CARA Y SELLO

La polarización no es un fenómeno totalmente negativo, pues podría ayudar a fortalecer los procesos de tránsito de un ciclo político a otro, dependiendo del grado en el que se encuentra. Las crisis sociales, políticas o económicas, son los escenarios favorables a la polarización, porque agudizan y normalizan conductas de confrontación que se han ido camuflando en un proceso de acumulación de problemas estructurales no resueltos.

Por eso la crisis política de 2019 no es la causa del actual contexto polarizado, sino el resultado de conflictos vinculados con aspectos histórico-sociales que se han ido arrastrando hasta ese ciclo, como el racismo y la desconfianza en instituciones del Estado.

El tercio polarizado. La encuesta sobre polarización de la FES y la KAS, en el ámbito del proyecto Unámonos, muestra que hay un grupo polarizado en Bolivia, alrededor de 30%, el cual se distribuye entre oficialistas y opositores. Éstos tienen una percepción mutua muy desfavorable; incluso podrían votar por candidatos que no les gusta, solo con tal de ver perder a su “adversario”.

Lo importante de estos datos no necesariamente es la cantidad de gente polarizada, sino cuánta capacidad tienen de poder arrinconar hacia su bando a la población que no se identifica con ellos. Y aquí quiero pasar de la causa al momento del “cultivo” de la polarización. Como dije, este fenómeno es natural en la sociedad, pero puede ser peligroso si interfieren grupos interesados en agudizar la confrontación.

El proceso puede reforzar los discursos de polarización con frases simples como “fue golpe” o “fue fraude”, para que la gente se apropie de ellas. Es importante entender también que los “polarizadores” agravan los conflictos sociales para trasladarlos a escenarios donde el consenso no sea una alternativa y se priorice la confrontación contra el otro bando. Por ello, la suspensión del Censo de Población generó antagonismos más que acuerdos. Se apela a lo emocional desde un lenguaje de enfrentamiento. En Bolivia ello puede ser reforzado por el regionalismo o el nacionalismo.

Del cultivo a la crispación. Esta capacidad de arrinconar a la población no depende solo de la habilidad de convencer y persuadir a partir del discurso, medios de información y redes sociales, sino también de la capacidad de movilización, que incluye pagarle a bloqueadores o manifestantes y también crear grupos de choque.

Del “cultivo” podemos pasar a la “crispación”, que es la cúspide de la polarización, en la cual los ciudadanos adoptan la identidad que construyeron los “polarizadores” y se vuelven propagandistas de su bando, para anular el debate y la reflexión, ya que no encuentran una identidad común con su adversario.

Afortunadamente, la encuesta arroja un dato interesante: a pesar de las diferencias identitarias étnicas y regionales, se prioriza la identidad boliviana como la más importante (83%). Esto me motiva a pensar que el país no está todavía en la cúspide más alta de la confrontación y son los dos bandos políticos los que crean ese imaginario, pero la etapa electoral definirá mejor el panorama.

(*) Quya Reyna es comunicadora. El Alto

El punto sobre la i

Lo que sucedió en esta semana en el 66º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena (Austria), es histórico: después de 62 años de vigencia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, en la que desde el principio, en la primera lista de cuatro, la hoja de coca está catalogada como estupefaciente, el país anunció que en dos meses (en mayo) presentará el pedido oficial de revisar la calificación de la hoja de coca como una forma de droga: “Bolivia solicitará a las Naciones Unidas, a la Convención de 1961, a activar el proceso de examen crítico de la actual clasificación de la hoja de coca como estupefaciente en la Lista 1”, anunció el vicepresidente David Choquehuanca en el panel “La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, organizado en Viena por las representaciones de Bolivia y Colombia.

En el mismo escenario, anticipando lo complejo de la tarea, Choquehuanca aseveraba que la campaña que el país empezará en mayo deberá servir para que todos los países miembros “tomen conciencia crítica de la arquitectura jurídica, política y mediática de la Convención de 1961”.

Despenalizar la hoja de coca a nivel internacional, advirtió Choquehuanca, ya no será “elevando quejas”, pues “la libertad de la hoja de coca nadie nos va a regalar”. Por esto, anticipó el Vicepresidente en Viena, “la liberación de la hoja de coca (el sacarla de la lista de estupefacientes) será un efecto dominó del combate en tres frentes: el informativo, el judicial y el político”, remarcó Choquehuanca en Viena, dando un poco la idea de la magnitud de la tarea que se emprenderá en mayo.

Ahora, en el marco de “lo informativo”, el Vicepresidente reconoció que uno de los mayores empeños deberá ser presentar la “evidencia científica” en favor de la despenalización.

La idea base de la campaña ya viene siendo: la reparación del error histórico cometido en 1961.

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EXPERTOS.

Un dato no menor es que son dos las grandes instancias de estudios, análisis y debate sobre la viabilidad del pedido boliviano: la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la entidad encargada de hacer el citado “examen crítico”, y el “Comité de Expertos en Farmacopea”.

Pero, he aquí que Bolivia no llega desprovista de argumentos en favor de excluir a la hoja de coca de la lista de estupefacientes, aunque tampoco debería tener en menos la fortaleza que tienen y pueden desarrollar quienes se oponen a la despenalización.

Hay una historia de la hoja de coca y las convenciones de la Organización de Naciones Unidas sobre drogas. En lo que sigue, se tratará de resumir esta historia, apuntando lo pertinente acerca de la evolución que tuvo la clasificación, más o menos dura, justa o injusta de la hoja sagrada. Se ofrece esta síntesis en consulta con lo escrito por el politólogo e investigador neerlandés Martin Jelsma, director del Transnational Institute, una de las entidades académicas de mayor autoridad en el tema en el mundo; y, en uno de los textos pioneros, ineludible referencia en el país: Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, de Patricia Chulver Benítez (coordinadora), publicado por la Fundación Acción Semilla en 2020.

El experto Jelsma remonta los orígenes de la prohibición a dos momentos, 1950 y 1952. En el primer año se publicó el Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca; según éste, “el hábito perjudicial de masticar coca” debía frenarse en unos años; y, en 1952, el Comité de Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas concluyó en que “la masticación de la coca presenta unas características tan parecidas a la adicción (…) que debe definirse y tratarse como tal”, reseña Jelsma.

Luego, resume el politólogo neerlandés, “la coca, junto con el cannabis y el opio, se convirtió en uno de los principales objetivos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que incorporó restricciones especiales sobre su cultivo, dispuso que su uso tradicional se eliminara en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención y clasificó la hoja de coca en la Lista I, como una sustancia “susceptible de uso indebido”.

En relación a los 25 años que dio la Convención del 61 para extinguir la hoja de coca, no deja de ser llamativa la historia de la disposición; cuenta Jelsma: En 1961, la Convención dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros diez años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso diez más, plazo que terminaba en 2019, pero, en marzo de ese año, la nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo”.

La Convención de 1961, en la Lista 1, “define a la hoja de coca como una ‘sustancia adictiva y de probable uso indebido’”, recuerda Chulver. Añade que este carácter dañino de la hoja en sí misma aún era una fuerte convicción en los organismos internacionales bien entrado el siglo XXI. “La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) en su Informe Anual en 2007, exhortó a Bolivia a modificar su legislación para ‘abolir las actividades que sean contrarias a la Convención de 1961, como el masticado de la hoja de coca y la fabricación de mate de coca y otros productos’”.

MEDICINA.

En 1971, se suscribe el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. La novedad aquí, señala Chulver, era que la prohibición se hacía más flexible y se abría al “uso médico de la mayoría de las sustancias”; y, algo clave, según Jelsma: que el Convenio del 71 separa el alcaloide, la droga, de la planta como materia prima, dejando fuera del control a esta última, por lo menos, en relación a ciertas sustancias. “El Convenio del 71, por lo tanto, se distancia del criterio de “fácil extracción” de la Convención del 61 que exige que las plantas y sus alcaloides extraídos deben ser tratados con el mismo nivel de control”.

Convención contra el tráfico ilícito de 1988. Aquí hay un giro importante, dice Chulver: Mientras la Convención de 1961 habla de la eliminación de usos tradicionales, culturales y ceremoniales de la coca hasta diciembre de 1989, la Convención de 1988 presenta elementos que implican un avance en cuanto al respeto de los derechos humanos en favor de los usos ancestrales. A pesar de esto, deja en claro que la norma no será menos estricta que la establecida bajo la Convención del 61”; en 2007, Naciones Unidas declara el respeto a los derechos humanos de los indígenas. Así, ahora hay un choque entre este reconocimiento de 2007 (a la práctica del acullico, por ejemplo, como derecho indígena) y la Convención de 1988.

En 1994, en su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) introduce la necesidad de emprender “un análisis científico para valorar el hábito de la masticación de la hoja de coca y el consumo de mate de coca”.

En 1995 ocurrió un hecho peculiar: la OMS realizó uno de los más exhaustivos estudios sobre la cocaína, pero que nunca llegó a publicarse. “En 1995, la OMS finalizó ‘el mayor estudio mundial sobre la cocaína hasta la fecha’, que incluía un análisis del uso de la hoja de coca. El estudio concluyó que ‘el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud y tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos’. Al parecer, uno de los motivos por los que quedó atascado en el proceso de revisión entre pares y nunca llegó a publicarse”, reseña el hecho Jelsma.

En 2009 fracasa una propuesta boliviana de enmendar la Convención del 61. En marzo de ese año, “el Gobierno boliviano propuso enmendar la Convención Única de 1961 eliminando dos subapartados del artículo 49 que prohíben la masticación de la hoja de coca. Un grupo de países encabezado por los Estados Unidos presentó objeciones en el periodo de 12 meses contemplado por el procedimiento, con lo que la propuesta de enmienda quedó bloqueada.

En 2011, resume Chulver, Bolivia se retira de la Convención de 1961 para “re-adherirse” en 2013 con una reserva que permite la masticación, consumo y uso en su estado natural para infusión y con fines médicos y culturales; así como su cultivo, posesión y comercio en la extensión que se requiera con fines lícitos dentro de territorio nacional”. Tras una difícil votación, remarca la autora, “el procedimiento fue aceptado por la ONU y se dio pie a un importante precedente en la flexibilización de las políticas de drogas a nivel local”.

Desde 2013, en rigor, el país es el único en que el acullico es legal.

Posibilidad de mercados de coca bilaterales

La comunicadora e investigadora social Patricia Chulver apunta que si el país quiere exportar coca, tiene dos caminos: “la solicitud de una revisión crítica a la Organización Mundial de la Salud (OMS)” de la clasificación de la hoja en su estado natural como estupefaciente; o, “los acuerdos y tratados inter se”.

En la primera opción, como se vio, es un camino que apenas empieza, y dada la complejidad del asunto, es incierto su desenlace.

En cambio, los acuerdos inter se, entre pares, sí son posibles al amparo de la propia norma internacional, asegura. Al respecto, el politólogo especialista en la realidad de las drogas en el mundo, Martin Jelsma, recuerda que “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dicta en su Artículo 41 que ‘Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas’”.

Precisamente, la experiencia que se va acumulando con el comercio legal del cannabis, va abriendo camino, afirma Chulver: “La factibilidad de aplicar este mecanismo está en fase de exploración en el tema del cannabis entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos. De la misma manera, para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter se entre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”, destaca Chulver.

La hoja de coca para su exportación presenta una potencialidad expectable para “su uso en licores, bebidas energizantes, suplementos alimenticios, productos fitoterapéuticos y estimulantes suaves”, destaca la comunicadora.

Hubo o hay expectativa cierta de comercio de hoja de coca, señala, con Ecuador, Argentina, Irán, España y Holanda.

Colombia, de la mata que mata a la planta de la paz

Una de las mayores novedades en la reunión 2023 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sin duda fue la diferente presencia de la representación colombiana, que ahora se sumó plenamente a la reivindicación de la hoja sagrada. En el panel “Hoja de coca y control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna Patiño, auguró que de la conocida “mata que mata” (como se conoce a la coca) se pasará a la planta que sirve a la paz.

Colombia apoya la iniciativa boliviana de emprender una campaña de despenalización de la hoja de coca por sus propias razones, apuntó. Y es que el nuevo enfoque de revalorización de la coca y su economía lícita se complementa de lleno con la política de pacificación del país del presidente Gustavo Petro.

“Colombia respalda esta iniciativa, porque hablar de una nueva política de drogas en el contexto de la paz total significa una aproximación distinta a la hoja de coca, pasando de un modelo, en el que se la concebía como ‘la mata que mata’ a un paradigma en que se convierte en una planta al servicio de la paz”.

“En la nueva política de drogas orientada al cuidado de la vida, contemplamos la regulación justa y responsable y sus usos lícitos, como una prioridad. Para ello, estamos trabajando en los cambios normativos que faciliten los usos en el campo medicinal, nutracéuticos, industrial, entre otros”, remarcó el ministro colombiano.

Osuna Patiño afirmó que su país celebra la “posición valiente y el liderazgo de Bolivia por poner presente ante el mundo el valor de los usos de la hoja de coca, y especialmente por su iniciativa de emprender una campaña para la desclasificación de la hoja de coca de la lista de sustancias de la Convención de Estupefacientes de 1961”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

DIBUJO LIBRE

En distintos confines del planeta, gobiernos y organismos internacionales han celebrado el Día Internacional de la Mujer y han esgrimido diversidad de discursos. Muy pocos hicieron referencia a las causas estructurales de la dominación femenina e ir al fondo para identificar y denunciar el origen de la opresión femenina, porque ni gobiernos ni organismos internacionales están dispuestos a cuestionar sus sistemas, sus estructuras, sus modelos de economía y sociedad.

El hacerlo supondría visibilizar al sistema capitalista y al colonialismo que sostienen al patriarcado y que ha estructurado un sistema de opresiones que opera a través de religiones, leyes, educación, medios de comunicación, etc.; por ello, les es cómodo y posible hacer sendos discursos feministas, pero sus propuestas son insuficientes en tanto no cuestionen las bases estructurales de los sistemas de dominación.

Las luchas y resistencias al colonialismo en África y América Latina abrieron la posibilidad y pusieron de manifiesto la necesidad de deconstruir y reescribir la historia desde sus orígenes, desde el lado de los pueblos oprimidos y no bajo el molde de la influencia occidental. Por ello, en la última década, las corrientes feministas decoloniales enfrentaron al discurso oficial de género institucionalizado y enraizado en organismos internacionales, gobiernos, ONG y medios que difunden el discurso light del feminismo liberal o de género.

El proceso de cambio en Bolivia no solo generó una gran transformación política, económica y social, sino que también inició una nueva época en la reflexión epistemológica y el debate teórico e ideológico sobre las luchas del pueblo boliviano, comprendiendo que existe un sistema de opresión articulado entre sí y que opera de manera conjunta entre capitalismo, colonialismo y patriarcado; de ahí que es imprescindible articular la lucha anticapitalista con la anticolonial y la antipatriarcal; es decir, se plantea atacar las causas estructurales de los sistemas de dominación.

Por ello, nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo busca la transformación del modelo capitalista y necesariamente debe cumplir estrategias y tareas decoloniales y depatriarcales. El proceso de cambio no estará completo si no se articula a la transformación de la vieja herencia del Estado y la sociedad colonial y patriarcal que aún perviven y reproducen los sistemas de dominación y explotación.

En Bolivia, los cambios estructurales iniciados en 2006 lograron unir el proceso de descolonización y de transformación del modelo económico con la despatriarcalización y los resultados empezaron a verse poco a poco. Nunca como en estos años se ha visto a las mujeres de todas las culturas y regiones participando en gestión comunal, regional, departamental y nacional, interpelando al Estado con sus propias demandas y agendas, con propuestas que nacen de sus necesidades específicas y no solo son réplica de las agendas internacionales. Los cambios políticos en favor de las mujeres se demuestran con su presencia protagónica en la toma de decisiones del Estado, la incorporación de la paridad permitió 50% de mujeres en las estructuras políticas en las asambleas legislativas Plurinacional y departamentales y municipales, una presencia importante de mujeres en los órganos Ejecutivo y Judicial.

En el ámbito normativo, empezando por la Constitución, se ha constitucionalizando un conjunto de derechos para las mujeres; asimismo, existe una legislación avanzadísima en su favor, con leyes que fueron ejemplo y modelo en países vecinos.

Para fortalecer la despatriarcalización, el presidente Luis Arce declaró el 2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización “Por una vida libre de violencia contra las mujeres”. En un reciente informe, la ministra María Nela Prada resalta logros sobre derechos económicos y sociales, como que 45% de los títulos de tierras están a nombre de mujeres. En políticas para la autonomía económica, se informó de una importante inversión a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) con dos líneas de crédito: Mujer BDP, que benefició a casi 4.000 mujeres, y Banca Mujer, con 95 millones en créditos para más de 700 mujeres. Asimismo, hay el programa “Empoderar” que se implementará hasta 2027, con una inversión de $us 300 millones y que beneficiará a 130.000 familias con proyectos productivos, agropecuarios, de construcción e infraestructura.

En cuanto a la lucha contra los feminicidios, la Comisión conformada por todos los poderes del Estado logró que 100% de los juzgados de materia fueran intervenidos, 15 jueces procesados, 10 destituidos y 21 sentenciados. También está el programa de vivienda social “Viviana Mallque”, el Sello para “Empresas seguras y libres de violencia”, la aprobación de la Ley 1443 de Protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente, que busca proteger a hijos de víctimas de feminicidio, violencia sexual. Son logros por resaltar.

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En educación, es muy importante el proceso de una currícula despatriarcalizadora, escuelas sindicales, cursos de formación de profesores, investigaciones temáticas, etc. para incidir en cambios de la cultura machista.

Las estructuras del Estado han empezado a desmasculinizarse, si bien el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ya existía, el presidente Morales creó del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, el Gabinete de la Mujer y las Niñas, la creación de Unidades de Interculturalidad e Igualdad de Oportunidades, Unidades de género, la creación de la FELCV, Defensorías de la Mujer y niños, Casas de Refugio para Mujeres víctimas de violencia, etc. Este nivel de institucionalidad se ha fortalecido con el presidente Luis Arce, con la creación del Viceministerio de Despatriarcalización y el Viceministerio de Descolonización; además del Observatorio de Justicia y Género en el Órgano Judicial, el Observatorio de Seguridad Ciudadana etc.

Si bien contamos con importantes avances, logros y conquistas, recién se ha iniciado un largo y pedregoso camino hacia la despatriarcalización del Estado. De lo que se trata es que debe haber una revolución dentro la revolución democrática y cultural, que continúe con la labor de desmontar el viejo Estado, para dar paso a un nuevo Estado descolonizado y despatriarcalizado.

(*)Sonia Brito es socióloga, embajadora de Bolivia en Italia

DIBUJO LIBRE

El 9 de marzo, la sesión de Diálogos al Café estuvo dedicada al legado histórico del MAS. Magdalena Cajías y Fernando Molina aceptaron el desafío de ubicarse a 20 años de ahora para reflexionar sobre lo que puede quedar para entonces del “proceso de cambio”.

Fernando Molina fue muy contundente al afirmar que solo quedará en la historia el 22 de enero de 2006, cuando un indígena muy pobre, de origen campesino, alcanzó la Presidencia. El resto quedará como parte del péndulo extractivista que nos lleva a dilapidar en un ciclo lo que se genera en otro.

Es una conclusión muy dura, pues implica que el periodo presidido por Evo Morales comenzó en su cúspide y el resto fue poder efímero y desgaste. O destrucción institucional, dirán otros. No discutiré el tema, aunque sí uno secundario que provocó mi atención: Algo similar pasó con Goni, dijo Molina, a cinco años de su partida ya no quedaba nada.

No fui parte del gobierno de Sánchez de Lozada y mantuve una posición crítica y distante con muchas de sus políticas, hasta que pude ver sus resultados. Me parece que, al contrario de lo que dijo Molina, todavía pueden verse las huellas de sus gobiernos a casi 20 años de su exilio y del persistente esfuerzo de todos sus sucesores por desarticular lo que se hizo entonces.

Sin que el orden aluda a su importancia, comienzo mencionando la municipalización del país. No solamente pervive sino que goza de buena salud, tanto en su organización institucional, con pequeños cambios, como en los mecanismos de financiamiento automático, la coparticipación, que permite que el rincón más alejado cuente con un presupuesto de obras.

En el ámbito de la salud fue decisiva la introducción del Seguro Universal Materno Infantil, que no solamente vive, aunque le hayan cambiado el nombre, sino que sigue salvando las vidas de madres y niños en todo el país. La pensión universal no contributiva, que en su inicio se llamó Bonosol y debía financiarse con las utilidades de las empresas capitalizadas, se llama ahora Renta Dignidad y la financia el TGN. También se amplió su cobertura, canalizando a las familias parte de las rentas petroleras, pero sin pensar en que ellas podían agotarse y poner presión sobre el déficit fiscal. En todo caso, vive.

También sobrevive el sistema de pensiones de capitalización individual. Aún maltrecho, ese sistema marca una huella importante: los ahorros previsionales por más de 24.000 millones de dólares, un tercio de los cuales ha financiado parte de los gastos e inversiones del gobierno de Bolivia. Ahora se busca eliminar la competencia a través de una Gestora Pública, que se justifica solamente en la idea de que las utilidades que pueda generar la administración de los fondos sean distribuidas en pensiones solidarias. Pero la idea de jubilaciones basadas en la capitalización individual sigue viva.

En el ámbito institucional todavía existen los diputados por circunscripciones uninominales. En este caso, lamentablemente, y no por los buenos resultados, ya que en general esta reforma no mejoró la representación política y debilitó a los partidos como instrumentos de la democracia. De aquellos años también persisten otras reformas menos asociadas a Goni, pero en las que tuvo influencia, como la reforma constitucional que introdujo el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, aunque tampoco puedan justificarse por sus resultados.

De la capitalización no queda nada, dijo Molina, fue revertida completamente. Pues no tanto, digo yo. Un elemento clave sí fue revertido, el componente social, que se expresó a través del Fondo de Capitalización Colectiva, que hizo a los bolivianos accionistas de las empresas capitalizadas. Esos accionistas fueron expropiados sin que se pagara la indemnización que establece la Constitución, y la propiedad pasó de nuevo al Estado.

En la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos no se tocó a las empresas, ofreciéndoles más bien nuevos contratos que les aseguraron la total recuperación de sus costos y, aunque tuvieron menores ganancias, fueron liberadas de riesgo y de la obligación de exploración. El resto de la capitalización se fue disolviendo después de haber cumplido el objetivo de dinamizar inversiones (Entel, Ferrocarriles). Su eficacia fue indudablemente clave para explicar la bonanza exportadora que hizo del proceso de cambio la etapa de mayor dinamismo de expansión del mercado en la historia reciente del país.

Con esas referencias, es absurdo proclamar la muerte del neoliberalismo cuando su institución principal, el mercado competitivo, es el mecanismo predominante en la vida económica del país.

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Donde Molina sí tiene razón es en la eliminación de algunas instituciones que fueron centrales en las reformas de Sánchez de Lozada, como el sistema de superintendencias. Eran árbitros independientes del gobierno que podían proteger al ciudadano, sin obligarlo a buscar influencia política o corporativa, o acudir al sistema penal. Ya no existen, pues las han convertido en dependencias ministeriales, dejando inermes a los ciudadanos. Tampoco queda nada de la reforma educativa, aunque más lógico sería decir que no se desarmó la reforma sino la educación, con improvisaciones sin mejora efectiva. Olvidada está la Ley INRA y desprotegidas las áreas protegidas, pero para muchos campesinos e indígenas siguen siendo referencias.

Las huellas de Sánchez de Lozada no son solamente memoria, discurso o símbolos. Más bien hay poco de ello. Pero sí son realidades que todavía alientan modernidad y democracia y ofrecen señales que pueden orientar un quehacer futuro.

Una de las cosas más interesantes es que todo eso, además, se hizo en 5 años (4+1), teniendo en ambos gobiernos una mayoría reducida y, por tanto, sin control del Congreso, sin bonanza exportadora y sin romper instituciones. La huella histórica más significativa tal vez sea esa, intangible pero real, la demostración de que es posible hacer cambios en democracia, en base a la negociación y el diálogo.

(*)Roberto Laserna es economista