un constructo, un producto que viene de varias décadas atrás, que va más allá de la misma historia de la república. Reúne dos cosas: el reconocimiento de naciones indígena originarias que existen en el país, y la capacidad de reconocer autonomías en el ámbito de un proceso de descentralización política”, destaca Silva.

Estos dos elementos, son logros país, insiste, “que no creo que sean renunciables en el tiempo; al revés, son irrenunciables. La pregunta es qué elementos mayores, qué propuesta política, qué proyecto de profundización de este Estado puede ser viable en el momento de transición política en que estamos, transición porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de consolidarse”.

El Estado Plurinacional ya es un horizonte, afirma el politólogo: “Creo que sobre la base del Estado Plurinacional, la sociedad boliviana está esperando propuestas innovadoras que no vayan en contrario, sino para profundizarlo”.

La pregunta es, insiste, ¿cómo se puede acelerar la profundización del Estado Plurinacional? “No creo que el Estado Plurinacional esté en entredicho, lo que está en entredicho es qué más podemos hacer para seguir construyéndolo, y no anquilosarse en disputas solo de coyuntura”.

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DERROTA.

Con respecto a la actual división del MAS y cómo esto afecta a la construcción del Estado Plurinacional, el sociólogo Mayorga recuerda que el origen de la actual crisis masista “sin duda es la derrota política del 10 de noviembre de 2019, cuando se modifica de manera sustantiva las relaciones entre los actores relevantes del MAS, cuando se recompone el llamado mapa del modelo organizativo”.

El MAS, bajo el gobierno de Arce Catacora, insiste, no ha establecido un esquema de toma de decisiones eficiente, como el que estaba vigente, mal que bien, con Evo Morales presidente del país, del partido y líder de las organizaciones sociales.

Hoy día, sin embargo, se está cruzando en el camino la temprana pugna electoral, y Mayorga llama a prestar atención en esto: “La división se explica porque se están desplegando estrategias particulares, que son contradictorias; Evo en pos de asegurar su candidatura en 2025, y Arce, solo o en binomio que también pretendería buscar la reelección. Esta es la divergencia básica”.

El problema es que esta “pugna cupular”, enfatiza, instala el “riesgo de que pueda erosionar el funcionamiento orgánico unitario de las organizaciones de base, sobre todo de las trillizas” (las bartolinas, la CSUTCB y los interculturales).

Tiene la previsión, el sociólogo, de que “esto se resuelva en el próximo congreso ordinario del MAS”, la esperanza: “pero también es posible que resurja esa capacidad deliberativa de las organizaciones sociales; que éstas retomen la centralidad y que pongan las condiciones, los límites, las posibilidades a quienes están en la referida pugna cupular”.

Y ¿el Estado Plurinacional y la oposición? Extravío, sugiere Mayorga. Remonta la explicación a 2005, cuando “la oposición sufrió una derrota muy fuerte en términos ideológicos programáticos; hasta 2003, tenía cierto predicamento con lo de democracia pactada y neoliberalismo. Pero esto no funcionó, no fue eficaz, y los partidos tradicionales cometieron muchos errores, no hubo renovación”.

Pero el sociólogo apunta hacia un hecho más de fondo: “ha sido la sociedad la que cambió respecto a sus aspiraciones y demandas”; hay un rechazo al neoliberalismo, que hoy persiste, con la demanda “de una presencia del Estado en el manejo de la economía”.

“La oposición no tiene ningún elemento de crítica programática”, insiste, citando el 21F de 2016, que sobre todo fue una “crítica política: la reelección”, no de programa. “Lo que unifica a la oposición es la lucha por la libertad y la democracia”, y con esto “al país no le ofrecen nada respecto al futuro; le dicen que hay que luchar contra la dictadura, pero es una propuesta que va hacia el pasado. La oposición tiene una mirada anacrónica, anclada en el pasado, sin mirar hacia el futuro”, asevera el sociólogo Mayorga.

Sentencia: “El MAS tiene materia sobre la cual renovarse, que es su proyecto estatal del Estado Plurinacional. La oposición, no: ¿qué invocaría? ¿el pasado? ¿los 90? Eso no tiene ninguna posibilidad de seducir al elector”.

Una muestra de esta suerte de insuficiencia de visión país, fustiga el sociólogo, es la propuesta de federalismo.

“Lo que se tiene es la descentralización a través de las autonomías. Lo que buscan las autonomías son criterios de equidad regional, algo que el federalismo no podría resolver; porque es un federalismo que se plantea desde la única región que podría tener alguna capacidad autosuficiente”, critica el planteamiento.

TENSIONES.

En cuanto a la división del MAS, el politólogo Silva previene contra el apresuramiento: “hay tensiones muy fuertes al interior del MAS, pero hablar de una ruptura irreconciliable es muy temprano”.

Hoy día, la pulseta está en torno a saber quién va a tener el control del MAS, y teniendo esto, naturalmente, quién va a tener la candidatura.

“Arce cuenta con muchísima ventaja sobre Morales, debido al sistema hiperpresidencialista que tiene el país. Concentra muchas atribuciones, tiene a su cargo muchas instancias, un gran aparato burocrático, que sin duda facilita la cooptación de militantes, cuadros, personeros, funcionarios públicos”, describe el politólogo.

Se puede decir que en el frente de Arce hay fortaleza política, afirma: “no ha permitido que Evo y los radicales tomen espacios de control del aparato ejecutivo, del aparato gubernamental; ha mantenido a sus ministros; esto muestra una solidez en el ámbito político”.

Y, claro, el politólogo ve como una gran jugada la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Ha tenido la capacidad de despojar un discurso al ala radical”.

La estructura de poder del MAS se asienta en tres instancias: la primera, es un partido político; la segunda, los movimientos sociales; y la tercera, es la estructura gubernamental.

“Cuando Evo estaba vigente, estas tres instancias estaban absolutamente unidas, y no había disputa. Evo era presidente, jefe del partido y lider nato de las organizaciones. Cuando Evo sale del escenario político, pareciera que cada una de esas partes toma una cierta autonomía; el Gobierno con la presidencia de Luis Arce; el partido con una estructura jerárquica que responde a Evo; y los movimientos sociales que tienen simpatía con Evo, pero están muy cerca de Luis y David”, describe el cuadro el politólogo.

La ventaja de Arce, insiste, es que “tiene el control del aparato del Estado, y porque parte de los movimientos sociales apoyan a Arce porque buscan ciertos espacios de poder político que solamente el ejecutivo les puede dar”.

Así, pese al discurso de llamar a la unidad, en última instancia, las organizaciones estarán mucho más afines a la estructura gubernamental. Las organizaciones sociales saben que tienen la llave para un proceso de gobernabilidad, pero también para el éxito electoral que pueda tener el MAS en el futuro”, destaca el politólogo.

Y no deja de ser duro Silva con las oposiciones políticas, dice, “es reducida, anquilosada, producto de una colage electoral; ahí no hay proyecto, no hay una visión de país; existen al revés muchos proyetos que solamente se articulan para procesos electorales. Tiene el candado de los dos tercios, pero no muestra mayor capacidad ni discursiva ni de propuesta ni mucho menos movilizadora”.

La otra oposición es la regional, la que de último ha quedado descabezada, dice: “Creo que va a tomar un tiempo su rearticulación política; esa sí tenía capacidad de movilización, se ha visto que era relativamente organizada, pero tenía un liderazgo político que solamente concebía un espacio territorial y nada más; era infructífero a la hora de presentar una propuesta de país”.

“Con esas características de la oposición —concluye— es muy difícil esperar algo”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

El estado debe cumplir de buena fe lo recomendado por el GIEI

Los Estados, el Estado boliviano, tienen el compromiso por los DDHH desde 1969. En este marco, hay que entender el cumplir con las recomendaciones del GIEI.

/ 29 de enero de 2023 / 07:25

RazaPolítica

En virtud de un diálogo entre el Gobierno boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 22 de marzo de 2022 se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg Bolivia), con el exclusivo fin de ver cómo cumple Bolivia lo recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Final sobre la crisis de 2019. En la semana que termina, estuvo en el país un equipo de la CIDH presidido por el relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH, el jurista y diplomático mexicano Joel Hernández García. Animal Político tuvo la oportunidad de sostener una entrevista con el Comisionado justo cuando iba cerrando su agenda de reuniones en el país. Acaso podía obtenerse un adelanto de la evaluación en curso, pero el comisionado —algo que se entiende— prefirió más bien describir el trabajo de la Meseg Bolivia en los tres días de su visita. Con todo, era imperativo desmenuzar hasta donde se pueda las recomendaciones del GIEI y su cumplimiento. Será el lector quien juzgue si se logró o no la meta. Una de las mayores certezas, sin embargo, que aseveró Hernández fue aquella de que el carácter vinculante de las recomendaciones del GIEI no debería significar la obligación meramente jurídica, legal, que tiene el país de cumplirlas, como a regañadientes; sino más bien, como firmante soberano de la histórica Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), el Estado boliviano debería cumplir con las recomendaciones con la mejor buena fe, por compromiso, si vale, moral con la defensa de los derechos humanos en el continente, y esto no se traduce sino en velar y ocuparse de que las recomendaciones del GIEI tengan, como dice Hernández, “un efecto útil”.

Un breve apunte aparte: vertemos la entrevista en su totalidad en razón de despejar un malentendido que se habría generado por un adelanto de la misma en la edición diaria del periódico.

—La Mesa se ha conformado el 22 de marzo de 2022. Parece que su misión termina en marzo de 2023, con un informe final, que ésta quizás sea su primera y última visita.

—No. El acuerdo que firmamos en marzo de 2022 es por dos años; tenemos todavía todo 2023 por delante, y también tenemos la posibilidad de poder extender el acuerdo por un año más. Nos encontramos a mitad del término. El siguiente paso para esta mesa es producir un informe, el informe de medio término, para poder medir dónde nos encontramos. Nos encontramos en términos de avances, de desafíos, y la visita de ahora es para ir recopilando esa información, corroborando información que ya tenemos, en miras a preparar ese informe de medio término.

—Le pido ir por el listado de recomendaciones…

—Es muy fácil de explicarlo, porque lo hemos agrupado en tres grandes rubros: el primero tiene que ver con reparación a víctimas; el segundo, con investigaciones de los delitos cubiertos en el Informe del GIEI, es decir, sobre los hechos que sucedieron en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019; y, el tercero tiene que ver con medidas estructurales, son recomendaciones de largo plazo, para que se tomen medidas de no repetición. Esos son los tres rubros en que hemos dividido las 36 recomendaciones.

—Las reparaciones. Parece que es donde más se ha avanzado, por lo menos es lo que dice el ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cómo es la evaluación de la reparación?

Joel-Hernández
El Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la CIDH en La Paz, el jueves 26 Foto. oswaldo aguirre

—Por su propia naturaleza, cada uno de estos rubros tiene distintos plazos; el primero y más urgente es el que tiene que ver con las reparaciones; el segundo, por su propia naturaleza toma más tiempo, son las investigaciones y los enjuiciamientos. Y uno de largo calado es el que tiene que ver con las medidas estructurales, porque implican cambios a nivel legal o constitucional. Por eso las reparaciones, por su propia naturaleza, tienen que ser mayormente atendidas. Aquí el avance que ha habido es en la elaboración de una política de reparación integral; el Estado ha estado también con la Asamblea Legislativa en la elaboración de una ley de reparación de víctimas, y, en tercer lugar, se ha estado trabajando un registro o censo de víctimas. Son instrumentos que ha venido desarrollando el Estado con el fin último de poder dar una reparación integral. Efectivamente, ya se ha venido otorgando algún tipo de apoyos. Lo que es muy importante para la Comisión es poder constatar que han sido atendidas todas las víctimas de estos sucesos, no solamente las personas que fueron heridas, no solamente las familias de personas fallecidas, sino también otras víctimas de otros delitos, como víctimas de torturas o de detenciones arbitrarias. Y, también muy importante, que en este universo de víctimas se les dé a todos lo que en derecho internacional es la reparación integral.

—Ahí es clave el censo, porque determina finalmente quiénes son a los que hay que reparar. Y no es un censo solo de los afectados directos, sino también entornos, familiares. ¿Eso cómo está?

—Ese es uno de los aspectos que hemos dialogado con el Ministro de Justicia para saber cuáles son los avances. Necesitamos todavía mayor intercambio de información para poder valorar los avances y poder formular nuestras recomendaciones para que este proceso avance.

—Pero les han dicho que se está haciendo ya ese censo. Hay un tema que siempre ha sido problemático. A las víctimas se les puede reparar, pero hay el tema de garantizar la no repetición de estas masacres. Eso toca aspectos estructurales pero también inmediatos. ¿Cómo están en eso?

—Ahí hay temas fundamentales que tienen que ser abordados. Una de las preocupaciones del GIEI, que quedó plasmada en su informe es la existencia de discursos estigmatizantes que hay, de un racismo estructural que existe en la sociedad, que ahí tiene que haber medidas que avancen hacia la reconciliación nacional, que impulsen la mayor inclusión social, una cultura de igualdad de accesos a derechos. Entonces, sí forma parte de políticas públicas que tienen que avanzarse para recomponer el tejido social. Porque lo que sucedió en este periodo de la historia de Bolivia es un rompimiento del tejido social. Entonces, esas políticas públicas tienen que avanzar en esa dirección.

—Quizás por lo polarizados que todavía estamos en el país, hay una serie de encuentros de reconciliación que recomienda el GIEI (que no hemos hecho). Por ejemplo, que los periodistas se reúnan con las víctimas para que digan por qué han informado como han informado, digamos, u otros sectores. Eso no hemos visto mucho, la verdad. Parece que es una de las cosas que hay que trabajar también.

—Este tercer rubro, de medidas estructurales, es el siguiente foco de la mesa de seguimiento. No hemos todavía empezado, no quiere decir que el Estado no haya ya empezado a trabajar, y por el Estado me refiero a los distintos poderes públicos. Va a llegar el momento en que la CIDH debe de tomar conocimiento de lo que se ha realizado, ver cómo eso se está adecuando al informe, y a partir de ahí formular recomendaciones.

Joel-Hernández
Fotos. oswaldo aguirre

—Hay unas recomendaciones que son muy insistentes en el documento, al Ministerio Público, a la Fiscalía; ‘si tiene que reabrir casos, reábralos; haga una exhaustiva revisión de cómo están los casos, si se han llegado a resolver, sentencias, etcétera’. ¿En Fiscalía, cómo está el avance?

—Bueno, tuvimos ayer una reunión con el Fiscal nacional; fue una reunión muy productiva; él nos presentó información muy completa de los avances de las investigaciones y de los estados en que se encuentran los distintos casos relacionados. Yo creo que aquí es muy importante que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo; hay recomendaciones muy específicas en el informe, que incluye la formación de fiscales en materia de derechos humanos. Ya se ha avanzado en la conformación de un comité de fiscales; hay una priorización de casos. Recibimos ayer una información muy útil que tenemos ahora que analizar para ver precisamente qué es lo que falta en esa materia.

—Hay un tema que sí debe ser para largo también; esto de adecuar los tipos de delitos: terrorismo, sedición, financiación al terrorismo. Sedición ya hemos retirado del ordenamiento jurídico. Pero todavía persisten terrorismo y financiación. ¿Sobre eso le ha adelantado algo?

—Tiene razón. En nuestra evaluación hemos constatado que se ha expulsado la figura de la sedición, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Está pendiente el abordaje al tema de terrorismo y financiación al terrorismo. Esas son recomendaciones que hizo el Grupo de expertos a nivel legislativo, compete a la Asamblea Legislativa la enmienda de las leyes, pero la sentencia del Tribunal Constitucional nos demuestra que también existen otras vías para desaplicar figuras penales que no se ajustan a la normatividad internacional.

Los tipos penales deben de ser específicos, no ambiguos, que permitan al juzgador poder ubicar las conductas dentro de los parámetros jurídicos, sin que haya lugar a ambigüedad. Efectivamente, no hemos visto avances en el tema de terrorismo y financiación al terrorismo.

—Lo que me está diciendo es que no se necesitaría siempre del Tribunal Constitucional para proceder.

—No. Bolivia, como un Estado democrático, que tiene poderes públicos, hay siempre esta conjunción de esfuerzos entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y, bueno, compete a ustedes, bolivianas y bolivianos y a las autoridades nacionales, ver cómo atienden este tema. El punto central es evitar figuras ambiguas.

—Correcto. Hay un tema que bien harto le insiste el GIEI al país: el rol de las Fuerzas Armadas. Dice: rezago democrático son las Fuerzas Armadas y la Justicia. En las recomendaciones está que las Fuerzas Armadas informen lo que han hecho, se transparenten, la Policía igual, y que haya un mecanismo que regule el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. ¿Le han informado de esto?, ¿cómo está?

—También forma parte de estas medidas estructurales. Tenemos que entrar aún a esta última parte, ver los reglamentos de Policía, del uso de la fuerza, ver qué planes existen de modernización de las policías. La Policía tiene un rol fundamental en la seguridad ciudadana. La comunidad internacional ha desarrollado estándares de actuación de las policías desde hace tiempo. Entonces, tenemos que llegar todavía a ese punto, por ahora no puedo anticipar ningún juicio de valor.

—Varios informes sobre 2019 han recomendado esto, el GIEI también: lo de los grupos paraestatales. ¿Les han informado algo de eso, de cómo se está tratando?

—A la Comisión le causa mucha preocupación la existencia de grupos parapoliciales, paramilitares, cualquier denominación que se le quiera dar; es decir, actores no estatales que pueden estar afectando los derechos de las personas. Sí, el informe del GIEI dio cuenta de la existencia de esos grupos. No ha sido un tema específico de abordaje en esta oportunidad, pero es un tema de observación general de la Comisión.

—Una cosa que siempre se ha señalado es el racismo en la represión en 2019. Seguro que es de hace mucho tiempo, pero ¿hay algo que le han informado que se ha avanzado o están quedando en avanzar?

—Hay esfuerzos que se han realizado. Hemos tenido conocimiento de la realización de una cumbre contra el racismo; son esfuerzos importantes porque van sentando el camino, la ruta a seguir, las políticas públicas que se tienen que avanzar. Es un punto central en el Informe. Igual, perdón que insista, forma parte de estos temas estructurales, y es parte de la siguiente, de la segunda parte de nuestra observación y del acompañamiento que le tenemos que hacer al Estado.

—En reforma de la justicia ¿les han informado algo?

—Creo que ese es el gran clamor de toda la sociedad y de todos los actores políticos; aquí sí encuentro un consenso, es que todo el mundo quiere un sistema de justicia fortalecido, que sea independiente e imparcial, y eso pasa por un propósito de muchos actores políticos, que es alcanzar la reforma judicial.

Somos respetuosos de la manera en la cual autoridades, sociedad civil, emprendan un proceso de reforma judicial; lo importante, y ese es el objetivo último, y es lo que la Comisión estará observando, es que el sistema judicial se adhiera a los principios de independencia judicial. Ese es el fin último que se quiere alcanzar.

—Sea como fuere que alcance, o sea, Bolivia tiene sus particularidades.

—Que sea eficiente, colaborativo, que este proceso incluya la voz de la sociedad civil, que se escuchen las mejores prácticas, que sea un proceso que genere consenso, un proceso bien establecido sobre una hoja de ruta, que no sea algo abstracto que no termine de encaminarse. Son partes de un proceso que creemos que debe de impulsarse. Ya los medios mismos ya competen, entran dentro de la esfera doméstica.

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—Ahorita está en debate esto de la amnistía. Claramente, el Informe del GIEI, su recomendación dice no amnistía a quienes han cometido violaciones de derechos humanos. Ese es el principio, digamos.

—El principio del Informe del GIEI justamente es que se lleve a cabo la investigación, el enjuiciamiento, la sanción de las personas que resulten responsables de las violaciones incluidas y que haya reparación a las víctimas; ese es el principio básico del derecho internacional, y eso es lo que está plasmado en el Informe.

—Claro, proporcionalmente igual se tiene que hacer justicia, digamos.

—Ese es el tema, acceso a la justicia.

—Lo último, le ruego. ¿Qué significa esto de ‘vinculante’? Siempre hemos dicho acá: el Informe del GIEI es vinculante; la evaluación que están haciendo ustedes, ¿qué significa vinculante, qué alcance tiene?

—Es una buena pregunta, y siempre está en el debate público, en el debate académico, si las recomendaciones de la Comisión son vinculantes o no, es decir, que si tienen fuerza jurídica por sí mismas. Yo francamente creo que este es un debate académico que pasa a un segundo plano. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los Estados han suscrito obligaciones internacionales por decisión soberana, y conforme a un principio de derecho internacional, los Estados deben de cumplir sus obligaciones de buena fe, y para que esas obligaciones se cumplan de buena fe, deben de posibilitar que la Comisión tenga un efecto útil; es decir, que los Estados deben de hacer todo esfuerzo necesario para dar cumplimiento a las recomendaciones en virtud de la obligación que han adquirido al ser firmantes de la Convención Americana de los derechos humanos, de cumplir con las obligaciones ahí contenidas, de buena fe. Entonces, es más una cuestión de un compromiso expresado por los Estados frente a la Convención Americana y frente a la CIDH, más que una cuestión de la naturaleza jurídica misma de las recomendaciones. No sé si me he dejado entender…

—¿Algo así como un compromiso moral estatal, digamos?

—Un compromiso político con la comunidad internacional.

—Una yapita. ¿Habrá alguna colaboración de la CIDH en la elección de magistrados?

—Bueno, en nuestras conversaciones yo he puesto a disposición del ministro el trabajo que ha realizado la Relatoría de la CIDH para personas defensoras y operadores de justicia. Es una relatoría que está a mi cargo y he puesto a su disposición el trabajo que ha avanzado la relatoría en el desarrollo de estándares para la independencia judicial; no hemos hablado de ninguna otra manera de colaboración específica.

—La experiencia que tienen del estándar internacional.

—Son estándares interamericanos de independencia ya muy desarrollados; inclusive algunos de ellos son resultado de las sentencias de la Corte Interamericana; pero, insisto, eso es muy importante, ya los medios y arbitrios cómo esto se ejecuta forma parte del orden interno.

— A la boliviana, digamos.

— Exactamente.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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Hablemos de igualdad en Bolivia

En el camino hacia la igualdad, el desafío como sociedad es hallar nuestros propios saltos y atajos.

/ 29 de enero de 2023 / 06:48

DIBUJO LIBRE

El camino hacia la igualdad es un proceso complejo, siempre en curso e inacabado (Thomas Piketty, 2021). La lucha por la igualdad está impregnada en la historia de las naciones. Solo con mayor igualdad podría una sociedad como la boliviana alcanzar mayor cohesión social y un sentido de unidad nacional profundo, que permita construir pactos sociales en torno a imaginarios colectivos comunes. La desigualdad, por el contrario, es uno de los riesgos más altos a los que se enfrenta la democracia. Estas son algunas reflexiones del informe La igualdad posible. Alternativas para imaginar la próxima milla en Bolivia que publicó el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM) y fue presentado el 18 de enero en el espacio Simón I. Patiño. En este artículo comento algunas de las cavilaciones más importantes de este informe.

OXFAM denomina “gran salto” a la reducción de la desigualdad que consiguió Bolivia en la década pasada y que fue ampliamente reconocida por organismos internacionales, por ser uno de los países con mayores avances. Esta reducción estuvo marcada por la voluntad política de los actores y su convicción de crear una sociedad más justa, plasmada en la Constitución Política del Estado de 2009, la cual permitió establecer un nuevo pacto social.

También influyó el contexto macroeconómico favorable y la redefinición del papel del Estado, otorgándole un rol redistribuidor y protector de la política fiscal.

Cuando los esfuerzos por reducir la desigualdad del ingreso se hacían cada vez más difíciles, sobrevino la crisis sanitaria. La pandemia reconfiguró las desigualdades acentuándolas. Según OXFAM, 9 de cada 10 bolivianos vieron afectada su situación económica por causa de la pandemia.

El informe identifica distintos tipos de desigualdades, no solo desde el enfoque clásico de la diferencia de ingreso entre segmentos de la población, sino a partir de múltiples miradas al empleo, la educación, al género, la etnia y al lugar de residencia. Actualmente, a pesar de los grandes avances, aún se advierte un gran espacio para las políticas públicas y millas por recorrer para reducirlas. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la brecha digital, la condición urbano-rural, lo público y lo privado o la discriminación por causas diversas, como la condición étnica o la preferencia sexual, son algunas barreras que impiden vivir en igualdad entre bolivianos.

La problemática de la desigualdad no es únicamente una cuestión objetiva, sino que responde a las emociones y las valoraciones subjetivas de quienes las sufren. El informe revela que la percepción de los individuos sobre la desigualdad es diversa y puede diferir de su posición en la distribución del ingreso. En consecuencia, la sensación sobre desigualdad es diferente entre regiones, estratos sociales, niveles de educación y género, entre otras.

El hecho de que algunas desigualdades puedan ser consideradas más injustas para unos que para otros se debe a que cada quien tiene una percepción diferente de ellas, porque parte de contextos específicos distintos y, por tanto, tiene diferentes grados de permisividad o intolerancia. A nivel de la sociedad, se construyen imaginarios colectivos que tienden a dar mayor prioridad a la lucha contra una desigualdad frente a otra. De forma que en cierto momento una sociedad puede tener más interés en buscar mayor igualdad en, por ejemplo, el acceso a la salud, y en otro momento esa misma sociedad inclinarse por la conquista de otra, como el empleo de mejor calidad. Eso muestra que la percepción de igualdad/ desigualdad está arraigada en cada sociedad de forma distinta.

En esencia, lo que el informe comunica es que la cuestión de la igualdad no es un concepto unidireccional, estático, lineal y abstracto, sino que por el contrario tiene un carácter multidimensional, es cambiante en el tiempo, con múltiples trayectorias y se desarrolla sobre realidades concretas distintas.

La aspiración de una sociedad más igual no debe ser confundida con los postulados de los regímenes comunistas. El deseo de mayor igualdad no quiere decir que se la obtenga a costa de reducir el bienestar de quienes mejor posicionados están en la sociedad, sino que algunos grupos menos favorecidos, como los identificados por OXFAM (mujeres, indígenas o informales), mejoren más rápido su bienestar en relación a otros grupos. En la metáfora que utiliza el título del libro, de milla próxima para reducir la desigualdad, se quiere decir que mientras unos viajen en taxi, otros lo harán en teleférico. El camino hacia la igualdad es un tránsito al desarrollo que todo país debe recorrer, solo que algunos lo han hecho más rápido que otros y el desafío como sociedad es encontrar nuestros propios saltos y atajos.

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Para construir estos nuevos puentes, el informe propone algunas alternativas: 1) profundizar y consolidar la redistribución del ingreso, explorando nuevas y más eficaces formas de intervención; 2) atender las exclusiones más graves y aquellas intersecciones (más de una desigualdad a la vez) persistentes; 3) redistribuir la riqueza mediante mecanismos fiscales y otros que frenen la acumulación desmedida de la riqueza; y, 4) la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación es parte de esta agenda. En síntesis, el trabajo muestra la necesidad de mejorar los actuales sistemas de protección social, del mercado laboral y del sistema educativo, como móviles que apuntan a caminar en esa dirección.

Estas acciones no podrían aminorar las desigualdades sin nuevos acuerdos y compromisos políticos y sociales. Podrán darse incluso situaciones en que las desigualdades se mitiguen sin la necesidad de ingentes recursos, sino más bien a través de voluntades políticas y una mayor conciencia social que impulsen estas transformaciones.

El camino hacia la igualdad comienza con el reconocimiento de las desigualdades. El informe propone alternativas, como parte de una agenda crítica en la que se advierte el resurgimiento de antiguas desigualdades y la aparición de nuevas. Este trabajo es como una brújula para marcar el horizonte hacia donde se debe orientar el esfuerzo de las políticas públicas y, seguramente, dará mucho de qué hablar.

(*)Omar Velasco P. es economista.

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Los cabildos y lo (in)constitucional de sus demandas

El sistema judicial, por ejemplo, puede estar en crisis, pero no se lo puede reformar con una serie de ilegalidades.

/ 29 de enero de 2023 / 06:36

DIBUJO LIBRE

La Guardia Departamental, el Defensor del Pueblo Autónomo Departamental, la Reforma Constitucional Judicial, el diseño de la Política Pública Educativa, la Aprobación de Ternas Judiciales, la Ley de Amnistía, el Referendo Revocatorio Presidencial, la Candidatura Única, y la persistencia de Luis Fernando Camacho como gobernador en funciones desde Chonchocoro, son cuestiones que el cabildo cruceño y otros pusieron, o intentan poner, en mesa para el debate nacional. Lo que sigue es un apunte desde el punto de vista de la ley y la Constitución de algunas de estas cuestiones.

GUARDIA. El parágrafo IV del Art. 48 del Estatuto Autonómico cruceño dispone sobre la seguridad ciudadana que el Gobierno Departamental puede promover y fortalecer la seguridad ciudadana, desarrollando medidas y acciones mediante un Plan Departamental, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, pero que contemplará solo campañas de sensibilización ciudadana y, en su caso, la creación de unidades de prevención del delito y de seguimiento y apoyo a las víctimas.

El Estatuto no le faculta a la Gobernación ninguna posibilidad de crear una policía o guardia del departamento, porque la función policial solo puede ser ejercida a nivel nacional, de manera integral, indivisible y bajo mando único del Presidente del Estado (Art. 251 y siguientes de la CPE). Por lo que cualquier ley aprobada en el nivel departamental sería inconstitucional.

DEFENSOR. El Art. 117 del Estatuto Autonómico cruceño establece como responsabilidad del Gobierno Departamental la definición de políticas de defensa, monitoreo, protección y promoción de los derechos, las libertades y garantías de las y los habitantes del departamento. No le faculta crear defensores de derechos humanos administrativo- autonómicos porque no pueden depender de esa entidad territorial como funcionarios públicos.

El origen europeo del Ombudsman (Defensor del Pueblo) tiene su naturaleza en estar fuera de la administración gubernamental y ser interpelador del poder político y sus excesos. No se puede, entonces, vulnerar lo dispuesto en los Arts. 118 y siguientes de nuestra CPE sobre el Defensor del Pueblo, que cuenta con autonomía constitucional y es designado por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que es él quien designa delegados departamentales; otra cosa es que esos representantes estén desinstitucionalizados y hoy brillen por su ausencia. Por tanto, esa medida es inconstitucional.

REFORMA. Las y los bolivianos tienen el derecho de adherirse a la iniciativa ciudadana (hoy propuesta) para la reforma judicial constitucional y cumplir los requisitos de formalidad en 90 días.

Lo que deben conocer, sin embargo, es que no basta con las firmas cruceñas así fueran “cientos de miles”, sino que tiene que representar el 20% del total del padrón electoral nacional. Este anuncio sí es ejercido como un derecho y es constitucional.

EDUCACIÓN. Sobre el rechazo a la malla curricular educativa expresado en los cabildos, el numeral 17 del parágrafo II del Art. 298 de la CPE dispone que son competencias exclusivas del nivel central del Estado las Políticas de los sistemas de educación y salud, por ello anualmente es el Ministerio de Educación (nivel central del Estado) que aprueba las resoluciones ministeriales 01 referidas al Sistema educativo plurinacional boliviano, por tanto ninguna entidad territorial autonómica en el país tiene la facultad de cambiar contenidos educativos de formación en el sistema regular, esté en occidente u oriente.

Para la posibilidad planteada, se tendría que cambiar nuestra Ley fundamental. Sobre este tema, lo demandado por los cabildos es inconstitucional.

TERNAS. No hay duda que el Sistema Judicial está en su mayor crisis, pero la solución no puede consistir en atentar contra la estructura judicial constitucional en actual vigencia. Es decir, no se puede ir por un camino de ilegalidades para transformar el estado de la (in)justicia en Bolivia.

Así, es inviable plantear que mediante una ley departamental se aprueben ternas autonómicas para preseleccionar a candidatos a magistrados de los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.

Esa es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (numeral 5, parágrafo I del Art. 158 de la CPE) porque es la asamblea nacional la que representa al soberano, es decir, a todo el pueblo boliviano. Por esta razón, la preselección no puede hacerla una asamblea que solo tiene jurisdicción en su departamento. Por tanto, esa consigna también es inconstitucional. Lo único que pueden hacer actualmente las asambleas departamentales es seleccionar ternas de postulantes a vocales electorales departamentales, para que la Cámara de Diputados los elija (parágrafo V del Art. 206 de la CPE).

AMNISTÍA. La amnistía es una atribución que tiene el Presidente del Estado para que a través de un Decreto Presidencial disponga la extinción de la acción penal, en favor de poblaciones penitenciarias: con procesos extensos sin sentencia ejecutoriada, detenidos preventivos mayor tiempo de la pena por el delito por el que son procesados, por duración máxima del proceso sin sentencia en otros casos.

Ahora bien; decir “presos políticos” es afirmar que existen privados de libertad sentenciados por delitos “políticos” (que no existen) con penas mayores a ocho años (Art. 27 del Código Penal). Entonces, hay una doble incongruencia. ¿Acaso el presidente podría otorgar amnistía o indulto por delitos inexistentes? Otra incongruencia jurídico-constitucional.

REVOCATORIO. Los Arts. 170 y 171 de la CPE disponen el instituto de la revocatoria de mandato, desarrollado legislativamente por la Ley 026 entre sus artículos 25 y siguientes. Sin embargo, existen procedimientos formales en materia electoral a cumplir.

Si fuera vía iniciativa popular (inciso a, parágrafo I, del Art. 26 de la Ley 026), se dispone que procede la revocatoria de mandato para autoridades nacionales (Presidente), con las firmas y huellas dactilares de por lo menos 25% del padrón nacional electoral en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos 20% del padrón de cada departamento y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) verificará el cumplimiento de ese requisito. Es decir, más de 1.825.000 firmas a nivel nacional y que signifiquen su relación proporcional ascendiente al 20% de cada uno de los nueve departamentos; departamentos que, por lo demás, no participaron en su gran mayoría de los denominados “cabildos”. Es un pedido legal, pero será complejo garantizar su legitimidad cuando no es una reivindicación nacional.

También puede leer: El Gobierno advierte que el ‘cabildo nacional’ busca acortar el mandato del presidente Arce

CANDIDATURA. En fiel ejercicio de sus derechos civiles y políticos, los asistentes a los cabildos tienen todo el derecho de pedir un solo candidato de la oposición en las elecciones del bicentenario, la cuestión es si el sistema de partidos acepta o por lo menos se pone de acuerdo en ello.

A no olvidar que en las elecciones de 2020 fue el candidato de Creemos (el señor Camacho) quien dividió el voto y fragmentó las posibilidades de la oposición para hacerle frente al MAS, partido que ganó las elecciones.

GOBERNADOR. Estamos en un Estado Constitucional de Derecho, lo que quiere decir que ninguna presión social, política u otra mediante cabildos o “llamadas” pueden decidir el destino de los privados de libertad.

Solo una decisión de la Justicia puede definir el cambio de la situación procesal de determinada persona detenida preventivamente en Chonchocoro, como así se encuentra en este momento el ciudadano Luis Fernando Camacho, quien seguirá siendo Gobernador aunque impedido jurídicamente de ejercer temporalmente esas funciones. Por tanto, es inconstitucional que un cabildo otorgue libertad a un procesado por terrorismo.

(*)Israel Quino es abogado y periodista

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Xavier albó pertinente

Xavier Albó habló con el suplemento sobre el TIPNIS, de las autonomías, del Cóndor de Los Andes y del puño en alto.

/ 22 de enero de 2023 / 06:45

DIBUJO LIBRE

A lo largo de la existencia de Animal Político, que el próximo abril cumple 12 años, el suplemento tuvo, al menos, cuatro entrevistas con don Xavier Albó, el doctor en Lingüística y Antropología, sacerdote jesuita, huelguista, junto a Luis Espinal, en la huelga de hambre de las cuatro mujeres mineras, en diciembre de 1977 – enero de 1978, que empezó el retorno a la democracia. Hasta eso le debemos al estudioso que se acaba de irse este viernes 20, a la edad de 88 años.

Don Xavier siempre le recibía a uno con una franca sonrisa y le saludaba en aymara, o en quechua, como probándolo en su conciencia de la realidad indígena del país. Don Xavier, amigo, que cuando llegaba a algún foro al que había sido invitado, se presentaba: “Hola, soy el p’ajla”.

Cuatro entrevistas, publicadas el 12 de febrero de 2012, el 25 de enero de 2015, el 10 de abril de 2016, y el 10 de septiembre de 2017. Para recordarlo, en las siguientes líneas, reproducimos partes significativas de dichas entrevistas, en la idea precisar algunos aspectos de su pensamiento. Va, don Xavier.

TIPNIS.

En el diálogo del 12 de febrero de 2012, el tema con don Xavier no podía se otro que la tensión generada por el proyecto de la carretera por en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La octava marcha de la CIDOB, efectuada entre agosto y octubre de 2011 había conseguido que se declare al TIPNIS territorio “intangible”, pero otra marcha, del Consejo Indígena del Sur (Cnisur) había llegado a La Paz en enero de 2012 pidiendo derogar la ley 180 de Intangibilidad. Luego vendría la consulta en el territorio indígena; justo dos días antes que se publicara la entrevista, el 10 se promulgó la Ley de la consulta.

De ambas marchas, Albó decía que la de la CIDOB fue más legítima. La marcha del Conisur es “menos legítima que la otra (de la CIDOB), pero es legítima. La otra (de la CIDOB) fue de protesta y ésta otra (del Conisur) no la hubiesen hecho si no hubiera sido que el propio Gobierno tenía ganas de mostrar aliados”.

Sobre la consulta en el TIPNIS que se avecinaba, Albó no dejó de ser crítico: la Ley de la consulta debió llamarse, dijo ‘Ley de penetración al TIPNIS’. “Pero claro, tampoco digamos que todo es mala leche; por lo menos se hizo en la Asamblea Legislativa una Ley de Consulta (…) Ahora, no sé si es un intento o disfraz de consulta, no me animo a decir una cosa o la otra; veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Esta ley puede ser un mal menor”.

AUTONOMÍAS.

La entrevista publicada el 25 de enero de 2015 revisaba la vigencia e impulso que tendrían, o no, las autonomías indígenas; el 6 de diciembre de 2009, 11 municipios habían decidido transitar hacia esta nueva forma de administración territorial.

Para una mayor proyección de las autonomías indígenas, decía don Xavier, lo que ha faltado es voluntad política y audacia. “Yo dudo que el Gobierno tenga voluntad política de avanzar; voy directo al grano, me parece cada vez más claro”, protestó esa vez.

Y no era una académico frente al problema, sino alguien que lo vivía: “Falta imaginación de cara a lo que podría ser esto. Yo estoy vinculado a Jesús de Machaca, allí se había avanzado bastante, pero fue el Alcalde el que puso una especie de compás de espera, un bloqueo, como se le quiera llamar, para que la cosa no avance, porque él perdía su silla. Tanto es así que ahora el mismo alcalde se presenta otra vez para la elección, cuando teóricamente había entrado solo interinamente hasta que se apruebe el Estatuto, pero lo bloqueó”.

También puede leer: Decenas de personas le dan el último adiós al ‘P´ajla’ Xavier Albó en Cochabamba

Falta de audacia. Por eso criticaba abiertamente algunos estatutos de autonomías indígenas: “Ni son audaces… Son timoratos en general; es la impresión que yo he tenido de lo que he leído. En el de Machaca era un solo punto el complicado: a ver qué ponían sobre el rol de los partidos allí, y habían llegado a una fórmula mucho más timorata que la inicial; decía: ‘para la presentación de candidatos lo haremos según nuestros usos y costumbres, para después, el resultado, lo haremos por elección normal’”.

Hacía notar cómo se había impedido el desarrollo de la justicia indígena: “ninguno de los estatutos que he visto ha avanzado en la cuestión del sistema judicial, de administración de justicia, y esto es porque les cortaron las alas con la Ley de Deslinde Jurisdiccional”.

GALARDÓN.

La plática del 10 de abril de 2016 ocurruió en el contexto de que días antes él y el padre Mauricio Bacardit habían recibido de manos del presidente Evo Morales el Cóndor de Los Andes en el grado de Caballero.

Y ratificaba aún con más fuerza lo que había dicho en la ceremonia de entrega, que a la trilogía ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo), habría que añadirle el ama llunk’u (no seas adulón) y el ama ch’in (no te calles).

“—¿Qué finalmente quiso decirles a Evo Morales y Álvaro García? —Que no hay que ser ni llunk’u ni ch’in; esto último quiere decir “no callarse cuando uno tiene qué decir”, no mantenerse mudo cuando hay que hablar; es lo que yo quiero decir”.

Justo esos días se daba el debate sobre los “librepensantes” en el MAS. “Entonces, yo manifesté, dijo: ‘Yo quiero estar con el proceso, pero claramente no quiero perder mi libertad de decir lo que me parece que hay que decir en cualquier momento, y el (Luis) Espinal estaría muy preocupado por mí si no fuera capaz de decir lo que me parece que hay que decir’”. Albó reconoció entonces la advertencia que le hizo a Morales: “pero dije la amenaza: que si (Evo) no sabía negar el ch’in y el llunk’u, entonces, devuelvo [la distinción]. Espero que no lo tenga que hacer”.

COCHABAMBA.

Y, la entrevista del 10 de septiembre de 2017, en Cochabamba, donde él ya vivía, a dos meses de que él cumpliera 83 años. Esta vez habló un poco de todo.

Apenas dos meses después el Tribunal Constitucional Plurinacional iba a emitir la polémica sentencia constitucional 0084/2017, por la que por primera vez en la historia del país se establecía la repostulación indefinida para las autoridades electas.

Con todo, de cómo le iba ir al MAS decía que “hablar de 2019, el año de la elección, eso dependerá mucho de qué desgaste hayan tenido Álvaro (García) y Evo (Morales); según ese desgaste no podrían ni plantear sensatamente la reelección”.

No dejaba de criticar a la oposición por su actitud de retirarse de la selección de los futuros candidatos a altos jueces del órgano judicial: “La propia oposición se ha marginado, en la última parte se retiraron y así quedan solo los dos tercios del MAS. Eso de automarginarse, siendo minoría, siempre tiene sus defectos”.

Y, tras recordar su participación en la huelga de hambre de las mujeres mineras a fines de 1978, reivindicó el puño izquierdo en alto (hoy signo del MAS) como un símbolo más amplio que el político o ideológico: “El puño izquierdo, por si acaso, es señal de izquierda, no necesariamente comunista. (…) en una entrevista con radio Fides, puse como ejemplo que cuando resistíamos en la huelga de hambre todos estábamos con el puño izquierdo levantado; tenemos la foto del encuentro en San Calixto y prácticamente todos estábamos con el puño en alto. Eso no quería decir que fuésemos ateos ni comunistas ni marxistas porque el grupo era muy diverso: tres curas, cuatro monjas, también estaba la compañera de Guillermo Lora. Era un grupo mixto”.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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Mensajeras de la vida

Los compañeros de la Dirección Nacional Clandestina del MIR no tenían más armas que su coraje y su amor entrañable por Bolivia.

/ 22 de enero de 2023 / 06:35

SALA DE PRENSA

Un mal presentimiento. Llegamos puntuales los cuatro desde distintos puntos cardinales con el cuidado de la seña convenida para juntarnos a fumar un pucho mirando la ciudad desde el Montículo. En esos tiempos era una osadía caminar, reunirse, conversar. Medio amparados y medio descubiertos por las luces tenues de los faroles al terminar la tarde, intercambiamos ideas sobre las tareas para seguir dibujando con el pincel de la utopía nuestra Bolivia en democracia.

Las nubes no dejaban ver el cielo y los árboles se mecían con un viento que hacía emerger sombras de seres caminando y alzando vuelo. No sabíamos si eran reales o imaginarios. Estaba raro el ambiente. “Tengo un mal presentimiento” —dijo Arcil— y, sigilosamente, con los ojos virando como radares y el olfato y los oídos aguzados, desandamos caminos. Prometimos encontrarnos en dos días en la casa detrás de la UMSA para la distribución de tareas.

Los pueblos caminan con la palabra. Al día siguiente, el sol se despertó tarde como queriendo que la noche prolongue sus horas y no llegue ese jueves l5 de enero de 1981.

Una sensación de indefinición que nunca pude explicar acompañó mis horas dedicadas a hacer seguimiento sobre los efectos de las medidas económicas impuestas por la dictadura. La vida en el país se hacía invivible no solo por el clima de terror en una sociedad donde se conculcaban todos los derechos y libertades, sino también por el alza de los costos de la canasta familiar, atentatorios contra la vida.

El proletariado minero, cuándo no, se atrevió a demandar incremento salarial. Como lunares, en distintos lugares las amas de casa aparecían protestando espontáneamente porque la plata no les alcanzaba para llevar alimento a sus hogares. Los fabriles empezaban a envalentonarse frente a los actos de corrupción y la amenaza de andar con el testamento bajo el brazo. El canal oficial destilaba odio y junto con los tanques en las calles pintaban paisajes de brutalidad tenebrosa.

En contrapartida, como planta que brota de la tierra en medio de la tormenta, el periódico Aquí, junto con los volantes partidistas creativos, orientadores, inculcadores de vitalidad y convocantes a la rebelión, circulaban clandestinos en pocas manos, pero multiplicándose por miles y millones en las voces ciudadanas. La radio se las ingeniaba para alimentar las esperanzas con un cuento, con una canción, con un mensaje subliminal. La pretensión de acallar las voces era solo eso, pretensión, porque los pueblos caminan con la palabra.

No regresaron. Pasado el mediodía de ese jueves 15, nubarrones negros se tomaron por asalto el cielo y no se fueron el resto del día, ni el día siguiente, ni nunca. La noche, lluviosa, se llenó de llamadas con voces de angustia y siempre la misma pregunta: “¿Está ahí?, no ha regresado”. Después el silencio sepulcral de unas horas inexplicablemente largas, tensas, desesperantes con el temor humano de la peor historia debatiéndose con la esperanza ideologizada de la inmortalidad y la oración que impide que caiga la fe. Había que esperar el día.

Apenas amaneció nos dirigimos al local donde convinimos encontrarnos. Estábamos con un par de compañeros en inquieta espera cuando por sí sola cayó nuestra mensajera, la palomita de papel que teníamos pegada en la ventana y que nos señalaba el camino expedito cuando estaba puesta, y que, por el contrario, nos enseñaba el cambio de camino con su ausencia. Se bajó sola. Fue el preludio de una voz que sonó del otro lado del teléfono alertándonos: “tienen que salir inmediatamente, los han asesinado, a todos”. La palomita y la llamada fueron las encargadas de comunicarnos aquella noticia lacerante que nos partió el alma y nos hizo preguntarnos con vana incredulidad ¡¿por qué?!, ¿por qué ellos?, ¡¿por qué carajo?! Desde entonces me acompaña clavada en el pecho la estaca de tristeza que inundó ese espacio donde solíamos soñar juntos una Bolivia liberada.

Fue genocidio. Llegaron paramilitares armados hasta los dientes y los torturaron y asesinaron a sangre fría por el delito de luchar por la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Los compañeros de la Dirección Nacional Clandestina del MIR no tenían más armas que su coraje y su amor entrañable por Bolivia. Fue un enfrentamiento de ideas contra metrallas y de dignidad contra miseria humana. Fue una masacre. Sin embargo, el certificado de defunción del forense escribió que las muertes fueron consecuencia de pulmonía. Y los comunicados oficiales circulaban la versión de un enfrentamiento armado. La mentira se destapó de inmediato, Gloria, la única sobreviviente dio la cara para testimoniar la verdad de los hechos. La CIDH en informe del 25 de junio resolvió que se trató de violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Años más tarde, el juicio de responsabilidades condena al dictador García Meza y sus colaboradores.

La lucha sigue. Nos destinaron a la clandestinidad. Imprudentemente la rompimos para estar presentes en sus despedidas en entierros colmados de dolientes familiares y amigos, con la mirada inquisidora de agentes y paramilitares. El mundo ya no era el mismo. Con cada muerte provocada la dictadura se restó años de su vil existencia. Y con cada muerte los pueblos ganaron vidas de resistencia, de esperanzas y certezas de que otro mundo es posible. En el cementerio estaban las compañeras de vida de los mártires, la Ruth, la Betina, la Olivia, la Gladiz…, firmes, dignas, seguras, altivas, tomando la posta con la grandeza de quien no quiere mostrarle a los dictadores la pena que desgarraba sus corazones. “La lucha sigue”, me dijo al oído una de ellas hablando por todas cuando me acerqué para que vean que no estaban solas. Imposible contener las lágrimas de un llanto interior que era un océano de tristeza y un torrente de fortaleza para no decaer, para continuar la tarea, para seguir en camino.

Ellas, sus compañeras, tuvieron que aprender a asumir la soledad sin que la sientan sus pequeños. O, mejor dicho, para que sientan que el vacío irreemplazable dejado por esos jóvenes, seres maravillosos, militantes inclaudicables y compañeros y padres ejemplares era un camino trazado para seguir andando. Ellas, y sus hijas y sus hijos, que alimentan la llama de la memoria con presencia eterna de Arcil, Artemio, Cristo, Gonzalo, Lucho, Pepe, Ramiro y Ricardo, son las mensajeras de la vida en unidad indestructible con los mártires de la democracia.

 (*)Adalid Contreras B. es sociólogo y comunicólogo

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